Prensa

Octubre 14 2014

Organizaciones llaman la atención del Banco Mundial sobre riesgos de su inversión en proyecto minero en Colombia

Se reunieron con funcionarios del organismo internacional para explicar las ilegalidades y posibles daños al ambiente y a las personas que implica construir la mina Angostura de Eco Oro Minerals en Santurbán, Colombia, proyecto en el cual invirtió la Corporación Financiera Internacional, parte del Grupo del Banco Mundial. Washington/Ottawa/Bogotá/Bucaramanga. El Comité por la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán y sus organizaciones aliadas se reunieron en Washington D.C. con funcionarios del Banco Mundial y de la Corporación Financiera Internacional (CFI) para llamar su atención sobre las irregularidades y los riesgos socioambientales que existen en torno al proyecto minero Angostura en Colombia. La CFI invirtió en ese proyecto hace cuatro años y la empresa canadiense Eco Oro Minerals pretende ejecutarlo en el páramo de Santurbán, ecosistema en el que la minería está prohibida, según la legislación colombiana y normas internacionales. Las reuniones se realizaron del 11 al 13 de septiembre pasado con la participación de delegados del Comité, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Centro de Investigación sobre Corporaciones Multinacionales (SOMO), el Centro para el Derecho Ambiental Internacional (CIEL) y MiningWatch Canadá. En 2012, el Comité, apoyado por las organizaciones aliadas, presentó una queja ante la Oficina del Asesor en Cumplimiento (CAO, por sus siglas en inglés), mecanismo de rendición de cuentas de la CFI. Como resultado, la CAO realiza una auditoría para saber si la CFI efectuó o no una adecuada evaluación de los riesgos sociales y ambientales del proyecto antes de invertir en el mismo. "Esperamos que, como resultado del reporte de la CAO, la CFI retire su inversión del proyecto minero. Es evidente que Angostura no tiene posibilidades de cumplir con las políticas del Banco Mundial", señaló Erwing Rodríguez, integrante del Comité. Las organizaciones explicaron que la CFI invirtió en Angostura, mediante la compra de acciones en Eco Oro Minerals, sin tener la información necesaria sobre el proyecto y sus impactos socioambientales en la región. El páramo de Santurbán es fuente de agua dulce para millones de personas en Colombia, albergue de especies endémicas y amenazadas, y es esencial para la mitigación del cambio climático al capturar carbono de la atmósfera. Destacaron que todo ello está en peligro si se construye la mina y que tanto normas nacionales como internacionales prohíben la minería en páramos. Agregaron que el proyecto Angostura ha estimulado un posible distrito minero en la zona, la cual ha sido afectada por el conflicto armado y donde extensas áreas están concesionadas a diversas empresas. "Este es un caso muy sensible en la región y el país entero. La ciudadanía ha dejado perfectamente claro que no avala la minería a gran escala en el páramo de Santurbán con multitudinarias manifestaciones y con muchas más acciones en defensa del agua, el páramo y el territorio", afirmó Miguel Ramos, otro miembro del Comité. Por su lado, Carlos Lozano Acosta, abogado de AIDA, sostuvo: "El caso es importante porque sentará un precedente en la región respecto de la protección de los páramos, fundamentales para la provisión de agua y la lucha contra el cambio climático". "El Banco Mundial está asumiendo un riesgo financiero innecesario y no rentable. El precio de las acciones que la CFI compró en Eco Oro ha descendido sensiblemente. El proyecto no es bueno para los páramos, los colombianos ni para la CFI. No entendemos por qué insisten en la inversión", manifestó Kristen Genovese, de SOMO.

