Prensa

October 30 2015 Océanos

México debe cumplir su obligación internacional de proteger a las tortugas marinas de su territorio

En ese país, dos proyectos amenazan la existencia de especies vulnerables de tortuga marina. AIDA pidió a la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de Tortugas Marinas analizar esos riesgos y exhortar a México a cumplir el principio de precaución para conservar su población de tortugas marinas. La Convención incluirá en su informe para el 2017 recomendaciones sobre minería, desarrollo costero y otras amenazas para esos animales. Viña del Mar, Chile. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) solicitó al Comité Científico de la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de Tortugas Marinas (CIT) analizar las amenazas que dos proyectos implican para la vida de las tortugas marinas carey, caguama y otras especies vulnerables en México. Pidió además que la Convención exhorte a que ese país aplique el principio de precaución para conservar a las tortugas marinas de su territorio, algo a lo que está obligado al ser parte de la Convención. Los proyectos en cuestión son la ampliación del puerto de Veracruz y la mina marina de fosfato Don Diego, en Baja California Sur. AIDA alertó a la CIT de los posibles impactos negativos de ambos proyectos durante la reunión del Comité Científico de la Convención en Viña del Mar. Explicó que aunque la Administración Portuaria Integral de Veracruz, entidad a cargo de la ampliación del puerto, señaló en su manifestación de impacto ambiental que "nunca se hará afectación directa sobre especies bajo protección”, no presentó medidas de protección para las tortugas marinas, particularmente para la carey (eretmochelys imbricata), catalogada como especie amenazada según la CIT y la legislación mexicana. “La tortuga carey está presente en todo el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano y tiene rutas migratorias a lo largo del Golfo de México. A pesar de ello, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en diciembre de 2013, autorizó la ampliación del puerto de Veracruz sin requerir un plan de manejo especial para conservar a esa especie”, explicó Sandra Moguel, abogada de AIDA. En cuanto a Don Diego, primera mina marina de fosfato en el mundo, AIDA informó a la Convención que, de ser autorizado, el proyecto pondría en peligro a la tortuga caguama (caretta caretta) debido a su posible interacción con el uso de maquinaria para el dragado de arena fosfática, al aumento del ruido en el entorno, y a que provocaría cambios severos en el ecosistema y la composición marina. Las poblaciones de tortuga caguama están en peligro de extinción según la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN) y el Apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). “Es importante que la CIT sepa de los posibles impactos del proyecto y brinde asesoramiento técnico y científico al Estado mexicano sobre los riesgos que la población de tortugas enfrenta. México está a tiempo de realizar un análisis objetivo, transparente y detallado del proyecto para evitar una amenaza más a la tortuga caguama”, dijo Haydée Rodríguez, abogada de AIDA. En la reunión y tras las gestiones de AIDA, el Comité Científico de la Convención se comprometió a incluir en su informe del 2017 recomendaciones sobre minería, desarrollo costero y otras nuevas amenazas a la vida y hábitat de las tortugas marinas. Con ello podrá orientar la labor de los Estados para evitar impactos como los que ocasionarían en México los proyectos descritos. AIDA trabaja en los casos del puerto de Veracruz y la mina Don Diego en colaboración con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental. El 22 de septiembre, AIDA y CEMDA presentaron al Comité Científico de la CIT una petición sobre los impactos a las tortugas marinas y su hábitat de la ampliación del puerto de Veracruz y de los proyectos asociados a la misma. AIDA permanecerá alerta para evitar que ésos y otros proyectos dañen entornos naturales únicos y a las especies que habitan en ellos.

October 23 2015

ONG alertan a la CIDH sobre la vulneración del derecho al agua por proyectos extractivos e hidroeléctricos

