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Amazon Watch / Maíra Irigaray
La represa Belo Monte en el río Xingú: 10 años de impactos en la Amazonía y de búsqueda de reparación
La represa Belo Monte ha causado un desastre ambiental y social en plena Amazonía: uno de los ecosistemas más importantes del planeta.
Esta situación solo se ha profundizado luego de que la hidroeléctrica entrara en operación en 2016. También persiste hasta hoy la búsqueda de justicia y reparación de las comunidades indígenas, pesqueras y ribereñas afectadas.
En 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) les otorgó medidas de protección que a la fecha no han sido cumplidas plenamente por el Estado brasileño.
Y, desde junio del mismo año, la CIDH tiene pendiente resolver una denuncia contra el Estado por su responsabilidad internacional en el caso.
La CIDH puede remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene la facultad de emitir un fallo que condene al Estado brasileño.
Tras 10 años de funcionamiento de la hidroeléctrica y más de 15 años de violaciones de derechos humanos documentadas, es tiempo de que la justicia llegue a las comunidades afectadas.
Lee la carta abierta de las organizaciones que llevan el caso ante la CIDH
Lee nuestro comunicado de prensa
Antecedentes
La hidroeléctrica Belo Monte —la cuarta más grande del mundo por su capacidad instalada (11,233 MW)— fue construida en el río Xingú, en el estado de Pará, al norte de Brasil.
Fue inaugurada el 5 de mayo de 2016 con una sola turbina. En ese momento se desvió el 80% del curso del río y se inundaron 516 km² de tierra, un área mayor que la ciudad de Chicago. De esa superficie, 400 km² eran bosque nativo. La represa comenzó a funcionar con toda su capacidad en noviembre de 2019.
Belo Monte fue construida y es operada por el consorcio Norte Energía S. A., formado en su mayoría por empresas estatales. Fue financiada por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), que dio al consorcio 25.400 millones de reales (unos 10.160 millones de dólares), la mayor inversión en su historia. Por tanto, el BNDES también es legalmente responsable de los impactos socioambientales asociados a la hidroeléctrica.
Décadas de daños al ambiente y a las personas
Las violaciones de derechos humanos y la degradación de la Amazonía se remontan a los inicios del proyecto. En marzo de 2011, Norte Energía empezó a construir la represa sin una consulta adecuada y sin el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades afectadas.
La construcción provocó el desplazamiento forzado de más de 40 mil personas, rompiendo lazos sociales y culturales. El plan de reasentamiento en Altamira —ciudad directamente afectada por la hidroeléctrica— se hizo con construcciones ubicadas en la periferia, sin servicios públicos adecuados, sin condiciones de vivienda digna para las familias relocalizadas ni diferenciadas para aquellas de comunidades indígenas.
La operación de Belo Monte impuso en la Volta Grande (o "Gran Recodo") del río Xingú una sequía permanente y artificial agravada por las sequías históricas de la Amazonía en 2023 y 2024. A raíz de esto, se documentó la muerte de millones de huevos de peces por cuatro años consecutivos (de 2021 a 2024) y, desde hace tres años, no existe migración de peces río arriba desovar y reproducirse. Así, la pesca artesanal, principal fuente de proteína para pueblos indígenas y comunidades ribereñas fue gravemente afectada: el pescado cayó del 50 al 30% en el total de proteína consumida, reemplazado por alimentos industrializados. En resumen, hubo un colapso ambiental y humanitario traducido en el derrumbe de la pesca como modo de vida tradicional, falta de seguridad alimentaria y de acceso a agua potable para miles de familias, empobrecimiento y enfermedades.
Además, la construcción de la represa incrementó la deforestación e intensificó la tala ilegal y la inseguridad para las tierras indígenas y tribales, poniendo en riesgo la supervivencia de estos pueblos. Otra consecuencia fue la profundización de la pobreza y de los conflictos sociales, además de la saturación de los sistemas de salud, educación y seguridad pública en Altamira, ciudad clasificada como la más violenta del país en 2017 y donde se incrementó el tráfico de personas y la violencia sexual. También se registró violencia contra las personas defensoras de los derechos humanos involucradas en el caso.
En 2025, durante la 30.ª Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP30), realizada en Brasil, el Ministerio Público Federal tildó de ecocidio el daño ocasionado por Belo Monte.
Foto: Amazon Watch / Maíra Irigaray.
La búsqueda de justicia y reparación
Con los años, el Ministerio Público Federal de Pará, la Defensoría Pública y organizaciones de la sociedad civil presentaron decenas de acciones judiciales ante tribunales brasileños para cuestionar las diversas irregularidades del proyecto, así como sus impactos. La mayoría de las demandas sigue pendiente de resolución, algunas desde hace más de 10 años.
