Prensa

Diciembre 10 2015 Fracking, Contaminación Tóxica

El fracking debe ser prohibido para enfriar el planeta, exigen organizaciones

En el marco de la COP21, organizaciones de la sociedad civil de América Latina pidieron a las y los líderes mundiales reunidos en París prohibir las operaciones de fracking en sus países porque éstas, al emitir grandes cantidades de gases de efecto invernadero, van en contra del objetivo central de las negociaciones: frenar el calentamiento del planeta. París, Francia. En un pronunciamiento público dirigido a los Estados parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, organizaciones y alianzas nacionales que integran la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking piden que las actividades de fracking o fracturación hidráulica sean prohibidas “para enfriar el planeta” debido a que, entre otros impactos, éstas emiten gases de efecto invernadero y contribuyen al calentamiento del planeta. Durante el ciclo de extracción, procesamiento, almacenamiento, traslado y distribución de los hidrocarburos no convencionales extraídos vía fracking, se libera metano que, como gas de efecto invernadero, es 87 veces más activo que el dióxido de carbono en un margen temporal de 20 años, lo que provoca mayor calentamiento global, se explica en el pronunciamiento. El documento será presentado el viernes 11 de diciembre, a las 10:00 a.m. (hora local), en la Zona de Acción por el Clima, por la Alianza Mexicana contra el Fracking, la Asociación Ambiente y Sociedad, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Food & Water Watch, Freshwater Action Network México, la Fundación Heinrich Böll - México, Centroamérica y El Caribe, el Instituto Brasileiro de Analises Socias e Economicas (IBASE) y el Observatorio Petrolero Sur (OpSur). Las organizaciones expondrán además la situación que se vive actualmente en América Latina respecto de la fracturación hidráulica. Pese a que el uso de esa técnica experimental es contrario a los compromisos nacionales e internacionales para reducir las emisiones contaminentes, varios países de la región —entre ellos México, Colombia, Argentina, Chile y Bolivia— han iniciado actividades de exploración o explotación de hidrocarburos no convencionales a través del fracking. “El fracking está avanzando a ciegas en América Latina, sin que existan estudios integrales y de largo plazo sobre los riesgos y daños graves e irreversibles que puede causar en la salud de las personas y en el ambiente”, dijo Ariel Pérez Castellón, abogado de AIDA. “Las operaciones de este tipo en la región no han respetado derechos humanos fundamentales como la consulta y el consentimiento previo, libre e informado; el derecho a la participación y control social; y el derecho a la información”, manifestó por su parte Milena Bernal, abogada de la Asociación Ambiente y Sociedad. Según las organizaciones, el fracking se está abriendo paso en comunidades indígenas, campesinas, barrios urbanos e incluso en Áreas Naturales Protegidas. Ello ha ocasionado el desplazamiento de personas y de actividades productivas como la ganadería y agricultura, cuya convivencia con esta técnica es imposible. De modo paralelo al inicio de estas operaciones, ha crecido el rechazo a ellas. “Prueba de esto son las redes nacionales e internacionales de oposición a esta técnica, así como los más de 50 municipios que la han prohibido en Argentina, Brasil y Uruguay”, indicó Diego di Risio, investigador del Observatorio Petrolero Sur. “Como parte de nuestro pronunciamiento, urgimos a los Estados parte de la Convención a la firma de un acuerdo vinculante que reduzca eficaz y oportunamente los gases de efecto invernadero e incorpore a los derechos humanos dentro del texto legal; a la aplicación del principio precautorio para prohibir el fracking; y al impulso de las energías renovables y el desincentivo a la extracción de combustibles fósiles”, expresaron Claudia Campero Arena, investigadora de Food & Water Watch, y Moema Miranda, directora de Ibase. Lea aquí el pronunciamiento de la Alianza Latinoamericana frente al Fracking. Evento “The fight against fracking in Latin America: experiences in Argentina, Bolivia, Colombia, Brazil and Mexico” Traducción simultánea inglés-francés Viernes 11 de diciembre, 10:00 a.m. Zona de Acción por el Clima (ZAC) Centquatre, 5 rue Curial, Paris (Métro Riquet)

