Prensa
Piden incluir a 10 especies de pez loro en la lista mexicana de especies protegidas
AIDA respaldó en una carta enviada al gobierno la propuesta presentada por la Iniciativa Arrecifes Saludables para Gente Saludable de incluir estos peces que contribuyen a mantener saludables a los arrecifes de coral del Caribe mexicano. En la carta se detallan las obligaciones internacionales de México para preservar sus arrecifes de coral, ecosistemas que están en riesgo grave y cuya sobrevivencia depende en gran medida de la protección de peces herbívoros como el pez loro. Ciudad de México. En una carta enviada al Comité Consultivo Nacional de Normalización de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) solicitó —con base en argumentos de derecho internacional, convenciones y tratados ambientales— la inclusión de 10 especies de pez loro en la lista de especies protegidas de la Norma Oficial Mexicana 059, que se encuentra en proceso de actualización. La carta fue presentada como respaldo a la propuesta de inclusión de esas especies que la Iniciativa Arrecifes Saludables para Gente Saludable (HRI, por sus siglas en inglés) remitió a la Comisión en septiembre, en coordinación con Casa Wayuu A.C., la Alianza Kanan Kay y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental. “Las especies de peces loro cuya protección estamos pidiendo, cumplen una labor vital para la sobrevivencia de los arrecifes de coral al alimentarse de las algas que los cubren y que les quitan luz y oxígeno”, explicó Camilo Thompson, abogado de AIDA. “Pero la población de estos peces ha disminuido drásticamente debido a la degradación de su hábitat, la contaminación y el cambio climático; y los estudios de HRI, entre otros, han demostrado que el 60% de los arrecifes del Caribe mexicano están en mal estado o en estado crítico de salud”. Las organizaciones piden incluir en alguna de las categorías de riesgo de la Norma Oficial Mexicana 059 al pez loro semáforo (Sparisoma viride), al pez loro guacamaya o arcoíris (Scarus guacamaia), al pez loro azul (Scarus coeruleus), al pez loro de media noche (Scarus coelestinus), al pez loro reina (Scarus vetula), al pez loro princesa (Scarus taeniopterus), al pez loro rayado (Scarus iseri), al pez loro banda roja (Sparisoma aurofrenatum), al pez loro aleta roja (Sparisoma rubripinne) y al pez loro cola amarilla (Sparisoma chrysopterum). En la carta se detallan las convenciones y tratados internacionales por los que el Estado mexicano está obligado a combatir adecuadamente las amenazas de especies que requieren protección especial, como los peces herbívoros, y que son vitales para la salud de los arrecifes del Caribe y de otros ecosistemas marinos. Esos acuerdos incluyen el Convenio para la Protección y el Desarrollo del Medio Marino en la Región del Gran Caribe o Convenio de Cartagena) la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Convención de Ramsar, la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, la Declaración de Tulum y la Iniciativa Internacional sobre los Arrecifes de Coral. “También mencionamos en la carta la Opinión Consultiva sobre derechos humanos y ambiente que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, añadió Thompson. “En esa decisión, la Corte fortalece las obligaciones de los Estados del continente para proteger a las personas en estrecha relación con la protección del ambiente. Pese a servir de criaderos de peces y barreras naturales contra huracanes —entre otras funciones clave—, los arrecifes de coral son muy frágiles y vulnerables ante el cambio climático, cuyas consecuencias incluyen la acidificación de los océanos, el aumento del nivel del mar y la proliferación de algas. Esto último se debe a las múltiples descargas de aguas no tratadas o tratadas de manera inadecuada para la región caribeña y a otras formas de contaminación del mar. “El reporte más reciente del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) advirtió que superar los 1,5°C en la temperatura promedio del planeta, implicaría la destrucción de los arrecifes”, enfatizó Mélina Soto, Coordinadora para México de la Iniciativa Arrecifes Saludables para Gente Saludable. “Es entonces urgente adoptar medidas adecuadas para preservar esos entornos, siendo una de ellas la protección de los peces herbívoros”. Lea la carta enviada al gobierno mexicano. Encuentra aquí más información sobre el caso. Contactos de prensa: Victor Quintanilla (Ciudad de México), AIDA, [email protected], +521 5570522107 Marisol Rueda Flores (Playa del Carmen), Iniciativa Arrecifes Saludables para Gente Saludable, [email protected],+521 9848770815
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Sociedad civil advierte ante CIDH violaciones a los derechos humanos ocasionadas por el fracking en Latinoamérica
