Prensa
Grupo del Banco Mundial inicia caso sobre mina de oro de Eco Oro Minerals ubicada en frágiles humedales colombianos
El Ombudsman de la CFI examinará denuncias de las comunidades aguas abajo. Bucaramanga, Colombia. El Grupo del Banco Mundial admitió el pasado jueves una queja sobre su inversión en el proyecto de Eco Oro Minerals (antes Greystar) Angostura—un proyecto de mina de oro a gran escala ubicada en el páramo de Santurbán que es un frágil humedal de alta montaña y que abastece de agua a más de dos millones de colombianos. La Oficina del Asesor de Cumplimiento Ombudsman (CAO, por sus siglas en inglés) que el mecanismo independiente de rendición de cuentas de la Corporación Financiera Internacional (CFI), revisará minuciosamente las denuncias que alegan que la CFI no evaluó los impactos sociales y ambientales del proyecto minero, a pesar que son potencialmente graves e irreversibles. La decisión de la CAO se dio como consecuencia de una denuncia presentada el mes pasado por grupos potencialmente afectados por el proyecto minero en Bucaramanga, Colombia. La denuncia afirma que la CFI, entidad del Grupo del Banco Mundial que presta al sector privado, desconoció sus propias políticas al invertir USD $11,79 millones en el proyecto de la compañía con sede en Vancouver, Canadá. "Es indignante que una iniciativa minera tan perjudicial esté respaldada por el Grupo del Banco Mundial, cuya misión es promover un desarrollo real y sostenible", dijo el abogado Miguel Ramos, del Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, coalición de casi 40 grupos locales, que promovió la denuncia ante la CAO. "Hay una veintena de municipios cuyas aguas se verían afectadas por este proyecto". El Ombudsman de la CAO evaluará el caso antes de que la CAO determine si es procedente realizar una auditoría completa del proyecto, que en caso de hacerse, examinaría si se han violado las políticas ambientales y sociales de la CFI. En mayo de 2011, después de controversiales audiencias y protestas donde participaron decenas de miles de personas, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible colombiano negó la solicitud para la licencia ambiental de Eco Oro, citando normas ambientales constitucionales e internacionales que prohíben la actividad minera en páramos, que son humedales de alta montaña. Los páramos son ecosistemas frágiles que suministran aproximadamente el 75% del agua dulce de Colombia, incluyendo el agua potable de millones de personas; además, desempeñan un papel clave en la mitigación y adaptación al cambio climático. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Centro para el Derecho Ambiental Internacional (CIEL) y Alerta Minera Canadá apoyan la solicitud de auditoría al proyecto minero del Comité ante la CAO, y recomiendan la retirada de la inversión de la CFI. "La CFI determina el estándar para este tipo de inversiones en el país por lo cual debe ser muy cuidadosa para evitar financiar proyectos insostenibles como el de Angostura", dijo Astrid Puentes Riaño, Co-Directora de AIDA. "Tenemos confianza que esta investigación demostrará que la CFI no garantizó una protección mínima para las comunidades y el ambiente, al dejar de evaluar los impactos integralmente antes de invertir". "La presencia previa de conflicto armado en esta área podría exacerbar los impactos nocivos que este proyecto tendría en las comunidades y sus fuentes de agua. No obstante, la CFI invirtió en la mina con la esperanza de promover mayor inversión en el sector minero de Colombia,” expresó Jen Moore, Coordinadora del Programa América Latina de Alerta Minera Canadá. "Este proceso de revisión tiene fundamentos por lo cual la CFI debe retirar su inversión". La CAO evaluará las denuncias respecto a que la CFI subestimó los problemas de seguridad potenciales relacionados con el proyecto Eco Oro. La queja cuestiona la evaluación inicial de la CFI y presenta evidencia de violencia asociada con guerrilla y paramilitarismo, tras una operación militar y el establecimiento de instalaciones militares en la zona en 2003. Eco Oro posee títulos mineros en cerca de 30.000 hectáreas de tierra en el páramo de Santurbán, cercano a la ciudad de Bucaramanga, en el departamento de Santander al noreste de Colombia. Este proyecto minero de Eco Oro ya ha fomentado inversiones de por lo menos otras cinco empresas en el área inmediata, aumentando en más del doble la superficie de concesiones mineras en el páramo. Texto completo de la queja aquí.