En audiencia ante la Comisión, evidenciaron que actividades extractivas, en especial las minero-energéticas, restringen el uso del agua del que subsisten personas y comunidades. Documentaron además la omisión de los Estados para proteger el derecho al agua y controlar efectivamente a las empresas y proyectos que lo afectan. Washington, Estados Unidos. Organizaciones de la sociedad civil[i] llamaron la atención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la creciente presión sobre los recursos naturales para el desarrollo de actividades extractivas, entre las que se destaca la construcción de represas y la explotación minera en las Américas. Lo hicieron en una audiencia en la que evidenciaron que dicha situación ha tenido como consecuencia la sistemática violación del derecho al agua en la región. “Hemos identificado cuatro patrones que caracterizan esta problemática: el uso de marcos jurídicos que favorecen la apropiación del recurso hídrico para proyectos extractivos, la apropiación del recurso que favorece su empleo para proyectos extractivos por encima del uso y consumo humano, la contaminación y deterioro de las fuentes hídricas, y la ausencia de consulta y consentimiento previos, libres e informados en la implementación de esos proyectos”, explicó al iniciar la audiencia María José Veramendi Villa, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Las organizaciones presentaron casos de apropiación, contaminación y daño irreversible de fuentes hídricas a causa de la implementación de proyectos extractivos. Esta situación además de afectar el derecho al agua, vulnera otros derechos como la salud, la vida digna, la integridad, el medio ambiente sano, la alimentación y la cultura, tanto de personas y comunidades que se encuentran en el área de influencia directa de los proyectos y que no fueron consultadas, como de aquellas que se encuentran distantes y que dependen de dichas fuentes para su subsistencia. Dichos casos han sido documentados extensamente en un informe que fue entregado a la Comisión. “En Argentina, la explotación de la mina Alumbrera ha causado la filtración de desechos tóxicos en tres ríos y, aunque hay una causa judicial abierta por contaminación, aún se han adoptado medidas efectivas para remediar el daño. Nos preocupa que en ninguno de nuestros países se estén implementado medidas de prevención para nuevos daños, ni medidas de remediación ante el cúmulo de daños derivados de la contaminación”, señaló Johana Rocha, del Centro de Estudios para la Justicia Social “Tierra Digna” de Colombia. En la audiencia, se informó a la Comisión sobre la ausencia de medidas efectivas para que los Estados de la región garanticen el derecho al agua y por el contrario sobre la existencia de marcos jurídicos que favorecen la apropiación del agua para proyectos extractivos sobre el uso y consumo humano. Las organizaciones ejemplificaron la insuficiencia de los mecanismos nacionales para controlar y supervisar la actuación de las empresas a cargo de proyectos extractivos, situación de la que derivan graves violaciones de derechos humanos. “Hemos constatado la contradicción de los Estados en su obligación de proteger y garantizar el derecho al agua, el cual ha sido incorporado en sus Constituciones y legislación. Sin embargo, entregan preferentemente ese recurso a las empresas, negándole el derecho al agua a las comunidades”, afirmó Pedro Landa, del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC-SJ) de Honduras. Por su lado, Raphaela Lopes, de Justiça Global, se refirió en la audiencia a la flexibilización de marcos jurídicos, la cual vulnera derechos humanos. “Con la reforma energética aprobada en México, por ejemplo, el derecho al agua es menoscabado en favor de los hidrocarburos y la energía eléctrica”. Finalmente, las organizaciones solicitaron a la Comisión, entre otros, que: reafirme a nivel regional el reconocimiento del agua como un derecho humano; considere la importancia del agua como elemento fundamental del derecho al ambiente sano, reconocido en los instrumentos interamericanos; recuerde la obligaciones de los Estados de proteger los derechos al agua y a un ambiente sano ante cualquier actividad extractiva o de infraestructura, resalte la obligación de los Estados de controlar efectivamente las actividades que puedan afectar el derecho al agua, incluyendo las de empresas que operan dentro de su territorio y las de empresas nacionales que operan en el extranjero, y recuerde a los Estados la importancia de la consulta y consentimiento previo, libre e informado ante la implementación de cualquier proyecto. [i] Acción Solidaria para el Desarrollo (COOPERACCIÓN) – Perú, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) – Regional, Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) – Perú, Bienaventurados los Pobres (BePe) - Colectivo SumajKawsay – Argentina, Centro de Acción Legal Ambiental y Social (CALAS) – Guatemala, Centro de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco Briseño A.C.” (BARCA-DH) – México, Centro de Estudios para la Justicia Social ‘Tierra Digna’ – Colombia, Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) – Panamá, Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio (CEICOM) – El Salvador, Comité de Unidad Campesina (CUC) – Guatemala, Comitê Nacional em Defesa dos Territórios frente a Mineração – Brasil; Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC-SJ) – Honduras, Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF) – Regional, Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA) – Regional, Justiça Global – Brasil, Observatorio Ciudadano – Chile, Pensamiento y Acción Social (PAS) – Colombia, y Pax Christi – Internacional.

October 07 2015

ONG costarricenses denuncian actitud irresponsable del gobierno frente a la conservación marina

