Prensa

March 11 2014 Grandes Represas, Derechos Indígenas, Fuentes de Agua Dulce

Organizaciones alertan a Naciones Unidas sobre violaciones a derechos humanos de construirse la hidroeléctrica Las Cruces en Nayarit, México

Piden a Relatores Especiales de la ONU exhortar al Estado mexicano a garantizar los derechos de los pueblos indígenas y comunidades ribereñas afectadas por el proyecto. Distrito Federal, México. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) envío una alerta urgente a los Relatores Especiales de Naciones Unidas sobre una vivienda adecuada, sobre los derechos de los pueblos indígenas, sobre el derecho a la alimentación, sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento, y sobre la extrema pobreza y los derechos humanos; y al Experto independiente sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible por la inminente violación a los derechos humanos que la construcción de la hidroeléctrica Las Cruces implica para las comunidades ribereñas y para los pueblos indígenas Cora, Tepehuano, Huichol y Mexicanero asentados a lo largo de la cuenca del río San Pedro Mezquital en el estado de Nayarit. Esta acción fue presentada en representación de los distintos sectores económicos, organizaciones ambientales y comunitarias de la región afectada por el proyecto: el Consejo Intercomunitario del Río San Pedro, el Consejo Indígena Náyeri, la Federación Ribereña de Nayarit, Nuiwari, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), el Grupo Ecológico Manglar, SuMar y representantes de la localidad Boca de Camichín. En la alerta se solicita a los Relatores Especiales instar al Estado mexicano “a garantizar los derechos a la información y la participación, consulta y consentimiento, a la alimentación, al agua potable y saneamiento y al disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible de los pueblos indígenas y comunidades ribereñas del río San Pedro Mezquital”. Se les pide además visitar el sitio donde se prevé construir la hidroeléctrica para que conozcan “de primera mano” las afectaciones que el proyecto ocasionará en el ambiente y los derechos humanos. La afectación al territorio indígena, en su mayoría Cora, el desalojo forzoso de sus habitantes y los daños a sus sitios sagrados implican la inminente violación de los derechos humanos a la vivienda adecuada, al agua y a los medios de subsistencia, así como a la cultura y a la educación. “Nuestras tierras y recursos naturales son los aspectos más importantes de nuestra cultura; todos los días tememos que inunden o afecten nuestros sitios sagrados", dijo Julián López Cánare, coordinador del Consejo Indígena Náyeri y miembro del Consejo Intercomunitario del Río San Pedro. Por su parte, Ernesto Bolado, director de SuMar, señaló que la acción presentada ante la ONU resalta el hecho de que los miembros de las comunidades Cora, Huichol, Tepehuana y Mexicanera nunca fueron consultados en los términos que establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Y el consentimiento para el cambio de uso de suelo y expropiación de sus tierras fue solicitado a las asambleas comunales bajo engaños, condicionamiento de apoyos gubernamentales y hasta la intimidación. La Comisión Federal de Electricidad propone construir y operar la hidroeléctrica Las Cruces sobre el río San Pedro Mezquital, 65 kilómetros al norte de la ciudad de Tepic, Nayarit, con una capacidad proyectada de 240MW generada por tres turbinas y con una cortina de 188 metros de alto en una superficie de 5,349 hectáreas. El proyecto operará de manera regular sólo cuatro meses al año, y cubrirá el 0.9 % de la demanda energética del Centro Occidente de México para el 2026, apenas el 0.28% del total de la capacidad instalada en el país[1]. “La acción urgente es una solicitud para que los Relatores de Naciones Unidas realicen una investigación sobre los hechos que afectan el goce efectivo de los derechos humanos de las personas y comunidades que serán afectadas por el proyecto hidroeléctrico”, precisó Sandra Moguel, abogada de AIDA. El estudio de impacto ambiental de la hidroeléctrica Las Cruces reconoce que a raíz del proyecto la agricultura prácticamente de subsistencia y la ganadería en pequeña escala serían sustituidas por la pesca dentro del embalse. “Es impensable convertir agricultores de subsistencia en pescadores o en operadores turísticos”, afirmó Marcos Moreno, ostricultor de Boca de Camichín e integrante del Consejo Intercomunitario del río San Pedro. Consulte la alerta enviada a los Relatores Especiales de la ONU.

February 21 2014 Fracking, Derechos Indígenas

Lideresa indígena condena violaciones de derechos por parte de Brasil ante las Naciones Unidas

