Prensa
Sociedad civil pide a la ONU documentar violaciones a derechos humanos por parte de empresas
Entregan reporte con más de 60 casos de violaciones en todo el país. Los proyectos de minería, infraestructura y energéticos —incluyendo hidroeléctricas y parques eólicos—, presentan mayores casos de abusos contra derechos humanos. Ciudad de México, México. Con motivo de la visita oficial a México del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que inicia el lunes 29 de agosto, un colectivo de más de 100 organizaciones, movimientos y redes de la sociedad civil elaboraron un informe en el que se da cuenta de las principales violaciones a derechos humanos por parte de las empresas y documenta más de 60 casos en todo el territorio nacional. El reporte profundiza en la crisis de derechos humanos que vive México, reconocida por diversos organismos de Naciones Unidas[1] y por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos[2], así como el peligro para quiénes protegen los derechos humanos y la tierra y el territorio[3]. En los casos documentados de abusos a derechos humanos por las actividades empresariales se vieron implicadas 99 empresas: 41 nacionales, 50 extranjeras y 8 públicas. En más de la mitad de los casos hubo algún tipo de intimidación y/o ataque contra defensores de derechos humanos y las violaciones más recurrentes fueron contra el derecho a la tierra y territorio; el derecho al acceso a la información; a un medio ambiente sano; impactos negativos a la salud, y falta de cumplimiento de los derechos indígenas. Debido a la gravedad de los casos, durante las visitas regionales del Grupo de la ONU, la sociedad civil y comunidades afectadas le darán a conocer de primera mano los impactos de las empresas vinculadas con los sectores de minería, energía eólica, presas hidroeléctricas, agroindustria, infraestructura (carreteras y aeropuertos), explotación de hidrocarburos y gasoductos, inmobiliario, turismo y maquilas, entre otros. Particularmente, por los impactos negativos ocasionados y, por sugerencia de sociedad civil, el Grupo se reunirá con las empresas Grupo México, Grupo Higa, Grupo BAL, Bimbo, Goldcorp, Transcanada, Eólica del Sur y CEMEX, así como con las Empresas Productivas del Estado, Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. Las situaciones que sistemáticamente se presentan en el país y que obstaculizan el avance de los Principios Rectores de la ONU en materia de empresas y derechos humanos son: Captura del Estado: complicidad, corrupción e impunidad. En muchos casos documentados, el Estado mexicano, a niveles federal, estatal y municipal, está al servicio de los intereses empresariales, por encima de la protección del interés público. Ejemplo de ello han sido la promulgación de normas y reglamentación que favorecen intereses empresariales en detrimento de los derechos humanos; el uso de la fuerza pública en contra de la movilización social pacífica; el favorecimiento a proyectos extractivos en contra de intereses de las comunidades; la falta de investigación y sanción, por parte del poder judicial, de denuncias de violaciones a derechos humanos; así como la criminalización de los defensores ambientales. Reformas estructurales que debilitan la protección de los derechos humanos y favorecen a las empresas, como es el caso de la reforma energética, la cual no siempre considera sus impactos en los derechos humanos o garantiza la participación e información de las comunidades afectadas. Falta de consulta previa y consentimiento previo, libre, informado, culturalmente adecuado y de buena fe; de debida diligencia por parte de las empresas; y proliferación de megaproyectos con diversos impactos negativos para los derechos humanos. Falta de acceso a la justicia e incumplimiento de normas y sentencias por parte de las empresas y el Estado. En múltiples ocasiones, las víctimas que denuncian han reportado ataques contra su persona y aun cuando existen decisiones judiciales a favor, incluso de la Suprema Corte de la Nación, éstas no se cumplen. Reducción de espacios de participación y abusos contra defensores y defensoras de derechos humanos que protegen sus derechos respecto de actividades empresariales. Los casos evidencian el aumento de asesinatos, criminalización, amenazas y ataques a defensores de derechos humanos frente a proyectos o actividades empresariales. En 2011, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas emitió los “Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos”, con el fin de que los Estados ejerzan control sobre las actividades empresariales y garanticen que se actúe con la debida diligencia y que las víctimas tengan acceso a medidas efectivas y adecuadas de reparación. Con el fin de vigilar el cumplimiento de estos principios, el Consejo creó el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos, que visita México del 29 de agosto al 7 de septiembre de 2016, siendo su segunda visita a América Latina. Las más de 100 organizaciones y las comunidades que hemos preparado este informe y apoyado la organización de las reuniones en México, esperamos que las conclusiones a las que llegue el Grupo de Trabajo al final de su visita estén a la altura de lo que México necesita, y exhortamos a las empresas que operan en México, así como al Estado mexicano a recibir las recomendaciones con seriedad y voluntad para aplicarlas. Más información en redes sociales #ONUenMx El informe fue realizado con la participación de las siguientes organizaciones y grupos de derechos humanos (en orden alfabético): Alianza de la Costa Verde Ambiente y Desarrollo Humano Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) Bios Iguana Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País Cartocrítica Casa del Migrante Saltillo Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas” Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria” Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” (Centro Prodh) Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH) Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL) Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios” Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) Colectivo sí a la vida No al basurero tóxico en Noria de la Sabina Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS) Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (CODIGODH) Comité de Derechos Humanos de Tabasco (CODEHUTAB) Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) Consejo en Defensa de la Vida y el Territorio Tiyat Tlali DECA Equipo Pueblo DH Rayoactivo El Barzón Chihuahua EcoRed Feminista la Lechuza Buza Enfoque DH Estancia del Migrante en Querétaro Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua (FPDTA) Fundar, Centro de Análisis e Investigación Foro de Derechos Humanos y Resistencias de la Sierra de Puebla Greenpeace México Grupo de Estudios Ambientales Grupo Focal sobre Empresas y Derechos Humanos Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC) Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4) Organic Consumers Association (México) Oxfam México Programa Universitario de Derechos Humanos, Programa de Incidencia, Programa de Medio Ambiente, UIA Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) Semillas de Vida SMR, Scalabrinianas: misión con Migrantes y Refugiados Serapaz, Servicios y Asesoría para la Paz Y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 80 organizaciones en 21 estados de la República mexicana). El proceso fue acompañado por Peace Brigrades International México (PBI) La información fue recolectada con base en el cuestionario de referencia para la documentación de abusos de empresas elaborado por el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH) y la Red DESC https://goo.gl/YLhbSM [1] Declaración del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, en su visita a México el 7 de octubre de 2015: http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16578&LangID=E [2] Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Situación de los derechos humanos en México, (OAS. Documentos oficiales; OEA/Ser.L) ISBN I. Title. II. Series. OAS. Documentos oficiales; OEA/Ser.L. OEA/Ser.L/V/II.Doc. 44/15 p. 11 http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Mexico2016-es.pdf [3] Institute for Economics & Peace, Global Peace Index 2015 Measuring peace, its causes and its economic value p. 8 http://economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2015/06/Global-Peace-Index-Report-2015_0.pdf Mexico´s Rank 140 out of 163 http://www.visionofhumanity.org/#page/indexes/global-peace-index/2016/MEX/OVER
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Expertos internacionales visitan la Ciénaga Grande tras petición de la sociedad civil