Organizaciones ambientales anuncian retroceso en la conservación marina. Señalan posición irresponsable en los acuerdos tomados por el gobierno, los cuales ponen en peligro la sostenibilidad de la actividad pesquera. El gobierno cede ante las presiones del sector pesquero y olvida el pacto ambiental, la ley y los compromisos internacionales del país. San José, Costa Rica. Como resultado de los bloqueos de vías por parte del sector pesquero, el pasado miércoles 2 de setiembre el Gobierno asumió compromisos temerarios, ilegales e inconstitucionales con algunos representantes de este sector. Los acuerdos y compromisos fueron comunicados al sector ambiental luego de una consulta y mediante oficio del señor Sergio Alfaro, Ministro de Presidencia, de fecha 07 de setiembre anterior. Como organizaciones de la sociedad civil, vemos con gran preocupación los acuerdos que las autoridades han tomado con el sector pesquero, los cuales a nuestro entender implican: La flexibilización de regulaciones sobre comercio de tiburón. Según un borrador de Decreto ya confeccionado por el Ejecutivo para reformar el capítulo XIV del reglamento a la Ley de Conservación de Vida Silvestre, se trasladará la potestad de autorizar la importación, la exportación y reexportación de productos de tiburón a Comisiones Especiales No Permanentes, cuyos miembros serían asignados por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC). Actualmente, dicha responsabilidad recae sobre un consejo integrado por científicos nacionales nombrados independientemente por sus instituciones. Otorga además condición de "Autoridad Científica" al sector pesquero, con derecho a proponer sus representantes en las Comisiones No Permanentes. Esta acción resulta ilógica pues la participación del sector en la toma de decisiones técnicas se dará desde una perspectiva empresarial, privada y motivada por el lucro, contrario a las autoridades científicas formales como las Universidades e Instituciones públicas Estatales y no Estatales que en su naturaleza constitutiva se rigen por el interés público. Asumir a futuro una actitud pasiva ante la conservación y protección de especies de tiburón en peligro de extinción o riesgo inminente que deban ser incluidas en tratados internacionales firmados por Costa Rica. En esta negociación con el sector pesquero, el gobierno se compromete a no promover, ni respaldar la inclusión de especies de tiburón con interés comercial en convenciones internacionales como CITES y CMS, aunque se encuentren en condición de vulnerabilidad o riesgo de extinción. Es decir, el gobierno permite que el interés comercial particular prevalezca por encima del interés público ambiental. Promover de forma activa la exportación de aletas de tiburón. El gobierno se compromete a intermediar con empresas de transporte internacional para que vuelvan a transportar aletas de tiburón, pese a que aquellas habían dejado de hacerlo por su política ambiental empresarial. Confundir el interés privado empresarial con el "conocimiento tradicional" de las comunidades y equipararlo al conocimiento científico. El gobierno acordó con el sector pesquero entrar en un proceso "participativo" de revisión de las tallas mínimas de captura de peces, ante la negativa del sector a acatar las tallas establecidas por el Departamento de Investigación Pesquera del Incopesca. Las tallas mínimas de captura, que ya deberían haber empezado a regir, serán ahora revisadas bajo criterios que no se apegan a los principios básicos de la gestión pesquera. Serán entonces los mismos pescadores quienes decidan que tallas van a pescar. Creemos firmemente en el papel que las comunidades costeras deben ser aliadas de la conservación, pero no debe confundirse su participación con la delegación de potestades públicas indelegables, alejándose incluso del criterio técnico-científico. Aumentar el esfuerzo pesquero sin fundamento técnico que lo respalde. El quinto acuerdo expone un problema recurrente que el sector ambiental ha venido denunciando en los últimos años: la falta de fundamento técnico en decisiones sobre recursos pesqueros. En esta negociación, el gobierno se compromete a aumentar las cuotas de acarreo de atún y a convocar el proyecto de Ley "Para el desarrollo, promoción y aprovechamiento del camarón en Costa Rica", sin contar con el criterio técnico científico que lo respalde. "Somos enfáticos en recordar que el ordenamiento jurídico costarricense obliga a que todo acto administrativo debe estar claramente fundamentado, sobre todo tratándose de autorizaciones para acceder a bienes de dominio público, que pertenecen a todos los costarricenses. El gobierno debe indicar cuál es el fundamento técnico que utilizó para asumir este nivel de compromisos con el sector pesquero”, agregó Jorge Jiménez, de Fundación Marviva. Representantes del sector coinciden en que el contenido de los acuerdos, representa un retroceso en la protección ambiental de los recursos marinos y de las propias comunidades que dependen de la salud de los mares. "Las actuaciones de las actuales autoridades y sus asesores son irresponsables, sin fundamento técnico y al margen del ordenamiento jurídico vigente. Un retroceso de tal magnitud daña la imagen del país ante la comunidad internacional, entrando en abierta contradicción con la imagen que el país promociona de país respetuoso del ambiente", señaló Randall Arauz, de Pretoma. Para el sector ambiental, el gobierno está legitimando intereses privados por encima del interés público ambiental, poniendo en riesgo la subsistencia de miles de pescadores y la conservación de los recursos marinos y pesqueros en nuestro país. "Nos genera gran asombro enterarnos de los acuerdos que las autoridades ambientales y pesqueras, en nombre del Estado y la Nación, han tomado con respecto a la disposición de bienes de dominio público por parte de particulares. Los compromisos toman una dirección contraria a lo que indican el conocimiento científico, el principio precautorio, así como del consenso internacional que existe sobre el manejo de grupos como los tiburones”, concluyó Marco Quesada, de Conservación Internacional. Consideramos que es nuestra responsabilidad como parte relevante de la sociedad costarricense informar a la comunidad nacional cuando algún sector, gremio o el gobierno mismo, atentan contra la sostenibilidad de los recursos naturales, marinos o terrestres, de nuestro país y que en esta oportunidad afectan directamente el futuro de la seguridad alimentaria nacional. Apoyan este comunicado: WIDECAST, Fundación Marviva, Pretoma, Conservación Internacional, AIDA, Misión Tiburón, UESPRA, Fundación KETO, The Leatherback Trust, Asociación Costa Rica por Siempre, Biocenosis, Fundación Amigos de la Isla del Coco, Sea Sheperd, Cedarena, Promar. Contacto de prensa Randall Arauz, 506-8344-3711, [email protected]

October 06 2015

ONG celebran la suspensión de las fumigaciones aéreas con glifosato como avance en la protección del ambiente y la salud en Colombia

