Prensa

Febrero 01 2018 Grandes Represas, Derechos Indígenas, Fuentes de Agua Dulce

Piden al gobierno mexicano proteger Marismas Nacionales, en riesgo por hidroeléctrica

El proyecto hidroeléctrico Las Cruces amenaza la Reserva de la Biósfera Marismas Nacionales y Sitio Ramsar, el humedal más importante del Pacífico Mexicano. Comunidades indígenas de la zona alertan sobre violaciones a sus derechos humanos a la libre determinación, autonomía, territorio, identidad cultural, así como a un medio ambiente sano. Con motivo del Día Mundial de los Humedales, organizaciones de la sociedad civil, así como el Consejo Intercomunitario del Río San Pedro Mezquital, Consejo Regional Wixárika y el Consejo Náyeri, reiteraron su petición a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para que cancele de forma definitiva los permisos de autorización de impacto ambiental y cambio de uso de suelo otorgados al proyecto Hidroeléctrico Las Cruces, que busca desarrollarse en el estado de Nayarit, debido al riesgo ambiental que representa para la Reserva de la Biósfera Marismas Nacionales (Sitio Ramsar de Importancia Internacional), porque viola los derechos humanos de las comunidades y pueblos indígenas que ahí se encuentran y por el interés público respecto de proteger y conservar los ecosistemas prioritarios para la biodiversidad, y necesarios por la adaptación y mitigación al cambio climático. El proyecto hidroeléctrico Las Cruces pretende represar el río San Pedro, único que fluye libremente al cruzar la Sierra Madre Occidental y fuente principal de agua dulce del sistema de Marismas Nacionales. Desde el 2008, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), tiene en curso este proyecto, que consiste en modificar directamente el uso de suelo de más de 5 mil hectáreas de bosques y zonas de ribera, alterar el ciclo del agua, transporte de sedimentos y ciclo del carbón. Las represas en regiones tropicales generan mayores emisiones de gases efecto invernadero (gas metano) que afectan a la delgada capa atmosférica. Represas como las de Aguamilpa y El Cajón, ya generan impactos al modificar el caudal ecológico, retener sedimentos y los volúmenes de agua. Sus impactos han provocado efectos adversos para la provisión de alimentos y para la materia orgánica disuelta, necesaria para la biodiversidad. Además, la represa del río San Pedro ocasionará impactos sociales, toda vez que territorios, lugares sagrados, centros ceremoniales y senderos milenarios de las comunidades indígenas quedarían inundados, perdiendo su valor intangible para su cultura. Este río es el séptimo más caudaloso de México y es el principal proveedor de agua dulce y de nutrientes para Marismas Nacionales, el humedal costero más importante del Pacífico mexicano. Adicionalmente, alberga culturas milenarias en su cuenca como son los pueblos Náyeri (Cora), Wixárika, Tepehuano y Mexicanero, para quienes el río provee sustento y formas de vida, además de ser fundamento de su espiritualidad y eje de sus tradiciones e identidad cultural. En términos de impactos ambientales, Las Cruces representa una amenaza para Marismas Nacionales, que abarca una superficie de 134 mil hectáreas, con una presencia de manglar del orden del 20% del total existente en el país; lo cual significa 113 mil hectáreas de bosques de manglar en buen estado de conservación y óptima estructura. Cuenta con más de 20 mil aves acuáticas, además de especies de mamíferos vulnerables o en peligro crítico como la nutria de río, el jabalí, el puma, el ocelote y el jaguar, mamífero emblemático y bajo protección. Por su riquísima biodiversidad, el río San Pedro provee alimentos para las pesquerías locales. El proyecto Las Cruces alteraría irreversiblemente el equilibrio de las dinámicas ambientales, culturales y socioeconómicas que sustentan la Cuenca del Río San Pedro Mezquital y Marismas nacionales, en donde se calcula que habitan más de 300 mil personas. En términos sociales, el proyecto es violatorio de los derechos a la libre determinación, autonomía, territorio e identidad cultural, así como el derecho a un medio ambiente sano de las comunidades y pueblos indígenas. Lo anterior debido a que la resolución emitida por la Semarnat en septiembre de 2014 se otorgó sin consultar debidamente a las comunidades indígenas, a pesar de que la propia autoridad reconoce que los pueblos acceden al territorio en donde se pretende llevar a cabo el proyecto. De igual forma, la concesión para el aprovechamiento de aguas superficiales, otorgada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a la CFE, en noviembre del mismo año, se emitió sin considerar el uso y aprovechamiento que los pueblos indígenas realizan en dicho territorio, con subestimación de los impactos y riesgos regionales a nivel cuenca y para el ecosistema de humedales costeros, su biodiversidad, provisión de alimentos, viabilidad económica. Debido a su relevancia internacional como humedal, la Misión Ramsar recomendó en el 2010, incluirlo en el registro Montreux para elevar su nivel de protección, debido a los posibles impactos al Sistema Ambiental Regional. En este sentido, es necesario cumplir con el objetivo estratégico de “Mejorar la aplicación a nivel nacional de la Convención Ramsar por parte del Estado mexicano, a fin de salvaguardar el ambiente sano y los derechos humanos”. La importancia de la cuenca del río San Pedro Mezquital es regional y global porque lleva nutrientes al Golfo de California (Patrimonio de la UNESCO), siendo esencial para el ciclo de vida de muchas especies y para la conexión con el gran ecosistema marino. El Estado mexicano debe ser congruente con el interés público, proteger a la región y evitar emisiones de gases de efecto invernadero como las que el proyecto Las Cruces generaría. Organizaciones firmantes: AIDA Causa Natura Cemda Consejo Intercomunitario del Río San Pedro Mezquital Consejo Náyeri Consejo Regional Wixárika Fundar Grupo Ecológico Manglar Nuiwari Serapaz SuMar

