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Foto: Maíra Irigaray / Amazon WatchHaciendo que Brasil se responsabilice por los daños de la represa Belo Monte
Cuando entre en pleno funcionamiento, Belo Monte será la tercera represa más grande del mundo, construida en uno de los ecosistemas más importantes del planeta: el bosque tropical del Amazonas. Ubicado sobre el río Xingú en Pará, un estado del norte de Brasil, el embalse cubrirá 500 kilómetros cuadrados de bosque y tierras de cultivo, un área del tamaño de Chicago.
Para la población de la cuenca del Xingú, la construcción de Belo Monte ha significado perder el acceso al agua, la alimentación, la vivienda, el trabajo y el transporte. Al menos 20,000 personas han sido desplazadas.
El Gobierno y el consorcio a cargo del proyecto comenzaron a construir la represa sin consultar primero a las personas de la zona, muchas de las cuales son indígenas. Pasaron por alto la normativa internacional de derechos humanos, la cual requiere el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas afectadas. Brasil también incumplió las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las cuales estaban destinadas a proteger la vida, salud e integridad de las comunidades.
La represa comenzó a operar en mayo de 2016, aunque no en toda su capacidad. Y, en abril de 2017, un tribunal federal suspendió su licencia de operación porque el consorcio no completó los trabajos de saneamiento básico en Altamira, ciudad directamente afectada por la hidroeléctrica.
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El Pacto Transformador del Agua
En marzo de 2023, líderes mundiales y partes interesadas de diversos sectores se reunirán en Nueva York para asistir a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, que se centró en abordar la crisis del agua a nivel global. A la vista de innumerables experiencias de personas en todo el mundo y de pruebas científicas sustanciales, no cabe duda de que se necesitan importantes cambios en la forma en que compartimos y cuidamos del agua. En las décadas que han transcurrido desde la última Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, que se celebró en 1977, las fuentes hídricas han continuado siendo explotadas y contaminadas para beneficio económico de unos pocos. Debido a ello, los ecosistemas se han deteriorado y la mayoría de la población mundial no cuenta con fuentes de agua suficientes y seguras.El Pacto Transformador del Agua (TWP, por sus siglas en inglés) —lanzado en la Conferencia de 2023— ha sido desarrollado para dar respuesta a la continua explotación de la naturaleza, el escaso respeto por los derechos humanos y los desequilibrios de poder extremos que caracterizan la actual gestión del agua en todo el mundo. En este, se detalla una visión alternativa de la gestión del agua tomando como base los principios de la justicia medioambiental, la igualdad y el cuidado. El TWP abarca dos secciones de principios clave y un marco de acción, que ofrecen puntos de anclaje y prioridades estratégicas para guiar la toma de decisiones a la hora de lograr un cambio transformador en la gestión del agua.El TWP fue puesto en marcha por la organización neerlandesa de justicia medioambiental Both ENDS y el instituto internacional de conocimientos sobre el agua IHE-Delft. Fue desarrollado y redactado por un grupo diverso de más de 40 defensores y defensoras de la justicia medioambiental de la sociedad civil y de círculos académicos, en particular del Sur Global, que trabajan con dedicación en cuestiones relacionadas con el agua en todo el mundo. Su contenido fue definido mediante un proceso de mesas redondas y de redacción en línea entre diciembre de 2022 y febrero de 2023. El TWP es un documento vivo, que puede servir de base para debates y perfeccionamientos posteriores.El TWP puede ser refrendado por cualquier actor que apoye los principios transformadores y se comprometa a poner en práctica el marco de acción dentro de su propia área de especialización y su esfera de influencia, incluyendo Organizaciones No Gubernamentales (ONG), responsables políticos, académicos, actores del sector privado, grupos comunitarios y organizaciones gubernamentales. Descarga el documento
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Compromisos con la conservación marina: Un balance de "Nuestro Océano 2023"