Ponentes destacan violaciones derivadas de la construcción de represas en la Amazonía en el Consejo de Derechos Humanos. Ginebra, Suiza. En un innovador evento realizado durante el 25º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, la Coordinadora Nacional de la Asociación de Pueblos Indígenas del Brasil (APIB), Sônia Guajajara, denunció la alarmante indiferencia del Gobierno brasileño frente a los derechos de los pueblos indígenas, al mismo tiempo que se apresura en promover una ola de construcción de grandes represas sin precedentes en la cuenca del Amazonas con efectos devastadores sobre sus territorios y medios de vida. En su testimonio, Guajajara afirmó que la violación del derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa con relación a los planes de construcción de represas del gobierno federal, ha sentado un precedente problemático para el Estado de Derecho y el futuro de los pueblos indígenas de Brasil. En el evento paralelo denominado “El derecho a la consulta de los pueblos indígenas frente a proyectos de grandes represas en Brasil”, también participó el abogado brasileño de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Alexandre Andrade Sampaio, quien criticó el uso del mecanismo legal conocido como “Suspensión de Seguridad” (Suspensão de Segurança), el cual permite a los administradores de justicia, por solicitud del gobierno, suspender indefinidamente decisiones en favor de los derechos de los pueblos indígenas. Entre los usos más escandalosos de este artificio legal que originalmente fue creado durante la dictadura militar, es la suspensión de decisiones judiciales que declaran la ilegalidad de grandes proyectos hidroeléctricos, como Belo Monte, donde el gobierno federal ha fallado en garantizar los derechos de los pueblos indígenas a la consulta previa, tal como lo estipula la Constitución brasileña. De acuerdo con Sampaio, la Suspensión de Seguridad también constituye un obstáculo para que Brasil cumpla efectivamente con sus obligaciones internacionales en materia de consulta y consentimiento libre, previo e informado, incluyendo el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por el Congreso brasileño en 2002, y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007. “La alianza entre intereses económicos y poder político representa una fuerte crisis para la implementación de los derechos de los pueblos indígenas en el Brasil de hoy en día”, dijo Guajajara. “Sin embargo, incluso si el gobierno negara nuestros derechos, no puede negar su responsabilidad frente a este Convenio”. “La Suspensión de Seguridad viola derechos humanos. Las mismas personas que pueden desestimarla son aquellas que se benefician de su existencia”, señaló Sampaio. “Por eso es importante que la comunidad internacional centre su atención en este asunto e inste al Gobierno brasileño a adoptar medidas efectivas que conduzcan al respeto de los derechos humanos”. Declaraciones conjuntas fueron remitidas a la Asamblea General de las Naciones Unidas por parte de una coalición de organizaciones brasileñas e internacionales, incluyendo la ONG francesa France Libertés. Al discutir las crecientes amenazas a los derechos de los pueblos indígenas, esos documentos destacan que el Gobierno brasileño planea construir un complejo masivo de más de 29 grandes represas a lo largo del río amazónico Tapajós y de sus afluentes en los próximos diez años. Menos conocido que el controversial proyecto Belo Monte en el río vecino Xingú, el complejo Tapajós provocaría la inundación y consecuencias devastadoras para pueblos indígenas y otras comunidades tradicionales tanto río arriba como abajo de las represas planeadas, incluyendo la eliminación de peces migratorios que constituyen la base de la dieta de las comunidades y de las economías locales. La prisa del gobierno federal para construir la serie de grandes represas en la región del Tapajós sin llevar a cabo consultas previas con los pueblos indígenas, ha ocasionado crecientes protestas por parte de tribus locales, tales como los Mundurukú, Kayabi and Apiaká. “Estamos presenciando la repetición de una oscura historia en los ríos del Amazonas donde la tragedia de Belo Monte amenaza con reproducirse en el Tapajós”, dijo Christian Poirier de Amazon Watch. “Mientras el Gobierno brasileño afirma respetar a sus pueblos indígenas, en realidad está trabajando por desmantelar sus derechos para poner sus tierras y ríos a disposición de la explotación sin restricciones”. Antes del evento paralelo, delegados se reunieron con la Embajadora de la Misión Permanente de Brasil ante las Naciones Unidas, Regina Dunlop, con el fin de presentar sus preocupaciones. Mientras que la Embajadora afirmó que dicha información sería más relevante si se presentara a los representantes del gobierno en Brasilia, Guajajara y Sampaio respondieron que estas críticas son ignoradas frecuentemente por tomadores de decisiones gubernamentales hasta que los problemas son expuestos en foros internacionales como las Naciones Unidas. “La reputación de Brasil está en juego ante este escenario internacional”, señaló Sônia Guajajara. “Estamos aquí para dar visibilidad al inaceptable perjuicio y a la discriminación sufrida por los pueblos indígenas y para exigir que se detenga”. El evento paralelo en Ginebra fue organizado por France Liberté (Fundación Danielle Mitterand) con el apoyo de Amazon Watch e International Rivers.

February 12 2014 Derechos Humanos, Derechos Indígenas

Organizaciones hacen un llamamiento a las Naciones Unidas a fin de detener el inminente desalojo forzoso de familias indígenas Ngöbe

Acción urgente busca detener el desalojo de una comunidad indígena en Panamá. Panamá, Washington D.C., San Francisco, Lima. Organizaciones ambientales y de derechos humanos presentaron una acción urgente ante Relatores Especiales de la Organización de las Naciones Unidas en representación de miembros de la comunidad indígena Ngöbe, quienes enfrentan el inminente desalojo forzoso de sus tierras a causa de la implementación del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco al oeste de Panamá. Este desalojo desplazaría a las comunidades Ngöbe de su tierra, la cual constituye su principal fuente de alimento, agua y medios de subsistencia, así como de su cultura. La acción urgente, presentada por la organización Ngöbe Movimiento 10 de Abril para la Defensa del Río Tabasará (M10) y tres ONG internacionales -la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Centro para el Derecho Ambiental Internacional (CIEL), y Earthjustice-, solicita a los Relatores Especiales hacer un llamado al Estado de Panamá para que detenga los procesos de desalojo y la construcción de la represa hasta cumplir con sus obligaciones internacionales. Dado que el proyecto es financiado por los Bancos de Desarrollo alemán y holandés (DEG and FMO, respectivamente), así como por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), las organizaciones instaron a los Relatores Especiales a requerir a Alemania, Holanda y a los países miembros del BCIE, que suspendan el financiamiento hasta que cada país tome medidas para reparar y prevenir violaciones de derechos humanos adicionales en perjuicio del pueblo Ngöbe. Los desalojos forzosos de los Ngöbe son la más reciente amenaza derivada del proyecto Barro Blanco. Éstos implican la inminente violación de sus derechos humanos a la vivienda adecuada, a la propiedad, al consentimiento libre, previo e informado, a la alimentación, al agua y a los medios de subsistencia, así como a la cultura y a la educación. "Nuestras tierras y recursos naturales son los aspectos más importantes de nuestra cultura. Todos los días tememos ser desplazados de nuestro hogar", dijo Weni Bagama del M10. Esta acción resalta el hecho de que los miembros de la comunidad Ngöbe nunca fueron consultados ni otorgaron su consentimiento para abandonar sus tierras. "Panamá debe respetar los derechos del pueblo indígena Ngöbe y abstenerse de llevar a cabo el desalojo. Ejecutar estos desasolojos forzosos constituiría una violación del derecho internacional de los derechos humanos", señaló María José Veramendi Villa de AIDA. Asimismo, un punto central de la acción es el rol de los gobiernos cuyos bancos financian la represa. "De acuerdo al derecho internacional, los Estados deben asegurar que su bancos de desarrollo no financien proyectos que violen derechos humanos, incluso extraterritorialmente. Llevar a cabo los desalojos forzosos de los Ngöbe sin su consentimiento es una razón suficiente para suspender el financiamiento de este proyecto", manifestó Abby Rubinson de Earthjustice. El registro del proyecto Barro Blanco bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kyoto (MDL) es otro punto de preocupación. "La omisión de Panamá de proteger a los Ngöbe de ser desplazados forzosamente de sus tierras sin su consentimiento arroja serias dudas sobre la capacidad del MDL para asegurar el respeto de los derechos humanos de acuerdo al derecho internacional", dijo Alyssa Johl de CIEL. "Los proyectos del MDL deben ser diseñados e implementados de tal forma que respeten las obligaciones en materia de derechos humanos".

