Prensa
Científicos y ONG reclaman el fin de la negligencia de los gobiernos con el sistema que sostiene la vida en la Tierra
El Informe Especial sobre el océano y la criosfera en un clima cambiante del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) revela el alcance de la crisis a la que se enfrenta la humanidad ahora que el océano y sus servicios empiezan a mostrar signos de colapso. Aunque el océano y el clima están vinculados de forma indisoluble, pues los dos funcionan juntos para hacer habitable el planeta, es la primera vez que el IPCC ha dirigido su atención al ámbito marino. El informe refleja lo que científicos marinos y ONG vienen diciendo hace años: que el océano está empezando a desmoronarse por una infinidad de factores de presión innecesarios que van de la sobrepesca a la contaminación, y a los que se añade la crisis climática. Los efectos de la crisis climática son los más graves: acidificación, sobrecalentamiento y desoxigenación. Estos tres factores han estado presentes en todos los eventos de extinción masiva a lo largo de la historia de la Tierra, y ahora están activos en el océano. El profesor Dan Laffoley, de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas (CMAP), declaró: “Somos un mundo oceánico, movido y regulado por un océano único, y estamos llevando ese sistema de soporte vital al extremo de su capacidad con el sobrecalentamiento, la desoxigenación y la acidificación. El momento de las 'llamadas de atención' quedó atrás. Lo que necesitamos ahora es guiarnos por un interés propio e informado para emprender acciones que protejan el océano y el clima, y protegiendo con ello a la humanidad”. Las escalas temporales por las que se rige el océano implican que los cambios introducidos en su sistema, como el calentamiento, seguirán activos durante cientos de años. Por tanto, aunque se emprendan acciones inmediatas para frenar el aumento de la temperatura y reducir las emisiones de CO2, los servicios que el océano brinda al planeta seguirían en peligro. Por ello es tan importante controlar todos aquellos factores adicionales de presión que puedan ser controlados. La sobrepesca y la contaminación, así como la destrucción de hábitats, ecosistemas y biodiversidad, son ese tipo de factores de presión, que pueden ser frenados para apoyar la resiliencia del océano y para que éste resista la crisis climática. Gladys Martínez, abogada sénior de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) afirmó: “El informe del IPCC deja muy claro que el tiempo para actuar por el océano se agota. Pero tenemos una pequeña ventana de oportunidad para conseguir un tratado sólido sobre alta mar de aquí a finales de 2020 y para proteger al menos 30% del océano para 2030, dos medidas que contribuirán a la resiliencia del océano. Los Estados están negociando un nuevo tratado en Naciones Unidas y deben completar este proceso en 2020, en línea con la resolución de la Asamblea General de la ONU y demostrando gran ambición. Aunque las perspectivas descritas por el IPCC son innegablemente sombrías, hay medidas que pueden tomarse ahora para ayudar a potenciar la resiliencia del océano. Los Estados Parte del Convenio sobre la Diversidad Biológica, de carácter jurídicamente vinculante, negociarán nuevas metas para la protección de la biodiversidad en una reunión que se celebrará en 2020. La meta para la biodiversidad marina debería ser la protección de al menos un 30% del océano mediante áreas protegidas de manera efectiva, y el manejo sostenible del 70% restante. Poner fin a la sobrepesca y a la contaminación en todas sus formas, así como prevenir una pérdida adicional de biodiversidad, ecosistemas y hábitats, son medidas esenciales que están a nuestro alcance. Abordar el problema del colapso climático y contener el calentamiento a 1,5 grados centígrados (o lo más cerca posible de esa cifra) es esencial