Prensa
Nosotros también gritamos por la paz: Organizaciones internacionales de la sociedad civil acompañamos a los y las colombianas que mañana marchan por la paz
Las Américas. Mientras que los colombianos y las colombianas marchan por la paz en su país éste 26 de julio, hacemos eco de sus reclamos exigiendo un final permanente a la guerra que cobró 260,000 vidas y obligó a 8 millones de personas a huir de sus hogares, la mayoría pertenecientes a comunidades afrodescendientes y pueblos indígenas, y principalmente mujeres y niños. Nos sumamos a su llamado exigiendo que el gobierno colombiano proteja a los líderes y las lideresas sociales que trabajan para crear condiciones de paz en sus territorios. Centenares de personas han sido asesinadas desde el 2016 cuando se firmaron los acuerdos de paz, mientras que muchas más viven una situación de amenazas y ataques constantes. Esta tragedia debe cesar. Apoyamos las voces que hoy urgen al Estado de Colombia a implementar plenamente los acuerdos de paz, firmados entre el gobierno y las FARC y a proteger la vida e integridad de los líderes. De lo contrario, Colombia perderá esta única oportunidad para alcanzar la paz. Por último, hacemos un llamado a los Estados Unidos y a la comunidad internacional en general para que apoyen con entusiasmo la implementación efectiva de los acuerdos. Nos solidarizamos con los millones de colombianos y colombianas que luchan para crear una paz justa, completa y duradera y que mañana dicen #26deJulioElGrito. Firman: 350.org Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos Acción Solidaria ActionAid USA AFL-CIO ÁGORA Espacio Civil Paraguay Amazon Watch Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. (ASILEGAL) Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) Center for Justice and International Law (CEJIL) Center for Reproductive Rights Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C. - México Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA) Centro de Documentación en Derechos Humanos "Segundo Montes Mozo S.J." (CSMM) Chicago Religious Leadership Network on Latin America (CRLN) Christian Peacemaker Teams Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) CIVICUS - World Alliance for Citizen Participation Colombia Grassroot Support, New Jersey Colombia Human Rights Committee, Washington DC Comisión Ecuménica de Derechos Humanos Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres Convergencia por los Derechos Humanos Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú Corporación Humanas Chile CSW Defensor de derechos humanos en México Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras (ERIC-SJ) Global Witness International Institute on Race, Equality and Human Rights (Race and Equality) International Labor Rights Forum International Rivers InterReligious Task Force On Central America and Colombia Latin America Working Group (LAWG) Movimiento Autónomo de Mujeres, Nicaragua Mujeres Libres COLEM, A.C. Grupo de Mujeres de San Cristóbal Las Casas, A.C. NJ Peace Council Not1More Oxfam Paz y Esperanza Presbyterian Church USA Presbyterian Peace Fellowship Red Para la Infancia y la Adolescencia de El Salvador (RIA) Redes por los Derechos de la Infancia (REDIM) Robert F. Kennedy Human Rights Servicio Internacional para los Derechos Humanos (ISHR) United Church of Christ, Justice and Witness Ministries Washington Office on Latin America (WOLA) Witness for Peace Solidarity Collective
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Juntos por un Caribe sin carbón
Los días 18 y 19 de julio de 2019 se encontraron en la ciudad de Valledupar en la Universidad Popular del Cesar, un diverso grupo de procesos, comunidades y pueblos afros e indígenas, organizaciones de trabajadores, organizaciones no gubernamentales ambientalistas y defensoras de derechos humanos, organizaciones sociales comunitarias, universidades y estudiantes de los departamentos de Atlántico, Magdalena, Cesar y La Guajira para unirse en torno a las afectaciones producidas por la cadena del carbón en el caribe colombiano. Discusiones en torno al extractivismo fueron abordadas desde diversas aristas y perspectivas por parte de los distintos actores. Una preocupación generalizada son los proyectos energéticos, denominados alternativos, que siguen avanzando con la misma lógica extractivista y que están generando graves impactos en la tierra y el territorio, y en la vida de las comunidades, en particular mujeres, comunidades étnicas y campesinas. Frente a las preocupaciones surgidas en ese encuentro, decidimos conformar un espacio de articulación que tenga como objetivos principales la defensa de la tierra, el agua y el territorio del Caribe Colombiano frente a las amenazas de la expansión extractivista y empresarial, y sus proyectos en curso asociados a la cadena de carbón y otras empresas. Así como la construcción y