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Amazon Watch / Maíra Irigaray
La represa Belo Monte en el río Xingú: 10 años de impactos en la Amazonía y de búsqueda de reparación
La represa Belo Monte ha causado un desastre ambiental y social en plena Amazonía: uno de los ecosistemas más importantes del planeta.
Esta situación solo se ha profundizado luego de que la hidroeléctrica entrara en operación en 2016. También persiste hasta hoy la búsqueda de justicia y reparación de las comunidades indígenas, pesqueras y ribereñas afectadas.
En 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) les otorgó medidas de protección que a la fecha no han sido cumplidas plenamente por el Estado brasileño.
Y, desde junio del mismo año, la CIDH tiene pendiente resolver una denuncia contra el Estado por su responsabilidad internacional en el caso.
La CIDH puede remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene la facultad de emitir un fallo que condene al Estado brasileño.
Tras 10 años de funcionamiento de la hidroeléctrica y más de 15 años de violaciones de derechos humanos documentadas, es tiempo de que la justicia llegue a las comunidades afectadas.
Lee la carta abierta de las organizaciones que llevan el caso ante la CIDH
Antecedentes
La hidroeléctrica Belo Monte —la cuarta más grande del mundo por su capacidad instalada (11,233 MW)— fue construida en el río Xingú, en el estado de Pará, al norte de Brasil.
Fue inaugurada el 5 de mayo de 2016 con una sola turbina. En ese momento se desvió el 80% del curso del río y se inundaron 516 km² de tierra, un área mayor que la ciudad de Chicago. De esa superficie, 400 km² eran bosque nativo. La represa comenzó a funcionar con toda su capacidad en noviembre de 2019.
Belo Monte fue construida y es operada por el consorcio Norte Energía S. A., formado en su mayoría por empresas estatales. Fue financiada por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), que dio al consorcio 25.400 millones de reales (unos 10.160 millones de dólares), la mayor inversión en su historia. Por tanto, el BNDES también es legalmente responsable de los impactos socioambientales asociados a la hidroeléctrica.
Décadas de daños al ambiente y a las personas
Las violaciones de derechos humanos y la degradación de la Amazonía se remontan a los inicios del proyecto. En marzo de 2011, Norte Energía empezó a construir la represa sin una consulta adecuada y sin el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades afectadas.
La construcción provocó el desplazamiento forzado de más de 40 mil personas, rompiendo lazos sociales y culturales. El plan de reasentamiento en Altamira —ciudad directamente afectada por la hidroeléctrica— se hizo con construcciones ubicadas en la periferia, sin servicios públicos adecuados, sin condiciones de vivienda digna para las familias relocalizadas ni diferenciadas para aquellas de comunidades indígenas.
La operación de Belo Monte impuso en la Volta Grande (o "Gran Recodo") del río Xingú una sequía permanente y artificial agravada por las sequías históricas de la Amazonía en 2023 y 2024. A raíz de esto, se documentó la muerte de millones de huevos de peces por cuatro años consecutivos (de 2021 a 2024) y, desde hace tres años, no existe migración de peces río arriba desovar y reproducirse. Así, la pesca artesanal, principal fuente de proteína para pueblos indígenas y comunidades ribereñas fue gravemente afectada: el pescado cayó del 50 al 30% en el total de proteína consumida, reemplazado por alimentos industrializados. En resumen, hubo un colapso ambiental y humanitario traducido en el derrumbe de la pesca como modo de vida tradicional, falta de seguridad alimentaria y de acceso a agua potable para miles de familias, empobrecimiento y enfermedades.
Además, la construcción de la represa incrementó la deforestación e intensificó la tala ilegal y la inseguridad para las tierras indígenas y tribales, poniendo en riesgo la supervivencia de estos pueblos. Otra consecuencia fue la profundización de la pobreza y de los conflictos sociales, además de la saturación de los sistemas de salud, educación y seguridad pública en Altamira, ciudad clasificada como la más violenta del país en 2017 y donde se incrementó el tráfico de personas y la violencia sexual. También se registró violencia contra las personas defensoras de los derechos humanos involucradas en el caso.
En 2025, durante la 30.ª Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP30), realizada en Brasil, el Ministerio Público Federal tildó de ecocidio el daño ocasionado por Belo Monte.
La búsqueda de justicia y reparación
Con los años, el Ministerio Público Federal de Pará, la Defensoría Pública y organizaciones de la sociedad civil presentaron decenas de acciones judiciales ante tribunales brasileños para cuestionar las diversas irregularidades del proyecto, así como sus impactos. La mayoría de las demandas sigue pendiente de resolución, algunas desde hace más de 10 años.