Enero 25 2018 Océanos, Contaminación Tóxica

Granjas de salmón en la Patagonia chilena, autorizadas sin una evaluación ambiental adecuada

Así concluyó una investigación encargada a un experto por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente. Más de la mitad de las granjas efectivamente operando en la región de Magallanes, en plena Patagonia, han generado falta total o parcial de oxígeno en las aguas, incluyendo nueve que están ubicadas en áreas naturales protegidas. Santiago, Chile. Un estudio reciente, encargado por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) a un experto, concluyó que las granjas de salmón ubicadas en la región de Magallanes, en la Patagonia austral, fueron autorizadas sin evaluaciones científicas previas que aseguraran que no habría daños a la vida marina. “Tras 20 años de desarrollo en otras regiones, la industria salmonera busca ahora expandirse a las últimas costas vírgenes del país, sin las precauciones debidas”, explica Gladys Martínez, abogada senior del Programa de Biodiversidad Marina y Protección Costera de AIDA. “El estudio evidencia que ni las empresas ni el Estado han hecho suficiente para evitar en Magallanes los daños ambientales ya causados en otras regiones del país”. La investigación fue elaborada para AIDA por el biólogo Héctor Kol, con el apoyo de la Fundación Waitt. El estudio analizó 261 proyectos de salmonicultura. De ellos, poco menos de la mitad ya han sido autorizados y el resto podría conseguir sus permisos en el corto y mediano plazo. De los 126 proyectos autorizados, solo 35 están operando actualmente. La información de cada proyecto incluye mapas de ubicación y estimaciones de la cantidad de desechos que las granjas van dejando en las aguas. La investigación da cuenta que existen, en un mismo sector geográfico y sin una fundamentación que lo explique, grandes diferencias en la producción y la cantidad de desechos que el gobierno autorizó para diferentes subsectores. “Ello evidencia la falta de una evaluación científica que garantice que las aguas pueden recibir la cantidad de desechos autorizados”, indicó Florencia Ortúzar, abogada de AIDA. “Más de la mitad de los proyectos que están actualmente en operación, han generado ya la falta total o parcial de oxígeno en las aguas, lo que afecta gravemente la vida marina; y al menos nueve de ellos están ubicados en áreas naturales protegidas”. El 22 de mayo del año pasado, AIDA presentó una denuncia ante la Superintendencia del Medio Ambiente solicitándole investigar los daños ocasionados por las granjas de salmón en Magallanes y sancionar a las empresas responsables por ellos. Consulte y descargue el informe aquí. Vea el mapa interactivo de las granjas de salmón. Más información aquí. Contacto de prensa: Florencia Ortúzar, abogada de AIDA, +56973353135, [email protected]

Enero 22 2018 Derechos Humanos, Derechos Indígenas

Pronunciamiento por el asesinato de la defensora ambiental y de los derechos humanos Guadalupe Campanur Tapia

A LA COMUNIDAD INDÍGENA DE CHERÁN MICHOACÁN A LA OPINIÓN PUBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL MEDIOS DE COMUNICACIÓN Las 37 organizaciones reunidas en el ENCUENTRO DE DEFENSORES Y DEFENSORAS DEL TERRITORIO repudiamos el asesinato de nuestra compañera Guadalupe Campanur Tapia, quien luchó por la defensa del bosque de Cherán, la construcción de su autonomía y la implementación del gobierno por usos y costumbres en esta comunidad indígena del estado de Michoacán. Responsabilizamos a los diferentes órdenes de gobierno que con sus acciones y omisiones son también partícipes de este hecho. Exigimos la verdad sobre este asesinato, justicia y castigo a los responsables. Estamos convencidos de seguir el ejemplo de nuestra compañera y continuar en la lucha por la defensa de la vida y contra los proyectos de muerte. ¡NI UNA DEFENSORA NI DEFENSOR ASESINADO MÁS! ¡RESPETO A LOS DERECHOS Y SOBERANÍA DE LOS PUEBLOS DE MÉXICO! ORGANIZACIONES FIRMANTES: Fondo Acción Solidaria, AC (FASOL) Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) Fundación Semillas de Vida – UNITONIA Asamblea Veracruzana de Iniciativas en Defensa de la Vida (VIDA) Molimiento de Afectados por Represas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) Centro de Estudios para el Desarrollo Rural (CESDER). Movimiento Ciudadano en Defensa de La Loma. Consejo Indígena Nayeri Pobladores, A.C. Defensores de la Cuenca Antigua Alianza de Comunidades en Defensa del Río Bobos-Nautla y Tecolutla. Frente Ciudadano en Defensa del Agua y La Vida. Ciudadanos Unidos por San Blas Comité Ixtepecano en la Defensa de la Vida y el Territorio Geocomunes Red para la Protección del Ambiente y el Territorio de Quintana Roo. Colegio de Ciencias Ambientales de Solidaridad Federación de Cooperativas Pesqueras “Pescadores Siglo XXI”. SCPP "Enrique Atondo Favela" Maderas del Pueblo del Sureste, A.C. C.I. Repechique. C.I. San Ignacio, Chihuahua Alianza Jaguar C.I. Loma de Bakum Evolución Civil 2050 Consejo para la Seguridad Transparencia y Buen Gobierno de Puerto Vallarta Alianza por la Costa Verde de Jalisco C.I. Nuevo San Juan Parangaricutiro Mipaltik