Resaltan la aplicación del principio de precaución en la resolución por la cual la Agencia Nacional de Licencias Ambientales suspendió las fumigaciones. Piden permanecer alertas ante la amenaza del uso manual del glifosato o su reemplazo con otro químico nocivo. Bogotá, Colombia. Organizaciones de la sociedad civil celebran por fin la suspensión temporal y con carácter preventivo de las fumigaciones aéreas con glifosato como avance en la protección de la salud pública y del derecho a un ambiente sano en el país. Destacan que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) aplicara el principio de precaución en la resolución por la cual ordenó la suspensión de una técnica empleada por más de dos décadas para erradicar cultivos de coca y amapola de uso ilícito. El 29 de mayo, el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) decidió suspender las fumigaciones con glifosato (Resolución 006). Para que la medida se hiciera efectiva, la ANLA debía suspender o revocar el Plan de Manejo Ambiental del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante la Aspersión Aérea con Glifosato (PECIG), lo que ocurrió con la Resolución 1214 del pasado 30 de septiembre. La resolución está fundamentada en el principio de precaución y sigue las recomendaciones del Ministerio de Salud y el CNE, instancias que en su momento se basaron en el dictamen de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, el cual concluye que el glifosato es “probablemente cancerígeno para humanos”. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) considera que la aplicación del principio de precaución es un progreso en el derecho ambiental colombiano. “Hoy por fin podemos celebrar la suspensión de las fumigaciones, después de décadas de evidenciar daños en la salud, el ambiente, así como la ineficacia del programa”, dijo Astrid Puentes Riaño, codirectora de AIDA. Para Yamile Salinas Abdala, investigadora del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), “es necesario llamar la atención sobre la facultad que otorga la ANLA al CNE de reanudar las fumigaciones con glifosato y emplear otros herbicidas, bajo ciertas condiciones y previo concepto de las autoridades competentes, sin detallar cuáles son esas autoridades”. Por su lado, Pedro Arenas, coordinador Observatorio de Cultivos y Cultivadores Declarados Ilícitos, señaló: “Ante la decisión del Presidente de la República y del CNE, era insostenible seguir asperjando glifosato. Sin embargo, es inexplicable que el Director de la Policía colombiana quiera seguir usándolo por medios manuales y que el Ministerio de Defensa amenace con reemplazarlo por otra molécula para seguir con la fumigación aérea; por eso debemos permanecer alertas.” En mayo, AIDA e INDEPAZ entregaron al Ministerio de Justicia de Colombia casi 25,000 firmas a una petición lanzada en la plataforma de internet Change.org para solicitar el fin de las fumigaciones aéreas con glifosato en Colombia. Ese mes, 10 organizaciones sociales (WOLA, LAWG, AIDA, CINEP, CCJ, Grupo Semillas, Planeta Paz, Mamacoca, Red de Justicia Ambiental y PCN) solicitaron al Consejo Nacional de Plaguicidas y al CNE la revocatoria del PECIG y desaconsejaron el uso de otros herbicidas. Esa solicitud recogía las decisiones adoptadas por la Corte Constitucional (Auto 073 de 2014) y el Consejo de Estado (Rad. 2004-00227-01 de 2013), y las recomendaciones de la Comisión Asesora para la Política de Drogas en el informe “Lineamientos para un nuevo enfoque de la política de drogas en Colombia” de mayo de 2015.

September 25 2015

AIDA solicita a la Corte Suprema la protección de las fuentes de agua

AIDA pidió anular la resolución de la ANAM, hoy Ministerio de Ambiente, que establece el Caudal Ecológico en 10%, dejando el 90% del agua de ríos, lagos y otros ecosistemas a disposición de grandes proyectos, como represas hidroeléctricas. Ciudad de Panamá, Panamá. AIDA presentó un escrito legal de apoyo a la demanda promovida por el Centro de Incidencia Ambiental de Panamá (CIAM) que solicita la anulación de la Resolución No. AG-0691-2012, aprobada por la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), hoy Ministerio de Ambiente. Esta resolución, que establece el Caudal Ecológico, permite que hasta el 90% del agua de ríos, lagos y otras fuentes naturales de ese recurso vital sea empleada en grandes proyectos como represas hidroeléctricas. El Caudal Ecológico es el flujo mínimo de agua que un río u otro cauce debe tener para mantener sus valores ecológicos —refugio de flora y fauna, preservación del paisaje y disolución de contaminantes, entre otros—, valores sociales o su uso por parte de las comunidades. La resolución de la ANAM, cuya nulidad se busca, limita ese flujo a tan solo el 10% para todos los cuerpos de agua y permite que el porcentaje restante quede en manos de mega proyectos de infraestructura. En el escrito judicial de apoyo a la demanda, AIDA expone los principales argumentos de derecho internacional resaltando las obligaciones que tiene el Estado Panameño de protección del recurso hídrico y de garantizar los derechos humanos. “Buscamos que los jueces de la Sala Tercera declaren la nulidad de la resolución de la ANAM comprendiendo la importancia de que Panamá cuente con una regulación de Caudal Ecológico en concordancia con las obligaciones internacionales, que procure la salud de los ecosistemas acuáticos y garantice los derechos humanos”, señaló Haydée Rodríguez, abogada de AIDA. AIDA solicita que la Corte Suprema declare la nulidad de la resolución de la ANAM por considerar que la misma violenta principios y obligaciones internacionales contraídas por el Estado panameño de proteger la biodiversidad de los ecosistemas y su uso racional, los derechos humanos como el de acceso al agua, al ambiente sano y a la vivienda. Asimismo, AIDA considera que la resolución carece de mecanismos de participación para establecer el caudal ecológico de forma tal que incorpore las necesidades de todos los interesados en cada cauce.

