Prensa

Marzo 29 2012 Contaminación Tóxica, Derechos Humanos

Los esfuerzos del Perú para limpiar La Oroya no deben detenerse por una demanda del inversionista contra el Estado

San Francisco, EEUU. Pronunciamiento de Earthjustice, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, y Public Citizen, Organizaciones Internacionales: En 1997, hace quince años Doe Run Perú (DRP), una compañía estadounidense, compró al gobierno del Perú, la fundición de metales localizada en La Oroya, Perú. Como condición de la compra, DRP aceptó cumplir con un número de requerimientos destinados a proteger el ambiente y la salud de la población de la zona. Durante todo este tiempo DRP ha incumplido este compromiso. Hoy, en lugar de asumir sus responsabilidades, DRP y su matriz, el Grupo Renco, están usando tácticas legales y políticas cuestionables para continuar evadiendo sus responsabilidades – fundamentalmente mediante una demanda de arbitraje internacional comercial contra el Estado de Perú. En 2011 el Grupo Renco, al cual pertenece DRP, presentó una demanda en contra del Estado de Perú ante un tribunal de arbitramento internacional por $800 millones de dólares, argumentando supuestos incumplimientos del Estado peruano en honrar sus obligaciones legales. Sin embargo, el Perú no debe ser disuadido de sus esfuerzos para exigir que la empresa descontamine La Oroya. Estas son sólo algunas de las razones del por qué: Aun si el Estado peruano le otorgara a DRP otra extensión del PAMA, la responsabilidad de los reclamos en el caso del arbitraje contra el Estado permanecerá, porque la demanda de arbitraje del Grupo Renco contra el Estado peruano abarca más elementos que la extensión del PAMA contemplada la propuesta de ley. Asombrosamente el Congreso peruano se encuentra debatiendo en este momento una norma para otorgar una extensión del plazo para el cumplimiento de las obligaciones del Plan de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) por tercera vez. El proyecto de ley fue aprobado de forma singularmente rápida en la Comisión de Energía y Minas del Congreso. Sin embargo, los legisladores no deben asumir que el Grupo Renco desistirá de llevar adelante la demanda de arbitraje contra el Estado si el Congreso otorga dicha extensión. Es más, la empresa muy posiblemente encuentra ventajoso mantener en curso una demanda (o empezar nuevas) con el fin de presionar al gobierno a través del proceso del arbitraje internacional. La empresa está usando el arbitraje para aislarse de penalidades en el caso de la demanda en la Corte de Missouri, EEUU. En el 2007 un grupo de abogados presentó una demanda en Missouri (donde se encuentra la sede principal de Doe Run) en representación de los niños de La Oroya, alegando sufrir serios problemas de salud como resultado de la exposición a la contaminación de la fundición de propiedad de la empresa en el Perú. En un caso similar en Missouri resuelto el año pasado sobre daños a 16 niños, la Corte de Missouri emitió un fallo favorable a los afectados requiriendo un pago de US$ 358 millones de dólares estadounidenses. En el mencionado caso sobre La Oroya en Missouri, Doe Run ha insistido que el gobierno peruano – no la empresa – debe ser responsable de dichas demandas por envenenamiento (aunque los reclamos a favor de los niños sólo comprenden los daños ocurridos después que DRP compró la fundición). Por lo tanto, es muy probable que la empresa trate de mantener en curso la demanda de arbitraje contra el Estado peruano hasta que se haya resuelto el caso en Missouri, para que el Grupo Renco pueda usar el arbitraje con el fin que los contribuyentes peruanos paguen la condena contra la empresa. El Grupo Renco está utilizando la demanda de arbitraje para trasladar el caso de Missouri a las cortes federales y evadir su responsabilidad. Doe Run ha tratado agresivamente de desviar el caso en Missouri al insistir que los reclamos de los niños de La Oroya sean atendidos en las cortes federales de los EEUU dónde parece que Doe Run crea que es más probable ganar el caso. En dos oportunidades la juez en Missouri rechazó esta intención de la empresa. Luego de iniciar un arbitraje internacional comercial contra el Estado, Doe Run formuló un nuevo argumento y convenció a la juez de trasladar el caso de los niños de La Oroya a las cortes federales de EEUU, quienes tienen jurisdicción sobre reclamos relacionados con tratados internacionales. Dado que Doe Run necesita que el