Project
Foto: Maíra Irigaray / Amazon WatchHaciendo que Brasil se responsabilice por los daños de la represa Belo Monte
Cuando entre en pleno funcionamiento, Belo Monte será la tercera represa más grande del mundo, construida en uno de los ecosistemas más importantes del planeta: el bosque tropical del Amazonas. Ubicado sobre el río Xingú en Pará, un estado del norte de Brasil, el embalse cubrirá 500 kilómetros cuadrados de bosque y tierras de cultivo, un área del tamaño de Chicago.
Para la población de la cuenca del Xingú, la construcción de Belo Monte ha significado perder el acceso al agua, la alimentación, la vivienda, el trabajo y el transporte. Al menos 20,000 personas han sido desplazadas.
El Gobierno y el consorcio a cargo del proyecto comenzaron a construir la represa sin consultar primero a las personas de la zona, muchas de las cuales son indígenas. Pasaron por alto la normativa internacional de derechos humanos, la cual requiere el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas afectadas. Brasil también incumplió las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las cuales estaban destinadas a proteger la vida, salud e integridad de las comunidades.
La represa comenzó a operar en mayo de 2016, aunque no en toda su capacidad. Y, en abril de 2017, un tribunal federal suspendió su licencia de operación porque el consorcio no completó los trabajos de saneamiento básico en Altamira, ciudad directamente afectada por la hidroeléctrica.
Partners:
Proyectos relacionados
El rol de América Latina en la extracción y uso de carbón
La extracción, el transporte, el uso y la exportación de carbón para generar electricidad son una causa importante de la crisis climática y de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. De las emisiones mundiales de dióxido de carbono (CO2) que proceden de combustibles fósiles, el 44% viene del uso de carbón. Y toda la cadena del carbón genera afectaciones graves —sociales, ambientales y en derechos humanos— como desplazamientos forzados, contaminación del agua y enfermedades, entre otras. En su más reciente informe, el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) reiteró que —para evitar una elevación catastrófica de la temperatura promedio del planeta— el 80% de las reservas de carbón deben quedarse bajo tierra y que el uso de carbón para la generación eléctrica debe reducirse en su totalidad para 2050. Sin embargo, según la Agencia Internacional de Energía, el consumo de carbón llegó por primera vez a 8.000 millones de toneladas al cierre de 2022, lo que representa un crecimiento de 1,2% de la demanda mundial. Estas cifras podrían subir más en 2023 y estabilizarse en los dos años siguientes, de acuerdo con las previsiones del brazo energético de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Ello responde en parte a que, para afrontar la escasez de gas por la guerra en Ucrania, Europa prevé relajar el control a las emisiones con el uso de combustibles como el carbón. Esto contradice el Pacto Climático de Glasgow (2021) en el que los Estados acordaron reducir gradualmente el uso de carbón. América Latina no es ajena a esta situación. La región participa tanto en la quema de carbón como en la extracción del mineral que, tras ser exportado, es empleado como fuente fósil de energía en otros rincones del mundo. Por ejemplo, Colombia es el quinto mayor exportador de carbón del mundo y México, el décimo cuarto mayor emisor de gases de efecto invernadero (GEI). Por tanto, tiene una cuota de responsabilidad en los esfuerzos mundiales para frenar la explotación y quema de carbón en favor de sistemas energéticos basados en fuentes renovables no convencionales, sostenibles en el tiempo, respetuosos del ambiente y de las personas. A continuación, ahondaremos en la situación del carbón en América Latina —y en el rol de la región en la tan necesaria descarbonización— a partir de los casos de Chile, Colombia y México. Chile: avances y retos de la descarbonización En Chile, la generación eléctrica a base de carbón es la causa principal de las graves afectaciones a la salud de las poblaciones y ecosistemas de las llamadas Zonas de Sacrificio. Históricamente, la contaminación proveniente del conjunto de termoeléctricas a carbón —28 en su momento— se ha concentrado en estas zonas, cuyos habitantes han sido expuestos a respirar una gran