Prensa
El primer paso de Ibagué para frenar explotación minera
El alcalde de la capital tolimense, Guillermo Alfonso Jaramillo, quiere evitar la explotación de una de las minas de oro más grandes de Colombia. Sin embargo, ese mecanismo aún se encuentra en un limbo jurídico. Desde que en 2013 el municipio de Piedras rechazó por medio de una consulta popular la minería de oro que estaba promoviendo la empresa Anglogold Ashanti en el Tolima, a través de sus operaciones en la gran mina de La Colosa, varios territorios han tratado de mostrar su descontento con acciones similares. Lo hizo Tauramena, en Casanare, en diciembre de ese año para detener la explotación petrolera; lo intentó Monterrey, también en Casanare, a principios de 2014, para salvar el río Túa, su principal afluente, y lo ha intentado en varias ocasiones Cajamarca, en el Tolima, porque sobre sus tierras está La Colosa y temen que sus aguas y su producción agrícola se vean mermadas. Ahora, después de muchas discusiones y polémicas, le llegó el turno a Ibagué. El pasado lunes su nuevo alcalde, Guillermo Alfonso Jaramillo, exsecretario de Salud de Bogotá, radicó en el Concejo de la ciudad un proyecto para empezar el trámite de una consulta popular que detenga las operaciones de La Colosa. Según él, la explotación de la “megaminería a cielo abierto” también tiene en vilo los recursos hídricos de la capital tolimense, no sólo de Cajamarca. Principalmente, dice, si se concreta, la explotación afectará la cuenca del río Coello. “Y de ese afluente es de donde se va a alimentar un acueducto complementario con el que contarán los ibaguereños. Por eso estamos interesados en decidir sobre nuestro futuro y sobre nuestro territorio. Se puede presentar una clara situación de degradación de suelos, erosión y alteraciones de topografía que afectan el medioambiente y las cuencas. Además, nuestra vocación es agrícola y queremos seguir gozando de esta autonomía para decidir si queremos seguir teniéndola”, asegura. La autonomía a la que se refiere Jaramillo es el centro de un álgido debate que empezó cuando Piedras hizo su consulta popular y el cual el país aún no ha sido capaz de solucionar. En términos muy concretos, el tema engloba una pelea jurídica para definir si los municipios pueden decidir si hacer o no minería en sus territorios. Y pese a que el Gobierno Nacional ha tratado de zanjar la discusión a punta de decretos y a que la Procuraduría ha intentado limitar a los alcaldes por medio de sanciones disciplinarias, hoy la pelea sigue en el limbo. En el caso de Cajamarca, donde Anglogold Ashanti espera comenzar a excavar en 2020 La Colosa para extraer unos 29 millones de onzas de oro, el ente de control había anunciado sanciones si su alcalde hacía una consulta. Por otro lado, el Minambiente y el Minminas han querido ponerle punto final a la discusión con polémicos decretos. El último de ellos, expedido hace un año y recordado como el “decreto navideño” (por haber sido sancionado el 23 de diciembre), resultó tan controversial que el Consejo de Estado lo suspendió provisionalmente. De manera que ahora, como explica César Rodríguez Garavito, director del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia) y quien les ha hecho seguimiento detallado a estas consultas populares, el asunto sigue en el limbo. Eso, pese a que la Corte Constitucional aseguró en 2014 que el Gobierno y las autoridades locales tenían que conciliar las acciones que se iban a llevar a cabo en los suelos de los municipios. A sus ojos, el Gobierno ha querido sacarle el cuerpo a la sentencia del alto tribunal. “Y lo que hoy es completamente claro es que el alcalde de Ibagué tiene toda la potestad para hacer esa consulta”, afirma. Con él concuerda Carlos Acosta, asesor de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA): “Jurídicamente esta operación es viable”. Sin embargo, el paso que dio Ibagué es apenas el primero de un largo proceso. Primero, como dice Jaramillo, la consulta debe ser aprobada por el Concejo. El alcalde espera encontrar el apoyo de sus funcionarios, en parte porque la iniciativa venía siendo promovida desde mucho antes por organizaciones de la sociedad civil. En caso de que esa entidad le dé el visto bueno, el Tribunal Administrativo de Tolima debe dar su aprobación. Y cuando pase por este par de etapas, los ibaguereños decidirán si quieren o no que la multinacional minera explote el oro de La Colosa. Para hacerlo, dice Jaramillo, deberán superar el umbral, que puede ser cercano a los 120.000 votantes. Si todo marcha bien, es posible que el 5 de junio la ciudadanía de la capital tolimense se encuentre con un tarjetón con la siguiente pregunta: “¿Está usted de acuerdo, sí o no, con que en el municipio de Ibagué se ejecuten actividades que impliquen contaminación del suelo, pérdida o contaminación de las aguas, o afectación de la vocación agrícola y turística del municipio, con motivo de proyectos mineros?”. Y aunque para Jaramillo la cuenca del río Coello es la que está en juego, algunos rumores indican que el proyecto La Colosa requiere de territorios cercanos a Cajamarca. Según fuentes cercanas al proceso, en Ibagué ya se han comprado lotes que pueden funcionar para depositar escombros y separar los materiales, pues la Anglogold Ashanti tendría la posibilidad de ubicar infraestructura para sus operaciones a 100 kilómetros a la redonda. Después de todo, el municipio de Piedras se opuso a la minera porque en sus tierras, justamente, se iba a construir el centro de procesamiento del oro.