"Nuestro océano, nuestra conexión". Ese fue el lema de la octava Conferencia "Nuestro Océano (Our Ocean) 2023", realizada el pasado 2 y 3 de marzo en Panamá, el primer país latinoamericano en ser sede del evento anual. La conferencia comenzó en 2014 como una iniciativa del Departamento de Estado de Estados Unidos para dirigir atención internacional a las graves amenazas para el océano a nivel mundial y lograr compromisos de medidas concretas para la conservación marina y el desarrollo sostenible. El evento reunió a jefes de Estado y a representantes del sector privado, la sociedad civil e instituciones académicas bajo el objetivo específico de poner de relieve la urgencia de implementar medidas de gestión efectivas por áreas, como parte de sistemas interconectados, incluyendo las áreas marinas protegidas, el desarrollo de una economía azul a nivel mundial y el planteamiento de soluciones innovadoras a la contaminación marina. Una delegación de AIDA asistió a la conferencia y participó en las sesiones plenarias y eventos paralelos. A continuación, presento un balance del evento. Lo inspirador El enfoque de la conferencia "Nuestro Océano" no es un espacio para compartir conocimiento acerca de este vasto ecosistema y su biodiversidad. La comunidad ambientalista ya sabe a ciencia cierta que el océano debe ser protegido efectivamente cuanto antes y que no es necesario presentar más evidencia respecto de los múltiples servicios que por siglos ha brindado a la humanidad. La conferencia reunió a mandatarios y ministros con el propósito de avanzar acuerdos internacionales y presionar a las naciones a comprometerse a tomar las medidas necesarias para proteger el océano. El poder de una generación La voz de la juventud destacó durante toda la conferencia, representada por ejemplo por más de 70 integrantes de la Sustainable Ocean Alliance (SOA), que desde 2014 ha construido la mayor red mundial de nuevas generaciones de personas que trabajan para crear soluciones a los retos más grandes del océano. Escuchar a líderes y lideresas juveniles hablar apasionadamente de la importancia de cuidar el planeta para las generaciones que están por venir fue esperanzador. Como la integrante más joven de AIDA, encontré inspiración al conocer a otros/as jóvenes abogando por el océano y su biodiversidad. En mi trabajo diario estoy rodeada de cifras y noticias acerca del daño que la humanidad le ha causado al océano y ser parte de esta conferencia me ayudó a ver la otra cara de la moneda. Quienes trabajamos activamente por un océano más sano, limpio y protegido somos parte del cambio y, en buena parte, es gracias a nosotros/as que altos funcionarios se han detenido a ver la evidencia y a tomar acciones concretas. Es esta generación la que heredará la gestión de la crisis ecológica, cuya voz merece ser reflejada en compromisos para mejorar la forma en que nos relacionamos con el océano. Lo positivo El respaldo a la defensa del fondo marino AIDA fue coanfitrión de un evento paralelo sobre minería en aguas profundas con la tarea nada sencilla de congregar a personas tomadoras de decisión para respaldar la moratoria a esa actividad y la protección del fondo marino. Gracias al impulso del grupo de coorganizadores —entre ellos jóvenes de Comms Inc, The Oxygen Project, Only One y SOA— el evento contó con la presencia del presidente de Palau, Surangel Whipps Jr., y del primer ministro de Fiji, Sitiveni Rabuka. Representantes de alto nivel de países de América Latina y Europa también asistieron. El evento fue un espacio de diálogo entre la sociedad civil y las autoridades invitadas en el que hubo compromisos esperanzadores, entre ellos el de Francia de invertir en investigación científica del fondo marino y detener las inversiones en procesos industriales relacionados con la minería en aguas profundas, secundado por Alemania. La mundialmente reconocida oceanógrafa Sylvia Earle emocionó con su amor por el océano y su compromiso imperecedero con su protección. Quienes asistieron, reafirmaron su compromiso con la moratoria y con la búsqueda de alternativas. Compromisos con la biodiversidad marina En general, la conferencia facilitó una plataforma única para que varias naciones hicieran compromisos valiosos. Las delegaciones de gobierno participantes asumieron 341 compromisos por un valor de casi 20.000 millones de dólares, incluidos fondos para ampliar y mejorar áreas marinas protegidas y corredores de biodiversidad. En América Latina, Panamá anunció la expansión