Leer másLíderes de movimientos brasileños en contra de Belo Monte amenazados con cárcel por protestas legales
Grupos internacionales denuncian ante la OEA y organismos de derechos humanos de la ONU intentos de criminalizar a la sociedad civil. Altamira (PA), Brasil. Movimientos sociales y organizaciones brasileñas de la sociedad civil enfrentan juicios por motivos políticos, dada su oposición legítima a la construcción de la presa de Belo Monte, según una de las principales organizaciones internacionales de derechos humanos y ambiente. En un informe enviado a los órganos de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de las Naciones Unidas (ONU), grupos brasileños e internacionales denunciaron los intentos de procesar a los activistas ambientales y de derechos humanos, y de solicitar la detención de 11 líderes de la sociedad civil, incluyendo un periodista local y los demandantes en el caso internacional correspondiente a la controversial represa. Entre los acusados están un periodista local, los líderes del Movimiento Xingu Vivo para Siempre, un sacerdote que dio una misa antes de la protesta, una monja católica, un documentalista que filmó el evento y un pescador cuya casa fue demolida para dar paso a la presa. “Las quejas presentadas por el consorcio de la represa y las solicitudes de arresto están basadas en información fabricada y en grandes distorsiones de los hechos, con la clara intención de criminalizar a los líderes de un movimiento social legítimo que se opone a la obsesión del gobierno federal de construir Belo Monte, a pesar de los costos humanos y ambientales y de la violación a las normas” dijo Marco Apolo, abogado y co-director de SDDH, una conocida ONG de derechos humanos del estado de Pará, Brasil. La policía estatal de Brasil solicitó una orden de arresto en una corte local que aún está pendiente de aprobación, y se dio en respuesta a una queja del consorcio que construye la presa, después de las protestas pacíficas organizadas por grupos brasileños de la sociedad civil para celebrar los 23 años de resistencia al megaproyecto de la represa. La protesta tuvo lugar en San Antonio, un pequeño poblado agrícola, que ya fue desplazado por la construcción de la presa. En un hecho aislado un pequeño grupo de personas de manera independiente entraron a la oficina del consorcio y causaron algunos daños. A pesar de la ausencia de evidencia que vincule el incidente con los líderes del movimiento, la policía solicitó el arresto por los cargos de daños a la propiedad, robo, incendio y alteración del orden público. "Esperamos una pronta respuesta de la OEA y de la ONU con respecto a este intento rampante de intimidar y criminalizar a los defensores derechos humanos y medio ambiente, quienes trabajan para proteger a las comunidades afectadas por Belo Monte” declaró Joelson Cavalcante, abogado brasileño de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), quien es co-autor del informe. "El gobierno brasileño no puede silenciar las críticas a su política de desarrollo, arrestando a quienes protestan", puntualizó. Algunos de los acusados también son demandantes en un caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra Brasil, por no consultar a las comunidades locales y por ignorar las salvaguardias esenciales para proteger los derechos humanos y el ambiente de los pueblos afectados por la represa. En abril de 2011, la Comisión Interamericana solicitó medidas especiales para proteger los derechos de las 12 comunidades indígenas, una resolución que el gobierno brasileño hasta ahora, se ha negado a cumplir. Grupos brasileños e internacionales, incluyendo AIDA, han interpuesto varias denuncias de violaciones a los derechos humanos relacionadas con el desarrollo de la represa Belo Monte. El proyecto causará serios daños a las tierras de las comunidades indígenas y rurales y sus modos de vida, incluyendo las tribus no contactadas en aislamiento voluntario. La represa sería la tercera más grande del mundo y desplazaría a unas 40, 000 familias. Los intentos por silenciar las protestas en contra del proyecto surgen justo después de las recientes recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que llamó al gobierno brasileño a salvaguardar el trabajo de los defensores de derechos humanos y proteger los derechos humanos de las comunidades indígenas y afro descendientes. “Belo Monte es un ejemplo triste de la política de desarrollo mal dirigida” declaró Astrid Puentes, Co-Directora de AIDA. “Esperamos que Brasil por fin prestará atención a las recomendaciones de la ONU y la OEA y promoverá un verdadero desarrollo justo y sostenible, demostrando que lo dicho en Río+20 es realidad. Detener la criminalización injustificada de defensores y defensoras de derechos humanos en el Xingu sería un paso positivo en esa dirección.” Para más información: www.xinguvivo.org.br