Ante la crítica situación ambiental de la Ciénaga Grande de Santa Marta, la Convención de Ramsar enviará una misión técnica de asesoramiento, con el beneplácito del gobierno colombiano. Bogotá, Colombia. Expertos de la Convención Ramsar, tratado internacional para la protección de los humedales, realizarán una visita del 22 al 26 de agosto a Colombia para evaluar la situación de la Ciénaga Grande de Santa Marta. Este encuentro se confirma tras la petición que, en 2014, hicieran la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), la Universidad del Norte, y la Universidad de Florida con acompañamiento de la científica Sandra Vilardy, de la Universidad del Magdalena, a la Secretaría de la Convención. Los expertos sostendrán reuniones con representantes del Gobierno colombiano y de la sociedad civil el 23 de agosto, incluyendo a AIDA, apertura que celebramos. "Nos complace que Colombia esté cumpliendo sus compromisos como parte de la Convención de Ramsar", dijo Gladys Martínez, abogada del Programa Marino de AIDA. "Creemos que el gobierno y la sociedad civil de Colombia pueden aprender de las experiencias de misiones Ramsar en México y Costa Rica, dónde AIDA ha participado", agregó. En los últimos días se registró la muerte de cientos de miles de peces, debido a la severa crisis ambiental por la que atraviesa el ecosistema, uno de los más importantes del país. La Ciénaga Grande, pese a haber sido declarada como Humedal de Importancia Internacional bajo la Convención Ramsar, ha sufrido incendios forestales, deforestación de grandes extensiones de terreno para la agricultura y la ganadería, pérdida de mangle y diques construidos ilegalmente. Asimismo, enfrenta serios desafíos por proyectos para construir carreteras. La visita de expertos de distintas nacionalidades y altamente calificados para la evaluación de estos ecosistemas es una oportunidad para salvar la Ciénaga, de existir disposición para acatar las recomendaciones que emitan. "Los delegados encontrarán una verdadera crisis ambiental y humanitaria", dijo Juan Pablo Sarmiento Erazo, investigador de la Universidad del Norte. "Las poblaciones locales cuya actividad económica es la pesca, están padeciendo privaciones en su alimentación, modo de vida, derecho al trabajo y acceso al agua", agregó. Sandra Vilardy, considera que "el actual colapso de la Ciénaga significa el fracaso del modelo de gestión" y habló de la "necesidad de que la misión de asesoramiento recomiende de manera urgente al gobierno colombiano un cambio en el mismo."
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Organizaciones recurren a la CIDH para que México proteja a comunidades mayas afectadas por siembra de soya transgénica
La vida, integridad y salud de las víctimas está en riesgo por la deforestación y contaminación que la siembra de soya genéticamente modificada causa en sus territorios. La situación se está agravando pues el Estado mexicano no ha adoptado medidas efectivas para salvaguardar los derechos de las comunidades. Washington D.C., Estados Unidos. Comunidades mayas apicultoras, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Greenpeace México; Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, A.C.(Indignación); y Litiga, Organización de Litigio Estratégico de Derechos Humanos A.C. (Litiga OLE) denunciaron el pasado 25 de julio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que la siembra de soya transgénica en los estados de Campeche y Yucatán, México, está afectando la vida, integridad, salud y el medio ambiente sano de las comunidades mayas. El modo de vida y la salud de las personas afectadas —entre ellas niños y niñas, mujeres gestantes y adultos mayores— están en riesgo creciente debido a la deforestación y al uso en la siembra de sustancias tóxicas, como el herbicida glifosato, que contaminan el agua y el suelo. Por ello, las organizaciones solicitaron que la CIDH otorgue medidas cautelares para que el Estado mexicano implemente acciones para proteger los derechos de las comunidades y suspenda de forma efectiva la siembra de soya genéticamente modificada en Campeche y Yucatán. Leydy Pech, representante de las comunidades mayas, manifestó que “la implementación del proyecto para la siembra de soya transgénica en el territorio maya atenta contra nuestros derechos y cultura, que son la herencia ancestral de nuestros abuelos. Hemos visto que con la siembra de esta soya se han perdido plantas medicinales, árboles vitales para las abejas, animales e incluso se han destruido sitios arqueológicos (por ejemplo aguadas, lagunas y suches). Al perderse esto se lastima la identidad maya y se