Prensa
AIDA condena amenazas contra defensores y defensoras del ambiente en Tolima, Colombia
Como organización regional, hacemos un llamado a que el Estado colombiano adopte de inmediato medidas para garantizar la vida e integridad de las y los activistas en riesgo. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) condena de forma categórica las amenazas hechas contra el Colectivo Socio Ambiental Juvenil de Cajamarca (Cosajuca), Colombia. El 8 de julio pasado, la organización colombiana, parte del Comité Ambiental de Cajamarca y de la Red de Comités Ambientales de Tolima, recibió un documento con amenazas de muerte. Ello se suma a las intimidaciones de las que fueron objeto anteriormente. El ejercicio de las libertades de expresión y asociación es fundamental para el Estado de Derecho y para una sociedad democrática. El acceso a la información, la participación y la búsqueda de justicia ambiental, son actividades legítimas, protegidas por la Constitución y los instrumentos jurídicos de carácter internacional de los que Colombia es parte. Cosajuca ejerce esos derechos mediante la promoción de una consulta popular frente a la minería contaminante en el municipio de Cajamarca, departamento de Tolima, región en la que se tiene previsto desarrollar proyectos de explotación de oro a gran escala. AIDA llama al Estado colombiano a garantizar la vida, libertad e integridad física de los integrantes de Cosajuca. Le requerimos garantizar además un espacio propicio para que estos defensores y defensoras del ambiente realicen su labor, así como a investigar de forma pronta y eficaz las amenazas expresadas en su contra. La atención prioritaria y efectiva de este tema se hace más urgente si consideramos que lo acontecido en Tolima es parte de una problemática mayor en Colombia y en América Latina. Global Witness identificó a Colombia como el tercer país más peligroso del mundo para los ambientalistas con 26 muertes registradas en 2015, y a otros seis países de la región entre los más mortíferos.
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El reto del próximo Gobierno peruano es dar una solución integral y sostenible a La Oroya
Hacemos un llamado al Presidente electo para que cualquier evaluación y decisión sobre La Oroya tome en cuenta los derechos de la población afectada por la contaminación. La Oroya, Perú. Ante las declaraciones públicas del presidente electo Pedro Pablo Kuczynski, quien el 6 de julio pasado visitó el Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO) y anunció a sus trabajadores que era necesario lograr que el próximo Congreso de la República apruebe una ley que prorrogue por un año más la liquidación en marcha del Complejo. Con ello, dijo, se daría la oportunidad para que con inversionistas se termine el circuito de cobre. Pidió además a los trabajadores y a la población de La Oroya respaldar la propuesta marchando hacia Congreso. Al respecto, la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) expresamos lo siguiente: La ciudad de La Oroya merece la atención plena de todos los niveles y sectores de gobierno para resolver de manera integral, especializada y sostenible las demandas de la población que en diferentes momentos de su historia ha sufrido y continúa sufriendo vulneraciones a sus derechos humanos como la vida, la integridad, la salud, el trabajo y el ambiente sano. En cuanto al derecho al trabajo, La Oroya requiere una evaluación de fondo que permita al Estado proponer e implementar acciones no solo paliativas, sino que garanticen trabajo digno y duradero para sostener condiciones de vida adecuadas para la población. Ninguna medida resuelve el problema de fondo si no contempla garantizar la salud pública en La Oroya. En ese sentido, nos permitimos recordarle al Presidente electo que desde 2007 un grupo de pobladores de La Oroya es beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para salvaguardar su vida e integridad personal ante las afectaciones a su salud derivadas de altos índices de contaminación del aire, suelo y agua. En mayo de 2016, la CIDH amplió las medidas cautelares a nuevos beneficiarios. En su resolución de ampliación, resaltó que las daños a la salud de los beneficiarios se ven exacerbadas debido a la falta de atención médica integral por parte del Estado. Asimismo, le recordamos que la CIDH tiene bajo su conocimiento un caso en el que se alega la responsabilidad del Estado peruano por la violación, entre otros, de los derechos a la salud, la integridad y la vida de dichos pobladores, entre ellos los derechos de niños y niñas, por la falta de control de la contaminación en La Oroya y las omisiones en la prestación de atención médica a los afectados. En este contexto, hacemos un llamado al Presidente electo para que cualquier evaluación y decisión sobre La Oroya tome en cuenta los derechos de la población afectada por la contaminación. Ello debe hacerse con responsabilidad y con una visión integral que implique garantizar la vida, la integridad, la salud, el trabajo y el ambiente sano. Es inconcebible anteponer el desarrollo de cualquier actividad económica a la salud de las personas. El gobierno entrante tiene el reto de brindar una solución integral y sostenible a La Oroya, con pleno respeto sus obligaciones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos y ambiente.