cantidad de elementos tóxicos. Es uno de los grandes problemas socioambientales del país. En los últimos años, el país ha tenido avances en la descarbonización del sector eléctrico. Entre octubre de 2021 y septiembre de 2022, el 27,5% de la electricidad provino de fuentes solares y eólicas, superando por primera vez la generación eléctrica en base a carbón, que cayó al 26,5% después de ser la fuente principal por más de una década. En 2019, el gobierno nacional se comprometió a cerrar todas las centrales de carbón para 2040. Desde ese anuncio público, el calendario se ha ido acelerando. La propuesta inicial era cerrar ocho termoeléctricas para 2024 y las restantes 20 para 2040. Ahora se prevé el cierre del 65% de las plantas para 2025. El cambio fue respaldado por un proyecto de ley aprobado en junio de 2021 por la Cámara de Diputadas y Diputados, que requiere ahora aval del Senado. Sin embargo, personas expertas dicen que esa hoja de ruta es inviable y que aumentaría a corto plazo el uso de diésel. También hay un riesgo inminente de que la rápida descarbonización sea una excusa para incrementar la participación del gas fósil, desconociendo sus riesgos y su rol en las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) del país. De hecho, Chile se comprometió a ser carbono neutral en 2050 con base en escenarios que incluyen un mayor uso de gas, pero sin reconocer mayor participación del diésel. Es importante que el plan de descarbonización contenga previsiones para evitar que el gas se instale para quedarse y, por el contrario, sirva para promover la implementación de energías renovables, incentivar la generación distribuida y aumentar la eficiencia energética. Un plan completo también debe incluir medidas para reubicar a las personas que perderán sus empleos a causa de la transición y otras que aborden adecuadamente la pobreza energética. Solo así será responsable y justo. Colombia: los daños de la minería y exportación de carbón Colombia es el quinto exportador mundial de carbón. Solo el 8% del carbón producido es de consumo interno. Es el mineral que más aporta a la economía nacional, representando más del 80% de las regalías mineras. Pero los niveles de pobreza de los departamentos donde se realiza el 90% de la extracción —La Guajira y Cesar— superan el promedio nacional. Además, gran parte de la extracción ocurre en El Cerrejón, la mayor mina de carbón a cielo abierto de América Latina. Su operación y crecimiento desde hace casi 40 años han traído la destrucción de ríos, arroyos y ecosistemas endémicos como el bosque seco tropical; contaminación del aire con graves consecuencias para la salud; así como violaciones continuas a los derechos de poblaciones Wayuu, afrodescendientes y campesinas en La Guajira. En la vigésimo séptima Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP27), el actual gobierno colombiano anunció su propósito de reducir la explotación de combustibles fósiles y emprender una transición energética paulatina. Sin embargo, a la fecha no se evalúan los impactos climáticos de la minería de carbón, no se ha generado legislación sobre cierre de minas en operación y no se ha dado certeza acerca de la ampliación o no de minas, el futuro de los cerca de 1.774 títulos con vocación de carbón vigentes o de nuevas inversiones en el sector. A esto se suma la discusión en torno al proyecto Cañaverales, una nueva mina a gran escala de carbón térmico. De otro lado, Alemania ha incrementado la importación de carbón colombiano por la escasez de gas en Europa. Y, en general, las compras del mercado europeo aumentaron entre enero y noviembre de 2022, aunque Asia y América todavía son los compradores principales del mineral colombiano. Estas exportaciones evidencian la responsabilidad de empresas multinacionales en la violación de derechos humanos por la extracción del mineral en Colombia, así como la responsabilidad del Estado colombiano en el agravamiento de la crisis climática: los impactos de la quema de carbón en cualquier parte del mundo son globales. La transición en el país requiere —entre otras cosas— espacios inclusivos y participativos, el desarrollo e implementación de estándares para el cierre responsable de minas de carbón y políticas para una reconversión económica y social adecuada para quienes se verán afectados por el proceso. México: el retroceso de