fortalecimiento de alternativas al desarrollo y de proyectos propios de las comunidades. Convocamos a todos los sectores, procesos, organizaciones, universidades y ciudadanía en general a sumarse a las acciones colectivas que luchan por la autonomía y las necesidades locales para hacer frente al modelo extractivista y a construir y compartir alternativas, que integren el respeto a los derechos humanos y el ambiente, a este modelo. Suscriben: Alianza Contra el Fracking en La Sierra Nevada de Santa Marta Asociación de Campesinos Asocamlirsal Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) Business & Human Rights Resource Centre CENSAT-Agua Viva Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo Comité Cívico San Antonio Comisión Colombiana de Juristas Consejo Comunitario NEGROS ANCESTRALES DE TABACO Consejo Comunitario El NEGRO DE MINGUEO. C.C.N.M Corporación para la Protección y Desarrollo de Territorios Rurales- Prodeter Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz) Oraloteca Semillero Transición Energética Unimagdalena – GACE
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Resolución dispone medidas para preservar los corales del Caribe colombiano
Sentando un precedente positivo en el país y en una importante región del Gran Caribe, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (CORALINA) prohibió la pesca y comercialización de varias especies de peces herbívoros y omnívoros, medida orientada a conservar el ecosistema coralino de la zona. San Andrés, Colombia. Con el objetivo de conservar el ecosistema de corales y las playas del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina —una de las zonas con mayor biodiversidad marina y costera de Colombia con más de 2,354 especies marinas registradas al momento— la autoridad ambiental de esa región emitió una resolución que prohíbe la captura y comercialización de varias especies de peces herbívoros y omnívoros. “Este avance hacia la conservación de los corales y las playas ocurre tras un proceso de más de 20 años que incluyó educación ambiental, investigación y monitoreo”, dijo Nacor Bolaños, Coordinador de Áreas Protegidas de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (CORALINA). “La necesidad de proteger a los peces loro y a otras especies herbívoras y omnívoras fue respaldada por los propios pescadores artesanales y por las comunidades locales, con quienes nos reunimos”. La resolución emitida por la entidad pública descentralizada protege a 14 especies de pez loro, cuatro de pez cirujano, cinco de pez mariposa y seis especies de pez ángel. Prohíbe por completo la pesca comercial, industrial, deportiva o recreativa de estos peces. Asimismo, prohíbe su pesca comercial artesanal usando arpón y/o artes de pesca similares. Y restringe completamente su comercialización, tenencia y almacenamiento, así como su traslado a otras zonas del país. “La resolución es un gran avance porque reconoce los beneficios de los corales para la pesca, el turismo, los recursos farmacéuticos y para la protección frente a los impactos de la crisis climática”, destacó María José Gonzalez-Bernat, asesora científica de AIDA. “Reconoce también el rol vital que cumplen varias especies de peces para mantener saludables a esos ecosistemas”. Al alimentarse de las algas que les quitan luz y espacio a los corales, los peces herbívoros favorecen la sobrevivencia de esos frágiles entornos. Además, numerosos estudios han dado cuenta que los peces loro favorecen el crecimiento de corales y la generación de arena para las playas. Y especies omnívoras como el pez ángel también ayudan a limpiar de algas los corales. AIDA apoyó la iniciativa de CORALINA desde un inicio, proporcionando información técnica, científica y legal. Además, abogó por la inclusión en la resolución de compromisos internacionales y regionales que protegen a estos peces. El Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina concentra el 77% de las áreas coralinas superficiales de Colombia y alberga la tercera barrera coralina más grande del mundo. La zona fue declarada Reserva de la Biosfera en 2000 por la Unesco y limita con ocho países del Gran Caribe: Venezuela, República Dominicana, Haití, Jamaica, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Pero su cobertura de corales se ha deteriorado con los años debido a fenómenos naturales y actividades humanas. A ello se suma la disminución de la población de peces herbívoros como el pez loro. “En ese sentido, esta regulación es un ejemplo para otros países que tienen arrecifes de coral en sus costas”, dijo Gonzalez-Bernat. “La resolución se sustenta en información científica y enfatiza el marco legal internacional que recomienda la protección de los corales y de los peces que apoyan su conservación”. Contactos de prensa: Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +52 155 70522107 Claudia Marcela Delgado (Colombia), CORALINA, [email protected], +57 313 8517300
