Prensa

Julio 09 2015 Fuentes de Agua Dulce, Derechos Humanos, Derechos Indígenas, Grandes Represas

Represa Belo Monte podría empezar a operar pese al incumplimiento de condiciones socioambientales

Las condiciones para la protección de la salud, integridad y vida de la población afectada no se han cumplido. Organizaciones reiteran la vigencia de las medidas cautelares que la CIDH otorgó a favor de las comunidades indígenas de la cuenca del río Xingú, cuya situación de riesgo a causa de la represa persiste y ha empeorado. Altamira, Brasil; Washington, Estados Unidos. La represa Belo Monte está a punto de obtener la autorización para comenzar a operar. Ello podría ocurrir sin que se hayan cumplido las condiciones necesarias para proteger la salud, integridad y vida de la población afectada por el proyecto, incluidas las comunidades indígenas de la cuenca del río Xingú, sobre el cual se construye la hidroeléctrica con un avance de más del 70%. Ante tal situación, organizaciones de la sociedad civil solicitaron hoy a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mantener las medidas cautelares otorgadas en 2011 a favor de las comunidades indígenas de la cuenca del río Xingú. Lo hicieron como respuesta al pedido del Gobierno brasileño de levantar las medidas, que fueron otorgadas para evitar daños irreparables a los derechos de las comunidades. El escrito fue presentado por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Justiça Global, la Sociedad Paraense de Defensa de los Derechos Humanos (SDDH) y el Movimiento Xingú Vivo para Siempre (MXPVS) en representación de comunidades indígenas y ribereñas afectadas por la represa Belo Monte. Las organizaciones argumentan ante la CIDH que la situación social y ambiental en torno a Belo Monte sigue siendo grave, urgente y que se causarían daños irremediables. Lo hacen con base a un informe reciente del Instituto Socioambiental (ISA) de Brasil y a datos oficiales del gobierno que incluyen información de las autoridades de salud y de protección indígena, y del Ministerio Público. El informe de ISA analiza a detalle la situación de Altamira, Pará, región donde se construye Belo Monte, enfatizando las violaciones de derechos humanos e irregularidades del proyecto. El informe alerta que no existen las condiciones necesarias para que el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (IBAMA) otorgue la Licencia de Operación al proyecto y autorice el llenado de la represa, así como el desvío definitivo del Xingú, para que una parte de la hidroeléctrica comience a operar. Según el informe de ISA, las medidas para evitar los impactos del proyecto en salud, educación y saneamiento básico no se han cumplido. Ello derivará en otros daños como la desmembración de pueblos indígenas, la saturación de los servicios públicos de salud, menor calidad en la educación y mayor degradación forestal. “Las consecuencias que anunciamos hace años son ahora una realidad”, afirmó Astrid Puentes Riaño, codirectora de AIDA. “El llenado de la represa, previsto para fin de año, materializará la pérdida de viviendas, territorio y la modificación de los modos de vida tradicionales y fuentes de sustento de las comunidades del Xingú; por ello, las autoridades, de Brasil y la CIDH deben actuar efectivamente para evitar este desastre”. Todo apuntaría a que no existen las condiciones para que Norte Energía, consorcio a cargo del proyecto, obtenga la Licencia de Operación. El vicegobernador de Pará informó que aunque las obras de construcción registran un 70% de avance, sólo el 30% de las condicionantes se han cumplido. Del mismo modo, la Procuradora de República en Altamira, Thais Santi, dijo que el consorcio no está respetando el plan de protección de las tierras indígenas, la principal condicionante para la protección de los pueblos del Xingú. La decisión sobre la autorización del funcionamiento de Belo Monte deberá tomarse además en medio de un escándalo de corrupción que ha salpicado al proyecto. La investigación Lava Jato, iniciada hace un año, evidenció una masiva red de corrupción entre el gobierno y las grandes empresas constructoras en Brasil. Un alto ejecutivo, actualmente en prisión acusado de corrupción, mencionó en sus declaraciones cómo se habían pactado y ejecutado sobornos para la construcción de Belo Monte. Debido a ello la Contraloría General de la Unión (CGU) decidió investigar el uso de recursos públicos en el proyecto. “La falta de control efectivo en la ejecución del proyecto ha hecho que las consecuencias sean mucho peores a las previstas, por lo que dar vía libre a la operación de la represa implicaría en este momento cerrar por completo las opciones de evitar mayores desastres sociales y humanitarios en la zona”, dijo Sandy Faidherb, de la SDDH.

