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Violaciones en Belo Monte, Brasil, podrían llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Se presenta una denuncia al país por violación a los derechos humanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que podría conducir al Estado de Brasil a una condena internacional. Altamira, Brasil, Washington, DC, — Organizaciones de defensa de las poblaciones del río Xingú en el Amazonas de Brasil, que están amenazadas por la construcción del megaproyecto de hidroeléctrica Belo Monte, demandaron este jueves, 16 de junio, al Estado de Brasil ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), por las violaciones a los derechos humanos cometidas. La demanda se presentó después de que Brasil ignoró las medidas cautelares que la CIDH solicitó a ese país el primero de abril, solicitando la suspensión del proyecto de Belo Monte para prevenir violaciones inminentes a los derechos humanos. Las principales críticas a las autoridades del gobierno de Dilma Rousseff son la falta de garantía de procesos de consentimiento libre, previo e informado para las comunidades indígenas, como prevé la Constitución, falta de consulta a las comunidades ribereñas y a la población de Altamira que también se afectará, irregularidades en el proceso de licenciamiento e ineficiencia del sistema judicial brasilero para proteger los derechos. La denuncia enlista a detalle los impactos que afectarán a las poblaciones en la cuenca del río Xingú, incluyendo la destrucción irreversible de un ecosistema irremplazable del que dependen las comunidades, el posible aumento de enfermedades graves como malaria y dengue y el desplazamiento forzado de comunidades indígenas y campesinas. “En el caso de Belo Monte, el sistema de justicia brasileño no funciona y ha cedido ante todas las presiones económicas y políticas del gobierno y del Consorcio de Energía del Norte”, explica Antonia Melo, coordinadora del Movimiento Xingú Vivo para Siempre. “Por eso no hay otra opción que pedir la intervención de la Comisión Interamericana”, añade. Si se acepta la denuncia, se podría ordenar al gobierno de Brasil a reparar los daños, pudiendo encaminar el proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instancia que tiene la capacidad de condenar al país por violaciones internacionales a los derechos humanos. Tras los hechos mencionados y de acuerdo con líderes indígenas, el proyecto Belo Monte ha provocado un ambiente conflictivo en la región de Altamira, incluso con amenazas de muerte hacia algunos de sus integrantes. De acuerdo con José Carlos Arara, cacique de la aldea Arara da Volta Grande, amenazado después del inicio de la demarcación de tierras indígenas Arará, “toda la comunidad también está bajo amenaza – y son los líderes los que sufren más. Estoy preso en mi propio pueblo, no puedo salir de aquí y no tenemos ningún apoyo de la FUNAI [entidad indígenista de Brasil] para garantizar nuestra seguridad”. “La posición del gobierno brasileño frente a Belo Monte es está en contra con la imagen que pretende tener como líder regional y anfitrión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río +20) a celebrarse en 2012”, dijo Astrid Puentes, Co Directora de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). “Esperamos que los gobiernos de la región dejen de promover proyectos dañinos para las personas y el ambiente y que busquen un desarrollo sostenible verdadero, basado en el respeto a los derechos humanos”, añadió Puentes. Aunque el gobierno emitió una licencia que permite la construcción de la represa en junio, están en proceso de la justicia brasileña 11 acciones públicas civiles del Ministerio Público Federal contra el proyecto. “La diplomacia brasileña corre serios riesgos de desprestigio internacional con las actitudes que tiene, esperamos que esto se corrija lo antes posible para demostrar la verdadera voluntad de protección de los derechos humanos de Brasil”, afirma Roberta Amanajás, abogada de la Sociedad Paraense de Defensa de los Derechos Humanos (SDDH), citando el fuerte rechazo del proceso internacional por el gobierno de Rousseff y un voto de censura hacia la OEA aprobado por el Senado en la última semana.