Diciembre 03 2015

Si queremos enfriar el planeta, el fracking debe ser prohibido

Pronunciamiento de la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking ante la COP 21: El reto de la 21 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático es lograr el compromiso efectivo de los países para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a un nivel acorde con los derechos y oportunidades de las presentes y futuras generaciones y la conservación del ambiente. Lo anterior requiere de políticas y acciones a nivel nacional congruentes con los compromisos asumidos a nivel internacional en materia de cambio climático, de derechos humanos y respecto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El fracking para la extracción de hidrocarburos no convencionales es contrario a dichos compromisos y aumentaría los impactos del cambio climático, por lo cual debe prohibirse. Durante el ciclo de extracción, procesamiento, almacenamiento, traslado y distribución de los hidrocarburos no convencionales (HNC), se libera metano que es 87 veces más activo como gas de efecto invernadero que el dióxido de carbono en un margen temporal de 20 años, lo que provoca mayor calentamiento global, cuando lo que debemos hacer es tomar medidas urgentes para su reducción. Debido a las emisiones fugitivas de metano, “en un periodo de 20 años, la huella de gases de efecto invernadero del gas natural de lutitas es peor que la del carbón o la del petróleo”[1]. De continuar moviéndonos bajo la misma concepción de desarrollo basada en la explotación de combustibles fósiles, sin tener en cuenta los derechos y necesidades de las comunidades, será imposible conservar un planeta que no comprometa los bienes naturales y el bienestar de las generaciones presentes y futuras. Los HNC extraídos vía fracking no deben ser considerados como energías de transición ni energías más limpias ya que la emisión de GEI es muy alta, así como los daños y riesgos que generan para el ambiente y la salud de las personas[2]. La experiencia latinoamericana en torno al fracking Consideramos que la experiencia de la aplicación del fracking para la extracción de hidrocarburos no convencionales en Latinoamérica puede servir como insumo para la discusión global. A pesar de las particularidades con las que esta técnica ha avanzado en el continente, en lugares como México, Colombia, Chile, Bolivia y Argentina existen una serie de rasgos comunes. El fracking está avanzando a ciegas en América Latina. En primer lugar, en las comunidades afectadas por esta técnica no se han respetado derechos humanos fundamentales como: la consulta y el consentimiento previo, libre e informado, el derecho a la participación y control social y el derecho a la información[3]. Los Estados de la región tampoco han aplicado el principio precautorio con el fin de prohibir esta actividad, considerando los riesgos graves que genera en la salud de las personas y el ambiente, y la incertidumbre sobre el alcance y magnitud de los daños que puede ocasionar. Es grave también la modificación de legislaciones nacionales en función de las demandas corporativas, para abrirle la puerta a la explotación de hidrocarburos no convencionales utilizando fracking. La reforma energética mexicana (2013) y la nueva ley de hidrocarburos argentina (2014) son ejemplos claros de ello. El fracking en la región se ha desarrollado sin que existan estudios integrales y de largo plazo sobre los riesgos y daños que esta técnica causa en la salud de las personas y el ambiente. Con la excepción de México, los países de la región carecen de estudios propios de reservas de hidrocarburos no convencionales, que puedan verificar las cifras estimadas por la Agencia de Información de Energía de Estados Unidos. En el continente, el fracking ha avanzado sobre comunidades indígenas, campesinas, barrios urbanos e incluso Áreas Naturales Protegidas. Esto ha ocasionado el desplazamiento de personas, así como de actividades productivas como la ganadería y agricultura, cuya convivencia con esta técnica es imposible[4]. En paralelo, se multiplican las denuncias y daños ocasionados por incendios, derrames, explosiones, acaparamiento de agua, contaminación de agua, aire y tierra por desechos tóxicos, pérdidas de sustancias radioactivas en los pozos, así como por el mal manejo de las aguas de retorno[5]. En Latinoamérica ha crecido el rechazo al fracking. Prueba de esto son las redes nacionales e internacionales de oposición a esta técnica, así como los más de 50 municipios y comunidades que han prohibido el fracking en sus territorios en Argentina, México, Brasil y Uruguay[6] o la suspensión de operaciones de fracking en Brasil y Argentina a partir de acciones judiciales. Los Estados deben asumir compromisos frente al fracking En el marco de la COP de París, urgimos a los Estados Parte de la Convención Marco sobre Cambio Climático a la: Firma de un acuerdo vinculante que reduzca eficaz y oportunamente los Gases de Efecto Invernadero a niveles compatibles con los derechos y oportunidades de las presentes y futuras generaciones y la conservación del ambiente. Aplicación del principio precautorio como imperativo legal y ético de acción para encarar situaciones de alto riesgo en un marco de incertidumbre científica, en este caso prohibiendo el fracking en los países donde se han iniciado estas actividades o existe interés en realizarlas. Realización de estudios científicos objetivos e independientes sobre los impactos y riesgos del fracking en la salud, el medio ambiente y los procesos productivos, con un horizonte de largo plazo, para garantizar los derechos de las presentes y futuras generaciones. Donde se confirmen impactos, los Estados deben garantizar que las empresas se responsabilicen de los daños ocasionados y, prioritariamente, de la restauración de los ambientes afectados aún en el caso de que su contrato ya haya terminado. Fortalecer una política de diversificación energética y de reducción-racionalización del consumo de energía, que contemple el impulso a las energías renovables y desincentive la extracción de combustibles fósiles, siempre atendiendo los principios y derechos relacionados con la transparencia, la participación y el consentimiento previo, libre e informado. Desde la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking alertamos de los riesgos y los daños severos que puede causar la exploración y explotación de HNC en los territorios y poblaciones de nuestros países. El fracking es una técnica experimental y ni gobiernos ni empresas deben realizar experimentos de alto riesgo con la vida, la salud de las personas ni el ambiente. [1] Cfr.. Food and Water Watch “Por qué es urgente prohibir el fracking” Febrero, 2015 http://www.foodandwaterwatch.org/sites/default/files/spanish_urgent_case_ban_fracking_report_feb_2015.pdf y Robert Howarth y Anthony Ingraffea, “Should fracking stop?”, en: Nature, 15 de septiembre de 2011, vol. 477, p. 272. http://www2.cce.cornell.edu/naturalgasdev/documents/pdfs/howarth%20nature.pdf [2] Cfr. Robert Howarth “A bridge to nowhere: methane emissions and the greenhouse gas footprint of natural gas” Abril, 2014 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ese3.35/pdf [3] Cfr. Alianza Latinoamericana frente al Fracking; “Avance ciego del fracking en América Latina” (infografía), septiembre de 2015. Ver en: http://www.opsur.org.ar/blog/2015/09/04/mapa-del-fracking-en-america-latina-2/ [4] Cfr. OPSur “Alto Valle Perforado” (Ed. Jinete Insomne, 2015) [5] Cfr. Pablo Bertinat et al; “20 Mitos y Realidades del Fracking”; 2014. Ver en: http://www.rosalux.org.ec/attachments/article/819/20_Mitos_LIBRO_FRL_PRINT.pdf [6] Cfr. Alianza Latinoamericana frente al Fracking, “Avance ciego del fracking en América Latina” (infografía), septiembre de 2015. Ver en: http://www.opsur.org.ar/blog/2015/09/04/mapa-del-fracking-en-america-latina-2/

Diciembre 03 2015

ONG: Las iniciativas climáticas no deben incluir grandes proyectos hidroeléctricos