Leer másPese a las advertencias, explotación del fracking se expande sin freno en América Latina
Especialistas en industrias extractivas alertaron que la extensión de la fractura hidráulica en América Latina se debe a la baja producción de energéticos y a que las leyes sobre explotación de cada país son muy laxas, además de que las prospectivas sobre los recursos sólo impulsan el uso de energías fósiles en lugar de las renovables. Ciudad de México, 28 diciembre (SinEmbargo).– Comenzó en Estados Unidos, llegó a México y poco a poco se ha extendido hacia el resto de América Latina, sin embargo organizaciones civiles alertan que de no detenerse, los daños podrían ser irreversibles. Se trata del fracking o fractura hidráulica, una técnica no convencional de extracción de hidrocarburos que afecta al medio ambiente, vulnera los derechos sociales y causa problemas a la salud. A principios de diciembre de este año, el portal estadounidense especializado en temas de energía Truthout informó que este método se está expandiendo rápidamente en Latinoamérica y aunque “puede provocar cáncer y enfermedades en la sangre, entre otros efectos inmunológicos, ya se realiza en Bolivia, Colombia, Venezuela, Paraguay , Uruguay, Chile, Argentina, Brasil y México”. Al respecto, Aroa de la Fuente, especialista en industrias extractivas del Centro de Análisis e Investigación Fundar, explicó que las naciones recurren al fracking porque las estimaciones que se tienen para explotar los recursos son altas y con ello se pretende mitigar la caída de la producción de energéticos. En el caso de Argentina comentó que hay un mayor desarrollo de proyectos de este tipo e incluso ya la explotación es con fines comerciales, pero reiteró que las visiones prospectivas que tienen los países sobre sus recursos no son siquiera cien por ciento seguras, además de los daños que implica su desarrollo. Asimismo, la publicación norteamericana detalló que “el fracking emite benceno, tolueno, etilbenceno y xileno, componentes considerados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como nocivos para la salud”. Por su parte, varias organizaciones en contra del la fractura hidráhulica, entre ellas la Alianza Mexicana contra el Fracking, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y el Observatorio de Petróleo Sur, entre otras, explican que “aunque persisten las iniciativas y operaciones de exploración y explotación a través de fracking en varios países, la caída de los precios del petróleo mantiene frenado un proceso que era promovido como una de las grandes soluciones energéticas para la región: la explotación de yacimientos de lutitas o gas shale”. Las asociaciones informan a través del documento titulado Mapa de Fracking en América Latina que “en la formación Vaca Muerta, en Argentina, se sostiene el único proyecto de desarrollo masivo de Hidrocarburos No Convencionales (HNC) por fuera de Estados Unidos. En tanto, en México, sin la participación estatal de Pemex, se realizó la Ronda Uno de concesiones, considerada como el banderazo de salida para el nuevo escenario liberalizado y transnacionalizado”. Asimismo, el mapa indica que Argentina y México “son la punta de lanza de los HNC en la región, seguidos con incipientes actividades de exploración por Colombia, Bolivia, Chile y Uruguay; y anuncios oficiales sin resultados concretos en Perú y Paraguay”. En ese sentido, Aroa de la Fuente, quien también es integrante de Alianza Latinoamericana Frente al Fracking, dijo que la situación en Argentina responde a la apertura de los gobiernos hacia la industria privada “a ese país llegó Chevron e hizo un contrato leonino con la empresa estatal para explotar este tipo de hidrocarburos con la argumentación de la disminución de las reservas”. En tanto, el documento menciona que en el resto de América Latina “al mismo tiempo se abren escenarios de explotación de otros tipos de energías extremas, como gas asociado a mantos de carbón en Colombia y Argentina y las aguas profundas de Presal, en Brasil”. Por su parte, Truthout confirmó que “de acuerdo con cifras de la Agencia Internacional de Energía (AIE) publicados en 2015 , sólo Estados Unidos, Canadá, y más recientemente Argentina y China producen grandes volúmenes de gas de esquisto; estos dos últimos países están impulsando el desarrollo de la extracción esquisto”. Sin Embargo, la experta en industrias extractivas aseguró que “para realizar la exploración y ver si es viable la explotación no necesitan fracturar los yacimientos y generar los impactos que vienen asociados a ellos, además que esta política es totalmente contraria a los compromisos que tienen los países para la región contra lucha del cambio climático”. Según datos de la AIE, México cuenta con 454 billones de pies cúbicos de gas shale, mientras que estimaciones de Petróleos Mexicanos dicen que son 13 mil 100 miles de millones de pies cúbicos. En tanto, la organización civil Cartocrítica dio a conocer en este año que Coahuila, Nuevo León, Puebla, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz son las entidades donde más se han registrado pozos por fracking. De acuerdo con la información presentada por la organización, los estados que más pozos registran en funcionamiento son Veracurz con 349 y Puebla con 233, seguido por Nuevo León con 182 y luego el resto. Cartocrítica asegura que al menos 924 pozos han sido perforados en seis de los 32 estados del país, incluyendo 349 de ellos en Veracruz. Al respecto, OilPrice, portal estadounidense especializado en temas energéticos, publicó en julio pasado que dado el estado de los precios del petróleo y los recursos que México tiene a su disposición, “hasta el momento el fracking aparece concentrado en el gas natural, en lugar del crudo”. Para Cartocrítica, el fracking se está expandiendo en silencio en México, de forma no regulada y envuelto en la opacidad. En ese sentido, la especialista de Fundar opinó que Pemex ha anunciado sus prospectivas “pero tampoco estamos seguros, lo que necesitamos es tener más información del gobierno para saber qué tipo de yacimientos son”. En el marco de la Cumbre sobre Cambio Climático COP 21 integrantes de organizaciones civiles se pronunciaron en contra de esta práctica con la demanda de que “el Fracking debe ser prohibido para enfriar al planeta”. Las organizaciones expusieron ante los líderes mundiales que “pese a que el uso de esa técnica experimental es contrario a los compromisos nacionales e internacionales para reducir las emisiones contaminantes, varios países de la región, entre ellos México, Colombia, Argentina, Chile y Bolivia, han iniciado actividades de exploración o explotación de hidrocarburos no convencionales a través del la fractura de hidráulica”. Asimismo, la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking explicó en su pronunciamiento que la fractura hidráulica afecta a las comunidades indígenas, campesinas, barrios urbanos e incluso en Áreas Naturales Protegidas por el desplazamiento de personas y de actividades productivas como la ganadería y agricultura cuya convivencia con esta técnica es imposible . Al respecto, Claudia Campero, integrante de la Alianza contra el Fracking en México, y quien estuvo presente en la Cumbre, comentó a este medio que respecto a este tema los líderes mundiales no detallaron nada y que incluso algunos de los acuerdos alcanzados en la cumbre “están fuera de la realidad”. Comentó además que tampoco se tocaron temas como los sistemas hídricos “es algo que se ha olvidado, todo el desplazamiento que se ha hecho del agua a través de grandes represas y que ha impactado en los ecosistemas también es muy responsable del cambio climático”. En ese sentido abundó sobre la importancia del agua en todos los sentidos y recordó que para realizar la fractura del suelo se requieren millones de litros del vital líquido. ¿HACERLO BIEN? Para el Gobierno Federal y algunos especialistas, el fracking puede ser eficiente siempre y cuando se haga mediante prácticas cuidadas, tecnología indicada y con un correcto sondeo sobre las características del suelo y la región. En noviembre pasado, durante la presentación de una serie de recomendaciones realizadas por la empresa de investigación en energía IFC International para que México reduzca las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), Mario Molina Pasquel, Premio Nobel de Química, calificó dicha técnica como una alternativa de transición energética y dijo que “posiblemente vayamos a tener y nos conviene como una fuente adicional de gas y de hidrocarburos ligeros”. Para otros, “el país no puede renunciar al fracking. Sería darle a Estados Unidos una ventaja competitiva enorme sobre México o convertirnos en un país para siempre importador del gas que produce Estados Unidos. Pero sí podemos hacerlo con prácticas ambientales probadas y en esa dirección vamos a caminar”, declaró Pedro Joaquín Coldwell, titular de la Secretaría de Energía de este país tras ser cuestionado sobre los riesgos de esta técnica durante una conferencia magistral en la maestría sobre políticas públicas que ofreció la Fundación Colosio el 28 de septiembre del año pasado. Sin embargo las especialistas en el tema coinciden en que pese a esta práctica se pretenda implementar bajo un discurso “ambientalista” no es la mejor vía para la explotación de energía. Para la especialista de Fundar “además esta técnica es muy cara, la explotación de hidrocarburos fósiles se está haciendo más costosa y va en detrimento, porque mientras se apueste a un tipo de energía, es más difícil desarrollar otra”, y en esa vía comentó que los gobiernos de América Latina, como de México, deben apostar por las energías renovables. En ese sentido, Claudia Campero agregó que “lo que tenemos que hacer es dejar de manera universal el 80 por ciento de los combustibles fósiles que no se han extraído bajo tierra y los no convencionales”.