February 11 2014

Científicos piden a organismo internacional investigar autorización de proyectos turísticos en el Golfo de California

En una carta a la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA), expresan su preocupación por la aprobación de mega resorts que podrían dañar ecosistemas costeros de la zona. Ciudad de México, México. Veintisiete científicos destacados de México, Estados Unidos y Costa Rica enviaron una carta a la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) para solicitar una investigación exhaustiva por la falta de aplicación de la legislación ambiental mexicana en la aprobación de proyectos turísticos masivos en ecosistemas costeros del Golfo de California. Expertos como la Dr. Sylvia A. Earle del National Geographic Society Explorer, el Dr. Exequiel Ezcurra del Instituto para México y Estados Unidos de la Universidad de California, el Dr. Octavio Aburto-Oropeza y el Dr. Jeremy Jackson del Instituto de Oceanografía del Scripps, y el Dr. Héctor Reyes Bonilla de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, entre otros, señalan en la carta que se ha detectado “una tendencia preocupante en el Golfo de California, donde se autorizaron proyectos que ignoraban información científica importante o, en algunos casos, se basaban en datos incorrectos”. “Se necesita mayor claridad y transparencia sobre cómo proyectos de tan alto riesgo lograron su autorización, y cómo fueron ponderados o no los argumentos proporcionados por revisores independientes, científicos y los ciudadanos en general”, explicó Aburto-Oropeza. “Esperamos que la CCA interceda por el sector científico ante la SEMARNAT (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales), para lograr que los funcionarios de esa dependencia dictaminen estos proyectos tomando en cuenta nuestra experiencia técnica y científica, como marca la ley, para evitar escenarios futuros donde los ecosistemas sean degradados y las comunidades que dependen de ellos resulten económicamente afectadas”. En la carta, dirigida a los máximos representantes de la CCA —el Secretario de Medio Ambiente de México, Juan José Guerra Abud, la Administradora de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos, Gina McCarthy, y la Ministra de Ambiente de Canadá, Leona Aglukkaq— los académicos expresan su preocupación por que los mega resorts podrían degradar los irremplazables manglares y arrecifes rocosos y de coral de la zona, y afectar su rica biodiversidad marina. Se muestran alarmados porque los proyectos fueron aprobados “a pesar de estar basados en evaluaciones de impacto ambiental deficientes o incompletas, que ignoraban o subestimaban los riesgos al hábitat marino y a especies altamente vulnerables", dijo Reyes Bonilla, quien ha estudiado extensivamente los ecosistemas marinos de la región, principalmente Cabo Pulmo. La CCA evalúa actualmente una petición ciudadana, presentada en abril de 2013 por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y Earthjustice a nombre de 11 organizaciones locales e internacionales, que denuncia la falta de aplicación efectiva de la legislación mexicana en materia de protección ambiental y tratados internacionales en los permisos otorgados a cuatro proyectos turísticos, los mismos a los que los expertos en ciencias marinas hacen referencia. El Gobierno mexicano debe responder formalmente a la petición durante este mes de febrero. Los proyectos en cuestión son Entre Mares y Paraíso del Mar en la Bahía de La Paz, aprobados pese a los riesgos que implican para especies marinas como el tiburón ballena y los delfines; Cabo Cortés, que amenazaba el arrecife de coral del Parque Nacional Cabo Pulmo, reconocido como “humedal de importancia internacional” y Patrimonio de la Humanidad; y Playa Espíritu, adyacente a la reserva de Marismas Nacionales y avalado a pesar de amenazar extensos bosques de manglar que albergan a más de 280 especies de aves migratorias y residentes. Descargue la carta en el siguiente enlace.