para la supervivencia de los servicios ecosistémicos del océano. Para ello, todos los Estados tienen que comprometerse con planes nuevos y más ambiciosos (contribuciones determinadas a nivel nacional o NDCs, por sus siglas en inglés) en 2020. contactos de prensa: Victor Quintanilla en México, [email protected], +521 5570522107 Patricia Roy en París, [email protected], +34 696 905 907 Mirella von Lindenfels en Londres, [email protected], +44 7717 844 352 Karen Rausch en Santiago, [email protected], +56 967354769 Sophie Hulme en Nueva York, [email protected], +44 7973 712869
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Organizaciones nacionales e internacionales rechazan señalamientos de exvicepresidente Vargas Lleras contra activistas que se oponen al fracking en Colombia
Latinoamérica. Las organizaciones nacionales e internacionales y las personas abajo firmantes rechazamos de manera enfática la estigmatización hecha por el exvicepresidente de Colombia, Germán Vargas Lleras, contra la Alianza Colombia Libre de Fracking y contra su integrante, el líder social Carlos Andrés Santiago. El pasado 22 de septiembre, en su columna del diario El Tiempo, el señor Vargas realizó acusaciones graves e infundadas contra la Alianza y contra el señor Santiago en razón de su activismo y del uso de acciones judiciales contra el uso de fracking en Colombia. Estar a favor o en contra del fracking es parte del debate público. Atacar a las personas que realizan activismo ambiental por ejercer sus derechos a la libertad de expresión y asociación, o por hacer uso de recursos judiciales, es inaceptable. El activismo ambiental es una actividad legal y legítima que, en lugar de ser estigmatizada, debe ser protegida en una democracia. El exvicepresidente Vargas tiene una voz poderosa que implica responsabilidades. Los ataques públicos contra líderes sociales en Colombia incrementan el riesgo para su vida e integridad. Exigimos al gobierno colombiano garantizar los derechos de las personas y organizaciones integrantes de la Alianza Colombia Libre de Fracking a reunirse, expresarse y a recurrir a la justicia. Firman: Alianza Latinoamericana Frente al Fracking. Alianza Colombia Libre de Fracking. Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, AIDA. Greenpeace Colombia. Observatorio Petrolero Sur, Argentina. Red por la Justicia Ambiental de Bolivia. Red por la Justicia Ambiental de Colombia. Fundar, Centro de Análisis e Investigación. México. Fundación Comunidades Unidas de Colombia. Fundación BioSierra Nevada. Asoquimbo. Equipo Jurídico Pueblos. Fundación Sindical Funtramiexco. Corporación Simbiosis. Asociación Comunitaria Fortaleza de la Montaña. Amigos del Río San Rodrigo. Alejandro Mazuera. Alianza Colombia Libre de Fracking de la Sierra Nevada De Santa Marta. Susana Muhamad. Manuel Rodríguez. Roberto Ochandio. Fundación Alma. CENSAT agua viva, amigos de la tierra Colombia. Comité Municipal de Derechos Humanos de CREDHOS, Sabana de Torres, Santander. Mujeres del Común, Santander. Movimiento Social en defensa de los Ríos Sogamoso y Chucuri. Red Nacional del Agua en Colombia. Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez CCALCP. Rodrigo Negrete Montes. Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ANUC. Sindicato Empleados de la DIAN. Colectivo por la Protección de la Provincia de Sugamuxi. Corporación Compromiso- Observatorio de conflictos ambientales. Corporación SOS Ambiental, Comité Ambiental en Defensa de la Vida. Red de Comités Ambientales del Tolima. Movimiento Nacional Ambiental. Mesa Hídrica del Piedemonte Llanero. Sinaltrainal Junta Nacional. Corporación Podion. Asociación de Campesinos y Comunidades Sin Tierra del Cesar. Mesa Ambiental Franciscana. Corporación Terrae. Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos. Comité por la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán.
