Prensa

May 05 2015 Cambio Climático

Organizaciones de la sociedad civil piden poner fin al inhumano y ambientalmente nocivo programa de fumigación aérea con glifosato en Colombia

El 27 de abril de 2015, el Ministerio de Salud de Colombia recomendó́ a las autoridades antinarcóticos del país suspender inmediatamente el uso de fumigación aérea para erradicar cultivos de coca, planta utilizada para producir cocaína. Esta recomendación vino después del anuncio hecho en marzo por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud, la cual determinó que el glifosato, el herbicida químico utilizado en la fumigación, era "probablemente cancerígeno" para los humanos[i]. Actualmente, el Gobierno de Colombia está considerando aplicar esta recomendación. Mientras tanto, y en respuesta a la recomendación del Ministerio de Salud, el director de la Policía Nacional de Colombia pidió́ que la fumigación se realice lejos de casas y cultivos de alimentos. Aplaudimos la recomendación del Ministerio de Salud y urgimos al Gobierno colombiano a suspender el programa de fumigación aérea destinado a erradicar cultivos de coca y amapola que son considerados de uso ilícito. Durante más de quince años, organizaciones de la sociedad civil en Estados Unidos y Colombia han pedido que se ponga fin a este programa inhumano y nocivo para el ambiente. La sustancia química utilizada en la fumigación daña ecosistemas vulnerables y cultivos de alimentos. El químico es rociado rutinariamente sobre casas, animales domésticos y fuentes de agua. La seguridad alimentaria de comunidades indígenas y afrocolombianas, y de agricultores de pequeña escala ha sido afectada; y se han ignorado las múltiples denuncias sobre impactos en la salud de personas afectadas por las fumigaciones. Al destruir los cultivos de uso ilícito sin apoyar adecuadamente la transición de los campesinos a la siembra de alimentos, la fumigación aérea provoca desplazamiento y daños ambientales mientras las personas y los cultivos considerados ilícitos pasan de una zona a otra. A pesar del alto costo humano y ambiental, ha sido evidente durante casi una década que la fumigación no ha reducido el cultivo de coca de uso ilícito a nivel nacional. Los productores se han adaptado a la fumigación de diversas maneras, y mediciones del gobierno de Estados Unidos han identificado que la cantidad de coca sembrada en 2007 es la misma a la sembrada en 2001. Las reducciones identificadas desde entonces han sido producto de una mayor presencia del Estado en algunas zonas tradicionales de producción de coca. Ello ocurrió́ durante un periodo constante de reducción de fumigación. Por otra parte, el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, que actualmente negocian un acuerdo de paz para poner fin a más de cincuenta años de conflicto armado, han llegado ya a un acuerdo sobre política antidrogas que limita la fumigación aérea a una herramienta de última instancia, enfatizando en su lugar la cooperación con comunidades agrícolas rurales para realizar el tránsito de cultivos de coca y amapola de uso ilícito a la siembra de alimentos y a otras actividades económicas. El Gobierno de Colombia y también el de Estados Unidos, el cual ha brindado apoyo político y material al programa de fumigación aérea, deben aprovechar este momento para adherirse a las reformas propuestas en este acuerdo. Ya es tiempo de avanzar hacia soluciones más humanas y sostenibles. Latin America Working Group (LAWG) Washington Office on Latin America (WOLA) Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) Oxfam Environmental Investigation Agency Center for International Policy (CIP) Open Society Foundations Global Drug Policy Program and Latin America Program Institute for Policy Studies, Drug Policy Project Jesuit Conference, National Advocacy Office AFL-CIO United Church of Christ, Justice and Witness Ministries Drug Policy Alliance Amazon Watch Colombia Human Rights Committee Witness for Peace Mennonite Central Committee U.S. Washington Office MamaCoca La Corporación Jurídica Yira Castro La Plataforma Colombiana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo Corporación Colectivo de Abogados "José́ Alvear Restrepo" Organizaciones y Procesos del Congreso de los Pueblos Intereclesiastical Commission of Justice and Peace Comunidades Construyendo Paz en los Territorios (CONPAZ) Censat Agua Viva de Colombia La Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU) Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) Asociación Ambiente y Sociedad (AAS) [i] La determinación de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC en inglés) fue hecha por 17 expertos de 11 países, quienes determinaron que el glifosato era "probablemente cancerígeno" para los humanos. En un artículo publicado en The Lancet, la IARC afirmó que el glifosato "inducía daños en el ADN cromosómico de los mamíferos, y en células humanas y animales in vitro" y que "los estudios de caso y controles de exposición ocupacional en EE.UU., Canadá y Suecia informaron de mayores riesgos de linfoma non-Hodgkin".