Diciembre 14 2017 Derechos Humanos, Derechos Indígenas

Pronunciamiento por el fallecimiento del defensor de derechos humanos Carlos Isaías Güitz Pop

Las organizaciones firmantes, lamentamos profundamente el fallecimiento de Carlos Isaías Güitz Pop el día 12 de diciembre en el Hospital General San Juan de Dios, en la ciudad de Guatemala. Carlos, de 36 años de edad, maya q’eqchi’, era un defensor de derechos humanos de la organización comunitaria en Defensa del Río Dolores, municipio de Cobán, Alta Verapaz. El 8 de noviembre del año 2013, Carlos, su hermano y otras personas de las comunidades, fueron atacados con armas de fuego. A raíz de este ataque armado, Carlos resultó gravemente herido, quedando desde ese entonces y hasta los últimos días de su vida, postrado en una silla de ruedas. Según denuncias realizadas por las comunidades, el ataque referido fue perpetrado por el terrateniente David Leonel Ponce Ramírez y sus dos hijos, Augusto Sandino Ponce y Carlos Ponce, quien violentando el proceso de negociación de compra-venta de tierras que sostenía con estas comunidades, decidió finalmente negociar estas tierras con la empresa Hidroeléctrica Santa Rita, S.A., lo que fue una de las causas que ocasionó el desalojo violento e ilegal que finalmente, llevó a la muerte de Carlos Isaías Güitz Pop. Este grave incidente ocurrió en la comunidad Monte Olivo, Cobán, Alta Verapaz, en el marco de la instalación de la hidroeléctrica Santa Rita sobre los ríos Cangüinic y Dolores, sin haberse realizado una consulta previa e informada a las comunidades afectadas por dicho proyecto, tal como lo establece el Convenio 169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional de Trabajo y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. A pesar de que se realizó una denuncia ante las autoridades correspondientes, el caso de Carlos Isaías al igual que los asesinatos y agresiones contra las y los defensores de derechos humanos del Río Dolores, siguen en total impunidad. Contrario a ello, la criminalización en contra de las y los comunitarios organizados en defensa del Río Dolores está avanzando. Ante el ataque que dejó en silla de ruedas a Carlos Isaías Güitz Pop y los asesinatos y las graves agresiones contra las comunidades que se oponen al proyecto hidroeléctrico Santa Rita, instamos a las autoridades competentes a que: Emprendan una investigación pronta y eficaz con el fin de identificar y sancionar a los autores materiales e intelectuales del ataque contra Carlos Isaías Güitz Pop, al igual que de los asesinatos y las graves agresiones contra las y los defensores del Río Dolores. Emprendan acciones de resarcimiento de los casos en los cuales las y los defensores de las comunidades en resistencia Río Dolores han sido heridos y asesinados. Tomen todas las medidas necesarias para proteger la vida y la integridad física de las y los defensores de derechos humanos del Río Dolores. Tomen todas las medidas necesarias para que cesen los casos de criminalización de las y los defensores del Río Dolores, quienes, en defensa de bienes naturales, se oponen al proyecto hidroeléctrico Santa Rita.

Noviembre 16 2017 Derechos Indígenas

Pueblos indígenas de América Latina exigen respeto a su derecho a la consulta y consentimiento libre, previo e informado