arbitraje internacional se mantenga pendiente para sostener su argumento que el caso debe llevarse en la corte federal, el Grupo Renco tiene un incentivo para mantener la demanda de arbitraje contra el Estado. Dicha demanda de arbitraje está pendiente sin importar si el poder legislativo peruano extienda el PAMA. Ceder a la amenaza del arbitraje internacional de inversión establecería un mal precedente para Perú y el mundo. Como fue mencionado arriba, el Grupo Renco está tratando de usar los procedimientos de arbitraje internacional comercial para atender intereses muy diferentes. En todo caso, el factor común es que el arbitraje amenaza con responsabilizar al Perú – y a sus ciudadanos – por la contaminación en La Oroya y de cualquier sanción que esto implique. Si el gobierno responde a esta amenaza dando un trato especial a DRP a expensa de los niños y niñas de La Oroya, ello enviaría el mensaje a DRP y a las compañías multinacionales en el mundo, que dichas amenazas son efectivas. Esto debilitaría la posibilidad del Perú de proteger sus intereses, incluyendo el ambiente y los derechos humanos, frente al mal comportamiento de las empresas. DRP usa argumentos falsos para tratar de echar la culpa a otros. Adicionalmente a las demandas del arbitraje, DRP ha argumentado por mucho tiempo que la empresa estatal Activos Mineros debería culminar las obligaciones de la ejecución del PAMA para remediar los suelos alrededor del complejo metalúrgico en La Oroya. Ahora, DRP está reclamando ser víctima de un tratamiento injusto porque Activos Mineros aún no ha sido requerido para hacerlo. Este argumento no tiene sentido. Es ampliamente conocido que los suelos limpiados serán contaminados nuevamente si continúa la contaminación. En Missouri, las autoridades estimaron que los suelos cercanos a la fundición de Doe Run se volverían a contaminar pocos años después de la ejecución de medidas de rehabilitación que costaron millones de dólares. DRP debe tener conocimiento de esto, sin embargo argumenta que los contribuyentes peruanos deberían gastar millones de dólares en la limpieza de los suelos de La Oroya que se volverían a contaminar al poco tiempo del reinicio de operaciones de la fundición, si no se instalan todos los sistemas de control de contaminación necesarios. Esto sería un gasto inútil de recursos y no resolvería los problemas de salud de La Oroya. Es cierto que urge que el Estado remedie los suelos contaminados. Sin embargo, no tiene sentido hacerlo hasta que DRP complete la instalación de la tecnología para el control de la contaminación que ha prometido y que no ha cumplido por 15 años. El gobierno del Perú debe tener en cuenta estos hechos y asegurar que su decisión NO sea tomada por la presión para abrir el complejo nuevamente. El gobierno del Perú debe garantizar que está considerando y protegiendo no solamente los derechos de los trabajadores, la economía de la región, la salud y derechos humanos de los ciudadanos de La Oroya, los que podrían ser perjudicados por la reapertura del complejo; sino también que se están protegiendo los intereses económicos nacionales. La reapertura del complejo sin deslindar las responsabilidades en casos de reclamos de terceros como aquel en curso en Missouri, sería una medida disparatada y representaría un riesgo económico significativo para la nación. Ello podría resultar incluso en mayores costos económicos para los peruanos que los beneficios obtenidos por la operación del complejo. Si el Congreso peruano siente que puede otorgar una extensión al PAMA, este debería insistir en al menos tres puntos no negociables: Primero, que el Grupo Renco desista de continuar con la demanda de arbitraje internacional comercial. Segundo, que Doe Run acuerda que ella asumirá toda responsabilidad en los EEUU relacionada con la contaminación proveniente de la fundición. Finalmente, DRP debería cumplir con la totalidad de sus compromisos del PAMA, antes del inicio de cualquier operación, de tal manera que el Estado peruano pueda empezar la remediación de suelos y de esa manera proteger la salud y derechos humanos de los niños de La Oroya. Cada día que la suerte del complejo de La Oroya permanece indefinida sin una solución final de la contaminación, las personas de La Oroya siguen expuestos a riesgos graves a la salud y al mismo tiempo aumentan los daños que los aquejan. Por lo tanto, tanto DRP como el gobierno del Perú podrían ser declarados responsables.

