Prensa

Diciembre 15 2011 Contaminación Tóxica, Derechos Humanos

El presidente de AIDA Manuel Pulgar-Vidal fue nombrado Ministro del Ambiente en Perú

La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) felicita a Manuel Pulgar–Vidal por haber sido nombrado titular del Ministerio del Ambiente en Perú. Pulgar-Vidal es un abogado ambientalista y líder de opinión que fungió como presidente de Consejo Directivo de AIDA por ocho años. Con su nueva encomienda, es el tercer peruano que ha jurado ese importante cargo gubernamental. Estamos muy agradecidos por todo el trabajo y la dirección que Pulgar-Vidal ha dado a AIDA desde que ayudó a fundar la organización en 1996. El nombramiento es un reconocimiento bien merecido a un hombre que ha dedicado su vida a defender derechos humanos y el medio ambiente. Su nueva posición no será sencilla. Pulgar-Vidal se une a un nuevo gobierno en funciones que enfrenta su primera crisis: disenso popular por los impactos potenciales en la construcción de una gigantesca mina de oro, pero la oportunidad de fortalecer la gobernanza ambiental y de institucionalizar la protección de la salud ambiental no tienen precio. Sabemos que está a la altura del reto.

Diciembre 07 2011 Transparencia y Rendición de Cuentas, Cambio Climático

AIDA presenta informe en Durban sobre el vínculo entre el cambio climático y los derechos humanos en América Latina

Llaman a tomar medidas para proteger los derechos humanos de las comunidades más vulnerables. Durban, Sudáfrica. El miércoles 7 de diciembre de 2011, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) presentó ante los delegados que participan en las negociaciones climáticas en Durban, Sudáfrica, un informe donde se detallan los efectos negativos del cambio climático sobre los derechos humanos, tales como el derecho a la vida, al acceso al agua, a la salud, a la alimentación y a la vivienda para millones de personas en América Latina. “El cambio climático es la causa del mayor perjuicio a los derechos humanos de aquéllos que son los menos responsables por las emisiones de gases de efecto invernadero- comunidades vulnerables e históricamente desfavorecidas como campesinos, pueblos indígenas y la gente más pobre de las ciudades urbanas”, afirmó el abogado de AIDA Jacob Kopas. “Los gobiernos que son desproporcionadamente responsables de las históricas y actuales emisiones tienen una obligación internacional de contribuir más a las soluciones duraderas”. El impacto más perturbador de todos los que han sido detallados en el informe es la reducción drástica del acceso al agua dulce en América Latina. El incremento del descongelamiento de los glaciares, la degradación de los humedales en los páramos de alta montaña, los patrones meteorológicos erráticos y las duras sequías limitarán de aquí al año 2050, el acceso al agua a más de 50 millones de personas en la región tropical andina. Otros impactos incluyen lluvias e inundaciones más fuertes, fenómeno que ya ha afectado a 2.2 millones de personas y ha ocasionado US$300 millones de dólares en daños sólo en Colombia durante el año 2010; y la pérdida del 80% de los arrecifes de coral del Caribe debido en gran parte a un incremento en las temperaturas y la acidificación del océano. “Las partes deben entender que no es posible cerrar los ojos ante el problema del cambio climático. Tenemos que actuar ahora mismo para ayudar a que las comunidades más afectadas del mundo puedan enfrentar el cambio climático y para ello debemos garantizar soluciones urgentes y alcanzables como el Fondo Verde Climático aquí en Durban”, dijo Andrés Pirazzoli, abogado de AIDA, quien repartió el informe entre los delegados participantes de las negociaciones. AIDA respalda al Fondo Verde Climático, destinado a financiar la adopción de tecnologías bajas en carbono, además de programas de adaptación en el mundo en vías de desarrollo. AIDA publicó un informe esta semana donde da a conocer una investigación formulada para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que revela el vínculo entre el cambio climático y los derechos humanos. El informe exhorta a la aprobación de un tratado climático vinculante y exhorta a los emisores más grandes a que sufraguen los gastos de las medidas de adaptación y mitigación en el mundo en vías de desarrollo.