Leer másQueja interpuesta contra el Grupo del Banco Mundial por el financiamiento de mina de oro de Eco Oro Minerals en frágiles humedales colombianos
Comunidad que habita aguas abajo del proyecto presentó queja ante el Ombudsman de la CFI. Bucaramanga, Colombia. Hoy, grupos locales de Bucaramanga, Colombia presentaron una denuncia contra la inversión del Grupo del Banco Mundial en el proyecto de mina “Angostura”, de la empresa minera Eco Oro Mineral, ante la Oficina del Ombudsman y Asesor en materia de Observancia (CAO, por sus siglas en inglés), mecanismo de quejas independiente de la Corporación Financiera Internacional (CFI). La denuncia cita, entre las diez principales preocupaciones de la población, el fracaso de la CFI para evaluar los impactos, potencialmente graves e irreversibles, tanto sociales como ambientales del proyecto. Éste es una mina de oro de gran escala ubicada en un frágil humedal de alta montaña, llamado páramo de Santurbán, que proporciona agua a más de 2,2 millones de colombianos. El Comité por la Defensa del Agua y del Páramo Santurbán, una alianza de casi 40 grupos que viven aguas abajo del proyecto en Bucaramanga, afirma que la CFI (brazo financiero del Banco Mundial para el sector privado) ignoró sus políticas al invertir USD 11,79 millones en el proyecto de Greystar Resources - ahora Eco Oro Mineral - en 2009. La CFI apoyó el proyecto minero antes de que la empresa cumpliera con las evaluaciones de impacto ambiental y social, exigidas por la legislación colombiana. “Podría haber una veintena de municipios afectados por este proyecto. Creemos que es indignante que una iniciativa tan perjudicial como la minería cuente con el respaldo del Grupo del Banco Mundial, cuya misión es promover el desarrollo real y sostenible”, dijo el abogado Miguel Ramos, miembro del Comité, que incluye un variado grupo de representantes de derechos humanos, medio ambiente, estudiantes y organizaciones empresariales. Luego de fuertes protestas de más de 40.000 personas y polémicas audiencias, el Ministerio de Medio Ambiente colombiano rechazó la solicitud inicial de una licencia ambiental presentada por la compañía con sede en Vancouver. El Ministerio basó su decisión en el derecho ambiental y constitucional del país, que prohíbe la actividad minera en los humedales de páramo. Los páramos son ecosistemas frágiles que suministran aproximadamente el 75% del agua dulce de Colombia, incluyendo el agua potable de millones de personas, y desempeñan un papel clave en la mitigación y adaptación al cambio climático. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Centro para el Derecho Internacional Ambiental (CIEL) y Alerta Minera Canadá, apoyan la petición del Comité en relación a que la CAO realice la auditoria del proyecto y recomienda una retirada total de los fondos de la CFI. “La CFI se promociona como un líder internacional en estándares ambientales y sociales”, comentó Natalia Jiménez Galindo, abogada de AIDA. “Sin embargo el proyecto Angostura de Eco Oro indica lo contrario e incentiva a que futuros inversionistas no cumplan con las obligaciones en materia de medio ambiente, ya a que en este caso, la CFI ni siquiera garantiza una protección mínima para el medio ambiente, exigiendo una evaluación de impacto ambiental y social”. De hecho, el Proyecto de Eco Oro ya ha estimulado las inversiones de por lo menos otras cinco empresas en áreas próximas al mismo, representando más del doble de la superficie de las concesiones mineras en el páramo de Santurbán. “La CFI invirtió en la mina de Eco Oro, declarando explícitamente que sería un éxito impulsar otras inversiones en el sector minero de Colombia. Sin embargo, la CFI no toma en cuenta las graves consecuencias ambientales, sociales y económicas, particularmente en un área que ha sido zona de conflicto. Por ello deberían reevaluar su inversión y retirarla,” Expresó, Jen Moore, Coordinadora del Programa América Latina de Alerta Minera Canadá. La queja alega que la CFI ha pasado por alto los potenciales problemas de seguridad relacionados con el proyecto Angostura de Eco Oro. Se proporciona evidencia que de actos de violencia asociados por grupos de guerrilleros y paramilitares despues del establecimiento de instalaciones militares en la zona en 2003, lo cual contradice afirmaciones de la empresa minera. Eco Oro posee derechos mineros de aproximadamente 30.000 hectáreas de tierra en el páramo de Santurbán, cerca de la ciudad de Bucaramanga, en el departamento de Santander. En respuesta al rechazo de su propuesta de proyecto minero a cielo abierto del año 2009, la compañía habría dicho en 2011 que perseguiría una operación minera completamente bajo tierra. Pero las personas de Bucaramanga continúan absolutamente en desacuerdo con el proyecto. Se considera que la región alberga importantes depósitos de oro, carbón y otros minerales.