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Pronunciamiento de AIDA sobre el asesinato de defensoras ambientales en Honduras y Brasil
¡Las amenazas, la intimidación, los hostigamientos y los asesinatos a defensores y defensoras del ambiente deben cesar ya! Ayer se conoció la noticia lamentable de que Lesbia Yaneth Urquía Urquía, defensora de la naturaleza y de los derechos de los pueblos indígenas frente a la construcción de la represa hidroeléctrica Aurora I en el municipio de La Paz, Honduras, fue asesinada. Similar tragedia ocurrió en Brasil, país en el que se encontró el cuerpo sin vida de Nilce de Souza Magalhães, reconocida lideresa comunitaria del Movimiento de Afectados por Represas (MAB) que trabajaba a favor de los derechos de comunidades asentadas en la selva amazónica afectadas por hidroeléctricas, prácticas de pesca depredadoras y otras amenazas. Ambos hechos refuerzan una tendencia trágica en América Latina, región en la que están siete de los 10 países más peligrosos del mundo para las defensoras y defensores ambientales. Según Global Witness, en 2015, 185 activistas ambientales fueron asesinados en todo el mundo, dos tercios de ellos en la región. Es tiempo, más que nunca, de exigir rendición de cuentas. El trabajo de Lesbia Yaneth estaba vinculado al del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). Su muerte ocurrió 4 meses y 4 días después del asesinato de Berta Cáceres, lideresa del Consejo. Nilce había desaparecido en enero y su cuerpo fue hallado el 21 de junio en el lago formado por la hidroeléctrica Jirau, contra la que se había enfrentado en defensa de los derechos de su comunidad. El que sigue es el pronunciamiento de AIDA en voz de María José Veramendi Villa, abogada sénior del Programa de Derechos Humanos y Ambiente de AIDA, acerca de estas lamentables muertes. “Las crecientes cifras de asesinatos de defensoras y defensores ambientales en América Latina son alarmantes. Los Estados deben garantizar un entorno propicio para que estas personas realicen su labor de protección de la naturaleza. Deben además investigar y sancionar efectivamente estos hechos. Las muertes de las personas que valientemente defienden el ambiente no pueden quedar impunes. ¡Las amenazas, la intimidación, los hostigamientos y los asesinatos a defensores y defensoras del ambiente deben cesar ya!”.
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Colombia solicita visita de Ramsar a la Ciénaga Grande y avanza hacia su protección
La visita de expertos de la Convención Ramsar permitirá mejorar el manejo del humedal de importancia internacional, actualmente en deterioro por actividades ilegales. La participación de todos los actores involucrados en la defensa del sitio contribuirá al éxito de la misión. Bogotá, Colombia. El Gobierno colombiano solicitó oficialmente que una misión de expertos de la Convención Ramsar, tratado intergubernamental para la protección de humedales, visite la Ciénaga Grande, la laguna costera más grande y productiva del país. Con ello, el gobierno da un gran paso hacia la protección del sitio pues la visita permitirá conocer objetivamente su grado de deterioro y generar recomendaciones para mejorar su manejo. “Nos complace que Colombia esté cumpliendo sus compromisos como parte de la Convención de Ramsar”, dijo Gladys Martínez, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). “Estamos en toda la disposición de apoyar al gobierno y al Secretariado de Ramsar durante la visita como lo hemos hecho en otras misiones en México, Costa Rica y Panamá”. AIDA, el Grupo de Litigio de la Universidad del Norte y el Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Florida solicitaron la misión de asesoramiento a Ramsar el 2014. Y, por más de un año, abogaron para se concrete junto con Sandra Villardy, científica experta en la Ciénaga. "Es importante que a esta visita puedan acudir distintos actores de la sociedad para conocer los aspectos sociales, económicos y político-jurídicos que han contribuido al deterioro de la Ciénaga. Las distintas voces evidenciarán los múltiples factores que amenazan la existencia del ecosistema, y los intereses privados que se ciernen sobre el mismo", aconsejó Juan Pablo Sarmiento, abogado y director del Grupo de Litigio Ambiental de la Universidad del Norte. La Ciénaga Grande, pese a ser Humedal de Importancia Prioritaria Internacional bajo la Convención Ramsar, sufre actualmente una degradación ambiental grave a causa de incendios forestales provocados, deforestación de grandes extensiones de terreno para la agricultura y la ganadería, tala y quema de mangle, y 27 kilómetros de diques construidos ilegalmente. “La visita será muy útil porque le dará al gobierno una mirada objetiva sobre el estado actual del humedal y le permitirá tomar medidas para mejorar su gestión”, señaló Villardy. La fecha específica de la misión Ramsar está en proceso de definición. Contactos de prensa Gladys Martínez, AIDA, [email protected], +50683214263 Juan Pablo Sarmiento, Grupo de Litigio Ambiental de la Universidad del Norte, [email protected] Sandra Villardy, científica experta en la Ciénaga Grande, [email protected]