Octubre 27 2011

México incumple recomendación internacional para registrar manglares en peligro por complejo turístico

Autoridades ambientales no aplicaron solicitud del organismo internacional regulador para proteger humedales que podrían sufrir afectaciones a su ecosistema por complejos turísticos en la costa de Sinaloa y Nayarit. México, Distrito Federal. Con el fin de proteger los humedales de la Laguna Huizache-Caimanero y Marismas Nacionales, que cuenta con el sistema de manglar más extenso del Pacífico mexicano, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y la Alianza para la Sustentabilidad del Noroeste Costero Mexicano (ALCOSTA), solicitan al gobierno de México hacer del conocimiento público las Recomendaciones de la Misión Ramsar de Asesoramiento a estos sitios y enlistarlos en el Registro Montreux. AIDA participó el pasado 29 de septiembre en la última reunión en la ciudad de México del Comité Nacional de Humedales Prioritarios, convocado por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), donde se discutió entre otros temas, la necesidad de elaborar una política nacional de humedales protegidos en México. En dicha reunión se habló del proyecto turístico Centro Integralmente Planeado (CIP) Costa del Pacífico (ahora llamado Playa Espíritu), promovido por el Fondo Nacional del Turismo del gobierno federal, el cual pone en riesgo dichos humedales. También se informó de la segunda sesión de asesoramiento de la Misión Ramsar al sitio Marismas Nacionales. Sandra Moguel, asesora legal de AIDA, quien participó en el evento, afirma que una de las recomendaciones del Secretariado de la Convención Ramsar (máximo órgano internacional de protección y regulación de humedales prioritarios en el mundo ) derivadas de la misión realizada en agosto del 2010 consistía en incluir en el Registro Montreux los humedales que se encuentran en Marismas Nacionales y Huizache Caimanero en Sinaloa y Nayarit, respectivamente. Dicho registro es una afiliación que recomienda la Misión Ramsar de sitios “en los que se hubieran producido, se estuvieran produciendo o pudieran producirse modificaciones en las condiciones ecológicas", de acuerdo a sus políticas internas. “El Registro Montreux tiene como propósito atender los cambios negativos en las características ecológicas de los sitios Ramsar. México consolidaría su liderazgo en América Latina en el tema relativo a humedales al demostrar voluntad política para el cumplimiento de los tratados internacionales y la verdadera protección de los manglares en nuestro país”, afirmó la abogada. Agustín Bravo, coordinador de la Oficina Noroeste de CEMDA, señaló que “actualmente se habla en medios de comunicación de un CIP de 40 mil cuartos cuando únicamente se autorizaron 10 mil. Si bien se trata de un mecanismo voluntario, la inclusión de Marismas en el Registro Montreux apoyaría la rendición de cuentas del gobierno federal respecto al manejo del sitio”. ”El proceso de evaluación de impacto ambiental, contrariamente a las Recomendaciones de la Misión Ramsar de Asesoramiento, no reconoce los impactos que generará el Centro Integralmente Planeado (CIP) del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) y los asentamientos humanos asociados al desarrollo turístico en el ecosistema de Marismas Nacionales por cambios de uso de suelo y manejo de residuos sólidos. Dicho organismo tampoco relaciona estos impactos con los que generan la agricultura intensiva y la acuacultura”, dijo René Córdova, coordinador de ALCOSTA una coalición formada por 24 organizaciones conservacionistas de los estados de Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Sinaloa y Sonora. AIDA y el CEMDA, junto con otras organizaciones civiles, presentaron en 2009 una petición donde se solicitó la intervención por el Secretariado de la Convención Ramsar para la defensa legal de la zona. En mayo de 2011 la autoridad ambiental Mexicana aprobó la autorización de impacto ambiental para la construcción y operación del proyecto. La autorización es cuestionable debido a que deja abierta la posibilidad de presentar una modificación para construir los 40 mil cuartos originalmente contenidos en el proyecto, en lugar de 10 mil como se autorizó. Para ello, la autoridad requiere la presentación de estudios y permisos posteriores a la autorización. Dichas organizaciones han denunciado que si el proyecto se ejecuta como está planificado, pondría en peligro los humedales cercanos que salvaguardan al 10% de los manglares que le quedan a México y 60 especies en peligro de extinción. Por la importancia de los humedales en Marismas Nacionales y la protección y crecimiento de las especies de peces en el Mar de Cortés, estas afectaciones implicarían una gran pérdida económica para la industria pesquera en la zona. Más información sobre humedales en México: Marismas Nacionales fue registrado en la lista de humedales de importancia prioritaria internacional de la Convención Ramsar, el 22 de junio de 1995. El humedal se encuentra situado en los límites de Sinaloa y Nayarit, zona aproximadamente con un extensión de 2 mil 381 hectáreas y con carácter de Área Natural Protegida en la parte de Nayarit. México es el segundo país en el mundo con más humedales registrados bajo la Convención Ramsar y el quinto con más extensión de este tipo de ecosistemas ubicados en los trópicos y subtrópicos del continente americano. Desde el cuatro de noviembre de 1986, México suscribió a la Convención Ramsar, un tratado intergubernamental que sirve de marco para la acción nacional y la cooperación internacional en favor de la conservación y el uso racional de los humedales y sus recursos. Actualmente han sido identificados 121 sitios designados como “humedales mexicanos de importancia internacional”, con una superficie de 8 millones 225 mil 926 hectáreas en todo el país.