Leer másLa controversia por la represa Belo Monte hará parte de la revisión de las Naciones Unidas sobre el desempeño de Brasil en derechos humanos
La represa está bajo revisión por violaciones ambientales y en derechos humanos. Ginebra, Suiza. Este 25 de mayo, las Naciones Unidas examinará el desempeño del gobierno brasileño en derechos humanos durante la Evaluación Periódica Universal (EPU) en Ginebra, Suiza. Los múltiples reclamos de violaciones de derechos humanos por causa de la construcción de la represa hidroeléctrica Belo Monte en el río Xingu, en el Amazonas, serán parte esencial en la Evaluación. Grupos brasileños e internacionales enviaron extensa documentación a las Naciones Unidas señalando las violaciones de derechos humanos sufridas por las comunidades indígenas y rurales ocasionadas por la represa, que será la segunda más grande de Brasil y la tercera más grande del mundo. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentará la información de estos y otros informes como parte de la Evaluación del desempeño del gobierno brasileño en derechos humanos. Un punto clave en la controversia sobre la represa será la falta de cumplimiento de la Resolución de abril de 2011 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo internacional de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos. La Comisión solicitó al gobierno brasileño suspender el proyecto y tomar medidas para proteger a las comunidades indígenas, incluyendo las comunidades no-contactadas en aislamiento voluntario. Hasta ahora, el gobierno brasileño se ha negado a implementar la resolución de la CIDH o incluso a dialogar con las comunidades afectadas. Dos informes de la sociedad civil enviados por una coalición de grupos brasileños e internacionales en noviembre pasado resaltaron estos y otros problemas con el polémico proyecto hidroeléctrico. El informe concluye que el gobierno no consultó con las comunidades afectadas y no obtuvo su consentimiento libre, previo e informado, como lo exige el derecho internacional de los derechos humanos. También documenta violaciones a los derechos a la vida y a la salud de los pueblos indígenas y el posible desplazamiento forzado de cerca de 40.000 personas. Los dos informes hacen parte de un creciente número de denuncias de violaciones de derechos humanos relacionadas con los planes del gobierno brasileño para promover la construcción de grandes represas en la región amazónica. Denuncias que han sido atendidas por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. "Esperamos que como resultado del EPU, el gobierno brasileño revise en profundidad el daño que sus políticas energéticas e hidroeléctricas están causando a los derechos de los pueblos indígenas y tradicionales", señaló Astrid Puentes Riaño, co-directora de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), organización que participó en los informes. "Brasil tiene una gran oportunidad para cambiar su modelo de desarrollo hacia uno que sea realmente sostenible y respetuoso de los derechos humanos." Andressa Caldas, directora de la organización brasileña de derechos humanos Justicia Global, dijo que Belo Monte se ha convertido en sinónimo de violaciones a los derechos de los pueblos indígenas y de la irresponsabilidad ambiental. "El gobierno brasileño tendrá que responder ante estas acusaciones", dijo Caldas. "Este gobierno ya está aumentado su delegación para el EPU con expertos enfocados en la defensa de la represa Belo Monte. Pero no hay manera de justificar un proyecto tan absurdo. " ¿Qué es el EPU? La Evaluación Periódica Universal es un procedimiento en el cual todas las naciones de la ONU son evaluadas cada cuatro años por el Consejo de Derechos Humanos, compuesto por representantes de diferentes países. Durante el proceso, cada país tiene la oportunidad de demostrar las medidas que ha adoptado para mejorar la situación de derechos humanos y su cumplimiento de obligaciones bajo el derecho internacional.
Leer másLa reducción de los límites de plomo en los EE.UU. debería ser una señal para el gobierno de Perú al considerar la reapertura del complejo metalúrgico de La Oroya
Los niveles deberían ser cero para realmente proteger a los niños. San Francisco, EE.UU. El gobierno de Perú debería reducir los límites de exposición al plomo a raíz de los cambios hechos por las autoridades de salud pública de los Estados Unidos, mientras que considera la reapertura del complejo metalúrgico de La Oroya donde la tasa de envenenamiento por plomo en niños y niñas es muy alto. El 16 de mayo de 2012, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de los EE.UU. redujo a la mitad su recomendación para la exposición al plomo en niños y niñas, siendo esta la primera reducción en 20 años. El nuevo estándar recorta a la mitad el umbral apropiado considerado un riesgo para los niños y niñas menores de seis años, de 10 microgramos por decilitro de sangre a 5 microgramos/decilitro. El CDC concluyó que cualquier exposición al plomo en niños es peligroso y que el plomo es conocido por estar asociado con coeficientes intelectuales reducidos, problemas de aprendizaje, desorden de déficit de atención e hiperactividad (ADHD) y problemas de comportamiento. El CDC también dijo que los impactos de envenenamiento por plomo son irreversibles. Además, el CDC concluyó que va a reenfocar su estrategia para prevenir la exposición al plomo en niños y niñas, en vez de seguir con un enfoque clínico de responder a los impactos de exposición. Occupational Knowledge International, una organización de San Francisco, California, dedicada a reducir la exposición al plomo, calificó la decisión del CDC como “un cambio histórico en la política de prevención de envenenamiento por plomo.” Esta decisión es una señal de alerta para el gobierno de Perú para enfrentar los problemas de salud pública por plomo en diversos sitios, en particular respecto a Doe Run Perú en la ciudad de La Oroya. La compañía, que pertenece al multimillonario Ira Rennert del Grupo Renco con sede en Nueva York, quiere reabrir el complejo metalúrgico que fue cerrado en 2009 por incumplimiento de sus obligaciones del Plan de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) incluyendo la reducción de emisiones de plomo que han envenado especialmente a los niños y niñas de la ciudad. El gobierno debería considerar los hallazgos del CDC e insistir en la reducción de las emisiones de plomo si decide aceptar la reapertura del complejo metalúrgico por cualquier operador. “El reconocimiento del CDC de que ningún nivel de plomo es sano es una muestra aún más importante para el gobierno peruano para tomar acciones en la ciudad de La Oroya y prevenir el envenenamiento por plomo,” dijo Anna Cederstav, Co-Directora de AIDA. “El impacto permanente del envenenamiento por plomo en niños es peor de lo que pensábamos. Cualquier nivel de plomo ya no es considerado seguro.” El gobierno de Perú les debe a los niños y niñas de La Oroya y del país reducir su exposición a plomo para asegurar una vida más sana.