Boulder, Colorado. Representantes de comunidades y organizaciones de diversos países de América Latina —entre ellos Argentina, México y Colombia— expusieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) los impactos actuales y potenciales que la técnica de fractura hidráulica (fracking), utilizada para la extracción no convencional de hidrocarburos, tiene sobre los derechos humanos y el ambiente.La audiencia se realizó en respuesta a una petición suscrita por más de 126 organizaciones de 11 países de las Américas, en el marco del 169° período ordinario de sesiones que la CIDH celebra esta semana en la ciudad de Boulder, Colorado.La principal solicitud a la CIDH y a las Relatorías para los diversos países, en el marco de esta audiencia, fue instar a los Estados a que adopten medidas eficaces y oportunas para prevenir violaciones a los derechos humanos en el contexto de actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, así como la aplicación del principio de precaución frente a posibles daños ambientales a causa del fracking.“En América Latina, el fracking se ha realizado sin informar ni consultar adecuadamente a la población afectada, vulnerándose así su derecho a la información, participación, consulta y consentimiento previos”, destacó Liliana Ávila, Abogada Sénior de la Asociación Interamericana de Derecho Ambiental (AIDA), durante la audiencia. “La demanda de agua para esta actividad compite con el uso de agua para el consumo humano, y la contaminación que produce en aguas, suelos y aire, afecta gravemente el disfrute del derecho al medio ambiente sano y compromete el goce efectivo de otros derechos como la vida digna, la integridad personal, la salud, la alimentación, el agua y la vivienda adecuada”.En la audiencia se enfatizó que las mujeres sufren desproporcionadamente los impactos de esta actividad debido a las daños potenciales en su salud reproductiva y a que la falta de acceso al agua provocada por la sobreexplotación y contaminación que el fracking conlleva, tiene un impacto mayor sobre las mujeres debido a los roles de cuidado socialmente asignados.Refiriéndose a la experiencia de las comunidades mapuches de Argentina, Santiago Cané, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), destacó que “se producen hechos de violencia contra quienes defienden el ambiente y sus derechos. Institucionalmente, podemos hablar de la criminalización de la protesta social como una forma de intimidación para eliminar la resistencia a los proyectos de fracking. La prosecución de causas penales contra los líderes de las comunidades que se oponen al desarrollo del fracking ha llegado a convertirse en una campaña mediática e institucional por la que se busca instalar la idea de que las comunidades mapuches integran un grupo terrorista.”En México, “específicamente en el municipio de Papantla, Veracruz —que de acuerdo a solicitudes de acceso a la información es el municipio con mayor número de pozos de fracking en el país—, donde la población pertenece mayoritariamente al pueblo totonaca, esta técnica de explotación ha provocado el desvío de manantiales y el desecamiento de pozos artesanos, con lo que muchas comunidades perdieron sus fuentes naturales de agua y han visto comprometida su salud y deterioradas sus condiciones de vida”, manifestó Alejandra Jiménez, de la Alianza Mexicana Contra el Fracking.Dorys Gutiérrez, de la organización colombiana Corporación Defensora del Agua, Territorio y Ecosistemas, señaló que: “En Europa, 18 países han aplicado el principio de precaución para no permitir o restringir esta práctica y en Australia, 4 de 8 territorios tienen prohibiciones o moratorias. Entonces, si el fracking es tan bueno, ¿por qué en tantos lugares es ampliamente rechazado?”Según datos recopilados por la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking, en América Latina existen cerca de 5,000 pozos de fracking. En Argentina, existen aproximadamente 2,000 pozos. Mientras, en Chile, según datos oficiales, actualmente se ha aprobado la fracturación de 182 pozos, la gran mayoría en la isla de Tierra del Fuego. En el caso de México, el número de pozos de fracking supera los 3,350.A pesar de este incremento, se ha avanzado también en prohibiciones y restricciones al fracking en tres estados de Estados Unidos, en Uruguay, en la provincia argentina de Entre Ríos y en más de 300 municipios de Brasil.La expansión del uso de esta técnica está causando y puede causar graves impactos en los derechos humanos. El avance del fracking representa una amenaza para la consolidación del marco jurídico que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos viene impulsando y que incluye las obligaciones de los Estados y la protección internacional a los derechos humanos y el ambiente.Contactos de prensa:Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +521 5570522107Arturo Contreras (en Boulder, Colorado), +521 5533320505
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Comisión Interamericana analizará violaciones a los derechos humanos provocadas por fracking