Advierten que los procesos de consulta se están usando como trámites administrativos y no garantizan sus derechos. Exigen que se tomen en cuenta los estándares internacionales sobre derechos de los pueblos indígenas. Ciudad de México. Pueblos y comunidades indígenas de México y América Latina, junto con organizaciones de la sociedad civil, demandaron a los gobiernos de la región garantizar con firmeza la seguridad jurídica de sus territorios, frente a la constante vulneración de sus derechos durante los procesos de consulta indígena. América Latina es la región que ha registrado los mayores avances normativos y jurisprudenciales sobre el derecho a la consulta y el consentimiento libre, previo e informado (CPLI). De los 22 Estados que forman parte del Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), 14 se encuentran en América Latina. “Cabe reiterar que, para generar la institucionalidad estatal en materia de consulta y CPLI, no se requiere una ley o reglamento de consulta; además, no es posible imponer los mismos tiempos, condiciones y procedimientos a todas las comunidades indígenas, en tanto no comparten las mismas formas de toma de decisión, cosmovisión e instituciones jurídico-políticas”, dijo Daniel Cerqueira, oficial de programa sénior de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF). En México y en otros países de la región existen marcos normativos que privilegian a las empresas del sector extractivo, energético y agroindustrial a costa de los pueblos y comunidades indígenas y equiparables, generando una asimetría de poder. Si bien existen cuerpos normativos internacionales, como el Convenio 169 de la OIT, así como protocolos y marcos nacionales normativos de consulta y el consentimiento libre, previo e informado, estos no se toman en cuenta para garantizar este derecho ni para evitar el estallido de conflictos sociales. Honduras es un caso emblemático en la región, donde la consulta previa se ha omitido en diferentes situaciones. Olivia Zúñiga, representante de la etnia Lenca, e hija de Berta Cáceres, defensora ambiental asesinada en marzo de 2016, sostuvo que en su país las élites políticas y empresariales se siguen imponiendo a cualquier derecho de los pueblos originarios. “No es una casualidad que después del golpe de 2009 se hayan otorgado más de 300 concesiones para proyectos extractivos, sin realizar los procesos de consulta previa, libre e informada como lo establece el Convenio 169 de la OIT”. Su madre, Berta Cáceres, se opuso al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca que planeaba la construcción de una represa hidroeléctrica que iba derivar agua del Río Gualcarque, un lugar sagrado para este grupo originario. Esa oposición le costó la vida. “El Estado de Derecho suele estar comprometido por la élites políticas y económicas, quienes mediante la concentración de riqueza, ejercen una influencia desmedida sobre diferentes políticas públicas que les permite mantener sus privilegios a costa de otros, entre ellos, los procesos de acaparamiento y exclusión en el acceso a los bienes comunes naturales”, sostuvo Ricardo Fuentes-Nieva, director ejecutivo de Oxfam México. “La falta de consulta a los pueblos indígenas, o el uso de este proceso como mero trámite administrativo, profundiza las brechas de desigualdad en la región”, concluyó. Más allá de la dimensión normativa, los Estados tienen la obligación de garantizar los derechos humanos por encima de cualquier interés económico. Por ello, es necesario que las decisiones estatales, incluyendo el diseño de políticas económicas y la gobernanza sobre los bienes comunes naturales, sean respetuosas de la autodeterminación, formas de vida y prioridades de desarrollo expresadas por los pueblos y comunidades indígenas. Este pronuncianiento se realizó en el marco del Foro Internacional “Consulta, consentimiento previo libre e informado y autodeterminación: Perspectivas críticas sobre leyes y mecanismos de implementación”, co-convocado por: Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA); Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR Perú), Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Oxfam México; Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), Proyecto de derechos Económicos Sociales y Culturales A.C (PRODESC), Servicios y Asesoría para la Paz, A.C. (SERAPAZ). Encuentra material del foro en: www.foroconsulta.net

Noviembre 08 2017 Derechos Indígenas, Derechos Humanos

Relatora de la ONU se encontrará con representantes de pueblos indígenas para conocer su situación de derechos humanos y colectivos