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Víctimas de violaciones de derechos humanos ocasionadas por empresas enfrentan obstáculos para obtener justicia
La asimetría de poder entre las empresas y las personas y comunidades afectadas, entre otros factores, dificulta el acceso a la justicia en el continente americano. Organizaciones brindaron información detallada sobre esta problemática en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Santiago, Chile. En el continente americano personas y comunidades cuyos derechos humanos han sido violados por actividades empresariales enfrentan obstáculos para ejercer su derecho a acceder a la justicia y lograr reparación por los daños causados. La criminalización acoso y amenazas de las que son objeto son algunas de las trabas. Entre otras razones, la situación responde a que, en muchos países, las empresas no son fiscalizadas adecuadamente e incluso tienen apoyo estatal o reciben incentivos para seguir operando pese a que vulneran derechos humanos. En una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organizaciones de la sociedad civil[1] informaron, a través de casos emblemáticos en América del Sur, de esta problemática que se registra en el todo continente. Uno de esos casos fue el ocurrido el 5 de noviembre de 2015 en Brasil. Ese día, la ruptura de la presa de relaves mineros de la empresa Samarco en la cuenca del río Doce, provocó el peor desastre socioambiental de la historia de ese país: toneladas de lodo tóxico afectaron a su paso casas, escuelas, cultivos y ganado hasta llegar al Océano Atlántico. El gobierno y la empresa dieron por cerrado el conflicto en torno al daño ocasionado con un acuerdo extrajudicial en el que no participaron las víctimas. “Yo vivía tranquilo, no esperábamos ver lo que pasó, las familias fueron desruidas. Necesitamos empleo, pero con responsabilidad, no de una forma que mate a las personas. El pueblo pide socorro, no podemos dejar que estas empresas hagan lo que quieran y si esta Comisión nos puede ayudar, se lo agradeceríamos”, expresó Antonio, víctima del caso ocurrido en Brasil. En la aduiencia, las organizaciones se refirieron también al caso de la empresa Southern Peaks Mining, financiada con capitales ingleses de Barclays Bank, acusada de incumplir convenios con comunidades de Mala, en Perú, Aquí las víctimas encontraron persecución y detenciones ilegales en su búsqueda de justicia. “Hemos identificado varios retos al acceso a la justicia para las víctimas. Algunos —como las barreras socioeconómicas, culturales y lingüísticas— ya fueron identificados en el Informe de la CIDH sobre pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes e industrias extractivas”, dijo María José Veramendi Villa, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), una de las organizaciones solicitantes de la audiencia. “Muchos obstáculos se agudizan en las disputas con empresas debido, en gran parte, a la pronunciada asimetría que existe en esta relación, expresada por ejemplo en la interferencia política de las empresas y la falta de resguardos adecuados a la independencia del Poder Judicial en muchos países de América del Sur”. Las organizaciones solicitaron que la Comisión recuerde a los Estados su obligación de garantizar el acceso a la justicia para quienes sufren violaciones de derechos humanos por parte de empresas y los inste a fortalecer su legislación interna en ese sentido. Asimismo, solicitaron a la Comisión que desarrolle en sus pronunciamientos sobre peticiones y casos individuales —así como en sus informes temáticos, de países y en otras actividades de monitoreo y promoción— estándares vinculantes sobre empresas y derechos humanos, en particular en lo referido al acceso a mecanismos de reparación. Finalmente, le solicitaron enfatizar el trabajo de quienes defienden los derechos humanos frente a la actuación de las empresas y recordar a los Estados que deben brindarles condiciones adecuadas para su actividad. [1] Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA, regional); Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH, regional); Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, regional); Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA, Argentina); Campanha para parar o poder das Corporações (Brasil); Justiça Global (Brasil); Pensamiento y Acción Social (PAS, Colombia); Project on Organizing, Development, Education, and Research (PODER, México); Fundar Centro de Análisis e Investigación A.C (México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC, México); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA, México); Código DH - Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (México) y Asociación Pro Derechos Humanos (Perú).