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizará una audiencia informativa el próximo 3 de octubre para conocer la situación general de la utilización de la fracturación hidráulica (fracking) y la violación a los derechos humanos de comunidades y personas defensoras a consecuencia de esta actividad en el continente americano. La audiencia responde a una solicitud realizada por 126 organizaciones de América Latina, encabezadas por la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking (ALFF). La audiencia se realizará en la ciudad de Boulder, Colorado, Estados Unidos, en el marco del 169 período ordinario de sesiones de la CIDH. En ella, personas defensoras y representantes de comunidades afectadas presentarán información detallada sobre los impactos a los derechos humanos, así como los impactos ya documentados y los riesgos potenciales derivados de las actividades de fracking en América Latina. Las organizaciones agrupadas en la ALFF buscan proponer una serie de recomendaciones a la CIDH y a los gobiernos de la región para garantizar los derechos humanos frente a los riesgos de este método de explotación de yacimientos no convencionales de hidrocarburos. De acuerdo con la solicitud de audiencia, en Latinoamérica existen cerca de 5,000 pozos de fracking. En Argentina, aproximadamente existen 2000 pozos. Mientras en Chile, según datos oficiales, actualmente se ha aprobado la fracturación de 182 pozos, la gran mayoría en la isla de Tierra del Fuego. En el caso de México, el número de pozos de fracking supera los 3,350, aunque las organizaciones firmantes señalaron que existen retos en materia de acceso a esta información. Por su parte, en Brasil y Colombia se han firmado contratos que permiten la exploración y explotación, y en Bolivia se ha comenzado la prospección y los estudios de muestras de yacimientos no convencionales. Organizaciones de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay firmaron en julio pasado la solicitud de audiencia a la CIDH. “El avance del fracking en América latina se realiza a ciegas porque no se conoce con certeza la totalidad de las sustancias químicas empleadas, ni sus efectos combinados o sinérgicos, los riegos reales y potenciales, ni la efectividad de las medidas de mitigación”, resaltó Claudia Velarde, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). “Lo que sí se conoce son sus daños en el ambiente, en la cantidad y calidad del agua, en la salud y en los derechos humanos colectivos”. Mientras en diversos países de América Latina se promueve el fracking, otros países, estados y provincias de Europa, América y Oceanía lo han prohibido por los impactos y riesgos ambientales y para la salud que implica. La solicitud a la CIDH destaca que “ninguno de los países donde se aplica el fracking posee un conocimiento integral de los riesgos e impactos irreversibles que puede ocasionar al ambiente y a la vida de las personas y comunidades. Sin embargo, se cuenta con sobrada evidencia científica de sus efectos negativos sobre la población, a partir de la experiencia de uso intensivo de esta técnica en Estados Unidos.” Sigue las actualizaciones sobre esta audiencia con el hashtag #AméricaSinFracking Contacto de prensa Victor Quintanilla, AIDA (México), [email protected], +521 5570522107
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Mandan alerta internacional para frenar los daños de la industria salmonera en la Patagonia chilena
AIDA envió una alerta urgente a las autoridades a cargo del cumplimiento de seis tratados internacionales orientados a la protección ambiental y ratificados por Chile. En ella se solicitan visitas a la región de Magallanes y apoyo en la investigación de los daños que la salmonicultura está causando, instando al gobierno chileno a proteger la zona. Santiago, Chile. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) envió una alerta urgente a las autoridades responsables del cumplimiento de seis convenios internacionales ratificados por el Estado chileno. En ella les solicita que realicen visitas de asesoramiento a la región de Magallanes, donde la expansión de la industria salmonera está causando graves daños ambientales, y que exhorten al gobierno a la adopción de medidas adecuadas para frenar esos daños. “Son tratados que fueron suscritos y ratificados por Chile para proteger su riqueza natural, incluidas las especies endémicas que Magallanes alberga”, dijo Florencia Ortúzar, abogada de AIDA. “Al no disponer las medidas necesarias para evitar que la producción industrial de salmón dañe los entornos marinos del país, el gobierno está vulnerando estos convenios”. La alerta fue enviada a las autoridades a cargo del Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Convención sobre la conservación de las especies migratorias de animales silvestres, la Comisión Ballenera Internacional, la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y el Tratado Antártico. También se informó de la situación a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y a la Organización Mundial de la Salud (OMS). La región de Magallanes es hogar de muchas especies protegidas como la ballena azul, el cachalote, el pingüino de Magallanes, la foca elefante, la tortuga laúd, el delfín austral y el delfín chileno, entre otras. Además, es una zona remota y prístina, escasamente estudiada, por lo que no es posible saber las consecuencias de los daños actuales y potenciales que se están infringiendo. En el documento se detallan los principales daños causados por las granjas de salmón instaladas en Magallanes. Entre ellos están la contaminación del fondo marino con grandes cantidades de desechos provenientes de las heces de los peces y de los químicos usados en su cultivo y la saturación de las aguas con más peces de los que pueden soportar, lo que genera zonas sin oxígeno, donde la vida marina no puede prosperar. “Más