Leer másAIDA alerta sobre posible debilitamiento de licencias ambientales en Colombia
Bogotá, Colombia. El pasado viernes 29 de abril fue aprobado en el Congreso de la República de Colombia el Proyecto de Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 que debilitaría el procedimiento de licencias ambientales y pondría en riesgo importantes riquezas naturales de dicho país. Alertando sobre los riesgos de los cambios, AIDA presentó ante el Congreso de Colombia, un documento de análisis que concluye que dichas modificaciones desconocen normas constitucionales e internacionales de derecho ambiental. Dicho documento fue entregado también al Director del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. A través de la que sería la nueva Ley del Plan Nacional de Desarrollo, se pretende recortar en más del 30%, el tiempo del procedimiento para la evaluación y otorgamiento de licencias ambientales. Además, si pasado un tiempo el Ministerio de Ambiente no decide se crea un comité que haría recomendaciones obligatorias respecto a la decisión. El comité tendría participación del DNP y del Ministerio del sector al que pertenece el proyecto evaluado. Por ello el comité se convertiría en juez y parte de la decisión. Lo anterior vulnera de forma clara el derecho de los colombianos al ambiente sano. El Estado colombiano estaría también violando la obligación de proteger y preservar el ambiente. Las licencias ambientales lejos de ser un trámite, son una herramienta fundamental para el desarrollo sostenible y para evitar daños irreparables al ambiente. Su existencia se deriva de obligaciones de la propia Constitución y de tratados internacionales aprobados por el Estado. “Nos preocupa que un proceso vital para decidir acerca de actividades que puedan afectar el ambiente sea un puro trámite administrativo”, dijo Astrid Puentes, co-Directora de AIDA. “Colombia es uno de los países más biodiversos del planeta, cuya riqueza natural es esencial para la economía, la sociedad e incluso para la identidad nacional, autorizar estos cambios afectaría la capacidad del Estado para conservar estas riquezas”. Al Proyecto de Ley sólo le resta la firma presidencial para convertirse en ley de la República. Por ello, AIDA envío el análisis de la norma al Presidente Juan Manuel Santos esperando que considere los argumentos de protección ambiental allí planteados y que evite las modificaciones contrarias a la Constitución, a los compromisos internacionales de Colombia y a los intereses nacionales. Si el Presidente firma esta Ley cientos de proyectos de alto impacto podrían aprobarse sin la debida evaluación objetiva e independiente de impactos sociales y ambientales. Con ello se pondrían en peligro el derecho al ambiente sano y ecosistemas frágiles y claves para los colombianos, colombianas y para la región, como los páramos y las zonas marinas, involucrados en proyectos extractivos.
Leer másOrganización de Estados Americanos solicitó suspender inmediatamente el proyecto de represa de Belo Monte
Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera que los pueblos indígenas deben ser consultados ANTES del inicio de las obras. Altamira, Brasil / Washington, D.C., USA. El 1 de abril pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) oficialmente solicitó al gobierno de Brasil suspender inmediatamente el licenciamiento y construcción de la gran represa de Belo Monte, en el estado de Pará, Brasil, argumentando que el proyecto podría perjudicar los derechos humanos de las comunidades tradicionales de la cuenca del río Xingú. La CIDH determinó que el gobierno debe realizar procesos de consulta "previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuados", con las comunidades indígenas involucradas antes de la construcción de la hidroeléctrica. El gobierno brasileño recibió un plazo de quince días para informar a la CIDH sobre el cumplimiento de la resolución. La decisión de la CIDH responde a una denuncia presentada en noviembre de 2010 por el Movimiento Xingú Vivo Para Siempre (MXVPS), la Coordinación de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña (COIAB), la Prelazia del Xingú, el Consejo Indígena Misionero (CIMI), la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), la Sociedad Paranaense de Derechos Humanos y Justicia Global, en nombre de varias comunidades tradicionales de la cuenca del Xingú. De acuerdo con la denuncia, entre otros, estas comunidades no fueron consultadas de forma adecuada sobre el proyecto que, si se lleva a cabo, causará daños socio-ambientales irreversibles, desplazamientos forzados de miles de personas y amenazará una de las regiones de mayor valor para la conservación de la biodiversidad en el Amazonas. "Al reconocer los derechos de los pueblos indígenas a la consulta previa e informada, la CIDH solicita que el gobierno brasileño paralice la construcción de Belo Monte y garantice el derecho de decidir de los indígenas", dijo