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Pronunciamiento de AIDA, APRODEH y Justiça Global sobre la grave crisis financiera que afecta a la CIDH
Las organizaciones consideran el hecho una afrenta a la protección de los derechos humanos en la región e instan a los Estados miembros de la OEA a cumplir su responsabilidad de financiar adecuadamente a la Comisión. Washington, Estados Unidos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció en un comunicado el día de ayer, que la grave crisis financiera por la que atraviesa la ha llevado a suspender todas las visitas previstas para este año, las audiencias de julio y octubre y a la inminente pérdida del 40% de su personal. La CIDH lleva casi dos décadas gestionando que los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), organismo del que es parte, le garanticen un presupuesto estable que le permita realizar su labor de forma efectiva. En su comunicado, la CIDH hace un llamado a que en la Asamblea General de la OEA, a llevarse a cabo en junio en República Dominicana, los Estados miembros adopten “una decisión histórica y trascendental, que refleje [su] compromiso con la defensa de los derechos humanos en la región”, aumentando radicalmente el presupuesto del fondo regular de la OEA y asignando a la CIDH y al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) en general los recursos necesarios para el cumplimiento del mandato asignado por los propios Estados. La Comisión es un órgano autónomo de la OEA. Su mandato es promover la promoción y la protección de los derechos humanos en el continente americano. Conforma, junto con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos (SIDH), el cual constituye en muchos casos la última esperanza para aquellas personas y comunidades cuyos derechos humanos han sido vulnerados y no encuentran verdad, justicia y reparación en la administración de justicia de sus propios países. Este es el pronunciamiento acerca del tema de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) de Perú y Justiça Global de Brasil: “La inminente pérdida de casi la mitad del personal de la CIDH, es un serio agravio para la protección de los derechos humanos en la región y refleja la falta de voluntad política de los Estados miembros de la OEA con la Comisión Interamericana. La Comisión ya enfrentaba serias limitaciones de recursos financieros y humanos para el cumplimiento de su labor, ahora, con casi la mitad su personal, su efectividad se verá seriamente afectada. Miles de víctimas de violaciones de derechos humanos en el hemisferio han depositado su confianza y sus últimas esperanzas de justicia en la CIDH y en el Sistema. Es el caso de las personas intoxicadas por metales pesados en La Oroya, Perú, quienes, tras haber presentado su denuncia en 2006, aún esperan un informe de fondo. También están las comunidades que han perdido su modo de vida a causa de la construcción de la represa Belo Monte en Brasil, quienes pese a la inauguración de la represa continúan esperando que el caso avance en la Comisión y se haga justicia por la violación a sus derechos. Al no financiar adecuadamente un órgano que ellos mismos crearon, los Estados ponen un obstáculo más para que estas personas accedan a la justicia. Hacemos un llamado a los Estados miembros de la OEA a que, en tanto la Asamblea General atiende esta situación, hagan inmediatamente una contribución voluntaria de emergencia que permita a la CIDH mantener a su personal, realizar las visitas que tenía previstas, así como llevar a cabo sus periodos de sesiones de julio y octubre. Los Estados miembros tienen una responsabilidad con el Sistema Interamericano. Esperamos que cumplan con ella, no a través de discursos y resoluciones de buenas intenciones, sino con acciones concretas e inmediatas de financiamiento.”