Marzo 06 2012

Lanza AIDA nuevo blog como espacio para la reflexión ambiental en el continente

La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) tiene el gusto de inaugurar este lunes un blog que será un espacio de reflexión y análisis en su sitio de internet, donde miembros de su equipo e invitados especiales, reflexionarán acerca su trabajo y de temas de actualidad, sobre protección ambiental y derechos humanos en el continente americano. Con el lanzamiento de este nuevo blog, cuyas publicaciones saldrán lunes y miércoles, AIDA avanza en su estrategia de comunicación digital para profundizar y ampliar el debate sobre la dura e interesante labor de proteger el ambiente en el continente. Deseamos enriquecer la discusión para fortalecer la consciencia y para contribuir a mejorar el ambiente y la vida de todas las personas. “Este blog será un espacio democrático para compartir opiniones, que cuente con amplia participación de nuestros colegas, amigos e incluso de quienes no comparten tanto nuestras perspectivas”, afirma Astrid Puentes Riaño, Co-directora de AIDA. El nuevo blog actualizará contenido en inglés, español y en portugués de acuerdo con las colaboraciones. Estará cubriendo temas relacionados con los cinco ejes temáticos de la organización: cambio climático, derechos humanos, protección marina, gobernanza ambiental y agua dulce, así como otros de gran interés. “Me correspondió el honor de escribir la primera entrega del blog de AIDA, titulado ‘Brasil y el desarrollo sostenible, ¿ficción o realidad?’ sobre la hidroeléctrica de Belo Monte, a través del cual queremos compartir opiniones respecto al trabajo que día a día realizamos en la organización y nuestras perspectivas de los hechos que vayan ocurriendo. “Esperamos aportar elementos novedosos de debate y generar interacciones interesantes para contribuir a encontrar soluciones efectivas a los grandes retos ambientales de nuestra amada región”, señaló la Co-directora de AIDA.

Febrero 15 2012 Transparencia y Rendición de Cuentas, Cambio Climático

AIDA envía informe a la OEA sobre los peligros del cambio climático para los derechos humanos en América Latina

La reducción dramática de acceso al agua representa uno de los impactos más graves. La inestabilidad del clima limitará el acceso al agua a millones de personas en la región tropical andina. AIDA urge medidas para proteger los derechos humanos en las comunidades más vulnerables del continente. Ciudad de México / Bogotá. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) entregó el 16 de febrero un informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), sobre la relación del cambio climático y los derechos humanos. El documento llamado “Cambio climático y derechos humanos en América Latina: Una crisis humana” preparado en inglés y en español por el equipo de investigación de AIDA, detalla los efectos negativos del cambio climático para los derechos humanos al ambiente sano, a la vida, al agua, a la alimentación y a la vivienda, entre otros, para millones de personas en América Latina. El más grave de los impactos es la escasez de agua potable en América Latina. El derretimiento de glaciares, la degradación de los humedales de alta montaña como los páramos, los patrones inestables del clima y las graves sequías, son algunas de las causas que limitarán a aproximadamente 50 millones de personas, el acceso al agua a en la región tropical andina para el 2050. “El cambio climático afecta más a quienes son menos responsables de las emisiones de efecto invernadero, en particular a los grupos en situación de vulnerabilidad como las comunidades campesinas, los pueblos indígenas y barrios pobres de ciudades”, afirmó el asesor legal de AIDA y co-autor del informe, Jacob Kopas. El reporte aboga por un acuerdo climático con obligaciones legales vinculantes para que los países con mayores emisores de carbono asuman su responsabilidad proporcional para la adaptación y mitigación y apoyen a los países en desarrollo. “Esperamos que la Comisión Interamericana recomiende a los gobiernos más responsables por las emisiones históricas y actuales, que cumplan con su obligación internacional de contribuir más a soluciones duraderas frente al cambio climático", añadió Kopas. Otros impactos del informe incluyen el pronóstico de más lluvias e inundaciones en el continente. Esto tan sólo en 2010 afectó a 2,2 millones de personas y causó daños en Colombia por $USD 300 millones. También se han perdido 80% de arrecifes de coral debido en gran medida al calentamiento del agua de los océanos y a su acidificación. AIDA espera que el informe sea útil a la CIDH en la investigación continua sobre el vínculo entre los derechos humanos y el cambio climático, derivado del mandato de la Asamblea General de la OEA para investigar al respecto (Resolución 2429, XXXVIII-O/08), y también para los gobiernos y comunidades para encontrar mejores soluciones a este problema global. Para mayor información: http://www.aida-americas.org/es/project/el-impacto-del-cambio-climatico-en-los-derechos-humanos