Junio 24 2015

Organizaciones ambientales condenan atentados contra el ambiente en Colombia

Bogotá, Colombia. Las organizaciones ambientales abajo firmantes condenan los atentados contra el ambiente ocurridos en los departamentos de Putumayo, Nariño, Arauca, Boyacá y Norte de Santander, atribuidos a las FARC-EP. Según información de los medios de comunicación, los ataques contra la infraestructura petrolera han generado daños ambientales en las cuencas de los ríos Tibú y Caunapí, entre otras, y en la Bahía de Tumaco, afectando a más de 84.000 personas. Este tipo de actos impactan en las comunidades locales, el país y el ambiente a nivel global. La contaminación por hidrocarburos en cuerpos de agua amenaza gravemente la vida y la salud de las personas, así como la integridad de los ecosistemas y sus especies animales. Las organizaciones firmantes recuerdan que el Derecho Internacional Humanitario prohíbe a los actores de conflictos armados incurrir en la destrucción del ambiente no justificada por necesidades militares imperiosas, de acuerdo a los principios de distinción y proporcionalidad. Del mismo modo, los actores del conflicto, en la conducción de las hostilidades, deben abstenerse de menoscabar los derechos al ambiente sano y al agua. Las organizaciones reiteran que el derecho ambiental y de derechos humanos aplicable en Colombia, así como las obligaciones del Estado en la materia, no se suspenden durante períodos de conflicto armado. Por todo lo anterior, las organizaciones ambientales abajo firmantes llaman a las FARC-EP a respetar el Derecho Humanitario, absteniéndose de causar daños al ambiente. Asimismo, reiteran la necesidad de excluir tanto a las comunidades como a los ecosistemas del conflicto armado. Asociación Ambiente y Sociedad Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) Foro Nacional Ambiental Fundación Natura Klimaforum Latinoamérica Network (KLN) Red por la Justicia Ambiental en Colombia (RJAC)

Junio 18 2015

AIDA celebra publicación de Encíclica Papal y reconocimiento de desafíos urgentes para Nuestra Casa: la Tierra

La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) aplaude la nueva Encíclica Laudato si (Alabado sea) del Papa Francisco dada a conocer hoy, que aborda los retos ambientales que la humanidad debe afrontar con urgencia de forma conjunta para proteger la Tierra “con la cual compartimos la existencia”. Su Santidad resalta las recomendaciones que organizaciones como AIDA hemos venido sugiriendo, lo cual nos complace y esperamos que finalmente tenga eco en los gobiernos, entidades internacionales, empresas y todas persona en este planeta, pues todos tenemos la responsabilidad de actuar para proteger nuestra Casa. La Encíclica es muy completa y abarca diversos temas, de los cuales resaltamos que el Papa reconozca: El trabajo que organizaciones e individuos realizamos para proteger el ambiente. Agradecemos su gesto y nos sentimos honrados y comprometidos a continuar con la ardua labor. Que “…las Cumbres mundiales sobre el ambiente de los últimos años no respondieron a las expectativas porque, por falta de decisión política, no alcanzaron acuerdos ambientales globales realmente significativos y eficaces.…”. Por lo cual concluye que “…la reducción de gases de efecto invernadero requiere honestidad, valentía y responsabilidad, sobre todo de los países más poderosos y más contaminantes…”. La inequidad social y el impacto de la degradación ambiental, la cual “empeora” la miseria de los más pobres, incluidos migrantes y comunidades indígenas. Por tanto, reiteramos nuestro llamado a proteger la Tierra considerando especialmente soluciones que atiendan esa desigualdad. La compleja y rica biodiversidad de los ecosistemas del planeta, la cual debe ser preservada, así como el derecho humano al agua que “determina la sobrevivencia de las personas, y por lo tanto es condición para el ejercicio de los demás derechos humanos”. El Principio de Precaución como mecanismo para evitar daños graves e irreversibles al ambiente. Con esta Encíclica, el Papa Francisco se une a otras autoridades religiosas que han realizado un llamado urgente para adoptar acciones inmediatas de protección al planeta.