January 13 2014

Ratifican la legalidad del área protegida Humedal Bahía de Panamá

Con base en argumentos de derecho internacional, la Corte Suprema de Justicia de Panamá emitió un fallo en ese sentido y garantizó la protección de un ecosistema vital para los recursos marinos y costeros del país. Ciudad de Panamá, Panamá. En un fallo reciente y con base en argumentos de derecho internacional, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia de Panamá confirmó la legalidad de la resolución por la que la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) declara área protegida al Humedal Bahía de Panamá dentro de la categoría de Refugio de Vida Silvestre. La sentencia, emitida el pasado 23 de diciembre, establece que la resolución de la ANAM “no es ilegal”, rechazando así la demanda de nulidad presentada por un particular. El Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), AIDA y la Fundación MarViva aportaron argumentos legales en favor de la declaratoria, enfatizando las severas consecuencias de su anulación para el ambiente y el ordenamiento jurídico. El Humedal Bahía de Panamá es uno de los sitios de anidación y descanso más importantes del mundo para aves migratorias y hogar de especies amenazadas. Sus manglares ayudan a combatir el cambio climático al capturar el carbono de la atmósfera y, a mitigar sus efectos, al ser amortiguamiento costero frente a huracanes y tormentas. La sentencia rescata argumentos de derecho internacional presentados por AIDA en un caso anterior. La Corte enfatiza la obligación del Estado panameño de proteger la Bahía con su adhesión a la Convención Ramsar, tratado internacional para la protección de humedales y bajo el cual el sitio es considerado “humedal de importancia internacional”. “Esta sentencia sienta un precedente al otorgarle a la Convención Ramsar un lugar central en el análisis del caso y darle prioridad al deber del Estado de proteger y asegurar un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado”, aseguró Sandra Moguel, asesora legal de AIDA. Asimismo, el fallo “reconoce que la resolución de la ANAM es legal y que el ordenamiento jurídico sería lesionado con la adopción de una medida que retrotraiga los efectos de protección al humedal hasta ahora logrados”, indicó Nikolás Sánchez, gerente de Incidencia Política de MarViva en Panamá. Por su parte, Antonio Chang, abogado de CIAM, considera que “la sentencia es clara al resaltar el valor jurídico del humedal como Sitio Ramsar y cerrar cualquier discusión sobre ese tema en el futuro.” En abril de 2013, la Corte había levantado la suspensión temporal de la resolución y, con esta última decisión, reafirma la condición del Humedal Bahía de Panamá como área protegida, creando así un importante precedente legal para su protección. AIDA, CIAM y MarViva aplauden el gran aporte de la Corte Suprema de Justicia de Panamá a la defensa ambiental en ese país y en la región.

December 12 2013 Arrecifes de coral, Océanos

Peligra el Sistema Arrecifal Veracruzano por incumplimiento de compromisos internacionales por parte del Gobierno mexicano

Organizaciones denuncian el hecho ante la Convención Ramsar, tratado internacional para la protección de humedales. Al modificar los límites del Parque Nacional, el gobierno federal busca ampliar el puerto de Veracruz. Distrito Federal, México. Organizaciones de la sociedad civil denunciaron ante instancias internacionales la intención del gobierno mexicano de modificar los límites del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV) para así ampliar el puerto de Veracruz. Ello es una violación a sus compromisos de conservar y proteger un humedal de importancia mundial. El pasado 19 de diciembre, con motivo de la autorización del proyecto de ampliación por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) —con apoyo de la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA), Pobladores A.C., Senderos y Encuentros para un Desarrollo Autónomo Sustentable (SENDAS), Litiga OLE, Pronatura Veracruz y el doctor e investigador Leonardo Ortíz Lozano—, presentaron al Secretariado de la Convención Ramsar un reporte sobre el incumplimiento del gobierno federal de ese tratado internacional. El Sistema Arrecifal Veracruzano fue declarado Área Natural Protegida (ANP) en 1992 con el objetivo de proteger el derecho humano al medio ambiente sano y, en 2004, fue inscrito como humedal de importancia internacional en la Lista Ramsar. Si bien el Estado mexicano puede modificar los límites de los sitios que inscribe en la Lista Ramsar, esto tiene que hacerse conforme a las causales y procedimientos determinados en la Convención Ramsar. Sin embargo, el gobierno federal pretende modificar el área del PNSAV contradiciendo sus propios actos y actuando en contravención del principio de legalidad [1]. De acuerdo con la información pública obtenida de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) [2], la causal por la cual el gobierno mexicano decidió modificar los límites del PNSAV es la llamada cláusula de “error”, contenida en la Resolución VIII.22, la cual sólo puede invocarse por cambios en las características ecológicas resultantes de procesos que han degradando parte del humedal. Sin embargo, hasta ahora el gobierno federal no ha probado científicamente que se hayan modificado las características ecológicas en detrimento del humedal. Es cuestionable que la Conanp haya decidido notificar el supuesto error al Secretariado Ramsar cuando la Semarnat estaba en vísperas de autorizar la ampliación del puerto de Veracruz. El otro camino legal para modificar los límites de los sitios Ramsar es la de "motivos urgentes de interés nacional", contenido en la Resolución VIII.20, la cual implica una evaluación ambiental previa y una consulta a todos los interesados directos, algo que hasta el momento no ha ocurrido. “El gobierno federal está determinado a modificar la poligonal del PNSAV de manera ilegal toda vez que no le es jurídicamente posible proceder según los procedimientos establecidos por la Convención Ramsar”, señaló Sandra Moguel, asesora legal de AIDA. Añadió que “la modificación del polígono del PNSAV y la autorización de impacto ambiental del proyecto de ampliación del puerto de Veracruz, son decisiones unilaterales del gobierno federal en las que los argumentos de la ciudadanía no fueron tomados en cuenta.” En resumidas cuentas, el gobierno mexicano viola la Convención Ramsar, situación que implica la transgresión de sus obligaciones internacionales sobre la conservación de un humedal de importancia internacional. De consumarse la modificación al PNSAV, el gobierno mexicano habrá lesionado el derecho al medio ambiente sano de los mexicanos en general y de los veracruzanos en particular. Por lo anterior, entre otras cosas, las organizaciones solicitaron al Secretariado de la Convención Ramsar que considere inaceptable la reducción de los límites del PNSAV, y que la posible modificación se debata en la próxima Conferencia de las Partes que tendrá lugar en Uruguay en 2015. Notas del editor: 1.- De acuerdo con este principio general del derecho, la autoridad sólo puede hacer aquello que le está expresamente mandado por la Ley. 2.- Solicitud de información 1615100033713.