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Colombia da un paso correcto al suspender proyecto de fracking
Basándose en una reciente orden judicial, la autoridad ambiental del país suspendió el trámite de un proyecto en el Magdalena Medio. La decisión representa un avance en los esfuerzos para frenar la expansión del fracking en América Latina. Bogotá. En un avance para los esfuerzos contra la expansión del fracking en América Latina, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) de Colombia suspendió el trámite de permiso ambiental de un proyecto de fracking en el Magdalena Medio. Con esta decisión, Colombia se une a la creciente lista de comunidades, municipios y regiones de América Latina y el mundo que han logrado detener el avance del fracking en sus territorios, muchos de ellos mediante el establecimiento de prohibiciones o moratorias. “La decisión de la autoridad ambiental es un ejemplo positivo para las naciones de la región y para el mundo”, dijo Astrid Puentes Riaño, Codirectora Ejecutiva de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). “Es el resultado de un movimiento cívico admirable y del uso del principio de precaución como una herramienta para proteger la salud humana y los ecosistemas, y para enfrentar la crisis climática”. La decisión, que puso freno al proyecto “APE Guane A” de la empresa Ecopetrol, tiene como fundamento la suspensión del marco regulatorio del fracking en el país, realizada en noviembre de 2018 por el Consejo de Estado. AIDA apoya la medida adoptada por el Consejo de Estado y considera que al acatar esa orden judicial la ANLA dio un paso en la dirección correcta. “Al no existir normas vigentes para regular el fracking, en Colombia tenemos una moratoria judicial que implica que no se puede implementar ningún proyecto que busque explotar yacimientos no convencionales de gas y petróleo mediante esa técnica”, explicó Juana Hofman, abogada de AIDA. “Por ello, todo trámite orientado al desarrollo de actividades de fracking debe ser suspendido”. En su decisión, la ANLA señala que “la suspensión provisional de las disposiciones antes mencionadas se traduce en que las mismas se encuentran temporalmente fuera del ordenamiento jurídico, lo que de manera consecuente trae consigo que esta Autoridad Ambiental no cuenta con normativa técnica que le permita contrastar las medidas de manejo que deben ser incluidas en el Estudio de Impacto Ambiental EIA para ser analizadas dentro del procedimiento de evaluación ambiental, y por ende, no podría determinar si es viable o no el otorgamiento de la licencia ambiental requerida para los nuevos proyectos de yacimientos no convencionales.” El proyecto suspendido contempla el uso de fracking en un complejo cenagoso localizado entre los municipios de Barrancabermeja y Puerto Wilches, en el norte de Colombia. El fracking o fracturamiento hidráulico es una técnica muy perjudicial para el agua, la calidad del aire, la salud humana y el clima. Genera emisiones de metano, un contaminante fuertemente asociado al calentamiento global. Debido a sus impactos negativos en el ambiente y en las personas, el fracking ha sido prohibido por vía judicial o legislativa en muchas comunidades, regiones y países del mundo, como Esocia, el estado de Nueva York (Estados Unidos) y la provincia de Quebec (Canadá). Los esfuerzos para frenar la expansión del fracking han asido ampliamente liderados por la ciudadanía y por preocupaciones sobre los riesgos que esa técnica implica para el clima, el ambiente y la salud pública. La Alianza Colombia Libre de Fracking se ha mantenido firme en su compromiso por detener el avance del fracking en Colombia y merece ser felicitada por este importante paso hacia adelante. AIDA llama al gobierno colombiano a continuar por el camino de la prevención, cumpliendo con sus obligaciones internacionales en materia ambiental para enfrentar la crisis climática y para proteger el agua, los territorios y a las comunidades. Por ello le instamos a que se abstenga de autorizar operaciones de fracking en el país. “El fracking es un procedimiento que nos aleja de nuestras metas climáticas, y de la ruta energética que todos los países deben seguir”, señaló Puentes Riaño. “Decisiones como la tomada son invitaciones para buscar energías renovables que son opciones deseables para nuestras comunidades y para el planeta, en Colombia y en todo el mundo”. Contactos de prensa: Carlos Lozano Acosta (Colombia), AIDA, [email protected], +57 (300) 564 0282 Juana Hofman (Colombia), AIDA, [email protected], +57 (310) 884 6715
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Ante crisis ambiental y de salud humana en Peru: Urge conformación de Comisión Multisectorial y aprobación de Plan Nacional