Leer másPor qué es importante incluir derechos humanos en el acuerdo de París
El cambio climático ya está causando gravísimos impactos en Colombia y todo el mundo. Ejemplos se presentan todos los días y son más graves cada año: temperaturas extremas, huracanes, sequías, inundaciones, incendios y pérdida de glaciares que comprometen la disponibilidad de agua dulce. Hay países como los pequeños Estados insulares, que perderán su territorio en unas cuantas décadas si los gobiernos no implementan acciones efectivas inmediatas. Hoy Úrsula Rakova de Papúa Nueva Guinea habló en la COP de los impactos que ella y su comunidad están sufriendo y que a menos que se tomen acciones ella no podrá ni heredarle sus tierras a su hija o a su nieta. Todo su territorio y cultura quedará bajo el mar en unas cuantas décadas. La pregunta entonces no es si vamos a sufrir por cambio climático, sino en qué medida. Por ello el acuerdo de la 21ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que se negocia en París debe incluir la protección de los derechos humanos. Aunque la respuesta parece sencilla, no lo es. Por esto el tema de cómo y dónde incluir derechos humanos en el acuerdo climático ha sido uno de los temas de mayor discusión en la COP21 de París. La inclusión de los derechos humanos en el acuerdo de Paris es esencial porque, primero, reconoce las realidades del cambio climático y su impacto en el disfrute de todos los derechos humanos, especialmente de personas y grupos en situación de vulnerabilidad. Segundo, recuerda a los Estados sus obligaciones de proteger y respetar los derechos humanos.Estas obligaciones son compartidas con empresas y entidades internacionales. La incorporación de los derechos humanos en el acuerdo climático no creará nuevas obligaciones. Nos permitirá, en cambio, ser consistentes y cumplir los compromisos existentes. Tercero, promueve la estabilidad mundial que ha sido vinculada con cambio climático por impactos como: competencia por recursos naturales locales, inseguridad de modos de vida, migración, eventos y desastres climáticos extremos, volatilidad de precios de alimentos, manejo de agua transfronteriza, aumento de nivel del mar, degradación costera y efectos no intencionados de las políticas climáticas. Finalmente, porque pueden ayudar a promover soluciones efectivas como el replanteamiento de nuestra energía. Ese tipo de soluciones no han sido alcanzadas aún debido a la falta de ambición y voluntad política. Como en bienes raíces, la ubicación es todo. Así que para que tenga impacto en la implementación, la inclusión de derechos humanos, equidad de género, pueblos indígenas, equidad intergeneracional, seguridad alimentaria, justa transición laboral e integridad de los ecosistemas, debe incorporarse en el preámbulo y en la parte operativa. Ello permitirá realmente que la implementación de todas las acciones de cambio climático consideren los derechos humanos, como las partes ya acordaron en la COP16 en Cancún en 2010.
Leer másSOS: ¡Necesitamos gobernar el agua!
Después de Medellín, Bucaramanga y Manizales, los Conversatorios Regionales por el Agua, terminaron su recorrido en Bogotá, donde se concluyó que el problema del agua en Colombia no es su cantidad, sino cómo se gestiona. Fortalecer iniciativas como el Consejo Nacional del Agua, involucrar la participación ciudadana y aprovechar la riqueza acuífera del territorio fueron las principales propuestas para solucionarlo. “La actual situación del agua nos está mostrando una realidad. De las crisis se han sacado las mejores políticas, por eso esta es nuestra oportunidad para decidir una nueva ruta de gestión del recurso hídrico”, aseguró Ricardo Lozano, director de People and Earth y moderador de los cuatro conversatorios. Después de conocer las visiones regionales y hacer un repaso de cómo se gobierna el agua en otros países, Lozano resolvió que lo más importante es garantizar la participación de los usuarios en la toma de decisiones. “Colombia tiene tres veces más agua que México, pero menos población”, señaló el ingeniero Manuel Rafael Rosales Gonzáles, subgerente de Análisis Hidrológico de la Comisión Nacional de Agua Mexicana, al exponer cómo ha sido el recorrido en su país para desarrollar esta política. Dentro de su sistema de gobernanza del agua, además de tener la Ley Nacional de Aguas, México ha definido zonas de veda, de reserva y reglamentadas, con el fin de garantizar que siempre haya disponibilidad del recurso. En las primeras no se puede hacer ningún aprovechamiento legal, debido a que podría darse un deterioro en su calidad o cantidad; las segundas están reservadas para el uso a futuro de alcantarillados, generación de energía del servicio público y garantizar los flujos mínimos para la protección hidrológica, mientras en las terceras se debe llegar a un acuerdo con las comunidades para establecer cómo se van a usar, debido al déficit que existe. Para Luis Fernando Rico, gerente de Isagén, esto demuestra que el Estado colombiano se ha ausentado en el tema de las hidroeléctricas. “La sociedad no debería renunciar a la fuente de energía más económica que se conoce. Los embalses producen sus impactos y ante crisis como esta hay reducciones, pero el sector eléctrico está preparado para afrontarlo. Claro, hubo una falla financiera importante, porque en un período normal la demanda del país es 80 % de origen hídrico, pero en sequía se reduce a 51 %”, recordó. Frente al fenómeno de la sequía, Nelson Ómar Vargas, subdirector de hidrología del Ideam, recordó el valor de los acuíferos. “Tenemos una oferta invisible que no se está mirando, un oro azul enterrado que no conocemos: el agua subterránea. Su cantidad es tres veces mayor que la superficial disponible y 74 % del territorio nacional guarda este potencial. De hecho, 280 de los 318 municipios categorizados en riesgo de desabastecimiento tendrían la posibilidad de hacer un uso mixto del agua”, afirmó Vargas. Por esto, de acuerdo con Carlos Lozano Acosta, asesor legal del área de agua dulce de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), se debe garantizar el derecho al agua, lo cual implica el acceso a la información y a datos confiables. “En Colombia ha habido un gran avance en la información respecto a que la situación del agua se haga pública, como sucedió con el Estudio Nacional del Agua 2014. Sin embargo, acceder a información de proyectos e infraestructura muchas veces no se nos permite. Hay unos proyectos mineros con una influencia grande sobre el agua y no hemos sabido nada de esta información”. El conversatorio terminó con un segundo panel sobre la necesidad de fortalecer la capacidad interinstitucional, incluyendo la creación del Consejo Nacional del Agua según se estableció en el Plan de Desarrollo 2014-2018. Ante esto, Ximena Barrera, directora política de WWF, dijo que a partir de lo demostrado por experiencias de gobernanza como la francesa y la mexicana, es muy importante establecer una política multinivel que garantice la participación, además de “entender la importancia de contar con un buen sistema de información y conocimiento”. Pensar en esos retos será una de las funciones del Consejo Nacional del Agua, pues en los conversatorios quedó claro que se necesita un espacio que articule los problemas alrededor del líquido. Según Carlos Arturo Álvarez, asesor de la Dirección de Gestión Integral del Recurso Hídrico, el Ministerio de Ambiente será su secretaría técnica, pero queda en el aire la pregunta de quién será el doliente. ¿A quién entregarle la dirección para que se comprometa con las comunidades? ¿De dónde podrían venir los recursos para asegurar la disponibilidad del agua? ¿Cómo exigir una educación que forme más especialistas en estos temas? Preguntas que deberán responderse cuando se cree el esperado Consejo.