de Banco Volcán, una reserva marina en el Caribe que pasará de 14,212 km2 a 93,000 km2. Con ello, ese país estará resguardando 54% de su zona económica exclusiva, cumpliendo el objetivo de proteger el 30% de su territorio para 2030. Y Ecuador se comprometió a proteger sus primeras ochenta millas náuticas (14,800 km2), permitiendo únicamente pesca artesanal. Esta decisión posiciona a Ecuador como un líder latinoamericano en la conservación marina y el manejo sostenible de recursos naturales. Ecuador hizo un llamado a los demás países que conforman el Corredor Marino del Pacífico —Costa Rica, Panamá y Colombia— a tomar medidas similares para preservar uno de los puntos más biodiversos del océano. Lo que sigue Ahora se espera que las naciones cumplan con los compromisos anunciados. En la región, Panamá y Ecuador deberán ampliar sus territorios protegidos, asegurando un monitoreo adecuado de la biodiversidad y un manejo sostenible de los recursos. De igual forma, se espera que los países del Pacífico, América Latina y la Unión Europea que declararon su respaldo a frenar la explotación minera de los fondos marinos continúen con acciones coherentes a esa postura, incluyendo una participación activa en las reuniones de la Autoridad de Fondos Marinos, apoyando la moratoria o la pausa precautoria a la actividad extractiva. Aunque sin duda queda un largo camino por recorrer, cada decisión anunciada en la conferencia en favor de la preservación de la biodiversidad marina brinda un poco de esperanza y motivación para nuestro trabajo. Seguiremos colaborando con gobiernos y comunidades para preservar el océano, el ecosistema más amplio y diverso del planeta.
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Propuesta de lineamientos para una regulación regional por el aire limpio, la salud pública y la justicia climática
Actores de diferentes sectores nos reunimos para iniciar un camino hacia un proceso sin precedentes: construir un marco regulatorio regional para la gobernanza de la calidad del aire, la salud pública y la acción climática en América Latina y el Caribe. Este proceso inició con una conversación para identificar los elementos indispensables para afrontar como región los retos que implica la intersección entre la contaminación atmosférica, la crisis climática y su impacto en la salud pública. Este diálogo intersectorial visibilizó la necesidad de aunar esfuerzos gubernamentales e intergubernamentales para implementar acciones bajo un marco común en la región, sin desconocer la responsabilidad que tenemos los diversos actores que conformamos la sociedad. Asimismo, este diálogo permitió evidenciar que este marco debe desarrollarse bajo los enfoques de gobernanza, derechos humanos e interseccionalidad, reconociendo las diferentes vulnerabilidades y responsabilidades que tenemos de cara a este asunto. El propósito de diseñar un marco común para la región nos invitó a conversar sobre la necesidad de primero reconocer que: tenemos un contexto social, ambiental y fuentes de contaminación particulares de América Latina y el Caribe, especialmente en la forma cómo nos relacionamos con la energía y bienes comunes; falta aún investigación y evaluación de las fuentes de la contaminación del aire y sus puntos de interacción con la crisis del clima y la salud pública, desde la perspectiva regional; y que existe una brecha de asistencia técnica y financiera de y para los gobiernos, en relación con el desarrollo y ejecución de sus programas de gestión de la contaminación del aire, de la acción climática y de la salud pública. Tomamos como base las recomendaciones (1) establecidas por el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos y el ambiente, relacionadas con el derecho a respirar aire puro, y la evidencia científica aportada por el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés) en sus informes sobre la profundización de la crisis climática. Así, con el ánimo de enfrentar los retos que implican la interacción entre clima, aire y salud para las presentes y futuras generaciones de la región de América Latina y el Caribe, proponemos los siguientes lineamientos para la elaboración de un marco regulatorio regional: Afrontar la contaminación atmosférica y la crisis climática de manera conjunta, por medio de instrumentos de gestión efectivos que tengan en cuenta sus cobeneficios en la salud pública. Establecer y adoptar progresivamente medidas y