Enero 05 2012 Derechos Humanos, Derechos Indígenas

Organizaciones de la sociedad civil denuncian a Brasil por violaciones a los derechos humanos en la Amazonía

Presentan el informe sobre la forma en que ese país ha violado garantías individuales por la construcción de grandes represas en ese país durante 2012. Manaus, Brasil / Bogotá, Colombia. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) en coordinación con un grupo de organizaciones de la sociedad civil hizo una denuncia ante las Naciones Unidas sobre las violaciones de los derechos humanos provocadas por el desarrollo y construcción de grandes represas en el Amazonas brasileño. El documento fue entregado al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) como parte del segundo ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) para Brasil el pasado 28 de noviembre, proceso en el cual se realiza una revisión de las violaciones a los derechos humanos en las que ha incurrido ese país. Durante dicha evaluación el Examen revisará información recopilada por organizaciones de la sociedad civil y por el gobierno donde se plantearán recomendaciones para que Brasil mejore la protección de los derechos humanos. “Esta es una llamada de alerta para Brasil y otros gobiernos de la región, para que reconozcan que las grandes hidroeléctricas no son energía ‘limpia’, sino, al contrario, pueden provocar graves daños para los derechos humanos y el medio ambiente”, señaló Jacob Kopas, asesor legal de AIDA. El representante de AIDA añadió que el informe que se presenta muestra los peligros que representan los proyectos de desarrollo energético para ese país, dado que en la zona se planean construir más de 60 grandes hidroeléctricas. El informe examina cuatro casos de la región de la Amazonia y expone cómo la construcción de las represas ha causado múltiples violaciones a los derechos humanos como: a) no cuentan con estudios de impacto ambiental adecuados; b) violan el derecho a la consulta y consentimiento libre, previo e informado de grupos indígenas; c) causan desplazamiento forzado y despojo de tierras; d) provocan graves daños a la salud y al medio ambiente. En el caso más polémico examinado por el informe, el de Belo Monte en el río Xingú, Pará, se destaca la continuación de las obras, a pesar de una resolución de Medidas Cautelares la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que solicita protección especial para comunidades indígenas afectadas. Entre otros casos resumidos se identifican las hidroeléctricas de San Antonio y Jirau en el Río Madeira, (Rondonia); la represa Tucuruí en el río Tocantins (Pará); y el complejo de Tapajós en los ríos Teles Pires y Tapajós Jamanxim, (Pará). “Esperamos que el Consejo de Derechos Humanos tome en cuenta las violaciones a los derechos humanos puntualizadas en el informe, para que el gobierno de Brasil dé prioridad a este tema por encima de sus planes de desarrollo energético”, señaló Joelson Cavalcante, asesor legal de AIDA en Brasil. La coalición de organizaciones que elaboró el informe está integrada por: el Instituto Socioambiental (ISA), International Rivers, Sociedade Paranaense de Direitos Humanos (SDDH), Justiça Global, Movimento Xingu Vivo Para Sempre (MXVPS) y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).

