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Amazon Watch / Maíra Irigaray
La represa Belo Monte en el río Xingú: 10 años de impactos en la Amazonía y de búsqueda de reparación
La represa Belo Monte ha causado un desastre ambiental y social en plena Amazonía: uno de los ecosistemas más importantes del planeta.
Esta situación solo se ha profundizado luego de que la hidroeléctrica entrara en operación en 2016. También persiste hasta hoy la búsqueda de justicia y reparación de las comunidades indígenas, pesqueras y ribereñas afectadas.
En 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) les otorgó medidas de protección que a la fecha no han sido cumplidas plenamente por el Estado brasileño.
Y, desde junio del mismo año, la CIDH tiene pendiente resolver una denuncia contra el Estado por su responsabilidad internacional en el caso.
La CIDH puede remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene la facultad de emitir un fallo que condene al Estado brasileño.
Tras 10 años de funcionamiento de la hidroeléctrica y más de 15 años de violaciones de derechos humanos documentadas, es tiempo de que la justicia llegue a las comunidades afectadas.
Lee la carta abierta de las organizaciones que llevan el caso ante la CIDH
Lee nuestro comunicado de prensa
Antecedentes
La hidroeléctrica Belo Monte —la cuarta más grande del mundo por su capacidad instalada (11,233 MW)— fue construida en el río Xingú, en el estado de Pará, al norte de Brasil.
Fue inaugurada el 5 de mayo de 2016 con una sola turbina. En ese momento se desvió el 80% del curso del río y se inundaron 516 km² de tierra, un área mayor que la ciudad de Chicago. De esa superficie, 400 km² eran bosque nativo. La represa comenzó a funcionar con toda su capacidad en noviembre de 2019.
Belo Monte fue construida y es operada por el consorcio Norte Energía S. A., formado en su mayoría por empresas estatales. Fue financiada por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), que dio al consorcio 25.400 millones de reales (unos 10.160 millones de dólares), la mayor inversión en su historia. Por tanto, el BNDES también es legalmente responsable de los impactos socioambientales asociados a la hidroeléctrica.
Décadas de daños al ambiente y a las personas
Las violaciones de derechos humanos y la degradación de la Amazonía se remontan a los inicios del proyecto. En marzo de 2011, Norte Energía empezó a construir la represa sin una consulta adecuada y sin el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades afectadas.
La construcción provocó el desplazamiento forzado de más de 40 mil personas, rompiendo lazos sociales y culturales. El plan de reasentamiento en Altamira —ciudad directamente afectada por la hidroeléctrica— se hizo con construcciones ubicadas en la periferia, sin servicios públicos adecuados, sin condiciones de vivienda digna para las familias relocalizadas ni diferenciadas para aquellas de comunidades indígenas.
La operación de Belo Monte impuso en la Volta Grande (o "Gran Recodo") del río Xingú una sequía permanente y artificial agravada por las sequías históricas de la Amazonía en 2023 y 2024. A raíz de esto, se documentó la muerte de millones de huevos de peces por cuatro años consecutivos (de 2021 a 2024) y, desde hace tres años, no existe migración de peces río arriba desovar y reproducirse. Así, la pesca artesanal, principal fuente de proteína para pueblos indígenas y comunidades ribereñas fue gravemente afectada: el pescado cayó del 50 al 30% en el total de proteína consumida, reemplazado por alimentos industrializados. En resumen, hubo un colapso ambiental y humanitario traducido en el derrumbe de la pesca como modo de vida tradicional, falta de seguridad alimentaria y de acceso a agua potable para miles de familias, empobrecimiento y enfermedades.
Además, la construcción de la represa incrementó la deforestación e intensificó la tala ilegal y la inseguridad para las tierras indígenas y tribales, poniendo en riesgo la supervivencia de estos pueblos. Otra consecuencia fue la profundización de la pobreza y de los conflictos sociales, además de la saturación de los sistemas de salud, educación y seguridad pública en Altamira, ciudad clasificada como la más violenta del país en 2017 y donde se incrementó el tráfico de personas y la violencia sexual. También se registró violencia contra las personas defensoras de los derechos humanos involucradas en el caso.
En 2025, durante la 30.ª Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP30), realizada en Brasil, el Ministerio Público Federal tildó de ecocidio el daño ocasionado por Belo Monte.
Foto: Amazon Watch / Maíra Irigaray.