Estas acciones no han prosperado porque el gobierno nacional neutralizó en varias ocasiones fallos favorables a las comunidades afectadas recurriendo a un mecanismo mediante el cual el presidente de un tribunal podía detener una decisión judicial basándose únicamente en argumentos genéricos como el "interés nacional" o el "orden económico".
Frente a la falta de respuestas efectivas a nivel nacional, AIDA —junto a una coalición de organizaciones aliadas— llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en 2010 solicitó medidas cautelares para para proteger la vida, integridad y salud de las comunidades indígenas afectadas.
El 1 abril de 2011, la CIDH otorgó estas medidas y solicitó al Estado brasileño suspender los permisos ambientales y cualquier obra de construcción hasta que se cumplan las condiciones relacionadas con la consulta previa y la protección de la salud e integridad de las comunidades.
Y, el 16 de junio de 2011, presentamos ante la CIDH —junto con el Movimiento Xingú Vivo Para Siempre, la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña, la Diócesis de Altamira, el Consejo Indigenista Misionero, la Sociedad Paraense de Defensa de los Derechos Humanos y Justicia Global— una denuncia formal contra el Estado brasileño por su responsabilidad internacional en la violación de derechos humanos de las personas afectadas en el caso. La denuncia se abrió a trámite en diciembre de 2015.
El 3 de agosto de 2011, la CIDH modificó las medidas cautelares para solicitar —en vez de la suspensión de permisos y obras— la protección de pueblos en aislamiento voluntario, de la salud de las comunidades indígenas, además de la regularización y protección de tierras ancestrales.
Foto: Amazon Watch / Maíra Irigaray.
Situación actual
Las medidas de protección otorgadas por la CIDH continúan vigentes, pero el Estado brasileño no las ha cumplido plenamente, informando solo de acciones genéricas. Las comunidades han documentado la continuidad de las violaciones a sus derechos. La situación que motivo la solicitud de estas medidas —el riesgo para la vida, integridad y los modos de vida de las comunidades— se mantiene y se ha agravado con la operación a plena capacidad de la hidroeléctrica y con las recientes sequías extremas en la Amazonía.
A lo sucedido con Belo Monte se suma el riesgo de mayores afectaciones sociales y ambientales por la implementación de otro megaproyecto minero en la Volta Grande del Xingú. Allí la empresa canadiense Belo Sun pretende construir la mayor mina de oro a cielo abierto de Brasil.
Los impactos sinérgicos y acumulativos de la central y de la mina no fueron evaluados. El Estado excluyó a pueblos indígenas, comunidades ribereñas y campesinas del proceso de autorización ambiental del proyecto. Pese a esto, a protestas indígenas y a otras irregularidades en torno al proyecto, el gobierno de Pará autorizó formalmente la mina en abril de 2026.
Belo Monte, como otras hidroeléctricas, agrava la emergencia climática al generar emisiones de gases de efecto invernadero en su embalse. Y es ineficiente ante las sequías más prolongadas e intensas que la crisis provoca pues pierde capacidad de generar energía.
El caso ante la Comisión Interamericana
En octubre de 2017, la CIDH comunicó que decidiría de manera conjunta sobre la admisibilidad (si el caso cumple los requisitos para ser admitido) y el fondo (si en efecto hubo violaciones de derechos humanos) de la denuncia internacional contra el Estado brasileño.
Tras 15 años de presentada la denuncia, las comunidades afectadas y las organizaciones que las representan aún esperan esta decisión. Si la CIDH concluye que hubo violaciones de derechos humanos y emite recomendaciones que el Estado brasileño no cumple, puede remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas sentencias son vinculantes.
Un eventual fallo del tribunal internacional en el caso sentaría un precedente jurídico regional sobre los derechos de los pueblos indígenas y ribereños, la participación pública en megaproyectos y la responsabilidad estatal en contextos de crisis climática, relevante a la luz de la Opinión Consultiva 32 de la Corte, que reafirmó las obligaciones de los Estados para proteger a personas y comunidades del continente frente a la emergencia climática.
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Proyectos relacionados
Belo Monte debe cumplir con condiciones antes de seguir operando
Un tribunal federal de Brasil suspendió la licencia de operación de la represa Belo Monte debido a que Norte Energía, empresa a cargo del proyecto, no ha completado los trabajos de saneamiento básico en la ciudad de Altamira, directamente afectada por la hidroeléctrica. La decisión del tribunal responde a un recurso legal presentado por el Ministerio Público Federal. Las obras de saneamiento eran una condición para la licencia otorgada por el Instituto Brasileño de Ambiente y Recursos Naturales (IBAMA) y debían completarse antes del llenado del embalse de la represa, lo que no ocurrió. "Esta es la primera vez que un tribunal federal suspende un recurso de suspensão de segurança respecto a Belo Monte; ese recurso garantizaba el funcionamiento de la hidroeléctrica aunque la empresa no hubiera completado las condicionantes de la licencia. En la práctica, la decisión significa que las operaciones de la represa deben parar inmediatamente, aunque la construcción de obras pendientes pueda continuar”, explicó Marcella Ribeiro, abogada de AIDA. “Más allá de una cuestión relacionada a la falta de saneamiento básico, este fallo representa un paso fundamental para que la empresa a cargo del proyecto cumpla adecuadamente con las condiciones para operar, las cuales favorecen a la población afectada. Esperamos que la justicia brasileña continúe garantizando la protección de los derechos de las comunidades afectadas por la represa frente al interés corporativo”.