apostar por el carbón y otros fósiles En 2020, las carboeléctricas produjeron el 10% de la electricidad en el país y emitieron el 22% del total de GEI del sector energético, según cálculos de Iniciativa Climática de México. La producción de carbón y la generación eléctrica a partir del mineral se concentran en el estado de Coahuila. Allí, en solo cinco municipios se extrae el 99% del carbón de México. El origen e identidad cultural de esta región están en la minería de carbón, que data de hace más de 200 años y que todavía sostiene la economía de 160 mil personas. Al mismo tiempo, el negocio del carbón ha traído la contaminación del aire y el agua, enfermedades y muertes. Según el registro histórico que llevan familiares de víctimas, desde que se empezó a extraer carbón, más de 3.100 mineros han muerto en la zona. Dos de las tres carboeléctricas del país están en Coahuila. La otra está en Guerrero y se alimenta de carbón importado. Las dos centrales consumen casi la mitad del mineral extraído en la región y generan más del 60% de la energía. La contaminación del aire por la quema de carbón es la causa de unas 430 muertes al año en Coahuila por enfermedades respiratorias, de acuerdo con el Centre for Research on Energy and Clean Air. Según datos de 2019, México es el décimo cuarto mayor emisor de GEI a nivel mundial. El 69.52% de sus emisiones provienen del sector energético. Bajo el actual gobierno, la política energética pasó de la expansión de proyectos de energías renovables a priorizar el uso de combustibles fósiles y a promover el dominio del Estado a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (PEMEX). De hecho, en 2022, México produjo 63% más de energía a base de carbón, en comparación con 2021. Organizaciones ambientales han señalado que “priorizar la generación de electricidad de las plantas de la CFE implica garantizar la quema de más carbón y combustóleo de manera indefinida, y el desarrollo de nueva infraestructura fósil de gas, que nos ataría a las importaciones de gas estadounidense o al desarrollo de proyectos de fracking en el norte del país con los consecuentes impactos sociales y ambientales negativos”. Está claro que América Latina tiene un rol en la extracción y uso de carbón, así como en sus afectaciones sociales y ambientales. Pero la necesaria transición energética hacia otras formas de generación de energía debe tener en cuenta las particularidades de cada país, ser ordenada y tener un enfoque de derechos humanos y de género. Ello implica —entre otras cosas— considerar a las comunidades locales que dependen de la cadena del carbón, diseñar políticas para identificar y gestionar los impactos económicos y sociales de la transición, poner en el centro de la discusión las alternativas al carbón, así como desarrollar procesos amplios y participativos de toma de decisiones con un rol activo de la población urbana y rural. Para lograrlo, los gobiernos deben tomar medidas decisivas que garanticen el cumplimiento de sus compromisos en materia de clima y derechos humanos.
Leer más
¿Qué pasó en la Conferencia Mundial del Agua 2023?
Por Yeny Rodríguez, Claudia Velarde y Rosa Peña* La Conferencia de la ONU sobre el Agua 2023, celebrada del 22 al 24 de marzo en Nueva York, fue organizada como respuesta a la necesidad de evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas mundiales en los temas de agua y saneamiento, en torno al cual existe una preocupación creciente. AIDA participó en la Conferencia para posicionar mensajes clave provenientes de América Latina y el Caribe que debían ser visibilizados e incluidos en las discusiones y que ahora deben ser parte del cumplimiento de la Agenda de Acción por el Agua, adoptada en el encuentro mundial. A continuación, reseñamos los avances, lo inspirador, los asuntos pendientes y las perspectivas a futuro tras la reciente Conferencia Mundial del Agua. LOS AVANCES Un llamado y una agenda para la acción urgente La Conferencia concluyó con la adopción de la Agenda de Acción para el Agua, plan en el que se incluyeron 689 compromisos —recogidos en las sesiones oficiales y en los eventos paralelos—, así como promesas de financiamiento por 300 mil millones de dólares para impulsarlo. Los compromisos abarcan la creación de capacidades, sistemas de datos y seguimiento, así como la mejora de la resiliencia de las infraestructuras, entre