Diciembre 15 2011 Contaminación Tóxica, Derechos Humanos

El presidente de AIDA Manuel Pulgar-Vidal fue nombrado Ministro del Ambiente en Perú

La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) felicita a Manuel Pulgar–Vidal por haber sido nombrado titular del Ministerio del Ambiente en Perú. Pulgar-Vidal es un abogado ambientalista y líder de opinión que fungió como presidente de Consejo Directivo de AIDA por ocho años. Con su nueva encomienda, es el tercer peruano que ha jurado ese importante cargo gubernamental. Estamos muy agradecidos por todo el trabajo y la dirección que Pulgar-Vidal ha dado a AIDA desde que ayudó a fundar la organización en 1996. El nombramiento es un reconocimiento bien merecido a un hombre que ha dedicado su vida a defender derechos humanos y el medio ambiente. Su nueva posición no será sencilla. Pulgar-Vidal se une a un nuevo gobierno en funciones que enfrenta su primera crisis: disenso popular por los impactos potenciales en la construcción de una gigantesca mina de oro, pero la oportunidad de fortalecer la gobernanza ambiental y de institucionalizar la protección de la salud ambiental no tienen precio. Sabemos que está a la altura del reto.

Diciembre 07 2011 Transparencia y Rendición de Cuentas, Cambio Climático

AIDA presenta informe en Durban sobre el vínculo entre el cambio climático y los derechos humanos en América Latina

Llaman a tomar medidas para proteger los derechos humanos de las comunidades más vulnerables. Durban, Sudáfrica. El miércoles 7 de diciembre de 2011, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) presentó ante los delegados que participan en las negociaciones climáticas en Durban, Sudáfrica, un informe donde se detallan los efectos negativos del cambio climático sobre los derechos humanos, tales como el derecho a la vida, al acceso al agua, a la salud, a la alimentación y a la vivienda para millones de personas en América Latina. “El cambio climático es la causa del mayor perjuicio a los derechos humanos de aquéllos que son los menos responsables por las emisiones de gases de efecto invernadero- comunidades vulnerables e históricamente desfavorecidas como campesinos, pueblos indígenas y la gente más pobre de las ciudades urbanas”, afirmó el abogado de AIDA Jacob Kopas. “Los gobiernos que son desproporcionadamente responsables de las históricas y actuales emisiones tienen una obligación internacional de contribuir más a las soluciones duraderas”. El impacto más perturbador de todos los que han sido detallados en el informe es la reducción drástica del acceso al agua dulce en América Latina. El incremento del descongelamiento de los glaciares, la degradación de los humedales en los páramos de alta montaña, los patrones meteorológicos erráticos y las duras sequías limitarán de aquí al año 2050, el acceso al agua a más de 50 millones de personas en la región tropical andina. Otros impactos incluyen lluvias e inundaciones más fuertes, fenómeno que ya ha afectado a 2.2 millones de personas y ha ocasionado US$300 millones de dólares en daños sólo en Colombia durante el año 2010; y la pérdida del 80% de los arrecifes de coral del Caribe debido en gran parte a un incremento en las temperaturas y la acidificación del océano. “Las partes deben entender que no es posible cerrar los ojos ante el problema del cambio climático. Tenemos que actuar ahora mismo para ayudar a que las comunidades más afectadas del mundo puedan enfrentar el cambio climático y para ello debemos garantizar soluciones urgentes y alcanzables como el Fondo Verde Climático aquí en Durban”, dijo Andrés Pirazzoli, abogado de AIDA, quien repartió el informe entre los delegados participantes de las negociaciones. AIDA respalda al Fondo Verde Climático, destinado a financiar la adopción de tecnologías bajas en carbono, además de programas de adaptación en el mundo en vías de desarrollo. AIDA publicó un informe esta semana donde da a conocer una investigación formulada para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que revela el vínculo entre el cambio climático y los derechos humanos. El informe exhorta a la aprobación de un tratado climático vinculante y exhorta a los emisores más grandes a que sufraguen los gastos de las medidas de adaptación y mitigación en el mundo en vías de desarrollo.