Octubre 09 2014 Fracking, Contaminación Tóxica

Pronunciamiento regional por el Día Mundial contra el Fracking

El desarrollo de la fracturación hidráulica tendrá desastrosas consecuencias para el medio ambiente, la población y la sostenibilidad energética de América Latina por lo que no debe ser permitida - En el marco del Día Mundial contra el Fracking (Global Frackdown) organizaciones de la sociedad civil latinoamericana alertamos sobre los impactos irreversibles que tendrá la explotación de hidrocarburos no convencionales a través del fracking en los territorios y poblaciones de la región. - Hacemos un llamado urgente para que los gobiernos latinoamericanos impidan el desarrollo de esta actividad en sus territorios y demuestren así su compromiso con la protección del medio ambiente, la garantía de los derechos humanos, la lucha contra el cambio climático y la sostenibilidad energética de la región. - Existen alternativas energéticas sustentables, más baratas y eficientes que, asegurando el pleno respeto de las comunidades en las que éstas se desarrollan, deben ser fomentadas e impulsadas por los Estados para asegurar la provisión de energía futura y la sostenibilidad ambiental. Según datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA, por sus siglas en inglés) se estima que diversos países de América Latina cuentan con recursos prospectivos de hidrocarburos de lutitas en sus territorios.[1] Es el caso de Argentina, México, Venezuela, Brasil, Colombia, Bolivia, Uruguay, Paraguay y Chile, en los que el desarrollo de la técnica de la fracturación hidráulica o fracking se encuentra en diversas fases. Por ejemplo en Argentina ha habido un mayor desarrollo de proyectos de este tipo. Mientras otros países como México, Colombia, Bolivia y Brasil se encuentran en fase prospectiva o exploratoria, y pretenden desarrollar ampliamente esta técnica en los próximos años. La fracturación hidráulica consiste en la inyección en el subsuelo de una mezcla de agua, arena y productos químicos a presiones tales que permitan la ruptura de las rocas de lutitas, en cuyos poros se encuentran atrapados el gas y el petróleo. Para ello, primero es necesario realizar una perforación vertical hasta alcanzar la profundidad a la que se encuentran estas formaciones geológicas (entre uno y cinco kilómetros) y luego una serie de perforaciones horizontales de 1 a 5 km de extensión. El uso de esta técnica traerá, como ya se ha demostrado en EE.UU., fuertes impactos sobre al ambiente, la salud y calidad de vida de la población, ya sumamente castigados. Debido a su gran complejidad, esta actividad implica una serie de daños en su mayoría inevitables e irreversibles, como son: - Uso intensivo y contaminación del agua. La fracturación de un solo pozo de fracking requiere entre 9 y 29 millones de litros de agua que queda completamente inservible para otros usos. Esto se debe a los 300,000 litros de químicos que se le añaden para la fracturación y por los metales pesados y radioactivos presentes en el subsuelo. Este líquido, se filtra a los flujos de agua subterránea y superficial contaminándola, dejando a las poblaciones sin agua potable.[2] - Supone graves afectaciones a la salud.[3] Estudios científicos realizados en Estados Unidos muestran que 75% de los químicos utilizados en el líquido de perforación afecta directamente la piel, ojos, sistema respiratorio y gastrointestinal; 40-50% afecta al sistema nervioso, inmunológico, cardiovascular y los riñones; mientras que 37% afecta el sistema endocrino y 25% provoca cáncer y mutaciones.[4] - Genera impactos de cambio climático. Pese a lo que las empresas petroleras y algunos gobiernos de la región están señalando, la explotación del gas mediante fracking no es una opción para la lucha contra el cambio climático. En estos proyectos hasta 8 por ciento de la producción de gas natural (metano) se escapa directamente a la atmósfera con un potencial de calentamiento 25 veces superior al dióxido de carbono. Debido a ello, en 20 años el impacto sobre el cambio climático de la generación eléctrica a través del gas extraído por fracking superaría en 20% el del carbón.[5] - La reinyección de las aguas residuales en el subsuelo están directamente vinculadas con la inestabilidad sísmica y generación de sismos, que han llegado a alcanzar 5.7° de magnitud. Esto es sumamente grave, ya que pone en riesgo a la población y la infraestructura de las regiones donde tienen lugar.[6] - Todas estas afectaciones e impactos suponen violaciones a los derechos humanos, derechos que los Estados latinoamericanos tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar, así como de prevenir sus violaciones. Entre otros, vulneran la garantía del derecho humano al agua y al saneamiento, a un medio ambiente sano, a la salud, a la alimentación, a la vivienda, de los derechos laborales y otros derechos económicos, sociales y culturales, así como de los derechos civiles y políticos como el derecho de acceso a la información, al consentimiento previo, libre e informado, y a la participación. - Por último, la explotación de hidrocarburos a través del fracking no es una opción energética sustentable. Las altas tasas de declinación de los pozos (entre 29 y 52% anual), la escasa recuperación de los hidrocarburos presentes en los yacimientos (de entre el 4.7 y 10%) y los altos costos que conlleva esta tecnología, la hacen inviable para la generación de energéticos en el mediano y largo plazo. Por todas estas razones, las organizaciones firmantes exigimos a los gobiernos de los países latinoamericanos: - Exigimos a los gobiernos latinoamericanos que impidan el uso de la fracturación hidráulica en sus territorios, y aseguren la protección de los recursos hídricos y de la salud de las personas. - Demandamos a nuestros Estados la generación y divulgación de información exhaustiva e imparcial sobre las características de los procesos, volúmenes y origen de agua usada y sustancias empleadas en el fracking y sus impactos en las personas y el ambiente con un horizonte de largo plazo, a fin de garantizar los derechos de las generaciones presentes y futuras. - Resaltamos que las poblaciones y gobiernos locales tienen el pleno derecho de negar actividades de fracking que puedan afectar sus entornos. - Demandamos la implementación de políticas públicas que permitan la transición energética hacia fuentes de energía verdaderamente sustentables, en pleno respeto a los derechos humanos, que aseguren la provisión energética futura. - Instamos a los Estados que garanticen que las políticas energéticas de la región respeten los derechos humanos, aseguren la protección ambiental y social, y contribuyen a la lucha contra el cambio climático. Para sumarse a este posicionamiento, escribir a [email protected] Alianza Mexicana contra el Fracking formada por: 132 Ambiental Amigos del Río San Rodrigo Asociación de Usuarios de Aguas de Saltillo (AUAS) Asociación Humanitaria Internacional Gilberto Bosques Blue Planet Project Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria Centro de Investigación y Capacitación Rural (CEDICAR) Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS) Chihuahua vs Fracking Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua Comcausa Consejo Ecológico de Participación Ciudadana de Coahuila Región Carbonífera (CEPACI) Consejo Tiyat Tlali Conservación Humana AC DECA Equipo Pueblo El Barzón Chihuahua El Barzón Nacional El Poder del Consumidor Encuentro Ciudadano Lagunero Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Espacio DESC Food and Water Watch Frente Amplio Ambientalista Fundar Centro de Análisis e Investigación Greenpeace México Grupo de Estudios Ambientales (GEA) Guardianes de los Volcanes Hij@s de la Tierra La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA) Medio Ambiente y Sociedad Organización Mexicana para la Conservación del medio Ambiente (OMCA) Oxfam México PODER Radio Huayacocotla, de Fomento Cultural y Educativo, A.C. Red de Acción por el Agua (FAN-México) Red Unidos por los Derechos Humanos Senderos y Encuentros para un Desarrollo Autónomo Sustentable (Sendas AC) Y otras organizaciones 350.org Asamblea Ambiental Ciudadana de Río Gallegos, Argentina Asamblea de Cooperación e Integración de Territorios Libres de Fracking desde los Concejos Deliberantes para América Latina, Argentina Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), organización regional BiosIguana, México Censat, Agua Viva - Amigos de la Tierra, Colombia Observatorio Petrolero Sur, Argentina Otros Mundos, Chiapas - Amigos de la Tierra, México Ríos Vivos, Colombia Unión de Asambleas Patagónicas, Argentina Red Peruana por una Globalización con Equidad – RedGE, Perú [1] http://www.eia.gov/analysis/studies/worldshalegas/pdf/fullreport.pdf [2] http://www.foodandwaterwatch.org/reports/fracking-the-new-global-water-crisis-europe/ [3] http://www.propublica.org/article/drilling-for-certainty-the-latest-in-fracking-health-studies [4] http://www.nap.edu/openbook.php?record_id=18376 [5] http://www.eeb.cornell.edu/howarth/Howarth%20et%20al%20%202011.pdf. [6] http://concernedhealthny.org/wp-content/uploads/2014/07/CHPNY-Fracking-Compendium.pdf