nos priva de la posibilidad de transmitir ese conocimiento a nuestros hijos. Recordemos que los mayas poseemos un conocimiento tradicional que permite conservar la selva y generar bienestar para nuestra comunidades”. “El Estado mexicano tenía la obligación de aplicar el principio precautorio y tener en cuenta los riesgos para la salud que conllevaba el uso del herbicida glifosato y la siembra de soya transgénica. Al no hacerlo, incumplió su deber de prevenir violaciones a los derechos de las comunidades mayas, quienes actualmente están expuestas a dicho herbicida a través de la siembra y la contaminación de sus fuentes de agua", señaló María José Veramendi, abogada de AIDA. Las comunidades mayas afectadas habitan los municipios de Hopelchén, en el estado de Campeche, y de Mérida, Tekax y Teabo, en el estado de Yucatán, sin embargo vale la pena resaltar que el permiso de soya afecta a más comunidades y municipios de siete estados de la República. Las comunidades no fueron consultadas ni se obtuvo su consentimiento libre, previo e informado antes de que el Estado mexicano otorgara permisos para la siembra de soya genéticamente modificada en su territorio. Además, dicha siembra ha afectado gravemente al cultivo de abejas para la obtención de miel, práctica histórica y tradicional de la zona, y una de las fuentes principales de sustento para las comunidades. Además de la solicitud de medidas cautelares, las organizaciones interpusieron ante la CIDH una petición en la que denuncian violaciones a los derechos al territorio y a la propiedad comunal, a la vida y a la integridad personal, al medio ambiente sano, al trabajo y a la protección judicial y acceso a la justicia. Según las organizaciones, pese a las denuncias realizadas y las acciones judiciales interpuestas, el Estado no ha adoptado medidas efectivas para salvaguardar los derechos de las y los afectados. Francisco Xavier Martínez Esponda, representante legal por parte de CEMDA, señaló “que si bien las comunidades mayas obtuvieron una sentencia favorable de la Segunda Sala de la Suprema Corte en noviembre del año pasado, lo cierto es que ese fallo no resolvió sobre todos los derechos humanos violados; y en el proceso consulta que están llevando a cabo las autoridades, no se están respetado las formas tradicionales de adopción de decisiones ni se está cumpliendo el estándar interamericano para ese derecho fundamental. En resumidas cuentas, como el Estado no pudo determinar todas las violaciones a los derechos de las comunidades mayas ni ordenar su reparación, ahora hemos tomado el camino de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.
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Pronunciamiento de AIDA y APRODEH ante fallo en arbitraje internacional sobre La Oroya
El Estado peruano debe concentrar sus esfuerzos en atender adecuadamente la situación ambiental, sanitaria y laboral en La Oroya. Lima, Perú. Desde la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), recibimos con satisfacción la decisión del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) que favorece al Estado peruano en el arbitraje internacional relacionado con el Complejo Metalúrgico de La Oroya e iniciado por el Grupo Renco, propietario de Doe Run Perú. Esperamos que, tras la decisión, el Estado concentre sus esfuerzos dar una solución sostenible a la situación de contaminación ambiental en la ciudad La Oroya y que priorice la salud, el ambiente y el trabajo de sus habitantes. Esperamos además que —siguiendo una línea de acción transparente, diligente y apegada al Estado de Derecho— cumpla plenamente con las medidas cautelares otorgadas en 2007 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y ampliadas 2016, a favor de la población afectada por la contaminación. Asimismo, Perú debe aceptar su responsabilidad internacional por las violaciones de derechos humanos cometidas en perjuicio de los habitantes de La Oroya en el proceso que se lleva al respecto también en la CIDH. A propósito del fallo del CIADI, Astrid Puentes, codirectora de AIDA, señaló: "Por años se ha querido caer en la falsa premisa que la exigencia de operar adecuadamente el Complejo Metalúrgico de La Oroya atenta contra los derechos de los trabajadores. Sin embargo, Doe Run Perú y cualquier empresa que opere el complejo puede y debe hacerlo de forma que también proteja y respete los derechos a la salud y a la vida de sus trabajadores y de toda la población".