Septiembre 14 2011 Contaminación Tóxica, Derechos Humanos

Doe Run solicita suspensión del juicio iniciado por los niños de La Oroya

Demandantes responden que arbitraje internacional entre Doe Run y el Gobierno del Perú no debe retrasar la justicia para los niños que sufren por la contaminación de plomo. San Luis, Missouri, EE.UU. La empresa Doe Run Resources y sus afiliados solicitaron el pasado agosto a la corte de Missouri, que suspenda la determinación de responsabilidad por los daños a la salud de 35 menores peruanos causados por las emisiones tóxicas de su metalúrgica ubicada en la ciudad de La Oroya, mientras no se resuelva una demanda internacional arbitral presentada por la mencionada empresa contra el Estado Peruano, bajo el Tratado de Libre Comercio entre PERÚ-EE.UU. Esta semana, los abogados de los niños respondieron ante la corte que lleva el caso, argumentando que los daños severos y acumulativos en la salud de los niños de La Oroya, causados por la contaminación de metales pesados ocasionada por esta empresa, no permite una mayor postergación. Renco Holding Company, el dueño de Doe Run Resources y Doe Run Peru (DRP), presentaron una demanda de arbitraje contra el Gobierno del Perú ante un tribunal internacional en abril de 2011. Con este proceso, Doe Run busca asignar la responsabilidad económica por daños a la salud de la comunidad de La Oroya al Gobierno Peruano. Renco, a través de Doe Run Perú compró el Complejo Metalúrgico de La Oroya al Gobierno Peruano en 1997. Desde el 2009, DRP mantiene paralizado el mencionado complejo y mantiene negociaciones con el Estado Peruano para poder reiniciar sus operaciones. En julio pasado, la corte en Missouri le impuso una multa de $320 millones de dólares a Doe Run Investment Holdings Company y otros, los antiguos dueños de la metalúrgica de esta ciudad, por ser responsables de los problemas de salud (similares a los de La Oroya), presentados en 16 menores de edad que residían dentro de la zona donde operaba la mencionada metalúrgica, entre los años 1986 y 1994. “Cada día que no procede esta demanda en esta corte, los daños a estos niños siguen aumentando,” dijeron los abogados de los demandantes en la contestación a la apelación de Doe Run para la suspensión del juicio. “Con esta solicitud, Doe Run intenta impedir otra vez la justicia y el remedio para la comunidad de La Oroya, buscando tan solo proteger sus intereses económicos,” dijo Anna Cederstav, Co-Directora de la Asociación Interamericana para la Defensa del Medio Ambiente.

Agosto 08 2011

La ruta del plomo: ¿Qué pasa cuando una compañía estadounidense exporta contaminación?

Un artículo de Mother Jones, una revista EEUU, que detalla los terribles efectos de la fundidora Doe Run Perú en la comunidad de La Oroya.