Septiembre 24 2014 Grandes Represas, Derechos Indígenas, Fuentes de Agua Dulce

Autorización de hidroeléctrica Las Cruces es ilegal

El permiso otorgado por la Semarnat para la construcción del proyecto sobre el río San Pedro Mezquital, en Nayarit, viola normas nacionales e internacionales en materia ambiental y de derechos humanos. México, Distrito Federal. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizó la construcción del proyecto hidroeléctrico Las Cruces en el río San Pedro Mezquital, Nayarit. Dicho permiso es ilegal porque viola legislación nacional e internacional en materia ambiental y de derechos humanos. En representación de las comunidades ribereñas y los pueblos indígenas afectados, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) informará de esa vulneración a las instancias nacionales e internacionales pertinentes. La ilegalidad del permiso radica en que los miembros de los pueblos indígenas Cora, Huichol, Tepehuano y Mexicanero nunca fueron consultados ni se obtuvo su consentimiento previo, libre e informadosobre el proyecto en los términos que establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Por otro lado, el consentimiento para el cambio de uso de suelo y expropiación de sus tierras fue solicitado a las asambleas comunales bajo engaños, condicionamientos y hasta intimidación. Además, el mismo documento de la autorización reconoce que las comunidades de San Blasito y Saycotal, las que serán desalojadas a causa de la construcción de la hidroeléctrica, desconocen las actas de la supuesta consulta que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), entidad que promueve el proyecto, habría hecho. "Segúnlos estándares internacionales, consultary obtener el consentimiento previo, libre e informadode los pueblos indígenas no sólo consiste en comunicarles el proyecto, lo que hizo la CFE en este caso[1]; sino también en que los pueblos afectados participenen procesos de diálogo y negociación de buena fe,desde la fase de planificación de la hidroeléctrica, conforme a sus costumbres y tradiciones, a través de procedimientos culturalmente adecuados yconforme a sus métodos tradicionales para la toma de decisiones, contando con información precisa sobre la naturaleza yconsecuencias del proyecto antes y durante la consulta, y con el objetivo de llegar a un acuerdo", afirmó María José Veramendi, abogada senior de AIDA. La construcción de Las Cruces implicará el desalojo forzoso de habitantes de territorios indígenas, en su mayoría Cora, y la afectación de 14 sitios sagrados de Coras y Huicholes. Todo ello tendrá consecuencias negativas sobre sus derechos a la vivienda adecuada, al agua, a los medios de subsistencia, a la cultura y a la educación. En materia ambiental, la Semarnat no tomó en cuenta los criterios y lineamientos establecidos por la Convención Ramsar, tratado intergubernamental firmado por México para la protección de Marismas Nacionales, humedal de importancia prioritaria internacional bajo la Convención y en el cual desembocan las aguas del río San Pedro. Ese sitio, así como la actividad pesquera y agrícola que sostiene, se verán afectados por la disminución en el caudal del río causada por la hidroeléctrica. En 2009, la Secretaría de la Convención Ramsar exhortó al Gobierno mexicano a considerar los bienes y servicios ambientales, y el patrimonio cultural vivo de la zona antes de autorizar Las Cruces. Dicha recomendación fue ignorada. "La Convención Ramsar no prohíbe infraestructura en este tipo de ecosistemas, pero establece criterios y estándares internacionales para la toma de decisiones en el manejo de tales sitios[2]. Es muy lamentable que la Semarnat, como autoridad encargada de velar por los compromisos internacionales en materia ambiental de México, no haya tomado en consideración las guías de la Convención, y mucho menos las recomendaciones específicas de esos diplomáticos para Marismas Nacionales", dijo Sandra Moguel, abogada de AIDA. La Semarnat también ignoró las opiniones técnicas de autoridades como la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA). Esa instancia señaló que las especies pesqueras de Nayarit y el sur de Sinaloa disminuirán drásticamente de construirse Las Cruces ya que dependen de Marismas Nacionales, sitio que a su vez depende del agua dulce y los nutrientes del río San Pedro. Los estudios del proyecto tienen carencias y las medidas de mitigación y compensación por los daños que la construcción de la hidroeléctrica pueda causar en los ecosistemas, la flora y fauna de la zona son cuestionables. "Es un retroceso para los protección del ambiente y los derechos humanos en México que pone en riesgo al río San Pedro Mezquital, a Marismas Nacionales, y a las especies y comunidades que dependen de esos entornos naturales", añadió Moguel. Desde marzo de 2014, AIDA, en representación de las comunidades y pueblos cuyos derechos han sido vulnerados, envió comunicaciones a diversos Relatores Especiales de Naciones Unidas y a la Convención Ramsar alertando sobre los riesgos para el ambiente y los derechos humanos que implicaba autorizar la hidroeléctrica. Con el otorgamiento de la autorización, AIDA comunicará a dichas instanciasla materialización del riesgo y solicitará que se exija al Estado mexicano revocar la autorización por ilegal yconsultar a los pueblos indígenas afectados. [1] Autorización de Impacto Ambiental del proyecto hidroeléctrico Las Cruces, p. 57 [2] Autorización de Impacto Ambiental del proyecto hidroeléctrico Las Cruces, p. 62