April 29 2015

Gobierno de Colombia debe suspender inmediatamente uso de glifosato en la erradicación de cultivos de uso ilícito

Gobierno de Colombia debe suspender inmediatamente uso de glifosato en la erradicación de cultivos de uso ilícito. Bogotá, Colombia. El glifosato, herbicida usado para erradicar cultivos considerados ilícitos en Colombia, ha sido clasificado como sustancia probablemente cancerígena para las personas por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Con base en ello, el Ministerio de Salud de Colombia recomendó al Ministerio de Justicia de ese país "suspender de manera inmediata el uso del glifosato en las operaciones de aspersión aérea para la erradicación de cultivos ilícitos del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante la aspersión aérea con el herbicida Glifosato (PECIG)". La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) respalda esa recomendación a fin de que se protejan los derechos a la salud y a un ambiente sano en Colombia, ambos ligados estrechamente al derecho a la vida. Instamos al gobierno a cumplir sus obligaciones nacionales e internacionales atendiendo las conclusiones a las que llegaron las máximas autoridades de salud para evitar mayores daños al ambiente y a las personas. Desde hace quince años, AIDA, junto con otras organizaciones, viene alertando sobre los graves impactos en la salud y el ambiente del glifosato y sobre la necesidad de aplicar el principio de precaución para suspender el programa de fumigaciones en Colombia. Astrid Puentes Riaño, abogada y codirectora de AIDA: "Colombia, como ningún otro país, ha usado millones de litros de glifosato que no han logrado destruir los cultivos de coca y amapola, pero que sí han dañado irremediablemente la salud y el ambiente. Así que sin excusas o demoras, el Consejo Nacional de Estupefacientes debe actuar responsablemente y suspender de inmediato el uso del glifosato en la erradicación de cultivos considerados de uso ilícito". Anna Cederstav, codirectora de AIDA y PhD en Química: "La evidencia científica sobre los impactos del glifosato en el ambiente y la salud es suficiente para respaldar una decisión de suspensión de la aspersión aérea del glifosato en Colombia".

April 28 2015

Piden al Gobierno mexicano revocar autorización que dañará la Reserva de los Tuxtlas y el Sistema Arrecifal Veracruzano