Leer másUn proyecto de mina de Odyssey y AHMSA amenaza en BCS a especies que México y EU defienden
Ciudad de México, 6 de noviembre (SinEmbargo).– Por medio de una carta dirigida a Alfonso Flores Ramírez, titular de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el Gobierno de Baja California Sur (BCS) realizó algunas observaciones técnicas del proyecto de minería submarina “Don Diego” con las que concluye que no es ambientalmente viable. Dicho proyecto, promovido por la empresa estadounidense Odyssey Marine Explorations, a través de su filial Exploraciones Oceánicas y con participación de Minera del Norte S.A., subsidiaria de Altos Hornos de México (AHMSA), es el primero en su tipo a nivel mundial y pretende dragar 91 mil hectáreas de fondo marino para extraer 350 millones de toneladas de arena fosfática en el Golfo de Ulloa en aquel estado. Actualmente, “Don Diego” se encuentra en una segunda evaluación de su Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) por parte de la Semarnat, después de haber desistido en una ocasión y tras la acusación de organizaciones de que el proyecto representa un riesgo para los ecosistemas marinos y la actividad pesquera y turística de la región. Ahora, el Gobierno de BCS a través de Rodrigo Guerrero Rivas, Secretario de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Recursos Naturales de la entidad, advierte que el desarrollo minero no es viable ambientalmente y que podría exacerbar un conflicto de índole internacional, informó el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda). A través de la carta –hecha pública por el Cemda– la instancia local emite opiniones técnicas que hacen referencia a que en la MIA de “Don Diego” se puede detectar conflictos ambientales con el sector minero y conflicto internacional por mortalidad de tortuga marina amarilla, así como metodologías, estudios y estadísticas insuficientes para establecer el grado de afectación a especies locales, dispersión de sedimentos, resiliencia y ecotoxicidad y manejo de combustibles. La zona en que Exploraciones Oceánicas pretende echar a andar su proyecto, está considerada como Región Marina Prioritaria para la Conservación según la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), y también como zona de abundancia de tortugas marinas y tránsito de ballenas azules, grises y jorobadas, además de ser hábitat de lobos marinos y de una variedad de especies de algas, poliquetos, moluscos e invertebrados. En un primer análisis del desarrollo minero, la institución estatal utiliza como referencia el Programa de Ordenamiento Ecológico Marino y Regional Pacífico Norte, mediante el que detectaron dos conflictos ambientales con el sector minero: El primero es de conservación pues, señalan, el desarrollo provocaría afectaciones a ecosistemas bentónicos, succión o daño físico de organismos por la draga (aparato utilizado para succión de productos marinos), daño o muerte de organismos, bioacumulación de metales pesados y elementos radiactivos, así como incremento de mortalidad de mamíferos y tortugas marinas. Adicionalmente, la misiva señala que el proyecto minero se ubica dentro de Unidades de Gestión Ambiental (UGA) en las que, entre otras cosas, se establece que no se “permitirán actividades mineras cuando éstas puedan afectar poblaciones y hábitat de especies en riesgo y prioritarias de conservación o causen efectos de acumulación de metales pesados que pongan en riesgo la salud pública por consumo de productos pesqueros”. En contraste con la afirmación que se lee en la página oficial de “Don Diego” y afirma que utiliza la experiencia de los mejores consultores y científicos del medio ambiente en el mundo y que se realizaron numerosos y extensos estudios, el Gobierno de BCS indica que ciertas metodologías, estudios y estadísticas son insuficientes para establecer el grado de afectación por las actividades que el proyecto pretende realizar durante 50 años. Tal es el caso de la evaluación de resiliencia y ecotoxicidad, mediante la que Don Diego sostiene que “no existen evidencias de contaminación que afecten a la fauna marina”, pero que realizó sin hacer mención a investigaciones oceanográficas locales-regionales, sino con datos marinos que incluyen a especies costeras del Reino Unido. Además de no haber evaluado el impacto de su actividad con especies locales, los promoventes del proyecto, señala la carta, realizaron un estudio que “no permite determinar de manera clara los impactos ambientales producidos por el ruido en otras especies marinas (incluyéndose a las tortugas marinas)”. Además de concluir con que el proyecto “Don Diego” no es ambientalmente viable, el Gobierno de BCS hizo mención de que su desarrollo podría “exacerbar de una manera muy significativa” la intención del Gobierno de Estados Unidos de implementar un embargo pesquero “que tendría graves impactos socioeconómicos no sólo en el estado de BCS, sino también en el resto del país”. El embargo al que se hace referencia es una posibilidad que surgió luego de que, en agosto pasado la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) extendiera a México una certificación negativa por no adoptar un programa regulatorio comparable al de aquel país para afrontar la pesca incidental de la tortuga amarilla –una especie en extinción– en el Golfo de Ulloa, donde se pretende echar a andar el proyecto. La tortuga amarilla o caguama (caretta caretta) es una especie catalogada En Peligro de Extinción y considerada como Especie Prioritaria para la Conservación en México, por el Programa de Conservación de Especies en Riesgo (PROCER), pero diversas asociaciones civiles han denunciado que “Don Diego” es una amenaza latente. Recientemente, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) pidió al Comité Científico de la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de Tortugas Marinas (CIT) hacer un análisis de dicho proyecto y a instar al Gobierno Mexicano a proteger a la especie. Ante el riesgo, indica un comunicado del Cemda, Alejandro Olivera, representante en México del Centro para la Diversidad Biológica, dijo que “ahora, con un embargo en puerta por parte del gobierno estadounidense, lo menos que Semarnat debería hacer es aprobar el proyecto”. Finalmente, la misiva dirigida al funcionario de la Semarnat, insta a considerar la aplicación del Principio Precautorio para evaluar el proyecto minero y con ello apegarse a la legislación en materia internacional y nacional pues, de lo contrario podría incurrirse en “la creación de un riesgo con efectos todavía desconocidos y por lo tanto imprevisibles”. Entre los acuerdos internacionales que, mencionan, hay que cumplir, se encuentran la Declaración de Río de Janeiro y el Convenio sobre la Diversidad Biológica.