otras acciones. La plataforma en línea que alberga la Agenda seguirá abierta a la presentación de propuestas. En general, la Conferencia sirvió para hacer un llamado mundial a proteger el agua y el ciclo hídrico como un bien común global y un derecho humano fundamental. Además, se alertó a la comunidad internacional de la necesidad de acciones urgentes frente a la crisis del agua —la cual se traduce en escasez y sequías, contaminación de fuentes hídricas, degradación de ecosistemas estratégicos y problemas graves de gobernanza—, que hoy afecta de manera especial a los pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades campesinas del mundo. Asimismo, se advirtió que los compromisos asumidos deben ser incorporados a las discusiones climáticas pues la crisis del agua y la crisis climática están estrechamente interconectadas. El impulso a la gobernanza justa del agua En la Conferencia se lanzaron iniciativas interesantes e innovadoras para la protección de los ecosistemas y para la gobernanza justa del agua. La gobernanza del agua son los procesos de toma de decisiones, así como las instituciones y relaciones de poder que influyen en los flujos, la calidad, el uso, la disponibilidad y la distribución del agua (dulce o salada, superficial o subsuperficial). Una de estas iniciativas fue el Pacto Transformador del Agua, construido colectivamente por un grupo diverso de más de 40 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas AIDA, y la academia. La iniciativa fue impulsada por la ONG holandesa Both ENDS y por el Instituto Internacional de Conocimiento del Agua (IHE-Delft). El Pacto plantea una visión alternativa de la gestión del agua con base en los principios de justicia ambiental, igualdad y cuidado. Propone marcos de acción y prioridades estratégicas para guiar la toma de decisiones. Constituye una respuesta a la continua sobreexplotación y afectación de ecosistemas de agua dulce, las violaciones a derechos humanos y los desequilibrios de poder extremos que caracterizan la actual gestión del agua en el mundo. LO INSPIRADOR El rol de las mujeres y de los pueblos indígenas La presencia de la sociedad civil en la Conferencia fue mayoritariamente femenina. Ello develó la interseccionalidad de las desigualdades que las mujeres experimentan a diario en sus luchas por el agua, además de reivindicar su importante rol en la gestión del agua. Ellas poseen y transmiten los conocimientos ecológicos tradicionales para su cuidado, lideran las luchas en defensa del agua y están más expuestas a riesgos y amenazas contra su vida. Pese a lo anterior, su voz es invisibilizada y no son convocadas a una participación real en los espacios de toma de decisiones ambientales. Del mismo modo, a la Conferencia acudieron importantes líderes y lideresas indígenas de América Latina y el mundo. Esto evidenció lo mucho que tenemos que aprender de las prácticas ancestrales indígenas para el cuidado del agua, así como el rol determinante que las comunidades indígenas y tradicionales juegan en el cuidado del 80% de la biodiversidad del planeta y en la mitigación de las crisis del clima y del agua. Los eventos paralelos en los que participaron estos actores pusieron al mundo a reconsiderar y revalorar lo que Occidente ha entendido por ciencia, dejando en claro que el sistema de conocimiento ancestral de los pueblos indígenas es especializado y sofisticado, por lo que tiene que ser priorizado en cualquier política de gestión integrada y justa del agua. La unión de la sociedad civil por la justicia del agua Aunque ausente en gran medida de los espacios oficiales de la ONU, la sociedad civil tuvo una presencia fuerte e inspiradora en la Conferencia. Organizaciones, activistas y personas defensoras del agua de todo el mundo mantuvieron conversaciones importantes e hicieron un llamado a una participación efectiva, con voz propia, en estos espacios. “Cuando me preguntan por esta conferencia puedo decirles que soy optimista, no por los resultados, sino por el espíritu que nace gracias a ustedes”, dijo Pedro Arrojo-Agudo, Relator Especial de la ONU sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, en una sala llena de miembros de la sociedad civil y personas defensoras. “La ONU necesita la energía y la legitimidad que los movimientos de defensores del agua están ofreciendo y estoy seguro de que