November 21 2013

Gobierno de México debe rendir cuentas ante organismo internacional por la autorización de infraestructura turística en el Golfo de California

La Comisión de Cooperación Ambiental (CCA) pide que, hasta el 8 de enero de 2014, autoridades mexicanas respondan a la denuncia sobre incumplimiento de la legislación ambiental en los permisos otorgados a cuatro mega resorts. Distrito Federal, México. La Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) pide una explicación del Gobierno mexicano por la autorización de proyectos turísticos en el Golfo de California. El organismo internacional, establecido bajo el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, tomó esa determinación tras la petición ciudadana presentada por organizaciones de México y Estados Unidos[i], quienes denunciaron la violación sistemática de la legislación ambiental mexicana en los permisos otorgados a cuatro mega resorts que ponen en riesgo ecosistemas frágiles: humedales, manglares y arrecifes de coral. La petición[ii] fue presentada a la CCA en abril por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y Earthjustice a nombre de 11 organizaciones locales e internacionales. En ella se presentan cuatro proyectos como ejemplo de la actuación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) de México al avalar infraestructura turística masiva en el Golfo de California pese a que viola las normas sobre evaluación de impacto ambiental, protección de especies en peligro y conservación de ecosistemas costeros. El Secretariado de la CCA dispuso que el Gobierno de México debe dar, hasta el 8 de enero de 2014, una respuesta sobre los permisos otorgados, abordando específicamente los siguientes aspectos: el uso de la mejor información disponible, la evaluación de impactos acumulativos y fragmentación de ecosistemas, la falta de inclusión de medidas precautorias y preventivas, y la omisión en el ejercicio de facultades para suspender obras. La CCA requirió también información acerca de la aplicación de las resoluciones y recomendaciones de la Convención Ramsar: un tratado intergubernamental para la protección de humedales de importancia internacional como los que alberga el Golfo de California. “Es un gran avance en el derecho nacional e internacional pues se reconoce a esas disposiciones como parte de la implementación de las obligaciones contenidas en tratados internacionales ratificados por México”, dijo Sandra Moguel, asesora legal de AIDA. El Secretariado reconoció en particular las resoluciones adoptadas por las partes contratantes de la Convención Ramsar que establecen estándares de evaluación de impacto ambiental y protección de humedales. Reconoció además las recomendaciones de las Misiones de Ramsar que visitaron Marismas Nacionales y Cabo Pulmo, concluyendo que desarrollos turísticos de la magnitud planteada no eran apropiados por la vulnerabilidad de dichos ecosistemas[iii]. Por ello solicitó que México explique la omisión de realizar la evaluación de impacto ambiental de acuerdo con esas disposiciones. “La CCA solicitó la rendición de cuentas del Gobierno mexicano respecto al abuso de la discrecionalidad al considerar opiniones técnicas, tal es el caso de Playa Espíritu, proyecto que carecía de viabilidad ambiental según la CONANP (Comisión Nacional de Áreas Protegidas)”, detalló Eduardo Nájera, director de COSTASALVAjE, una de las organizaciones peticionarias. “Es urgente que la nueva administración de la Semarnat no cometa los mismos errores que sus antecesores y realice una evaluación de impacto ambiental transparente y sin arbitrariedades, sobre todo cuando se trate de proyectos que puedan poner en peligro humedales de importancia prioritaria internacional como Marismas Nacionales, Cabo Pulmo y la Bahía de la Paz”, manifestó Carlos Eduardo Simental, director de la Red Ecologista por el Desarrollo de Escuinapa (REDES), también peticionaria. Finalmente, Carolina Herrera, especialista para Latinoamérica del Consejo para la Defensa de Recursos Naturales (NRDC por sus siglas en inglés), señaló que espera que, una vez recibida la respuesta de México, “la CCA desarrolle una investigación detallada de los hechos para que presione a México a no relajar sus propias medidas de protección ambiental en favor de desarrollos costernos no sostenibles”. Consulte la determinación de la CCA. [ii] Para mayor información sobre el mecanismo de petición ciudadana consulte este enlace. [iii] Estas misiones son un mecanismo de asistencia técnica contenido en Ramsar cuyo principal objetivo es prestar asistencia a las Partes que tienen humedales que ameritan atención prioritaria debido al cambio de sus características ecológicas.

November 14 2013 Fuentes de Agua Dulce, Contaminación Tóxica

Casi 16,000 personas urgen al Presidente Santos delimitar bien el páramo de Santurbán

En una petición, dirigida a la Presidencia y al Ministerio de Ambiente, demandan que la definición de las fronteras de ese ecosistema se haga a escala 1:25.000, tal como lo manda la legislación colombiana. Bogotá, Colombia. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) entregó al Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y a la Ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible de ese país, Luz Helena Sarmiento, 15.901 firmas que piden que el páramo de Santurbán sea delimitado con base en criterios científicos, a escala 1:25.000. Santurbán se encuentra entre los departamentos colombianos de Santander y Norte de Santander. Provee agua a casi dos millones de personas, principalmente en las poblaciones de Bucaramanga y Cúcuta. Las firmas recolectadas a través de Change.org se suman al pedido anterior de AIDA y de prestigiosos ambientalistas colombianos para que el Gobierno, en cumplimiento de la legislación nacional e internacional vigente, defina adecuadamente las fronteras del páramo. Así se evitaría que actividades nocivas como la minería de gran escala lo dañen irreversiblemente. Los ecosistemas de páramo son verdaderas “fábricas de agua” que albergan biodiversidad única y contribuyen a mitigar el cambio climático. En Colombia, país con más páramos en el mundo, la delimitación es parte de una exigencia establecida en su legislación. De ahí la relevancia del tema, pues de la manera en la que sea delimitado Santurbán dependerá la del resto de los páramos en el país. La petición promovida por AIDA incluyó una carta dirigida al Presidente Santos y a la Ministra Sarmiento. En ella los firmantes exigen a la ministra reconocer la totalidad del páramo (más de 82,000 hectáreas) en la delimitación, es decir, no sólo la fracción (11,000 hectáreas) declarada Parque Natural Regional. Para ello le solicitan adoptar los parámetros ya establecidos por científicos colombianos y ofrecen argumentos jurídicos que respaldan ese requerimiento. AIDA acompañó las firmas con un documento en el que analizan jurídicamente las razones por las cuales el gobierno debe delimitar totalmente esta área (Documento disponible en línea aquí). “Escuchar el llamado de los miles de firmantes en el hemisferio es una necesidad apremiante porque el riesgo para los páramos derivado de la minería es inminente”, sostuvo Astrid Puentes Riaño, Co-Directora de AIDA. “Delimitar Santurbán a una escala distinta a la que ordena el Plan Nacional de Desarrollo, 1:25.000, es contrario a la ley. Si la ministra delimita el páramo a una escala menos detallada, la decisión podría ser impugnada judicialmente”, agregó. La acción de AIDA se suma a la marcha por la protección del agua y los páramos, convocada por el Comité por la Defensa del Páramo de Santurbán para este 15 de noviembre en Bucaramanga. Consulte la petición y la carta en Change.org. Para ver el documento jurídico de AIDA que explica la delimitación ir aquí.