Inicia campaña de firmas a través de Change.org. Piden a Conanp y Semarnat impedir uso de explosivos en Los Tuxtlas y la destrucción de la barrera coralina del puerto de Veracruz. Distrito Federal, México. Organizaciones de la sociedad civil respaldaron la petición respetuosa lanzada este miércoles al Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan José Guerra Abud, para solicitarle la revocación de la autorización en materia ambiental expedida a favor de la Administración Portuaria Integral de Veracruz (APIVER) en junio del 2014 para explotar roca basáltica en la Reserva de la Biósfera Los Tuxtlas. El estado de Veracruz alberga dos de los tesoros naturales más importantes de México y el mundo: El Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV) y la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas (RBLT). Ambos están en grave riesgo por la decisión del gobierno mexicano de ampliar el puerto de Veracruz. Por ello, a través del portal Change.org, la petición lanzada hoy[1] pide también al nuevo titular de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (CONANP), Alejandro del Mazo, que incremente la protección del Sistema Arrecifal Veracruzano (SAV), inscribiéndolo en el Registro Montreux, una lista especial de humedales que permitiría al sitio recibir atención internacional especial y que México obtenga asesoría y recursos financieros para preservarlo. Con motivo de la ampliación del puerto, el gobierno modificó[i], sin la suficiente información científica, la superficie del PNSAV y autorizó la ampliación mencionada dentro del SAV, sitio enlistado en la Convención Ramsar, la cual es un tratado intergubernamental que protege humedales de importancia internacional. El gobierno no puede ir en contra de normas nacionales e internacionales y debe considerar los impactos acumulativos que el proyecto tendrá en el ecosistema debido, entre otras cosas, al crecimiento poblacional y al mayor tráfico marítimo en el puerto. Con esta autorización se permitió la construcción de dos rompeolas con una longitud conjunta de protección de 7 mil 740 metros, una dársena principal de 800 metros de diámetro, nueve tipos de terminales de muelles y 30 posiciones de atraque para embarcaciones. En total, el proyecto de la ampliación del puerto de Veracruz abarcará una superficie de alrededor de 910 hectáreas, el doble del tamaño actual del puerto. La remoción, fragmentación y asolvamiento de los arrecifes de coral del SAV, y su desaparición por terrenos ganados al mar, dañarán irreversiblemente la salud[ii]de toda la barrera coralina, el sistema más resiliente de México. El gobierno autorizó también la extracción de dos millones de metros cúbicos de piedra basáltica en la Reserva de la Biósfera Los Tuxtlas para la construcción de las escolleras del nuevo puerto. Dicho proyecto se ejecutará en un predio de 52 hectáreas en el ejido Balzapote, municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz. El Programa de Manejo de la Reserva de los Tuxtlas prohíbe expresamente el uso de explosivos dentro del área. El ruido y la presencia de personal afectarán el comportamiento habitual de la fauna, especialmente del mono aullador. La explotación de roca en Los Tuxtlas alterará irreversiblemente la topografía, la vegetación y los servicios ecosistémicos del área[iii], amén de que contraviene los propósitos de la Reserva. De igual forma, aumentará la vulnerabilidad de la zona núcleo de eventos climáticos como "nortes", tormentas tropicales y huracanes, frecuentes en la región. El SAV comprende al menos 23 arrecifes de diferente tamaño, forma y profundidad. En él conviven ecosistemas de arrecifes de coral, lechos marinos submareales, aguas marinas someras, playas de arena y manglares. En 1992 fue declarado Área Natural Protegida y en 2004, registrado como Humedal de Importancia Prioritaria Internacional bajo la Convención Ramsar. Este parque nacional es hábitat de corales, delfines y tortugas marinas. Tiene una alta productividad pesquera y una gran belleza escénica. Sus arrecifes son reguladores del clima y funcionan como barrera contra olas y tormentas, como ocurrió en 2010 cuando amortiguaron el embate del huracán Karl de categoría cuatro[iv] en la ciudad de Veracruz. Es por ello que, a través de esta campaña se pide la firma de la ciudadanía a la petición, de forma que el gobierno mexicano, particularmente la Semarnat, revoque la autorización en materia de impacto ambiental otorgada y cumpla con su función primordial de proteger el patrimonio natural de México. FIRMA ESTA PETICIÓN [i]El gobierno federal determinó expedir un nuevo decreto de parque nacional donde se elimina de la poligonal de protección a los arrecifes de Punta Gorda y la Bahía de Vergara. [ii]Ortiz Lozano, Spatial and Temporal Effects of Port Facilities Expansion on the Surface Area of Shallow Coral Reefs, Environmental Management, Volume 52, Number 1, 2013 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23754090 [iii]Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Opinión técnica al proyecto de explotación en Los Tuxtlas, oficio E00.7.DRPCGM-0126/2014, Dirección Regional Planicie Costera y Golfo de México - 25 de febrero de 2014 [iv]Administración Oceánica y Atmosférica Nacional (NOAA), Departamento de Comercio, U.S. Gobierno de los Estados Unidos, disponible en: http://oceanservice.noaa.gov/podcast/feb10/dd022410transcript.html