Agosto 04 2011

Jurado en EEUU condena por $358.5 millones a exdueños de fundición de plomo

Las compañías Doe Run Investment Holdings Company, Fluor Corporation de Texas y A.T. Massey Coal de Virginia sabían que contaminación de plomo dañaba la salud de niños. San Luis, Missouri, EUA. El viernes pasado, los antiguos propietarios de una planta fundidora de plomo en Herculaneum, Missouri, recibieron una condena de $320 millones de dólares debido a la contaminación de plomo que generó problemas de salud a 16 menores y otros habitantes que vivían cerca de la zona. “Obviamente querían enviar un mensaje: no pongas las ganancias por encima de la gente”, dijo Mark Bronson, abogado de los demandantes, al diario St. Louis Post-Dispatch. El jurado impuso la condena de $320 millones, el pasado viernes 29 para desalentar una contaminación futura a las compañías Doe Run Investment Holdings Company, Fluor Corporation de Texas y A.T. Massey Coal, propietarias de la fundidora hasta el año 1994. Asimismo, un día antes el juzgado civil ya había exigido que dichas empresas pagaran $38.5 millones de dólares a las familias como compensación por los daños a la salud y ganancias perdidas por la contaminación entre los años 1986 y 1994. Cabe resaltar que, hace unos meses, el dueño actual de la fundición, Doe Run Resources Corporation, llegó a un acuerdo con los demandantes por la contaminación ocurrida después de 1994 por una cantidad no revelada, según documentos del corte. DOE RUN PERÚ Y EL CASO LA OROYA Doe Run Resources Corporation es subsidiaria de Renco Holding Company, del empresario Ira Rennert. Después de comprar Doe Run Resources, Renco compró el Complejo Metalúrgico de La Oroya en 1997 y estableció otra subsidiaria, Doe Run Perú (DRP), para operarlo. DRP mantiene paralizado el Complejo desde 2009, y está negociando con el gobierno para reabrirlo. AIDA y la SPDA han trabajado desde 1997 con el fin de llamar la atención al gobierno Peruano para que DRP controle los níveles de contaminación en La Oroya, similares a los de Herculaneum. El gobierno exigió mejores controles ambientales en el complejo metalúrgico que están pendientes de cumplir, pero Renco Holdings empezó un proceso de arbitraje internacional dentro del marco del Tratado de Libre Comercio entre Perú y EEUU, argumentando que las acciones que Perú ha tomado para requerir mejoras en el Complejo son inesperadas e injustas. Actualmente, AIDA y la Asociación Pro Derechos Humanos, APRODEH, llevan un caso y una petición de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a nombre de habitantes de La Oroya afectados por la contaminación. “La cifra de la condena en los Estados Unidos evidencia la gravedad de la contaminación por plomo, en particular en niños y niñas, demostrando una vez más la magnitud de las violaciones de derechos humanos ocurridas en Missouri y en La Oroya” dijoAstrid Puentes Riaño, Co-Directora Ejecutiva de AIDA. “Por ello insistimos en las medidas que están pendientes en La Oroya para atender esta situación”puntualizó. Por su parte, Ramón Rivero, del Programa de Ciudadanía y Asuntos Socioambientales de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), calificó como ejemplar esta sanción por lo que ante situaciones similares debería tomarse como referencia en otra latitudes como la peruana. “Medidas como la dispuesta contra Doe Run en EE.UU. suponen una acción correctiva desde un Estado que, en este caso, busca resarcir a los afectados de manera equivalente al daño ocasionado. Habría que preguntarnos si las medidas dispuestas por el Estado peruano a la fecha, con relación a los daños de DRP en La Oroya, contiene esta lógica reparatoria”, agregó el especialista. “Es necesario establecer medidas relacionadas a la salud pública más eficaces que solo mediciones y controles, sino que influyan en el bienestar de los habitantes de La Oroya. Además, debería evaluarse la posibilidad de incrementar los montos a invertir en las reparaciones en la zona”, manifesto Rivero.