Leer másGobierno de Brasil es nuevamente requerido por la Comisión Interamericana para explicar situación de derechos humanos por Belo Monte
Brasilia, Brasil. El pasado 11 de abril la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano de la Organización de Estados Americanos (OEA), solicitó al gobierno brasileño aclarar la situación de las comunidades tradicionales de la cuenca del Río Xingu, afectadas por la construcción de la Represa Hidroeléctrica de Belo Monte. Esta es la segunda exigencia que la Comisión pide al gobierno, en seguimiento de las medidas cautelares otorgadas en abril de 2011. La CIDH solicitó al gobierno informar acerca de la mala calidad de agua del Río Xingu, que estaría ocasionando problemas de salud a las comunidades tradicionales e indígenas y sobre el proceso de reubicación de los agricultores y otras poblaciones tradicionales, cuyos derechos estarían siendo violados. Adicionalmente, la CIDH solicitó información sobre la implementación de las medidas para mitigar los impactos de la construcción de la represa. El requerimiento al gobierno se dio como respuesta a las denuncias enviadas a la CIDH por las organizaciones Sociedad Paraense de Defensa de Derechos Humanos (SDDH), Justicia Global, Movimiento Xingu Vivo para Siempre (MXVPS) y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), enfatizando en las tierras indígenas de Paquiçamba y Arara da Volta Grande, que son directamente afectadas por las obras de Belo Monte. “Esta solicitud de información es una buena noticia pues evidencia que la Comisión está siguiendo de cerca la implementación de Belo Monte, para proteger los derechos humanos”, señaló Astrid Puentes, co-Directora de AIDA. “Esperamos que el gobierno demuestre su voluntad y responda lo antes posible e implemente medidas de protección efectivas”, puntualizó. En enero, con la construcción de la primera barrera del Xingu, los indígenas comenzaron a tener problemas por la calidad del agua. El Ministerio Público Federal realizó un análisis independiente de la calidad del agua en el Instituto Evandro Chagas, pero los resultados todavía no han sido publicados. De acuerdo con el Ministerio Público, este monitoreo debe ser continuo debido al peligro de contaminación del río por la represa. Otro problema denunciado ante la CIDH es la falta de un plan de reasentamiento para las comunidades afectadas por la construcción de Belo Monte. Ante la falta del plan, las personas aceptaron como indemnización la mitad o menos del valor del mercado por sus tierras, porque no poseían título formal de la tierra, y tenían temor de ser expulsados sin pago alguno. Este fue el caso de los habitantes de la comunidad de Santo Antonio, en donde existían 252 propiedades de pequeños agricultores, de los cuales sólo 26 poseían un título formal de las tierras. En uno de los casos, un agricultor recibió USD$3,775 de indemnización por 361.51m2 de tierra avaluados en USD$11,787. La CIDH le dio 20 días al estado de Brasil para presentar la aclaración de la información solicitada. “La acción de la CIDH busca principalmente que el Estado brasilero cumpla con los tratados internacionales de defensa de derechos humanos y en el caso de Belo Monte, hay innumerables indicios de que éstos derechos están siendo violados”, dijo Roberta Amanajás, abogada de SDDH.