de la mitad de las granjas que operan en Magallanes están causando la falta total o parcial de oxígeno”, señaló Ortúzar. “Ello evidencia que las concesiones de salmonicultura se están otorgando sin el respaldo científico que garantice que no causarán daños ambientales”. Otro gran problema planteado en la alerta es el excesivo uso de antibióticos en el cultivo de salmón en Chile, más alto que en cualquier otro país productor de salmón. Dicho uso desmedido provoca resistencia antimicrobiana, problema que ha sido reconocido por la OMS como una amenaza grave para la salud pública mundial. En la alerta, AIDA solicita que las autoridades internacionales, entre otras acciones, brinden apoyo al Estado chileno para investigar los impactos reales y potenciales de la industria salmonera en la Patagonia, le recuerden sus obligaciones bajo los tratados, investiguen los daños descritos y, cuando corresponda, requieran la aplicación de sanciones y la suspensión o cancelación de concesiones de salmonicultura en Magallanes. Consulte la alerta urgente (en inglés). Encuentra aquí más información sobre el caso. Contacto de prensa Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +521 5570522107
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Brasil dejaría a comunidades, animales y plantas de la Amazonía sin el agua necesaria para subsistir
El riesgo proviene de la propuesta de manejo del caudal del río Xingú para la operación de la represa Belo Monte. AIDA informó de la situación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, solicitándole que exhorte al Estado brasileño a evitar la aplicación de la propuesta y a establecer una alternativa social y ambientalmente adecuada. Washington D.C., Estados Unidos y Altamira, Brasil. Al autorizar la construcción de la represa Belo Monte en plena Amazonía, el gobierno brasileño avaló, como medida de mitigación, un plan de manejo del caudal del río Xingú que dejaría sin agua suficiente para subsistir a las comunidades indígenas y ribereñas de la zona, así como a especies de plantas y animales. El plan debería estar en fase de prueba, pero será aplicado el próximo año, cuando estén instaladas todas las turbinas de la hidroeléctrica. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) envió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un informe que detalla la situación de grave riesgo socioambiental, solicitando que la Comisión inste al Estado brasileño a evitar la aplicación de la propuesta y a definir una medida alternativa que sí garantice el mantenimiento de la biodiversidad y los modos de vida de las comunidades. “El esquema autorizado para el manejo del caudal del río amenaza la permanencia de pueblos indígenas y ribereños, y pone en riesgo de extinción a peces y bosques, recursos naturales de los que depende la vida física y cultural de las comunidades”, explicó Liliana Ávila, abogada sénior de AIDA. El plan, denominado hidrograma de consenso, establece el volumen de agua que pasará por una parte del río, denominada Vuelta Grande del Xingú, y el volumen que será desviado para la producción de energía. Con ello se pretende reproducir artificialmente el caudal natural del río en épocas de inundación y de sequía. Norte Energía, consorcio a cargo de la represa, propone para la época de inundación un caudal mínimo promedio de 4,000 m3/s durante un año y de 8,000 m3/s para el año siguiente, a partir del 2019. Y plantea además un caudal mínimo de 700 m3/s para la época seca. Sin embargo, el informe enviado a la Comisión contiene evidencia científica y social que da cuenta que esos niveles de agua son significativamente menores a los caudales históricos del río y que no garantizan que los peces y los bosques aluviales puedan sobrevivir a la reducción propuesta en el corto y mediano plazo. La evidencia, que incluye información del propio Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables y del monitoreo hecho por las comunidades, muestra además que algunas especies acuáticas, como los quelonios, sólo pueden alimentarse y reproducirse con caudales mínimos de 13,000 m³/s en los meses de inundación del río, y que el volumen propuesto para la época seca no garantiza que el río continúe siendo navegable. “El plan de manejo del caudal tampoco tomó en cuenta el monitoreo hecho por el pueblo Juruna en colaboración con la Universidad Federal del Estado del Pará y el Instituto Socioambiental (ISA)”, señaló Marcella Ribeiro, abogada de AIDA. “Ya en 2016 y con niveles mayores de agua de los que se propone aplicar, las comunidades reportaron la muerte de peces”. AIDA envío el informe a la Comisión como parte de la denuncia formal contra el Estado brasileño por las violaciones de derechos humanos causadas por la construcción de la represa. En mayo, junto con organizaciones aliadas, presentamos nuestros argumentos finales en el caso, evidenciando daños ya ocasionados, entre ellos el desplazamiento forzado de pueblos indígenas y comunidades ribereñas, la muerte masiva de peces, daños diferenciados a hombres y mujeres, y amenazas a la sobrevivencia de las comunidades. Encuentra aquí más información del caso. Contactos de prensa Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +521 5570522107 Isabel Harari (Brasil), ISA, [email protected], +5561998261213