Leer másPaso histórico en el aire
Columna de opinión de Astrid Puentes, directora de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), sobre lo que ha sucedido pasados tres meses del anuncio del Gobierno Colombiano de suspender las fumigaciones con Glifosato. El 14 de mayo pasado, el gobierno colombiano anunció con bombos y platillos un gran cambio en la política antidrogas: la suspensión de las fumigaciones aéreas con glifosato para erradicar cultivos de uso ilícito de coca y de amapola. La decisión tuvo repercusión internacional y fue ampliamente celebrada dado que Colombia es el único país que todavía aplica dichas fumigaciones, pese a que, tras décadas de implementación, éstas han demostrado ser inefectivas y causado graves impactos ambientales y sociales. Pero, a tres meses del anuncio, las fumigaciones continúan. Cabe entonces preguntarse en qué va la implementación de la decisión histórica tomada por el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE). La medida fue precedida por semanas de intenso debate generado a partir del informe de la OMS que concluyó que el glifosato podría causar cáncer. Con base en ello y en decisiones de la Corte Constitucional, el Ministerio de Salud recomendó aplicar el principio de precaución y suspender las fumigaciones con glifosato para evitar posibles daños graves e irreversibles a la salud y al ambiente en Colombia. Por siete votos a favor y uno en contra (el de la Procuraduría General de la Nación), el CNE hizo historia al anunciar la suspensión de las fumigaciones, se impusieron dos condiciones: que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) “revoque o suspenda” el Plan de Manejo Ambiental (PMA) que permite la aspersión con glifosato en el país; y que, en el plazo de un mes, un comité técnico creado por el CNE formule recomendaciones para ajustar la política antidrogas. La información disponible sobre el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos con Glifosato (PECIG) da cuenta que ambas condiciones aún no se cumplen. Mientras tanto, las fumigaciones en Putumayo y otras zonas del país, continúan. El 11 de agosto, la Asociación Campesina del Catatumbo publicó un comunicado del Ministerio del Interior según el cual esa entidad “no ha tomado una decisión sobre la aspersión aérea de cultivos de uso ilícito en el Catatumbo”. Lo anterior es incoherente con la decisión del CNE de suspender del todo las fumigaciones. ¿Por qué hacer una diferencia con el Catatumbo? ¿Existe realmente intención alguna de implementar la suspensión? ANLA puede y debe revocar el Plan de Manejo Ambiental para las fumigaciones Hay al menos tres razones para ello: La ANLA tiene la facultad de suspender o revocar licencias ambientales o autorizaciones para los planes de manejo ambiental cuando éstas o las condiciones y exigencias establecidas no se cumplen. Para hacerlo, no requiere autorización del beneficiario del permiso. La evidencia de que el glifosato podría causar cáncer a las personas y la correspondiente decisión del CNE deberían ser razón suficiente para que la ANLA revoque de inmediato el Plan de Manejo del PECIG. La ANLA puede tomar esa decisión de oficio, sin ninguna solicitud de por medio, en especial ante situaciones de riesgo grave para la salud y el ambiente. Para ello fue precisamente para lo que fue creada. La ANLA cuenta con información suficiente y adicional para revocar o suspender la autorización el Plan de Manejo Ambiental del PECIG. Incluso en junio y julio, el Ministerio de Salud le envió la documentación científica en la que basó su recomendación. En mayo pasado la Comisión Asesora para la Política de Drogas en Colombia concluyó que las fumigaciones son poco efectivas y que generan muy graves daños ambientales y en la salud. Desde marzo pasado, el famoso PMA del PECIG está en proceso de actualización debido a nuevas condiciones presupuestales y de reglamentación, y al acuerdo con Ecuador en la controversia ante la Corte Internacional de Justicia, organismo ante el cual Colombia se comprometió a no fumigar alrededor de la frontera. Dado el riesgo de cáncer que el uso del glifosato implica, la ANLA debería revocar el Plan de Manejo del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos con Glifosato, en lugar de actualizarlo. Además, si el CNE decidió suspender del todo las fumigaciones con glifosato, el programa que ampara esa práctica carece de sentido. Hasta el nombre habría que cambiar. ¿Qué espera la ANLA para viabilizar la decisión del CNE y suspender las fumigaciones? Nuevas sustancias requieren nuevos permisos Respecto de la segunda condición para implementar la suspensión de las fumigaciones, el Ministerio de Salud dijo en respuesta a un derecho de petición enviado por varias organizaciones a mediados de junio, no tener conocimiento de las sustancias usadas como alternativa al glifosato. Un mes antes, en mayo, medios de comunicación informaron que la Policía está probando otras sustancias químicas. ¿Está la Policía haciendo pruebas sin las autorizaciones sanitarias requeridas? Después de todo, si el gobierno colombiano está buscando sustancias químicas o incluso biológicas para reemplazar al glifosato en la erradicación de cultivos de coca y de amapola, debería tener los permisos ambientales y sanitarios del caso. Las normas colombianas son claras: El uso de sustancias químicas requiere de una licencia ambiental, la cual requiere a su vez de un estudio de impacto ambiental previo en el cual se analicen los posibles daños al ambiente y la salud, así como las maneras de prevenirlos o mitigarlos. Cuando el programa de fumigaciones aéreas con glifosato parte del Plan Colombia comenzó a implementarse, se insistió en la necesidad de tener una licencia ambiental nueva. Las autoridades argumentaron en ese entonces que la erradicación era parte de un programa anterior y que una nueva licencia no era necesaria. Negarse a una nueva licencia ambiental y continuar usando el mismo plan de manejo ambiental para el PECIG, incluso ante el cambio de la sustancia, sería ignorar abiertamente las exigencias normativas y por ende, la obligación del Estado de proteger la salud y el ambiente, y el estado de derecho. Por ahora es claro que las condiciones establecidas para suspender las fumigaciones están dadas. Hay evidencia suficiente que la política no es efectiva y que causa graves daños en la salud y en el ambiente. Colombia y el mundo están pendientes. ¿Cuánto más tendremos que esperar?
Leer másAmérica Latina, unida contra el fracking . ¿Cómo organizarnos para evitar sus impactos?