October 25 2013

Corte Federal de Brasil falla en favor del escrutinio público de los préstamos del BNDES

Decisión sin precedentes llama a la transparencia en el uso del dinero de los contribuyentes, sostienen los críticos. Río de Janeiro, Brasil. Una Corte Federal de Apelaciones de Rio de Janeiro (TRF-2) decidió que el Banco de Desarrollo de Brasil (BNDES) debe divulgar los informes técnicos utilizados para justificar la aprobación de grandes préstamos. La decisión de la Corte fue producto de una demanda interpuesta en 2011 por Folha de São Paulo, uno de los periódicos brasileños más importantes, después de que el BNDES se negara a brindar acceso a los “informes analíticos” elaborados por el personal del banco para evaluar préstamos mayores a 100 millones de reales (46 millones de dólares) aprobados entre enero de 2008 y marzo de 2011. Los informes analizan la situación de los potenciales prestatarios, la justificación para otorgar el financiamiento y los riesgos crediticios de las operaciones propuestas. A pesar de su status de institución financiera pública, financiada en última instancia por los contribuyentes brasileños, el BNDES se ha negado a publicar estos documentos, amparándose bajo legislación federal relativa al secreto bancario (Ley Complementaria no. 105/2001). El año pasado, un juez federal de Rio de Janeiro, Dario Ribeiro Machado Junior, falló parcialmente en favor de la demanda de Folha de São Paulo, autorizando la divulgación de informes sobre los préstamos del BNDES a empresas públicas, pero no sobre operaciones que involucran compañías privadas. El periódico apeló la decisión ante el TRF-2 solicitando la divulgación de todos los documentos, mientras que el BNDES apeló reclamando que los informes de las operaciones de préstamo permanecieran confidenciales. La semana pasada, en una decisión de 2 a 1, la Corte de Apelaciones determinó que los informes de las operaciones de crédito del BNDES solicitados por Folha de São Paulo deben ser públicos, exceptuando la “información bancaria y fiscal de los prestatarios”. Se espera que el BNDES apele ésta decisión. Al emitir su voto, la jueza Carmen Silvia Lima de Arruda del TRF-2 concluyó que Folha de São Paulo tiene el derecho constitucional, reconocido en una decisión previa de la Corte Suprema, de solicitar la divulgación de documentos del BNDES que ilustren los criterios para la aprobación de créditos. La decisión de Arruda sostiene que “en realidad, el BNDES no publica ninguna información relevante de los análisis efectuados por sus departamentos técnicos para determinar la oportunidad y conveniencia del otorgamiento de créditos. La ausencia de publicidad en relación con dichos criterios en operaciones del BNDES revelan un sistema planificado de oscurantismo”. En esa misma línea, el juez Guilherme Couto de Castro del TRF-2 argumentó en su voto que los documentos del BNDES en relación con operaciones de crédito son “esenciales y de interés público incuestionable, y no deben haber impedimentos para divulgar esta información”. El juez también señaló que un objetivo no declarado del BNDES al denegar el acceso público a los documentos sobre los préstamos, es evitar la divulgación de “favores brindados a los amigos del rey”. Esta desconfianza refleja una creciente controversia sobre la marcada tendencia al interior del BNDES de favorecer a un grupo selecto de poderosos actores corporativos multinacionales brasileros en su cartera de préstamos, y la ausencia de divulgación de los riesgos en la aprobación de préstamos y riesgos crediticios. Un ejemplo particularmente notorio tiene que ver con el magnate minero y petrolero Eike Batista, el llamado ‘campeón nacional’ de las administraciones Lula y Rousseff, quien fue el beneficiario de 10.4 billones de reales (4.175 billones de dólares) en préstamos de bajo interés. Una vez Batista, el individuo más acaudalado de Brasil, cayó en desgracia drásticamente en 2013 cuando una serie de proyectos empresariales de alto riesgo no produjeron las ganancias esperadas por el billonario, se generó una alarma generalizada sobre la falta de un sistema efectivo para manejar los riesgos asociados con préstamos en el BNDES. La decisión del TRF-2 retomó la opinión de la Oficina Federal de Procuradores Públicos (Ministerio Público Federal - MPF). En un documento firmado por el Procurador Federal Luis Pereira Claudio Leiva, el MPF alegó que la transparencia es un elemento esencial en las operaciones del BNDES, dado que es una institución financiera pública financiada por los contribuyentes brasileños que debería estar financiando proyectos de interés público. "Las actuaciones del BNDES merecen severas críticas por ser producto de intereses políticos, con criterios difusos que llegan al extremo de complacer el incumplimiento de los prestatarios y concesionarios”, sostuvo. “Esta sentencia es una victoria para la transparencia. El banco usa el dinero de los contribuyentes para respaldar algunos de los préstamos más riesgosos en Brasil y en el extranjero, y los costos de muchos de estas inversiones terminan siendo asumidos por el público” dijo la abogada brasileña Maíra Irigaray Castro de Amazon Watch. “El BNDES debe abrir sus libros al público brasilero. Esa es la única manera de garantizar que los fondos de los contribuyentes sean usados correctamente”. En Noviembre de 2011, el Congreso brasilero aprobó una ley sobre acceso a la información pública (Ley Federal 12.527/2011) en el contexto de una iniciativa voluntaria conocida