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200 líderes y lideresas ambientales y de derechos humanos se comprometen a abordar juntos la emergencia climática
Nueva York. En una iniciativa sin precedentes, más de 200 representantes de los pueblos indígenas, la esfera laboral y el mundo académico, así como de grupos ambientalistas y de derechos humanos, aprobaron una declaración histórica [1] en la que piden a gobiernos y grandes empresas abordar con carácter de urgencia la crisis climática y así garantizar la supervivencia de la humanidad. Su reunión en la Cumbre de los Pueblos sobre el Clima, los Derechos y la Supervivencia Humana tiene como objetivo generar aún más potencia, energía y recursos que impulsen un movimiento de masas conectado, diverso y orientado hacia la acción para vencer la emergencia climática, poniendo en el centro de sus soluciones a las personas y los derechos humanos. Estos líderes y lideresas y sus grupos tratan de presionar a gobiernos y grandes empresas para que incrementen sus compromisos en materia climática. Entre otras iniciativas, quieren emprender más acciones legales conjuntas por cuestiones climáticas, reducir el financiamiento de los combustibles fósiles por parte del sector financiero, utilizar de forma más eficaz los mecanismos de rendición de cuentas en materia de derechos humanos y coordinar más campañas de movilización de masas en el ámbito nacional y regional. También tienen previsto acordar la aplicación de planes de acción conexos en los próximos meses. La Cumbre de los Pueblos está organizada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Greenpeace Internacional, Amnistía Internacional, el Centro de Derecho Ambiental Internacional, el Wallace Global Fund y el Centro de Derechos Humanos y Justicia Global de la Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva York. El evento tendrá lugar los días 18 y 19 de septiembre, en vísperas de la Cumbre sobre la Acción Climática 2019, convocada por el secretario general de las Naciones Unidas. Craig Mokhiber, director de la Oficina en Nueva York del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ha declarado: “Para quienes lo sufren en primera línea, el cambio climático ya está erosionando los derechos a la alimentación, el agua y el saneamiento, la vivienda digna, la salud, la seguridad personal e incluso la vida. Muchas personas que viven en pequeños Estados insulares, comunidades costeras y zonas sometidas a la desertificación progresiva ven cómo se esfuma su derecho a la libre determinación. Los desplazamientos masivos por razones climáticas amenazan con obligar a millones de personas a emprender viajes de vulnerabilidad e incertidumbre. En definitiva, los efectos adversos del cambio climático desgarran la estructura misma de la sociedad humana. Cada país debe tomar medidas urgentes y significativas para abordar esta amenaza a los derechos humanos. Al agrupar las muchas vertientes del movimiento en pro de la justicia climática, tratamos de movilizar ya una acción por el clima transformadora, basada en los derechos e inclusiva.” Jennifer Morgan, directora ejecutiva internacional de Greenpeace Internacional, ha declarado: “La crisis climática es una crisis de derechos humanos. Las consecuencias humanas de las catástrofes meteorológicas extremas pueden ser sobrecogedoras, como demuestra la gran devastación y la destrucción que dejó el huracán Dorian tras de sí. Esta declaración marca una nueva era en el activismo contra el cambio climático. Junto con nuestros aliados, y con la juventud a la cabeza, todos emprenderemos acciones y haremos frente a los responsables de este fenómeno. Los gobiernos débiles y el poder de las grandes empresas tóxicas tendrán que dar la cara cuando pongamos a la gente en el centro de nuestras exigencias y busquemos justicia climática para las comunidades menos responsables de esta emergencia climática, que son las más vulnerables ante ella.” Kumi Naidoo, secretario general de Amnistía Internacional, ha declarado: “La lucha más urgente que libra el planeta necesita contar con el poder y la diversidad que puede darle el movimiento global de personas en favor de los derechos humanos. Aportamos a la lucha por la justicia climática energía, conocimientos y bases de apoyo fundamentales. Pero hasta ahora no hemos explotado ni mucho menos todo nuestro potencial. “Amnistía se propone contribuir en la