September 23 2015 Fuentes de Agua Dulce, Derechos Humanos, Derechos Indígenas, Grandes Represas

Belo Monte incumple condiciones para operar: concluye autoridad ambiental

Altamira, Brazil. El Instituto Brasileño de Ambiente y Recursos Naturales (IBAMA) publicó ayer el análisis técnico de la represa de Belo Monte concluyendo que las condiciones para otorgar la Licencia de Operación no se han cumplido. Diez de las doce condiciones identificadas por IBAMA son consideradas esenciales para otorgar la licencia. Hasta que el consorcio Norte Energia cumpla esas condiciones la continuidad del proyecto será interrumpida y el embalse no podrá comenzar a llenarse. "Recibimos positivamente la evaluación detallada de IBAMA para Belo Monte, una represa que ya ha causado graves impactos a los derechos humanos y al ambiente" dijo Astrid Puentes Riaño, codirectora de AIDA. "En el futuro es crucial que todas las condiciones se cumplan integralmente y que existan medidas efectivas para proteger a las personas del Xingú y al ambiente, antes de otorgar la licencia". Por más de cinco años, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) ha ayudado a organizaciones y a comunidades indígenas y locales en la dura lucha para denunciar las irregularidades del proyecto Belo Monte. Las conclusiones de IBAMA reafirman los argumentos de quienes por años se han opuesto a la represa debido a los impactos socioambientales negativos. "Si el gobierno de Brasil aprueba la licencia de operación sin antes garantizar la protección del ambiente y de los derechos humanos, estará violando sus compromisos internacionales", dijo María José Veramendi, abogada de AIDA. AIDA y organizaciones aliadas hemos argumentado que no existen condiciones para la aprobación de las licencias de Belo Monte. Siguen pendientes aspectos esenciales como agua potable, saneamiento y servicios de salud y la garantía de los derechos mínimos a la población desplazada. En 2011 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares en favor de comunidades indígenas afectadas en la cuenca del río Xingú. La gravedad de las violaciones a los derechos humanos se evidencia en un informe del Instituto Socioambiental (ISA) de Brasil, al que AIDA contribuyó, así como en información de autoridades gubernamentales de protección de pueblos indígenas, de salud y por el Ministerio Público Federal. AIDA espera que el informe técnico de IBAMA sea seriamente atendido en la decisión final con respecto a la licencia de operación. La negación de la licencia podría finalmente servir como un cambio positivo hacia futuros proyectos planeados en la Amazonía de Brasil y en toda la región, enviando un mensaje positivo que proyectos de desarrollo económico no pueden implicar violaciones a derechos humanos.

September 22 2015 Arrecifes de coral, Océanos

Entregan a SEMARNAT más de 30 mil firmas pidiendo proteger Los Tuxtlas y Arrecife Veracruzano