como Colaboración para un Gobierno Abierto[1], que permite a los individuos solicitar información a las instituciones gubernamentales, la cual debe ser revelada a menos que exista una justificación sobre la necesidad de mantener confidencialidad. Desde hace mucho tiempo, las organizaciones de la sociedad civil han abogado por la transparencia en los préstamos otorgados por el BNDES en Brasil y en otros lugares, reclamando que el público tiene el derecho de monitorear el uso del capital obtenido de los contribuyentes brasileros. Algunos proyectos controversiales han merecido una atención particular, tal como la mega represa de Belo Monte en la Amazonía brasileña, generosamente financiada por un paquete de préstamos sin precedentes de 25.5 billones de reales (11.6 billones de dólares). A pesar de la nueva legislación, el BNDES ha rechazado sistemáticamente las solicitudes de acceso a la información en aspectos claves de sus operaciones crediticias, así como sobre el análisis de los riesgos sociales, ambientales y económicos. “Esta decisión del TRF-2 es una señal positiva del poder judicial brasileño que representa un pequeño e importante paso para la protección de los derechos humanos y la responsabilidad del BNDES en sus operaciones. Las inversiones del Banco en proyectos de desarrollo a gran escala tales como Belo Monte y otras grandes represas en la Amazonía, han tenido serios impactos en el ambiente y en los derechos humanos de las comunidades” dijo María José Veramendi de AIDA. “Belo Monte, por ejemplo tiene medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la falta de protección de las comunidades indígenas afectadas”. Ausencia de transparencia vinculada a la salvaguardas sociales y ambientales deficientes En febrero de 2012, la agencia federal de medio ambiente, IBAMA, multó a Norte Energia, S.A. (NESA), el consorcio de capital público y privado concesionario del complejo Belo Monte, por un total de 7 millones de reales por haber incumplido con la implementación de las acciones requeridas para mitigar los impactos sociales y ambientales del proyecto, conforme a lo estipulado en las licencias concedidas en 2010 y 2011. La multa, en apelación ante el IBAMA, aparentemente no generó ninguna acción concreta por parte del BNDES para abordar el incumplimiento de la legislación ambiental. Durante la implementación de los proyectos financiados por el BNDES, el monitoreo de la legislación ambiental y de derechos humanos, incluyendo el cumplimiento con otras condiciones específicas para los préstamos, ha sido notoriamente deficiente, señalan los críticos. Cuando las violaciones han sido documentadas el BNDES ha fallado en tomar acciones correctivas, incluyendo la suspensión de los desembolsos de los préstamos, a menos que las licencias ambientales sean suspendidas por el IBAMA o una decisión judicial. De acuerdo con Brent Millikan de International Rivers, la suspensión de las licencias ambientales es poco probable, dado el alto nivel de intervención al interior del IBAMA y el poder judicial. El número de acciones públicas impetradas contra los proyectos financiados por el BNDES por violaciones de los derechos de las comunidades afectadas, de los derechos laborales en los sitios de construcción y de la legislación ambiental se ha vuelto un foco de atención en Brasil. Un estudio publicado recientemente por las revistas de investigación Agência Pública y O ECO identificó un total de 80 acciones presentadas por Procuradores Públicos estatales y federales contra 17 de 20 grandes proyectos de infraestructura financiados por BNDES en la Amazonía brasileña entre el 2008 y el 2012. De acuerdo con el informe las motivaciones más comunes para las demandas incluyen evaluaciones de impacto ambiental defectuosas, ausencia de consulta previa con las comunidades afectadas, ausencia de cumplimiento con las condicionantes de las licencias ambientales y violaciones de los derechos de los trabajadores en los sitios de construcción, incluyendo condiciones inseguras de trabajo que contribuyen a muertes accidentales. El “campeón” entre los proyectos de infraestructura bajo litigio es Belo Monte, con 21 demandas presentadas por más de una década. En septiembre el Ministerio Público Federal (MPF) presentó una demanda que incluía al BNDES como co-demandado con Norte Energia y el IBAMA, alegando una falencia crónica de evaluar y mitigar los impactos ambientales sobre el pueblo indígena Xikrin que vive cerca del sitio de construcción de la represa en el río Xingu. Para mayor información: Leer el comunicado de prensa del Ministerio Público Federal (en portugués) Leer el artículo en Folha de São Paulo sobre la demanda (en portugués) Artículo relacionado con la decisión del TRF-2 (en portugués) Leer el artículo de Bloomberg “Batista Collapse Has Prosecutors at BNDES's Door” (en inglés) Ver el artículo de los periodistas de investigación sobre las acciones civiles contra los proyectos de infraestructura en la Amazonía brasileña financiados por el BNDES (en portugués) Ver el comunicado de prensa del MPF sobre la nueva demanda por las violaciones a los derechos del pueblo indígena Xikrin y la legislación ambiental en Belo Monte, incluyendo al BNDES como demandado (en portugués): [1] http://www.opengovpartnership.org/

September 11 2013 Fuentes de Agua Dulce, Derechos Humanos, Derechos Indígenas, Grandes Represas

Controversias sobre derechos indígenas relacionadas con la represa Belo Monte consumen el sistema de justicia brasileño