April 14 2015 Océanos, Minería

Proyecto minero Don Diego pone en grave riesgo a ecosistema marino en México

AIDA hizo comentarios a la Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto de minería marina de fosfato ubicado en Baja California Sur, el cual debe ser rechazado porque no existe la información suficiente para garantizar que no dañará gravemente un entorno vital para especies amenazadas y comunidades costeras. Distrito Federal, México. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) hizo comentarios a la Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto de minería de fosfato Don Diego, ubicado en la Bahía de Ulloa, Baja California Sur. Evidenciamos que el documento carece de información técnica suficiente para garantizar que el proyecto no dañará gravemente la Bahía, ecosistema marino del que dependen comunidades costeras y especies de fauna como las ballenas Azul, Jorobada y la Tortuga Caguama. Los comentarios fueron presentados en nuestro nombre a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), nuestra organización participante. "Los comentarios demuestran que el proyecto Don Diego, el primero de su tipo en la región, podría causar daños ambientales serios", dijo Haydée Rodríguez, abogada de AIDA. En ese sentido, las razones principales por las que el proyecto no debe ser autorizado, tal y como ha sido presentado, son las siguientes: El proyecto podría generar daños irreversibles en una zona ecológicamente vulnerable y rica en biodiversidad que incluye a la Bahía Magdalena, ecosistema de manglar considerado Región Marina de Importancia. La zona es además hogar de especies marinas amenazadas y de otras vitales para la industria pesquera. La Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto carece de información importante sobre sus posibles impactos en el ecosistema marino y las medidas para evitarlos. El proyecto implica un proceso minero que alteraría en gran medida el entorno marino: grandes barcos dragarán el lecho marino y extraerán arena en busca de fosfato, pero al hacerlo podrían también extraer organismos vivos. El proyecto implica la alteración del ecosistema marino con sedimentos que, tras ser procesados, serán devueltos al océano exponiendo elementos tóxicos como el Uranio. Los sedimentos tóxicos expuestos, el dragado y el ruido de la operación minera alterarán el hábitat de especies vulnerables de ballena y tortuga. El Estado mexicano tiene obligaciones nacionales e internacionales para aplicar el Principio Precautorio. De ese modo, debe negar el permiso al proyecto hasta asegurar que el mismo no generará daños ambientales graves e irreversibles. De autorizar el proyecto, el Estado mexicano podría violar tratados internacionales que está obligado a cumplir sobre la protección de entornos marinos y especies vulnerables. El proyecto pone en riesgo actividades de pesca y turismo de las que depende el sustento de comunidades costeras de la zona. Consulte aquí nuestros comentarios a la Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto.

March 17 2015 Derechos Humanos, Derechos Indígenas

Organizaciones piden a la CIDH fortalecer la obligación de los Estados de supervisar la actividad de las empresas ante violaciones de derechos humanos

En audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se refirieron a las oportunidades que tiene esa entidad para atender la problemática mediante la creación, fortalecimiento e implementación de estándares internacionales en materia de derechos humanos y empresas. Washington D.C. En audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organizaciones de la sociedad civil solicitaron que esa entidad brinde una atención adecuada a la problemática, cada vez más reiterada en el hemisferio, de violaciones de derechos humanos cometidas por empresas. La audiencia fue solicitada de forma conjunta por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), organización regional; la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) de Perú; el Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA) de Argentina; y Justiça Global de Brasil. Las organizaciones destacaron positivamente la apertura de la Comisión para tratar por primera vez y de manera directa al tema de empresas y derechos humanos en una audiencia pública. “A través de diferentes mecanismos y en años recientes, la Comisión ha recibido un gran volumen de información sobre situaciones y casos de violaciones de derechos humanos en los que actores empresariales han jugado un papel central, pero la problemática se profundiza ante la falta de soluciones efectivas. En ese sentido, uno de los mayores retos de la Comisión es encontrar vías para abordar el tema adecuadamente y ayudar a que los Estados y las mismas empresas cumplan sus obligaciones en materia de derechos humanos”, explicó Astrid Puentes, codirectora ejecutiva de AIDA. Como parte de su trabajo, las organizaciones han visto que entre los aspectos más recurrentes del problema están los impactos de megaproyectos e industrias extractivas en los derechos humanos y el ambiente; las dificultades para garantizar el derecho a la participación y acceso a la información de personas y comunidades afectadas por actividades empresariales; la ausencia de Evaluaciones de Impacto sobre los Derechos Humanos; violaciones sistemáticas de derechos laborales y prácticas de trabajo forzado; la privatización de la fuerza pública para resguardar actividades empresariales; así como agresiones y criminalización de personas que defienden el ambiente, el territorio y los derechos humanos. En la audiencia, las organizaciones recordaron que ya existe camino recorrido en el desarrollo de estándares internaciones en materia de derechos humanos y empresas. Un ejemplo de ello, detallaron, son los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. “Sin embargo, dicho instrumento no ha sido lo suficientemente efectivo para evitar que la vulneración de derechos humanos continúe porque su cumplimiento es voluntario y porque presenta vacíos jurídicos. Tampoco existe una regulación efectiva de las obligaciones territoriales y extraterritoriales del Estado con relación a la responsabilidad de las corporaciones transnacionales en los ámbitos nacionales, regionales e internacionales. Ese vacío impide la salvaguarda de los derechos de los pueblos y el acceso a la justicia y a la compensación de las víctimas”, dijo Alexandra Montgomery, de Justiça Global. En ese sentido, las organizaciones presentaron información sobre las oportunidades que tiene la Comisión para fortalecer la implementación de los estándares existentes. Al respecto, resaltaron los siguientes puntos: La Comisión debe impulsar el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas. Ello incluye la necesidad de que los Estados supervisen adecuadamente la actividad empresarial y establezcan obligaciones vinculantes para las empresas, ya que el carácter voluntario de los Principios Rectores compromete y pone en riesgo la protección de los derechos humanos. Con base en la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos relativa a las obligaciones estatales de respeto y garantía, la Comisión puede desarrollar medidas específicas para que los Estados supervisen las actividades empresariales para asegurar que en ellas no se violen los derechos humanos. El respeto de los derechos humanos por parte del Estado y las empresas no está sujeto a consideraciones económicas o políticas. Es necesario fortalecer el acceso a la justicia de las víctimas de violaciones de derechos humanos por parte de actores empresariales a través de recomendaciones para el mejoramiento e implementación de mecanismos de rendición de cuentas de las empresas y de espacios internacionales como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Esperamos que como resultado de la audiencia, la Comisión inicie un proceso de diálogo en el que incorpore la experiencia de las organizaciones de la sociedad civil y de instituciones de Naciones Unidas para fortalecer el respeto y garantías de los derechos humanos en la región”, concluyó Gloria Cano, de APRODEH. CONSULTE LA TRANSCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA EN LA AUDIENCIA VIDEO DE LA AUDIENCIA:

February 10 2015 Derechos Indígenas, Derechos Humanos

Proyecto Barro Blanco, registrado bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio de la ONU, es suspendido por incumplimiento de su Evaluación de Impacto Ambiental

Ciudad de Panamá, Panamá y Ginebra, Suiza. En una decisión histórica, la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) de Panamá ordenó ayer la suspensión temporal de la construcción del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco debido al incumplimiento de su Evaluación de Impacto Ambiental. La represa fue registrada bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) de la ONU pese a que amenaza con inundar el territorio de las comunidades Ngäbe Buglé. En momentos en que los delegados de los gobiernos están reunidos en Ginebra, Suiza, para elaborar el borrador del texto de negociación de un nuevo acuerdo climático global, la decisión tomada por la ANAM ilustra por qué la necesidad de que el acuerdo incorpore el respeto a los derechos humanos, incluidos los derechos de los pueblos indígenas. En Ginebra, varios países ya han insistido en la necesidad de que las acciones climáticas respeten, protejan, promuevan y cumplan con los derechos humanos de todos y todas. "Panamá ha dado un primer y fundamental paso para proteger los derechos de las comunidades Ngäbe que no fueron consultadas adecuadamente sobre el proyecto Barro Blanco, registrado bajo el MDL. Pero aún se necesita mucho trabajo", señaló Alyssa Johl, abogada sénior del Centro para el Derecho Ambiental Internacional. "Panamá debe reconocer urgentemente sus obligaciones de proteger los derechos humanos en las acciones climáticas, como Barro Blanco; y debe hacerlo apoyando el llamado a incluir la protección de los derechos humanos en el régimen climático de la ONU". Los actuales mecanismos climáticos como el Mecanismo de Desarrollo Limpio no brindan incentivos para la implementación sostenible de acciones climáticas ni ofrecen recursos en caso de impactos adversos. "La Junta Directiva del MDL aprobó el proyecto cuando era claro que la represa inundaría los hogares de numerosas familias indígenas. Esta decisión es una señal de advertencia para introducir salvaguardas para proteger los derechos humanos, incluidas consultas adecuadas con los afectados y un mecanismo de queja", comentó Eva Filzmoser, directora de Carbon Market Watch. La decisión de la ANAM fue motivada por una investigación administrativa que determinó un incumplimiento de la Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto. Ello incluye la falta de definición de acuerdos con las comunidades indígenas afectadas, deficiencias en los procesos de negociación, ausencia de un plan de manejo arqueológico para la protección de los petroglifos y otros hallazgos, incumplimientos reiterados en el manejo de la erosión y sedimentación, mal manejo de residuos sólidos y peligrosos, y extracción de madera sin autorización. El Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) de Panamá consideró apropiado que la ANAM haya tomado medidas efectivas e inmediatas para frenar esta obra ante hallazgos que reflejan una inadecuada gestión ambiental de la empresa, y que requieren una investigación y sanción ejemplares. "Durante 15 años de oposición al proyecto Barro Blanco, hemos denunciado violaciones a nuestros derechos humanos e irregularidades en los procedimientos ambientales. Estas denuncias nunca fueron escuchadas. Hoy vemos con satisfacción que las autoridades nacionales las han reconocido y han suspendido el proyecto como primer paso para el diálogo. Sin embargo, mantenemos la posición de la comunidad de solicitar la cancelación de este proyecto como única vía para proteger nuestros derechos humanos y territorio. Esperamos que esto sea un ejemplo para la comunidad internacional, para otros proyectos hidroeléctricos en Panamá y en todos los países", señaló Weni Bagama, integrante del Movimiento 10 de abril (M-10). "Cualquier diálogo entre las comunidades afectadas, el gobierno y la empresa tiene que ser transparente, de buena fe y respetuoso de los derechos de las comunidades, e incluir todas las garantías para que éstas participen en igualdad de condiciones y para que los acuerdos sean plenamente respetados", señaló María José Veramendi Villa, abogada sénior de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). "En ese diálogo, el Estado debe tomar en cuenta todas las violaciones de derechos humanos denunciadas por las comunidades desde la aprobación del proyecto". La suspensión de la represa hidroeléctrica Barro Blanco es celebrada por grupos ambientales en todo el mundo después de años de esfuerzo para apoyar a los pueblos indígenas de la comarca Ngäbe Buglé, la cual ha enfrentado opresión y violaciones de sus derechos. Ahora los ojos están puestos en la reacción de los bancos involucrados en el financiamiento del proyecto. Entre ellos están el Banco de Desarrollo Alemán (DEG) y el Banco de Desarrollo Holandés (FMO), entidades ante las cuales el M-10 presentó una queja en representación de las comunidades indígenas. "Urgimos a los bancos a frenar el desembolso de los fondos restantes hasta que los problemas sean resueltos y las comunidades indígenas estén de acuerdo con el proyecto", dijo Kathrin Petz de Urgewald.