Junio 10 2015 Fuentes de Agua Dulce, Minería, Contaminación Tóxica

ONG alertan a Ramsar que Colombia incumple obligación de proteger páramos

En el marco de la 12ª Conferencia de las Partes de la Convención Ramsar, las organizaciones presentaron una petición al Secretariado de la Convención para informar de los riesgos que los páramos colombianos enfrentan por actividades como la minería a gran escala, y para solicitar que esa instancia tome acciones según sus competencias. Punta del Este, Uruguay. Una coalición de organizaciones de la sociedad civil colombiana presentó al Secretariado de la Convención Ramsar sobre Humedales una petición en la que alerta que el Gobierno colombiano ha incumplido su obligación de proteger los páramos —humedales altoandinos— del país, conforme a ese tratado, del cual es parte. En la petición, las organizaciones llaman la atención sobre los riesgos que actividades como la minería a gran escala implican para los páramos, y piden que el Secretariado monitoree la situación y tome acciones conforme a sus competencias. La petición fue presentada ayer en el marco de la 12ª Conferencia de las Partes de la Convención Ramsar por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Ansur, el Comité por la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, la Red de Comités Ambientales de Tolima, la Corporación Semillas de Agua y Tierra Digna. “El Gobierno colombiano tiene una política de desarrollo que hace muy difícil proteger los páramos porque privilegia actividades que los dañan de forma irreversible”, dijo Johana Rocha, de Tierra Digna. La Convención Ramsar es un tratado intergubernamental que busca la conservación y uso racional de los humedales a nivel mundial. Los países que como Colombia lo han ratificado están obligados a tomar las acciones necesarias para que los humedales de su territorio mantengan sus características ecológicas, de las que dependen la provisión de agua y otros servicios ambientales prestados por dichos ecosistemas. En el caso colombiano, los páramos, aunque ocupan sólo el 1,7% del territorio nacional, producen más del 70% del agua potable del país. “Queremos persuadir a la Convención de Ramsar de que la minería a gran escala en páramos desafía la idea de uso racional contenida en la Convención”, sostuvieron Robinson Mejía, de la Red de Comités Ambientales de Tolima, y Jorge Rubiano, de la Corporación Semillas de Agua. En la petición, “también llamamos la atención de la Convención Ramsar sobre la delimitación de Santurbán, un precedente que permite, de forma ilegal, la minería a gran escala en páramos”, afirmó Miguel Ramos, del Comité por la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán. Las organizaciones solicitan finalmente que, según sus competencias, el Secretariado de Ramsar requiera al Estado colombiano el cumplimiento de sus deberes frente a los páramos; que adopte prontamente una ampliación apropiada del sitio Ramsar Complejo de Humedales Laguna del Otún y que realice una visita para monitorear y conocer de cerca la situación de los humedales altoandinos de Colombia. Consulte la petición presentada a la Convención Ramsar.

Junio 01 2015 Derechos Humanos, Derechos Indígenas

Informe independiente concluye que Bancos de Desarrollo de Alemania y Holanda incumplieron normas ambientales y de derechos humanos al financiar la represa Barro Blanco en Panamá