En un manifiesto publicado hoy, una coalición de más de 300 organizaciones de la sociedad civil[i] de 53 países, pide a los gobiernos y financiadores reunidos en las negociaciones climáticas de París, mantener a los grandes proyectos hidroeléctricos fuera de iniciativas climáticas como el Mecanismo de Desarrollo Limpio, los Fondos de Inversión Climática del Banco Mundial y los bonos verdes. Los grandes proyectos hidroeléctricos emiten enormes cantidades de metano, hacen que los sistemas de agua y energía sean más vulnerables al cambio climático, y causan daños graves a ecosistemas clave y a comunidades locales. Incluirlos en iniciativas climáticas le quita apoyo a verdaderas soluciones climáticas como las basadas en energía eólica y solar, ya disponibles y cuya construcción toma menos tiempo que las de una gran represa y tienen una huella social y ambiental menor. "Los embalses hidroeléctricos, sobre todo en regiones tropicales, emiten cantidades significativas de gases de efecto invernadero, comparables con el impacto climático del sector de la aviación", dijo Peter Bosshard, Director Ejecutivo Interino de International Rivers. "Por razones ambientales, sociales y económicas, los grandes proyectos hidroeléctricos son una falsa solución al cambio climático." "Los grandes proyectos hidroeléctricos causan impactos serios en las comunidades locales y a menudo violan los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras, a la integridad cultural y al consentimiento libre, previo e informado", señaló por su parte Joan Carling, Secretaria General del Pacto de Pueblos Indígenas del Asia (AIPP por sus siglas en inglés). "La resistencia de las comunidades afectadas por represas se ha encontrado a menudo con graves violaciones a los derechos humanos." “Las represas hidroeléctricas hacen que los sistemas de agua y energía sean más vulnerables ante el cambio climático”, comentó Himanshu Thakkar, fundador de la South Asia Network on Dams, Rivers and People (SANDRP). "La construcción de la represas ha exacerbado los desastres de inundaciones en zonas frágiles de montaña. Al mismo tiempo, el incremento de sequías más extremas aumenta los riesgos económicos de la energía hidroeléctrica, afectando en gran medida a los países que dependen de represas hidroeléctricas para obtener la mayor parte de su electricidad". "La energía eólica y la energía solar ya están fácilmente disponibles, son competitivas económicamente, y han superado a las grandes hidroeléctricas en la adición de nueva capacidad", complementó Astrid Puentes, Codirectora Ejecutiva de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). "Los países del Sur global deben dejar atrás los obsoletos proyectos de represas y promover soluciones energéticas que sean amables con nuestro clima, el medio ambiente y las personas que dependen de él." Contexto Los grandes proyectos hidroeléctricos son promovidos a menudo como fuente "limpia y verde" de electricidad por instituciones financieras internacionales, gobiernos nacionales y otros actores. Éstos se benefician enormemente de instrumentos destinados a enfrentar el cambio climático, incluidos los créditos de carbono bajo del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) y los créditos de los Fondos de Inversión Climática del Banco Mundial, y de condiciones financieras especiales por parte de las agencias de crédito a la exportación y los bonos verdes. La industria de las represas busca que los grandes proyectos hidroeléctricos sean financiados por el Fondo Verde del Clima, y muchos gobiernos los impulsan como respuesta al cambio climático a través de iniciativas nacionales. Por ejemplo, al menos doce gobiernos con sectores importantes de hidroelectricidad han incluido una expansión de la generación de energía hidroeléctrica en sus informes sobre Contribuciones Previstas Determinadas a Nivel Nacional (INDCs por sus siglas en inglés). El apoyo a iniciativas climáticas es una de las razones principales por las que más de 3.700 represas hidroeléctricas están actualmente planificadas y en construcción en todo el mundo. Información adicional El manifiesto de la sociedad civil, Diez Razones por las que las Represas No Deberían Ser Parte De Iniciativas Climáticas, está disponible aquí. El video Clima Incorrecto para Represar Ríos está disponible en: https://youtu.be/UnG_b6egjFk (en inglés). Los siguientes eventos de lanzamiento del manifiesto y el vídeo se llevarán a cabo en París esta semana: 5 de diciembre, 12 pm: Conferencia de prensa con líderes indígenas y defensores de derechos humanos en el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza (Maison des Métallos, 94 Rue Jean-Pierre Timbaud, 75.011). 5 de diciembre, 6 pm: La declaración y el video se presentarán en un evento organizado por la Fundación por los Derechos Humanos Bianca Jagger (Galerie Tadeo Ropac Paris Pantin, Salzburgo, 69, Avenue du Général Lecler, 93500, Pantin). Los periodistas interesados en asistir deben enviar una solicitud por correo hasta el 3 diciembre a: [email protected]. [i] Patrocinadores: Asia Indigenous Peoples Pact, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, Amazon Watch, Bianca Jagger Human Rights Foundation, Carbon Market Watch, France Liberte, International Rivers, Jeunes Volontaires pour l'Environnement International, Oxfam International, REDLAR, Ríos Vivos, Rivers Without Boundaries; South Asia Network on Dams, Rivers and People y Urgewald.

Diciembre 02 2015 Transparencia y Rendición de Cuentas, Cambio Climático

Financiamiento climático en Latinoamérica y el Caribe: Del acuerdo global a la acción nacional

El Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe (GFLAC), E3G y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) dieron a conocer hoy varias de las acciones que se realizan en países de la región con miras a financiar la implementación de las contribuciones nacionales tentativamente determinadas —conocidas como INDCs por sus siglas en inglés—, que son los compromisos que los países hicieron este año para combatir el cambio climático. París, Francia. En una rueda de prensa organizada en el marco de la COP21, las organizaciones resaltaron tres pilares clave del financiamiento climático como herramienta para implementar acciones transformacionales en la región: estrategias nacionales de financiamiento para movilizar diferentes recursos financieros públicos y privados, el Fondo Verde del Clima como mecanismo fundamental para financiar acciones climáticas en Latinoamérica; y la importancia de la transparencia, la medición, reporte y verificación del financiamiento climático. Marcela Jaramillo, asesora política de E3G, resaltó la necesidad de identificar prioridades de inversión en el contexto local y en el marco de los procesos nacionales para definir medidas para el apalancamiento de recursos que soporten la implementación de las INDCs. E3G ha venido trabajando con México, Chile y Colombia. “México y Chile vienen adelantando el proceso de planeación estratégica para la movilización de recursos, privados y públicos, nacionales e internacionales, para la implementación de sus INDCs; Chile, por ejemplo, espera tener su estrategia de financiamiento lista para el 2018”, dijo Jaramillo. Señaló además que existen esfuerzos en la región para alinear las agendas nacionales e internacionales. “Colombia está trabajando en una iniciativa que busca unir las agendas de cambio climático y desarrollo sostenible junto con sus prioridades nacionales en la construcción de paz y desarrollo rural”. Aunque cada país tiene un contexto diferente que debe ser entendido y reflejado en su estrategia, “la alineación con las políticas nacionales, así como la generación de un diálogo entre el sector público y privado son elementos fundamentales para la movilización de recursos y el logro de impactos duraderos”, agregó. Andrea Rodríguez, abogada sénior de AIDA, dijo que los países de América Latina necesitarán recursos financieros para implementar los compromisos climáticos establecidos bajo la Convención. Dichos recursos, resaltó, deben ser suficientes para permitir estrategias de financiamiento climático a corto, mediano y largo plazo. El Fondo Verde del Clima, indicó Rodríguez, “es una buena opción para acceder a recursos financieros que permitan implementar proyectos y programas en países latinoamericanos, particularmente para aquellos cuyos planes sean ambiciosos y estén enfocados en lograr un desarrollo bajo en carbono y resilientes al clima”. Finalmente, Sandra Guzmán, Coordinadora General del GFLAC, afirmó que una pieza clave que tendría que ser transversal en el Acuerdo de París, particularmente en el tema de financiamiento, es la transparencia. “Este elemento es fundamental para aumentar la confianza entre los países donantes y países receptores. En ese sentido, la construcción de mecanismos de medición, reporte y verificación (MRV) para financiamiento son esenciales, pues de ello depende conocer la cantidad exacta de recursos que se promete, se transfiere, se asigna, y sobre todo la forma en la que este recurso se utiliza; de ese modo es posible garantizar que el financiamiento cumpla con los objetivos de mitigación y adaptación”. Guzmán enfatizó que de 25 países que presentaron sus INDCs en la región sólo dos incluyen MRV y sólo Colombia está en proceso de construcción del mismo. Por ello el GFLAC trabaja en 9 países para apoyar el mejor entendimiento de las necesidades y oportunidades de financiamiento. La combinación de los tres pilares a los que las organizaciones hicieron referencia es fundamental para avanzar en la agenda climática a nivel nacional en Latinoamérica y el Caribe. Un acuerdo ambicioso en París promovería resultados más efectivos en cada una de estas áreas y generaría mayor ambición en la transformación de los modelos de desarrollo.

Noviembre 26 2015 Derechos Humanos, Derechos Indígenas, Fuentes de Agua Dulce, Grandes Represas

Brasil autoriza a operação da hidrelétrica de Belo Monte, ignorando os direitos da população afetada

O Ibama, órgão ambiental brasileiro, outorgou a licença de operação do projeto, ignorando as evidências de descumprimento das condicionantes para garantir a vida, a saúde e a integridade de indígenas e demais populações afetadas.Altamira, Brasil. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) outorgou nesta terça-feira a licença de operação da hidrelétrica de Belo Monte, que permite que o enchimento do reservatório seja iniciado. A autorização foi dada apesar do descumprimento de condicionantes para garantia da vida, saúde e integridade física das populações afetadas pelo projeto, as mesmas que foram consideradas essenciais pelo órgão em um informe técnico datado do último dia 22 de setembro. A decisão do Ibama sequer faz referência às condicionantes para proteger as comunidades indígenas."Não podemos acreditar. Tudo é um crime e uma grande responsabilidade do Governo e do Ibama ao conferir licença a este monstro. A presidenta do Ibama esteve em Altamira no dia 5 de novembro e recebeu muitas denúncias; todos - ribeirinhos, representantes indígenas, pescadores, integrantes de movimentos - falaram dos impactos que estamos vivendo, e agora dão a licença com ainda mais condicionantes, apenas para que não sejam cumpridos", disse Antonia Melo, liderança do Movimento Xingu Vivo para Sempre, e desalojada pela represa.No último dia 12 de novembro, em um ofício enviado ao Ibama, o presidente da Fundação Nacional do Índio (Funai) concluiu que as condições para a proteção dos povos indígenas afetados pela represa não haviam sido cumpridas plenamente. Ainda assim, ele deixou os caminhos abertos para que o órgão ambiental outorgasse a licença de operação, "caso julgasse pertinente"."A autorização viola claramente os compromissos internacionais do Brasil em matéria de direitos humanos, especialmente quanto aos povos indígenas afetados que vivem na bacia do Rio Xingu, que estão protegidos por medidas cautelares outorgadas em 2011 pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e que o Estado Brasileiro segue sem cumprir", disse María José Veramendi, advogada da Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).A licença permite o preenchimento de duas barragens da represa sobre o Rio Xingu, afluente do Rio Amazonas. Ela é válida por seis anos, e está sujeita ao cumprimento das condicionantes, o que será supervisionado através de informes semestrais. As condicionantes deveriam ter sido cumpridas antes da outorga da última licença a Belo Monte."O licenciamento ambiental é uma forma de mitigar os efeitos, controlar os danos e minimizar os riscos que o empreendimento implica para a população e o meio-ambiente. Ao desrespeitar e flexibilizar os procedimentos de licenciamento, o Estado deixa que os interesses econômicos prevaleçam e nega seu dever de zelar pelo interesse público", salientou Raphaela Lopes, advogada da Justiça Global.AIDA, Justiça Global e a Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos têm argumentado em âmbito nacional e internacional que não existem condições para que a hidrelétrica de Belo Monte obtenha permissão para operar. Ainda é necessário a garantia de aspectos essenciais, como fornecimento e disponibilidade de água potável, saneamento básico, serviços de saúde e outros direitos mínimos à população afetada e removida.A luz verde para Belo Monte não poderia ter chegado em momento pior. Há poucos dias, em 05 de novembro, uma barragem de rejeitos de mineração da Samarco, empresa de propriedade da Vale e da BHP Billiton, se rompeu na cidade de Mariana, Minas Gerais, causando um dos maiores desastres ambientais do país. Uma inundação de lama e outros produtos químicos destruiu um povoado e deixou, até o momento, 12 mortos e 11 desaparecidos, afetando o abastecimento de água da região e destruindo a fauna e flora. O mar de lama chegou ao mar aberto. A licença de operação de uma das barragens da empresa estava vencida há dois anos.Ainda assim, a permissão de operação para Belo Monte acontece a poucos dias do início da 21ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática, em Paris, a mais decisiva até agora. A operação de Belo Monte emitirá gases que causam efeito estufa, como dióxido de carbono e metano, agravando assim a mudança climática. A autorização para o funcionamento de Belo Monte é, portanto, uma péssima mensagem do governo brasileiro, que ignora seus compromissos com os direitos humanos e com a mudança climática, gerando com esse projeto um exemplo de como não se deve produzir energia no Século XXI.