February 09 2015 Transparencia y Rendición de Cuentas, Cambio Climático

La Conferencia de Ginebra debe dar claridad para un financiamiento climático adecuado

El camino hacia un nuevo acuerdo climático global, iniciado en la Conferencia Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP20) de Lima, Perú, continuará esta semana en Ginebra, Suiza. Allí, delegados de países se reunirán para trabajar a detalle en los elementos de lo que será el borrador del nuevo acuerdo. Uno de esos elementos es el financiamiento, factor clave para que los países en desarrollo le hagan frente al cambio climático. "Esperamos que la sesión de Ginebra concluya con un texto de negociación que brinde claridad para un financiamiento predecible y sostenible; se necesita establecer con certeza de dónde vendrán los recursos, qué instituciones los manejarán y cómo lo harán; así como garantizar que estos esfuerzos contribuirán a un desarrollo bajo en emisiones y resiliente al clima en países en desarrollo", dijo Andrea Rodríguez, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). La Conferencia en Perú terminó con el Llamado de Lima a la Acción Climática, documento cuyos anexos contienen los elementos esenciales para el borrador de texto de negociación del nuevo acuerdo climático a ser firmado en la COP21 de París. Se espera que en Ginebra se intensifique el trabajo en torno a esos elementos y que de esa sesión salga un texto de negociación que tendrá fuerza legal bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Dada la relevancia de la Conferencia de Ginebra y en términos de financiamiento climático, desde AIDA recomendamos a los negociadores que el borrador del nuevo acuerdo incorpore los siguientes aspectos: Disposiciones claras sobre quienes tienen la obligación de movilizar recursos. Metas claras para después de 2020 a partir de una ruta con objetivos de financiamiento público anuales. Incremento gradual de recursos para asegurar el cumplimiento del compromiso ya existente de movilizar 100 millones de dólares a partir del 2020, y para permitir que los países planifiquen sus acciones climáticas. Movilización de recursos predecible, adecuada y suficiente para promover la transición hacia un desarrollo bajo en emisiones y resiliente al clima en países en desarrollo. Asignación balanceada de recursos y financiamiento equilibrado de acciones tanto de mitigación como de adaptación. Definiciones de financiamiento climático e inversiones climáticas. Claridad sobre qué instituciones de financiamiento climático movilizarán y otorgarán recursos, cuáles funcionarán y cómo. Reconocimiento del Fondo Verde Climático como la entidad primordial para movilizar recursos, sin la exclusión de otros fondos. Fortalecimiento del mandato del Comité Permanente de Financiamiento como entidad a cargo de garantizar la coherencia y armonía entre el trabajo de las diferentes instituciones financieras. AIDA es una organización internacional ambiental que usa las leyes para defender el derecho a un ambiente sano en el continente americano. "Cambio climático" es una de nuestras cinco líneas estratégicas. El cambio climático global tiene el potencial de ser la amenaza más generalizada y de largo alcance para a la salud ambiental y AIDA está desarrollando instrumentos legales para proteger a las comunidades humanas más vulnerables.

