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Foto: Maíra Irigaray / Amazon WatchHaciendo que Brasil se responsabilice por los daños de la represa Belo Monte
Cuando entre en pleno funcionamiento, Belo Monte será la tercera represa más grande del mundo, construida en uno de los ecosistemas más importantes del planeta: el bosque tropical del Amazonas. Ubicado sobre el río Xingú en Pará, un estado del norte de Brasil, el embalse cubrirá 500 kilómetros cuadrados de bosque y tierras de cultivo, un área del tamaño de Chicago.
Para la población de la cuenca del Xingú, la construcción de Belo Monte ha significado perder el acceso al agua, la alimentación, la vivienda, el trabajo y el transporte. Al menos 20,000 personas han sido desplazadas.
El Gobierno y el consorcio a cargo del proyecto comenzaron a construir la represa sin consultar primero a las personas de la zona, muchas de las cuales son indígenas. Pasaron por alto la normativa internacional de derechos humanos, la cual requiere el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas afectadas. Brasil también incumplió las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las cuales estaban destinadas a proteger la vida, salud e integridad de las comunidades.
La represa comenzó a operar en mayo de 2016, aunque no en toda su capacidad. Y, en abril de 2017, un tribunal federal suspendió su licencia de operación porque el consorcio no completó los trabajos de saneamiento básico en Altamira, ciudad directamente afectada por la hidroeléctrica.
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CIDH analizará retrocesos de Bolsonaro a la protección de derechos indígenas
En audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organizaciones de la sociedad civil evidenciarán cómo las medidas adoptadas por la administración de Jair Bolsonaro hacen que Brasil retroceda décadas en la protección de los derechos humanos. Río de Janeiro, Brasil. El próximo 9 de mayo, organizaciones de la sociedad civil, en audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunciarán la grave situación de los pueblos indígenas de Brasil por las medidas adoptadas por el gobierno del presidente Jair Bolsonaro, las cuales representan grandes retrocesos en la protección de los derechos humanos y vulneran las obligaciones internacionales del país en esa materia. La audiencia fue solicitada por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), International Rivers, Conectas, Fórum Teles Pires, Operação Amazônia Nativa y la Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) con el objetivo de que se establezcan medidas y acuerdos para impedir nuevos retrocesos y exigir la reversión de las acciones ya realizadas que amenazan a los pueblos indígenas. La audiencia será parte del 172 Periodo de Sesiones de la Comisión, que tendrá lugar en Kingston, Jamaica, del 3 al 10 de mayo próximos. En ellas las organizaciones documentarán cómo el gobierno de Bolsonaro realizó cambios legislativos, de política pública, de política exterior y otros estructurales que violan el mantenimiento del modo de vida de los pueblos indígenas de Brasil, así como sus derechos a la vida, a la cultura, a la alimentación, al ambiente sano, al acceso a agua potable y a la delimitación de sus tierras ancestrales, entre otros. Las medidas del nuevo gobierno que disminuyen la protección legal y administrativa de los pueblos indígenas incluyen: La transferencia de funciones clave del Ministerio de Ambiente al Ministerio de Agricultura. La precarización del Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables. El debilitamiento del Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad y del proceso para otorgar permisos ambientales. La amenaza de abrir tierras indígenas a los daños de la minería. Las medidas adoptadas por el Ministerio de Ambiente que fragmentan el ordenamiento jurídico que garantiza las condiciones mínimas para la protección del ambiente y de los derechos indígenas. La transferencia de la competencia para la demarcación de tierras indígenas de la Fundación Nacional del Indio a manos del Ministerio de Agricultura. La amenaza de retirar a Brasil de tratados internaciones como el Acuerdo de París y otros valiosos para la protección del ambiente y de los derechos humanos. Además de estos retrocesos, las organizaciones denuncian que la situación se agrava con el aumento de los índices de deforestación e invasión de tierras indígenas, y de la violencia contra defensores y defensoras del ambiente y los derechos humanos. Consulte el informe presentado ante la Comisión para la audiencia (en portugués). Contactos de prensa Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +521 5570522107 Eloy Terena (Brasil), Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), [email protected], +55 61 9695-1377