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AIDA condena amenazas contra defensores y defensoras del ambiente en Tolima, Colombia
Como organización regional, hacemos un llamado a que el Estado colombiano adopte de inmediato medidas para garantizar la vida e integridad de las y los activistas en riesgo. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) condena de forma categórica las amenazas hechas contra el Colectivo Socio Ambiental Juvenil de Cajamarca (Cosajuca), Colombia. El 8 de julio pasado, la organización colombiana, parte del Comité Ambiental de Cajamarca y de la Red de Comités Ambientales de Tolima, recibió un documento con amenazas de muerte. Ello se suma a las intimidaciones de las que fueron objeto anteriormente. El ejercicio de las libertades de expresión y asociación es fundamental para el Estado de Derecho y para una sociedad democrática. El acceso a la información, la participación y la búsqueda de justicia ambiental, son actividades legítimas, protegidas por la Constitución y los instrumentos jurídicos de carácter internacional de los que Colombia es parte. Cosajuca ejerce esos derechos mediante la promoción de una consulta popular frente a la minería contaminante en el municipio de Cajamarca, departamento de Tolima, región en la que se tiene previsto desarrollar proyectos de explotación de oro a gran escala. AIDA llama al Estado colombiano a garantizar la vida, libertad e integridad física de los integrantes de Cosajuca. Le requerimos garantizar además un espacio propicio para que estos defensores y defensoras del ambiente realicen su labor, así como a investigar de forma pronta y eficaz las amenazas expresadas en su contra. La atención prioritaria y efectiva de este tema se hace más urgente si consideramos que lo acontecido en Tolima es parte de una problemática mayor en Colombia y en América Latina. Global Witness identificó a Colombia como el tercer país más peligroso del mundo para los ambientalistas con 26 muertes registradas en 2015, y a otros seis países de la región entre los más mortíferos.
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El reto del próximo Gobierno peruano es dar una solución integral y sostenible a La Oroya
Hacemos un llamado al Presidente electo para que cualquier evaluación y decisión sobre La Oroya tome en cuenta los derechos de la población afectada por la contaminación. La Oroya, Perú. Ante las declaraciones públicas del presidente electo Pedro Pablo Kuczynski, quien el 6 de julio pasado visitó el Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO) y anunció a sus trabajadores que era necesario lograr que el próximo Congreso de la República apruebe una ley que prorrogue por un año más la liquidación en marcha del Complejo. Con ello, dijo, se daría la oportunidad para que con inversionistas se termine el circuito de cobre. Pidió además a los trabajadores y a la población de La Oroya respaldar la propuesta marchando hacia Congreso. Al respecto, la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) expresamos lo siguiente: La ciudad de La Oroya merece la atención plena de todos los niveles y sectores de gobierno para resolver de manera integral, especializada y sostenible las demandas de la población que en diferentes momentos de su historia ha sufrido y continúa sufriendo vulneraciones a sus derechos humanos como la vida, la integridad, la salud, el trabajo y el ambiente sano. En cuanto al derecho al trabajo, La Oroya requiere una evaluación de fondo que permita al Estado proponer e implementar acciones no solo paliativas, sino que garanticen trabajo digno y duradero para sostener condiciones de vida adecuadas para la población. Ninguna medida resuelve el problema de fondo si no contempla garantizar la salud pública en La Oroya. En ese sentido, nos permitimos recordarle al Presidente electo que desde 2007 un grupo de pobladores de La Oroya es beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para salvaguardar su vida e integridad personal ante las afectaciones a su salud derivadas de altos índices de contaminación del aire, suelo y agua. En mayo de 2016, la CIDH amplió las medidas cautelares a nuevos beneficiarios. En su resolución de ampliación, resaltó que las daños a la salud de los beneficiarios se ven exacerbadas debido a la falta de atención médica integral por parte del Estado. Asimismo, le recordamos que la CIDH tiene bajo su conocimiento un caso en el que se alega la responsabilidad del Estado peruano por la violación, entre otros, de los derechos a la salud, la integridad y la vida de dichos pobladores, entre ellos los derechos de niños y niñas, por la falta de control de la contaminación en La Oroya y las omisiones en la prestación de atención médica a los afectados. En este contexto, hacemos un llamado al Presidente electo para que cualquier evaluación y decisión sobre La Oroya tome en cuenta los derechos de la población afectada por la contaminación. Ello debe hacerse con responsabilidad y con una visión integral que implique garantizar la vida, la integridad, la salud, el trabajo y el ambiente sano. Es inconcebible anteponer el desarrollo de cualquier actividad económica a la salud de las personas. El gobierno entrante tiene el reto de brindar una solución integral y sostenible a La Oroya, con pleno respeto sus obligaciones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos y ambiente.