Julio 25 2011

Grupos de la sociedad civil defienden a Bahía de Panamá en la Corte

Presentan argumentos en apoyo del gobierno en el caso de conservación del refugio de vida silvestre. Ciudad de Panamá, Panamá. Hoy, en el día internacional del manglar, dos organizaciones de la sociedad civil anunciaron su apoyo al gobierno Panameño en el juicio iniciado por desarrolladores requiriendo la nulidad de la protección de la Bahía de Panamá. Las organizaciones, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), presentaron un documento legal de amicus curiae que contiene detalles sobre argumentos legales internacionales y nacionales en los cuales se sobrepone la protección legal establecida mediante Resolución expedida por la autoridad ambiental Panameña. Los desarrolladores, Panama Bay Development y Compañía Lefevre, presentaron las demandas para promover la construcción y desarrollo de vastos complejos turísticos en la zona. El turismo extensivo en el área traerá impactos ambientales devastadores para este ecosistema sensible. La costa de la Bahía de Panamá contiene miles de manglares pristinos, los cuales son sitios importantes de anidación para especies de las que depende la industria pesquera Panameña. Cada kilómetro de cubierta de manglar costero genera cerca de los $100,000 USD para el país anualmente. Los manglares también ayudan a la protección de los efectos del cambio climático global a través del amortiguamiento de la costa de las tormentas tropicales cada vez más frecuentes y siendo ecosistema que secuestra carbono de la atmósfera en sus raíces. Un bosque de mangle puede secuestrar casi 50 veces más carbono que un bosque tropical del mismo tamaño, razón por la cual se hace una prioridad de conservación de manglares si los países quieren mitigar las catástrofes del cambio climático. El área protegida de Bahía de Panamá tiene una extensión aproximada de 85,652 hectáreas, casi un tercio del Parque Nacional Coiba en Panamá. La Bahía de Panamá es uno de los sitios más biodiversos del mundo y es un hábitat esencial para las aves migratorias y especies amenazadas como jaguares y tortugas caguamas o amarillas. “De frente a cada vez más tormentas tropicales devastadoras y ponderosas, derivadas del cambio climático, la destrucción de manglar es una de las peores decisiones que un país como Panamá podría hacer,” dijo Anna Cederstav, Ph.D., personal científico y co-directora de AIDA. En palabras de Sandra Moguel, asesora legal de AIDA en México, “El artículo cuarto de la Constitución de Panamá obliga a la observancia de las reglas de derecho internacional en el territorio, por lo que las obligaciones contraídas a través de la Convención Ramsar de Humedales de Importancia Prioritaria y la Convención de la Diversidad Biológica—ambas ratificadas por Panamá—deberán tomarse en consideración al decidir si se revierte la Resolución mediante la cual se crea el área protegida de Bahía de Panamá.” “La creación o declaración de un área protegida en ningún momento constituye una expropiación. Lo que hace e proteger y garantizar el derecho al medio ambiente sano contenido en la Constitución Política Panameña,” dijo María Acuña, abogada del CIAM.

Junio 16 2011 Fuentes de Agua Dulce, Derechos Humanos, Derechos Indígenas, Grandes Represas

Violaciones en Belo Monte, Brasil, podrían llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Se presenta una denuncia al país por violación a los derechos humanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que podría conducir al Estado de Brasil a una condena internacional. Altamira, Brasil, Washington, DC, — Organizaciones de defensa de las poblaciones del río Xingú en el Amazonas de Brasil, que están amenazadas por la construcción del megaproyecto de hidroeléctrica Belo Monte, demandaron este jueves, 16 de junio, al Estado de Brasil ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), por las violaciones a los derechos humanos cometidas. La demanda se presentó después de que Brasil ignoró las medidas cautelares que la CIDH solicitó a ese país el primero de abril, solicitando la suspensión del proyecto de Belo Monte para prevenir violaciones inminentes a los derechos humanos. Las principales críticas a las autoridades del gobierno de Dilma Rousseff son la falta de garantía de procesos de consentimiento libre, previo e informado para las comunidades indígenas, como prevé la Constitución, falta de consulta a las comunidades ribereñas y a la población de Altamira que también se afectará, irregularidades en el proceso de licenciamiento e ineficiencia del sistema judicial brasilero para proteger los derechos. La denuncia enlista a detalle los impactos que afectarán a las poblaciones en la cuenca del río Xingú, incluyendo la destrucción irreversible de un ecosistema irremplazable del que dependen las comunidades, el posible aumento de enfermedades graves como malaria y dengue y el desplazamiento forzado de comunidades indígenas y campesinas. “En el caso de Belo Monte, el sistema de justicia brasileño no funciona y ha cedido ante todas las presiones económicas y políticas del gobierno y del Consorcio de Energía del Norte”, explica Antonia Melo, coordinadora del Movimiento Xingú Vivo para Siempre. “Por eso no hay otra opción que pedir la intervención de la Comisión Interamericana”, añade. Si se acepta la denuncia, se podría ordenar al gobierno de Brasil a reparar los daños, pudiendo encaminar el proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instancia que tiene la capacidad de condenar al país por violaciones internacionales a los derechos humanos. Tras los hechos mencionados y de acuerdo con líderes indígenas, el proyecto Belo Monte ha provocado un ambiente conflictivo en la región de Altamira, incluso con amenazas de muerte hacia algunos de sus integrantes. De acuerdo con José Carlos Arara, cacique de la aldea Arara da Volta Grande, amenazado después del inicio de la demarcación de tierras indígenas Arará, “toda la comunidad también está bajo amenaza – y son los líderes los que sufren más. Estoy preso en mi propio pueblo, no puedo salir de aquí y no tenemos ningún apoyo de la FUNAI [entidad indígenista de Brasil] para garantizar nuestra seguridad”. “La posición del gobierno brasileño frente a Belo Monte es está en contra con la imagen que pretende tener como líder regional y anfitrión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río +20) a celebrarse en 2012”, dijo Astrid Puentes, Co Directora de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). “Esperamos que los gobiernos de la región dejen de promover proyectos dañinos para las personas y el ambiente y que busquen un desarrollo sostenible verdadero, basado en el respeto a los derechos humanos”, añadió Puentes. Aunque el gobierno emitió una licencia que permite la construcción de la represa en junio, están en proceso de la justicia brasileña 11 acciones públicas civiles del Ministerio Público Federal contra el proyecto. “La diplomacia brasileña corre serios riesgos de desprestigio internacional con las actitudes que tiene, esperamos que esto se corrija lo antes posible para demostrar la verdadera voluntad de protección de los derechos humanos de Brasil”, afirma Roberta Amanajás, abogada de la Sociedad Paraense de Defensa de los Derechos Humanos (SDDH), citando el fuerte rechazo del proceso internacional por el gobierno de Rousseff y un voto de censura hacia la OEA aprobado por el Senado en la última semana.

