Prensa

February 14 2007

Fumigación Aérea del Plan Colombia NO HA PROBADO SER SEGURA para el ambiente - Nota de Prensa para el Congreso de los Estados Unidos

February 14, 2007 Anna Cederstav, AIDA (510) 550-6700 [email protected] Astrid Puentes, AIDA (5255) 52120141 [email protected] PLAN COLOMBIA AERIAL HERBICIDE SPRAYING NOT PROVEN SAFE FOR THE ENVIRONMENT Critique of recent studies by international environmental NGO released to Congress today OAKLAND, CA, MÉXICO, D.F. - In December, the Colombian government violated a bilateral accord with Ecuador by spraying a mixture of herbicides intended to destroy coca crops within 10 kilometers of the Ecuadorian border. To justify the spraying, Colombia relied on studies by a team from the Inter-American Drug Abuse Control Commission (CICAD) of the Organization of American States (OAS), claiming that the spray mixture is safe. However, an independent review of CICAD’s recent studies, released to members of the U.S. Congress today, shows that the pesticide mixture being sprayed has not, in fact, been proven safe for the environment, and that Ecuador has substantial cause to oppose the spraying. According to the Interamerican Association for Environmental Defense (AIDA), the first CICAD Environmental and Human Health Assessment of the Aerial Spray Program for Coca and Poppy Control in Colombia, released in 2005, did not assess many of the greatest potential ecological and human health risks posed by the aerial eradication program in Colombia. Because of these omissions and the potential environmental risk of the spraying, the U.S. Congress requested further studies to better assess whether the mixture is truly safe for the environment. Preliminary results from the follow-up studies, released in August 2006, show that the mixture is indeed potentially harmful to the environment, and particularly to amphibians – the spray mixture killed 50 percent of the amphibians exposed in less than 96 hours. According to Earthjustice scientist and AIDA’s Program Director Anna Cederstav, “Contrary to what is argued by the government, this study shows sufficient cause for concern to suspend the sprayings due to potential environmental impacts, especially considering that Colombia has the second highest amphibian biodiversity in the world and the most threatened amphibian species.” Many other key questions about the environmental impacts of the spraying also remain unanswered, despite the U.S. Congressional mandate to conduct the studies. For example, the State Department has not provided adequate information about the location of and risk to sensitive water bodies and has done nothing to address whether other threatened species are likely to be harmed. Without these determinations, the claim by the Colombian government that it is safe to spray along the Ecuadorian border is misinformed. “Given the number of unanswered questions about the safety of the spraying, and considering the precautionary principle and the international obligation not to cause impacts to the territories of other States, the Colombian government should halt spraying immediately, and instead implement more effective and environmentally safe alternatives for coca eradication,” said Astrid Puentes, AIDA’s Legal Director.

December 01 2006

AIDA Cuestiona las Fumigaciones de Colombia en la Frontera con Ecuador

AIDA cuestiona las fumigaciones en la frontera con Ecuador y establece en nuevo análisis que las fumigaciones aéreas en Colombia no son seguras para el ambiente El gobierno colombiano está violando un acuerdo bilateral con Ecuador al fumigar con una mezcla de herbicidas dentro de la zona de 10 kilómetros de la frontera ecuatoriana, con el fin de destruir cultivos de coca. Colombia se basa en estudios realizados por un equipo de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) de la Organización de Estados Americanos (OEA) para sostener que la mezcla de herbicidas utilizada es segura. Sin embargo, una revisión de AIDA a los informes recientes de la CICAD muestra que realmente no se ha probado que la mezcla de herbicidas utilizada sea segura para el medio ambiente y que, por lo tanto, Ecuador tiene sólidos motivos para oponerse a las fumigaciones. La primera Evaluación del Ambiente y la Salud Humana del Programa de Fumigación Aérea para el Control de la Coca y la Amapola en Colombia, publicada en 2005, no evaluó gran parte de los mayores riesgos potenciales para la ecología y la salud humana que plantea el programa de erradicación aérea en Colombia. El Congreso de los Estados Unidos solicitó estudios adicionales para determinar si la mezcla es verdaderamente peligrosa. Resultados preliminares de los estudios de seguimiento, publicados en agosto del 2006, muestran que, en efecto, la mezcla utilizada es potencialmente peligrosa para el medio ambiente y en particular para los anfibios, ya que dentro de las 96 horas de la aplicación, mató el 50% de los anfibios expuestos. El Departamento de Estado de EEUU tampoco ha proporcionado información adecuada sobre la ubicación y el riesgo por las fumigaciones a cuerpos de agua vulnerables, ni ha hecho nada para evaluar si es probable que otras especies amenazadas se estén perjudicando. Sin considerar estas conclusiones, la afirmación del gobierno colombiano de que la mezcla de herbicidas es suficientemente segura para ser asperjada a lo largo de la frontera ecuatoriana no es exacta.