La Relatora especial sobre los derechos de los pueblos indígenas visitará Chiapas, Chihuahua y Guerrero para conocer las problemáticas específicas en los territorios. Los temas principales que se abordarán son discriminación, autonomía y territorios indígenas, armonización de la legislación interna, megaproyectos, acceso a la justicia e impactos de la violencia en las mujeres y pueblos indígenas. La situación de los derechos de las mujeres indígenas es de especial interés para la Relatora, por lo que proporcionará espacios especiales de diálogo con ellas durante su visita. Ciudad de México. Victoria Tauli-Corpuz, Relatora especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, llevará a cabo una visita oficial a México del 8 al 17 de noviembre. Durante esos días recibirá información de los pueblos y comunidades indígenas, los gobiernos estatales y federal, así como de empresarios, sobre las diferentes problemáticas que les afectan, como las diversas formas de despojo del territorio y bienes naturales; megaproyectos violatorios de los derechos de los pueblos indígenas; discriminación; agresiones, desplazamiento e inseguridad a causa de la defensa del territorio y de la violencia creciente en el país; e impunidad y obstáculos en el acceso a la justicia. Será en la Ciudad de México y en los estados de Guerrero, Chiapas y Chihuahua donde la Relatora escuchará los planteamientos que representantes indígenas y organizaciones aliadas le harán. Le hablarán de casos emblemáticos, como el de la hidroeléctrica Las Cruces, en Nayarit; el de la siembra de transgénicos en la Península de Yucatán; los impactos de la violencia y devastación de los bosques en Chihuahua; el Acueducto Independencia en Sonora; las Eólicas del Sur en Juchitán; el proyecto hidroeléctrico en la Sierra Norte de Puebla; el proyecto minero de San Miguel del Progreso en Guerrero; la sistemática tortura y privación arbitraria de la libertad, así como la falta de justicia en Chiapas en un contexto de guerra de baja intensidad; el impacto de los sismos en Chiapas; y la discriminación en las políticas públicas que mantiene empobrecidos a los pueblos indígenas, entre otros. Particularmente, la Relatora se encuentra interesada en conocer las situaciones de exclusión y violencia que viven las mujeres indígenas en México. Es por ello que destinará espacios especiales para dialogar con mujeres cuyos derechos han sido negados. Con ella compartirán casos de feminicidio, violencia obstétrica, muerte materna, esterilización forzada, defensoras de derechos humanos en riesgo, entre otros. Como resultado de su visita, la Relatora presentará un informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el que elaborará señalamientos y recomendaciones, de modo que dicho organismo los considere para evaluar el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado mexicano adoptadas en la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y demás tratados internacionales adoptados en la materia. La importancia de este documento radica en que es un instrumento de rendición de cuentas internacional que señalará nuevamente los pendientes del Estado mexicano. En 2003, el entonces Relator Rodolfo Stavenhagen realizó una visita a México en la que evidenció la grave situación de violación de los derechos de los pueblos indígenas. A 14 años de dicha visita, la situación de los pueblos indígenas no ha mejorado. Al contrario, las causas estructurales responsables del despojo y agresiones que viven día con día se han agudizado y los actores no estatales, especialmente las empresas mineras, que contribuyen a esto, se han multiplicado. Por ello, la visita y su posterior informe representan una oportunidad para abordar seriamente las razones de la negación de sus derechos y establecer un consenso sobre la necesidad de corregir el modelo económico y político que el Estado mexicano promueve. A pesar de las omisiones y complicidades estatales e histórica exclusión social, hoy las personas y pueblos indígenas de México permanecen de pie, enfrentando nuevos desafíos y demostrando su respeto y capacidad para vivir y cuidar de su cultura, sus valores, sus territorios y el medio ambiente, con base en su organización tradicional y sistemas normativos propios. Bienvenida la visita de la Relatora. Organizaciones firmantes: Alerta Temprana Red, Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos A.C. (Limeddh), Fundación Diego Lucero A.C., Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México (AFADEM FEDEFAM), Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), el Observatorio Nacional de Prisiones México (ONP México), la Red Universitaria de Monitores de Derechos Humanos (RUMODH), el Centro de Derechos Humanos Coordinadora 28 de Mayo A.C., la Asociación de Derechos Humanos del Estado de México (ADHEM), Comité de Familiares de Personas desaparecidas en México, Alzando Voces y Comité de Defensa de Derechos Humanos CHOLOLLAN, Actuar Familiares contra la Tortura, Centro de Derechos Humanos “Antonio Esteban”, Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad (EN VERO), Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna A.C., Frente Mexicano Pro Derechos Humanos (FREMDEHU), Zihuame., Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales A.C. (ProDESC), Red en defensa de los territorios indígenas de la Sierra Tarahumara (Consultoría Técnica Comunitaria, Alianza Sierra Madre y Awé Tibúame), Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, A. C., Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, Centro de Derechos Humanos de la Montaña "Tlachinollan", DECA Equipo Pueblo A.C., Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero , Asociación Mexicana de Abogados del Pueblo (AMAP), OXFAM México, Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).Fundación Diego Lucero, Frente Mexicano Pro Derechos Humanos, En Vero, Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban , A.C. , Asociación de Familiares Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violación de Derechos Humanos en México, ANAD, RUMODH, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), MA OGM Colectivo, Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes, Business y Human Rights Resource Centre, Servicios para una Educación Alternativa A.C.- EDUCA, Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (Indignación, A.C), Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), Centro de Derechos Humanos Fr. Francisco de Victoria A.C., CONECTA CULTURA AC (Ciudad de México). Y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 84 organizaciones en 23 estados de la República mexicana).