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Pronunciamiento de AIDA sobre el asesinato de defensoras ambientales en Honduras y Brasil
¡Las amenazas, la intimidación, los hostigamientos y los asesinatos a defensores y defensoras del ambiente deben cesar ya! Ayer se conoció la noticia lamentable de que Lesbia Yaneth Urquía Urquía, defensora de la naturaleza y de los derechos de los pueblos indígenas frente a la construcción de la represa hidroeléctrica Aurora I en el municipio de La Paz, Honduras, fue asesinada. Similar tragedia ocurrió en Brasil, país en el que se encontró el cuerpo sin vida de Nilce de Souza Magalhães, reconocida lideresa comunitaria del Movimiento de Afectados por Represas (MAB) que trabajaba a favor de los derechos de comunidades asentadas en la selva amazónica afectadas por hidroeléctricas, prácticas de pesca depredadoras y otras amenazas. Ambos hechos refuerzan una tendencia trágica en América Latina, región en la que están siete de los 10 países más peligrosos del mundo para las defensoras y defensores ambientales. Según Global Witness, en 2015, 185 activistas ambientales fueron asesinados en todo el mundo, dos tercios de ellos en la región. Es tiempo, más que nunca, de exigir rendición de cuentas. El trabajo de Lesbia Yaneth estaba vinculado al del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). Su muerte ocurrió 4 meses y 4 días después del asesinato de Berta Cáceres, lideresa del Consejo. Nilce había desaparecido en enero y su cuerpo fue hallado el 21 de junio en el lago formado por la hidroeléctrica Jirau, contra la que se había enfrentado en defensa de los derechos de su comunidad. El que sigue es el pronunciamiento de AIDA en voz de María José Veramendi Villa, abogada sénior del Programa de Derechos Humanos y Ambiente de AIDA, acerca de estas lamentables muertes. “Las crecientes cifras de asesinatos de defensoras y defensores ambientales en América Latina son alarmantes. Los Estados deben garantizar un entorno propicio para que estas personas realicen su labor de protección de la naturaleza. Deben además investigar y sancionar efectivamente estos hechos. Las muertes de las personas que valientemente defienden el ambiente no pueden quedar impunes. ¡Las amenazas, la intimidación, los hostigamientos y los asesinatos a defensores y defensoras del ambiente deben cesar ya!”.
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Colombia solicita visita de Ramsar a la Ciénaga Grande y avanza hacia su protección
La visita de expertos de la Convención Ramsar permitirá mejorar el manejo del humedal de importancia internacional, actualmente en deterioro por actividades ilegales. La participación de todos los actores involucrados en la defensa del sitio contribuirá al éxito de la misión. Bogotá, Colombia. El Gobierno colombiano solicitó oficialmente que una misión de expertos de la Convención Ramsar, tratado intergubernamental para la protección de humedales, visite la Ciénaga Grande, la laguna costera más grande y productiva del país. Con ello, el gobierno da un gran paso hacia la protección del sitio pues la visita permitirá conocer objetivamente su grado de deterioro y generar recomendaciones para mejorar su manejo. “Nos complace que Colombia esté cumpliendo sus compromisos como parte de la Convención de Ramsar”, dijo Gladys Martínez, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). “Estamos en toda la disposición de apoyar al gobierno y al Secretariado de Ramsar durante la visita como lo hemos hecho en otras misiones en México, Costa Rica y Panamá”. AIDA, el Grupo de Litigio de la Universidad del Norte y el Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Florida solicitaron la misión de asesoramiento a Ramsar el 2014. Y, por más de un año, abogaron para se concrete junto con Sandra Villardy, científica experta en la Ciénaga. "Es importante que a esta visita puedan acudir distintos actores de la sociedad para conocer los aspectos sociales, económicos y político-jurídicos que han contribuido al deterioro de la Ciénaga. Las distintas voces evidenciarán los múltiples factores que amenazan la existencia del ecosistema, y los intereses privados que se ciernen sobre el mismo", aconsejó Juan Pablo Sarmiento, abogado y director del Grupo de Litigio Ambiental de la Universidad del Norte. La Ciénaga Grande, pese a ser Humedal de Importancia Prioritaria Internacional bajo la Convención Ramsar, sufre actualmente una degradación ambiental grave a causa de incendios forestales provocados, deforestación de grandes extensiones de terreno para la agricultura y la ganadería, tala y quema de mangle, y 27 kilómetros de diques construidos ilegalmente. “La visita será muy útil porque le dará al gobierno una mirada objetiva sobre el estado actual del humedal y le permitirá tomar medidas para mejorar su gestión”, señaló Villardy. La fecha específica de la misión Ramsar está en proceso de definición. Contactos de prensa Gladys Martínez, AIDA, [email protected], +50683214263 Juan Pablo Sarmiento, Grupo de Litigio Ambiental de la Universidad del Norte, [email protected] Sandra Villardy, científica experta en la Ciénaga Grande, [email protected]