Roberta Amanajás, abogada de SDDH. "De esta forma, seguir con las obras sin realizar las consultas indígenas violaría el derecho internacional y el gobierno sería responsable internacionalmente por los impactos negativos causados por el proyecto". La CIDH también resolvió que Brasil debe adoptar medidas urgentes para proteger la vida e integridad personal de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario en la cuenca del Xingú, además de medidas para prevenir la diseminación de enfermedades y epidemias entre las comunidades tradicionales afectadas por la obra. "La decisión de la CIDH envía un mensaje claro que las decisiones unilaterales del gobierno y la justicia brasileños, en busca del crecimiento económico a cualquier costo, constituyen una afronta a las leyes del país y a los derechos de las poblaciones tradicionales locales", dijo Antonia Melo del MXVPS. "Nuestros gobernantes no pueden continuar excusándose en el crecimiento económico para violar los derechos humanos e impulsar proyectos que promueven la destrucción de nuestros recursos naturales y la muerte de los pueblos del Xingú y del Amazonas". La represa no sólo ha sido criticada por comunidades y organizaciones de la sociedad civil, sino también por científicos, investigadores y expertos de las agencias federales brasileñas. Sólo el Ministerio Público Federal ha presentado diez demandas que están pendientes de resolverse. ”Esta decisión marca un hito para Brasil y para la región, pues evidencia que el desarrollo económico debe cumplir con las normas y respetar los derechos humanos” afirmó Astrid Puentes, co-directora de AIDA. “Grandes represas como Belo Monte han evidenciado que no son energía limpia ni sostenible, por los graves impactos que causan, incluso para el cambio climático, por lo cual es esencial que los Estados examinen integralmente los impactos y alternativas que estos proyectos tienen, pues existen muchas” concluyó. "Estoy muy conmovida con esta noticia", dijo Sheyla Juruna, líder de la comunidad indígena Juruna del km 17, afectada por el proyecto. "Hoy, más que nunca, tengo la certeza de que estamos en lo correcto en denunciar al gobierno ante la justicia por las violaciones contra los derechos de los pueblos indígenas del Xingú y de todos los que están juntos en esta lucha en defensa de la vida y del medio ambiente. Continuaremos firmes y resistentes en esta lucha contra la implementación del Complejo de Belo Monte". La decisión de la CIDH ordenando la suspensión inmediata del proceso de licenciamiento y construcción de Belo Monte se fundamenta en el Convenio 169 de la OIT, en la Declaración de la ONU de los Derechos de los Pueblos Indígenas, en la Convención de Biodiversidad, en la Convención Americana y en la propia Constitución de Brasil.
Leer másMinisterio de minas colombiano anuncia la protección de los páramos frente a minería
Bogotá, Colombia. Colombia ha señalado que no se permitiría la construcción de una de las minas a cielo abierto de oro y otros metales más grande del hemisferio. En un paso sorprendentemente audaz, el 17 de marzo pasado el Ministro de Minas colombiano Carlos Rodado, aceptó que "De conformidad con la ley colombiana, no es posible desarrollar proyecto alguno de explotación minera en las zonas de páramo.” Si se aplica lo dicho, esto impediría la construcción del proyecto de gran minería de Angostura en el departamento de Santander, en el páramo de Santurbán. “Este es un paso importante en el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y de los tratados internacionales por parte de Colombia para proteger los páramos,” dijo Natalia Jiménez Galindo, asesora legal de AIDA en Bogotá. “El Estado debe rechazar todo el proyecto de Angostura, tanto la solicitud de explotación minera como la de infraestructura adicional”, concluyó Jiménez. Si se aprueba la mina Angostura se pondría en peligro el páramo de Santurbán, un humedal de gran altitud altamente frágil y que da agua a más de un millón de habitantes. En colaboración con varios socios, AIDA ha protegido este ecosistema contra la minería, prestando asesoramiento jurídico a organizaciones y enviando a las autoridades un análisis de las obligaciones internacionales aplicables. "Aplaudimos al Ministerio de Minas por este reconocimiento de la prohibición de la minería en los páramos y esperamos verlo reflejado en una decisión oficial" dijo Astrid Puentes Co-directora de AIDA. “Esto enviaría el mensaje adecuado por parte del gobierno colombiano que en realidad tiene la voluntad de proteger los páramos y de hacer una diferencia contra el cambio climático”. AIDA insta al Estado colombiano a rechazar formalmente la totalidad del proyecto de gran minería Angostura propuesto por Greystar Resources Corporation de Canadá. Esta sería la única decisión coherente con el pronunciamiento del Ministerio de Minas con las normas y con el concepto del Instituto Alexander von Humboldt.