Estas acciones no han prosperado porque el gobierno nacional neutralizó en varias ocasiones fallos favorables a las comunidades afectadas recurriendo a un mecanismo mediante el cual el presidente de un tribunal podía detener una decisión judicial basándose únicamente en argumentos genéricos como el "interés nacional" o el "orden económico".
Frente a la falta de respuestas efectivas a nivel nacional, AIDA —junto a una coalición de organizaciones aliadas— llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en 2010 solicitó medidas cautelares para para proteger la vida, integridad y salud de las comunidades indígenas afectadas.
El 1 abril de 2011, la CIDH otorgó estas medidas y solicitó al Estado brasileño suspender los permisos ambientales y cualquier obra de construcción hasta que se cumplan las condiciones relacionadas con la consulta previa y la protección de la salud e integridad de las comunidades.
Y, el 16 de junio de 2011, presentamos ante la CIDH —junto con el Movimiento Xingú Vivo Para Siempre, la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña, la Diócesis de Altamira, el Consejo Indigenista Misionero, la Sociedad Paraense de Defensa de los Derechos Humanos y Justicia Global— una denuncia formal contra el Estado brasileño por su responsabilidad internacional en la violación de derechos humanos de las personas afectadas en el caso. La denuncia se abrió a trámite en diciembre de 2015.
El 3 de agosto de 2011, la CIDH modificó las medidas cautelares para solicitar —en vez de la suspensión de permisos y obras— la protección de pueblos en aislamiento voluntario, de la salud de las comunidades indígenas, además de la regularización y protección de tierras ancestrales.
Situación actual
Las medidas de protección otorgadas por la CIDH continúan vigentes, pero el Estado brasileño no las ha cumplido plenamente, informando solo de acciones genéricas. Las comunidades han documentado la continuidad de las violaciones a sus derechos. La situación que motivo la solicitud de estas medidas —el riesgo para la vida, integridad y los modos de vida de las comunidades— se mantiene y se ha agravado con la operación a plena capacidad de la hidroeléctrica y con las recientes sequías extremas en la Amazonía.
A lo sucedido con Belo Monte se suma el riesgo de mayores afectaciones sociales y ambientales por la implementación de otro megaproyecto minero en la Volta Grande del Xingú. Allí la empresa canadiense Belo Sun pretende construir la mayor mina de oro a cielo abierto de Brasil.
Los impactos sinérgicos y acumulativos de la central y de la mina no fueron evaluados. El Estado excluyó a pueblos indígenas, comunidades ribereñas y campesinas del proceso de autorización ambiental del proyecto. Pese a esto, a protestas indígenas y a otras irregularidades en torno al proyecto, el gobierno de Pará autorizó formalmente la mina en abril de 2026.
Belo Monte, como otras hidroeléctricas, agrava la emergencia climática al generar emisiones de gases de efecto invernadero en su embalse. Y es ineficiente ante las sequías más prolongadas e intensas que la crisis provoca pues pierde capacidad de generar energía.
El caso ante la Comisión Interamericana
En octubre de 2017, la CIDH comunicó que decidiría de manera conjunta sobre la admisibilidad (si el caso cumple los requisitos para ser admitido) y el fondo (si en efecto hubo una violación de derechos humanos) de la denuncia internacional contra el Estado brasileño.
Tras 15 años de presentada la denuncia, las comunidades afectadas y las organizaciones que las representan aún esperan esta decisión. Si la CIDH concluye que hubo violaciones de derechos humanos y emite recomendaciones que el Estado brasileño no cumple, puede remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas sentencias son vinculantes.
Un eventual fallo del tribunal internacional en el caso sentaría un precedente jurídico regional sobre los derechos de los pueblos indígenas y ribereños, la participación pública en megaproyectos y la responsabilidad estatal en contextos de crisis climática, relevante a la luz de la Opinión Consultiva 32 de la Corte, que reafirmó las obligaciones de los Estados para proteger a personas y comunidades del continente frente a la emergencia climática.