La búsqueda de justicia y reparación
Con los años, el Ministerio Público Federal de Pará, la Defensoría Pública y organizaciones de la sociedad civil presentaron decenas de acciones judiciales ante tribunales brasileños para cuestionar las diversas irregularidades del proyecto, así como sus impactos. La mayoría de las demandas sigue pendiente de resolución, algunas desde hace más de 10 años.
Estas acciones no han prosperado porque el gobierno nacional neutralizó en varias ocasiones fallos favorables a las comunidades afectadas recurriendo a un mecanismo mediante el cual el presidente de un tribunal podía detener una decisión judicial basándose únicamente en argumentos genéricos como el "interés nacional" o el "orden económico".
Frente a la falta de respuestas efectivas a nivel nacional, AIDA —junto a una coalición de organizaciones aliadas— llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en 2010 solicitó medidas cautelares para para proteger la vida, integridad y salud de las comunidades indígenas afectadas.
El 1 abril de 2011, la CIDH otorgó estas medidas y solicitó al Estado brasileño suspender los permisos ambientales y cualquier obra de construcción hasta que se cumplan las condiciones relacionadas con la consulta previa y la protección de la salud e integridad de las comunidades.
Y, el 16 de junio de 2011, presentamos ante la CIDH —junto con el Movimiento Xingú Vivo Para Siempre, la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña, la Diócesis de Altamira, el Consejo Indigenista Misionero, la Sociedad Paraense de Defensa de los Derechos Humanos y Justicia Global— una denuncia formal contra el Estado brasileño por su responsabilidad internacional en la violación de derechos humanos de las personas afectadas en el caso. La denuncia se abrió a trámite en diciembre de 2015.
El 3 de agosto de 2011, la CIDH modificó las medidas cautelares para solicitar —en vez de la suspensión de permisos y obras— la protección de pueblos en aislamiento voluntario, de la salud de las comunidades indígenas, además de la regularización y protección de tierras ancestrales.
Foto: Amazon Watch / Maíra Irigaray.
Situación actual
Las medidas de protección otorgadas por la CIDH continúan vigentes, pero el Estado brasileño no las ha cumplido plenamente, informando solo de acciones genéricas. Las comunidades han documentado la continuidad de las violaciones a sus derechos. La situación que motivo la solicitud de estas medidas —el riesgo para la vida, integridad y los modos de vida de las comunidades— se mantiene y se ha agravado con la operación a plena capacidad de la hidroeléctrica y con las recientes sequías extremas en la Amazonía.
A lo sucedido con Belo Monte se suma el riesgo de mayores afectaciones sociales y ambientales por la implementación de otro megaproyecto minero en la Volta Grande del Xingú. Allí la empresa canadiense Belo Sun pretende construir la mayor mina de oro a cielo abierto de Brasil.
Los impactos sinérgicos y acumulativos de la central y de la mina no fueron evaluados. El Estado excluyó a pueblos indígenas, comunidades ribereñas y campesinas del proceso de autorización ambiental del proyecto. Pese a esto, a protestas indígenas y a otras irregularidades en torno al proyecto, el gobierno de Pará autorizó formalmente la mina en abril de 2026.
Belo Monte, como otras hidroeléctricas, agrava la emergencia climática al generar emisiones de gases de efecto invernadero en su embalse. Y es ineficiente ante las sequías más prolongadas e intensas que la crisis provoca pues pierde capacidad de generar energía.
El caso ante la Comisión Interamericana
En octubre de 2017, la CIDH comunicó que decidiría de manera conjunta sobre la admisibilidad (si el caso cumple los requisitos para ser admitido) y el fondo (si en efecto hubo violaciones de derechos humanos) de la denuncia internacional contra el Estado brasileño.
Tras 15 años de presentada la denuncia, las comunidades afectadas y las organizaciones que las representan aún esperan esta decisión. Si la CIDH concluye que hubo violaciones de derechos humanos y emite recomendaciones que el Estado brasileño no cumple, puede remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas sentencias son vinculantes.
Un eventual fallo del tribunal internacional en el caso sentaría un precedente jurídico regional sobre los derechos de los pueblos indígenas y ribereños, la participación pública en megaproyectos y la responsabilidad estatal en contextos de crisis climática, relevante a la luz de la Opinión Consultiva 32 de la Corte, que reafirmó las obligaciones de los Estados para proteger a personas y comunidades del continente frente a la emergencia climática.