August 01 2006

AIDA Evidencia Necesidad de Programas de Desarrollo Alternativo en Colombia

AIDA Evidencia Necesidad de Programas de Desarrollo Alternativo en Colombia Después de seis años, el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos con Glifosato (PECIG) no alcanzó el objetivo inicialmente planteado de eliminar el 50% de los cultivos ilícitos existentes en Colombia. A pesar de invertir US$1,200 millones y de haber fumigado más de cuatro veces el área inicial, todavía hay casi la misma área de cultivos de uso ilícito que existía al comienzo. Adicionalmente, las fumigaciones han causado graves impactos sociales y riesgos a la salud humana y al ambiente que se desconocen con exactitud. Por lo anterior, AIDA elaboró un informe analizando algunos programas participativos sostenibles de desarrollo alternativo como una opción a las fumigaciones aéreas. Este informe recomienda a los gobiernos de Colombia y de Estados Unidos la reevaluación de la política actual y un incremento significativo para dichas alternativas, dentro de una estrategia integral que tenga en cuenta las verdaderas causas para estos cultivos. El documento estudia cinco programas diferentes –incluyendo los implementados por la Unidad de Parques Nacionales Naturales, ECOFONDO y algunos de la Presidencia de la República-- que si bien tienen aspectos a mejorar, arrojan resultados positivos. El estudio concluye que estos programas de desarrollo alternativo son más efectivos y menos costosos que las fumigaciones aéreas con glifosato, por lo cual, con las mejoras necesarias, constituyen una opción a fortalecer.

June 01 2006 Contaminación Tóxica, Derechos Humanos

¡Victoria legal! - El Tribunal Constitucional Peruano Ordena al Gobierno Atender la Emergencia de Salud Pública en La Oroya