Lima, Peru—Las actividades de petróleo y minería tienen décadas en el Perú y han provocado contaminación ambiental y afectación a la salud de miles de peruanos y peruanas. Sin embargo, aún no se cuenta con políticas sectoriales de prevención y atención integral de salud ambiental y humana, menos intervenciones integrales con presupuesto que atiendan la problemática de las personas expuestas a metales pesados, metaloides, petróleo, entre otras substancias químicas. En noviembre de 2018 el MINSA aprobó el “Lineamientos de Política Sectorial para la Atención Integral de las Personas Expuestas a Metales Pesados, Metaloides y Otras Sustancias Químicas”, este es un avance, pero resultó insuficiente para abarcar la problemática integral que afecta a nuestras poblaciones. Sin embargo, los afectados y afectadas no pueden seguir esperando más tiempo. Por ello, exigimos al Estado acciones inmediatas para atender nuestra problemática, que promocionen salud ambiental y humana; atención primaria que evite mayor exposición a la contaminación; atención secundaria para acceder a servicios de salud preventivos y especializados de autocuidado y dosajes; y atención terciaria acceso a tratamientos y medicinas. Frente ello, es urgente: Que el Estado peruano elabore, de manera participativa, e implemente un Plan Nacional de Salud Ambiental Integral de atención especializada en metales pesados y otras sustancias tóxicas, con participación de las poblaciones afectadas, con enfoque intercultural y con presupuesto exclusivo y descentralizado, que asegure las atenciones articulando funciones e iniciativas de los diversos sectores. Que se constituya inmediatamente la Comisión Multisectorial exclusiva para este objeto, presidido por la Presidencia del Consejo de Ministros, y conformado por Ministerio de Salud, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Ministerio de Agricultura y Riego, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la Plataforma Nacional de Afectados por Metales Tóxicos, supervisión de la Defensoría del Pueblo y con participación de los gobiernos regionales involucrados. Esta Comisión debe aprobar, coordinar y monitorear el Plan Nacional de Salud Ambiental Integral de atención especializada; elabore un mapa de riesgo de exposición a contaminación que identifique, monitoree y oriente la intervención multisectorial sobre las poblaciones expuestas, sitios contaminados/impactados, pasivos ambientales; y definir medidas inmediatas para la atención de personas con mayores niveles de afectación. Exigimos que el Estado solucione las graves afectaciones ambientales y humanas causadas por la explotación irresponsable de los recursos en nuestros territorios y que asuma su rol de garante de derechos a la vida, territorio, ambiente sano y la dignidad de nuestros pueblos; exigimos también que las empresas cumplan con los estándares internacionales e implementen los mecanismos de reparación y remediación para las zonas de mayor impacto ambiental que generan tanto daño a la salud de niños, niñas, mujeres y hombres del Perú. Ver las organizaciones firmantes
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Celebramos que Costa Rica proteja legalmente sus corales
En ocasión del Día Mundial de los Océanos, hoy en Costa Rica fue promulgado un decreto que protegerá su vasto ecosistema de corales. Felicitamos al gobierno por haber dado este paso y por haber sentado un precedente legal para la protección ambiental marina en la región. San José, Costa Rica. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y Conservación Internacional (CI) celebramos la puesta en vigencia del decreto que busca proteger y conservar los corales del país, ecosistemas frágiles y vitales. El decreto sienta un precedente en la región y es un instrumento legal que protegerá los ecosistemas de coral de todo el territorio nacional de actividades humanas dañinas. “Estamos muy satisfechos con este avance importante, promovido desde el Viceministerio de Aguas y Mares, para garantizar la sobrevivencia de los arrecifes de coral y de algunas especies que contribuyen a su conservación al alimentarse de las algas que pueden quitarles oxígeno”, dijo Gladys Martínez, abogada sénior del Programa de Biodiversidad Marina y Protección Costera de AIDA. El decreto prevé una serie de medidas que el gobierno debe adoptar para preservar los ecosistemas arrecifales y a sus especies asociadas, amenazadas por el uso no sostenible, el cambio climático, la gestión inadecuada y las especies invasoras. Entre ellas destacan la creación e implementación de políticas y estrategias para afrontar los efectos del cambio climático con base en información científica y la restauración de arrecifes degradados. Por otro lado, la norma prohíbe actividades nocivas para los corales como su extracción y comercialización, así como el vertido de residuos y el anclaje en ellos. “Esperamos que el precedente legal