Leer másLa Organización de Estados Americanos cuestiona el proyecto de la represa Belo Monte
La CIDH, órgano de derechos humanos de la OEA solicita investigaciones oficiales mientras que las comunidades realizan manifestaciones importantes. Altamira, Brazil. La Organización de Estados Americanos (OEA) solicitó oficialmente al gobierno de Brasil, clarificar la información sobre el proceso de licenciamiento de la represa Belo Monte, que continúa sin haber asegurado una apropiada consulta con los grupos locales indígenas. Esta solicitud se realizó en medio de una intensa controversia local e internacional alrededor de los planes para construir el complejo de la represa en el Río Xingú en la Amazonia brasileña. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, solicitó la investigación en respuesta de una queja presentada por varias organizaciones incluyendo: el Movimiento Xingú Vivo para Siempre (MXVPS), la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y la Sociedad de Pará en Defensa de los Derechos Humanos (SDDH) apoyadas por otras 40 instituciones de defensa de los derechos indígenas y comunidades tradicionales de la cuenca del Río Xingú. La queja demanda que el gobierno brasileño suspenda inmediatamente el proceso de licenciamiento para la represa de Belo Monte, que pare la construcción del proyecto y que garantice los derechos humanos de las comunidades y personas afectadas. La CIDH dio al gobierno diez días para aclarar las medidas adoptadas que garanticen las consultas previas, libres e informadas con las comunidades locales y la legalidad de la "licencia parcial", entre otros temas. La solicitud es el primer paso de un largo procedimiento en el cual las comunidades locales están alegando violaciones a los derechos humanos derivadas de la represa propuesta. "Cuando el gobierno de Brasil firma un tratado, está obligado a cumplir con sus resoluciones" dijo Roberta Amanajás, abogada de la Sociedad de Pará para la Defensa de Derechos Humanos (SDDH). "Como firmante de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, Brasil debe reconocer su legitimidad para examinar casos como el de Belo Monte". "Con grandes proyectos de desarrollo como el complejo de la represa Belo Monte, todos los gobiernos deben ser responsables de la protección de los derechos humanos y el medio ambiente de las comunidades locales" dijo Jacob Kopas, abogado de AIDA. "La Comisión Interamericana ha ya reconocido esto en otros casos y ha pedido la suspensión de un proyecto de una gran represa en Panamá y de una gran mina de oro en Guatemala". Mientras tanto, cientos de pescadores realizaron una protesta el viernes en la ciudad de Altamira, para manifestar su oposición a un proyecto que podría destruir sus medios de subsistencia al aniquilar especies de peces migratorias de la región. El evento, bendecido por Dom Erwin Kräutler, obispo de Xingú y oponente histórico a la planta hidroeléctrica, se caracterizó por docenas de barcos de pesca que se establecieron en el río Xingú para simbolizar la importancia de defender el río y la preservación de su modo de vida. "Los pescadores de Xingú están comprometidos con la organización en defensa del río" dijo Kräutler. "Del río es que ellos obtienen el sustento para ellos mismos y sus familias, mientras que su arduo trabajo provee a todas las ciudades a lo largo de Xingú, fue muy reconfortante verlos en grandes números dispuestos a pescar la semana pasada. Su regreso el día de hoy ha mostrado que el río está vivo y que ellos quieren verlo permanecer vivo para siempre". Hoy, docenas de barcos pesqueros alrededor de las comunidades circundantes afectadas por la represa se han unido a los manifestantes en demostración de su solidaridad. Ellos darán lo bienvenida a los pescadores en su regreso y compartirán la pesca con motivo del Día Internacional de la Acción por los Ríos.
Leer másSuspendida audiencia pública del proyecto minero Angostura: AIDA publica su intervención en la que insta al Gobierno colombiano a proteger los páramos
Bogotá, Colombia. La audiencia pública programada para el viernes 4 de marzo en la ciudad de Bucaramanga (Departamento de Santander, Colombia) por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en el proceso de licenciamiento ambiental del proyecto de gran minería de oro a cielo abierto "Angostura" fue suspendida debido a situaciones que impidieron el normal desarrollo de la misma.Por esta razón, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, AIDA hará llegar al gobierno colombiano su escrito de intervención sobre las obligaciones internacionales y constitucionales del Estado colombiano de proteger los páramos, que no pudo presentar en la suspendida audiencia.En los próximos días, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial colombiano deberá pronunciarse sobre la cancelación total de la audiencia o sobre la posibilidad de reanudarla. Estaremos atentos a dicha notificación y nos aseguraremos de que los argumentos aportados por AIDA sean conocidos abiertamente y considerados dentro del proceso de solicitud de la Licencia Ambiental al proyecto Angostura.