medida que le corresponde a cambiar esta situación. Queremos que la Cumbre ayude a activar el potencial del movimiento global de derechos humanos para proteger a las generaciones presentes y futuras. Si nos unimos, podemos.” Carroll Muffett, presidente y director general del Centro de Derecho Ambiental Internacional, ha declarado: “El coste de la inacción constante ante la crisis climática se mide en términos de derechos humanos, vidas humanas y medios de vida. Como nos recuerda dolorosamente el huracán Dorian, este coste es real y cada vez mayor. La declaración de hoy refleja el compromiso común de la comunidad de derechos humanos de situar estos derechos en el centro de la crisis climática, disminuir progresivamente los combustibles fósiles que impulsan esa crisis y exigir responsabilidades a gobiernos y empresas cuando se interponen en el camino.” Ellen Dorsey, directora ejecutiva del Wallace Global Fund, ha declarado: “El sector de derechos humanos de todo el mundo está aportando al movimiento en favor del clima nuevos recursos, una poderosa base de apoyo global de simpatizantes y una singular labor de defensa de los derechos humanos, pidiendo que gobiernos y grandes empresas tomen medidas que sean proporcionales a la magnitud y la rapidez del cambio climático con el fin de garantizar la supervivencia de la humanidad. Philip Alston, del Centro de Derechos Humanos y Justicia Global de la Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva York, ha declarado: “Se ha dicho que el cambio climático es una ‘falsa alarma’, pero es una alarma que acabará matando a muchos de nuestros hijos e hijas, y al menos a algunos de nosotros. A diario leemos noticias de muchas personas que mueren por exposición a altas temperaturas, se ahogan en inundaciones, perecen en incendios o simplemente se ven obligadas a abandonar sus hogares, pero nos engañamos pensando que eso no nos va a pasar a nosotros. Mientras la mayoría nos distraemos con las redes sociales o decidimos continuar con nuestra vida normal, los futuros desastres producto del cambio climático se van convirtiendo de posibilidades en en certezas. Los derechos humanos tal como los conocemos tendrán cada vez menos sentido si no actuamos inmediatamente.” Notas [1] Enlace a la declaración. Contactos de prensa en Nueva York: Amanda Kistler, [email protected], +1 202-742-5832 Kharunya Paramaguru, [email protected], +44 7508-394415 Lauren Stackpoole, [email protected], +1 212-998-6069 Rodrigo Estrada, [email protected], +1 202-344-9292
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Organizaciones y jóvenes de huelga climática suman esfuerzos
Diversas organizaciones de la sociedad civil anuncian su participación en la semana de acción global por el futuro del 20 al 27 de septiembre. Demandan que México declare Emergencia Climática y tome acción inmediata correspondiente. Ciudad de México. Por este medio, queremos informarles que 39 organizaciones de la sociedad civil trabajando temas diversos nos sumamos a la iniciativa de jóvenes de Fridays For Future Ciudad de México para llamar la atención sobre la grave crisis climática global y la urgente necesidad de tomar acciones sin precedentes para evitar peores escenarios en el futuro. Las consecuencias sociales, ambientales y económicas de mantener los modelos de producción y de consumo actuales serán sufridas en mayor medida por las personas jóvenes, niños, niñas y por quienes aún no nacen. Debido a lo anterior, la legítima demanda de acción y justicia climática de jóvenes alrededor del mundo cada vez suma más voces. Hoy, México ocupa el puesto número 13 de países con mayores emisiones de contaminantes a la atmósfera, esto quiere decir que somos corresponsables de todas las consecuencias, impactos y cambios que vemos actualmente en el planeta. Nuestro país tiene la oportunidad de tomar acciones inmediatas y efectivas para reducir sus emisiones, eliminar el uso de combustibles fósiles y adoptar un modelo basado en energías renovables y asegurar la distribución equitativa de recursos, así como buscar sistemas sustentables de producción de alimentos. No podemos seguir otorgando permisos, tiempo y concesiones a las empresas para que continúen con sus prácticas contaminantes. En México, el 69% de la población y 71% de las actividades económicas son vulnerables a los efectos del cambio climático, lo cual contribuye a exacerbar las crisis y