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Belo Monte pode deixar comunidades, animais e plantas do Xingu sem água para sobreviver
O risco provem da proposta de gerenciamento da vazão do rio Xingú para o funcionamento da Usina Hidroelétrica de Belo Monte. A Associação Interamericana para a Defesa do Ambiente informou a situação para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, solicitando que inste o Estado brasileiro a evitar a aplicação da proposta e estabelecer uma alternativa social e ambientalmente adequada. Washington D.C., Estados Unidos e Altamira, Brasil. Ao autorizar a construção da Hidrelétrica de Belo Monte em plena Amazônia, o governo brasileiro aprovou, como medida de mitigação, um plano de manejo da vazão do rio Xingu que deixaria as comunidades indígenas e ribeirinhas da região, assim como espécies de plantas e animais sem água suficiente para sua subsistência. O plano de manejo deveria estar na fase de testes, mas será efetivamente aplicado no próximo ano quando forem instaladas todas as turbinas da usina. A Associação Interamericana para Defesa do Ambiente (AIDA) enviou a Comissão Interamericana de Direitos Humanos um informe que detalha a situação de grave risco socioambiental, solicitando que a Comissão inste ao Estado brasileiro a evitar a aplicação da proposta e defina uma medida alternativa que de fato garantisse a manutenção da biodiversidade e os modos de vida das comunidades. “O esquema autorizado para o manejo da vazão do rio ameaça a permanência de povos indígenas e ribeirinhos, põe em risco de extinção espeécies endêmicas da região e compromete as condições ambientais para a dependênciafísica e cultural das comunidades”, explicou Liliana Ávila, advogada sênior da AIDA. O plano, chamado hidrograma de consenso, estabelece o volume de água que passará por uma parte do rio, denominada Volta Grande do Xingu, e o volume que será desviado para a produção de energia. Com isso se pretende reproduzir artificialmente a vazão natural do rio em épocas de cheia e de seca. O hidrograma de consenso consiste em na época de cheia garantir um fluxo mínimo médio de 4,000 m3/s durante um ano e de 8,000 m3/s para o ano seguinte, a partir de 2019. A medida propõe também uma vazão mínima de 700 m3/s para a época de seca. Apesar disso, o informe enviado a Comissão contém evidência científica e empírica comprovando que esses níveis de água são significativamente menores que os fluxos históricos do rio e não garantem que os peixes e as florestas aluviais possam sobreviver à redução proposta no curto e médio prazo. As evidências, que incluem informações do próprio Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis e do monitoramento feito pelas comunidades, mostra que algumas espécies aquáticas, como os quelônios, só podem se alimentar e se reproduzir com vazões mínimas de 13,000 m³/s nos meses de cheia do rio, e, além disso, que o volume proposto para a época seca não garante que o rio continue sendo navegável. “O plano de manejo da vazão tampouco levou em consideração o monitoramento feito pelo povo Juruna em colaboração com a Universidade Federal do Pará (UFPA) e o Instituto Socioambiental (ISA)”, ressaltou Marcella Ribeiro, advogada da AIDA. “Já em 2016 e com níveis maiores de água do que os que se propõe aplicar, as comunidades reportaram graves impactos peixes e quelônios”. AIDA enviou o informe a Comissão como parte da denúncia formal contra o Estado brasileiro pelas violações de direitos humanos causadas pela construção da hidrelétrica. Em maio, junto com organizações aliadas, apresentamos nossos argumentos finais sobre o caso, evidenciando danos já ocorridos, entre eles o deslocamento forçado de povos indígenas e comunidades ribeirinhas, a morte massiva de peixes, danos diferenciados a homens e mulheres, e ameaças a sobrevivência das comunidades. Clique aqui para mais informações sobre o caso. Contato de comunicação Isabel Harari (Brasil), ISA, [email protected], +5561998261213 Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +521 5570522107
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Autorización de pozos de fracking en Argentina viola obligaciones internacionales
AIDA presentó un escrito para respaldar el amparo interpuesto por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. En él evidenciamos las obligaciones internacionales en materia ambiental y de derechos humanos incumplidas al autorizar la explotación de cuatro pozos petroleros mediante fracking, dentro de la formación Vaca Muerta, actividad que daña fuentes de agua y vulnera derechos de comunidades Mapuches. Mendoza, Argentina. En respaldo a la demanda de amparo interpuesta por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) presentó un escrito (Amicus Curiae) ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza. En él evidenció las obligaciones internacionales en materia ambiental y de derechos humanos incumplidas por la Dirección de Protección Ambiental al autorizar la explotación de cuatro pozos petroleros mediante fracking por la empresa El Trébol S.A. “La explotación de hidrocarburos utilizando la técnica de fracking fue autorizada en Mendoza sin haberse realizado una evaluación de