Octubre 18 2017 Océanos

Alertan de riesgos por posible autorización de pesca de totoaba

Es irresponsable fomentar esta práctica sin saber el estado poblacional: ONG. Comercio “legal” de la especie hará más difícil detectar el mercado negro. Ciudad de México. Organizaciones de la sociedad civil señalaron de irresponsable al gobierno mexicano por haber prometido la legalización de la pesca de totoaba, especie en peligro de extinción, en el Alto Golfo de California para los primeros meses del próximo año, sin considerar que se requieren cambios en las legislaciones nacionales e internacionales antes de dar falsas esperanzas a los pescadores de la zona. En un informe sobre las consecuencias de legalizar el comercio de totoaba, las organizaciones señalaron que aunque en México se adecúen las leyes, este pez no podría venderse internacionalmente porque está enlistado en el Apéndice I de la Convención Internacional sobre el Comercio de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), que prohíbe la venta de ejemplares, partes y derivados de especies en peligro de extinción y del cual México forma parte. El pez totoaba es una especie endémica mexicana en riesgo de desaparecer, cuya vejiga natatoria (órgano de flotación) carece de valor en nuestro país, pero que en el mercado asiático se vende en miles de dólares. Es por ello que está siendo capturado sin control, pese a que está prohibido. Para que México pueda exportar legalmente vejigas de totoaba a países de Asia u otros continentes, el gobierno tendría que modificar leyes nacionales y lograr cambios en los requisitos actuales de la Convención, cuya próxima reunión será en 2019. De lo contrario, lejos de desalentar el comercio ilegal de productos de totoaba, podría generar una mayor disponibilidad de vejigas para el mercado negro. Lejos de ayudar a “aliviar”el saqueo ilegal de totoabas, lo alentará, con el agravante de crear confusión en la identificación de ejemplares obtenidos de forma lícita. Lograr las transformaciones legales demandará tiempo y esfuerzo sustanciales, y es algo que pudiera no ser aprobado por los otros Estados miembros de la Convención, por lo que es lamentable que el gobierno se comprometa con las comunidades pesqueras a que podrían beneficiarse del comercio de totoaba sin ser totalmente transparentes con la situación. Así lo denunciaron la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Defenders of Wildlife, Conservación de Mamíferos Marinos de México (Comarino), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), el Centro para la Diversidad Biológica (CBD), el Consejo de Defensa de los Recursos Naturales (NRDC) y Greenpeace. Las organizaciones ambientalistas señalaron que antes de abrir la captura de totoaba con fines comerciales, “de repoblamiento” o incluso de pesca deportiva, debe conocerse el estado de su población (abundancia de ejemplares) a través de un estudio serio y arbitrado por expertos independientes, más allá de la evaluación que realiza el Instituto Nacional de Pesca, el cual no se ha dado a conocer, pero podría servir de base científica si se realiza correctamente, sin inventar o excluir datos. Es urgente conocer el número de ejemplares de totoaba para tomar decisiones basadas en la mejor información disponible si el gobierno mexicano pretende reabrir el comercio de esta especie. Según las organizaciones firmantes, otorgar permisos sin saber el estado poblacional de la especie, sus tendencias, las condiciones de su hábitat, así como las amenazas a corto y largo plazo, a fin de determinar si el pez se puede o no ser explotado de manera sustentable, no solo es una decisión irresponsable sino moralmente cuestionable porque amenaza su conservación. Las organizaciones consideraron indispensable crear una Norma Oficial Mexicana o Programa de Manejo de pesca de la especie que establezca todas las regulaciones para garantizar una pesca sustentable que no afecte a las poblaciones silvestres, e incluya las medidas para reducir las amenazas vigentes y el aprovechamiento integral de la especie, así como las medidas que permitan la puntual y correcta vigilancia de las embarcaciones durante el proceso de pesca. Entre esas medidas pueden estar un sistema de monitoreo satelital, un programa de observadores a bordo, un sistema de video y otras. De otra manera, solo se podrá esperar un manejo deficiente que conduzca al deterioro de las poblaciones de la totoaba y a un aumento en el tráfico ilegal de sus productos. Todo esto lleva mucho tiempo y hasta ahora no hay indicios de que se esté trabajando en ello. Actualmente existen en México seis Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre" (UMAs) de totoaba avaladas por la Semarnat. Los titulares de las UMA tienen autorizado llevar a cabo la engorda, comercialización, repoblamiento y acciones de conservación del pez. Sin embargo, según los permisos, sólo están obligadas a utilizar el 20% de la producción de juveniles con fines de repoblamiento. Dado que el porcentaje restante se puede comercializar, es posible afirmar que el propósito principal de las UMA es la venta de ejemplares de totoaba, en lugar de la recuperación de su población. Por otra parte, la empresa mexicana Cygnus Ocean Farms SA de CV, que ya tiene un permiso de acuacultura de fomento, ha obtenido también una autorización en materia de impacto ambiental por parte de la Semarnat para un proyecto de acuacultura comercial de totoaba frente a la costa de Guaymas, Sonora. El gobierno mexicano está enviando mensajes contradictorios pues por un lado pide a China que incrementar esfuerzos para detener el comercio ilegal de productos totoaba y prohíbe su captura en México, pero al mismo tiempo hace promesas y adopta medidas para legalizar su comercio y promover la pesca deportiva. Contactos de prensa: Edith Martínez, Greenpeace, [email protected], Cel. +52 1 55-6256-3563 Ricardo Ruiz, Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), [email protected] Alejandro Olivera, Centro para la Diversidad Biológica, Cel. 6121040604 Camilo Thompson, AIDA, [email protected], Cel. 9671302346 Juan Carlos Cantú, Defenders of Wildlife de México, [email protected], 5596-2108

Julio 27 2017 Derechos Humanos, Derechos Indígenas

Nuevo Programa de Empresas y Derechos Humanos no cubriría estándares internacionales: OSC