Leer másEl Estado colombiano debe rechazar proyecto de gran minería de oro "Angostura" en zona de páramo
Desconocería obligaciones constitucionales internacionales. Bucaramanga, Colombia. Hoy, La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) instará al gobierno colombiano a detener un proyecto de gran minería de oro y otros metales que sería un precedente perjudicial para los ecosistemas frágiles en América Latina. El proyecto de minería a cielo abierto Angostura, planeado en el páramo de Santurbán, se encuentra en proceso de aprobación por parte del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial colombiano. Hoy se celebra una audiencia pública en la que el Ministerio recibirá argumentos de diferentes sectores. AIDA argumentará que las obligaciones internacionales y constitucionales del Estado colombiano de proteger el ambiente, especialmente áreas de gran importancia ecológica como los páramos, impiden la autorización. "Los páramos son ecosistemas altamente frágiles y la minería a cielo abierto causaría daños graves e irreversibles," dijo Natalia Jiménez, abogada de AIDA. "De acuerdo con la Constitución Política y los Principios de Río, la Convención de Biodiversidad y la de Cambio Climático, todos ratificados por Colombia, el Estado está obligado a conservar los páramos y procurar su intangibilidad." De ser aprobado el proyecto Angostura afectaría de forma definitiva por lo menos 575 ha del páramo de Santurbán (más del 50%), pudiendo afectar un área mayor. En Colombia, como en el resto de la región Andina en los páramos se origina la mayor parte del agua dulce que consumen los habitantes. Tienen una alta capacidad de purificar el ambiente, de estabilizar los suelos y el clima, de prevenir los deslaves y los derrumbes y de contener un alto nivel de animales y plantas. En efecto, son el hábitat de especies únicas en el mundo como el oso de anteojos y el cóndor de los Andes. La Procuraduría General de Colombia, miembros del Parlamento Andino y ex ministros de ambiente, así como organizaciones y expertos ambientales se oponen a la licencia. El proyecto carece de un adecuado Estudio de Impacto Ambiental integral, pues los impactos de la mina y los de la infraestructura complementaria, se analizan en dos procesos de forma fragmentada. Por ello, AIDA también solicita que el Ministerio los unifique y analice el impacto global del proyecto. Así lo ordenan los estándares internacionales y la Corte Suprema de Canadá, país de origen de la empresa Greystar Resources Ltds. que promueve el proyecto.
Leer másCancelan concesión a Industrias Infinito para Proyecto Minero Crucitas
25 de noviembre de 2010, San José, Costa Rica – El Tribunal Contencioso Administrativo sentó un histórico precedente en la región al cancelar ayer la concesión otorgada a Industrias Infinito para desarrollar el Proyecto Minero de Oro Crucitas, en Curtis de San Carlos. El Tribunal anuló esta concesión porque viola las normas y por el daño ambiental que causó la empresa. “Celebramos la decisión del Tribunal pues hace cumplir las normas nacionales e internacionales a un proyecto que pretendía imponerse contra la ley”, dijo Gladys Martínez De L., abogada costarricense de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). “Felicitamos a las organizaciones ambientales nacionales, especialmente a nuestra organización participante el Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales (CEDARENA), por el incansable esfuerzo en este proceso judicial en la defensa del ambiente”, agregó Martínez. “Esperamos que este ejemplo de Costa Rica sea imitado por otros Estados”, dijo Astrid Puentes R., Co-Directora de AIDA. “Las minas a cielo abierto son casos reiterados de daños ambientales irreparables y violaciones a los derechos humanos, por lo cual el estricto cumplimiento de las leyes es esencial”, agregó Puentes. En agosto de 2008 AIDA envió al entonces Presidente de Costa Rica, Sr. Oscar Arias, un documento alertando acerca de las violaciones al derecho internacional que el Proyecto Crucitas implicaría, dada la posible afectación a territorio nicaragüense y al Río San Juan. La reciente decisión del Tribunal está en la línea de los argumentos de AIDA y reitera la importancia de cumplir con estos requerimientos. De hecho, el Tribunal en la decisión de ayer, recomendó al Ministerio Público investigar penalmente al ex Presidente Arias por haber autorizado el proyecto contrario a las normas mediante un Decreto del Ejecutivo. AIDA es una organización no gubernamental de derecho ambiental internacional que ha luchado por la prevención de los impactos de la minería a cielo abierto en el continente americano, como parte de su misión para proteger el derecho al medio ambiente sano de las personas y comunidades. AIDA trabaja con organizaciones participantes en el hemisferio, así como con otras organizaciones y comunidades para cumplir con su misión. Para conocer más sobre nuestro en minería por favor visite: http://www.aida-americas.org/en/freshwater