Exitosa y muy participativa la iniciativa en la plataforma change.org/conservaveracruz La Reserva de los Tuxtlas y el Sistema Arrecifal Veracruzano están en riesgo por la autorización que Semarnat otorgó para las obras de ampliación del Puerto de Veracruz. Alertan organizaciones ante el Comité Científico de la Comisión Interamericana para la Protección de las Tortugas la amenaza de este proyecto para las tortugas marinas. Organizaciones de la sociedad civil entregaron a José Luis Juan Bravo Soto, Director de Atención Ciudadana de SEMARNAT y David Gutiérrez Carbonell, Director General de Conservación para el Desarrollo de CONANP, las más de 30 mil firmas para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) revoque la autorización en materia de impacto ambiental otorgada para la extracción de roca basáltica de la Reserva de la Biósfera Los Tuxtlas (RBLT), que pretende utilizarse en la ampliación del Puerto de Veracruz. La autorización expedida a favor de la Administración Portuaria Integral de Veracruz (APIVER) por parte del gobierno en junio del 2014 profundizará los daños que históricamente el puerto ha ocasionado a la barrera coralina y pondrá en peligro a dos de los tesoros naturales más importantes de México y el mundo. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), y las organizaciones Resistencia Organizada por la Conservación Ambiental (La Roca) y la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA) señalaron en conferencia de prensa que, actualmente, el Sistema Arrecifal Veracruzano (SAV) se encuentra en riesgo debido a la autorización que otorgó Semarnat para que se modificara, sin la suficiente información técnica y científica, la superficie del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV), de forma que sea posible ampliar el Puerto de Veracruz. Adicionalmente, el gobierno federal permitió la explotación de una mina de piedra basáltica en la Reserva de la Biósfera Los Tuxtlas para la construcción de las escolleras del nuevo puerto, aun cuando el programa de manejo de la reserva prohíbe expresamente el uso de explosivos en el área. Esta región es una de las últimas selvas húmedas de México, un muro natural contra huracanes y tormentas tropicales, refugio de millones de especies vegetales y animales, y hogar de muchas comunidades. Además de las acciones emprendidas hasta el momento, CEMDA y AIDA presentaron el 22 de septiembre de este año, un informe al Comité Científico de la Comisión Interamericana para la Protección de las Tortugas (CIT), sobre los impactos que la ampliación del puerto de Veracruz, así como los proyectos indirectos de éste (como la construcción de almacenes de roca) tendrán sobre las tortugas marinas y su hábitat. Cabe recordar que el Sistema Arrecifal Veracruzano es el mayor ecosistema de coral del Golfo de México. Funciona como barrera contra olas y tormentas, como cuando en 2010 protegió a la ciudad de Veracruz del huracán Karl. Asimismo, alberga una gran variedad de flora y fauna . Particularmente, las costas de Veracruz, incluyendo el PNSAV, reciben en diferentes épocas del año a cinco especies de tortugas marinas neotropicales . APIVER, promotora del proyecto de ampliación del puerto, señaló en su manifestación de impacto ambiental que “nunca se hará afectación directa sobre especies bajo protección” . Sin embargo, no presentó medidas de protección para las tortugas marinas, particularmente para la carey, catalogada como especie amenazada conforme a la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas (CIT) y la legislación mexicana. Esta especie se distribuye dentro del PNSAV y tiene rutas migratorias a lo largo del Golfo de México. Semarnat autorizó el proyecto en diciembre de 2013, sin requerir condicionantes o plan de manejo especial para conservar a esta especie . Esta situación es contraria a la obligación del Estado mexicano de promover la protección, conservación y recuperación de las poblaciones de tortugas marinas y de los hábitats de los cuales dependen -particularmente de los lugares de desove y alimentación-; debido a que no restringe las actividades humanas que puedan afectar a los quelonios, particularmente durante los periodos de reproducción e incubación. El Sistema Arrecifal Veracruzano fue declarado Área Natural Protegida en 1992 y en 2004 fue registrado como Humedal de Importancia Internacional de acuerdo a las características establecidas por la Convención Ramsar, por lo que la autorización otorgada por la autoridad ambiental contraviene normas nacionales e internacionales y no considera apropiadamente los impactos acumulativos que el proyecto tendrá en ese ecosistema. Asimismo, se incumple con la responsabilidad del Estado mexicano de proteger la biodiversidad de su territorio y se incumplen la Estrategia Nacional sobre Biodiversidad y las disposiciones de la Convención de Diversidad Biológica.

September 11 2015

Organizaciones regionales respaldan informe de expertos sobre Ayotzinapa

Ciudad de México Las organizaciones firmantes hemos seguido con atención la colaboración del gobierno Mexicano con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el caso Ayotzinapa (en adelante GIEI o Grupo de Expertos). En este marco, expresamos nuestro apoyo absoluto al informe presentado por el GIEI el pasado 6 de septiembre del año en curso. Consideramos que el informe contiene aportes sustanciales para la debida investigación y esclarecimiento de los hechos, y por ello, solicitamos al Gobierno Mexicano que refrende su voluntad de hacer justicia en este caso y garantice el cumplimiento cabal de las recomendaciones formuladas por el GIEI. Asimismo, es de nuestro conocimiento que, el Presidente de la República ha aceptado recibir y escuchar personalmente a las víctimas y sus familiares. Quedaremos atentos al cumplimiento de este compromiso, ya que consideramos que se trata de un gesto fundamental en aras de la reivindicación de las víctimas y sus familiares. En dicho encuentro esperamos que éstos puedan recibir una explicación clara sobre los pasos a seguir para que, a partir de las aportaciones del GIEI, sus demandas de verdad y justicia se hagan realidad. Cabe destacar que el GIEI reconoce que la problemática de la desaparición trasciende el caso de los 43 estudiantes normalistas y afecta a miles de familias en México. En este sentido, el Grupo de Expertos formuló recomendaciones estructurales para la búsqueda e investigación de las personas desaparecidas y garantizar el derecho a la verdad de sus familiares. Al respecto, consideramos esencial que el gobierno Mexicano cumpla también con estas recomendaciones, como un primer paso para poner fin a la espiral de impunidad que tanto ha lastimado a la sociedad mexicana durante décadas. Finalmente, las organizaciones firmantes respaldamos la solicitud de las víctimas y sus familiares de extender el mandato del GIEI hasta que los hechos sean totalmente esclarecidos. ATENTAMENTE, Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos – México Abuelas de Plaza de Mayo – Argentina Acción Solidaria en VIH/Sida - Venezuela Acción Visual (Argentina) ASAMBLEA PERMANENTE DE LA SOCIEDAD CIVIL POR LA PAZ (de Colombia) Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. (ASILEGAL)- México Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) – regional Asociación Para Una Vida Mejor de Personas Infectadas/Afectadas por el VIH-Sida en Honduras (APUVIMEH) Asociación pro Derechos Humanos- APRODEH – Perú Casa de la Mujer (Colombia) Casa Renacer Honduras (Casa Hogar de Personas con VIH) Católicas por el Derecho a Decidir - México CCAJAR – Colombia CEDAL- Centro de Derechos y Desarrollo. Perú CEFEM Centro de Justicia Feminista de los Derechos Humanos de las Mujeres Leticia Galarza Campos - México CEJIL Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (Venezuela) Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas AC, - México Centro de Derechos Humanos y Justicia de Género, Corporación Humanas (Chile) Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM-Ecuador) Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia) - Colombia Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) - Argentina Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos, CIDDH – Perú Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos – Perú CIVILIS Derechos Humanos - Venezuela Cofavic (Costa Rica) Colectiva Lesbica/Bisexual ANAT – Honduras Colectivo Nacidos en la Tempestad – México Coletivo Peso / Periferia Soberana (Brasil) Comisión de Derechos Humanos de Guatemala en EE.UU. (GHRC/USA) Comisión de Justicia y Paz (Colombia) Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) – Ecuador Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, CEDHU – Ecuador Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM) Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres - CLADEM Argentina Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres - CLADEM Colombia Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres - CLADEM El Salvador Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres - CLADEM Uruguay Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres - CLADEM Guatemala Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras (COFADEH) Conectas Direitos Humanos - Brasil Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay - CODEHUPY (Paraguay) Corporación Sisma Mujer de Colombia Defensa de Niñas y Niños Internacional- DNI Costa Rica Derechos Humanos Integrales en Acción, A.C. / México Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social A.C. (México) El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala -ICCPG- FEDERACION COMUNAL DE BOGOTA Y MOVIMIENTO NACIONAL COMUNAL - Colombia Fundacion Myrna Mack – Guatemala Fundación para el Debido Proceso (DPLF) – Regional Fundar, Centro de Análisis e Investigación GAPP - Grupo de Apoio ao Protesto Popular (Brasil). Grupo de Mujeres San Cristobal de las Casas IELSUR (Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay) Instituto de Defensa Legal (IDL) – Perú Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala -ICCPG Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos JASS (Asociadas por lo Justo) Laboratorio de Paz (Venezuela) Latin America Working Group (LAWG) Movimiento Autónomo de Mujeres, Nicaragua Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) Oficina jurídica para la mujer de Cochabamba Bolivia (Bolivia) Paz y Esperanza (Perú) Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD-Ecuador) Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea - Venezuela) Robert F. Kennedy Human Rights Terra Mater (Ecuador) Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social - UNITAS (Bolivia) Vicaría de DD.HH de Caracas – Venezuela