llegará”. Representantes de más de 500 organizaciones, pueblos indígenas, movimientos sociales y personas defensoras del agua presentaron el Manifiesto por la Justicia Hídrica con la intención de amplificar las voces de quienes no son escuchados e insistir en que las cuestiones fundamentales estén en el centro de las políticas del agua a nivel mundial, regional, nacional y subnacional. Aunque no estaba programado, pudieron leer el manifiesto en un espacio oficial de la Conferencia, lo que permitió su difusión en el diálogo central. LAS DEUDAS Garantías para el cumplimiento efectivo de compromisos Aunque la Conferencia fue un espacio único y relevante para poner en la agenda mundial las problemáticas relacionadas con el agua, queda mucho camino por delante para lograr compromisos efectivos de los países. Los incluidos en la Agenda de Acción para el Agua no son jurídicamente vinculantes para los Estados. Necesitamos que, en el futuro próximo, estos compromisos sean vinculantes, y que exista un mecanismo de seguimiento, indicadores para medir los avances de los Estados en el cumplimiento de la Agenda y —¿por qué no? —un instrumento internacional especializado para la protección del derecho humano al agua y al saneamiento. Una participación más abierta e integradora en el diálogo Prácticamente todos los sectores hicieron eco de la necesidad de una mayor participación en los espacios oficiales de la ONU y en futuras conferencias. Ello requiere una comprensión amplia de la crisis del agua y del movimiento interseccional necesario para afrontarla con justicia. Implica pensar la participación a partir de la inclusión de los actores interesados en igualdad de condiciones para el diálogo y —al mismo tiempo— reconocer a las personas, comunidades y pueblos titulares del derecho al agua, cuya voz debe ser tenida en cuenta de forma diferencial dada su relación de interdependencia con el agua. El reconocimiento del valioso rol de las personas defensoras del agua En América Latina, defender los ríos, lagunas, arroyos, acuíferos y en general el derecho al agua es una actividad de riesgo. El agua es un recurso natural en disputa. Quienes trabajan para salvaguardarla para el consumo humano o por su reconocimiento como un derecho exigible han sido por años objeto de estigmatización, amenazas, persecución y ataques contra su vida e integridad. La agenda por el agua debe reconocer el importante rol de los y las defensoras del agua, así como promover la creación de instrumentos y mecanismos encaminados a brindar mayores garantías a quienes dedican su vida a esta labor. La promoción de alianzas y articulaciones horizontales para la protección del agua La protección del agua es una tarea de todos los Estados con responsabilidades y capacidades diferenciadas. Su logro efectivo requiere iniciativas y procesos de cooperación internacional, alianzas y articulaciones entre los Estados basadas en el respeto y el reconocimiento mutuos. Ello permitirá alcanzar caminos consensuados e impedir la repetición de dinámicas de imposición. Además, estas articulaciones deben reconocer y respetar los marcos normativos propios de los pueblos indígenas para que, desde sus usos y costumbres, continúen con su rol fundamental en la protección y gestión del agua. LO QUE SIGUE Se espera que los compromisos contenidos en la Agenda de Acción para el Agua sean revisados y respaldados internamente por los gobiernos de América Latina y promovidos a nivel internacional en las próximas cumbres y reuniones de alto nivel. También se espera que la importancia de proteger el derecho humano al agua y al saneamiento sea un tema clave en todos los foros internacionales en los que se discuta el avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), como la Cumbre sobre los ODS prevista para septiembre, y especialmente en la vigésimo octava Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP28). Desde AIDA continuaremos trabajando para proteger ecosistemas claves, evitar la presión de las industrias hacia el agua, abogar por la participación de las comunidades locales en la toma de decisiones sobre sus fuentes de agua y defender el derecho humano al agua. *Yeny Rodríguez es abogada del Programa de Ecosistemas de AIDA, Claudia Velarde es cocoordinadora del Programa de Ecosistemas y Rosa Peña es abogada del Programa de Derechos Humanos y Ambiente.