El Grupo Focal de Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos en México se deslinda del proceso de creación del Programa Nacional de Empresas y Derechos Humanos. Durante dos años las organizaciones de la sociedad civil han generado diagnósticos y recomendaciones que no han sido retomadas por la Secretaría de Gobernación. La decisión de las OSC no detiene el desarrollo del Programa, por lo que el Grupo Focal se mantendrá vigilante del proceso de implementación, y comprometido con la mejora de las políticas públicas y la rendición de cuentas empresarial en el país. Ciudad de México. Las organizaciones que conforman el Grupo Focal de Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos se deslindan después de dos años de proceso para crear un Programa Nacional de Empresas y Derechos (PNEDH), debido a que la propuesta presentada por el gobierno mexicano no cubre los estándares internacionales. En estos dos años el Grupo Focal ha realizado un importante trabajo brindando insumos sustantivos al proceso. Con recursos propios, esta alianza de OCSs generó un Diagnóstico de Línea Base independiente para la implementación de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU en México. Este documento, así como otros aportes realizados en diversos foros y por escrito, no han sido considerados por el gobierno pese a múltiples reuniones. La sociedad civil alertó en marzo pasado mediante un comunicado público de las principales omisiones en el primer borrador del Programa. En el borrador final, recibido en días recientes, siguen sin atenderse las principales peticiones de sociedad civil, y preocupa que el borrador actual no abarca los mínimos necesarios para contar con un programa que mejore la situación del país en materia de empresas y derechos humanos. Las prioridades de sociedad civil que el gobierno mexicano no está atendiendo son: El documento no contempla un apartado ni acciones efectivas sobre el acceso al remedio y a la justicia, pese a que Naciones Unidas establece claramente que éste es un punto fundamental en un Programa Nacional de Empresas y Derechos Humanos basado en los Principios Rectores. Específicamente, en materia de acceso a la justicia, se ignoró la recomendación de implementar la reforma a la Ley de Amparo de 2013, la cual permite señalar a las empresas como autoridad responsable cuando cometan violaciones a los derechos humanos. La debida diligencia de las empresas para identificar, evitar, mitigar y (en su caso) remediar los daños no figura de manera contundente en el borrador. Tampoco se incorpora el reconocimiento expreso de la obligación de las empresas a respetar derechos humanos, ni la publicación de las evaluaciones de impacto ambiental y social (que por ley no son públicas), ni se consideran procesos de debida diligencia en toda la cadena de valor. La transparencia se maneja de forma discrecional y dejando importantes vacíos. En el contexto de grave crisis de derechos humanos que vive el país, el Programa no contempla mecanismos sólidos de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, ni reconoce la figura de los informantes (whistleblowers) como recomienda la sociedad civil. Tampoco se insta a las empresas a manifestarse pública y contundentemente en contra de los ataques e intimidación a estos actores, como recomendó el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos. La consulta previa, libre e informada, para obtener o negar el consentimiento, no se reconoce como derecho y su aplicación se restringe a los pueblos y comunidades indígenas, lo que excluye a comunidades campesinas y otras equiparables con problemáticas similares. Además, este derecho no se vincula con la responsabilidad de la debida diligencia de las empresas como recomienda Naciones Unidas. La responsabilidad del Estado de garantizar los derechos humanos cuando funge como actor económico no está explicitada. Faltan lineamientos fuertes para las empresas de participación o control estatal, y para los procedimientos de compras públicas, que den el ejemplo al sector privado, tal y como establecen los Principios Rectores. El Grupo Focal se conformó en 2015 en el marco del inicio de la elaboración del PNEDH. El objetivo era participar para que esta política pública garantice el respeto a los derechos humanos frente a la actividad empresarial. Las organizaciones que forman el Grupo Focal —Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Código DH); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER); Oxfam México; y Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), acompañadas por la Asociación Interamericana para Defensa del Ambiente (AIDA) y Brigadas Internacionales de Paz (PBI)— seguirán trabajando para mejorar los marcos jurídicos y otros mecanismos para asegurar que las corporaciones nacionales e internacionales no cometan violaciones a los derechos humanos. Lee la carta en la que las OSC se desmarcan del proceso de creación del PNEDH. Contactos de prensa: Astrid Puentes Riaños, Codirectora de AIDA, 044 55 2301 6639, [email protected] Rosario Taracena, Responsable de Comunicación Externa de PODER, 044 55 2765 9451, [email protected]

Julio 21 2017 Océanos

Se logra avance importante rumbo al tratado de los océanos

Los Estados reunidos en la sede de Naciones Unidas, en Nueva York, dieron un paso importante hacia el inicio de negociaciones de un nuevo tratado para proteger la biodiversidad en alta mar (aquel fuera de una jurisdicción nacional). Pese a formar parte de dos terceras partes de los océanos del mundo, la vida marina en alta mar no está protegida efectivamente. Un nuevo tratado corregirá eso, poniendo en marcha medidas para proteger la biodiversidad de alta mar, rica y mundialmente significativa, y sus servicios ecosistémicos, y para administrar sosteniblemente las actividades allí desarrolladas. Aunque la redacción de la recomendación hecha por los Estados no reflejó un apoyo fuerte a que Naciones Unidas actúe hacia un tratado, permitirá que la Asamblea General de la ONU convoque a una Conferencia Intergubernamental. Las 35 organizaciones parte de la High Seas Alliance, que han promovido el tratado, estuvieron satisfechas con la recomendación de avanzar. Peggy Kalas, de la High Seas Alliance, dijo: “Es una victoria importante para los océanos y la humanidad ya que todos dependemos de ellos para tener un planeta saludable. Un nuevo tratado traerá regulación y gobernanza a la parte más descuidada y cercada del mundo. Estamos profundamente agradecidos con muchos, muchos Estados que han trabajado muy duro para lograr eso. No ha sido un logro fácil, pero su determinación de proteger los bienes comunes mundiales para toda la humanidad, ha sido inspiradora”. La decisión del Comité Preparatorio irá ahora a la Asamblea General de Naciones Unidas. La abrumadora mayoría de los Estados está presionando para que el próximo paso sea una Conferencia Intergubernamental convocada en 2018. Dicha Conferencia implicaría el comienzo de negociaciones formales sobre el texto de un nuevo tratado. "Hoy se dio un paso gigante hacia adelante por los océanos del mundo”, dijo Lisa Speer, directora del Programa Internacional de Océanos del Consejo para la Defensa de los Recursos Naturales (NRDC). Sylvia Earle dijo: “Las naciones del mundo dieron hoy pasos importantes hacia una Conferencia Intergubernamental. El alta mar representa la mitad del mundo y necesita la regulación de la ley. A quienes han trabajado tan duro en la ONU apoyando este momento, les enviamos un océano de gratitud, continuando el camino con optimismo hacia un tratado de alta mar”. Verónica Frank, de Greenpeace, dijo: “Fue bueno ver un apoyo tan abrumador al avance del proceso y a tantas personas de todo el mundo pronunciándose por la protección de los océanos. Ahora le corresponde a la Asamblea General de la ONU dar ese paso hacia adelante por los océanos y por las personas que dependen de ellos. Cualquier cosa menor no estaría a la altura de lo que nuestro planeta azul necesita para recuperarse”. Gladys Martínez, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), señaló: “Aplaudimos la decisión de los delegados de gobiernos de proteger casi la mitad del planeta. Desde AIDA nos sentimos muy orgullosos y agradecidos con el compromiso de las naciones latinoamericanas para que este proceso tenga éxito”. Maria Damanaki, de Nature Conservancy, expresó: “Esta es una demostración transcendental de colaboración mundial, y un paso hacia la protección de la mitad de nuestro planeta, que hoy es una tierra de nadie sin regulación. Nos unimos a nuestros colegas de la High Seas Alliance en elogiar a los Estados y organizaciones que han trabajado con empeño para que esto suceda”. "Esto representa un paso importante en un largo viaje impulsado por un gran número de Estados comprometidos. Tenemos que continuar con este impulso a través de una resolución de la Asamblea General convocando a la Conferencia Intergubernamental", añadió Tim Packeiser, de WWF. En junio, todos los Estados firmaron un llamado global a la acción por el océano, del cual alta mar es una parte importante.