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Comissão analisará retrocessos de Bolsonaro à proteção dos direitos indígenas
Em uma audiência perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, as organizações da sociedade civil demonstrarão como as medidas adotadas pela administração de Jair Bolsonaro fazem o Brasil retroceder décadas na proteção dos direitos humanos. Rio de Janeiro, Brasil. No próximo dia 9 de maio, organizações da sociedade civil, em audiência perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), denunciarão a grave situação dos povos indígenas do Brasil diante das medidas adotadas pelo governo do presidente Jair Bolsonaro, as quais representam grandes retrocessos na proteção dos direitos humanos e violam as obrigações internacionais do país nessa área. A audiência foi solicitada por diversas organizações da sociedade civil, como a Associação Interamericana para a Defesa do Meio Ambiente (AIDA), Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), International Rivers, Conectas, Fórum Teles Pires e Operação Amazônia Nativa, com o objetivo de estabelecer medidas e acordos para impedir novos retrocessos e exigir a reversão das ações do Governo que já foram tomadas e ameaçam os povos indígenas. A atividade faz parte do 172º Período de Sessões da Comissão que acontece na cidade de Kingston, Jamaica, entre 3 a 10 de maio. Representantes do Governo Federal devem participar da audiência pública. As organizações irão denunciar à CIDH como o governo Bolsonaro realizou alterações nas legislaturas, nas políticas públicas, nas políticas externas e em outras vias estruturais que violam a manutenção do modo de vida dos povos indígenas do Brasil, bem como seus direitos à vida, à cultura, à alimentação, a um ambiente saudável, ao acesso à água potável, à delimitação de suas terras ancestrais, entre outros. As novas medidas governamentais que diminuem a proteção legal e administrativa dos povos indígenas incluem: A transferência de funções-chave do Ministério do Meio Ambiente para o Ministério da Agricultura; A precarização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis; Enfraquecimento do Instituto Chico Mendes para a Conservação da Biodiversidade e o processo de concessão de licenças ambientais; A ameaça de abertura das terras indígenas aos danos da mineração; As medidas adotadas pelo Ministério do Meio Ambiente que fragmentam o sistema legal responsável pela garantia de condições mínimas na proteção do meio ambiente e direitos indígenas; A transferência da competência de demarcação de terras indígenas da Fundação Nacional do Índio para o Ministério da Agricultura; A ameaça de retirar o Brasil do Acordo de Paris e outros tratados internacionais valiosos para a proteção do meio ambiente e dos direitos humanos. Além desses retrocessos, as organizações denunciam que a situação é agravada pelo aumento das taxas de desmatamento e invasão de terras indígenas, assim como nos índices de violência contra defensores do meio ambiente e dos direitos humanos. Consulte o informe apresentado perante à Comissão para a audiência Contatos de imprensa Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +521 5570522107 Eloy Terena (Brasil), Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), [email protected], +55 61 9695-1377
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Aire limpio y justicia climática: el mejor regalo para los niños y niñas
Hoy México celebra el Día del Niño. El mejor regalo que millones de niños y niñas podrían, y deberían, recibir, es aire limpio y justicia climática. Es lo único que quisiera regalarles a mis hijos y que tristemente no podré, al menos no este año, puesto que Ciudad de México ha tenido mala calidad de aire 112 de los 120 días de 2019 (hasta hoy). Quienes vivimos en esta ciudad hemos sufrido la contaminación, particularmente en el último mes, en el que por siete días en total se declararon tres contingencias ambientales por ozono. En los últimos años, las contingencias ocurren durante la “temporada de ozono”, del 15 de febrero al 15 de junio, período en el que el ozono troposférico (el ozono presente en el aire que respiramos) supera los niveles máximos que la Norma Oficial Mexicana permite. Este gas, presente durante todo el año, se eleva porque a la quema de combustibles fósiles por vehículos e industrias se suma el cambio de condiciones meteorológicas: menos lluvia y vientos, y más radiación solar. Esto impide que la contaminación del aire que producimos constantemente se disperse de la ciudad hacia zonas aledañas. El aumento de ozono en el aire es grave debido a los daños que causa al ambiente y a la salud de las personas, en especial a la de los niños y niñas. Según la Organización Panamericana de la Salud, el ozono en el aire puede, entre otras cosas, afectar la función pulmonar, dificultando la respiración. Así, el grupo vulnerable a la contaminación incluye también a