desigualdades sociales. El incremento de la temperatura tendrá una consecuencia directa en la pérdida de especies, contaminación local, mala calidad del aire, agua y suelo, así como en la ya reducida disponibilidad de agua dulce. Será también un factor que agravará las tendencias migratorias, acelerando y generando conflictos geopolíticos en la región, atentando directamente contra los derechos humanos, especialmente de los grupos más vulnerables. Por todo lo expuesto anteriormente, nuestras demandas son las siguientes: Declaración de emergencia climática nacional. Que el Gobierno de México reconozca la crisis ambiental que vivimos y emita una declaratoria de “Emergencia climática” que establezca como prioridad nacional la integración de políticas y esfuerzos climáticos con mecanismos claros y verificables, así como presupuesto suficiente y metas anuales para cumplir con las Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional que limiten el aumento de la temperatura global a 1.5°C. Compromiso nacional e internacional con un plan detallado. Que el gobierno de México presente ante la Cumbre sobre la Acción Climática de Naciones Unidas (que se llevará a cabo en Nueva York el próximo 23 de septiembre) un plan detallado en donde se comprometa a incrementar sustancialmente sus acciones actuales para poner el país en la trayectoria identificada por el IPCC. Reducción de las emisiones de GEI al 50% en 2030 y alcanzar cero emisiones en 2050. Que se tomen todas las medidas necesarias incluyendo el abandono gradual pero acelerado del uso de combustibles fósiles impulsando una transición energética justa hacia energías renovables. Enfoque de derechos humanos en las acciones por el clima. Que el gobierno de México garantice acciones climáticas que respeten y protejan los derechos humanos de todas y todos los mexicanos, apelando a medidas efectivas de reparación y que garanticen un futuro sostenible para la presente y futuras generaciones. Empezando por la ratificación y establecimiento del marco legal necesario para cumplir con el Acuerdo de Escazú sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales. Agricultura sostenible. Que se prohíba el uso de químicos, pesticidas y productos genéticamente modificados, con el fin de rescatar las formas de producción de alimentos tradicionales y locales; y que al mismo tiempo se diseñe una política de adaptación que parta de la contribución que la siembra y cultivo agroecológicos tienen para el enfriamiento del planeta. De igual manera, establecer políticas que disminuyan el enorme impacto negativo que tienen las técnicas de agricultura predominantes. Como organizaciones preocupadas por la emergencia climática a nivel global, nos sumaremos a la semana de acción global por el futuro del 20 al 27 de septiembre para demandar acción inmediata por la crisis climática organizando, difundiendo y participando en las actividades cuyo calendario se anexa. Organizaciones convocantes: Fridays For Future CDMX Alianza Internacional de Habitantes Alianza Mexicana contra el Fracking Asamblea Ciudadana del Pueblo de Xoco Asamblea General de los Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán Asociación de Consumidores Orgánicos Asociación de Usuarios del Agua de Saltillo AUAS, A.C. Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) Bicitekas Bike Recycling México CCL (Ciudadn@s por un Clima Vivible) Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C. (CEMDA) Centro para la Diversidad Biológica Colectivo E3 Contaminantes Anónimus Coordinadora Nacional de Usuarios en Resistencia - CONUR Coordinadora Socialista Revolucionaria - CSR El Poder del Consumidor Extinction Rebellion - México Food & Water Watch Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua, Morelos, Puebla, Tlaxcala Fundar – Centro de Análisis e Investigación Greenpeace México Grupo de Estudios Ambientales GEA Huerto Roma Verde La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (La Vida) Llamado Mundial para Frenar el Cambio Climático Misión Planeta A.C. Pobladores A.C. Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) Raké (Sociedad de alumnos de Relaciones Internacionales de la Ibero) Reacción por el Planeta Red por los Derechos de la Infancia en México Regeneration International Ruta Cívica Servicios y Asesoría para la Paz A.C. Taller13 Contacto de prensa: [email protected]