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La CIDH pide a Perú proteger a otras 14 personas afectadas por contaminación en La Oroya
Lo hizo al ampliar la medida cautelar otorgada originalmente en 2007. La decisión llegó después de seis años de ser solicitada y ratifica que el deterioro de la salud de las personas beneficiadas es grave, que su vida e integridad continúan en riesgo y que requieren atención adecuada e urgente por parte del Estado peruano. Washington D.C., Estados Unidos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado peruano proteger la vida e integridad de otras 14 personas afectadas por contaminación tóxica en la ciudad de La Oroya, las cuales se suman a las 65 personas incluidas en la medida cautelar que el organismo internacional otorgó en 2007. La decisión ratifica que el deterioro de la salud de las personas beneficiadas es grave, que continúan en riesgo y que requieren que el gobierno de su país les brinde atención adecuada y pronta. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) —junto con la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), el Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA) y Earthjustice— representa ante la CIDH a las víctimas del caso y beneficiarias y beneficiarias de la medida cautelar. Expresamos nuestra satisfacción por la decisión adoptada por la Comisión, la cual llegó después de seis años de ser solicitada. La contaminación con metales pesados en La Oroya proviene de las operaciones de la fundidora de la empresa Doe Run Perú. La Comisión estableció que la falta de atención médica integral y especializada, así como el deterioro de su salud con el paso del tiempo, podrían afectar el derecho a la vida e integridad de las personas beneficiadas con la medida cautelar, las cuales ahora son 79 en total. “La ampliación de la medida cautelar reafirma de forma importante la situación grave y urgente de la vida e integridad de las personas de La Oroya. Esperamos que el Estado cumpla plenamente lo dispuesto en favor de todas y todos los beneficiarios, brindándoles atención médica adecuada y especializada”, dijo María José Veramendi Villa, abogada de AIDA. La decisión de la Comisión dispone que el Estado peruano debe realizar las valoraciones médicas necesarias para determinar los niveles de plomo, cadmio y arsénico en la sangre de las personas afectadas a fin de suministrarles una atención médica adecuada, acorde a estándares internacionales. Debe además informar sobre las acciones adoptadas para investigar los hechos que dieron lugar a la ampliación de la medida cautelar y así evitar su repetición. Por las violaciones de derechos humanos cometidas en perjuicio de las personas afectadas, existe un caso en trámite ante la Comisión cuya decisión final está pendiente. AIDA y APRODEH esperan que la misma responsabilice al Estado peruano por dichas violaciones.
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México elige proteger a la tortuga Caguama del proyecto minero Don Diego
AIDA celebra la decisión de la SEMARNAT de negar el permiso ambiental a la mina submarina de fosfato propuesta en el Golfo de Ulloa, Baja California Sur. La entidad encontró que las medidas planteadas por Exploraciones Oceánicas, empresa a cargo del proyecto, para resguardar a la tortuga marina se basan en información inconsistente. Ciudad de México, México. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) antepuso la protección de la tortuga caguama, especie amenazada, al beneficio económico que podría traer la mina submarina de fosfato Don Diego, cuya ubicación propuesta es el Golfo de Ulloa en Baja California Sur. La entidad negó la autorización del proyecto a cargo de Exploraciones Oceánicas al encontrar que las medidas planteadas por la empresa para proteger a la Caguama se sustentan en información que no es consistente. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) aplaude la decisión de la SEMARNAT en la que se señala que los aspectos económicos del proyecto “no pueden prevalecer sobre la protección de los recursos naturales existentes el Golfo de Ulloa”, más cuando algunos de ellos como la tortuga Caguama (Caretta Caretta), “se encuentran sujetos a estrictos estándares de protección por encontrarse en peligro de extinción”. Según la entidad, no es factible armonizar el resguardo de las poblaciones de esa especie con una actividad “que adiciona una presión antropogénica (fruto de la actividad humana) a las existentes en la zona y que incrementa el riesgo de extinción de dicha especie, que es compartida internacionalmente (página 232 del documento que contiene la decisión de la SEMARNAT)”. AIDA presentó a la SEMARNAT argumentos sobre las obligaciones internacionales que México incumpliría de autorizar el proyecto, así