Leer másEl Congreso del Perú no debe otorgar extensión sin condiciones a Doe Run en La Oroya
Empresa usa tácticas legales y políticas cuestionables para presionar al gobierno. San Francisco, EEUU. Mientras que el Congreso peruano se encuentra considerando una norma para otorgar a la empresa Doe Run Perú (DRP) una extensión del plazo para el cumplimiento de las obligaciones del Plan de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) por tercera vez, DRP usa tácticas legales cuestionables para presionar al Perú. El gobierno peruano no debe permitir la reapertura del complejo metalúrgico de La Oroya sin que la empresa cumpla de antemano sus obligaciones ambientales, se pronunciaron el martes las organizaciones internacionales Earthjustice y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente. El Grupo Renco, la matriz de DRP, ahora mantiene una demanda en contra del Estado de Perú ante un tribunal de arbitramento internacional por $800 millones de dólares – monto que corresponde a la multa esperada como resultado de una demanda contra Renco en los EEUU interpuesta por niños envenenados de plomo en La Oroya. DRP está exigiendo al Estado que asuma la responsabilidad en este caso. En tal escenario, es importantísimo aclarar que incluso si el Congreso peruano le otorga a DRP otra extensión del PAMA y le permite reabrir el complejo metalúrgico, esto no tendría ningún impacto en el caso del arbitraje y la exigencia de que el Estado pague a DRP $800 millones de dólares. Si el Congreso peruano considera que puede o debe otorgar una extensión al PAMA, este debería insistir en al menos tres puntos no negociables: Primero, que el Grupo Renco desista de continuar con la demanda de arbitraje internacional comercial. Segundo, que Doe Run acuerde que ésta asumirá toda responsabilidad en los EEUU relacionada con la contaminación proveniente de la fundición. Tres, DRP debería cumplir con la totalidad de sus compromisos del PAMA, antes del inicio de cualquier operación, de tal manera que el Estado peruano pueda empezar la remediación de suelos y de esa manera proteger la salud y los derechos humanos de los niños de La Oroya. "El Congreso debe reconocer que una extensión de ningún manera garantizaría que la empresa desistirá de la demanda, ni que cumplirá por fin con sus obligaciones ambientales. La demanda por $800 millones de dólares no tiene nada que ver con si se le permite a DRP continuar operando el Complejo. Pero los riesgos para la salud – y los riesgos económicos por posibles demandas contra el Estado para el país – son demasiado graves para que el Estado apruebe una extensión al PAMA. Si lo hace, el Estado quedaría vulnerable a la responsabilidad que pueda surgir en casos futuros de terceros por daños sufridos en La Oroya," dijo Anna Cederstav de Earthjustice y AIDA. "No podemos seguir visibilizándonos como un país débil, que cede ante la presión de una empresa irresponsable…. El Perú que todos queremos es aquel que hace cumplir las reglas que como Estado hemos decidido e impuesto, y que la vida está sobre cualquier interés particular," dijo César Ipenza, de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental.
Leer másLos esfuerzos del Perú para limpiar La Oroya no deben detenerse por una demanda del inversionista contra el Estado
San Francisco, EEUU. Pronunciamiento de Earthjustice, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, y Public Citizen, Organizaciones Internacionales: En 1997, hace quince años Doe Run Perú (DRP), una compañía estadounidense, compró al gobierno del Perú, la fundición de metales localizada en La Oroya, Perú. Como condición de la compra, DRP aceptó cumplir con un número de requerimientos destinados a proteger el ambiente y la salud de la población de la zona. Durante todo este tiempo DRP ha incumplido este compromiso. Hoy, en lugar de asumir sus responsabilidades, DRP y su matriz, el Grupo Renco, están usando tácticas legales y políticas cuestionables para continuar evadiendo sus responsabilidades – fundamentalmente mediante una demanda de arbitraje internacional comercial contra el Estado de Perú. En 2011 el Grupo Renco, al cual pertenece DRP, presentó una demanda en contra del Estado de Perú ante un tribunal de arbitramento internacional por $800 millones de dólares, argumentando supuestos incumplimientos del Estado peruano en honrar sus obligaciones legales. Sin embargo, el Perú no debe ser disuadido de sus esfuerzos para exigir que la empresa descontamine La Oroya. Estas son sólo algunas de las razones del por qué: Aun si el Estado peruano le otorgara a DRP otra extensión del PAMA, la responsabilidad de los reclamos en el caso del arbitraje contra el Estado permanecerá, porque la demanda de arbitraje del Grupo Renco contra el Estado peruano abarca más elementos que la extensión del PAMA contemplada la propuesta de ley. Asombrosamente el Congreso peruano se encuentra debatiendo en este momento una norma para otorgar una extensión del plazo para el cumplimiento de las obligaciones del Plan de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) por tercera vez. El proyecto de ley fue aprobado de forma singularmente rápida en la Comisión de Energía y Minas del Congreso. Sin embargo, los legisladores no deben asumir que el Grupo Renco desistirá de llevar adelante la demanda de arbitraje contra el Estado si el Congreso otorga dicha extensión. Es más, la empresa muy posiblemente encuentra ventajoso mantener en curso una demanda (o empezar nuevas) con el fin de presionar al gobierno a través del proceso del arbitraje internacional. La empresa está usando el arbitraje para aislarse de penalidades en el caso de la demanda en la Corte de Missouri, EEUU. En el 2007 un grupo de abogados presentó una demanda en Missouri (donde se encuentra la sede principal de Doe Run) en representación de los niños de La Oroya, alegando sufrir serios problemas de salud como resultado de la exposición a la contaminación de la fundición de propiedad de la empresa en el Perú. En un caso