Septiembre 22 2014

Manifestantes climáticos le dicen a líderes del mundo "no a la energía sucia en el Fondo Verde Climático"

Nueva York, Estados Unidos. Mientras los líderes mundiales se preparaban ayer para anunciar sus medidas sobre el clima, miles de personas inundaron las calles de la ciudad de Nueva York haciendo un llamado para que las naciones ricas pongan dinero en el Fondo Verde Climático, y demandando que nada del mismo vaya a financiar energía sucia. Los jefes de Estado se reunirán mañana en las Naciones Unidas, por invitación del Secretario General de la ONU Ban Ki-Moon, en un intento de poner en marcha las negociaciones para un nuevo acuerdo climático global. Según Janet Redman, directora de política climática del Institute for Policy Studies: "Llegar a un acuerdo para estabilizar el clima depende de que los países desarrollados hagan honor a sus promesas. El plazo para las contribuciones al Fondo Verde Climático ha vencido. Ahora necesitamos ver compromisos serios de los gobiernos ricos para otorgar financiamiento para un desarrollo bajo en emisiones de carbono y amigable con el clima." Andrea Rodríguez, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), añadió: "Miles de millones de personas aún carecen de acceso a la energía. El Fondo Verde Climático debería apoyar a las comunidades a satisfacer esa necesidad a través de energía verdaderamente limpia, descentralizada y sostenible. A pesar del interés de varios sectores en promover la captura de carbono, el gas natural, y las mega represas como soluciones climáticas, este fondo no debería proporcionar apoyo financiero para ningún proyecto que emita gases de efecto invernadero". Las políticas establecidas al momento por la Junta Directiva del Fondo, dividida por igual entre representantes de los países desarrollados y en desarrollo, no prohíben que el Fondo Verde Climático financie energía sucia, incluidos los combustibles fósiles, las represas destructivas y la energía nuclear. "La energía sucia es más que los combustibles fósiles", señaló Zachary Hurwitz, de International Rivers. "Las represas hidroeléctricas pueden liberar metano, destruir los bosques que absorben carbono, y desplazar a miles de personas. Y no hay nada de limpio en las violaciones de derechos humanos que a menudo resultan de esos proyectos". Lidy Nacpil, director del Jubilee South Asia Pacific Movement on Debt and Development, con sede en Filipinas, dijo: "En mi país ya estamos enfrentando las consecuencias devastadoras del cambio climático. Los países ricos e industrializados tienen la obligación legal y moral de pagar su deuda climática y apoyar la adaptación a través del Fondo Verde Climático. Pero eso no es suficiente. El Fondo no debe exacerbar el cambio climático y sus impactos al financiar energía sucia". Más información: Lee el último comentario del Institute for Policy Studies sobre el Fondo Verde Climático (en inglés). Lee la Declaración de Posición Global del Sur sobre el Fondo Verde Climático (en inglés). Lee la carta abierta a organismos internacionales, gobiernos e instituciones financieras para que dejen de considerar a las grandes represas como energía limpia e implementen soluciones reales al cambio climático.

Septiembre 19 2014

Organización trinacional pide investigar a México por la autorización de megaresorts que amenazan ecosistemas, especies y comunidades en el Golfo de California