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA: 12 de mayo de 2006 Contactos: Dra. Anna Cederstav, Earthjustice/AIDA, (510) 457-4010 [email protected] Dr. Carlos Chirinos, SPDA, (+511) 441-9171 [email protected] Hunter Farrell, MOSAO/Mesa Técnica, (+511) 97094921 ¡Victoria legal! Tribunal constitucional ordena al Ministerio de Salud disponer urgente Atención de niños y gestantes contaminados con plomo en La Oroya Dispone además que se realicen acciones tendientes a la declaratoria del Estado de Alerta en esta ciudad LIMA, PERÚ — El Tribunal Constitucional (TC) dispuso ordenar al Ministerio de Salud, para que en el plazo de 30 días, implemente un sistema de emergencia para atender a las personas contaminadas con plomo en la sangre en el caso de la ciudad de la Oroya, debiendo priorizar la atención médica especializada de niños y mujeres gestantes, a efectos de su inmediata recuperación, bajo apercibimiento de aplicar las medidas coercitivas a que hubiera lugar. Así lo señala en la sentencia que declara fundada la demanda de cumplimiento, recaída en el Exp. Nº2002-2006-PC/TC. El TC encuentra que tal como se aprecia en una serie de estudios, desde el año 1999, la propia Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), así como diferentes instituciones, acreditaron la existencia de exceso de contaminación en el aire de la ciudad de La Oroya, y que en el caso de contaminación por plomo en la sangre, sobre todo de niños, se sobrepasó el límite máximo establecido por la Organización Mundial de la Salud. Del mismo modo el TC ordena que el Ministerio de Salud, a través de DIGESA, que en el plazo de 30 días, cumpla con realizar todas aquellas acciones tendientes a la expedición del diagnóstico de línea base conforme lo exige el artículo 11º del Decreto Supremo Nº 074-2001-PCM, Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire, de modo tal que a la brevedad posible puedan implementarse los respectivos planes de acción para el mejoramiento de la calidad del aire en la ciudad de La Oroya. También se ordena al Ministerio de Salud, para que en el mismo plazo, cumpla con realizar todas aquellas acciones tendientes a la declaratoria del Estado de Alerta en la ciudad de La Oroya conforme lo exigen los artículos 23º y 25º del Decreto Supremo Nº 074-2001-PCM y el artículo 105º de la Ley Nº 26842. En el caso concreto de la población de la ciudad de La Oroya, sobretodo de los niños y mujeres gestantes, considerando que desde el año 1999, en que se realizaron los primeros estudios que determinaron la existencia de población contaminada con plomo en la sangre, hasta la actualidad, han transcurrido más de 7 años, sin que el Ministerio de Salud haya implementado un sistema de emergencia que proteja, recupere y rehabilite la salud de la población afectada. Por ello, al profundizar el análisis del problema, el TC plantea la siguiente interrogante: ¿Qué más se debe esperar para que el Ministerio de Salud cumpla su deber de dictar las medidas indispensables e inmediatas para que se otorgue atención médica especializada a la población de La Oroya cuya sangre se encuentra contaminada con plomo?. En su extensa sentencia el TC considera que si bien en la labor de atención de la salud de la población resulta importante la actuación conjunta entre el Ministerio de Salud y empresas privadas, es necesario precisar que ante situaciones de grave alteración de la salud como la contaminación por plomo en la sangre, como sucede en el caso de los niños y mujeres gestantes de la ciudad de La Oroya, el Ministerio de Salud, en tanto ente rector del Sector Salud, es el principal responsable de la recuperación inmediata de la salud de los pobladores que se encuentran afectados en las situaciones antes descritas. Finalmente, el TC exhorta al Gobierno Regional de Junín, Municipalidad Provincial de Yauli - La Oroya, Ministerio de Energía y Minas, Consejo Nacional del Ambiente y empresas privadas tales como la Empresa Doe Run Perú SRL, entre otras, que desarrollan sus actividades mineras en la zona geográfica que comprende a la ciudad de La Oroya, a participar, urgentemente, en las acciones pertinentes que permitan la protección de la salud de los pobladores de la referida localidad, así como la del medio ambiente de La Oroya, debiendo priorizarse, en todos los casos, el tratamiento de los niños y las mujeres gestantes.

November 21 2005 Derechos Humanos, Contaminación Tóxica

Solicitan Medidas Cautelares ante CIDH para Enfrentar Crisis de Salud Publica en La Oroya, Peru