Noviembre 24 2015 Derechos Humanos, Derechos Indígenas, Fuentes de Agua Dulce, Grandes Represas

Brasil autoriza operación de represa Belo Monte desconociendo los derechos de la población afectada

Para português, clique aquiLa autoridad ambiental otorgó la licencia de operación al proyecto ignorando la evidencia del incumplimiento de las condiciones para garantizar la vida, salud e integridad de indígenas y demás población afectada.Altamira, Brasil. El Instituto Brasileño de Ambiente y Recursos Naturales (IBAMA) otorgó hoy la licencia de operación a la represa Belo Monte, con lo cual puede comenzar su llenado. La autorización se hizo pese al incumplimiento de las condiciones para garantizar la vida, salud e integridad de la población afectada por el proyecto, mismas que la propia entidad consideró esenciales en un informe técnico del 22 de septiembre pasado. La decisión del IBAMA ni siquiera hace referencia a las condicionantes para proteger a las comunidades indígenas."No lo podemos creer. Todo es un crimen y una gran responsabilidad del Gobierno e IBAMA por la licencia a ese monstruo. La Presidenta de IBAMA estuvo en Altamira el 5 de noviembre y recibió muchas denuncias; todos —ribereños, representantes indígenas, pescadores, integrantes del movimiento— hablaron de los impactos que estamos viviendo, y ahora dan la licencia con más y más condicionantes, solo para que se incumplan", dijo Antonia Melo, lideresa del Movimiento Xingú Vivo para Siempre y desplazada por la represa.El pasado 12 de noviembre, en un oficio enviado al IBAMA, el presidente de la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) concluyó que las condiciones para la protección de los pueblos indígenas afectados por la represa no se habían cumplido plenamente. No obstante, le dio vía libre a la autoridad ambiental para otorgar la licencia de operación “en caso de que lo estime pertinente”.“La autorización viola claramente los compromisos internacionales de Brasil en materia de derechos humanos, especialmente respecto de los pueblos indígenas de la cuenca del río Xingú afectados por Belo Monte, quienes están protegidos por medidas cautelares otorgadas en 2011 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que el Estado brasileño sigue sin cumplir", dijo María José Veramendi, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).La licencia permite el llenado de los dos embalses de la represa sobre el río Xingú, tributario del Amazonas. Es válida por seis años y está sujeta al cumplimiento de condicionantes cuyo avance será supervisado a través de informes semestrales. Las condicionantes deberían haber sido cumplidas antes de considerar u otorgar la última licencia de Belo Monte.“El licenciamiento ambiental es una forma de mitigar los efectos, controlar los daños y minimizar los riesgos que el emprendimiento implica para la población y el medio ambiente. Al irrespetar y flexibilizar los procedimientos de licenciamiento, el Estado deja que los intereses económicos prevalezcan y niega su deber de velar por el interés público”, señaló Raphaela Lopes, abogada de Justiça Global.AIDA, Justiça Global y la Sociedad Paraense de Defensa de los Derechos Humanos hemos argumentado en los ámbitos nacional e internacional que no existen las condiciones para que la represa Belo Monte obtenga los permisos para operar. Sigue pendiente garantizar aspectos esenciales como el agua potable, el saneamiento, los servicios de salud y otros derechos mínimos a la población afectada y desplazada."La autorización de Belo Monte, proyecto implicado en escándalos de corrupción, contradice lo expresado por la Presidenta Rousseff hace unas semanas ante las Naciones Unidas, cuando aseguró que Brasil no tolerará la corrupción y que quiere un país donde los gobernantes se comporten estrictamente de acuerdo con sus deberes; esperamos que Brasil entre en razón y que sus acciones estén alineadas con sus discursos", sostuvo Astrid Puentes, codirectora de AIDA.La luz verde para Belo Monte no podría haber llegado en peor momento. Hace poco, el 5 de noviembre, dos represas de desechos mineros de Samarco, empresa propiedad de Vale y BHP Billiton, se rompieron en la ciudad de Mariana, Minas Gerais, causando una de las mayores tragedias ambientales del país. Una inundación de lodo y otros productos químicos arrasó con un poblado, dejó 11 muertos y 12 desaparecidos, afectó el abastecimiento de agua de la región, y destruyó fauna y flora. El mar de lodo llegó al mar abierto. Las licencias de operación de la empresa estaban vencidas hace dos años. Asimismo, el permiso de operación para Belo Monte tiene lugar a seis días de que inicie la 21ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático en París, la más decisiva hasta ahora. La operación de Belo Monte emitirá gases de efecto invernadero como dióxido de carbono y metano, agravando así el cambio climático. Por ende, la autorización de Belo Monte es un pésimo mensaje del gobierno de Brasil que ignora sus compromisos en materia de derechos humanos y cambio climático, generando, con este proyecto, un ejemplo de cómo no debe producirse energía en el siglo XXI.