Mientras en los países del Norte y varios de Europa el fracking se ha prohibido o suspendido, en América Latina, se expande. ¿Podemos hacer algo? La respuesta es sí. Ante la incertidumbre de sus impactos y con la necesidad de generar información y debate, organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas trabajan uniendo esfuerzos para evitar y detener los impactos negativos del fracking en el continente. A favor y en contra El fracking o fracturación hidráulica consiste en taladrar miles de metros verticalmente y luego horizontalmente bajo la tierra. Después se inyecta, a muy alta presión, un fluido compuesto de una mezcla de agua, arena y diferentes químicos contaminantes para fracturar rocas que contienen hidrocarburos (gas y petróleo) de difícil acceso y liberarlos. Entre los impactos graves e irreversibles asociados a esta técnica están el uso intensivo y la contaminación del agua, daños a la salud humana (cáncer, malformaciones, alergias y otros) y a otros seres vivos causados por los fluidos, emisión de metano que tien un potencial de calentamiento 25 veces mayor al del CO2, e incluso la generación de sismos. Ante los riegos y la falta de información sobre los impactos, países como Francia, Bulgaria, Escocia, Holanda, Irlanda y, gobiernos subnacionales como el del Estado de Nueva York, en Estados Unidos, le han dado la espalda al fracking, prohibiéndolo o declarando la moratoria del mismo en sus territorios. Los países de América Latina, por el contrario, están dando pasos decididos para explotar hidrocarburos no convencionales a través del fracking. Lo están haciendo con poca o ninguna información sobre sus impactos, y en ausencia de procesos adecuados de información, consulta y participación de las comunidades. Algunos ejemplos evidencian dicha tendencia: México le abrió las puertas al fracking a través de la Reforma Energética de 2013. Se conoce que en el país existen al menos 924 pozos de fracking. Argentina posee la mayor presencia de operaciones de fracking en la región, y las mayores reservas de gas de esquisto del continente. Existen más de 500 pozos de fracking en las Provincias de Neuquén, Chubut y Río Negro, incluyendo pozos perforados en Auca Mahuida, área natural protegida, y en territorios indígenasde mapuches. En Chile, en 2013, la empresa estatal ENAP perforó un pozo a través de fracking en la Isla de Tierra del Fuego y produjo gas natural. Se tienen previstas nuevas perforaciones en los próximos años. Colombia y Brasil han realizado licitaciones públicas y suscrito contratos con empresas petroleras para la exploración y explotación de hidrocarburos no convencionales a través del fracking. La empresa estatal petrolera de Bolivia suscribió en 2013 un convenio con su par de Argentina para estudiar la potencialidad de hidrocarburos no convencionales en territorio boliviano. Unidos es mejor Con la facilitación de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), 32 organizaciones de la sociedad civil —incluida AIDA— e instituciones académicas de siete países de la región, se unieron para conformar un Grupo Regional para prevenir los impactos del fracking a través de la generación de información y debate. El grupo busca contribuir a que el derecho a la vida, la salud de las personas y un ambiente sano sean respetados en América Latina. Su estrategia consiste en priorizar las siguientes acciones: Identificar las operaciones de fracking en la región, sus impactos y comunidades afectadas. Organizar seminarios virtuales y presenciales de capacitación. Desarrollar estrategias de incidencia para detener el fracking a nivel internacional. El Grupo tiene como valor agregado la experticia de sus miembros, su visión regional y el apoyo institucional que brindará a las organizaciones de cada país. Dada su naturaleza plural, está abierto a la participación de nuevas instituciones y personas interesadas en el tema. Logros importantes Muchas organizaciones de la sociedad civil, pueblos indígenas, e instituciones de la región han desarrollado estrategias para generar información, sensibilizar a la población, promover el debate público, e incidir ante tomadores de decisiones para detener al fracking. Sus esfuerzos han resultado en: Más de 50 ordenanzas municipales que declaran la prohibición o moratoria del frackingen municipios de Argentina, Brasil y Uruguay . Muchas de ellas se han basado en la aplicación del principio de precaución; y en la preservación de las aguas superficiales y subterráneas, la salud y vida de las personas. Resoluciones judiciales que suspenden la ejecución de contratos petroleros susceptibles de realizar frackingen cuencas petroleras de Estados brasileños como Sao Paulo, Piauí, Bahía y Paraná. Jueces han ordenado además que la Agencia Nacional de Petróleo de Brasil no realice nuevas licitaciones en las cuencas comprometidas hasta que los impactos ambientales y riesgos del fracking sean suficientemente conocidos en Brasil. Esas decisiones judiciales han respondido a acciones promovidas por el Ministerio Público Federal de Brasil. Publicaciones sobre los impactos del fracking, sensibilización a comunidades y un proyecto de ley apoyado por más de 60 diputados nacionales y casi 20,000 personas para prohibir el fracking en México (). Información sobre los impactos del fracking, sensibilización de la sociedad civil, y promoción del debate público en Colombia y Bolivia. Estos logros animan a profundizar la articulación y el trabajo conjunto entre organizaciones. Estamos avanzando en los esfuerzos regionales para evitar los impactos del fracking en comunidades y promover un futuro energético humano y renovable.