Comunidades indígenas y sociedad civil, conmocionadas por la respuesta inadecuada de los bancos ante los hallazgos. Kiad, Panamá/Ámsterdam/Bogotá. El viernes pasado se conoció un informe largamente esperado y realizado por un panel independiente que concluyó que los Bancos de Desarrollo de Holanda y Alemania (FMO y DEG, respectivamente) violaron sus propias políticas al no evaluar adecuadamente los riesgos para el ambiente y los derechos de los pueblos indígenas antes de aprobar un préstamo de US$ 50 millones para GENISA, empresa a cargo de desarrollar el proyecto hidroeléctrico Barro Blanco en Panamá. En su respuesta a los hallazgos, los bancos reconocen algunas deficiencias en su evaluación, pero no se comprometen a tomar ninguna medida para abordar las violaciones graves a sus políticas. Aunque el informe concluye que "los prestamistas no han considerado de forma suficiente la resistencia de las comunidades afectadas", parece que los bancos insisten en actuar así. En mayo de 2014, el Movimiento 10 de Abril (M-10), en representación de los pueblos indígenas directamente afectados por el proyecto y con el apoyo de Both ENDS y SOMO, presentó la primera queja ante el Mecanismo Independiente de Quejas (ICM) del FMO y el DEG. La queja arguye que la represa Barro Blanco afectará parte del territorio indígena Ngöbe-Buglé, inundando hogares, escuelas y sitios religiosos, arqueológicos y culturales. Pese a sus obligaciones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, el Gobierno panameño, GENISA y los bancos no obtuvieron el consentimiento previo, libre e informado (CPLI) de los Ngöbe-Buglé antes de que el proyecto sea aprobado. El ICM encontró que "los prestamistas deberían haber buscado mayor claridad sobre si hubo consentimiento al proyecto por parte de las autoridades indígenas apropiadas antes de la aprobación del mismo". "No dimos nuestro consentimiento a este proyecto antes de su aprobación, y no tiene nuestro consentimiento actualmente", dijo Manolo Miranda, representante del M-10. "Exigimos que el gobierno, GENISA y los bancos respeten nuestros derechos y detengan este proyecto". El ICM encontró que "si bien el acuerdo [de préstamo] se alcanzó antes de la etapa de construcción clave, los temas significativos relacionados con impactos sociales y ambientales y, en especial, con los derechos de los pueblos indígenas, no fueron evaluados de forma completa antes del acuerdo". La omisión de los bancos de identificar los potenciales impactos del proyecto conllevó, a su vez, el incumplimiento de requerir a su cliente la adopción de medidas para mitigar dichos impactos. El Plan de Acción Ambiental y Social (ESAP), anexado al acuerdo de préstamo, "no contiene disposiciones sobre adquisición de tierras y reasentamiento, ni sobre biodiversidad y gestión de recursos naturales. Tampoco incluye referencias a asuntos relacionados con el patrimonio cultural". "Esta omisión constituye una violación de estándares internacionales sobre la obligación de elaborar Estudios de Impacto Ambiental y Social adecuados e integrales antes de implementar cualquier proyecto de desarrollo, con el fin de garantizar el derecho al consentimiento libre, previo e informado, y a la información y participación efectiva de la comunidad potencialmente afectada", explicó Ana María Mondragón, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Aunque el FMO y el DEG reconocieron, en su respuesta oficial al informe del ICM, que "no realizaron una valoración total en la aprobación del crédito", no hicieron compromisos concretos para asegurar que los derechos de los afectados por la represa serán respetados. Los bancos afirmaron que enfrentan "limitaciones a su influencia" sobre los procesos gubernamentales para llegar a un acuerdo satisfactorio con todos los actores involucrados. Sus acciones, sin embargo, revelan una historia diferente. En febrero, el Gobierno de Panamá suspendió provisionalmente la construcción de la represa Barro Blanco. Posteriormente, convocó a una mesa de diálogo con los Ngöbe-Buglé facilitada por Naciones Unidas para discutir el futuro del proyecto. En lugar de impulsar al Gobierno panameño a respetar los derechos de la comunidad Ngöbe, el FMO y el DEG solicitaron que la autoridad nacional del ambiente reconsiderara la suspensión, y permitiera a su cliente reiniciar la construcción de la represa. En febrero, enviaron una carta al Vicepresidente de Panamá, expresando su "gran preocupación y consternación" por dicha suspensión, y señalando que ésta "podría pesar sobre decisiones futuras de inversión y perjudicar el flujo de inversiones a largo plazo en Panamá". Los bancos afirmaron que sus consultores no encontraron nada para justificar la suspensión del proyecto. Sin embargo, no mencionaron que su propio Mecanismo Independiente de Quejas estaba realizando una investigación de ese proyecto. En efecto, en ese momento los bancos ya conocían el borrador del informe del ICM, el cual concluía que el proyecto no estada de acuerdo con sus propias políticas. "Nos sorprendió descubrir el rol de los bancos para influir en el proceso nacional, ya que ello contradice sus afirmaciones de que no están en condiciones de intervenir en la toma de decisiones a nivel doméstico", dijo Anouk Franck, Oficial Principal de Políticas de Both ENDS, con sede en Ámsterdam. "Ahora deben demostrar su compromiso para llegar a una solución y comenzar a tomar en serio el CLPI en el caso de Barro Blanco, donde debido a los retrasos para abordar el problema, los bancos podrían tener que aceptar pérdidas en sus préstamos. También tienen que encontrar formas para asegurar que el CLPI sea obtenido donde sea relevante a través, por ejemplo, de evaluaciones de impacto sobre los derechos humanos." El manejo de la queja fue un proceso largo y en ocasiones frustrante. GENISA se negó a cooperar con el ICM y a proporcionarles acceso a los documentos del proyecto, lo que llevó a los bancos a un acuerdo secreto y paralelo con GENISA. Dicho acuerdo reemplazó los procedimientos públicos del ICM, y permitió que GENISA revisara el borrador del informe y los informes finales de investigación antes de compartirlos con los denunciantes. "El FMO y el DEG están más preocupados en proteger los intereses de su cliente que en proteger los derechos de las personas afectadas por los proyectos que financian", dijo Kris Genovese, investigadora sénior del Centro de Investigaciones sobre Empresas Multinacionales (SOMO). "Es una trágica ironía que los bancos pidieran el consentimiento de la empresa para publicar el informe de investigación del ICM, y no el consentimiento de los Ngöbe-Buglé para llevar a cabo el proyecto". El proyecto Barro Blanco fue registrado bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio, sistema que bajo el Protocolo de Kyoto permite acreditar proyectos de reducción de emisiones de gas de efecto invernadero en países en desarrollo. "Si bien se espera que los flujos del financiamiento climático fluyan a través de diversos canales en el futuro, las lecciones de Barro Blanco deben tomarse muy en serio. Para evitar que futuros proyectos de mitigación de cambio climático tengan impactos negativos, se requiere un fuerte sistema institucional de salvaguardas que respete todos los derechos humanos", dijo Pierre-Jean Brasier, coordinador de redes de Carbon Market Watch. "La oportunidad de establecer dicho sistema de salvaguardias es ahora, antes del acuerdo de París, a fin de poner el respeto de los derechos humanos en el tope de la agenda de la CMNUCC". El ICM monitoreará la aplicación por parte de los bancos de las medidas y recomendaciones correctivas. Mientras tanto, el M-10 espera que el FMO y el DEG retiren su inversión del proyecto, y piden que los Gobiernos de Holanda y Alemania muestren su compromiso público para garantizar los derechos de los Ngöbe-Buglé afectados. Al mismo tiempo, los bancos deben abstenerse de ejercer presión sobre el Gobierno de Panamá. Notas: Véase el Informe del Mecanismo Independiente de Quejas del FMO-DEG y la respuesta de los bancos aquí: http://www.fmo.nl/complaints-disclosure Consulte el Resumen de los hallazgos del Mecanismo Independiente de Quejas respecto a Barro Blanco y la respuesta de la gerencia de FMO-DEG aquí: http://www.aida-americas.org/sites/default/files/press_releases/resumen_hallazgos_icm.pdf