establecido por este decreto sea replicado en otros países del continente que, al igual que Costa Rica, están obligados por tratados internacionales a salvaguardar sus corales. Seguiremos de cerca la implementación del decreto”, expresó Magie Rodríguez, abogada de AIDA. En 2012, AIDA y Conservación Internacional trabajaron junto con expertos nacionales y elaboraron un informe que detalla los beneficios económicos y ambientales de los corales, exhortando a su protección legal en Costa Rica. AIDA además apoyó al Viceministerio en la elaboración del decreto desde su experiencia en derecho internacional y en la normativa de países de la región. “Costa Rica es un país privilegiado por las dimensiones de sus espacios marinos y su biodiversidad. Los sistemas coralinos son increíblemente productivos, pero también amenazados por actividades humanas y por el cambio climático”, señaló Marco A. Quesada Alpízar, director de Conservación Internacional-Costa Rica. “Al tomar acción sobre este tema, Costa Rica asume su responsabilidad sobre la conservación y gestión de los ecosistemas marinos, y sienta un ejemplo que puede ser replicado en otros países”. El decreto responde así a un llamado de años para que Costa Rica cumpla sus obligaciones internacionales y proteja sus ecosistemas marinos amenazados. Estudios científicos han evidenciado que gran parte de los arrecifes de coral del país está en grave riesgo por actividades humanas como la contaminación originada en tierra y prácticas de pesca destructivas. Ello implica que su conservación debe ser una prioridad. “Con este decreto, se llena un importante vacío para regular el uso de los arrecifes de coral en Costa Rica y se reconoce una vez más a los recursos y espacios marinos como una fuente de servicios y bienestar para las personas y que por lo tanto requieren de protección y de un manejo adecuado”, destacó Quesada. “Costa Rica es reconocida globalmente por su ecoturismo y su riqueza natural; con este decreto, el país está dando un ejemplo sobre la importancia de la protección y manejo de los ecosistemas marinos esenciales como medio para asegurar la salud de los océanos y salvaguardar el bienestar de las comunidades costeras que dependen de los servicios que éstos brindan, subrayó Ana Gloria Guzmán, del Centro de los Océanos de Conservación Internacional. Contactos de prensa: Victor Quintanilla, AIDA, +521 5570522107, [email protected] Kipp Lanham, Conservation International, (202) 412-5533, [email protected] Marco Quesada, Conservación Internacional, +506 2253-0500 ext. 139, [email protected]
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Organizaciones internacionales condenan asesinato de familiar de dirigente de Ríos Vivos de Colombia
El movimiento Ríos Vivos, que agrupa a las personas afectadas por la represa Hidroituango, denunció el asesinato de la señora Diana Gutiérrez, en el municipio de Tarazá, Antioquia. Pedimos a las autoridades investigar prontamente los hechos y sancionar a los responsables. El pasado jueves 6 de mayo, fue asesinada en el municipio de Tarazá, Antioquia, la señora Diana Gutiérrez, prima hermana de William Gutiérrez, dirigente de Ríos Vivos y presidente de la Asociación de Pescadores y Barequeros de Puerto Valdivia. De acuerdo con reportes de medios de comunicación, personas armadas arrojaron una granada en un establecimiento comercial y abrieron fuego, asesinando a dos personas e hiriendo a otras siete. Los miembros del movimiento han sufrido también múltiples amenazas, intimidaciones y violaciones a derechos humanos por su defensa del territorio y del río Cauca, en particular frente al proyecto Hidroituango. De otro lado, las comunidades de varios municipios asentados aguas abajo del río Cauca, represado para implementar la hidroeléctrica, viven con miedo e incertidumbre ante una posible catástrofe. La amenaza es inminente debido a la prolongada y grave crisis por la que atraviesa desde hace meses ese proyecto. Asimismo, las comunidades que perdieron sus medios de vida y de subsistencia con el represamiento súbito del río se encuentran en absoluto abandono estatal, sin alimentos y con riesgo permanente por decenas de derrumbes en la zona del embalse. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Centro para el Derecho Ambiental Internacional (CIEL) y el International Accountability Project (IAP) expresamos nuestro apoyo a las comunidades afectadas por el proyecto hidroeléctrico Hidroituango en Colombia, agrupadas en el Movimiento Ríos Vivos. Exigimos al Estado colombiano investigar cuanto antes el atentado en el que resultó muerta la señora Gutiérrez, establecer la identidad de los responsables y sancionarlos de manera oportuna y ejemplar. Condenamos categóricamente este ataque y demandamos garantías para las personas defensoras del ambiente en el país, en particular para los integrantes de Ríos Vivos.