May 04 2011

AIDA alerta sobre posible debilitamiento de licencias ambientales en Colombia

Bogotá, Colombia. El pasado viernes 29 de abril fue aprobado en el Congreso de la República de Colombia el Proyecto de Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 que debilitaría el procedimiento de licencias ambientales y pondría en riesgo importantes riquezas naturales de dicho país. Alertando sobre los riesgos de los cambios, AIDA presentó ante el Congreso de Colombia, un documento de análisis que concluye que dichas modificaciones desconocen normas constitucionales e internacionales de derecho ambiental. Dicho documento fue entregado también al Director del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. A través de la que sería la nueva Ley del Plan Nacional de Desarrollo, se pretende recortar en más del 30%, el tiempo del procedimiento para la evaluación y otorgamiento de licencias ambientales. Además, si pasado un tiempo el Ministerio de Ambiente no decide se crea un comité que haría recomendaciones obligatorias respecto a la decisión. El comité tendría participación del DNP y del Ministerio del sector al que pertenece el proyecto evaluado. Por ello el comité se convertiría en juez y parte de la decisión. Lo anterior vulnera de forma clara el derecho de los colombianos al ambiente sano. El Estado colombiano estaría también violando la obligación de proteger y preservar el ambiente. Las licencias ambientales lejos de ser un trámite, son una herramienta fundamental para el desarrollo sostenible y para evitar daños irreparables al ambiente. Su existencia se deriva de obligaciones de la propia Constitución y de tratados internacionales aprobados por el Estado. “Nos preocupa que un proceso vital para decidir acerca de actividades que puedan afectar el ambiente sea un puro trámite administrativo”, dijo Astrid Puentes, co-Directora de AIDA. “Colombia es uno de los países más biodiversos del planeta, cuya riqueza natural es esencial para la economía, la sociedad e incluso para la identidad nacional, autorizar estos cambios afectaría la capacidad del Estado para conservar estas riquezas”. Al Proyecto de Ley sólo le resta la firma presidencial para convertirse en ley de la República. Por ello, AIDA envío el análisis de la norma al Presidente Juan Manuel Santos esperando que considere los argumentos de protección ambiental allí planteados y que evite las modificaciones contrarias a la Constitución, a los compromisos internacionales de Colombia y a los intereses nacionales. Si el Presidente firma esta Ley cientos de proyectos de alto impacto podrían aprobarse sin la debida evaluación objetiva e independiente de impactos sociales y ambientales. Con ello se pondrían en peligro el derecho al ambiente sano y ecosistemas frágiles y claves para los colombianos, colombianas y para la región, como los páramos y las zonas marinas, involucrados en proyectos extractivos.