May 20 2015

México y Canadá impiden nuevamente que falta de aplicación efectiva de la legislación ambiental sea investigada

Como parte del Consejo de Ministros de la Comisión para la Cooperación Ambiental, organización internacional creada en el marco del Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte, México y Canadá votaron en contra de que se investigue la posible falta de aplicación efectiva de la legislación ambiental mexicana en la autorización de impacto ambiental de tres mega resorts en el Golfo de California. México, Distrito Federal. El Gobierno mexicano otorgó entre 2008 y 2010 permisos ambientales a tres mega resorts en el Golfo de California —una zona vital para ecosistemas vulnerables, especies en peligro y comunidades locales—, pese a que los proyectos violaban la legislación ambiental vigente. Sin embargo, el país logró evitar, con apoyo de Canadá, que el hecho sea investigado por la Comisión de Cooperación Ambiental (CCA), organización internacional que promueve la colaboración ambiental entre los socios del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (México, Canadá y Estados Unidos). El Consejo de Ministros de la Comisión, integrado por los funcionarios de medio ambiente de más alto rango de los tres países, rechazó ayer la elaboración expediente de hechos (investigación detallada) sobre el caso gracias a los votos mayoritarios de México y Canadá. Estados Unidos votó a favor. El voto de México estuvo a cargo del titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan José Guerra Abud. “Es una decisión extremadamente desafortunada; la realización de un expediente de hechos no implica recomendaciones o un castigo para México, sino la oportunidad de que el país mejore su herramienta de evaluación de impacto ambiental. Aún así, el país votó en contra y evitó transparentar sus decisiones en materia ambiental”, dijo Sandra Moguel, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, AIDA. AIDA y Earthjustice, representando a 11 organizaciones locales e internacionales, presentaron ante la CCA una petición ciudadana denunciando que los permisos otorgados a los mega resorts en el Golfo de California violaban las normas de México sobre evaluación de impacto ambiental, protección de especies en peligro y conservación de ecosistemas costeros. Tras encontrar bases suficientes en la petición, el 14 de septiembre de 2014, el Secretariado de la CCA recomendó la investigación que el Consejo rechazó ayer. Entre 2014 y lo que va de 2015, ambos países han votado de manera sistemática y reiterada (aprobando solo dos de seis) en contra de la realización de expedientes de hechos en los siguientes casos: Protección del Oso Polar (Canadá), junio de 2014, votación en contra por mayoría de 2/3. Granjas de Salmón en British Columbia (Canadá), septiembre de 2014, votación en contra por mayoría de 2/3. Estanques de Residuos en Alberta (Canadá), enero de 2015, votación en contra unánime. Desarrollo turístico en el Golfo de California (México), mayo de 2015, votación en contra por mayoría de 2/3. “México y Canadá se unieron nuevamente para coartar un espacio de participación pública de la sociedad. ¿A que le temen los gobiernos de Canadá y México? Al votar en contra, ambos países hacen que la investigación de acciones contrarias al ambiente sea inviable y que el mecanismo de petición ciudadana de la CCA pierda credibilidad, razón de ser y pareciera ser una simulación: aunque el Secretariado recomiende un expediente de hechos, la decisión recae en los Estados, quienes no están dispuestos a someterse a ese escrutinio”, lamentó Moguel. Encuentra aquí mayor información.

May 15 2015 Fuentes de Agua Dulce, Contaminación Tóxica

AIDA celebra decisión histórica de suspender fumigaciones con glifosato en Colombia