impacto ambiental”, dijo Claudia Velarde, abogada de AIDA. “La actividad fue presentada como ‘adecuación de infraestructura’ en el proceso de autorización y la autoridad ambiental otorgó los permisos en un tiempo récord de seis días”. Los pozos están dentro de Vaca Muerta, la principal formación de gas no convencional (gas shale o de esqusito) de Argentina y de América Latina. Y en la zona habitan comunidades Mapuches, reconocidas por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y cuyos miembros deben ser consultados para obtener su consentimiento previo, libre e informado a cualquier actividad que afecte su territorio. Ese derecho no fue respetando, vulnerando —como se detalla en el escrito— el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, normas internacionales reconocidas por Argentina. “Los químicos usados en el fracking pueden contaminar aguas superficiales como subterráneas, incluyendo las de la laguna de Llancanelo, un humedal de importancia internacional bajo la Convención Ramsar, tratado ratificado por el Estado argentino”, afirmó Velarde. “El sitio es zona de paso y descanso para más de 130 especies de aves residentes y migratorias” Además, las actividades de fracking requieren grandes cantidades de agua y Mendoza es una provincia que por años sufre de escasez de ese recurso, problema agravado por el cambio climático. Finalmente, en el escrito se resalta que no se cuenta con datos geológicos detallados de la zona ni con información de calidad sobre la dinámica de las aguas subterráneas. “Ante esa incertidumbre científica, las autoridades deben aplicar el principio de precaución”, explicó Velarde. “Con base en ese principio, una actividad con las características del fracking no debe ser autorizada si quienes buscan implementarla no pueden probar que no causará daños graves e irreversibles en el ambiente”. Contacto de prensa: Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +5215570522107
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Mecanismo de rendición de cuentas del BID admite reclamación contra Hidroituango
En medio de la crisis humanitaria de largo plazo que se vive en cuenca del río Cauca por causa de la hidroeléctrica, el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación del Banco admitió la queja presentada por el Movimiento Ríos Vivos contra el proyecto. Washington D.C. El Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) declaró elegible la reclamación que el Movimiento Ríos Vivos presentó contra el proyecto hidroeléctrico Hidroituango. Para el MICI, la queja cumple con todos los requisitos que, de conformidad con sus políticas, se deben cumplir para que sea admitida. Por lo tanto, el proceso sigue adelante y pasa a una fase de consulta. El junio pasado, comunidades afectadas por la construcción de la represa Hidroituango en el departamento de Antioquia, presentaron una reclamación ante el MICI. La queja fue presentada en la sede del organismo, ubicada en la capital de Estados Unidos. En ella solicitan que esa instancia de rendición de cuentas indague si el BID, tanto su brazo público como privado, cumplió o no sus propios estándares sociales y ambientales a la hora de invertir en el proyecto. Las comunidades afectadas, representadas por el Movimiento Ríos Vivos Antioquia, resaltan en la queja que las políticas del Banco establecen que los proyectos en los que invierta deben ser sostenibles, participativos y respetuosos de la legislación nacional, lo que no ha ocurrido con Hidroituango. El proyecto no contó con una evaluación de impacto ambiental adecuada, no permite la participación de las comunidades ni el acceso a información, y se ha desarrollado en un contexto de violaciones a derechos humanos y uso desproporcionado de la fuerza. Asimismo, ha puesto en peligro la vida de miles de personas, que han tenido que ser evacuadas de forma improvisada por la crisis de la represa. Esto contradice los estándares sociales y ambientales que el BID debe aplicar en sus inversiones. La hidroeléctrica pretende ser la más grande de Colombia. El MICI atiende denuncias de personas y comunidades afectadas por proyectos de desarrollo financiados por el BID. Las comunidades afectadas por Hidroituango, asentadas en la cuenca del río Cauca y sus afluentes, son acompañadas en el proceso de queja por el Center for International Environmental Law (CIEL), la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y el International Accountability Project (IAP). El reclamo ocurre en medio de una crisis humanitaria en la zona de construcción de la hidroeléctrica y de una creciente violencia contra las personas que defienden su territorio y agua frente al proyecto. Los miembros del Movimiento Ríos Vivos Antioquia han sufrido múltiples amenazas, intimidaciones y violación de sus derechos. Además, la región donde está ubicada la represa ha sido históricamente afectada por la violencia y el conflicto armado. Encuentra aquí más información del caso. Contactos de prensa: Isabel Zuleta, Movimiento Ríos Vivos Antioquia, +57 3217347264, [email protected] Carla García, Center for International Environmental Law, [email protected] Astrid Puentes, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, [email protected] Carlos Lozano, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, [email protected] Alexandre Sampaio, International Accountability Project, [email protected]