Octubre 30 2015 Océanos

México debe cumplir su obligación internacional de proteger a las tortugas marinas de su territorio

En ese país, dos proyectos amenazan la existencia de especies vulnerables de tortuga marina. AIDA pidió a la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de Tortugas Marinas analizar esos riesgos y exhortar a México a cumplir el principio de precaución para conservar su población de tortugas marinas. La Convención incluirá en su informe para el 2017 recomendaciones sobre minería, desarrollo costero y otras amenazas para esos animales. Viña del Mar, Chile. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) solicitó al Comité Científico de la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de Tortugas Marinas (CIT) analizar las amenazas que dos proyectos implican para la vida de las tortugas marinas carey, caguama y otras especies vulnerables en México. Pidió además que la Convención exhorte a que ese país aplique el principio de precaución para conservar a las tortugas marinas de su territorio, algo a lo que está obligado al ser parte de la Convención. Los proyectos en cuestión son la ampliación del puerto de Veracruz y la mina marina de fosfato Don Diego, en Baja California Sur. AIDA alertó a la CIT de los posibles impactos negativos de ambos proyectos durante la reunión del Comité Científico de la Convención en Viña del Mar. Explicó que aunque la Administración Portuaria Integral de Veracruz, entidad a cargo de la ampliación del puerto, señaló en su manifestación de impacto ambiental que "nunca se hará afectación directa sobre especies bajo protección”, no presentó medidas de protección para las tortugas marinas, particularmente para la carey (eretmochelys imbricata), catalogada como especie amenazada según la CIT y la legislación mexicana. “La tortuga carey está presente en todo el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano y tiene rutas migratorias a lo largo del Golfo de México. A pesar de ello, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en diciembre de 2013, autorizó la ampliación del puerto de Veracruz sin requerir un plan de manejo especial para conservar a esa especie”, explicó Sandra Moguel, abogada de AIDA. En cuanto a Don Diego, primera mina marina de fosfato en el mundo, AIDA informó a la Convención que, de ser autorizado, el proyecto pondría en peligro a la tortuga caguama (caretta caretta) debido a su posible interacción con el uso de maquinaria para el dragado de arena fosfática, al aumento del ruido en el entorno, y a que provocaría cambios severos en el ecosistema y la composición marina. Las poblaciones de tortuga caguama están en peligro de extinción según la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN) y el Apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). “Es importante que la CIT sepa de los posibles impactos del proyecto y brinde asesoramiento técnico y científico al Estado mexicano sobre los riesgos que la población de tortugas enfrenta. México está a tiempo de realizar un análisis objetivo, transparente y detallado del proyecto para evitar una amenaza más a la tortuga caguama”, dijo Haydée Rodríguez, abogada de AIDA. En la reunión y tras las gestiones de AIDA, el Comité Científico de la Convención se comprometió a incluir en su informe del 2017 recomendaciones sobre minería, desarrollo costero y otras nuevas amenazas a la vida y hábitat de las tortugas marinas. Con ello podrá orientar la labor de los Estados para evitar impactos como los que ocasionarían en México los proyectos descritos. AIDA trabaja en los casos del puerto de Veracruz y la mina Don Diego en colaboración con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental. El 22 de septiembre, AIDA y CEMDA presentaron al Comité Científico de la CIT una petición sobre los impactos a las tortugas marinas y su hábitat de la ampliación del puerto de Veracruz y de los proyectos asociados a la misma. AIDA permanecerá alerta para evitar que ésos y otros proyectos dañen entornos naturales únicos y a las especies que habitan en ellos.

Octubre 23 2015

ONG alertan a la CIDH sobre la vulneración del derecho al agua por proyectos extractivos e hidroeléctricos

En audiencia ante la Comisión, evidenciaron que actividades extractivas, en especial las minero-energéticas, restringen el uso del agua del que subsisten personas y comunidades. Documentaron además la omisión de los Estados para proteger el derecho al agua y controlar efectivamente a las empresas y proyectos que lo afectan. Washington, Estados Unidos. Organizaciones de la sociedad civil[i] llamaron la atención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la creciente presión sobre los recursos naturales para el desarrollo de actividades extractivas, entre las que se destaca la construcción de represas y la explotación minera en las Américas. Lo hicieron en una audiencia en la que evidenciaron que dicha situación ha tenido como consecuencia la sistemática violación del derecho al agua en la región. “Hemos identificado cuatro patrones que caracterizan esta problemática: el uso de marcos jurídicos que favorecen la apropiación del recurso hídrico para proyectos extractivos, la apropiación del recurso que favorece su empleo para proyectos extractivos por encima del uso y consumo humano, la contaminación y deterioro de las fuentes hídricas, y la ausencia de consulta y consentimiento previos, libres e informados en la implementación de esos proyectos”, explicó al iniciar la audiencia María José Veramendi Villa, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Las organizaciones presentaron casos de apropiación, contaminación y daño irreversible de fuentes hídricas a causa de la implementación de proyectos extractivos. Esta situación además de afectar el derecho al agua, vulnera otros derechos como la salud, la vida digna, la integridad, el medio ambiente sano, la alimentación y la cultura, tanto de personas y comunidades que se encuentran en el área de influencia directa de los proyectos y que no fueron consultadas, como de aquellas que se encuentran distantes y que dependen de dichas fuentes para su subsistencia. Dichos casos han sido documentados extensamente en un informe que fue entregado a la Comisión. “En Argentina, la explotación de la mina Alumbrera ha causado la filtración de desechos tóxicos en tres ríos y, aunque hay una causa judicial abierta por contaminación, aún se han adoptado medidas efectivas para remediar el daño. Nos preocupa que en ninguno de nuestros países se estén implementado medidas de prevención para nuevos daños, ni medidas de remediación ante el cúmulo de daños derivados de la contaminación”, señaló Johana Rocha, del Centro de Estudios para la Justicia Social “Tierra Digna” de Colombia. En la audiencia, se informó a la Comisión sobre la ausencia de medidas efectivas para que los Estados de la región garanticen el derecho al agua y por el contrario sobre la existencia de marcos jurídicos que favorecen la apropiación del agua para proyectos extractivos sobre el uso y consumo humano. Las organizaciones ejemplificaron la insuficiencia de los mecanismos nacionales para controlar y supervisar la actuación de las empresas a cargo de proyectos extractivos, situación de la que derivan graves violaciones de derechos humanos. “Hemos constatado la contradicción de los Estados en su obligación de proteger y garantizar el derecho al agua, el cual ha sido incorporado en sus Constituciones y legislación. Sin embargo, entregan preferentemente ese recurso a las empresas, negándole el derecho al agua a las comunidades”, afirmó Pedro Landa, del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC-SJ) de Honduras. Por su lado, Raphaela Lopes, de Justiça Global, se refirió en la audiencia a la flexibilización de marcos jurídicos, la cual vulnera derechos humanos. “Con la reforma energética aprobada en México, por ejemplo, el derecho al agua es menoscabado en favor de los hidrocarburos y la energía eléctrica”. Finalmente, las organizaciones solicitaron a la Comisión, entre otros, que: reafirme a nivel regional el reconocimiento del agua como un derecho humano; considere la importancia del agua como elemento fundamental del derecho al ambiente sano, reconocido en los instrumentos interamericanos; recuerde la obligaciones de los Estados de proteger los derechos al agua y a un ambiente sano ante cualquier actividad extractiva o de infraestructura, resalte la obligación de los Estados de controlar efectivamente las actividades que puedan afectar el derecho al agua, incluyendo las de empresas que operan dentro de su territorio y las de empresas nacionales que operan en el extranjero, y recuerde a los Estados la importancia de la consulta y consentimiento previo, libre e informado ante la implementación de cualquier proyecto. [i] Acción Solidaria para el Desarrollo (COOPERACCIÓN) – Perú, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) – Regional, Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) – Perú, Bienaventurados los Pobres (BePe) - Colectivo SumajKawsay – Argentina, Centro de Acción Legal Ambiental y Social (CALAS) – Guatemala, Centro de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco Briseño A.C.” (BARCA-DH) – México, Centro de Estudios para la Justicia Social ‘Tierra Digna’ – Colombia, Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) – Panamá, Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio (CEICOM) – El Salvador, Comité de Unidad Campesina (CUC) – Guatemala, Comitê Nacional em Defesa dos Territórios frente a Mineração – Brasil; Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC-SJ) – Honduras, Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF) – Regional, Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA) – Regional, Justiça Global – Brasil, Observatorio Ciudadano – Chile, Pensamiento y Acción Social (PAS) – Colombia, y Pax Christi – Internacional.