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Seis Humedales Colombianos de Importancia Mundial
Colombia es un país bendecido con ecosistemas, biodiversidad y fuentes de agua. Tiene tres cordilleras, fértiles suelos andisoles (de origen volcánico y sustento de entornos vitales), la mitad de los páramos del mundo, clima ecuatorial (con temperaturas altas constantes), selvas amazónicas y las aguas del Caribe y el Pacífico. Es el primer país del mundo en diversidad de aves y orquídeas, el segundo en plantas y anfibios, el tercero en reptiles y palmas, y el cuarto en mamíferos. A ello se suma un largo y diverso etcétera. Parte del valor ambiental de Colombia son los seis humedales de su territorio incluidos en la Lista de Humedales de Importancia Internacional de la Convención Ramsar, un tratado intergubernamental que protege esos ecosistemas. Al estar en la lista, estos humedales no solo son valiosos para Colombia, sino para la humanidad en su conjunto. ¿Dónde están?, ¿por qué son importantes? y ¿qué peligros enfrentan? 1. Ciénaga Grande de Santa Marta, Sistema Delta Estuarino del Río Magdalena. Ubicado en el departamento del Magdalena, es el complejo lagunar más grande de Colombia. Allí confluyen el agua del río Magdalena y el agua salada del mar Caribe. Es refugio de aves migratorias y locales. Está en peligro por la construcción de 27 kilómetros de diques y otras obras de infraestructura, la quema y tala de vegetación, y las sequías. AIDA ha trabajado junto con dos universidades colombianas para abogar por la protección de la Ciénaga ante el Secretariado de Ramsar. 2. Sistema Lacustre de Chingaza. Es un conjunto de lagunas y páramos donde viven especies animales y vegetales en peligro como el oso de anteojos y el frailejón (planta con hojas jugosas y velludas). También es refugio de aves migratorias. Según el Instituto Humboldt “el páramo de Chingaza, con 40.000 hectáreas, aporta el 80% de agua a Bogotá". Si Chingaza es deteriorado al punto de desaparecer, Bogotá tendría que gastar enormes cantidades de dinero para obtener el agua que este páramo le provee En AIDA abogamos por la protección de los páramos, ecosistemas que ocupan apenas el 1,7% del territorio continental de Colombia, pero que son fuente de más del 70% del agua potable del país. 3. Complejo de Humedales de la Laguna del Otún. Ubicado dentro del Parque Nacional Natural Los Nevados, en la Cordillera Central de los Andes colombianos, el complejo incluye lagunas, turberas (humedales que acumulan materia orgánica) y pantanos interconectados con glaciares y vegetación de páramos. El sitio es hogar de 52 especies de aves, muchas de ellas en peligro. Entre las amenazas que el sitio enfrenta están la ganadería, la basura, incendios, especies invasoras y actividades de turismo ilegales. 4. Delta del río Baudó. Este río nace en la serranía del Baudó, recorre 180 kilómetros por el departamento del Chocó y desemboca en el océano Pacífico. A pesar de ser un río corto, las abundantes lluvias de la región hacen que el Baudó llegue al Pacífico con un gran caudal. La tala indiscriminada de mangle y la sobreexplotación pesquera son sus principales amenazas. 5. Complejo de Humedales de la Estrella Fluvial del Inírida. Está ubicado en una zona de transición entre las regiones de la Orinoquía y la Amazonía, cerca del sitio sagrado indígena del Cerro de Mavicure. Según el Ministerio de Ambiente, el sitio alberga 903 especies de plantas, 200 mamíferos y 40 de anfibios. Entre la fauna del lugar, la nutria, el jaguar y el delfín rosado, están en peligro crítico. Este ecosistema está amenazado por la minería ilegal de coltán y oro, los vertimientos de mercurio y, en su zona de amortiguación, por los cultivos considerados de uso ilícito, la ganadería, el desecamiento y la potrerización (reemplazo de bosques por potreros). 6. Laguna de la Cocha. En quechua, Cocha significa laguna. Ubicada en el departamento de Nariño, a 2,800 metros sobre el nivel del mar, es la segunda laguna más grande de Colombia. En sus riberas habitan pescadores, agricultores y descendientes de los indígenas quillacingas. La Cocha contiene la pequeña isla de La Corota. Allí llegan visitantes domésticos y extranjeros para avistar especies animales y vegetales. Esta laguna está en peligro por la ganadería, la agricultura intensiva, la deforestación y la erosión. Características valiosas Para considerarlos sitios que merecen atención mundial, la Convención Ramsar tomó en cuenta las funciones ecológicas fundamentales de los humedales colombianos para regular los regímenes del ciclo del agua y ser hábitat de animales y plantas características, especialmente de aves acuáticas. Vio además que son fuente de agua dulce, contribuyen a la recarga de acuíferos, entre muchos otros servicios. Incluso mitigan el cambio climático. La Convención reconoció que los humedales “constituyen un gran valor económico, cultural, científico y recreativo, cuya pérdida sería irreparable”. Pese a su valor, los humedales enfrentan una serie de amenazas a su existencia: su sobreexplotación, la pérdida de agua, quemas, talas, contaminación tóxica, minería a gran escala, cultivos y ganadería a gran escala, carreteras que interrumpen el ciclo natural del agua, el cambio climático, entre otras. Películas emblemáticas de Colombia han sido filmadas en estos humedales. Entre ellas están El abrazo de la serpiente (Estrella Fluvial del Inírida) y La Sirga (Laguna de la Cocha). Nuestro deber moral y social, y nuestra obligación ante el derecho internacional ambiental y la Convención Ramsar, es cuidar la delicada riqueza de estos humedales con los que afortunadamente contamos en esta esquina biodiversa de Sudamérica.
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