Junio 05 2017 Fuentes de Agua Dulce, Cambio Climático, Derechos Humanos

Ramsar pide a Colombia incluir a la Ciénaga Grande en lista de humedales con daños graves

Expertos de la Convención Ramsar, tratado internacional para la protección de humedales, identificaron “cambios fuertes” en las características ecológicas del sitio debido a la intervención humana. Recomendaron, entre otras cosas, que Colombia inscriba al lugar en el Registro Montreux, el cual incluye humedales amenazados seriamente y que requieren atención prioritaria. Bogotá, Colombia. Tras visitar la Ciénaga Grande de Santa Marta en agosto del año pasado, una misión de expertos internacionales de la Convención Ramsar, tratado intergubernamental para la protección de humedales, emitió un informe en el que recomienda al Gobierno colombiano incluir al sitio en el Registro Montreux, un listado de entornos bajo amenaza grave y que requieren atención prioritaria. “Dados los fuertes cambios en las características ecológicas del sitio Ramsar CGSM (Ciénaga Grande de Santa Marta), se recomienda su inclusión en el Registro Montreux”, se menciona en el informe que se conoció la semana pasada. Esos cambios “requieren la toma de medidas urgentes por parte del Gobierno de Colombia que permitan mantener y recuperar su carácter ecológico y alcanzar su uso racional de acuerdo a los objetivos de la Convención”, se lee también en el documento. Entre los cambios mencionados en el informe están la sobreexplotación y contaminación de parte de las aguas de la Ciénaga, la disminución del agua dulce que recibe debido a la presencia excesiva de sedimentos y a la obstrucción de canales, la “gran pérdida” de bosques de manglar ocasionada por obras viales y de infraestructura que bloquearon flujos de agua, y la disminución de la población de peces. “La inclusión de la Ciénaga en el Registro Montreux puede permitir la obtención de ayuda económica, mediante fondos otorgados por la Ramsar Wetland Conservation Fund, así como de apoyo y asesoría técnica por parte del Grupo de Examen Científico y Técnico de la Convención Ramsar, que puede generar recomendaciones para la recuperación y conservación del ecosistema”, explicó Juan Pablo Sarmiento Erazo, investigador de la Universidad del Norte. Además de esa medida, en el informe de Ramsar, se recomiendan otras dos soluciones ante la degradación ambiental del sitio: realizar un dragado efectivo con base en un nuevo diseño hidrológico, y fortalecer la coordinación interinstitucional en el manejo del lugar. “Es clave que el Gobierno colombiano siga al pie de la letra las recomendaciones de Ramsar y que implemente lo antes posible las mejoras y cambios necesarios en el manejo del sitio”, dijo Gladys Martínez, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). “Lejos de ser una lista negra, el Registro Montreux es una oportunidad para que los gobiernos se muestren responsables con los recursos naturales que requieren atención urgente”. La visita de los expertos al sitio, realizada del 22 al 26 de agosto de 2016, se concretó tras la petición hecha en ese sentido el 2014 a la Secretaría de Ramsar por AIDA, la Universidad del Norte, y la Universidad de Florida, con el acompañamiento de la científica Sandra Vilardy, de la Universidad del Magdalena. “Esperamos que el gobierno haga público el informe de manera oficial”, resaltó Vilardy. “El documento menciona que es imperativo reestablecer el balance hídrico del complejo de humedales, haciendo énfasis en la revisión de las concesiones de agua de los ríos que alimentan a la Ciénaga”. NOTA: Más información disponible aquí. Contactos de prensa: Gladys Martínez, abogada de AIDA, +506 8321 4263, [email protected] Carlos Lozano Acosta, abogado de AIDA, +57 300 5640282, [email protected] Juan Pablo Sarmiento, Universidad del Norte, +57 300 5514583, [email protected]