Octubre 07 2015

ONG costarricenses denuncian actitud irresponsable del gobierno frente a la conservación marina

Organizaciones ambientales anuncian retroceso en la conservación marina. Señalan posición irresponsable en los acuerdos tomados por el gobierno, los cuales ponen en peligro la sostenibilidad de la actividad pesquera. El gobierno cede ante las presiones del sector pesquero y olvida el pacto ambiental, la ley y los compromisos internacionales del país. San José, Costa Rica. Como resultado de los bloqueos de vías por parte del sector pesquero, el pasado miércoles 2 de setiembre el Gobierno asumió compromisos temerarios, ilegales e inconstitucionales con algunos representantes de este sector. Los acuerdos y compromisos fueron comunicados al sector ambiental luego de una consulta y mediante oficio del señor Sergio Alfaro, Ministro de Presidencia, de fecha 07 de setiembre anterior. Como organizaciones de la sociedad civil, vemos con gran preocupación los acuerdos que las autoridades han tomado con el sector pesquero, los cuales a nuestro entender implican: La flexibilización de regulaciones sobre comercio de tiburón. Según un borrador de Decreto ya confeccionado por el Ejecutivo para reformar el capítulo XIV del reglamento a la Ley de Conservación de Vida Silvestre, se trasladará la potestad de autorizar la importación, la exportación y reexportación de productos de tiburón a Comisiones Especiales No Permanentes, cuyos miembros serían asignados por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC). Actualmente, dicha responsabilidad recae sobre un consejo integrado por científicos nacionales nombrados independientemente por sus instituciones. Otorga además condición de "Autoridad Científica" al sector pesquero, con derecho a proponer sus representantes en las Comisiones No Permanentes. Esta acción resulta ilógica pues la participación del sector en la toma de decisiones técnicas se dará desde una perspectiva empresarial, privada y motivada por el lucro, contrario a las autoridades científicas formales como las Universidades e Instituciones públicas Estatales y no Estatales que en su naturaleza constitutiva se rigen por el interés público. Asumir a futuro una actitud pasiva ante la conservación y protección de especies de tiburón en peligro de extinción o riesgo inminente que deban ser incluidas en tratados internacionales firmados por Costa Rica. En esta negociación con el sector pesquero, el gobierno se compromete a no promover, ni respaldar la inclusión de especies de tiburón con interés comercial en convenciones internacionales como CITES y CMS, aunque se encuentren en condición de vulnerabilidad o riesgo de extinción. Es decir, el gobierno permite que el interés comercial particular prevalezca por encima del interés público ambiental. Promover de forma activa la exportación de aletas de tiburón. El gobierno se compromete a intermediar con empresas de transporte internacional para que vuelvan a transportar aletas de tiburón, pese a que aquellas habían dejado de hacerlo por su política ambiental empresarial. Confundir el interés privado empresarial con el "conocimiento tradicional" de las comunidades y equipararlo al conocimiento científico. El gobierno acordó con el sector pesquero entrar en un proceso "participativo" de revisión de las tallas mínimas de captura de peces, ante la negativa del sector a acatar las tallas establecidas por el Departamento de Investigación Pesquera del Incopesca. Las tallas mínimas de captura, que ya deberían haber empezado a regir, serán ahora revisadas bajo criterios que no se apegan a los principios básicos de la gestión pesquera. Serán entonces los mismos pescadores quienes decidan que tallas van a pescar. Creemos firmemente en el papel que las comunidades costeras deben ser aliadas de la conservación, pero no debe confundirse su participación con la delegación de potestades públicas indelegables, alejándose incluso del criterio técnico-científico. Aumentar el esfuerzo pesquero sin fundamento técnico que lo respalde. El quinto acuerdo expone un problema recurrente que el sector ambiental ha venido denunciando en los últimos años: la falta de fundamento técnico en decisiones sobre recursos pesqueros. En esta negociación, el gobierno se compromete a aumentar las cuotas de acarreo de atún y a convocar el proyecto de Ley "Para el desarrollo, promoción y aprovechamiento del camarón en Costa Rica", sin contar con el criterio técnico científico que lo respalde. "Somos enfáticos en recordar que el ordenamiento jurídico costarricense obliga a que todo acto administrativo debe estar claramente fundamentado, sobre todo tratándose de autorizaciones para acceder a bienes de dominio público, que pertenecen a todos los costarricenses. El gobierno debe indicar cuál es el fundamento técnico que utilizó para asumir este nivel de compromisos con el sector pesquero”, agregó Jorge Jiménez, de Fundación Marviva. Representantes del sector coinciden en que el contenido de los acuerdos, representa un retroceso en la protección ambiental de los recursos marinos y de las propias comunidades que dependen de la salud de los mares. "Las actuaciones de las actuales autoridades y sus asesores son irresponsables, sin fundamento técnico y al margen del ordenamiento jurídico vigente. Un retroceso de tal magnitud daña la imagen del país ante la comunidad internacional, entrando en abierta contradicción con la imagen que el país promociona de país respetuoso del ambiente", señaló Randall Arauz, de Pretoma. Para el sector ambiental, el gobierno está legitimando intereses privados por encima del interés público ambiental, poniendo en riesgo la subsistencia de miles de pescadores y la conservación de los recursos marinos y pesqueros en nuestro país. "Nos genera gran asombro enterarnos de los acuerdos que las autoridades ambientales y pesqueras, en nombre del Estado y la Nación, han tomado con respecto a la disposición de bienes de dominio público por parte de particulares. Los compromisos toman una dirección contraria a lo que indican el conocimiento científico, el principio precautorio, así como del consenso internacional que existe sobre el manejo de grupos como los tiburones”, concluyó Marco Quesada, de Conservación Internacional. Consideramos que es nuestra responsabilidad como parte relevante de la sociedad costarricense informar a la comunidad nacional cuando algún sector, gremio o el gobierno mismo, atentan contra la sostenibilidad de los recursos naturales, marinos o terrestres, de nuestro país y que en esta oportunidad afectan directamente el futuro de la seguridad alimentaria nacional. Apoyan este comunicado: WIDECAST, Fundación Marviva, Pretoma, Conservación Internacional, AIDA, Misión Tiburón, UESPRA, Fundación KETO, The Leatherback Trust, Asociación Costa Rica por Siempre, Biocenosis, Fundación Amigos de la Isla del Coco, Sea Sheperd, Cedarena, Promar. Contacto de prensa Randall Arauz, 506-8344-3711, [email protected]