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El primer tratado jurídicamente vinculante del mundo para proteger alta mar: Comienza en la ONU una negociación histórica
Nueva York. Comienzan hoy en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) las negociaciones de un tratado para conservar y proteger casi dos tercios del océano, en el marco de lo que se considera generalmente la mayor oportunidad de esta generación para cambiar el rumbo del deterioro y la pérdida de diversidad del océano. Tras un decenio de debates en la ONU, la Conferencia Intergubernamental (CIG), de dos semanas de duración, es la primera de una serie de cuatro sesiones de negociación que se desarrollarán hasta 2020 con vistas a lograr un nuevo tratado jurídicamente vinculante para proteger la biodiversidad marina en áreas fuera de la jurisdicción nacional* (AFJN), conocidas comúnmente como la alta mar. El océano situado más allá de las 200 millas marinas (370 kilómetros) de las costas de un país se considera aguas internacionales – “la alta mar” - y se comparte globalmente. No existe una legislación suprema que salvaguarde su biodiversidad ni su papel vital en la prestación de servicios – tales como la generación de oxígeno y la regulación del clima. “La alta mar cubre la mitad de nuestro planeta y es vital para el funcionamiento del océano entero y de toda la vida en la Tierra. El sistema actual de gobernanza de la alta mar es débil, fragmentario e inadecuado para abordar las amenazas a las que nos enfrentamos ahora en el siglo XXI, derivadas del cambio climático, la pesca ilegal y la sobrepesca, la contaminación por plásticos y la pérdida de hábitats. Esta es una oportunidad histórica para proteger la biodiversidad y las funciones de la alta mar mediante compromisos jurídicamente vinculantes”, declaró Peggy Kalas, Coordinadora de la High Seas Alliance, una alianza entre más de 40 organizaciones no gubernamentales y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). El papel clave del océano en la mitigación del cambio climático, que incluye la absorción de un 90% del calor adicional y de un 26% del exceso de dióxido de carbono creados por fuentes humanas, ha tenido un efecto devastador sobre el propio océano. Gestionar los múltiples factores de estrés añadidos que se ejercen sobre él permitirá aumentar su resiliencia ante el cambio climático y la acidificación, y protegerá ecosistemas marinos únicos en su especie, muchos de los cuales quedan aún por explorar y descubrir. Dado que se trata de aguas internacionales, las medidas de conservación necesarias solo pueden introducirse a través de un tratado global. El profesor Alex Rogers de la Universidad de Oxford, que ha proporcionado evidencia para fundamentar el proceso de la ONU de cara a un tratado, afirmó: “La mitad de nuestro planeta consistente en alta mar está protegiendo la vida terrestre frente a los peores impactos del cambio climático. Y a pesar de ello, estamos haciendo muy poco para salvaguardarla o para proteger la vida dentro del océano, intrínseca a nuestra supervivencia colectiva. Proteger la biodiversidad de la alta mar, implantando la buena gobernanza y la ley en el océano entero, es sin duda lo más importante que podemos hacer para cambiar el rumbo del corazón azul de nuestro planeta”. A través de la ONU, los estados debatirán cómo proteger y conservar la alta mar mediante el establecimiento de: Áreas Marinas Protegidas (AMP): Las AMP gozan de amplio reconocimiento como elemento esencial para construir la resiliencia del océano, pero sin tratado no hay un mecanismo que posibilite su creación en la alta mar. Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA): Aunque ciertas actividades se encuentran parcialmente reguladas en algunas áreas de la alta mar, no existe un marco jurídico para la realización de EIA con vistas a prevenir un potencial daño ambiental. Reparto de beneficios y transferencia tecnológica: A muchos países les preocupa no poderse beneficiar de la investigación sobre las especies de alta mar y perder así el acceso a nuevos recursos genéticos marinos de enorme alcance potencial, tales como el descubrimiento de recursos genéticos marinos (RGM) que podrían ofrecer nuevos usos farmacéuticos y nutracéuticos, entre otros. Las negociaciones también se centrarán en mejorar los mecanismos de creación de capacidad y transferencia tecnológica en países en desarrollo dentro del ámbito de la alta mar. Gladys Martínez, abogada sénior del Programa de Biodiversidad Marina y Protección Costera de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), parte de la High Seas Alliance, dijo: “Esperamos que en esta conferencia intergubernamental se logren avances importantes hacia la creación de un tratado para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad en alta mar. Estamos especialmente complacidos de ver el compromiso de los Estados latinoamericanos al inicio de esta importante negociación”. Notas para los redactores: * ‘Áreas fuera de la jurisdicción nacional’ son las áreas del océano situadas fuera de las ZEE y de las plataformas continentales de los distintos estados, es decir, a más de 200 millas marinas de la costa en la mayoría de los casos. Incluye también la alta mar, la Zona de mar profundo definida en la Parte XI de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CDM, o también CONVEMAR o CNUDM), que es el fondo oceánico profundo situado más allá de las plataformas continentales de los Estados ribereños. Para más información, visite: http://highseasalliance.org El proceso hasta hoy: Cronograma del Tratado Contactos de prensa Victor Quintanilla (México), [email protected], +521 5570522107 Mirella von Lindenfels (en la ONU, durante las negociaciones), +44 7717 844 352