Consideramos que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales debe pronunciarse de inmediato y anular el permiso del programa de fumigaciones con ese químico. Agradecemos a las 24,933 personas que firmaron la petición en Change.org para suspender las fumigaciones y a las organizaciones colegas que participaron en la campaña. Bogotá, Colombia. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) celebra la decisión del Gobierno colombiano de suspender las fumigaciones aéreas de cultivos de coca y amapola con glifosato en el país. A fin de que esa decisión sea implementada, consideramos necesario que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales se pronuncie de inmediato y anule el permiso otorgado al programa de fumigaciones con ese químico. “Es un momento histórico en favor de la salud, el ambiente y el respeto de las normas en Colombia”, dijo Astrid Puentes Riaño, codirectora de AIDA. “Sabemos que era una decisión compleja, pero ante una política que no ha demostrado ser eficiente y que además causa graves daños, lo inteligente era cambiarla para encontrar soluciones reales”. AIDA ha dado seguimiento al Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos con Glifosato (PECIG) en Colombia desde finales de los años 90. Desde entonces ha denunciado los graves daños a la salud y al ambiente causados por la mezcla de glifosato aplicada en Colombia, y abogado por alternativas más adecuadas para erradicar esos cultivos. La decisión de suspender las fumigaciones, tomada anoche por el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) con una mayoría abrumadora de siete votos a favor y solo uno contra, se hará efectiva cuando la Agencia Nacional de Licencias Ambientales se pronuncie respecto de la autorización del PECIG. AIDA considera que dicho permiso debe ser anulado inmediatamente dado que el programa fue elaborado para implementarse con el glifosato, y al no usarse dicha sustancia, el programa pierde razón de ser. Un día antes de la decisión, AIDA entregó al Ministerio de Justicia, que preside el CNE, más de 20,000 firmas a una petición para suspender las fumigaciones realizada en Change.org junto con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) y el Observatorio de Cultivos y Cultivadores Declarados Ilícitos, con el apoyo de Washington Office on Latin America y Latin American Working Group. A una semana de su lanzamiento, la petición cerró con la firma de 24,933 personas. “Agradecemos a cada persona que firmó y a quienes durante años han solicitado el cambio de esta política; esto es un logro común”, dijo Hector Herrera, abogado de AIDA y coordinador de la Red por la Justicia Ambiental en Colombia. “Vemos con esperanza la creación de un comité técnico que hará recomendaciones y esperamos que éstas sean participativas y transparentes”. La suspensión de las fumigaciones con glifosato llega después de la conclusión de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud, la cual determinó que el glifosato puede ser cancerígeno. Ello motivó a que el Ministerio de Salud recomendara la suspensión de las fumigaciones, algo que años antes había solicitado sin éxito la Corte Constitucional y otros tribunales nacionales en aplicación del principio de precaución. Ese principio de derecho ambiental internacional fue incorporado a la legislación colombiana en 1993. Según éste, ante riesgos de daños graves o irreversibles en la salud o el ambiente, y aunque no haya certeza científica absoluta de los mismos, las autoridades deben adoptar medidas para evitarlos. En el caso de las fumigaciones, los requisitos para aplicar el principio de precaución se cumplen. Aunque no existe certeza científica absoluta de los daños, sí existe evidencia suficiente, desde hace más de 15 años, respecto de posibles daños graves e irreversibles a la salud y el ambiente que incluyen riesgo de cáncer y enfermedades en la piel, daños a especies de anfibios y peces, y a bosques y cultivos de alimentos, entre otros. El Gobierno colombiano, en aras de la precaución, finalmente suspendió las fumigaciones para evitar mayores daños.

May 13 2015

Ministerio de Justicia de Colombia recibe más de 20,000 firmas pidiendo suspensión de fumigaciones aéreas con glifosato y otros químicos nocivos