February 02 2015

En su día, el Humedal Bahía de Panamá recibe protección con fuerza de ley

Con ocasión del Día Mundial de los Humedales, el Presidente de Panamá sancionará la Ley de la República que ratifica la condición de área protegida del sitio. CIAM y AIDA aplauden la decisión que fortalece la protección de un ecosistema clave para la biodiversidad, la provisión de agua dulce y la lucha contra el cambio climático. Ciudad de Panamá, Panamá. En un acto oficial en el Día Mundial de los Humedales, el Presidente Juan Carlos Varela sancionará la ley que confirma la condición de área protegida del Refugio de Vida Silvestre Humedal Bahía de Panamá, la cual fue establecida inicialmente por Resolución Administrativa. El gobierno fortalece así la protección legal de un ecosistema vital para la provisión de agua dulce, la reproducción de especies de alto valor comercial y alimenticio, la conservación de la biodiversidad y la mitigación del cambio climático. "Recibimos con agrado una ley que evidencia la importancia que este espacio tiene para el ambiente y las poblaciones de sus alrededores. Proteger las 85,652 hectáreas que componen el territorio marino-costero de los humedales de la Bahía de Panamá es misión de todos", afirmó Brooke Alfaro, Presidente de la Junta Directiva del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM). La Bahía es uno de los sitios de anidación y descanso más importantes del mundo para aves migratorias y hogar de especies amenazadas. Sus manglares ayudan a combatir el cambio climático al capturar el carbono de la atmósfera, y a mitigar sus efectos, al servir de amortiguamiento costero frente a huracanes y tormentas. En 2003, fue declarado sitio de importancia mundial bajo la Convención Ramsar, tratado internacional para la conservación de humedales. "Felicitamos al Gobierno panameño porque esta ley es un gran avance para la protección del humedal y el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado, y sirve como ejemplo para otros países de la región. La ley enfatiza los conceptos de uso racional, enfoque ecosistémico y características ecológicas del humedal contenidos en la Convención Ramsar", dijo Haydée Rodríguez, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Durante el proceso de aprobación de la norma, el equipo legal y científico de CIAM, con apoyo de AIDA, contribuyó al fortalecimiento del proyecto de ley para asegurar que éste garantice un manejo racional de los recursos del humedal. Ambas organizaciones acompañarán y apoyarán al Gobierno de Panamá en la implementación de la ley. "Debemos establecer un plan de manejo adecuado para asegurar la protección del humedal para las generaciones presentes y futuras", agregó Rodríguez. "Gracias al apoyo de la ciudadanía, organizaciones de la sociedad civil, la Corte Suprema de Justicia, diputados y gobierno, se ha logrado garantizar la protección del Humedal Bahía de Panamá", dijo Alfaro. En los últimos años, el lugar ha sido impactado por la expansión de proyectos inmobiliarios, con la consecuente canalización de sus ríos, su drenaje y el relleno de áreas naturales. Con la nueva ley, se prohíben actividades que atenten contra la integridad ecológica del sitio y se reafirman además los límites del área, mismos que sólo podrán ser modificados mediante otra ley.