August 12 2015 Contaminación Tóxica, Derechos Humanos

Pronunciamiento ante los hechos de violencia registrados en La Oroya

La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), como organizaciones dedicadas a la promoción y defensa de los derechos humanos y el ambiente, manifestamos nuestra profunda preocupación ante los hechos de violencia que se vienen suscitando en la ciudad de La Oroya, departamento de Junín. De acuerdo con información de conocimiento público, desde las primeras horas de ayer martes 11 de agosto el paro organizado por los trabajadores del Complejo Metalúrgico de La Oroya propiedad de la empresa Doe Run Perú S.A. conllevó el bloqueo de la Carretera Central, lo que ha producido enfrentamientos entre los manifestantes y efectivos de la Policía Nacional del Perú. Lo anterior, ha traído como consecuencia el fallecimiento de una persona, el señor Edwar Soto de la Cruz (41) y alrededor de 67 personas heridas, entre ellas, cuatro heridas de bala e identificadas por el propio Ministerio Público como Yimer Bazán Daza (18), Willian Ronald Barja Lara (40), Alan Colca Cotera (23) y Vidal Barzola Vila (52), las mismas que no pueden ser debidamente atendidas, ya que el hospital de ESSALUD de La Oroya ha colapsado por no contar con suficiente personal médico para atender la emergencia. En vista de dicha situación manifestamos que: El derecho a la protesta social es un derecho legítimo que tiene todo ciudadano para ejercer un justo reclamo ante el Estado, no obstante, éste debe de ser ejercido de forma pacífica. El Estado peruano debe garantizar el pleno respeto a la vida e integridad de la población de conformidad con la Constitución Política y sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. En ese sentido, en su tarea de mantener el orden público, la Policía Nacional del Perú debe respetar el protocolo de intervención policial en conflictos sociales y no puede hacer un uso indiscriminado de la fuerza letal. Información difundida a través los medios de comunicación constata el uso de fuerza letal por parte de la Policía en La Oroya. Exigimos al Poder Ejecutivo la inmediata promulgación de la “Ley que regula el empleo de la fuerza por parte del personal de la Policía Nacional del Perú”, al amparo de las facultades legislativas, norma que permitirá regular el empleo de la fuerza por personal de la Policía Nacional del Perú en cumplimiento de su finalidad constitucional, que es mantener y restablecer el orden interno. Expresamos nuestro rechazo y condenamos todo acto violencia, por lo que hacemos un llamado al diálogo que permita llegar a una solución oportuna y pacífica, evitando de esta manera que el número de víctimas se acreciente con el paso de las horas. Ante el reclamo de parte de los trabajadores del Complejo Metalúrgico de La Oroya de respeto a su derecho al trabajo, el Estado tiene la obligación de atender la demanda social y generar alternativas que además, garanticen los derechos a un ambiente sano, a la vida, a la integridad y a la salud de la población de La Oroya. Finalmente, solicitamos que el Ministerio Público realice una pronta y exhaustiva investigación del uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional y que de manera urgente, el Estado brinde los recursos necesarios al Hospital de ESSALUD de La Oroya a efectos de que pueda atender adecuadamente a las víctimas.