Leer más
El litigio estratégico y su rol en la búsqueda de justicia
En La Guajira, Colombia, comunidades indígenas Wayuu y afrodescendientes —acompañadas por organizaciones de la sociedad civil— iniciaron un litigio para defender sus derechos al agua, la seguridad alimentaria y la integridad étnica, en riesgo por el desvío del arroyo Bruno para la expansión de El Cerrejón, la mina de carbón a cielo abierto más grande de América Latina. El objetivo de llevar este caso concreto a los tribunales no es sólo evitar la pérdida de una fuente importante de agua. El litigo busca también sentar un precedente en el país y en el continente para la protección de comunidades rurales ante la violación sistemática de sus derechos. Además, el caso ha sido una acción importante contra la crisis climática, una problemática global agravada por la continua extracción y quema de carbón. El descrito puede ser catalogado como un litigio estratégico, llamado también litigio de impacto, que consiste en seleccionar e interponer un proceso judicial con el fin de promover la protección de derechos o cambios de política pública, al tiempo de lograr cambios amplios en la sociedad, es decir, que van más allá de un caso particular. El litigio estratégico es una herramienta que, a través del derecho, promueve transformaciones sociales, así como el fortalecimiento de la protección de los derechos humanos. Es estratégico porque, a partir de una causa legal, busca cambiar realidades injustas y posicionar temas que son muy importantes para avanzar en la construcción de una sociedad democrática. En ese sentido, el fin último del litigio estratégico es dejar una huella duradera, un precedente judicial que pueda ser replicado. También es estratégico porque incluye el uso de estrategias de comunicación, movilización social e incidencia política para poner en la mesa debates relevantes respecto del reconocimiento de derechos. Las acciones jurídicas son muy importantes, pero cuando involucran a comunidades locales son también una herramienta para apoyar el fortalecimiento de sus procesos de defensa de derechos. Sus premisas y características han hecho del litigio estratégico un medio importante para promover la protección de ecosistemas clave y derechos humanos, entre ellos el derecho a la salud y a un ambiente sano, así como los derechos de pueblos indígenas, comunidades y grupos en situación de vulnerabilidad. Componentes Por lo descrito, el litigio estratégico está diseñado conscientemente para alcanzar metas amplias y para generar una hoja de ruta para otros litigios. Está integrado por diferentes elementos, entre ellos los siguientes: Una estrategia legal robusta que, en muchas ocasiones, debe ser enriquecida con argumentos técnicos y científicos interdisciplinarios. Una estrategia de comunicaciones. Organización social o comunitaria, traducida en involucrar en todas las fases del litigio a comunidades, redes y organizaciones locales bajo una perspectiva de participación activa y de construcción colectiva de la estrategia. Una estrategia de protección frente a escenarios de riesgo que el litigio pueda generar. Incidencia política ante tomadores/as de decisión. Objetivos y alcance Aunque pueden ser numerosos, es posible resaltar tres objetivos principales del litigio estratégico: Poner en la agenda pública debates importantes para el fortalecimiento democrático. Impulsar la movilización social en torno a una causa común que es necesario posicionar. Fortalecer el Estado de derecho, lo que se traduce en que la ciudadanía invita al Estado y a jueces/zas a reconocer derechos, visibilizar problemáticas y en última instancia robustecer el sistema democrático. El litigio estratégico ha sido especialmente importante para luchas y causas en las que difícilmente los movimientos sociales y comunidades logran posicionar el reconocimiento de sus derechos en las agendas legislativas y de política pública. En AIDA creemos que todas las personas deben acceder plenamente a la justicia ambiental y el litigio estratégico ha sido desde nuestros inicios una herramienta poderosa para garantizar el derecho individual y colectivo a un ambiente sano en América Latina. Para lograrlo, seleccionamos casos y proyectos emblemáticos en los que el uso estratégico del derecho internacional y la argumentación científica puede sentar precedentes claves. Trabajamos de cerca con organizaciones y aliados locales para construir conjuntamente el proceso de litigio, apoyamos y diseñamos campañas de comunicación. También promovemos análisis de riesgo que promuevan la protección de los actores involucrados en el litigio.
Leer más