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Protestas cuestionan evento mundial de la industria hidroeléctrica en París
Organizaciones de la sociedad civil denuncian los intentos de la industria por etiquetar a las represas como “energía verde” pese a las violaciones de derechos humanos y daños ambientales asociados a ellas. París, Francia. Una coalición de activistas, organizaciones y líderes indígenas convocó a una serie de eventos en el marco de la apertura del Congreso Mundial de Energía Hidroeléctrica, llamando la atención sobre la naturaleza social y ambientalmente destructiva de las represas hidroeléctricas, y sobre sus impactos negativos en el clima. Del 14 al 16 de mayo, la Asociación Internacional Hidroeléctrica (IHA, por sus siglas en inglés) lleva adelante su congreso bianual en el centro de París. La industria busca promover a las hidroeléctricas como fuente de energía limpia y renovable, argumentando además que su construcción es esencial para cumplir el Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Sin embargo, la coalición de organizaciones ambientales y de derechos humanos, junto con movimientos sociales, argumentan que las afirmaciones de la industria son un intento por “pintar de verde” a las represas para obtener nuevo financiamiento de instituciones como el Fondo Verde del Clima. Señalan numerosos casos en los que proyectos hidroeléctricos han tenido consecuencias desastrosas para las personas y el ambiente. Citando evidencia científica creciente de que las represas son una fuente significativa de gases de efecto invernadero —CO2y particularmente metano—, las organizaciones de la sociedad civil enfatizan además el rol de las represas en la intensificación del cambio climático. Un pronunciamiento conjunto, firmado por más de 250 organizaciones de 70 países, llama la atención acerca de las falsas promesas de la energía hidroeléctrica y de la necesidad urgente de soluciones energéticas verdaderamente sostenibles. La declaración está disponible en cinco idiomas. Éstos y otros temas —incluidos los impactos de las hidroeléctricas en sitios del Patrimonio Natural y Cultural de la Humanidad— fueron debatidos por científicos, activistas y representantes de comunidades afectadas de Brasil, Colombia, Myanmar y Turquía en un evento paralelo al congreso de la IHA. La conferencia, realizada el 13 de mayo en la Oficina Municipal del Distrito 6 de París, fue organizada por las ONG Planète Amazone, GegenStrömung / CounterCurrent, Rivers without Boundaries, International Rivers y AIDA. Myint Zaw, activista e investigador de Myanmar, galardonado en 2015 con el Premio Goldman, fue uno de los ponentes de la conferencia. “La seguridad alimentaria de millones de personas está amenazada por proyectos de represas en el río Irrawaddy, los cuales dañarían tierras de cultivo importantes y necesarias para la producción de arroz a lo largo del caudal y en la región del delta”, dijo Zaw. El martes, en la inauguración del Congreso Mundial de Energía Hidroeléctrica, representantes de comunidades indígenas, movimientos sociales y organizaciones no gubernamentales protestaron junto con activistas de Extinction Rebellion frente al Espace Grande Arche, en La Défense. Uno de los objetivos de la protesta fue llamar la atención sobre el número creciente de activistas ambientales y de derechos humanos asesinados en conflictos relacionados con represas. “Miguel Ángel Pabón Pabón desapareció como resultado de su activismo contra la represa Hidrosogamoso en Colombia, que ha continuado pese a las graves violaciones de derechos humanos asociadas al proyecto”, dijo Juan Pablo Soler, del Movimiento Ríos Vivos Colombia, mencionando una de las tantas pérdidas. En Gabon, represas construidas en los ríos Kingélé y Tchimbélé están afectando seriamente a las poblaciones que viven junto a esos caudales. “Durante lluvias fuertes, algunos pueblos resultan inundados por el desborde de los embalses. Los ríos se vuelven lagos, el agua es contaminada y los peces mueren intoxicados. No existen mecanismos para ayudarnos y el gobierno no escucha nuestros reclamos, por eso hacemos nuestro llamado de auxilio en el extranjero”, exclamó Assossa, líder Pigmy. Tres representantes del pueblo Munduruku de la Amazonía brasileña —el jefe Arnaldo Kabá, Alessandra Korap y Candido Waro Munduruku— participaron en la conferencia paralela y en la protesta. Después de la protesta, los Munduruku intentaron