similar en Missouri resuelto el año pasado sobre daños a 16 niños, la Corte de Missouri emitió un fallo favorable a los afectados requiriendo un pago de US$ 358 millones de dólares estadounidenses. En el mencionado caso sobre La Oroya en Missouri, Doe Run ha insistido que el gobierno peruano – no la empresa – debe ser responsable de dichas demandas por envenenamiento (aunque los reclamos a favor de los niños sólo comprenden los daños ocurridos después que DRP compró la fundición). Por lo tanto, es muy probable que la empresa trate de mantener en curso la demanda de arbitraje contra el Estado peruano hasta que se haya resuelto el caso en Missouri, para que el Grupo Renco pueda usar el arbitraje con el fin que los contribuyentes peruanos paguen la condena contra la empresa. El Grupo Renco está utilizando la demanda de arbitraje para trasladar el caso de Missouri a las cortes federales y evadir su responsabilidad. Doe Run ha tratado agresivamente de desviar el caso en Missouri al insistir que los reclamos de los niños de La Oroya sean atendidos en las cortes federales de los EEUU dónde parece que Doe Run crea que es más probable ganar el caso. En dos oportunidades la juez en Missouri rechazó esta intención de la empresa. Luego de iniciar un arbitraje internacional comercial contra el Estado, Doe Run formuló un nuevo argumento y convenció a la juez de trasladar el caso de los niños de La Oroya a las cortes federales de EEUU, quienes tienen jurisdicción sobre reclamos relacionados con tratados internacionales. Dado que Doe Run necesita que el arbitraje internacional se mantenga pendiente para sostener su argumento que el caso debe llevarse en la corte federal, el Grupo Renco tiene un incentivo para mantener la demanda de arbitraje contra el Estado. Dicha demanda de arbitraje está pendiente sin importar si el poder legislativo peruano extienda el PAMA. Ceder a la amenaza del arbitraje internacional de inversión establecería un mal precedente para Perú y el mundo. Como fue mencionado arriba, el Grupo Renco está tratando de usar los procedimientos de arbitraje internacional comercial para atender intereses muy diferentes. En todo caso, el factor común es que el arbitraje amenaza con responsabilizar al Perú – y a sus ciudadanos – por la contaminación en La Oroya y de cualquier sanción que esto implique. Si el gobierno responde a esta amenaza dando un trato especial a DRP a expensa de los niños y niñas de La Oroya, ello enviaría el mensaje a DRP y a las compañías multinacionales en el mundo, que dichas amenazas son efectivas. Esto debilitaría la posibilidad del Perú de proteger sus intereses, incluyendo el ambiente y los derechos humanos, frente al mal comportamiento de las empresas. DRP usa argumentos falsos para tratar de echar la culpa a otros. Adicionalmente a las demandas del arbitraje, DRP ha argumentado por mucho tiempo que la empresa estatal Activos Mineros debería culminar las obligaciones de la ejecución del PAMA para remediar los suelos alrededor del complejo metalúrgico en La Oroya. Ahora, DRP está reclamando ser víctima de un tratamiento injusto porque Activos Mineros aún no ha sido requerido para hacerlo. Este argumento no tiene sentido. Es ampliamente conocido que los suelos limpiados serán contaminados nuevamente si continúa la contaminación. En Missouri, las autoridades estimaron que los suelos cercanos a la fundición de Doe Run se volverían a contaminar pocos años después de la ejecución de medidas de rehabilitación que costaron millones de dólares. DRP debe tener conocimiento de esto, sin embargo argumenta que los contribuyentes peruanos deberían gastar millones de dólares en la limpieza de los suelos de La Oroya que se volverían a contaminar al poco tiempo del reinicio de operaciones de la fundición, si no se instalan todos los sistemas de control de contaminación necesarios. Esto sería un gasto inútil de recursos y no resolvería los problemas de salud de La Oroya. Es cierto que urge que el Estado remedie los suelos contaminados. Sin embargo, no tiene sentido hacerlo hasta que DRP complete la instalación de la tecnología para el control de la contaminación que ha prometido y que no ha cumplido por 15 años. El gobierno del Perú debe tener en cuenta estos hechos y asegurar que su decisión NO sea tomada por la presión para abrir el complejo nuevamente. El gobierno del Perú debe garantizar que está considerando y protegiendo no solamente los derechos de los trabajadores, la economía de la región, la salud y derechos humanos de los ciudadanos de La Oroya, los que podrían ser perjudicados por la reapertura del complejo; sino también que se están protegiendo los intereses económicos nacionales. La reapertura del complejo sin deslindar las responsabilidades en casos de reclamos de terceros como aquel en curso en Missouri, sería una medida disparatada y representaría un riesgo económico significativo para la nación. Ello podría resultar incluso en mayores costos económicos para los peruanos que los beneficios obtenidos por la operación del complejo. Si el Congreso peruano siente que puede otorgar una extensión al PAMA, este debería insistir en al menos tres puntos no negociables: Primero, que el Grupo Renco desista de continuar con la demanda de arbitraje internacional comercial. Segundo, que Doe Run acuerda que ella asumirá toda responsabilidad en los EEUU relacionada con la contaminación proveniente de la fundición. Finalmente, DRP debería cumplir con la totalidad de sus compromisos del PAMA, antes del inicio de cualquier operación, de tal manera que el Estado peruano pueda empezar la remediación de suelos y de esa manera proteger la salud y derechos humanos de los niños de La Oroya. Cada día que la suerte del complejo de La Oroya permanece indefinida sin una solución final de la contaminación, las personas de La Oroya siguen expuestos a riesgos graves a la salud y al mismo tiempo aumentan los daños que los aquejan. Por lo tanto, tanto DRP como el gobierno del Perú podrían ser declarados responsables.