La licencia de la represa podría ser suspendida por incumplimiento de las condicionantes socioambientales. Altamira, Brasil. Las demandas interpuestas recientemente por el Ministerio Público Federal de Brasil (MPF) relacionadas con la represa de Belo Monte reclaman la responsabilidad del consorcio constructor Norte Energía, el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (BNDES) y la agencia ambiental estatal IBAMA por su incumplimiento con las medidas de mitigación ordenadas a favor de los pueblos indígenas Juruna y Xikrin Kayapó, los cuales son afectados por el mega proyecto. Las demandas demuestran que las condicionantes impuestas en el proceso de licenciamiento ambiental no han sido cumplidas y por ende requieren que se efectúe una compensación por los impactos socioambientales de la represa que está actualmente siendo construida en el río Xingú en la Amazonía Brasileña. El MPF interpuso una demanda a finales de agosto demostrando que Norte Energía estaba deliberadamente incumpliendo con su obligación de comprar tierras y proveer servicios de salud para la comunidad indígena Juruna del Km 17, una de las más vulnerables frente a los impactos de la construcción de Belo Monte dada su cercanía al movimiento constante de maquinaria pesada y de trabajadores. Esta demanda llevó a la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) a presentar una queja ante IBAMA, requiriendo que Norte Energía sea responsabilizado por su incumplimiento con esta condición formal de las licencias ambientales para Belo Monte. La Corte Federal de Pará respondió esta semana dando 60 días a Norte Energía para comprar las tierras Juruna y proveer servicios de salud, bajo pena de multas diarias por R$200,000 (US$87,000). “La situación aquí solo ha empeorado”, señaló Sheyla Juruna, integrante de la comunidad Juruna del Km 17 y conocida por su activismo nacional e internacional en defensa de sus derechos y los de su comunidad. “Belo Monte creó la ilusión de que las personas tendrían todo lo que antes no tenían. Ahí es donde comenzaron los problemas. El apoyo de la FUNAI nunca vino y nuestra situación de salud es precaria. La sociedad civil cree que los indígenas tienen derechos pero nuestros derechos están siendo violados todos los días”. Tras el fallo a favor de la comunidad Juruna el MPF interpuso otra demanda que apunta hacia la negligencia del BNDES, IBAMA y Norte Energía, derivada de la ausencia de un análisis previo de los impactos y medidas de compensación asociadas para las comunidades Xikrin Kayapó que también son afectadas por Belo Monte. La demanda alega que estas tres instituciones violaron los derechos de los Xikrin Kayapó al permitir que la construcción iniciara sin medir los impactos que causaría a los pueblos indígenas cuyas comunidades se ubican en el río Bacajá, un afluente del Xingú directamente adyacente a los impactos más serios de la represa. El MPF solicitó al Poder Judicial que suspendiera la licencia de instalación de Belo Monte, con el fin de parar el proyecto hasta que Norte Energía presente conclusiones sobre los impactos del proyecto y las compensaciones correspondientes en favor de las comunidades indígenas. El alcance de esta demanda no tiene precedentes pues podría obligar al Consorcio y al BNDES, financiador del 80% de la represa, a indemnizar las comunidades indígenas afectadas del Xingú por la demora al medir y mitigar las repercusiones socioambientales. “Realmente tenemos una razón para celebrar al ver que el BNDES finalmente está siendo considerado parte responsable de los desastrosos impactos de Belo Monte” señaló Maíra Irigaray Castro de Amazon Watch. “Es hora de que los financiadores respondan por su negligencia criminal ejemplificada en el incumplimiento de los condicionantes, las cuales también deberían monitorear en todos los proyectos que financian”. El incumplimiento de Norte Energía con las condicionantes de Belo Monte no es nueva. IBAMA emitió un reporte en julio, confirmando que el grado de cumplimiento ha empeorado mientras que la construcción de la represa se ha acelerado. El reporte muestra que solo cuatro de las 23 condicionantes relacionadas con la población urbana han sido cumplidas. “La semana pasada tuvimos una reunión con representantes del gobierno y personas locales, y su inconformidad es clara” dijo Antonia Melo, coordinadora del Movimiento Xingu Vivo para Siempre. “No hay agua potable, ni electricidad, atención en salud, escuelas o saneamiento básico. No podemos aceptar que las condicionantes, que son derechos fundamentales garantizados en la Constitución, sean desconocidas de esta manera. IBAMA debe suspender la construcción, tal como está definido en la ley, hasta que estas condiciones sean cumplidas”. “Estas acciones legales se suman a la evidencia existente de los severos impactos que la represa Belo Monte está teniendo en los derechos humanos y el ambiente en el Xingú, y de la responsabilidad de todas las agencias brasileras involucradas en el proyecto” dijo María José Veramendi de AIDA. “Esperamos que el resultado de estas acciones legales sea positivo y que Brasil cumpla efectivamente con la normativa nacional e internacional aplicable, tomando en cuenta que todas las agencias involucradas pueden ser legalmente responsables y el Estado puede ser internacionalmente responsable por estas violaciones de derechos humanos”, señaló Veramendi. Por solicitud de la FUNAI, así como por las demandas interpuestas por el Ministerio Público, tanto el IBAMA como los jueces federales podrían suspender la licencia de instalación de la represa hasta que los requerimientos y las condicionantes sean cumplidas. “La caracterización de las represas en la Amazonía como fuentes de energía limpia y barata se basa en la capacidad de los emprendedores, incluyendo el BNDES, de “externalizar” sus verdaderos impactos y riesgos sociales y ambientales. Estas demandas son significativas en la medida en que envían un mensaje de que están siendo responsabilizados por sus decisiones y el daño que causan al ambiente y a los pueblos indígenas,” señaló Brent Millikan, Director del Programa de Amazonía de International Rivers.