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Admiten amparo contra ampliación del puerto de Veracruz por violar derecho al medio ambiente sano
Sienta un precedente relevante para que los proyectos sean presentados de forma completa, no fragmentada, y se puedan evaluar de forma integral sus impactos al ambiente. Se solicita a la Semarnat revocar las autorizaciones y a la Apiver, suspender las obras hasta que quede zanjada la cuestión ambiental. Veracruz, México. El proyecto de ampliación del puerto de Veracruz, promovido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), será analizado por el Poder Judicial de la Federación a fin de determinar si, al ser autorizado, se vulneró el derecho al medio ambiente sano. Lo anterior se debe a la demanda de amparo presentada por habitantes de la región, asesorados por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), a inicios de diciembre de 2016, y que fue admitida a finales de mes marzo pasado[1]. El Juzgado Quinto se había negado a ello alegando falta de interés legítimo de los demandantes, pero tal situación fue combatida y resuelta ante el Segundo Tribunal Colegiado en febrero. El caso es muy importante y establece un precedente relevante en materia del derecho ambiental, pues aborda la forma en la que deben ser evaluados los proyectos de desarrollo en materia de impacto ambiental. Esos proyectos deben ser presentados de manera completa y no fragmentada para poder evaluar el impacto integral que tendrán sobre la zona y sus habitantes. Asimismo, las manifestaciones de impacto ambiental deben ser elaboradas con la mejor información científica disponible. En el caso del proyecto de ampliación el puerto de Veracruz, la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) se presentó de forma fragmentada en por los menos 14 partes, evaluadas y autorizadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) sin considerar todos los impactos acumulativos. Además, la MIA omitió manifestar la existencia de un arrecife de coral no emergido muy grande e importante, localizado a 500 metros de distancia de la entrada del nuevo puerto. Para proteger el derecho al medio ambiente sano, se han construido instituciones como las Áreas Naturales Protegidas e instrumentos como la Evaluación de Impacto Ambiental. En el caso de la ampliación del puerto de Veracruz, el mensaje que se está enviando es que estas instituciones pueden ser sacrificadas y/o utilizadas según convenga para empujar los llamados proyectos de desarrollo. En este sentido, y en virtud del amparo, se solicita atenta y respetuosamente a la Semarnat a revocar las autorizaciones de impacto concedidas al proyecto. De igual forma, se hace un llamado atento a la Administración Portuaria Integral de Veracruz (Apiver) para que suspenda voluntariamente las obras hasta que quede zanjada la cuestión ambiental, y a los habitantes de la ciudad de Veracruz-Boca del Río-Medellín a que se apropien y cuiden el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV). “La aceptación de este amparo representa un pequeño paso en la dirección correcta, pues el poder de la gente ha hecho valer su derecho a un medio ambiente sano, lo que debería ser un garantía por parte de la autoridad sin que hubiera necesidad de acudir a las instancias judiciales para hacerlo valer. Esperamos que esto abra la puerta a una revisión real y acuciosa del proyecto de ampliación del puerto de Veracruz y de los impactos reales que tendrá sobre el medio ambiente, en particular sobre el Sistema Arrecifal Veracruzano y sobre los servicios ecosistémicos que brinda”, declaró Miguel Rivas, campañista de océanos de Greenpeace México. Por su parte, Camilo Thompson, abogado de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), señaló que "con la reducción del área del PNSAV y la ausencia de restauración de un sitio protegido bajo la Convención Ramsar, el Estado mexicano incumple con la protección amplia de su población, obligación establecida en tratados internacionales. Expone además a los habitantes del puerto de Veracruz a un mayor riesgo de impactos por huracanes y otros fenómenos climáticos. Ni el gobierno, ni la empresa a cargo del puerto, consideraron de forma adecuada la protección de los arrecifes de Veracruz, ecosistemas de importancia mundial. México está incumpliendo también los objetivos de preservación, conservación y manejo, establecidos en el Convenio sobre Diversidad Biológica, las metas de Aichi y la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas, tratados ratificados por el país". Xavier Martínez Esponda, Coordinador Técnico Operativo del CEMDA, dijo que “los océanos y los arrecifes son ecosistemas clave para el bienestar de las personas pues son fuente de importantes servicios ambientales y funciones ecológicas como la captura de carbono-generación de oxígeno, la provisión de alimento como la pesquería y la regulación del clima brindando protección contra tormentas y/o huracanes, razones por las cuales, deben de ser protegidos y conservados en beneficio de presentes y futuras generaciones”. Desde 2004, el PNSAV es considerado como un humedal de importancia internacional, pero hasta el momento el gobierno mexicano no ha cumplido sus obligaciones internacionales, ni ha expedido su programa de manejo. [1] El 29 de marzo de 2017, el Juzgado Quinto de Distrito en Veracruz admitió a trámite la demanda de amparo presentada por habitantes de la región y representados por el CEMDA. Expediente 1241/2016