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Nuevo estudio confirma que las grandes represas son una fuente principal de los gases causantes del cambio climático
Investigadores de la Universidad del Estado de Washington concluyeron que todos los embalses, no solo los construidos en zonas tropicales, generan 1.3 por ciento del total de gases de efecto invernadero producido por la humanidad. El hallazgo ratifica una vez más que las represas no son energía limpia y afectan el clima. Seattle, Estados Unidos. Un nuevo e importante estudio a cargo de investigadores de la Universidad del Estado de Washington da cuenta que los embalses de las grandes represas son una fuente “subestimada” de gases de efecto invernadero, principalmente metano, un contaminante 34 veces más dañino que el dióxido de carbono. La investigación evidencia además que todos los embalses, no solo los construidos en zonas tropicales, son gran fuente de emisiones contaminantes a la atmósfera. De acuerdo con el estudio, los gases contaminantes provienen de la descomposición de la materia orgánica que es inundada por los embalses artificiales de agua. La contaminación generada es de gran magnitud. Los embalses generan 1.3 por ciento de los gases de efecto invernadero de toda la humanidad en un año (más que todas las emisiones contaminantes de Canadá) y el 80% de esa contaminación es metano, señala la investigación. “En toda América, gobiernos están impulsando la construcción de cientos de grandes represas, sobretodo para producir energía, argumentando que ayudan a mitigar el cambio climático al ser fuentes limpias”, explicó Astrid Puentes Riaño, codirectora de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). “Es cada vez más claro que las grandes represas, más que una solución, son un problema. Los líderes del mundo deben con urgencia empezar a planificar e implementar soluciones energéticas alternativas a fin de conseguir un avance real en la lucha contra el cambio climático”. Junto con una coalición de organizaciones de la sociedad civil, AIDA, Amazon Watch e International Rivers hemos insistido por años que la implementación de grandes proyectos hidroeléctricos —como la represa Belo Monte en Brasil— causan daños serios al ambiente, el clima, y a los derechos de las comunidades afectadas. “Las grandes represas son uno de los causas más importantes de la destrucción ambiental en la Amazonía”, dice Leila Salazar-López, directora ejecutiva de Amazon Watch. “Además de emitir metano, destruyen la biodiversidad y los bosques ancestrales de miles de comunidades indígenas y tradicionales que han vivido por siglos de los ecosistemas ribereños. Es imprescindible calcular los costos reales de las grandes represas para entender todos sus impactos y no generar más daños que beneficios”. Como organizaciones trabajando en la promoción de soluciones reales al cambio climático, estamos dispuestas a compartir evidencia científica sobre los daños de las grandes represas con gobiernos, organismos internacionales e instituciones financieras, para contribuir al cambio energético que todos necesitamos. “Los nuevos hallazgos tumban el mito de las hidroeléctricas como fuente limpia de electricidad y ponen de relieve porqué las grandes represas deben ser excluidas de los mecanismos de financiamiento climático”, dijo Kate Horner, directora ejecutiva de International Rivers. Los hallazgos de este nuevo estudio deben ser considerados en los inventarios de emisiones contaminantes que contribuyen al cambio climático, y en la ejecución de programas y planes orientados a resolver nuestras necesidades energéticas. Para más información consulte: Estudio de la Universidad del Estado de Washington (inglés). Comunicado de la Universidad del Estado de Washington sobre el estudio (en inglés). Video corto de Astrid Puentes Riaño, codirectora de AIDA, con una breve explicación de la investigación y su importancia. 10 razones por las que las iniciativas climáticas no deberían incluir grandes proyectos hidroeléctricos (manifiesto). Carta abierta a organismos internacionales, gobiernos e instituciones financieras para que dejen de considerar a las grandes represas como energía limpia e implementen soluciones reales al cambio climático. Contactos de prensa: Astrid Puentes Riaño, Codirectora de AIDA, [email protected], +521 5523016639 Moira Birss, Responsable de Comunicaciones, Amazon Watch, [email protected], 510 394 2041 Sarah Bardeen, Directora de Comunicaciones, International Rivers, [email protected], 510 219 5704
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La Industria del Salmón en Chile: Sostenibilidad Imposible