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Víctimas de violaciones de derechos humanos ocasionadas por empresas enfrentan obstáculos para obtener justicia
La asimetría de poder entre las empresas y las personas y comunidades afectadas, entre otros factores, dificulta el acceso a la justicia en el continente americano. Organizaciones brindaron información detallada sobre esta problemática en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Santiago, Chile. En el continente americano personas y comunidades cuyos derechos humanos han sido violados por actividades empresariales enfrentan obstáculos para ejercer su derecho a acceder a la justicia y lograr reparación por los daños causados. La criminalización acoso y amenazas de las que son objeto son algunas de las trabas. Entre otras razones, la situación responde a que, en muchos países, las empresas no son fiscalizadas adecuadamente e incluso tienen apoyo estatal o reciben incentivos para seguir operando pese a que vulneran derechos humanos. En una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organizaciones de la sociedad civil[1] informaron, a través de casos emblemáticos en América del Sur, de esta problemática que se registra en el todo continente. Uno de esos casos fue el ocurrido el 5 de noviembre de 2015 en Brasil. Ese día, la ruptura de la presa de relaves mineros de la empresa Samarco en la cuenca del río Doce, provocó el peor desastre socioambiental de la historia de ese país: toneladas de lodo tóxico afectaron a su paso casas, escuelas, cultivos y ganado hasta llegar al Océano Atlántico. El gobierno y la empresa dieron por cerrado el conflicto en torno al daño ocasionado con un acuerdo extrajudicial en el que no participaron las víctimas. “Yo vivía tranquilo, no esperábamos ver lo que pasó, las familias fueron desruidas. Necesitamos empleo, pero con responsabilidad, no de una forma que mate a las personas. El pueblo pide socorro, no podemos dejar que estas empresas hagan lo que quieran y si esta Comisión nos puede ayudar, se lo agradeceríamos”, expresó Antonio, víctima del caso ocurrido en Brasil. En la aduiencia, las organizaciones se refirieron también al caso de la empresa Southern Peaks Mining, financiada con capitales ingleses de Barclays Bank, acusada de incumplir convenios con comunidades de Mala, en Perú, Aquí las víctimas encontraron persecución y detenciones ilegales en su búsqueda de justicia. “Hemos identificado varios retos al acceso a la justicia para las víctimas. Algunos —como las barreras socioeconómicas, culturales y lingüísticas— ya fueron identificados en el Informe de la CIDH sobre pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes e industrias extractivas”, dijo María José Veramendi Villa, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), una de las organizaciones solicitantes de la audiencia. “Muchos obstáculos se agudizan en las disputas con empresas debido, en gran parte, a la pronunciada asimetría que existe en esta relación, expresada por ejemplo en la interferencia política de las empresas y la falta de resguardos adecuados a la independencia del Poder Judicial en muchos países de América del Sur”. Las organizaciones solicitaron que la Comisión recuerde a los Estados su obligación de garantizar el acceso a la justicia para quienes sufren violaciones de derechos humanos por parte de empresas y los inste a fortalecer su legislación interna en ese sentido. Asimismo, solicitaron a la Comisión que desarrolle en sus pronunciamientos sobre peticiones y casos individuales —así como en sus informes temáticos, de países y en otras actividades de monitoreo y promoción— estándares vinculantes sobre empresas y derechos humanos, en particular en lo referido al acceso a mecanismos de reparación. Finalmente, le solicitaron enfatizar el trabajo de quienes defienden los derechos humanos frente a la actuación de las empresas y recordar a los Estados que deben brindarles condiciones adecuadas para su actividad. [1] Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA, regional); Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH, regional); Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, regional); Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA, Argentina); Campanha para parar o poder das Corporações (Brasil); Justiça Global (Brasil); Pensamiento y Acción Social (PAS, Colombia); Project on Organizing, Development, Education, and Research (PODER, México); Fundar Centro de Análisis e Investigación A.C (México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC, México); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA, México); Código DH - Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (México) y Asociación Pro Derechos Humanos (Perú).