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Mi experiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos
"Nuestro miedo más profundo no es que seamos inadecuados. Nuestro miedo más profundo es que somos poderosos sin medida. Es nuestra luz, no nuestra oscuridad, lo que más nos asusta.” - Marianne Williamson Sentada ante la Corte, una mujer en una larga fila de observadores, mi pulso se aceleró. Por primera vez en mi vida me quedé sin palabras, sobrecogida de asombro. Frente a mí, sentados en el estrado y vestidos con sus togas, estaban seis hombres y una mujer. Eran los siete jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hablar en público es algo que hago frecuentemente y con facilidad, pero esta vez estaba ¡realmente nerviosa! Mi corazón iba a explotar y tenía un nudo en la garganta. Estaba muy consciente del poder de lo que estaba a punto de decir. Sentí profundamente la fuerza de mis colegas de AIDA. Me senté erguida, respiré hondo y me incliné para acercarme al micrófono. Comencé a hablar. Mis palabras llevaban la influencia de los últimos 20 años. Estaba representando a AIDA en nuestra primera intervención ante el organismo internacional de derechos humanos más importante del continente americano. Habíamos sido invitados por la Corte para comentar la opinión consultiva hecha por el Gobierno colombiano acerca del vínculo entre la degradación ambiental y los derechos humanos, una cuestión que es la esencia de nuestra misión. La pregunta básica a tratar era la siguiente: Si un megaproyecto daña el ambiente marino del Gran Caribe y, como resultado, vulnera o amenaza derechos humanos, ¿de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, el Estado que implementa el proyecto debería ser responsable? Cuando comencé mi carrera en derecho ambiental hace 20 años, justo ésta fue una de mis metas. Soñaba con estar involucrada en este tipo de conversación ante la Corte, con influir en la jurisprudencia de la institución encargada de proteger los derechos humanos de las personas del continente. Ahora, siendo orgullosamente codirectora de AIDA, esos sueños se han hecho realidad. No solo para mí, también para las y los valientes y dedicados abogados con quienes trabajo. El documento que elaboramos representa incontables horas de investigación y análisis, las contribuciones de personas expertas en derechos humanos y en derecho ambiental, décadas de experiencia, y vidas profesionales de dedicación. Lo elaboramos para que la Corte reconozca la protección ambiental como una cuestión de derechos humanos, y que un ambiente sano es esencial para el disfrute de todos los derechos humanos. Esperamos que el documento muestre a los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que incorporar estándares y derecho ambiental internacional, puede ayudarles a cumplir su misión. Recordar los meses de trabajo y las opiniones expertas contenidas en el documento, me dieron tranquilidad ese día. Los testimonios que escuché fueron música para mis oídos: más de 20 personas de Estados y de organizaciones de la sociedad civil, una tras otra, hablaron de la relación entre derechos humanos y ambiente; se refirieron al poder de usar el derecho ambiental internacional para proteger a personas y comunidades. Los argumentos que construimos juntos, hicieron que el vínculo entre ambiente y derechos humanos quedara claro como el agua. Tuvimos la oportunidad histórica de resaltar cómo, en algunas situaciones, la destrucción ambiental viola derechos humanos. Proteger nuestro ambiente, por tanto, es una obligación internacional de todos los Estados de las Américas. Cuando terminé de hablar, respiré profundo de nuevo, me alejé del micrófono y me recosté en la silla. Sonreí al ver mi teléfono iluminarse con mensajes de mis colegas de todos los rincones del continente. Finalicé reflexionando con felicidad sobre los últimos 20 años, y totalmente revitalizada para 20 más. Terminé la audiencia llena de gratitud y orgullo hacia mi equipo. Reiteré el poder que tenemos —como AIDA, como abogados y abogadas, como ciudadanos, como seres humanos— para lograr cambios. Sin duda, aunque parezcamos pequeños, no estamos solos. Juntos somos poderosos y, juntos, somos capaces de construir un mundo mejor. La decisión está ahora en manos de la Corte, cuya opinión tiene el poder de influir en el futuro del desarrollo en el continente americano.
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