A menos de 24 horas de que el Consejo Nacional de Estupefacientes, presidido por el Ministerio de Justicia, decida si suspende o no las fumigaciones, organizaciones entregaron las firmas a una petición que busca frenar los daños sociales y ambientales de esa política. Bogotá, Colombia. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) y el Observatorio de Cultivos y Cultivadores Declarados Ilícitos —con el apoyo de WOLA, el LAWG y otras organizaciones—, entregaron hoy al Ministerio de Justicia más de 20,000 firmas que exigen la suspensión inmediata de las fumigaciones aéreas de cultivos de uso ilícito con glifosato y otro químicos dañinos en el país. Las firmas respaldan la petición ciudadana realizada a través del sitio de internet Change.org y la cual pretende proteger la salud y el ambiente de los daños causados por las fumigaciones “En pocos días se recibieron más de 20 mil firmas diciendo ‘no’ a las fumigaciones, no solo con glifosato, sino con cualquier herbicida, como instrumento en la guerra de las drogas”, dijo Camilo González, exministro de Salud de Colombia. El Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE), presidido por el Ministerio de Justicia, se reunirá mañana para decidir si suspende o no las fumigaciones. “El CNE debe decidir en derecho y a partir de la evidencia científica y técnica que prueba los impactos de las fumigaciones y la falta de resultados”, concluyó Héctor Herrera, abogado de AIDA y Coordinador de la Red por la Justicia Ambiental en Colombia. Los firmantes de la petición y las organizaciones enfatizan que las fumigaciones deben llegar a su fin porque: Causan graves impactos en la salud: La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud (OMS) determinó que el glifosato usado en las fumigaciones puede causar cáncer a las personas. Además, estudios independientes han evidenciado que las fumigaciones causan otros daños a la salud como enfermedades en la piel y problemas en el embarazo. No han cumplido su objetivo: Luego de más de 15 años, las fumigaciones no han logrado reducir los cultivos de coca y amapola de uso ilícito. Causan graves impactos ambientales: Las fumigaciones se realizan de forma indiscriminada sobre casas, animales de granja y fuentes de agua. Es por ello que dañan ecosistemas ricos en biodiversidad y a las especies que viven en ellos (peces, anfibios, roedores, insectos y plantas endémicas), contaminan el agua, y destruyen bosques y cultivos de alimentos que son fuente de subsistencia de muchas comunidades. Promueven el desplazamiento de personas: Al no tener alternativas a los cultivos de coca y amapola, familias enteras dejan sus territorios a causa de las fumigaciones. Desconocen normas nacionales e internacionales: Tribunales nacionales como la Corte Constitucional han solicitado la suspensión de las fumigaciones con base en el Principio de Precaución. Colombia indemnizó a Ecuador por los impactos que las fumigaciones causaron en la frontera y se comprometió a suspender la práctica en esa zona. Éstas y otras razones fueron explicadas ampliamente por expertos nacionales e internacionales en un conversatorio realizado hoy en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. "Durante 40 años, las fumigaciones con agrotóxicos han sido objeto de análisis académicos, científicos y legales, los que además de recomendar el fin de su aplicación, no siempre han sido públicos. Han primado consideraciones políticas de orden público y seguridad, lo que ha dejado por fuera recomendaciones sanitarias, ambientales y legales. Este enfoque ha negado la existencia de problemas socioeconómicos que persisten en las comunidades donde se producen los cultivos, ha negado la primacía de los derechos humanos de los pobladores rurales y no ha reconocido los nuevos enfoques que desde el PNUD se vienen recomendando para contener la expansión de cultivos", señaló Pedro Arenas, coordinador Observatorio de Cultivos y Cultivadores Declarados Ilícitos, quien moderó el conversatorio. El Ministerio de Salud, los Secretarios de Salud departamentales y distritales, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación, entre otras autoridades, están de acuerdo con las miles de personas que firmaron la petición y con las organizaciones que la promueven.

May 07 2015

Organizaciones piden suspensión inmediata de fumigaciones aéreas con glifosato y otros químicos en Colombia

Lanzaron una petición ciudadana a través del sitio Change.org dirigida al Presidente Juan Manuel Santos y al Consejo Nacional de Estupefacientes. En ella solicitan que ese tipo de fumigaciones sean suspendidas porque dañan el ambiente, la salud humana e incluso pueden causar cáncer. Bogotá, Colombia. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), con el apoyo del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) y el Observatorio de Cultivos y Cultivadores Declarados Ilícitos, lanzó hoy una petición ciudadana abierta a firmas a través del sitio Change.org para solicitarles al presidente Juan Manuel Santos y al Consejo Nacional de Estupefacientes que suspendan las fumigaciones aéreas de cultivos de uso ilícito con glifosato y otros químicos nocivos. "Estudios científicos independientes evidencian que las fumigaciones son ineficientes pues no han reducido los cultivos de coca y amapola. Por el contrario, han contribuido a destruir bosques y afectado poblaciones, incluyendo grupos étnicos. Hace poco, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud (OMS) determinó que el glifosato usado en las fumigaciones puede causar cáncer en los seres humanos", menciona Astrid Puentes Riaño, codirectora de AIDA y quien firma la petición. El Consejo Nacional de Estupefacientes se reunirá el 14 de mayo para abordar el tema y decidir si suspende o no las fumigaciones. En el caso de Colombia, esa práctica se realiza de forma masiva, por aire y usando una concentración de glifosato mayor a la usada comercialmente. Además, las fumigaciones se hacen indiscriminadamente sobre casas, granjas y fuentes de agua. El 24 de abril y con base en la determinación de la OMS, el Ministerio de Salud recomendó al Consejo Nacional de Estupefacientes suspender inmediatamente las fumigaciones áreas con glifosato, las cuales se realizan en el país desde hace más de 15 años con financiamiento del Gobierno de Estados Unidos. En el pasado, altos tribunales del país como la Corte Constitucional también han solicitado suspender las fumigaciones, pero esas disposiciones no han sido cumplidas. El tema llegó incluso a la Corte Internacional de Justicia cuando Ecuador demandó a Colombia por los impactos de las fumigaciones en la zona fronteriza. El Gobierno colombiano indemnizó al país vecino y se comprometió a frenar las aspersiones en la frontera. Además de daños a la salud, las fumigaciones impactan ecosistemas ricos en biodiversidad y a las especies que habitan en ellos, contaminan el agua y destruyen cultivos de alimentos que son fuente de subsistencia de comunidades indígenas, afrocolombianas y pequeños agricultores. También ocasionan el desplazamiento de familias enteras de sus territorios, pues éstas no cuentan con el apoyo adecuado para transitar hacia alternativas sostenibles a los cultivos de coca y amapola. ¡FIRMA LA PETICIÓN!