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA: 21 de noviembre de 2005 Solicitan Medidas Cautelares ante CIDH para Enfrentar Crisis de Salud Publica en La Oroya, Peru Estudio de Marzo, 2005 encontró que el 99 por ciento de los niños en la ciudad están contaminados con plomo. SAN JOSÉ, COSTA RICA – La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Earthjustice y el Centro de Derechos Humanos y el Ambiente (CEDHA), en representación de un grupo de ciudadanos de La Oroya solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tomar acciones inmediatas para proteger el derecho a la vida y la salud de los residentes de La Oroya, Perú. Los habitantes de La Oroya están siendo seriamente afectados debido a la grave contaminación generada por la operación de un complejo metalúrgico. En concreto, las organizaciones solicitaron a la Comisión que ordenara al Estado Peruano: Proveer diagnóstico y atención médica adecuados a los habitantes de La Oroya Implementar programas de educación y salud Asegurar una apropiada evaluación y seguimiento del “Plan de Adecuación y Manejo Ambiental” propuesto por la empresa Controlar efectivamente las emisiones atmosféricas del complejo Evaluar los niveles de contaminación en las casas Tomar medidas adicionales para asegurar que los niveles de plomo en sangre de los residentes de La Oroya cumplen con los estándares internacionales de salud. La urgencia de las medidas solicitadas en la ciudad andina de La Oroya, 175 kms. al este de Lima, se fundamenta en los elevados índices de contaminación que el complejo metalúrgico genera, particularmente por plomo, arsénico, cadmio y dióxido de azufre. Desde 1999 el Estado Peruano ha comprobado que casi la totalidad de los niños que habitan en los alrededores del complejo sufren de intoxicación con plomo, sin que se hayan implementado las medidas necesarias para remediar esta situación. El estudio más reciente, marzo del 2005, evidencia nuevamente que el 99 por ciento de los niños y niñas evaluados tienen niveles de plomo en sangre por encima de los límites establecidos por la Organización Mundial para la Salud, OMS, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y las normas peruanas. “Buscamos disminuir los altos niveles de plomo y otros contaminantes como cadmio, arsénico y dióxido de azufre en la ciudad, debido a que esto genera graves problemas de salud pública, incluyendo altos índices de enfermedades respiratorias como asma y bronquitis,” afirmó Martin Wagner, abogado de Earthjustice. De acuerdo con Romina Picolotti de CEDHA, “en lugar de proteger la salud de los habitantes, el Estado Peruano ha dilatado las medidas a implementar para el control de la contaminación y no ha exigido el cumplimiento de las normas ambientales y de protección de la salud pública”. “Esta omisión ha aumentado el riesgo para la salud, la vida y la integridad de los habitantes de La Oroya”, agregó Fernanda Doz Costas, abogada de CEDHA. En abril del 2005 el poder judicial ordenó también la implementación de medidas de protección, que fueron apeladas por el Estado Peruano, razón por la cual hasta el momento no se han cumplido. “No hay duda que los daños severos causados por la contaminación en La Oroya violan los derechos humanos fundamentales de sus residentes”, dijo Martin Wagner, abogado de Earthjustice. “La intervención de la Comisión Interamericana podría proteger a miles de niños y niñas y otras víctimas de daños futuros”. CONTACTOS: Carlos Chirinos, +511-4222720 ([email protected]) Romina Picolotti, CEDHA +54 (351) 425-6278 ([email protected]) Astrid Puentes, AIDA +52 (55) 5212-0141 ([email protected]) Martin Wagner, Earthjustice +1 (510) 550-6700 ([email protected])

April 01 2005 Derechos Humanos, Contaminación Tóxica

Juez Ordena Medidas para Recuperación de Salud Pública en La Oroya

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA: 14 de abril de 2005 Juez Ordena Medidas para Recuperación de Salud Pública en La Oroya En Abril del 2005, el 22º Juzgado Civil de Lima ordenó al Ministerio de Salud del Perú (MINSA) y a la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), la implementación de medidas concretas para el mejoramiento de la crisis de salud pública en La Oroya, Perú, la ciudad donde la compañía estadounidense, Doe Run, opera un complejo metalúrgico de metales múltiples. La sentencia determinó que MINSA y DIGESA han incumplido las leyes de salud aplicables. Adicionalmente, la juez declaró que el gobierno no ha tomado acciones para proteger la salud de los afectados, a pesar que numerosos estudios evidencian la crisis de salubridad en La Oroya. La actividad metalúrgica produce una alta contaminación por metales pesados y dióxido de azufre. Según el último estudio realizado por DIGESA y por la compañía, la contaminación es tan alta que más del 99% de los niños menores de seis años, que habitan en el vecindario más cercano al Complejo—La Oroya Antigua—padecen de niveles de plomo en sangre mayores a los límites establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