Abril 05 2011 Fuentes de Agua Dulce, Derechos Humanos, Derechos Indígenas, Grandes Represas

Organización de Estados Americanos solicitó suspender inmediatamente el proyecto de represa de Belo Monte

Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera que los pueblos indígenas deben ser consultados ANTES del inicio de las obras. Altamira, Brasil / Washington, D.C., USA. El 1 de abril pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) oficialmente solicitó al gobierno de Brasil suspender inmediatamente el licenciamiento y construcción de la gran represa de Belo Monte, en el estado de Pará, Brasil, argumentando que el proyecto podría perjudicar los derechos humanos de las comunidades tradicionales de la cuenca del río Xingú. La CIDH determinó que el gobierno debe realizar procesos de consulta "previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuados", con las comunidades indígenas involucradas antes de la construcción de la hidroeléctrica. El gobierno brasileño recibió un plazo de quince días para informar a la CIDH sobre el cumplimiento de la resolución. La decisión de la CIDH responde a una denuncia presentada en noviembre de 2010 por el Movimiento Xingú Vivo Para Siempre (MXVPS), la Coordinación de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña (COIAB), la Prelazia del Xingú, el Consejo Indígena Misionero (CIMI), la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), la Sociedad Paranaense de Derechos Humanos y Justicia Global, en nombre de varias comunidades tradicionales de la cuenca del Xingú. De acuerdo con la denuncia, entre otros, estas comunidades no fueron consultadas de forma adecuada sobre el proyecto que, si se lleva a cabo, causará daños socio-ambientales irreversibles, desplazamientos forzados de miles de personas y amenazará una de las regiones de mayor valor para la conservación de la biodiversidad en el Amazonas. "Al reconocer los derechos de los pueblos indígenas a la consulta previa e informada, la CIDH solicita que el gobierno brasileño paralice la construcción de Belo Monte y garantice el derecho de decidir de los indígenas", dijo Roberta Amanajás, abogada de SDDH. "De esta forma, seguir con las obras sin realizar las consultas indígenas violaría el derecho internacional y el gobierno sería responsable internacionalmente por los impactos negativos causados por el proyecto". La CIDH también resolvió que Brasil debe adoptar medidas urgentes para proteger la vida e integridad personal de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario en la cuenca del Xingú, además de medidas para prevenir la diseminación de enfermedades y epidemias entre las comunidades tradicionales afectadas por la obra. "La decisión de la CIDH envía un mensaje claro que las decisiones unilaterales del gobierno y la justicia brasileños, en busca del crecimiento económico a cualquier costo, constituyen una afronta a las leyes del país y a los derechos de las poblaciones tradicionales locales", dijo Antonia Melo del MXVPS. "Nuestros gobernantes no pueden continuar excusándose en el crecimiento económico para violar los derechos humanos e impulsar proyectos que promueven la destrucción de nuestros recursos naturales y la muerte de los pueblos del Xingú y del Amazonas". La represa no sólo ha sido criticada por comunidades y organizaciones de la sociedad civil, sino también por científicos, investigadores y expertos de las agencias federales brasileñas. Sólo el Ministerio Público Federal ha presentado diez demandas que están pendientes de resolverse. ”Esta decisión marca un hito para Brasil y para la región, pues evidencia que el desarrollo económico debe cumplir con las normas y respetar los derechos humanos” afirmó Astrid Puentes, co-directora de AIDA. “Grandes represas como Belo Monte han evidenciado que no son energía limpia ni sostenible, por los graves impactos que causan, incluso para el cambio climático, por lo cual es esencial que los Estados examinen integralmente los impactos y alternativas que estos proyectos tienen, pues existen muchas” concluyó. "Estoy muy conmovida con esta noticia", dijo Sheyla Juruna, líder de la comunidad indígena Juruna del km 17, afectada por el proyecto. "Hoy, más que nunca, tengo la certeza de que estamos en lo correcto en denunciar al gobierno ante la justicia por las violaciones contra los derechos de los pueblos indígenas del Xingú y de todos los que están juntos en esta lucha en defensa de la vida y del medio ambiente. Continuaremos firmes y resistentes en esta lucha contra la implementación del Complejo de Belo Monte". La decisión de la CIDH ordenando la suspensión inmediata del proceso de licenciamiento y construcción de Belo Monte se fundamenta en el Convenio 169 de la OIT, en la Declaración de la ONU de los Derechos de los Pueblos Indígenas, en la Convención de Biodiversidad, en la Convención Americana y en la propia Constitución de Brasil.