metas ambiciosas, acordes a los estándares de calidad del aire alineados con las guías de la OMS (2). Desarrollar índices de calidad del aire y salud (3) en los países de América Latina y el Caribe. Articular sistemas de monitoreo de calidad del aire de bajo costo y/o ciudadanos (4) que complementen los sistemas de monitoreo institucionales. Incrementar la cooperación internacional a través de la adopción de compromisos de reducción de emisiones e impactos transfronterizos, ligados a causas como incendios forestales, desde una perspectiva de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Garantizar los derechos humanos de participación, acceso a la información y a la justicia en el ejercicio de la gobernanza de la calidad del aire, garantizando el principio de transparencia y el acceso a datos abiertos y estandarizados. Facilitar información al público sobre la calidad del aire, fomentar la educación ambiental y acciones de comunicación a los actores clave, especialmente a la ciudadanía y tomadores de decisiones, para acercar los temas de calidad del aire, clima y salud a la población. Estos lineamientos deberán convertirse en acciones que reflejen los principios en los cuales se fundamentan. Estos principios son: la justicia social, las responsabilidades compartidas pero diferenciadas, la progresividad y no regresión, la precaución y prevención, la acción climática efectiva para una transición energética justa y salida progresiva de los combustibles fósiles; y la promoción, respeto y garantía del derecho a respirar aire puro, que es uno de los elementos vitales del derecho humano a un ambiente limpio, saludable y sostenible. Esta apuesta, que recoge debates previamente dados por la Red Nacional Ciudadana de Calidad del Aire de Colombia y la Coalición Latinoamericana por el Aire Limpio (ALAire), sigue en construcción. Por esto, el camino que iniciamos el 21 de marzo de 2023 continuará abierto a recibir aportes de todos los sectores. Esperamos que escale diversos escenarios de decisión, territoriales, nacionales y regionales para lograr que la calidad del aire sea un medio que nos acerque a las transiciones que como sociedades latinoamericanas necesitamos. Lee y descarga la propuesta de lineamientos Haz aportes a la propuesta (1) Vigilar la calidad del aire y de sus efectos sobre la salud; evaluar las fuentes de contaminación atmosférica; informar al público sobre la calidad del aire; establecer, aplicar y evaluar la legislación y los planes de acción sobre la calidad del aire, y; proteger a las y los defensores de los derechos humanos relacionados con el medio ambiente. A/HRC/40/55 (2) Las Directrices Mundiales de la OMS sobre la Calidad del Aire ofrecen orientaciones a escala mundial sobre los umbrales y límites de los principales contaminantes atmosféricos que entrañan riesgos para la salud. En América Latina, los estándares no están alineados con estas directrices y adoptar los estándares de la OMS para los 6 contaminantes criterio es fundamental para asegurar una protección a los derechos de las personas expuestas a la contaminación atmosférica. (3) Los índices de aire y salud son herramientas de comunicación del riesgo construidas a partir de datos epidemiológicos, que informan sobre el posible impacto que la calidad del aire actual representa para la salud, lo que a su vez permite dar una serie de recomendaciones a personas vulnerables y no vulnerables y favorecer la toma de decisiones en salud pública. Para garantizar la protección de los derechos de la población y brindar una correcta información, estos índices deben ser iguales en toda la región y cumplir con los mayores estándares para su construcción y uso. (4) Las acciones de monitoreo ciudadano con sensores de bajo costo permiten recolectar más y mejor información a nivel local sobre la exposición de las personas a la contaminación atmosférica, adicionando información a los sistemas de monitoreo de las autoridades públicas. Contar con esta información permite tomar medidas de descontaminación más precisa, planear el desarrollo territorial y proteger los derechos de la población. Estos sistemas de monitoreo ciudadano permiten el ejercicio de una gestión y control de la calidad del aire desde la sociedad civil. En el caso de municipios que no cuentan con una red institucional, el apoyo debe priorizar el desarrollo de redes ciudadanas.
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