March 30 2005 Océanos

Admitido Amparo para Proteccion de las Tortugas Baulas, Costa Rica

PARA PUBLICACION INMEDIATA 30, Marzo 2005 CONTACTOS: Rolando Castro, CEDARENA, (506) 283-7080, [email protected] Anna Cederstav, AIDA (510) 550-6748, [email protected] ADMITIDO AMPARO PARA PROTECCION DE LAS TORTUGAS BAULAS SAN JOSE, Costa Rica—La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica admitió para su estudio un Recurso de Amparo interpuesto en contra de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), la Municipalidad de Santa Cruz y el Ministerio de Hacienda, adicionando al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), por la violación del derecho constitucional a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, derivado de la falta de protección del Parque Nacional Marino Las Baulas (PNMB). En su Resolución, la Sala Constitucional solicitó informes a los demandados y suspendió las autorizaciones de las construcciones en el Parque. El amparo, interpuesto por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), y sus organizaciones participantes costarricenses, el Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales (CEDARENA) y Justicia para la Naturaleza (JPN), busca la protección efectiva del PNMB, creado en 1995 con el fin de proteger la anidación de tortugas marinas Baula o Laúd. La demanda se interpuso para impedir construcciones dentro del parque nacional que afectarían el ecosistema en el que estas tortugas anidan. Las tortugas baula son animales jurásicos, contemporáneos de los dinosaurios y sobrevivientes de la época de las glaciaciones, declaradas internacionalmente como en peligro crítico de extinción. Esta especie requiere de condiciones particulares para la anidación, por lo cual el impacto de los seres humanos en las playas y las luces de las construcciones propuestas tendrían una severa afectación sobre ella. Para asegurar el cumplimiento de estas condiciones se creó el Parque Nacional Marino Las Baulas, que incluye las playas de Carbón, Ventanas, Langosta y Playa Grande, constituyéndose en la zona más importante de anidación de esta especie en el Océano Pacífico Oriental. De hecho, el 80% de las tortugas baula que anidaron en Costa Rica entre el 2001 y 2002 lo hicieron en el PMNB. Otras playas de anidación en Costa Rica ya han sido destruidas, como Flamingo y Tamarindo, por la falta de planificación. “Buscamos evitar que pase lo mismo en el Parque Marino Las Baulas,” afirmó Anna Cederstav, Directora de Programas de AIDA. “Costa Rica tiene una oportunidad importante para proteger esta especie que es patrimonio de la humanidad, además de ser un valioso recurso económico para el país.” La Procuraduría General de la República, en un informe del 2004, exhortó a las autoridades a abstenerse de autorizar construcciones en el Parque, dada la fragilidad de las baulas. Sin embargo, esta recomendación no se ha cumplido hasta el momento, ni las autoridades han acatado sus funciones. La Municipalidad de Santa Cruz debe velar por los intereses locales y la protección del ambiente de su jurisdicción. LA SETENA, por su parte, debe velar para que los proyectos que se construyan en áreas ambientalmente frágiles como las áreas protegidas, no causen impactos negativos en estas. El MINAE debe expropiar los terrenos necesarios para consolidar el Parque y el Ministerio de Hacienda tiene la obligación de destinar los recursos necesarios para realizar las expropiaciones. Las ONGs interpusieron el recurso de amparo debido al incumplimiento de estas obligaciones. Además, para evitar el daño irreparable que las construcciones pueden causar, mientras se realizan los procesos de expropiación. “La suspensión de las obras y de los permisos envía un claro mensaje a la SETENA y a la Municipalidad que entratándose de parques nacionales se debe actuar con sumo cuidado y no aprobar proyectos que pongan en peligro el fin mismo del parque”, aseguró Rolando Castro, abogado de CEDARENA. “Confiamos en que la Sala Constitucional decidirá a favor de las tortugas baula, especie que como ha dicho la Sala no nos pertenece por ser un recurso compartido y altamente migratorio. El PNMB tiene un gran potencial como destino turístico y científico, y es una fuente importante de ingresos económicos”. Este caso sentaría un importante precedente ya que hay otros parques nacionales bajo un riesgo similar, no sólo en Costa Rica sino en toda la región.