July 10 2015 Grandes Represas, Derechos Indígenas, Fuentes de Agua Dulce

Defensores de derechos humanos afectados por hidroeléctrica Las Cruces son víctimas de criminalización e intimidación

Los líderes del movimiento de defensa de los pueblos indígenas afectados por el proyecto en Nayarit llevan detenidos dos meses sin derecho a fianza; denuncian abuso de autoridad. El proyecto fue autorizado por SEMARNAT pese a que no se garantizó el derecho a la consulta previa de las comunidades indígenas afectadas. Nayarit, México. Los incidentes de intimidación contra los líderes indígenas del movimiento de defensa del territorio que será afectado por el proyecto hidroeléctrico Las Cruces, han aumentado en la primera mitad del año. El Secretario General de Gobierno, José Trinidad Espinoza Vargas, acusó que las movilizaciones tienen el apoyo del crimen, lo cual es falso A ello se suma la criminalización de la que son víctimas autoridades ejidales y tradicionales de los territorios que serán afectados por la hidroeléctrica, ya que cinco de ellos denuncian abuso de autoridad por estar detenidos de manera arbitraria hace dos meses sin derecho a fianza. En el contexto de megaproyectos como la hidroeléctrica Las Cruces, el gobierno ha conformado estrategias de intimidación y criminalización de defensores de derechos humanos que se oponen a la explotación de su territorio; ése es el caso de los cinco presos políticos, acusados de delitos sin pruebas. Los líderes han sido acusados del delito de asociación delictuosa por la Procuraduría local derivado de la intención de crear un sistema de vigilancia comunitaria. Lo anterior fue expresado a manera de opinión en sus reuniones comunitarias. Ante ello, Lucía Chávez, Coordinadora de Investigación de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, expresó la necesidad de que el gobierno del Estado de Nayarit, así como todas las dependencias involucradas en el proyecto, reconozcan la legitimidad de las personas defensoras de derechos humanos. En una conferencia de prensa realizada esta mañana, hizo notar que la labor de las y los defensores de derechos humanos es fundamental en un Estado democrático, por lo que se debe transmitir el mensaje de que las agresiones de criminalización hacia su labor están totalmente fuera de lugar y los colocan en riesgo; por lo que deben parar las descalificaciones hacia las personas y colectivos que se oponen al megaproyecto. Asimismo, hizo hincapié en la responsabilidad del Estado mexicano de proteger y asistir a personas y grupos que corren el riesgo de ser desplazados tanto por un megaproyecto, como por los actos de hostigamiento derivados de la defensa de sus derechos. La protección contra el desplazamiento interno es un mandato constitucional que se desprende de las obligaciones de proteger, garantizar y defender los derechos humanos; así como de los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos. Al respecto, tanto el Convenio 169 de la OIT (artículos 15 y 16) como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas (artículo 10) establecen que los pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios, ni se procederá a ningún traslado sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas interesados, y sin la existencia de un acuerdo previo sobre una indemnización justa y equitativa, y siempre que sea posible la opción del regreso. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) otorgó el permiso ambiental al proyecto sin haber garantizado el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas Náyeri, Wixárica, Mexicanero y Tepehuano. La SEMARNAT condicionó la autorización a que la Secretaría de Energía compruebe la realización de una consulta a los pueblos indígenas, lo cual debería haber ocurrido antes de emitir el permiso. “Conforme a los estándares internacionales, la consulta previa y el consentimiento libre e informado de los pueblos indígenas no sólo consiste en comunicarles el proyecto como lo condiciona la SEMARNAT en la autorización de impacto ambiental de Las Cruces; en este caso, la Comisión Federal de Electricidad, entidad a cargo del proyecto, debió de consultar de manera, previa, libre, informada y de buena fe a estos pueblos desde el diseño del plan hidroeléctrico, conforme a las instituciones indígenas, y a sus usos y costumbres para proteger su integridad cultural, social y económica”, indicó Astrid Puentes, codirectora de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), en la conferencia de prensa. Por su parte, Manuel Rebolledo, presidente del Grupo Ecológico Manglar, mencionó la falta de adecuación del proyecto con diversos estándares internacionales en materia de derechos humanos como el Convenio 169 de la OIT en virtud de la falta de realización de una consulta libre, previa e informada. Raúl Nacía Coutiño, funcionario de la Comisión Federal de Electricidad informó que la construcción de Las Cruces iniciará en enero de 2016. De construirse la hidroeléctrica, el poblado de San Blasito y algunas tierras comunales cultivables quedarán bajo el agua. En consecuencia, sus pobladores se verán obligados a desplazarse. Al represar el río San Pedro Mezquital, se afectarán sitios sagrados que están sobre el caudal, dañando así la cultura, religión y las fuentes de subsistencia de los pobladores de la zona.