Leer másComunidades indígenas y ribereñas piden a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos suspender Belo Monte, gran represa en Brasil
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA Noviembre 11, 2010 Contactos: Astrid Puentes Riaño, AIDA - +1 510 984 4610, (5255) 52120141 [email protected] Andressa Caldas, Justiça Global: +55 21 2544 2320 / 21 8187 0794, [email protected] Renata Pinheiro, Movimiento Xingu Vivo para Sempre: + 55 93 9172 9776, [email protected] Christian Poirier, Amazon Watch: +1 510-666-7565, [email protected] Ahora que el Gobierno se prepara para otorgar la Licencia Previa de Instalación, las comunidades urgen a la CIDH que evite las violaciones a derechos humanos Washington, D.C., Brasil- El día de hoy, organizaciones de derechos humanos y ambientales solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en representación de las comunidades afectadas y con carácter urgente, medidas cautelares para la suspensión de la hidroeléctrica Belo Monte en el Río Xingú, Pará, Brasil. Argumentan graves e irreversibles amenazas a los derechos de por lo menos cuatro comunidades indígenas y ribereñas por la construcción inminente de la que sería la tercera represa más grande del mundo. La petición fue presentada por el Movimiento Xingú Vivo Para Siempre (MXVPS), el Consejo Indigenista Misionario (CIMI), Justiça Global, Prelazia do Xingu, la Sociedad Paranense de Derechos Humanos (SDDH) y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), con la participación de más de veinte organizaciones y movimientos sociales que la apoyan. “A pesar de la gravedad e irreversibilidad de los impactos de la obra para las comunidades locales, no fueron realizadas medidas adecuadas para garantizar la protección de los derechos y del ambiente” concluye la petición. "El gobierno afirma que los Juruna no serán afectados, pero no lo creemos. No fuimos consultados y no queremos que hablen por nosotros. Estamos en contra de esta represa y estamos empeñados en la lucha con nuestros cuerpos y almas para defender nuestra vidas y la vida de nuestro río", afirmó Sheyla Juruna indígena de los Juruna do km 17. La denuncia destaca los inminentes impactos para las comunidades Arroz Cru, Arara da Volta Grande, Juruna do Km 17 y Ramal das Penas, entre otras. También resalta problemas graves como el posible desplazamiento forzado, sin el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades, amenazas a la seguridad alimentaria, al acceso al agua potable, a la vida, la supervivencia y al ambiente. Uno de los principales problemas es que el gobierno no tiene certeza de los impactos a las comunidades del Río Xingú. La petición se fundamenta en informes de órganos federales como el Instituto Brasileño para el Medio Ambiente (IBAMA) y el Ministerio Público, así como en opiniones técnicas de especialistas. Estos concluyen que Belo Monte ocasionaría el aumento de enfermedades y de la pobreza en la zona, además de causar la llegada masiva y desordenada de migrantes que sobrecargarían los precarios servicios públicos de la región, entre otros. “Nos preocupa la manera en que el gobierno de Brasil está ignorando los estándares nacionales e internacionales para acelerar este proyecto, aún a costa de los derechos humanos y del ambiente”, afirmó Astrid Puentes Riaño, codirectora de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). “Seguir adelante sin tomar las precauciones requeridas por la normatividad internacional resultaría en la afectación de miles de personas y la destrucción irreversible de una zona muy importante para el Amazonas y el mundo”. Por tratarse de un pedido urgente de medidas cautelares por un riesgo de violaciones inminentes a los derechos humanos, la CIDH, un órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA), exigiría inmediatamente esclarecer los hechos al Estado brasileño. En caso de que la solicitud sea concedida, el Gobierno Federal deberá cumplir con lo ordenado por la CIDH en su resolución. En otros casos de grandes proyectos de infraestructura en el hemisferio, la CIDH concedió medidas cautelares requiriendo la suspensión, entre otros, de la construcción de la gran represa Chan-75 en Panamá en 2009, y también la suspensión de un proyecto minero en Guatemala en mayo pasado, debido a las amenazas para los derechos humanos. ### Para más información acerca de la Represa Belo Monte, visite: http://xingu-vivo.blogspot.com http://www.aida-americas.org http://www.internationalrivers.org http://amazonwatch.org /