February 08 2004 Derechos Humanos, Contaminación Tóxica

Riesgo de Salud en La Oroya es Mayor de lo Pensado: Plomo y Compuestos de Plomo Clasificados como Cancerígenos

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA: 8 de febrero de 2005 Contactos: Carlos Chirinos, SPDA, +51-4211394, [email protected] Eliana Ames, LABOR, +51-2616515, [email protected] Anna Cederstav, AIDA, +1-510-550-6748 (EEUU) RIESGO DE SALUD EN LA OROYA ES MAYOR DE LO PENSADO: PLOMO Y COMPUESTOS DE PLOMO CLASIFICADOS COMO CANCERÍGENOS. LIMA, PERÚ – El 31 de enero de 2005, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos publicó el Informe Semestral sobre Cancerígenos, el cual incluye por primera vez el plomo y todos los compuestos con contenido de plomo como sustancias que probablemente causan cáncer en seres humanos. Este informe enlista las sustancias cancerígenas en dos categorías, aquellas “conocidas como cancerígenas para el hombre,”y aquellas “con probabilidad razonable de ser un cancerígeno para el hombre.”Debe resaltarse en este Informe la inclusión del plomo y de los compuestos del plomo en la categoría de “probabilidad razonable de ser un cancerígeno humano”. Esta nueva clasificación de plomo y todos los compuestos de plomo se ha basado en datos epidemiológicos de estudios en humanos y en evidencia sustancial de estudios en animales experimentales. Por ejemplo, se demostró que la exposición al plomo aumenta la presencia de tumores en los riñones, el cerebro, el sistema hematopoyético y los pulmones en ratas y/o ratones (IARC 1980, 1987). Todavía no se entienden completamente los mecanismos por los que el plomo causa cáncer, pero los estudios realizados en seres humanos que estuvieron expuestos por su ocupación al plomo, han sugerido que el plomo daña los cromosomas o el ADN, lo cual puede causar cáncer (ATSDR 1999, NTP 2003). El plomo es liberado en el ambiente predominantemente por procesos industriales. Dentro de estos procesos, las fundiciones de plomo por sí solas son actualmente la fuente principal de las emisiones de este metal pesado, contabilizando más del 78% de todas emisiones de plomo en 2001 en los Estados Unidos (EPA 2003). Además de incluir el plomo y sus compuestos en la clasificación de sustancias con “probabilidad razonable de ser un cancerígeno para el hombre”, en noviembre de 2004 la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los Estados Unidos anunció el inicio de un proceso de recopilación de información necesaria para revisar los estándares de calidad de aire respecto del plomo. El estándar actual de los Estados Unidos de 1.5 ug/m3 como promedio anual, el que sirvió de base a los estándares fijados para el Perú en 2003, no ha sido revisado en más de veinte años, por lo que no toma en cuenta la información científica más reciente y esta alejado de los estándares internacionales. De hecho, el estándar de la Organización Mundial de la Salud (OMS) es de 0.5 microgramos de plomo por metro cúbico en el aire, siendo hasta tres veces más estricto que el de los Estados Unidos. Estas ultimas dos acciones del gobierno de los Estados Unidos evidencian la rigurosidad necesaria con la que se viene asumiendo el tema del plomo, debido al alto riesgo que este conlleva para la salud humana. En contraste, en el caso peruano resulta particularmente preocupante la situación de ciudades como La Oroya y otras poblaciones ubicadas en áreas de influencia minero metalúrgicas en donde se producen concentrados de plomo, por las altas concentraciones de este contaminante, que claramente representan un riesgo para las personas. No hay duda entonces de la urgencia de implementar medidas eficientes para evitar el aumento del riesgo para la salud humana, incluso la posibilidad de sufrir cáncer, que enfrentan las personas que viven y trabajan en estos lugares.