May 05 2015 Cambio Climático

Organizaciones de la sociedad civil piden poner fin al inhumano y ambientalmente nocivo programa de fumigación aérea con glifosato en Colombia

El 27 de abril de 2015, el Ministerio de Salud de Colombia recomendó́ a las autoridades antinarcóticos del país suspender inmediatamente el uso de fumigación aérea para erradicar cultivos de coca, planta utilizada para producir cocaína. Esta recomendación vino después del anuncio hecho en marzo por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud, la cual determinó que el glifosato, el herbicida químico utilizado en la fumigación, era "probablemente cancerígeno" para los humanos[i]. Actualmente, el Gobierno de Colombia está considerando aplicar esta recomendación. Mientras tanto, y en respuesta a la recomendación del Ministerio de Salud, el director de la Policía Nacional de Colombia pidió́ que la fumigación se realice lejos de casas y cultivos de alimentos. Aplaudimos la recomendación del Ministerio de Salud y urgimos al Gobierno colombiano a suspender el programa de fumigación aérea destinado a erradicar cultivos de coca y amapola que son considerados de uso ilícito. Durante más de quince años, organizaciones de la sociedad civil en Estados Unidos y Colombia han pedido que se ponga fin a este programa inhumano y nocivo para el ambiente. La sustancia química utilizada en la fumigación daña ecosistemas vulnerables y cultivos de alimentos. El químico es rociado rutinariamente sobre casas, animales domésticos y fuentes de agua. La seguridad alimentaria de comunidades indígenas y afrocolombianas, y de agricultores de pequeña escala ha sido afectada; y se han ignorado las múltiples denuncias sobre impactos en la salud de personas afectadas por las fumigaciones. Al destruir los cultivos de uso ilícito sin apoyar adecuadamente la transición de los campesinos a la siembra de alimentos, la fumigación aérea provoca desplazamiento y daños ambientales mientras las personas y los cultivos considerados ilícitos pasan de una zona a otra. A pesar del alto costo humano y ambiental, ha sido evidente durante casi una década que la fumigación no ha reducido el cultivo de coca de uso ilícito a nivel nacional. Los productores se han adaptado a la fumigación de diversas maneras, y mediciones del gobierno de Estados Unidos han identificado que la cantidad de coca sembrada en 2007 es la misma a la sembrada en 2001. Las reducciones identificadas desde entonces han sido producto de una mayor presencia del Estado en algunas zonas tradicionales de producción de coca. Ello ocurrió́ durante un periodo constante de reducción de fumigación. Por otra parte, el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, que actualmente negocian un acuerdo de paz para poner fin a más de cincuenta años de conflicto armado, han llegado ya a un acuerdo sobre política antidrogas que limita la fumigación aérea a una herramienta de última instancia, enfatizando en su lugar la cooperación con comunidades agrícolas rurales para realizar el tránsito de cultivos de coca y amapola de uso ilícito a la siembra de alimentos y a otras actividades económicas. El Gobierno de Colombia y también el de Estados Unidos, el cual ha brindado apoyo político y material al programa de fumigación aérea, deben aprovechar este momento para adherirse a las reformas propuestas en este acuerdo. Ya es tiempo de avanzar hacia soluciones más humanas y sostenibles. Latin America Working Group (LAWG) Washington Office on Latin America (WOLA) Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) Oxfam Environmental Investigation Agency Center for International Policy (CIP) Open Society Foundations Global Drug Policy Program and Latin America Program Institute for Policy Studies, Drug Policy Project Jesuit Conference, National Advocacy Office AFL-CIO United Church of Christ, Justice and Witness Ministries Drug Policy Alliance Amazon Watch Colombia Human Rights Committee Witness for Peace Mennonite Central Committee U.S. Washington Office MamaCoca La Corporación Jurídica Yira Castro La Plataforma Colombiana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo Corporación Colectivo de Abogados "José́ Alvear Restrepo" Organizaciones y Procesos del Congreso de los Pueblos Intereclesiastical Commission of Justice and Peace Comunidades Construyendo Paz en los Territorios (CONPAZ) Censat Agua Viva de Colombia La Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU) Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) Asociación Ambiente y Sociedad (AAS) [i] La determinación de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC en inglés) fue hecha por 17 expertos de 11 países, quienes determinaron que el glifosato era "probablemente cancerígeno" para los humanos. En un artículo publicado en The Lancet, la IARC afirmó que el glifosato "inducía daños en el ADN cromosómico de los mamíferos, y en células humanas y animales in vitro" y que "los estudios de caso y controles de exposición ocupacional en EE.UU., Canadá y Suecia informaron de mayores riesgos de linfoma non-Hodgkin".