entregar personalmente una carta en la sede central de Électricité de France (EDF), controlada mayormente por el gobierno francés. EDF tiene participación en la polémica represa Sinop en el río Teles Pires, un afluente del río Tapajós, y ha contribuido a los estudios que promueven la megarepresa São Luiz do Tapajós, que inundaría el territorio Munduruku. Representantes de EDF se negaron a recibir a los líderes del pueblo Munduruku. “EDF invade nuestro territorio, destruye nuestros ríos, nuestro territorio y nuestros lugares sagrados. Y cuando venimos a entregar una carta, esta empresa gigante nos lo prohíbe”, afirmó Alessandra Munduruku. “Estamos tristes, pero decididos a continuar nuestra lucha para defender nuestro territorio”. Contactos de prensa: Gert-Peter Bruch, Planète Amazone, [email protected] (francés, inglés), + 33 (0)7 81 23 92 91 Brent Millikan, International Rivers, [email protected] (inglés, portugués), +55 61 8153-7009 Thilo F. Papacek, GegenStrömung – CounterCurrent / Forum Umwelt und Entwicklung, [email protected] (alemán, portugués, español, inglés), ++49 151 412 145 19 Eugene Simonov, Rivers without Boundaries, [email protected] (ruso, inglés, chino), +79 (0) 165 491 22 Recursos: Más información sobre el evento paralelo del 13 de mayo: http://www.transrivers.org/2019/2634/ El pronunciamiento conjunto, disponible en chino, inglés, portugués, ruso y español, puede ser descargado aquí: https://drive.google.com/open?id=1pgS3YHm4zy5_LFSSjRe0KH-DMK773DQI Enlace a la carta de protesta de los Munduruku a EDF Électricité de France (portugués e inglés):https://drive.google.com/file/d/1TxqIiOuJDxNUI2YKPtUBrE_wucJLFl-E/view?usp=sharing Fotos para prensa disponibles y de uso libre (Crédito: Todd Southgate): https://tinyurl.com/y34b2g7u Video de la protesta en la inauguración del congreso de la IHA y del intento de los Munduruku de entregar su carta en la sede principal de EDF: https://youtu.be/9BrI3AqVnXE Video en alta resolución para descarga: https://wetransfer.com/downloads/fe60045d490c765f5065ed5df79603b520190514195535/83e07e8328e0515a52c9a64eb42a69ff20190514195535/855f89 Hoja informativa de CounterCurrent sobre las represas hidroeléctricas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU: tinyurl.com/y6mbjqj2
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CIDH analizará retrocesos de Bolsonaro a la protección de derechos indígenas
En audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organizaciones de la sociedad civil evidenciarán cómo las medidas adoptadas por la administración de Jair Bolsonaro hacen que Brasil retroceda décadas en la protección de los derechos humanos. Río de Janeiro, Brasil. El próximo 9 de mayo, organizaciones de la sociedad civil, en audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunciarán la grave situación de los pueblos indígenas de Brasil por las medidas adoptadas por el gobierno del presidente Jair Bolsonaro, las cuales representan grandes retrocesos en la protección de los derechos humanos y vulneran las obligaciones internacionales del país en esa materia. La audiencia fue solicitada por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), International Rivers, Conectas, Fórum Teles Pires, Operação Amazônia Nativa y la Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) con el objetivo de que se establezcan medidas y acuerdos para impedir nuevos retrocesos y exigir la reversión de las acciones ya realizadas que amenazan a los pueblos indígenas. La audiencia será parte del 172 Periodo de Sesiones de la Comisión, que tendrá lugar en Kingston, Jamaica, del 3 al 10 de mayo próximos. En ellas las organizaciones documentarán cómo el gobierno de Bolsonaro realizó cambios legislativos, de política pública, de política exterior y otros estructurales que violan el mantenimiento del modo de vida de los pueblos indígenas de Brasil, así como sus derechos a la vida, a la cultura, a la alimentación, al ambiente sano, al acceso a agua potable y a la delimitación de sus tierras ancestrales, entre otros. Las medidas del nuevo gobierno que disminuyen la protección legal y administrativa de los pueblos indígenas incluyen: La transferencia de funciones clave del Ministerio de Ambiente al Ministerio de Agricultura. La precarización del Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables. El debilitamiento del Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad y del proceso para otorgar permisos ambientales. La