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Organizaciones condenamos expulsión de la ONU de Nicaragua
A dos días de que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) presentara su informe, donde confirma que las violaciones cometidas con la participación del Estado, el órgano internacional recibió una notificación para dejar el país, en medio de una crisis que ya se arrastra por más de cuatro meses. En su informe, OACNUDH confirma lo que las organizaciones nacionales, internacionales y otros órganos ya habían señalado, y suma nuevos elementos para determinar que son las autoridades nacionales las responsables de numerosas violaciones de derechos humanos cometidas desde el 18 de abril hasta la fecha. Las organizaciones firmantes condenamos enérgicamente esta decisión, que refleja la voluntad de obstruir cualquier escrutinio internacional y el carácter autoritario del gobierno nicaragüense. Pese a que, en julio, el Estado aceptó la observación de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de OACNUDH, la estructura gubernamental se ha encargado de bloquear información y acceso a datos, audiencias, entrevistas y cualquier otro insumo que les permita contar con los elementos necesarios para realizar su trabajo. La actitud de Nicaragua frente a la comunidad internacional es inaceptable y da cuenta de que el gobierno no tiene ningún interés en darle salida a esta crisis. En tanto, la represión y violencia no se detienen y se recrudece la criminalización de manifestantes, estudiantes, líderes y lideresas sociales y defensores/as de derechos humanos como forma de amedrentamiento de quienes se oponen a las posiciones institucionales. En este contexto, hacemos un llamado urgente a la comunidad internacional a observar, condenar y dar seguimiento cercano a esta grave situación, que daña de manera irremediable los pilares democráticos del país y coloca a las personas en Nicaragua en una situación de aun mayor vulnerabilidad. A los Estados de las Américas les urgimos a que den respuesta acorde con la gravedad de una decisión que evidencia un rompimiento con los más esenciales valores democráticos. Por último, reiteramos la necesidad de que la situación en Nicaragua forme parte de la agenda de la sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que se llevará a cabo el próximo 5 de septiembre. Organizaciones firmantes Argentina Centro de Estudios Legales y Sociales - CELS Bolivia Oficina Jurídica para la Mujer Brasil Conectas Direitos Humanos Chile Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género: Corporación Humanas (Humanas) Ecuador Fundación Paz y Esperanza México Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos (AJDH) Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios AC Nicaragua Asociacion de Mujeres para la integracion de la familia en Nicaragua (AMIFANIC) Campaña 28 de Setiembre por la Despenalización del Aborto (C28LAC) Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS) Centro de Investigación de la Comunicación (CINCO) Centro de la Mujer ACCION YA (ACCION YA) Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) CIFEM Nicaragua (CIFEM) Coordinadora Civil Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia (CUDJ Nicaragua) Diálogo por la Democracia Frente Amplio por la Democracia (FAD) Fundación del Rio (FDR) Fundación Nicaraguense para el Desarrollo Sostenible (FUNDENIC SOS) fundacion para la promocion de las mujeres y la niñez (FUNDEMUNI) Fundacion para la Promociony (Fundemuni) Fundacion PopolNa Grupo Cocibolca Grupo de Solidaridad Arenal (GRUDESA) Iniciativa Nicaragüense de Derechos Humanos de las Mujeres (IN-Defensoras) Liderazgo Juvenil Nicaragüense somos (LJN) Movimiento 19 de abril/Masaya Movimiento Autonomo de Mujeres (MAM) Movimiento Campesino Movimiento Renovador Sandinista (MRS) Plataforma en Defensa del Agua y la Vida (Plaforna del Agua) Yamlet Mejia Palma (YMP) Perú Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) Paz y Esperanza Venezuela Civilis Derechos Humanos Acción Solidaria Regional Asociación Interamericana Para La Defensa Del Ambiente (AIDA) Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los derechos de las mujeres Fundación para el Debido Proceso (DPLF) Institute on Race, Equality and Human Rights (Race and Equality) Mujeres LIbres COLEM, AC Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe Internacional Centro de Derechos Reproductivos Asociadas por lo Justo (JASS Mesoamérica) Contacto de prensa Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +521 5570522107
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