Octubre 27 2011

México incumple recomendación internacional para registrar manglares en peligro por complejo turístico

Autoridades ambientales no aplicaron solicitud del organismo internacional regulador para proteger humedales que podrían sufrir afectaciones a su ecosistema por complejos turísticos en la costa de Sinaloa y Nayarit. México, Distrito Federal. Con el fin de proteger los humedales de la Laguna Huizache-Caimanero y Marismas Nacionales, que cuenta con el sistema de manglar más extenso del Pacífico mexicano, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y la Alianza para la Sustentabilidad del Noroeste Costero Mexicano (ALCOSTA), solicitan al gobierno de México hacer del conocimiento público las Recomendaciones de la Misión Ramsar de Asesoramiento a estos sitios y enlistarlos en el Registro Montreux. AIDA participó el pasado 29 de septiembre en la última reunión en la ciudad de México del Comité Nacional de Humedales Prioritarios, convocado por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), donde se discutió entre otros temas, la necesidad de elaborar una política nacional de humedales protegidos en México. En dicha reunión se habló del proyecto turístico Centro Integralmente Planeado (CIP) Costa del Pacífico (ahora llamado Playa Espíritu), promovido por el Fondo Nacional del Turismo del gobierno federal, el cual pone en riesgo dichos humedales. También se informó de la segunda sesión de asesoramiento de la Misión Ramsar al sitio Marismas Nacionales. Sandra Moguel, asesora legal de AIDA, quien participó en el evento, afirma que una de las recomendaciones del Secretariado de la Convención Ramsar (máximo órgano internacional de protección y regulación de humedales prioritarios en el mundo ) derivadas de la misión realizada en agosto del 2010 consistía en incluir en el Registro Montreux los humedales que se encuentran en Marismas Nacionales y Huizache Caimanero en Sinaloa y Nayarit, respectivamente. Dicho registro es una afiliación que recomienda la Misión Ramsar de sitios “en los que se hubieran producido, se estuvieran produciendo o pudieran producirse modificaciones en las condiciones ecológicas", de acuerdo a sus políticas internas. “El Registro Montreux tiene como propósito atender los cambios negativos en las características ecológicas de los sitios Ramsar. México consolidaría su liderazgo en América Latina en el tema relativo a humedales al demostrar voluntad política para el cumplimiento de los tratados internacionales y la verdadera protección de los manglares en nuestro país”, afirmó la abogada. Agustín Bravo, coordinador de la Oficina Noroeste de CEMDA, señaló que “actualmente se habla en medios de comunicación de un CIP de 40 mil cuartos cuando únicamente se autorizaron 10 mil. Si bien se trata de un mecanismo voluntario, la inclusión de Marismas en el Registro Montreux apoyaría la rendición de cuentas del gobierno federal respecto al manejo del sitio”. ”El proceso de evaluación de impacto ambiental, contrariamente a las Recomendaciones de la Misión Ramsar de Asesoramiento, no reconoce los impactos que generará el Centro Integralmente Planeado (CIP) del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) y los asentamientos humanos asociados al desarrollo turístico en el ecosistema de Marismas Nacionales por cambios de uso de suelo y manejo de residuos sólidos. Dicho organismo tampoco relaciona estos impactos con los que generan la agricultura intensiva y la acuacultura”, dijo René Córdova, coordinador de ALCOSTA una coalición formada por 24 organizaciones conservacionistas de los estados de Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Sinaloa y Sonora. AIDA y el CEMDA, junto con otras organizaciones civiles, presentaron en 2009 una petición donde se solicitó la intervención por el Secretariado de la Convención Ramsar para la defensa legal de la zona. En mayo de 2011 la autoridad ambiental Mexicana aprobó la autorización de impacto ambiental para la construcción y operación del proyecto. La autorización es cuestionable debido a que deja abierta la posibilidad de presentar una modificación para construir los 40 mil cuartos originalmente contenidos en el proyecto, en lugar de 10 mil como se autorizó. Para ello, la autoridad requiere la presentación de estudios y permisos posteriores a la autorización. Dichas organizaciones han denunciado que si el proyecto se ejecuta como está planificado, pondría en peligro los humedales cercanos que salvaguardan al 10% de los manglares que le quedan a México y 60 especies en peligro de extinción. Por la importancia de los humedales en Marismas Nacionales y la protección y crecimiento de las especies de peces en el Mar de Cortés, estas afectaciones implicarían una gran pérdida económica para la industria pesquera en la zona. Más información sobre humedales en México: Marismas Nacionales fue registrado en la lista de humedales de importancia prioritaria internacional de la Convención Ramsar, el 22 de junio de 1995. El humedal se encuentra situado en los límites de Sinaloa y Nayarit, zona aproximadamente con un extensión de 2 mil 381 hectáreas y con carácter de Área Natural Protegida en la parte de Nayarit. México es el segundo país en el mundo con más humedales registrados bajo la Convención Ramsar y el quinto con más extensión de este tipo de ecosistemas ubicados en los trópicos y subtrópicos del continente americano. Desde el cuatro de noviembre de 1986, México suscribió a la Convención Ramsar, un tratado intergubernamental que sirve de marco para la acción nacional y la cooperación internacional en favor de la conservación y el uso racional de los humedales y sus recursos. Actualmente han sido identificados 121 sitios designados como “humedales mexicanos de importancia internacional”, con una superficie de 8 millones 225 mil 926 hectáreas en todo el país.