como de la información insuficiente con la cual la empresa evaluó el impacto ambiental de la mina en los ecosistemas marinos del lugar y en la que basó sus medidas de mitigación. Según la Secretaría, Exploraciones Oceánicas propuso un Programa de Monitoreo de las Tortugas Marinas que es más bien uno de “salvamento” y que no se sustenta en datos cuantitativos del hábitat de la Caguama. Además, la empresa no planteó medidas de mitigación y prevención para garantizar la disponibilidad de alimento suficiente para la especie, y su modelo de restauración del fondo marino —el cual busca dragar para extraer fosfato— no tomó en cuenta las características particulares del Golfo de Ulloa (páginas 225 y 226). La SEMARNAT se amparó en normas internacionales para negar el permiso ambiental a Don Diego. Recurrió por ejemplo a las obligaciones de México de proteger su medio marino y de utilizar los datos científicos más fidedignos posibles en la protección de las tortugas marinas, contenidas en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) y en la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas (CIT), respectivamente. Más información 10 cosas que debes saber del proyecto Don Diego
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Pronunciamiento de AIDA sobre la firma del Acuerdo de París
AIDA celebra el inicio de la construcción de un nuevo planeta. Nueva York, Estados Unidos. Hoy, en la sede de Naciones Unidas y en el Día de la Tierra, el Acuerdo de París se abrió para firma de los Estados Parte de la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático. La firma es un paso necesario para que el tratado entre en vigencia rápidamente. El acuerdo contiene las acciones que el mundo deberá implementar en la próxima década para enfrentar el cambio climático, la mayor amenaza para la humanidad. Este es el pronunciamiento de Astrid Puentes Riaño y Anna Cederstav, Codirectoras de AIDA, al respecto: “Hoy celebramos la histórica firma del Acuerdo de París, un paso vital y un nuevo comienzo para que como humanidad enfrentemos el cambio climático. La existencia del acuerdo, su firma y ratificación inmediata por parte de todas las naciones, es una luz de esperanza para el planeta, para las generaciones actuales y futuras. Reconocemos que el Acuerdo no es perfecto, pero también sabemos lo complejo que es para cerca de 200 países llegar a consensos sobre un tema tan sensible. Por ello consideramos que se trata del comienzo de un camino hacia resultados ambiciosos y efectivos. Uno de los avances importantes del Acuerdo es el reconocimiento de que en todas las acciones climáticas se tomen en cuenta y respeten los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas; asegurando además equidad de género e intergeneracional y una justa transición de la fuerza de trabajo. Resaltamos también que el Acuerdo reconozca la gran brecha que existe entre los compromisos asumidos por los Estados y las medidas urgentes necesarias para evitar consecuencias catastróficas, que incluyen incrementar el financiamiento climático. En ese sentido, esperamos que la celebración, los discursos y fotografías oficiales se traduzcan en acciones prontas y efectivas que superen incluso lo acordado en París en diciembre del año pasado. El Acuerdo refleja un cambio de paradigma que es necesario y posible. Para América Latina y el Caribe, una de las regiones más afectadas y vulnerables ante el cambio climático, el Acuerdo es una oportunidad única para lograr un desarrollo bajo en carbono que priorice la protección de comunidades, personas y ecosistemas esenciales. AIDA participa hace varios años en las negociaciones climáticas como una voz que proviene de América Latina. Nos llena de orgullo que nuestros esfuerzos y los de tantas personas y organzaciones con quienes trabajamos hayan tenido frutos. Hoy el Acuerdo nos compromete a seguir trabajando para asegurar su cumplimiento. Responder al cambio climático es tarea de todos y todas, diferenciando, claro está, capacidades y responsabilidades. La obligación de los Estados es firmar, ratificar e implementar el Acuerdo de París de inmediato. Organizaciones internacionales y regionales, entidades financieras y empresas no deben ser ajenas a esa responsabilidad. Y nosotros, como individuos, debemos analizar nuestras propias acciones y cómo podemos contribuir a reducir el cambio climático. Cada aporte es fundamental para adoptar soluciones reales que nos lleven a tener un mundo más justo y sostenible. Firmar hoy el Acuerdo de París constituye una gran muestra voluntad política que debe traducirse sin demora en resultados concretos. Los países más vulnerables y los más afectados, no pueden esperar.”
Leer más¿Seguir apostando a hidroeléctricas o buscar energías alternativas?