El Secretariado de la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) recomendó una investigación a fondo sobre el incumplimiento de la legislación ambiental mexicana en la entrega de permisos a tres proyectos turísticos planeados en una zona vital para ecosistemas vulnerables, especies en peligro y comunidades locales. Distrito Federal, México. El Secretariado de la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) —organización intergubernamental que promueve la colaboración entre los socios del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (México, Canadá y Estados Unidos)— determinó que los argumentos que sostienen que México no aplicó efectivamente su legislación ambiental al otorgar permisos a tres mega resorts en el Golfo de California, tienen base suficiente para que se realice una investigación a fondo. Lo hizo como respuesta a la petición ciudadana presentada al respecto por la Asociaciación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y su socio Earthjustice en representación de 11 organizaciones locales e internacionales[1]. El Golfo de California es una zona vasta —abarca los estados de Sonora, Sinaloa, Nayarit, Baja California y Baja California Sur—, frágil e importante para entornos sensibles (corales y bosques de manglar), especies en peligro (ballenas, mantarrayas, tiburones y tortugas, entre otras), aves migratorias, y comunidades que dependen económicamente de la pesca de atún, sardina, camarón y calamar. Esa actividad es fuente de empleo para cerca de 50 mil personas. Sin embargo, el Gobierno mexicano autorizó en esa área cuatro mega resorts —Cabo Cortés, Paraíso del Mar, Entre Mares y Playa Espíritu— pese a que éstos violaban la normativa ambiental vigente en el país sobre evaluación de impacto ambiental, protección de especies en peligro y conservación de ecosistemas costeros. De ese modo, se puso en riesgo el entorno natural del Golfo de California, y a las especies y comunidades que dependen del mismo. El Secretariado de la CCA basó su recomendación para la elaboración de un expediente de hechos (investigación a detalle) en la falta de aplicación efectiva de la legislación ambiental mexicana en la evaluación y autorización de tres de los cuatro proyectos. La decisión no incluye a Cabo Cortés, cuyo permiso ambiental fue rechazado recientemente. "Proyectos de la magnitud de Playa Espíritu, localizado en Marismas Nacionales [uno de los humedales más grandes de México], impactan en las pequeñas empresas locales y también en el sector pesquero, el cual se ve perjudicado cuando el ecosistema de manglar es dañado pues el mismo es un sitio de anidación de larvas y peces", dijo Carlos Simental, de la Red Ecologista por el Desarrollo de Escuinapa (REDES), una de las organizaciones peticionarias. El Golfo de California y su rica biodiversidad ya presentan problemas graves. Entre muchos ejemplos y según estudios recientes, los pelicanos marrones de la zona ya no se reproducen como antes, posiblemente debido a causas climáticas y a la falta de comida por la sobrepesca. El desarrollo turístico mal planificado y fuera de las normas en este lugar agrava la situación. "Buscamos que el Gobierno mexicano reciba una retroalimentación sobre las decisiones que toma en materia de evaluación de impacto ambiental en el sector turístico", señaló Sandra Moguel, abogada de AIDA. "Con la elaboración de este expediente de hechos, se busca mejorar la evaluación de impacto ambiental, al menos en la consideración de impactos acumulativos y residuales, la presentación de la totalidad de las obras de los proyectos, el uso de la mejor información disponible, y la incorporación eficiente de medidas de protección de especies en categoría de riesgo y de manglares, tal y como lo requiere la legislación ambiental mexicana y tratados internacionales ratificados por México." La investigación de lo ocurrido en el Golfo de California puede derivar en resultados positivos como reformas legales, la creación de grupos de discusión de evaluación de impacto ambiental, la mejora de esa herramienta y la presentación de proyectos de turismo sostenible que involucren a las comunidades desde su planeación. El Consejo de la CCA —integrado por los funcionarios de medio ambiente de más alto rango de Canadá, Estados Unidos y México— decidirá en dos meses si acepta o no la recomendación de desarrollar el expediente de hechos. "La recomendación del Secretariado subraya la preocupación grave de que México no aplica efectivamente su legislación ambiental en el Golfo de California," dijo Martin Wagner, Director del Programa Internacional de Earthjustice. "Ese tesoro ambiental alberga una biodiversidad marina increíble, es fuente crítica de proteína para los mexicanos y debe ser protegido en el largo plazo. Ningún megaproyecto turístico, la mayoría de los cuales provienen de inversión extranjera, debe estar exento de cumplir con la protección ambiental mexicana." [1] Red Ecologista por el Desarrollo de Escuinapa (REDES), Amigos para la Conservación de Cabo Pulmo (ACCP), Centro Mexicano para la Defensa del Medio Ambiente, Natural Resources Defense Council (NRDC), COSTASALVAjE, SUMAR, Sociedad Historia Natural Niparajá, Los Cabos CoastKeeper, Alianza para la Sustentabilidad del Noroeste Costero Mexicano (ALCOSTA), Greenpeace México y AIDA.

Septiembre 18 2014

Científicos y fotógrafos presentan el video "Ríos Libres"