Leer másMéxico aún puede salvar los arrecifes de Veracruz
Veracruz es hogar de una cordillera submarina formada por al menos 23 arrecifes de coral que recorren seis islas y se extienden por kilómetros. Se trata del Sistema Arrecifal Veracruzano (SAV): el ecosistema de coral más extenso del Golfo de México y que ahora está en peligro. Hace más de 20 años, en 1992, el Gobierno mexicano declaró al SAV Área Natural Protegida bajo la figura de Parque Nacional. Y, en 2004, lo enlistó como Humedal de Importancia Prioritaria Internacional bajo laConvención de Ramsar por ser un ecosistema único y amenazado por la contaminación y las actividades portuarias de Veracruz. Pero, en 2012, dio un paso atrás al decretar la modificación de los límites del sitio para ampliar el puerto de Veracruz, proyecto que dañará gravemente la rica biodiversidad que los arrecifes albergan. En marzo de 2014, el daño fue confirmado cuando el Juez Tercero de Distrito del Estado de Veracruzdeclaró válida la modificación. México tiene una gran deuda que saldar con el sitio y con la población que depende del mismo, pues vulneró la protección que le había otorgado. Dicen que es de sabios rectificar y el Gobierno mexicano todavía puede evitar la degradación de este entorno vital, el cual alberga una gran variedad de fauna marina y es barrera natural contra olas, tormentas y huracanes (más frecuentes e intensos debido al cambio climático). La oportunidad para hacerlo es más que propicia pues el país será sede el próximo año de la Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica. México firmó ese Convenio y en virtud del mismo está obligado a salvaguardar la diversidad biológica y el patrimonio natural de su territorio. En diciembre de 2014, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), en representación de 13 organizaciones e individuos, enviaron una carta al Secretariado del Convenio solicitándole dos cosas: evaluar los daños que la ampliación del puerto causará, y pedir que México revoque la autorización del proyecto debido a los serios impactos que tendrá sobre la diversidad de vida en el SAV. El proyecto contraviene el Programa de Ordenamiento Ecológico Marino y Regional del Golfo de México y Mar Caribe. Además de revocar el permiso que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) dio al proyecto de ampliación del puerto en 2013, México tiene en sus manos la oportunidad de obtener asesoría técnica y financiamiento internacional para preservar el Sistema Arrecifal Veracruzano. Para ello, el país debe incluir al sitio en el Registro Montreux, mecanismo contemplado por la Convención de Ramsar para proteger de manera prioritaria humedales que estén amenazados gravemente o que vayan a estarlo como consecuencia del desarrollo tecnológico, la contaminación u otra actividad humana. El SAV encaja muy bien en ese perfil. Al incluir al SAV en el Registro Montreux, una misión de asesoramiento de Ramsar visitará el sitio y brindará al Gobierno mexicano apoyo y recomendaciones sobre las acciones adecuadas para su conservación. Es sin duda una forma rápida de atender ecosistemas en riesgo con una suma de esfuerzos nacionales e internacionales. Durante la 12ª Conferencia de las Partes de la Convención de Ramsar, realizada hace poco en Punta del Este, Uruguay, AIDA abogó ante la delegación del Gobierno mexicano por la inclusión de los arrecifes veracruzanos en el Registro Montreux. Otro entorno amenazado por la ampliación del puerto de Veracruz es la Reserva de la Biósfera Los Tuxtlas. En junio de 2014, la SEMARNAT otorgó a la Administración Portuaria Integral de Veracruz (APIVER) laautorización ambiental para explotar roca basáltica en la reserva. Lo hizo a pesar que el Programa de Manejo del sitio prohíbe el uso de explosivos, actividad que alterará para siempre la zona, y la hará más vulnerable de lo que ya es a fenómenos climáticos. Además, el ruido y la presencia de personal en el lugar afectará el comportamiento de la fauna, en especial del mono aullador, especie en peligro de extinción. La roca extraída servirá a la construcción de las escolleras del nuevo puerto. En abril de 2015, AIDA y CEMDA lanzaron una petición ciudadana a través del sitio de internet Change.org para solicitar que el titular de la SEMARNAT, Juan José Guerra Abud, revoque el permiso concedido para la explotación de roca en Los Tuxtlas, y que Alejandro del Mazo, titular de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, incremente la protección del Sistema Arrecifal Veracruzano inscribiéndolo en el Registro Montreux. La petición ha sido firmada al momento por más de 34,000 personas y está entre las más apoyadas. El Estado de Veracruz es famoso por su tradición pesquera y su gastronomía basada en peces y mariscos. Que ambas características continúen depende en gran medida de la preservación del Sistema Arrecifal Veracruzano, albergue esencial para las larvas de peces no sólo de Veracruz, sino de todo el país. En 2010, esa barrera coralina amortiguó el embate del huracán Karl de categoría cuatro en la ciudad de Veracruz. ¿Valdrá entonces la pena que el Gobierno de México reconsidere sus decisiones y le devuelva a los arrecifes de Veracruz la protección sólida que una vez les dio? ¿Es el desarrollo portuario válido cuando implica la degradación de ecosistemas frágiles y valiosos para la biodiversidad y la seguridad de las personas?
Leer másOrganizaciones exigen que el fracking sea prohibido en América Latina
En un pronunciamiento público, integrantes de la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking se dirigen a los Estados de la región para alertarles sobre los daños graves e irreversibles en la salud humana y el ambiente que el fracking puede ocasionar, y urgirles a prohibirlo. La Paz, Bolivia. Organizaciones y alianzas nacionales que integran la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking piden a los Estados de América Latina prohibir las actividades de fracking o fracturación hidráulica para la extracción de hidrocarburos no convencionales por los daños graves e irreversibles que éstas pueden causar en la salud humana, así como en elementos del ambiente como las aguas superficiales y subterráneas, el aire, el suelo y el clima. Lo hacen en un pronunciamiento público que será presentado este viernes 18 en el Seminario internacional “Daños y riesgos del fracking: Herramientas para prevenirlos y detenerlos”, el cual se realizará de 8:30 a 13:00 en el Paraninfo de la Universidad Mayor de San Andrés. Las organizaciones afirman que el fracking está avanzando a ciegas en varios países de América Latina, sin que existan estudios integrales y de largo plazo sobre los riesgos y daños que puede ocasionar, ni participación de la sociedad en las decisiones sobre el uso de esta técnica. “En los países en los que se está desarrollando el fracking, las comunidades afectadas han visto vulnerados su derechos humanos fundamentales como: la consulta y el consentimiento previo, libre e informado, el derecho a la participación y control social, el derecho a la información y el derecho al ambiente sano y equilibrado”, se lee en el pronunciamiento. En el continente, “el fracking ha avanzado sobre comunidades indígenas, campesinas, barrios urbanos e incluso Áreas Naturales Protegidas; esto ha ocasionado el desplazamiento de personas, así como de actividades productivas como la ganadería y agricultura, cuya convivencia con esta técnica es imposible”, expresó Felipe Gutiérrez Ríos, investigador del Observatorio Petrolero Sur de Argentina. Paralelamente, “se multiplican las denuncias y daños ocasionados por incendios, derrames, explosiones, acaparamiento de agua, contaminación de agua, aire y tierra por desechos tóxicos, pérdidas de sustancias radioactivas en los pozos, así como por el mal manejo de las aguas de retorno”, se señala en el pronunciamiento. A ello se debe añadir que “la extracción de hidrocarburos no convencionales a través del fracking es contraria a los compromisos nacionales e internacionales de nuestros países para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y agrava los impactos del calentamiento global”, indicó Aroa de la Fuente, miembro de la organización mexicana Fundar Centro de Análisis e Investigación y la Alianza Mexicana contra el Fracking. La baja de los precios internacionales del petróleo ha puesto en evidencia otra de las aristas del fracking: no solo es altamente riesgoso, contaminante, e insostenible social y ambientalmente, sino también es inviable económicamente, manifiestan los miembros de la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking. Por ello, demandan, es crucial que los gobiernos de la región asuman una política activa para detener esta técnica y destinen esfuerzos y recursos a la transición hacia una matriz energética renovable y sostenible. “El fracking ha sido prohibido o se ha declarado su moratoria en decenas de países y regiones como Francia, Bulgaria, Escocia, Holanda y en el Estado de Nueva York en Estados Unidos; también ha iniciado un vigoroso movimiento de resistencia al fracking en América Latina, lo que se ha plasmado en más de 50 municipios y comunidades que han prohibido o declarado la moratoria de la técnica en Argentina, México, Brasil y Uruguay, y en la creación de la Alianza Latinoamericana frente al Fracking”, indicó Ariel Pérez Castellón, abogado de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). En el seminario que se realizará este viernes, se abordarán las experiencias en torno al fracking de Argentina, Bolivia, México, Brasil, Francia y Estados Unidos. Se presentará además el libro Principio de Precaución: Herramienta Jurídica ante los impactos del fracking, elaborado por abogadas y abogados de AIDA. La publicación contó con el apoyo de la Fundación Heinrich Böll México, Centroamérica y El Caribe. En ella se analiza la viabilidad de la aplicación del principio de precaución como vía institucional para prevenir, evitar o detener las operaciones de fractura hidráulica en América Latina. Lea aquí el pronunciamiento de la Alianza Latinoamericana frente al Fracking. Acceda en línea al informe Principio de Precaución: Herramienta Jurídica ante los impactos del fracking.