La actual crisis energética en Colombia ha llevado a los analistas del sector energético a criticar la dependencia de las hidroeléctricas y a solicitar la generación urgente de energías limpias. Los especialistas afirman que la construcción de hidroeléctricas genera tala de bosques, emisión de CO2 y desplazamientos de por lo menos 80 millones de personas en el mundo, así como la reducción de una tercera parte de las especies en agua dulce. Aunque por muchos años las represas han sido incluidas en la categoría de las llamadas ‘energías limpias’, crece el debate frente a si deben considerarse así, teniendo en cuenta que en materia ambiental pueden generar impactos graves, como la muerte masiva de peces y otras especies de agua dulce y la desviación de los ríos. Héctor Herrera, investigador y analista en temas de energías limpias, explicó en RCN Radio que las hidroeléctricas, además de impactar el medio ambiente, también son vulnerables a los efectos del cambio climático, “por su afectación de ecosistemas y su afectación a la fauna y peces. (…) Las represas frente al cambio climático tienen dos factores de preocupación: su impacto y su vulnerabilidad“, sostuvo Herrera. Por su parte, Astrid Puentes, directora de la Asociación Interamericana para la Defensa Ambiental (AIDA), explicó que la construcción de hidroeléctricas como fuente de energía ha desplazado a más de 80 millones de personas en el mundo y ha generado un impacto ambiental que ya se ha observado. “Se calcula que las grandes represas emiten el 4 % del gas invernadero a nivel mundial. Es decir, lo mismo que la industria aeronáutica. Son una fuente muy grande de emisión de gas metano y CO2“, indicó Astrid Puentes a RCN Radio. Por otro lado, Puentes afirmó que “a nivel mundial se calcula que el 37 % de las especies de agua dulce se redujeron por el impacto de las represas. Y específicamente, en zonas tropicales como Colombia, se calcula que es el 70%”. Hoy en día se habla de las energías no convencionales, una categoría dentro de la cual entran fuentes como la energía eólica, la energía solar y la geotérmica, entre otras. Precisamente, este nuevo concepto lo que busca es replantear cuáles formas de energías, antes denominadas ‘limpias’ y generalizadas en su uso, en realidad son amigables con el medio ambiente. Una fuente de energía importante para el país son las plantas hidroeléctricas pequeñas, que no cuentan con sus propios embalses. Estas no generan los mismos impactos que las grandes represas hidroeléctricas. Se calcula que este tipo de represas pequeñas generan cerca del 5 % de la energía en el país y pueden ser consideradas como formas de energía no convencional. “Muchas de estas pequeñas centrales no tienen un embalse asociado, no hay una gran afectación de tierra ni de los cauces. Toman agua del cauce, la usan para generar y la devuelven a los ríos“, dijo Jorge Valencia, director de la Unidad de Planeación Minero Energética. Valencia además precisó que “todo cambio en el paisaje y el ambiente tiene una afectación. Lo que hay que ver es cuál es el balance. (…) A la energía eólica le atribuyen cambios en los patrones de los ciclos de las aves. La energía solar requiere grandes extensiones de tierra“. “Solamente en el país se ha desarrollado una planta eólica en la Alta Guajira. (…) Estos proyectos aspiramos que para 2018 y 2019 sean proyectos más grandes que el que tenemos actualmente en La Guajira“, dijo. El director de la Unidad de Planeación Minero Energética considera como un escenario “muy deseable en donde en los próximos 15 años el país debería contar en la expansión nueva al menos con el 25% de renovables no convencionales“. Por su parte, Ángela Montoya, directora de Acolgén (Asociación Colombiana de Generadores de Energía) defendió las hidroeléctricas como fuentes de energía, asegurando que el hecho de que finalmente no hubiera un apagón ni racionamientos, se debe a que estas plantas pudieron contener la suficiente agua para suplir la temporada de sequías. Para Montoya, “en condiciones normales de eventualidades de clima, Colombia tiene la suficiente energía para suplir el 100% de su demanda“. “Las hidráulicas lo que tenían que hacer era que el agua perdurara hasta el final del Fenómeno del Niño. (…) En este momento la totalidad de las plantas de generación hidráulica están cumpliendo con sus funciones. Si no hubiera sido así, el país hubiera tenido un apagón“, añadió finalmente la directora de Acolgén.
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