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Pronunciamiento de AIDA, APRODEH y Justiça Global sobre la grave crisis financiera que afecta a la CIDH
Las organizaciones consideran el hecho una afrenta a la protección de los derechos humanos en la región e instan a los Estados miembros de la OEA a cumplir su responsabilidad de financiar adecuadamente a la Comisión. Washington, Estados Unidos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció en un comunicado el día de ayer, que la grave crisis financiera por la que atraviesa la ha llevado a suspender todas las visitas previstas para este año, las audiencias de julio y octubre y a la inminente pérdida del 40% de su personal. La CIDH lleva casi dos décadas gestionando que los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), organismo del que es parte, le garanticen un presupuesto estable que le permita realizar su labor de forma efectiva. En su comunicado, la CIDH hace un llamado a que en la Asamblea General de la OEA, a llevarse a cabo en junio en República Dominicana, los Estados miembros adopten “una decisión histórica y trascendental, que refleje [su] compromiso con la defensa de los derechos humanos en la región”, aumentando radicalmente el presupuesto del fondo regular de la OEA y asignando a la CIDH y al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) en general los recursos necesarios para el cumplimiento del mandato asignado por los propios Estados. La Comisión es un órgano autónomo de la OEA. Su mandato es promover la promoción y la protección de los derechos humanos en el continente americano. Conforma, junto con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos (SIDH), el cual constituye en muchos casos la última esperanza para aquellas personas y comunidades cuyos derechos humanos han sido vulnerados y no encuentran verdad, justicia y reparación en la administración de justicia de sus propios países. Este es el pronunciamiento acerca del tema de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) de Perú y Justiça Global de Brasil: “La inminente pérdida de casi la mitad del personal de la CIDH, es un serio agravio para la protección de los derechos humanos en la región y refleja la falta de voluntad política de los Estados miembros de la OEA con la Comisión Interamericana. La Comisión ya enfrentaba serias limitaciones de recursos financieros y humanos para el cumplimiento de su labor, ahora, con casi la mitad su personal, su efectividad se verá seriamente afectada. Miles de víctimas de violaciones de derechos humanos en el hemisferio han depositado su confianza y sus últimas esperanzas de justicia en la CIDH y en el Sistema. Es el caso de las personas intoxicadas por metales pesados en La Oroya, Perú, quienes, tras haber presentado su denuncia en 2006, aún esperan un informe de fondo. También están las comunidades que han perdido su modo de vida a causa de la construcción de la represa Belo Monte en Brasil, quienes pese a la inauguración de la represa continúan esperando que el caso avance en la Comisión y se haga justicia por la violación a sus derechos. Al no financiar adecuadamente un órgano que ellos mismos crearon, los Estados ponen un obstáculo más para que estas personas accedan a la justicia. Hacemos un llamado a los Estados miembros de la OEA a que, en tanto la Asamblea General atiende esta situación, hagan inmediatamente una contribución voluntaria de emergencia que permita a la CIDH mantener a su personal, realizar las visitas que tenía previstas, así como llevar a cabo sus periodos de sesiones de julio y octubre. Los Estados miembros tienen una responsabilidad con el Sistema Interamericano. Esperamos que cumplan con ella, no a través de discursos y resoluciones de buenas intenciones, sino con acciones concretas e inmediatas de financiamiento.”
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