Septiembre 14 2011 Contaminación Tóxica, Derechos Humanos

Doe Run solicita suspensión del juicio iniciado por los niños de La Oroya

Demandantes responden que arbitraje internacional entre Doe Run y el Gobierno del Perú no debe retrasar la justicia para los niños que sufren por la contaminación de plomo. San Luis, Missouri, EE.UU. La empresa Doe Run Resources y sus afiliados solicitaron el pasado agosto a la corte de Missouri, que suspenda la determinación de responsabilidad por los daños a la salud de 35 menores peruanos causados por las emisiones tóxicas de su metalúrgica ubicada en la ciudad de La Oroya, mientras no se resuelva una demanda internacional arbitral presentada por la mencionada empresa contra el Estado Peruano, bajo el Tratado de Libre Comercio entre PERÚ-EE.UU. Esta semana, los abogados de los niños respondieron ante la corte que lleva el caso, argumentando que los daños severos y acumulativos en la salud de los niños de La Oroya, causados por la contaminación de metales pesados ocasionada por esta empresa, no permite una mayor postergación. Renco Holding Company, el dueño de Doe Run Resources y Doe Run Peru (DRP), presentaron una demanda de arbitraje contra el Gobierno del Perú ante un tribunal internacional en abril de 2011. Con este proceso, Doe Run busca asignar la responsabilidad económica por daños a la salud de la comunidad de La Oroya al Gobierno Peruano. Renco, a través de Doe Run Perú compró el Complejo Metalúrgico de La Oroya al Gobierno Peruano en 1997. Desde el 2009, DRP mantiene paralizado el mencionado complejo y mantiene negociaciones con el Estado Peruano para poder reiniciar sus operaciones. En julio pasado, la corte en Missouri le impuso una multa de $320 millones de dólares a Doe Run Investment Holdings Company y otros, los antiguos dueños de la metalúrgica de esta ciudad, por ser responsables de los problemas de salud (similares a los de La Oroya), presentados en 16 menores de edad que residían dentro de la zona donde operaba la mencionada metalúrgica, entre los años 1986 y 1994. “Cada día que no procede esta demanda en esta corte, los daños a estos niños siguen aumentando,” dijeron los abogados de los demandantes en la contestación a la apelación de Doe Run para la suspensión del juicio. “Con esta solicitud, Doe Run intenta impedir otra vez la justicia y el remedio para la comunidad de La Oroya, buscando tan solo proteger sus intereses económicos,” dijo Anna Cederstav, Co-Directora de la Asociación Interamericana para la Defensa del Medio Ambiente.

Agosto 08 2011

La ruta del plomo: ¿Qué pasa cuando una compañía estadounidense exporta contaminación?