December 10 2003

Congreso de Estados Unidos Condiciona Fumigaciones en Parques Naturales de Colombia

CONTACTOS: Astrid Puentes, AIDA (510) 550-6753 [email protected] Gastón Chillier, WOLA (202) 797-2171 [email protected] CONGRESO DE ESTADOS UNIDOS CONDICIONA FUMIGACIONES EN PARQUES NATURALES DE COLOMBIA OAKLAND, CA, DICIEMBRE 10— En una decisión sin precedentes, el Congreso de los Estados Unidos aceptó que los fondos del Plan Colombia sean usados para la fumigación de cultivos de coca y amapola ubicados en parques y reservas naturales en Colombia. Esta posibilidad quedó condicionada al cumplimiento de las normas de ese país y a que se agoten las alternativas a la fumigación para reducir éstos cultivos en dichas áreas. La decisión se tomó como parte de la Ley de Apropiaciones para Ayuda Internacional, cuyo contenido fue acordado y será votado en enero del 2004. Esta ley incluye la Iniciativa Regional Andina y el Plan Colombia, programas ejecutados por el gobierno de los Estados Unidos como parte de la Guerra contra las Drogas, en conjunto con los gobiernos de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. De acuerdo con los autores de la norma, si bien es cierto que los cultivadores de coca se están desplazando a los parques nacionales, la fumigación aérea de estas zonas debería ser la última opción a aplicar. En su lugar, el Congreso de los EE.UU. apoya otras alternativas como la erradicación manual, el entrenamiento y apoyo a las autoridades para que protejan estas zonas y la relocalización de familias que se hayan desplazado allí. “La política de fumigaciones para erradicar cultivos de coca y amapola afecta gravemente el ambiente y la salud humana; sin embargo, las condiciones del Congreso de los EE.UU. son un paso para la protección de la biodiversidad en Colombia” asegura Astrid Puentes, Directora Legal de AIDA. “Por lo tanto, debemos verificar que las autoridades encargadas de las fumigaciones cumplan con las normas vigentes, en lugar de continuar modificándolas” agregó. Al igual que en años anteriores, para el 2004 el Congreso estadounidense condicionó las fumigaciones en Colombia a que el Departamento de Estado certifique la inexistencia de riesgos innecesarios o impactos para el ambiente o la salud humana, la compensación por los daños negativos y el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental colombiano, entre otros. Pero por primera vez, el Congreso de los Estados Unidos hizo referencia a la fumigación de los parques y reservas naturales, zonas que están bajo la presión de ser ampliamente fumigadas. En Colombia el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial –MAVDT, desde comienzos del 2001 excluyó de las fumigaciones los parques y reservas naturales. De acuerdo con el MAVDT, los cultivos de coca y amapola en las áreas naturales protegidas deberán erradicarse manual o mecánicamente. Incluso el Ministerio definió amplias franjas de seguridad alrededor de las áreas naturales protegidas, para evitar daños ambientales por efecto deriva o la fumigación accidental de éstas áreas. Dichas condiciones implementan protecciones especiales que las normas ambientales y la Constitución brindan a las áreas naturales protegidas. En conclusión, la fumigación de los parques y reservas nacionales en Colombia es claramente ilegal. En contravía con estas normas y especialmente con lo establecido por el MAVDT, el Consejo Nacional de Estupefacientes en junio del 2003, intentó legitimar la fumigación de parques y reservas naturales. Esta decisión se encuentra demandada ante las cortes colombianas, por considerarla violatoria de normas de superior jerarquía e incluso de la Constitución. De acuerdo con la científica Anna Cederstav, Directora de Programas de AIDA, “una política que no brinda alternativas viables para los cultivadores perpetúa la destrucción ambiental que se volvió un círculo vicioso, al principio se deforesta para sembrar plantas de coca y luego se fumiga para destruirlos. Los gobiernos de EE.UU. y de Colombia deberían hacer un verdadero esfuerzo y darle la oportunidad a la erradicación manual y a los proyectos de desarrollo alternativo para que funcionen, en lugar de depender de campañas masivas de fumigación aérea y militares para destruir estos cultivos.” Agrega que “las fumigaciones deberían ser el último recurso, pero desafortunadamente hasta ahora, son el único que se ha ejecutado sistemáticamente”. Más allá del problema legal, preocupa que los parques naturales de uno de los países con mayor biodiversidad en el planeta, estén siendo masivamente fumigados. Colombia cuenta con una importante porción de la cuenca Amazónica y los Andes Tropicales, además del ecosistema estratégico del Chocó en el Pacífico. Estos importantes ecosistemas están siendo destruidos no sólo por los cultivos de coca y amapola, sino ahora también por las políticas gubernamentales para erradicarlos.