Leer másLanza AIDA nuevo blog como espacio para la reflexión ambiental en el continente
La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) tiene el gusto de inaugurar este lunes un blog que será un espacio de reflexión y análisis en su sitio de internet, donde miembros de su equipo e invitados especiales, reflexionarán acerca su trabajo y de temas de actualidad, sobre protección ambiental y derechos humanos en el continente americano. Con el lanzamiento de este nuevo blog, cuyas publicaciones saldrán lunes y miércoles, AIDA avanza en su estrategia de comunicación digital para profundizar y ampliar el debate sobre la dura e interesante labor de proteger el ambiente en el continente. Deseamos enriquecer la discusión para fortalecer la consciencia y para contribuir a mejorar el ambiente y la vida de todas las personas. “Este blog será un espacio democrático para compartir opiniones, que cuente con amplia participación de nuestros colegas, amigos e incluso de quienes no comparten tanto nuestras perspectivas”, afirma Astrid Puentes Riaño, Co-directora de AIDA. El nuevo blog actualizará contenido en inglés, español y en portugués de acuerdo con las colaboraciones. Estará cubriendo temas relacionados con los cinco ejes temáticos de la organización: cambio climático, derechos humanos, protección marina, gobernanza ambiental y agua dulce, así como otros de gran interés. “Me correspondió el honor de escribir la primera entrega del blog de AIDA, titulado ‘Brasil y el desarrollo sostenible, ¿ficción o realidad?’ sobre la hidroeléctrica de Belo Monte, a través del cual queremos compartir opiniones respecto al trabajo que día a día realizamos en la organización y nuestras perspectivas de los hechos que vayan ocurriendo. “Esperamos aportar elementos novedosos de debate y generar interacciones interesantes para contribuir a encontrar soluciones efectivas a los grandes retos ambientales de nuestra amada región”, señaló la Co-directora de AIDA.
Leer másAIDA envía informe a la OEA sobre los peligros del cambio climático para los derechos humanos en América Latina
La reducción dramática de acceso al agua representa uno de los impactos más graves. La inestabilidad del clima limitará el acceso al agua a millones de personas en la región tropical andina. AIDA urge medidas para proteger los derechos humanos en las comunidades más vulnerables del continente. Ciudad de México / Bogotá. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) entregó el 16 de febrero un informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), sobre la relación del cambio climático y los derechos humanos. El documento llamado “Cambio climático y derechos humanos en América Latina: Una crisis humana” preparado en inglés y en español por el equipo de investigación de AIDA, detalla los efectos negativos del cambio climático para los derechos humanos al ambiente sano, a la vida, al agua, a la alimentación y a la vivienda, entre otros, para millones de personas en América Latina. El más grave de los impactos es la escasez de agua potable en América Latina. El derretimiento de glaciares, la degradación de los humedales de alta montaña como los páramos, los patrones inestables del clima y las graves sequías, son algunas de las causas que limitarán a aproximadamente 50 millones de personas, el acceso al agua a en la región tropical andina para el 2050. “El cambio climático afecta más a quienes son menos responsables de las emisiones de efecto invernadero, en particular a los grupos en situación de vulnerabilidad como las comunidades campesinas, los pueblos indígenas y barrios pobres de ciudades”, afirmó el asesor legal de AIDA y co-autor del informe, Jacob Kopas. El reporte aboga por un acuerdo climático con obligaciones legales vinculantes para que los países con mayores emisores de carbono asuman su responsabilidad proporcional para la adaptación y mitigación y apoyen a los países en desarrollo. “Esperamos que la Comisión Interamericana recomiende a los gobiernos más responsables por las emisiones históricas y actuales, que cumplan con su obligación internacional de contribuir más a soluciones duraderas frente al cambio climático", añadió Kopas. Otros impactos del informe incluyen el pronóstico de más lluvias e inundaciones en el continente. Esto tan sólo en 2010 afectó a 2,2 millones de personas y causó daños en Colombia por $USD 300 millones. También se han perdido 80% de arrecifes de coral debido en gran medida al calentamiento del agua de los océanos y a su acidificación. AIDA espera que el informe sea útil a la CIDH en la investigación continua sobre el vínculo entre los derechos humanos y el cambio climático, derivado del mandato de la Asamblea General de la OEA para investigar al respecto (Resolución 2429, XXXVIII-O/08), y también para los gobiernos y comunidades para encontrar mejores soluciones a este problema global. Para mayor información: http://www.aida-americas.org/es/project/el-impacto-del-cambio-climatico-en-los-derechos-humanos
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