Chile es el segundo mayor productor de salmón a nivel mundial. Por más de 20 años, la industria se viene desarrollando anteponiendo las ganancias económicas a la protección ambiental. Ante la falta de regulación del Estado, la producción masiva de salmón deja a su paso contaminación química, zonas de mar sin vida, daños a otras especies, y perjuicios sociales a las personas y comunidades que dependen de la industria y del mar como sustento. La situación podría empeorar pues la industria amenaza con reinstalarse en zonas nuevas de aguas prístinas. Malas prácticas La salmonicultura en Chile nunca será sostenible porque requiere mucha más proteína de la que genera. Para producir un kilo de salmón, se requiere alrededor de 5 kilos de pesca silvestre para alimentación. Ello es porque el salmón es una especie introducida y carnívora. Años de malas prácticas por parte de las empresas y la falta de control del gobierno han resultado en graves daños ambientales, mismos que han traído consecuencias sociales graves para quienes viven de los productos del mar. En la Isla Grande de Chiloé, por ejemplo, se vive una crisis social relacionada con la catástrofe ambiental generada en gran parte por la industria del salmón, muy intensiva en la zona. En Chile, los proponentes de proyectos deben presentar declaraciones o estudios de impacto ambiental, según el potencial del proyecto de dañar la naturaleza. Pese al gran riesgo que implican para los ecosistemas, los proyectos de salmonicultura son admitidos mediante meras declaraciones juradas, y no por estudios que permitan identificar y manejar adecuadamente sus posibles impactos negativos. El resultado son miles de criaderos de salmón en funcionamiento. Cada uno consiste en balsas jaulas que, sin suficiente separación entre sí ni condiciones sanitarias adecuadas, albergan miles de salmones apretujados (el doble de lo que se permite en Europa). Aunque parezca difícil de creer y pese a que la ley dice lo contrario, en Chile no se han hecho estudios sobre la capacidad del océano, lagos y ríos de albergar la cantidad de salmones que se cultivan. Estos salmones en cautiverio son alimentados con pellets, una especie de píldoras que además de pesca silvestre transformada en harina de pescado, contienen pesticidas, colorantes, fungicidas y otros químicos que mejoran la producción. Gran parte de esas píldoras no son consumidas y caen al fondo del mar. Además, a cada salmón se le inyecta una cantidad exorbitante de antibióticos (hasta 5 mil veces más que lo que se usa en Noruega). Finalmente, los desechos generados por los peces, los cuales contienen los químicos suministrados, se acumulan también en el fondo del mar. Más de 20 años de estas prácticas han causado zonas de mar muertas donde la vida ya no es posible. Otro grave problema es que los salmones suelen escapar de sus jaulas. Según un informe de la ONG Terram, los escapes en Chile representan el 1.5% de la producción, equivalente a más de 9 mil toneladas al año. Algunos estudios dan cuenta que ese porcentaje podría llegar a 5%. Aunque por ley los centros de cultivo deben tener planes de recaptura, muchas veces éstos no tienen éxito. El salmón es una especie agresiva que, puesta en libertad, compite con los peces locales por casa y comida, y les transmite enfermedades. Crisis en el mar En mayo, las costas chilenas fueron devastadas por una marea roja más dañina que nunca. El fenómeno natural, caracterizado por el incremento excesivo de microalgas de las que se alimentan algunos animales, dejó varadas ballenas, calamares, sardinas y hasta aves (ver aquí un testimonio). Los salmones en cautiverio también fueron afectados y la industria sufrió pérdidas millonarias: miles de toneladas de cadáveres de salmón se pudrieron en las balsas jaulas. La mortalidad fue tal que la autoridad marítima nacional autorizó arrojar 9 mil toneladas de salmón muerto al mar. Según la industria salmonera y el gobierno, la marea roja tuvo su origen en el fenómeno de El Niño, agravado por el calentamiento climático. No obstante, algunos científicos aseguran que en gran medida las salmoneras son las responsables por someter al mar a sus malas prácticas por años (ver el informe de la Fundación Crea y el de Greenpeace). ¡Patagonia sin salmoneras! La industria salmonera no solo no ha aprendido de sus errores, sino que ahora busca expandirse a aguas más puras que aún no han sido contaminadas, para continuar su negocio. Es lo que está pasando en la región patagónica de Magallanes y en Aysén, donde aproximadamente 3,100 solicitudes esperan confirmación. 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