June 23 2003

Tribunal Suspende Fumigaciones

FOR IMMEDIATE RELEASE: 26 de junio de 2003 Contacts: Anna Cederstav, PhD, Científica de Earthjustice y de AIDA, (Oakland, CA) tel. 510-550-6700 Yamile Salinas, Defensoría del Pueblo en Colombia, (Bogotá, Colombia) tel. 571-314-7300 Ext. 2324 TRIBUNAL COLOMBIANO SUSPENDE FUMIGACIONES DE COCA Y AMAPOLA, FINANCIADAS POR EL GOBIERNO DE E.U.A., POR IMPACTOS EN LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE OAKLAND, CA/BOGOTA, COLOMBIA – En reciente decisión, el Tribunal Superior Administrativo de Cundinamarca, Colombia, declaró que las fumigaciones con Glifosato para la erradicación de cultivos de coca y amapola violan los derechos colectivos al medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado y a la seguridad y salubridad públicas. La sentencia, promulgada al término de una acción popular interpuesta por un grupo de ciudadanos, exige la suspensión provisional de las fumigaciones aéreas con el herbicida glifosato, hasta que el gobierno cumpla con el Plan de Manejo Ambiental y realice los estudios requeridos para la protección de la salud humana y del medio ambiente. Esta jurisprudencia del Tribunal se suma a las sentencias de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, que habían exigido la abstención de las fumigaciones en territorios indígenas y el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental impuesto por el Ministerio del Medio Ambiente. De acuerdo con Yamile Salinas de la Defensoría del Pueblo, “la decisión es trascendental pues reconoce los potenciales riesgos que el herbicida y la forma en que éste se viene aplicando implican para la salud humana y el medio ambiente en Colombia”. “La aplicación del principio de precaución es de singular importancia pues reconoce la existencia de riesgos graves e irreparables para el medio ambiente y la salud humana, razón suficiente para suspender las fumigaciones”, agregó Yamile Salinas. “El Congreso de Estados Unidos exigió al Departamento de Estado la evaluación de los impactos ambientales y en la salud humana del Plan Colombia. El Departamento de Estado de los Estados Unidos debe tener en cuenta esta decisión del Tribunal colombiano”, afirmó Anna Cederstav, científica de Earthjustice y AIDA. “Considerando la evidencia presentada y la tajante decisión del Tribunal al respecto, el Departamento de Estado no puede certificar ante el Congreso de Estados Unidos que la mezcla del herbicida, de la forma en que esta siendo usada, no representa riesgos irrazonables o efectos adversos a los seres humanos o al medio ambiente; ni que el herbicida se usa según lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental para dicho programa”, agregó. “Estados Unidos sería muy irresponsable de continuar el programa de erradicación en contravención con la decisión del Tribunal colombiano de suspender las fumigaciones hasta que se adelanten medidas apropiadas de protección a la salud y al medio ambiente.” “La sentencia del Tribunal acoge formalmente las múltiples solicitudes que para la protección de la salud y el medio ambiente hemos realizado la Defensoría y la Contraloría colombianas, junto con varias organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales desde hace años”, agregó Yamile Salinas. “Esta decisión es un éxito para la protección la salud humana y del medio ambiente en Colombia”.