Leer másComisiones de la Cámara de Diputados reciben de organizaciones ciudadanas propuesta de modificación al Proyecto PEF 2011, y se les invita a ser consistentes con las metas de cambio climático
Para publicación inmediata 11 de noviembre, 2010. Diputados representantes de la Comisión Especial de Cambio Climático y la Comisión de Medio Ambiente se suman a iniciativa de organizaciones de la sociedad civil para la construcción y diálogo de una Política Efectiva de Financiamiento en materia de Cambio Climático Ciudad de México, México – A unos días de la aprobación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2011 (PPEF 2011), representantes de la iniciativa denominada “Grupo de Financiamiento para Cambio Climático” de la sociedad civil, hicieron entrega a las comisiones de la Cámara de Diputados de Presupuesto y Cuenta Pública, Cambio Climático, Energía, Transporte, Medio Ambiente, Agricultura, Género y al Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria; un documento de recomendaciones de modificación al PEF 2011, basada en los objetivos de reducción efectiva de emisiones de gases de efecto invernadero para el combate al cambio climático en sectores estratégicos como energía, transporte, bosques y agricultura. Al respecto, el Diputado César Daniel González Madruga, Secretario de la Comisión Especial de Cambio Climático, señaló que la colaboración entre el Poder Legislativo y la sociedad civil es fundamental y estratégica en términos de avanzar hacia la construcción de una política de financiamiento que considere objetivos de mitigación y adaptación al cambio climático, como la mayor amenaza que enfrenta la humanidad a nivel mundial”. Los representantes de las organizaciones impulsoras de esta iniciativa comentaron que el Poder Legislativo es una actor clave capaz de hacer la diferencia en la política climática nacional, a fin de que la actuación de nuestro país sea consistente con las metas propuestas en el marco de las negociaciones internacionales, reflejadas tanto en el Programa Especial de Cambio Climático (PECC), como en otras medidas que pueden ayudar a cumplir con dichas metas. “México ha sido uno de los principales impulsores de la creación de una arquitectura financiera internacional, y si bien contar con más recursos provenientes de otros países es necesario, es más urgente hacer un uso efectivo y transparente de los recursos que actualmente tiene el Gobierno para promover medidas contundentes de combate y adaptación al cambio climático. En este contexto, el trabajo del Grupo de Financiamiento para Cambio Climático -en colaboración con las comisiones de Cambio Climático- marca un precedente importante, no sólo para dar a conocer las propuestas de modificación al proyecto PEF 2011 en sectores estratégicos como energía, transporte, bosques y agricultura durante la presente negociación presupuestaria, sino también como una oportunidad para que México, sede de la 16ª Conferencia de las Partes de la Convención de Cambio Climático a celebrarse en unas cuantas semanas, presente al mundo acciones concretas e inmediatas que avalen su compromiso con la atención a dicho fenómeno. Finalmente, los representantes de las más de 10 organizaciones además de los diversos actores que conforman dicha iniciativa confiaron en que el Poder Legislativo, en respuesta a esta propuesta ciudadana sobre ajustes estructurales al proyecto de Presupuesto de Egresos y la respectiva asignación de presupuesto para acciones prioritarias en la lucha contra el cambio climático; acogerá estas recomendaciones y será un actor decisivo para comenzar a crear una estructura financiera que permita a nuestro país hacer frente al cambio climático de manera decisiva. Organizaciones firmantes: El Barzón, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Centro de Diálogo y Análisis sobre América del Norte del Tecnológico de Monterrey (CEDAN), el Centro de Transporte Sustentable (CTS), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Clima Integral, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), la Fundación Heinrich Bell, Greenpeace México y Oxfam México. Notas: La versión electrónica del documento de recomendaciones al proyecto PEF 2011 está disponible en la página: www.cemda.org.mx Para mayor información contactar: Claudia Gómez-Portugal M. / [email protected] / Cel. (55) 1850 6827 Mariana Gutiérrez / [email protected] / Cel. (55)1502 0125 Sakbe Comunicación Ambiental / Tel. (55) 5264 3777
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