Buscan conservar uno de los últimos ríos libres de México. El San Pedro, amenazado por la construcción de presas. Distrito Federal, México. Como parte de la iniciativa Números Naturales, un grupo de científicos y fotógrafos documentó el estado actual del Río San Pedro Mezquital, ubicado en Nayarit, el último río libre de presas en la Sierra Occidental Mexicana y lanzarán públicamente el video "Ríos Libres" este jueves 18 de septiembre a través de los medios sociales de Números Naturales y sus aliados. El video fue apoyado por National Geographic/Waitt Foundation, Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF-México, AIDA y SuMar, y busca crear conciencia sobre la importancia de preservar el afluente, que sería impactado por el proyecto hidroeléctrico Las Cruces. La iniciativa espera que este tipo de documentales sirvan para informar a la sociedad sobre el impacto que genera el represado de ríos. El San Pedro Mezquital es el último río que cruza la Sierra Madre Occidental libre de presas y constituye la aportación más importante de agua dulce y sedimentos para los humedales de Marismas Nacionales–un complejo de lagunas costeras y esteros ubicado entre Nayarit y Sinaloa– que con una superficie total cercana a 250 mil hectáreas contiene el bosque de mangle más extenso del Pacífico mexicano. Marismas Nacionales es un Humedal de Importancia Internacional de la Convención Ramsar de las Naciones Unidas desde 1995 y una Reserva de la Biosfera desde mayo de 2010. "Los ríos son las arterias del continente que transportan agua, un recurso esencial para la vida, y contribuyen a la salud de los ecosistemas y al bienestar de las comunidades humanas", mencionó el fotógrafo y director del video Jaime Rojo. “Actualmente sólo un tercio de los grandes ríos del planeta permanecen libres, lo cual es una lástima” concluyó. En contra de lo que se pudiera pensar, el río San Pedro Mezquital –auténtico tesoro de la Sierra Madre– es casi un desconocido en México, a pesar de ser uno de los mejor conservados del país. "Desde 2005, la Alianza WWF-Fundación Gonzalo Río Arronte ha trabajado por desarrollar un nuevo modelo de manejo para el río San Pedro Mezquital. Un modelo que reconozca el gran valor natural de esta cuenca, única en México y también su gran valor por los servicios ambientales que sostienen a Marismas Nacional y a la pesquerías del Golfo de California y que beneficia a muchos mexicanos", expresó Eugenio Barrios, Director del Programa Agua de WWF. "La gran variedad y riqueza de los servicios ambientales que provee el San Pedro sostiene una economía de más de mil 250 millones de pesos anualmente para las comunidades que dependen de la agricultura, ganadería, pesca y acuacultura", señaló Ernesto Bolado, director de la asociación civil SuMar. "Además, a lo largo de su cauce se encuentran varios centros ceremoniales y sitios sagrados para los pueblos náyeri (cora) y wixárika (huichol)", agregó. "Instancias internacionales como la Convención Ramsar han reconocido la importancia cultural del San Pedro Mezquital ya que la continuidad de los modos de vida de las comunidades ribereñas locales y los pueblos indígenas de la región dependen de su interacción con las características ecológicas del río", señaló Sandra Moguel, abogada de AIDA. El equipo creativo de Números Naturales está formado por profesionales de diferentes países y varias disciplinas que colaboran de manera remota para hacer posible la serie de cortometrajes. En esta producción la voz es de Bárbara Córcega, reconocida actriz mexicana. "Necesitamos mantener este río libre de presas pues es el único ecosistema que nos puede dar una referencia clara de la productividad que hemos perdido por haber represado el resto de los ríos en México", señaló Octavio Aburto, profesor del Instituto de Oceanografía Scripps, y quien lideró la expedición al San Pedro. "Los datos que hemos recaudado y que se muestran en este video constituyen un argumento robusto sobre el impacto a la biodiversidad y a la economía de las comunidades que resultaría al represar el San Pedro".

Agosto 29 2014 Contaminación Tóxica, Derechos Humanos

Afectados por contaminación ambiental en La Oroya esperan hace siete años que el Estado garantice sus derechos

En 2007, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado peruano adoptar medidas cautelares en favor de esas personas. Éstas aún no han sido implementadas plenamente y la salud de los afectados continúa en deterioro. La CIDH aún no toma una decisión final sobre el caso. La Oroya, Perú. Han transcurrido siete años desde que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitara al Estado peruano adoptar medidas cautelares en favor de las personas afectadas por la contaminación tóxica en la ciudad de La Oroya. Las y los afectados, incluidos niños y niñas, aún no reciben toda la atención médica requerida y su salud continúa en deterioro. El 31 de agosto de 2007, la CIDH otorgó medidas cautelares en favor de 65 moradores de La Oroya cuya salud resultó afectada por altos índices de contaminación por plomo, arsénico, cadmio y dióxido de azufre, proveniente del complejo metalúrgico de la empresa Doe Run Perú. En razón de ello y dada la grave y urgente situación, la Comisión solicitó al Estado peruano realizar las acciones necesarias para que las personas afectadas reciban un diagnóstico y tratamiento médico especializado cuando se demostrara que su integridad personal o su vida están en peligro de daño irreparable. Aunque hubo avances en la atención médica a los beneficiarios de las medidas, éstos aún no han recibido la atención integral y especializada requerida. Existe además un grave riesgo de retroceso. A la fecha, la Estrategia Sanitaria de Atención a Personas Afectadas por Contaminación con Metales Pesados y otras Sustancias Químicas, la cual opera en el Centro de Salud de La Oroya, no tiene el presupuesto asegurado a partir de septiembre y para el resto del año. La Estrategia es fundamental para el cumplimiento de las medidas cautelares pues de ella depende el diagnóstico y el tratamiento médico especializado para los beneficiarios. Sin presupuesto, la continuidad del personal médico que atiende no sólo a los beneficiarios, sino a toda la población de La Oroya, es inviable. "Las medidas cautelares siguen vigentes y, tras siete años, no han sido cumplidas a cabalidad. Sin embargo, el Estado insiste en solicitar su levantamiento pese a que la salud de la población está en deterioro y riesgo constante", dijo María José Veramendi Villa, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Por otro lado, la CIDH continúa estudiando la demanda presentada en 2006 por violaciones de derechos humanos del mismo grupo de personas afectadas. El caso se fundamenta en la omisión del Estado peruano de controlar adecuadamente las actividades del complejo metalúrgico y de proteger la salud y demás derechos de las personas afectadas. Lamentablemente, la situación de éstas empeora y cinco años después de haber admitido la demanda, la CIDH aún no ha tomado una decisión final. "El paso del tiempo nos afecta cada vez más. Nuestras dolencias están empeorando. Durante este tiempo, hemos perdido a muchos compañeros y hemos visto a nuestros hijos enfermarse”, afirmó uno de los afectados cuyo nombre se mantiene en reserva por seguridad. Actualmente el complejo metalúrgico está en etapa de "liquidación en marcha". Ello quiere decir que sus operaciones no se detendrán mientras se realiza su venta. Sin embargo, en mayo, el complejo tuvo que suspender sus operaciones porque sus proveedores dejaron de abastecerle de concentrados debido a los problemas económicos de la empresa. "Aunque las operaciones estén detenidas, las violaciones de derechos humanos en perjuicio de las personas ya se han consumado. Por tanto, el Estado peruano debe cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos y garantizar que la empresa y sus nuevos dueños cumplan con sus obligaciones ambientales", señaló Jorge Abrego, abogado de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH).