Un artículo de Mother Jones, una revista EEUU, que detalla los terribles efectos de la fundidora Doe Run Perú en la comunidad de La Oroya.

Agosto 04 2011

Jurado en EEUU condena por $358.5 millones a exdueños de fundición de plomo

Las compañías Doe Run Investment Holdings Company, Fluor Corporation de Texas y A.T. Massey Coal de Virginia sabían que contaminación de plomo dañaba la salud de niños. San Luis, Missouri, EUA. El viernes pasado, los antiguos propietarios de una planta fundidora de plomo en Herculaneum, Missouri, recibieron una condena de $320 millones de dólares debido a la contaminación de plomo que generó problemas de salud a 16 menores y otros habitantes que vivían cerca de la zona. “Obviamente querían enviar un mensaje: no pongas las ganancias por encima de la gente”, dijo Mark Bronson, abogado de los demandantes, al diario St. Louis Post-Dispatch. El jurado impuso la condena de $320 millones, el pasado viernes 29 para desalentar una contaminación futura a las compañías Doe Run Investment Holdings Company, Fluor Corporation de Texas y A.T. Massey Coal, propietarias de la fundidora hasta el año 1994. Asimismo, un día antes el juzgado civil ya había exigido que dichas empresas pagaran $38.5 millones de dólares a las familias como compensación por los daños a la salud y ganancias perdidas por la contaminación entre los años 1986 y 1994. Cabe resaltar que, hace unos meses, el dueño actual de la fundición, Doe Run Resources Corporation, llegó a un acuerdo con los demandantes por la contaminación ocurrida después de 1994 por una cantidad no revelada, según documentos del corte. DOE RUN PERÚ Y EL CASO LA OROYA Doe Run Resources Corporation es subsidiaria de Renco Holding Company, del empresario Ira Rennert. Después de comprar Doe Run Resources, Renco compró el Complejo Metalúrgico de La Oroya en 1997 y estableció otra subsidiaria, Doe Run Perú (DRP), para operarlo. DRP mantiene paralizado el Complejo desde 2009, y está negociando con el gobierno para reabrirlo. AIDA y la SPDA han trabajado desde 1997 con el fin de llamar la atención al gobierno Peruano para que DRP controle los níveles de contaminación en La Oroya, similares a los de Herculaneum. El gobierno exigió mejores controles ambientales en el complejo metalúrgico que están pendientes de cumplir, pero Renco Holdings empezó un proceso de arbitraje internacional dentro del marco del Tratado de Libre Comercio entre Perú y EEUU, argumentando que las acciones que Perú ha tomado para requerir mejoras en el Complejo son inesperadas e injustas. Actualmente, AIDA y la Asociación Pro Derechos Humanos, APRODEH, llevan un caso y una petición de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a nombre de habitantes de La Oroya afectados por la contaminación. “La cifra de la condena en los Estados Unidos evidencia la gravedad de la contaminación por plomo, en particular en niños y niñas, demostrando una vez más la magnitud de las violaciones de derechos humanos ocurridas en Missouri y en La Oroya” dijoAstrid Puentes Riaño, Co-Directora Ejecutiva de AIDA. “Por ello insistimos en las medidas que están pendientes en La Oroya para atender esta situación”puntualizó. Por su parte, Ramón Rivero, del Programa de Ciudadanía y Asuntos Socioambientales de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), calificó como ejemplar esta sanción por lo que ante situaciones similares debería tomarse como referencia en otra latitudes como la peruana. “Medidas como la dispuesta contra Doe Run en EE.UU. suponen una acción correctiva desde un Estado que, en este caso, busca resarcir a los afectados de manera equivalente al daño ocasionado. Habría que preguntarnos si las medidas dispuestas por el Estado peruano a la fecha, con relación a los daños de DRP en La Oroya, contiene esta lógica reparatoria”, agregó el especialista. “Es necesario establecer medidas relacionadas a la salud pública más eficaces que solo mediciones y controles, sino que influyan en el bienestar de los habitantes de La Oroya. Además, debería evaluarse la posibilidad de incrementar los montos a invertir en las reparaciones en la zona”, manifesto Rivero.