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Alarma a sociedad civil nuevo intento de simulación de consulta para hidroeléctrica Las Cruces en Nayarit
En el marco del Día Internacional de Acción contra las Represas y por los Ríos, el Agua y la Vida, comunidades indígenas y organizaciones de la sociedad civil urgen a las autoridades a garantizar los derechos de los pueblos indígenas, y a cumplir con la legislación vigente en toda determinación relacionada con el proyecto hidroeléctrico Las Cruces. CDMX. En México, como en otras partes del mundo, la construcción y operación de grandes represas ha impactado irreversiblemente el patrimonio natural y cultural de las zonas donde se erigen. De manera reiterativa, las comunidades indígenas y campesinas sufren afectaciones a su cultura, su modo de vida, su religión y su territorio[i]. El derecho a la consulta previa es uno de sus derechos violentados con mayor frecuencia. Tal es el caso del proyecto hidroeléctrico Las Cruces, promovido por la Comisión Federal de Electricidad en Nayarit, la cual pretende construir un sistema de represas en la cuenca del río San Pedro Mezquital, última corriente fluvial del océano Pacífico con recorrido libre hasta el mar desde la Sierra Madre Occidental. Además de la afectación al río San Pedro, este proyecto también impactaría gravemente al bosque de manglar Marismas Nacionales, reserva de la biosfera y humedal de importancia internacional reconocido por la Convención Ramsar. De imponerse este proyecto hidroeléctrico, es importante destacar que Las Cruces estaría sin operar el 66 por ciento de su vida útil. Esto significa que sólo operaría regularmente cuatro de los 12 meses al año[ii], cubriría apenas el 0.9 por ciento de la demanda energética del Centro Occidente de México, y únicamente el 0.28 por ciento de la demanda total del país[iii]. Cabe recordar que la resolución de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) del 14 de septiembre de 2014, pone en entredicho la legitimidad del proceso de consulta que la CFE dijo haber realizado, y se condiciona la construcción de la presa a que se haga una consulta previa y adecuada para garantizar los derechos de las comunidades indígenas afectadas[iv]. Existe alarma entre las comunidades porque al parecer, mediante la organización Kinto Sol, se busca sacar adelante el proyecto hidroeléctrico Las Cruces a través de la elaboración y aprobación de un supuesto Plan de Desarrollo Regional 2015-2025. Se cuenta con indicios suficientes para considerar que este plan pudiera manipularse como ejercicio de consulta previa a las comunidades indígenas de la zona del San Pedro Mezquital[v]. El derecho internacional ha reconocido reiteradamente el deber de los Estados de consultar[vi] y, en algunos casos, de obtener el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas antes de tomar acciones que afecten sus derechos[vii], incluyendo la aprobación e implementación de proyectos de desarrollo en sus territorios ancestrales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha establecido que, para que un proceso de consulta se considere adecuado, la consulta debe ser[viii]: a) previa; b) de buena fe y con la finalidad de llegar a un acuerdo; c) adecuada y accesible; d) debe llevarse a cabo un estudio previo de impacto ambiental y social independiente y objetivo, y e) debe ser informada[ix]. “Si alguno de los criterios señalados por la CIDH se incumple, se estaría en presencia de un proceso de difusión de información, pero no de una consulta previa que garantice los derechos de las poblaciones afectadas”, dijo Sandra Moguel, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente. A través de acciones como las que al parecer se realizan desde Kinto Sol, se busca simular acuerdos para hacerlos pasar como una supuesta consulta indígena. Sin embargo, aun cuando este proceso se hubiese dado, estaría viciado de origen, ya que la consulta no se dio desde la primera vez, cuando se menciona el sitio donde se situaría la hidroeléctrica, su capacidad de producción e infraestructura y los territorios afectados; esto es, se debió involucrar a la comunidades indígenas antes del diseño del proyecto en cuestión. Por lo tanto, la consulta previa, libre e informada a los pueblos y comunidades indígenas afectados debió realizarse desde el 2008, cuando la CFE obtuvo autorización por parte de la SEMARNAT para realizar los estudios de exploración y factibilidad de la hidroeléctrica Las Cruces[x], de tal forma que pudiesen involucrar a los pueblos indígenas en el diseño del proyecto desde una fase temprana para que dichos pueblos decidieran cómo visualizar el proyecto en su propio concepto de desarrollo. Esto, antes siquiera de autorización o exploración[xi] alguna. Nuestro territorio es parte fundamental de nuestra cultura. Por la falta de respeto a nuestra cultura con la simulación de una consulta, y la amenaza de despojo que entraña, solicitamos la cancelación definitiva del proyecto hidroeléctrico Las Cruces”, dijo Julián López Cánare del Consejo Náyeri. [i] Según la Comisión Mundial de Represas, entre 40 y 80 millones de personas han sido desplazadas por grandes represas, lo que equivale aproximadamente a una de cada cien personas vivas hoy en día. [ii] Cap. II Pág. 77 de la Manifestación de Impacto Ambiental http://www.aida-americas.org/sites/default/files/MIA%20Las%20Cruces%20Resumen%20Ejecutivo.pdf [iii] Cap. II Págs.18 y 19 de la Manifestación de Impacto Ambiental [iv] SEMARNAT, Autorización de Impacto Ambiental del proyecto Hidroeléctrico Las Cruces, disponible en http://www.aida-americas.org/sites/default/files/MIA%20Las%20Cruces%20Resumen%20Ejecutivo.pdf [v] https://drive.google.com/a/aida-americas.org/file/d/0B37flPaDBcIoNHZQU3N6VFVYUzg/view?usp=sharing [vi] Asamblea General de las Naciones Unidas, Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los pueblos indígenas, A/RES/61/295, art. 18; Convenio No 169 de la OIT, Artículo 6.1a., 6.2, 15.2. [vii] Ibid, art. 32.2. [viii] Corte IDH. Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 27 de junio de 2012, Serie C No. 245, párr. 178, y Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 133. [ix] Ídem. [x] Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, oficio 138.01.00.01/4323/08 del 11 de noviembre de 2008, disponible en http://www.aida-americas.org/sites/default/files/Autorizacion%20de%20Impacto%20Ambiental%20Hidroelectrica%20Las%20Cruces.pdf [xi] Ídem.
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