Agosto 20 2014 Grandes Represas, Derechos Indígenas, Fuentes de Agua Dulce

Instancias internacionales, alertadas de las violaciones a derechos humanos que implica construir la hidroeléctrica Las Cruces en México

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Relatores Especiales de la ONU están enterados del caso. La SEMARNAT decidirá pronto si autoriza o no el proyecto. Distrito Federal, México. Organizaciones ambientales y comunitarias alertaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a Relatores Especiales de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que la construcción de la hidroeléctrica Las Cruces violaría los derechos de pueblos indígenas y comunidades ribereñas en Nayarit. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) decidirá en estos días si otorga o no el permiso ambiental al controversial proyecto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). El sábado pasado, miembros del Consejo Indígena Náyeri, pueblo originario que sería afectado por la hidroeléctrica, se reunieron con comisionados de la CIDH. Allí explicaron que la construcción del proyecto sobre el caudal del río San Pedro Mezquital implica el desalojo forzoso de habitantes de territorios indígenas, en su mayoría Cora, así como la afectación de 14 sitios sagrados de Coras y Huicholes. Ello, añadieron, vulneraría los derechos humanos a la vivienda adecuada, al agua, a los medios de subsistencia, a la cultura y a la educación. Similares argumentos fueron parte de una alerta enviada en marzo pasado a Relatores Especiales de Naciones Unidas. En ella se resalta que las comunidades indígenas Cora, Huichol, Tepehuana y Mexicanera nunca fueron consultadas sobre el proyecto en los términos que establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). “Solicitamos a los Relatores instar al Estado mexicano a garantizar los derechos a la información y la participación, consulta y consentimiento, a la alimentación, al agua potable y saneamiento y al disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible de los pueblos indígenas y comunidades ribereñas del río San Pedro Mezquital”, dijo Sandra Moguel, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). La alerta fue enviada por AIDA en representación de los distintos sectores económicos, organizaciones ambientales y comunitarias de la región afectada: el Consejo Intercomunitario del Río San Pedro, el Consejo Indígena Náyeri, Nuiwari, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), el Grupo Ecológico Manglar, SuMar y representantes de la Federación Ribereña de Nayarit y la localidad Boca de Camichín. De construirse Las Cruces, la reducción del caudal del río afectaría la agricultura, ganadería, pesca, ostricultura y otras actividades de las que dependen económicamente para vivir más de 20 comunidades de la zona. Asimismo, al bloquear el curso del San Pedro, “la hidroeléctrica retendrá 90% de los sedimentos que alimentan la actividad agrícola y pesquera en Marismas Nacionales, humedal protegido a nivel internacional y que también depende del caudal para sobrevivir”, señaló Ernesto Bolado, director de SuMar. También está el hecho de que la hidroeléctrica estará sin operar dos tercios de su vida útil y solo generará 0.9 % de la energía demandada por la región Centro-Occidente. Las organizaciones ambientales y comunitarias esperan que la SEMARNAT considere los argumentos científicos y legales en contra de la hidroeléctrica Las Cruces para rechazar el proyecto. Instancias internacionales de derechos humanos estarán también pendientes de esa decisión.

Agosto 20 2014 Fracking, Contaminación Tóxica

Antes de autorizar fracking, Colombia debe garantizar protección al ambiente y la salud