January 16 2015

La protección del Humedal Bahía de Panamá ahora tiene fuerza de ley

El Congreso panameño elevó a rango de ley la resolución que declara área protegida al humedal. La decisión fortalece la protección de un ecosistema clave para la conservación de la biodiversidad del país y la mitigación del cambio climático. Ciudad de Panamá, Panamá. Los diputados de la Asamblea Nacional de Panamá decidieron elevar a rango de ley la declaratoria de área protegida del Refugio de Vida Silvestre Humedal Bahía de Panamá, la cual fue establecida inicialmente mediante Resolución Administrativa. De ese modo, se fortaleció la protección de un ecosistema vital para la biodiversidad del país y la lucha contra el cambio climático. El Humedal Bahía de Panamá es uno de los sitios de anidación y descanso más importantes del mundo para aves migratorias y hogar de especies amenazadas. Sus manglares ayudan a combatir el cambio climático al capturar el carbono de la atmósfera, y a mitigar sus efectos, al servir de amortiguamiento costero frente a huracanes y tormentas. En 2003 fue declarado sitio de importancia mundial bajo la Convención Ramsar, tratado internacional para la conservación de humedales. A pesar de su importancia, la Bahía de Panamá está en riesgo por la expansión urbanística de la ciudad de Panamá, la cual conlleva la canalización de ríos, el drenaje y relleno de humedales. En años anteriores hubo intentos de reducir el área protegida para dar paso a desarrollos inmobiliarios. Con esta nueva ley, se prohíben actividades que atenten contra la integridad ecológica del sitio y se reafirman además los límites del área, mismos que sólo podrán ser modificados mediante otra ley. Durante el proceso de aprobación de la norma, el equipo legal y científico del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), con apoyo de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), contribuyó al fortalecimiento del proyecto de ley para asegurar que éste garantice un manejo racional de los recursos del humedal. "Esta ley implica un gran avance para la protección del Humedal Bahía de Panamá y el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado. La ley enfatiza los conceptos de uso racional, enfoque ecosistémico y características ecológicas del humedal contenidos en la Convención Ramsar", dijo Haydée Rodríguez, abogada de AIDA. El siguiente paso es la adecuada implementación de la norma. "Debemos establecer un plan de manejo adecuado para asegurar la protección del ecosistema", agregó Rodríguez. Un 90% de los ingresos generados por la pesca en Panamá provienen de especies que se refugian en la Bahía en alguna época del desarrollo de su vida. "La ley es un claro indicio de la importancia que este espacio tiene para el ambiente y las poblaciones de sus alrededores. Proteger las 85,652 hectáreas que componen el territorio marino-costero de los humedales de la Bahía de Panamá es misión de todos", dijo Brooke Alfaro, Presidente de la Junta Directiva de CIAM. CIAM y AIDA confían en que la pronta sanción de la ley por parte del Presidente de la República contribuirá a la conservación de los humedales de la Bahía de Panamá para las presentes y futuras generaciones.

January 15 2015

Las regulaciones de Obama para la emisión de gas metano deben reflejarse en América Latina

En la reciente serie de acciones ejecutivas para combatir el cambio climático, el Presidente Obama anunció ayer sus planes para regular más estrictamente a las industrias estadounidenses de gas y petróleo con la meta de reducir las emisiones de metano hasta en 45 por ciento durante la próxima década. Si bien esta acción es un paso decisivo en la dirección correcta, defensores del ambiente han respondido que los estándares establecidos para nuevas tecnologías no son suficientes para contrarrestar una de las principales fuentes de emisiones de la industria: los derrames y descargas de equipos obsoletos. "Esperamos ver la implementación de éstas y otras acciones más ambiciosas en la región. América Latina debe comenzar incluso por medir de forma confiable las emisiones de metano de todos los sectores clave, incluyendo el petrolero y el gasífero," dijo Astrid Puentes Riaño, Codirectora Ejecutiva de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). "Esto es particularmente importante siendo que los sectores de gas y petróleo, incluyendo el de fracking, van teniendo cada vez más presencia como fuerzas impulsoras del desarrollo en la región," concluyó. Pese a que la industria en América Latina está rezagada en comparación con Estados Unidos, han habido algunos avances en la región gracias al establecimiento de la Coalición Clima y Aire Limpio (CCAC por sus siglas en inglés) para reducir contaminantes de vida corta. Como miembro fundador, México está trabajando con Pemex, la paraestatal petrolera, en implementar mejoras tecnológicas para optimizar el monitoreo y control de las emisiones. Dado que los contaminantes de vida corta son un elemento clave para la mitigación del cambio climático, AIDA está trabajando para llamar la atención sobre los mismos, y motivar a los gobiernos en la región a enfrentarlos de manera efectiva.