personas con enfermedades respiratorias, adultos mayores y atletas. Por ello las autoridades recomiendan a la población, sobre todo a los grupos vulnerables, abstenerse de realizar actividades al aire libre durante las contingencias, en particular entre las 13 y las 19 horas. Otras medidas incluyen aumentar la restricción vehicular y reducir el consumo de gas licuado de petróleo. Por todo lo anterior, la “temporada de ozono” no es un fenómeno nuevo, sorpresivo ni normal. No es normal que los padres nos resignemos a su presencia cada año y que nuestros hijos no puedan celebrar su cumpleaños al aire libre o salir con sus amigos al parque. Entiendo la imposibilidad de controlar las lluvias, el sol y el viento, pero el ozono es otra historia. De hecho, existen medidas que se podrían y deberían estar implementando hace años para evitar que la temporada de ozono sea inevitable en Ciudad de México. Algunas de ellas, plenamente identificadas, incluyen la mejora de la calidad de las gasolinas y de la tecnología vehicular y de fuentes fijas; asegurar infraestructura segura y adecuada de transporte público y de bicicletas; y controlar efectivamente la flota vehicular del transporte privado y público, y las fuentes fijas. Pero hasta ahora las acciones han sido incompletas, ineficientes y están estancadas para solucionar el problema de fondo. La mejora de la calidad de aire durante el desabasto de gasolina en la ciudad, demostró que dichas soluciones son posibles. De otra parte, las acciones destinadas a disminuir la contaminación del aire podrían tener un doble beneficio. El ozono troposférico es un gas de efecto invernadero que agrava el cambio climático. Es un contaminante climático de vida corta pues se queda en la atmósfera algunas semanas. Esto implica que las acciones para controlarlo tienen un efecto casi inmediato en la salud humana, de los ecosistemas y en el clima. México tiene entonces la oportunidad de cumplir sus obligaciones internacionales contra el cambio climático, además de mejorar la salud de millones de personas que vivimos en ciudades. Por tanto, la temporada de ozono requiere un cambio estructural y urgente de políticas públicas, de leyes y de su aplicación. Urge incluir una perspectiva de derechos humanos que priorice el interés público y la salud de niños, niñas y demás personas, por encima de la movilidad vehicular. No son medidas sencillas de elaborar e implementar, pero es esencial dar los primeros pasos si queremos alcanzar resultados algún día. Los esfuerzos gubernamentales requieren del apoyo de toda la sociedad. Las empresas deben contribuir a la implementación de soluciones, actuando con debida diligencia. La academia, las organizaciones de la sociedad civil, los sindicatos y demás sectores debemos aportar nuestro conocimiento y participación para asegurar que los planes y programas sean ambiciosos y efectivos, y promuevan una transición justa. Cada residente de la ciudad tiene el deber de contribuir. Precisamente el Relator Especial de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Ambiente, Profesor David Boyd, publicó hace unas semanas un informe reiterando la obligación de los Estados de garantizar el derecho a un aire limpio y el deber de las empresas en contribuir. Su informe tiene recomendaciones relacionadas con el ozono troposférico que podrían ser muy útiles para las autoridades mexicanas. Disfrutar de un aire limpio es un derecho pendiente. Hoy en Ciudad de México viven casi dos millones de niños y niñas (de 0 a 14 años), incluyendo los míos. Ellos y gran parte de los más de 35 millones de niños y niñas de todo el país podrían gozar de un aire limpio, pues la mayoría vive en ciudades y poblaciones con problemas de calidad del aire. Según el comercio organizado, la celebración del Día del Niño en México implica un gasto de 17 mil millones de pesos (900 millones de dólares) en regalos, monto que podría destinarse a que autoridades, empresas y particulares implementen acciones para que los niños y niñas del país tengan algo más valioso: respirar un aire que no ponga en peligro su salud. Ello estaría alineado con el objetivo de quienes instituyeron la celebración del Día del Niño en México desde 1924 y con la intención de Naciones Unidas de establecer un día al año para honrar la importancia de los derechos de la infancia. La contaminación atmosférica es, lamentablemente, un problema regional y mundial. Perú y Colombia celebran también a sus niños y niñas este mes. Estando sus ciudades entre las más contaminadas, lo reflexionado aquí puede aplicarse también a esos países y al continente. El regalo para mis hijos este año será continuar trabajando para una mejor calidad del aire en Ciudad de México, para construir junto con otros el camino hacia un futuro, espero cercano, con justicia climática.
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