AIDA insta al Gobierno a evitar las consecuencias graves e irreversibles del fracking y aplicar el principio de precaución. Bogotá, Colombia. Ante la anunciada adjudicación de zonas para la explotación no convencional de hidrocarburos, la cual incluye el fracking, la Asociación Interamericana para la Defensa de Ambiente (AIDA) exhorta a las autoridades colombianas a aplicar el principio de precaución. Por ello, antes de autorizar operaciones de fracking y dado el riesgo de daños graves e irreversibles que implica, el Gobierno colombiano debe asegurar que esta actividad no afectará el ambiente y la salud de las personas. La Agencia Nacional de Hidrocarburos lleva adelante hoy la segunda fase del proceso de licitación Ronda Colombia 2014 para adjudicar 69 áreas para la explotación de hidrocarburos, las cuales incluyen bloques no convencionales (aquellos en los que se puede hacer fracking). "En países como Estados Unidos e Inglaterra, con estructuras de control más fuertes que en Colombia, ha habido contaminación de agua dulce, enfermedades en familias cercanas a pozos de fracking e incluso terremotos", dijo Astrid Puentes Riaño, codirectora de AIDA. "El principio de precaución existe justamente para evitar que en situaciones como esta, en la que los riesgos son altos y aunque no haya certeza científica total de los daños ambientales y en la salud humana, las autoridades sean precavidas y no autoricen actividades como el fracking cuyos impactos sean irreparables." El fracking o fracturación hidráulica es un método de extracción de yacimientos no convencionales que consiste en taladrar un kilómetro o más, bajo tierra y luego horizontalmente, e inyectar fluido (agua, arena y químicos) al suelo, a muy alta presión, para fracturar rocas cargadas con hidrocarburos y liberar los mismos. Este método puede tener graves e irreversibles impactos que incluyen el uso de millones de litros de agua (cada pozo requiere de 9 a 29 millones de litros), la contaminación de aguas superficiales y subterráneas, y el uso de más de 750 productos químicos que pueden dañar el sistema nervioso y el sistema endócrino, provocar cáncer, malformaciones y alergias. Hay evidencia científica que vincula al fracking con el aumento de terremotos como es el caso de Oklahoma en Estados Unidos, Nuevo León en México y Blackpool en el Reino Unido. Por otro lado, el fracking genera 30% más de emisiones de metano, un poderoso gas de efecto invernadero, que la extracción convencional de hidrocarburos. Por ello no es una fuente de energía limpia pues contribuye al cambio climático. Dados estos impactos y citando el principio de precaución, Francia prohibió el fracking, y Alemania estableció una moratoria a esa actividad hasta que la industria pueda garantizar que no causará impactos ambientales o a la salud. "La institucionalidad ambiental en Colombia desafortunadamente sigue siendo débil y poco efectiva. Por ello nos preocupa lo que puede pasar con los acuíferos, los ecosistemas y las personas cerca de las zonas donde se usaría este método", puntualizó Carlos Lozano Acosta, abogado de AIDA. En AIDA esperamos que Colombia y otros países de la región asuman una actitud similar a la de sus pares europeos y garanticen la protección de la salud ambiental y humana antes de dar vía libre a la explotación de yacimientos no convencionales. El costo económico, ambiental y social de permitir una actividad como el fracking sin la prevención necesaria en un país con grandes riquezas naturales y acuíferas sería mayor que el beneficio que podría traer.

Agosto 06 2014

Organizaciones buscan recuperar fuentes de agua en Panamá

Solicitaron formalmente a la Autoridad Nacional del Ambiente anular una resolución que permite que grandes proyectos como represas hidroeléctricas usen hasta el 90% del agua de ríos, lagos y otros ecosistemas. Ciudad de Panamá, Panamá. Organizaciones de la sociedad civil presentaron una petición ciudadana a la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) para que ésta anule la resolución que permite que hasta el 90% del agua de ríos, lagos y otras fuentes naturales de ese recurso vital sea empleada en grandes proyectos como represas hidroeléctricas. La solicitud fue acompañada por una propuesta para regular el caudal ambiental en el país de manera sostenible y protegiendo los derechos humanos. Dicho caudal es el flujo de agua que un río u otro cauce debe tener para mantener sus valores ecológicos —refugio de flora y fauna, preservación del paisaje y disolución de contaminantes, entre otros— y sus valores sociales o su uso por parte de las comunidades. La resolución de la ANAM limita ese flujo a tan solo el 10% para todos los cuerpos de agua y permite que el porcentaje restante quede libre para ser utilizado por grandes proyectos de infraestructura como centrales hidroeléctricas. La petición y la propuesta de regulación fueron elaboradas por el Centro de Incidencia Ambiental de Panamá (CIAM), la Fundación para el Desarrollo Integral Comunitario y Conservación de los Ecosistemas en Panamá (FUNDICCEP) y Amigos del Parque Internacional La Amistad (AMIPILA), en colaboración con abogados y científicos de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y la Alianza Mundial de Derecho Ambiental (ELAW por sus siglas en inglés). "La regulación vigente afecta a todos en el país, especialmente a las comunidades de las provincias de Chiriquí y Veraguas, donde un gran número de proyectos hidroeléctricos amenaza gravemente la disponibilidad de agua en sus ríos", dijo Luisa Arauz, abogada de CIAM. "Nuestra petición explica cómo la actual resolución viola regulaciones nacionales e internacionales al ignorar las necesidades de las comunidades y de los ecosistemas". En la petición, las organizaciones explican la importancia de considerar las características específicas de cada ecosistema en términos de su ecología y capacidad para permitir los usos que comunidades enteras hacen de ellos. Instan además al gobierno a establecer una regulación para el caudal ambiental que considere el valor ambiental, humano y cultural de los ríos y otras fuentes de agua. El gobierno de Panamá tiene obligaciones internacionales de proteger los recursos hídricos y de garantizar los derechos humanos de las personas que dependen de ellos. "Nosotros presentamos una carta a la ANAM resaltando las obligaciones internacionales y los casos de estudio más relevantes que fundamentan la petición y la propuesta de regulación", señaló Haydée Rodríguez, abogada de AIDA. Por su parte, Pedro León, abogado de ELAW, explicó: "La propuesta permitirá que la ANAM otorgue derechos de uso y concesiones de agua con base en la verdadera capacidad de recarga de las fuentes hídricas, haciendo posible la protección efectiva del derecho humano al agua y a un ambiente sano". Los peticionarios solicitaron a la ANAM fortalecer la participación en la gestión del agua convocando a una consulta pública para discutir la propuesta. La misma propone una clasificación de los recursos hídricos existentes con base en su grado de uso, las características biológicas de los ríos y las necesidades humanas que éstos cubren. La propuesta recomienda además la aplicación de métodos holísticos para determinar el caudal ambiental en ecosistemas de agua dulce para garantizar su uso adecuado y sostenible.