Octubre 06 2015

ONG celebran la suspensión de las fumigaciones aéreas con glifosato como avance en la protección del ambiente y la salud en Colombia

Resaltan la aplicación del principio de precaución en la resolución por la cual la Agencia Nacional de Licencias Ambientales suspendió las fumigaciones. Piden permanecer alertas ante la amenaza del uso manual del glifosato o su reemplazo con otro químico nocivo. Bogotá, Colombia. Organizaciones de la sociedad civil celebran por fin la suspensión temporal y con carácter preventivo de las fumigaciones aéreas con glifosato como avance en la protección de la salud pública y del derecho a un ambiente sano en el país. Destacan que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) aplicara el principio de precaución en la resolución por la cual ordenó la suspensión de una técnica empleada por más de dos décadas para erradicar cultivos de coca y amapola de uso ilícito. El 29 de mayo, el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) decidió suspender las fumigaciones con glifosato (Resolución 006). Para que la medida se hiciera efectiva, la ANLA debía suspender o revocar el Plan de Manejo Ambiental del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante la Aspersión Aérea con Glifosato (PECIG), lo que ocurrió con la Resolución 1214 del pasado 30 de septiembre. La resolución está fundamentada en el principio de precaución y sigue las recomendaciones del Ministerio de Salud y el CNE, instancias que en su momento se basaron en el dictamen de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, el cual concluye que el glifosato es “probablemente cancerígeno para humanos”. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) considera que la aplicación del principio de precaución es un progreso en el derecho ambiental colombiano. “Hoy por fin podemos celebrar la suspensión de las fumigaciones, después de décadas de evidenciar daños en la salud, el ambiente, así como la ineficacia del programa”, dijo Astrid Puentes Riaño, codirectora de AIDA. Para Yamile Salinas Abdala, investigadora del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), “es necesario llamar la atención sobre la facultad que otorga la ANLA al CNE de reanudar las fumigaciones con glifosato y emplear otros herbicidas, bajo ciertas condiciones y previo concepto de las autoridades competentes, sin detallar cuáles son esas autoridades”. Por su lado, Pedro Arenas, coordinador Observatorio de Cultivos y Cultivadores Declarados Ilícitos, señaló: “Ante la decisión del Presidente de la República y del CNE, era insostenible seguir asperjando glifosato. Sin embargo, es inexplicable que el Director de la Policía colombiana quiera seguir usándolo por medios manuales y que el Ministerio de Defensa amenace con reemplazarlo por otra molécula para seguir con la fumigación aérea; por eso debemos permanecer alertas.” En mayo, AIDA e INDEPAZ entregaron al Ministerio de Justicia de Colombia casi 25,000 firmas a una petición lanzada en la plataforma de internet Change.org para solicitar el fin de las fumigaciones aéreas con glifosato en Colombia. Ese mes, 10 organizaciones sociales (WOLA, LAWG, AIDA, CINEP, CCJ, Grupo Semillas, Planeta Paz, Mamacoca, Red de Justicia Ambiental y PCN) solicitaron al Consejo Nacional de Plaguicidas y al CNE la revocatoria del PECIG y desaconsejaron el uso de otros herbicidas. Esa solicitud recogía las decisiones adoptadas por la Corte Constitucional (Auto 073 de 2014) y el Consejo de Estado (Rad. 2004-00227-01 de 2013), y las recomendaciones de la Comisión Asesora para la Política de Drogas en el informe “Lineamientos para un nuevo enfoque de la política de drogas en Colombia” de mayo de 2015.