amenaza de abrir tierras indígenas a los daños de la minería. Las medidas adoptadas por el Ministerio de Ambiente que fragmentan el ordenamiento jurídico que garantiza las condiciones mínimas para la protección del ambiente y de los derechos indígenas. La transferencia de la competencia para la demarcación de tierras indígenas de la Fundación Nacional del Indio a manos del Ministerio de Agricultura. La amenaza de retirar a Brasil de tratados internaciones como el Acuerdo de París y otros valiosos para la protección del ambiente y de los derechos humanos. Además de estos retrocesos, las organizaciones denuncian que la situación se agrava con el aumento de los índices de deforestación e invasión de tierras indígenas, y de la violencia contra defensores y defensoras del ambiente y los derechos humanos. Consulte el informe presentado ante la Comisión para la audiencia (en portugués). Contactos de prensa Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +521 5570522107 Eloy Terena (Brasil), Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), [email protected], +55 61 9695-1377
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Comissão analisará retrocessos de Bolsonaro à proteção dos direitos indígenas
Em uma audiência perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, as organizações da sociedade civil demonstrarão como as medidas adotadas pela administração de Jair Bolsonaro fazem o Brasil retroceder décadas na proteção dos direitos humanos. Rio de Janeiro, Brasil. No próximo dia 9 de maio, organizações da sociedade civil, em audiência perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), denunciarão a grave situação dos povos indígenas do Brasil diante das medidas adotadas pelo governo do presidente Jair Bolsonaro, as quais representam grandes retrocessos na proteção dos direitos humanos e violam as obrigações internacionais do país nessa área. A audiência foi solicitada por diversas organizações da sociedade civil, como a Associação Interamericana para a Defesa do Meio Ambiente (AIDA), Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), International Rivers, Conectas, Fórum Teles Pires e Operação Amazônia Nativa, com o objetivo de estabelecer medidas e acordos para impedir novos retrocessos e exigir a reversão das ações do Governo que já foram tomadas e ameaçam os povos indígenas. A atividade faz parte do 172º Período de Sessões da Comissão que acontece na cidade de Kingston, Jamaica, entre 3 a 10 de maio. Representantes do Governo Federal devem participar da audiência pública. As organizações irão denunciar à CIDH como o governo Bolsonaro realizou alterações nas legislaturas, nas políticas públicas, nas políticas externas e em outras vias estruturais que violam a manutenção do modo de vida dos povos indígenas do Brasil, bem como seus direitos à vida, à cultura, à alimentação, a um ambiente saudável, ao acesso à água potável, à delimitação de suas terras ancestrais, entre outros. As novas medidas governamentais que diminuem a proteção legal e administrativa dos povos indígenas incluem: A transferência de funções-chave do Ministério do Meio Ambiente para o Ministério da Agricultura; A precarização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis; Enfraquecimento do Instituto Chico Mendes para a Conservação da Biodiversidade e o processo de concessão de licenças ambientais; A ameaça de abertura das terras indígenas aos danos da mineração; As medidas adotadas pelo Ministério do Meio Ambiente que fragmentam o sistema legal responsável pela garantia de condições mínimas na proteção do meio ambiente e direitos indígenas; A transferência da competência de demarcação de terras indígenas da Fundação Nacional do Índio para o Ministério da Agricultura; A ameaça de retirar o Brasil do Acordo de Paris e outros tratados internacionais valiosos para a proteção do meio ambiente e dos direitos humanos. Além desses retrocessos, as organizações denunciam que a situação é agravada pelo aumento das taxas de desmatamento e invasão de terras indígenas, assim como nos índices de violência contra defensores do meio ambiente e dos direitos humanos. Consulte o informe apresentado perante à Comissão para a audiência Contatos de imprensa Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +521 5570522107 Eloy Terena (Brasil), Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), [email protected], +55 61 9695-1377
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