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Celebramos que el Consejo de Estado mantenga la suspensión del fracking en Colombia
Nos sentimos orgullosos de ser parte del litigio en el que esta decisión ocurre y esperamos que el alto tribunal siga priorizando el principio de precaución y considerando los riesgos de daños que el fracking implica para el ambiente y la salud humana. Bogotá, Colombia. En el marco de la demanda de nulidad interpuesta por la Clínica Jurídica de Interés Público de la Universidad del Norte, el Consejo de Estado se abstuvo de revertir la suspensión provisional de la reglamentación para la exploración y explotación de yacimientos no convencionales de hidrocarburos mediante fracturación hidráulica. Ello significa que esa técnica continúa suspendida, que actualmente no es legal llevarla a cabo y que Colombia vive una moratoria al frackingpor orden judicial. Con su decisión, el Consejo de Estado, alto tribunal colombiano, desestimó la solicitud presentada por el gobierno, que buscaba levantar la suspensión vigente desde noviembre del año pasado y dar vía libre al fracking en el país. Desde AIDA celebramos la decisión adoptada por el Consejo de Estado y nos sentimos muy honrados de ser parte de este litigio. Se trata sin duda de un paso en la dirección correcta ante el alto grado de incertidumbre sobre los riesgos asociados al fracking. Entre ellos están la contaminación del aire y de fuentes de agua superficiales y subterráneas, daños a la salud humana y emisiones de metano a la atmósfera, potente gas de efecto invernadero y una de las causas principales de la crisis climática que el mundo enfrenta. En ese escenario, la urgencia de transitar hacia energías limpias es evidente. El alto tribunal concluyó que se debía aplicar el principio de precaución ya que, incluso sin certeza científica absoluta, hay pruebas mínimas de daños potenciales derivadas de una aparente deficiencia en las medidas contempladas en la reglamentación del fracking. Colombia apunta hoy a ser un ejemplo para América Latina. La suspensión provisional de la reglamentación corresponde a una medida cautelar mientras se resuelve definitivamente el caso. Es fundamental que el Consejo de Estado continúe dando prioridad al principio de precaución, teniendo en cuenta la falta de certeza plena sobre los riesgos de daños irreversibles que el fracking implica para el ambiente, el clima y para las personas. En AIDA saludamos la independencia judicial, pues es fundamental para la protección del ambiente por medio del derecho. Esperamos que el proceso judicial en curso considere apropiadamente las pruebas y argumentos presentados, incluidos los relacionados con una tarea cada vez más urgente: la lucha contra la emergencia climática. Contacto de prensa: Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +5215570522107
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Banco Interamericano de Desarrollo evade su responsabilidad por la riesgosa represa Hidroituango y las violaciones de derechos humanos relacionadas con ella
Mientras temen el colapso inminente de la represa, las comunidades de Antioquia, en Colombia, se enteran de la decisión de no investigar al brazo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que invierte en el sector público. Washington, D.C. El mes pasado, el Directorio y la Administración del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunciaron que no apoyarían una investigación del papel que jugó el Banco en el financiamiento de la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Ituango (Hidroituango) en Colombia. La decisión ignora las denuncias de daños graves y de gran alcance causados por el proyecto, y una crisis humanitaria que ha desplazado a cientos de familias y ha generado violaciones de derechos humanos, incluyendo asesinatos y la intimidación de miembros de las comunidades que se oponen a la represa. El aviso surge más de un año después de que las comunidades afectadas por la construcción de la represa Hidroituango en el Río Cauca, en Antioquia, presentaran un reclamo ante el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI). El reclamo, firmado por más de 400 individuos afectados por la represa, buscó remedio del MICI por los supuestos fracasos del BID a raíz del incumplimiento de sus propias salvaguardas ambientales y sociales. "Denunciamos públicamente la decisión del BID de evadir su responsabilidad por el daño ambiental y las violaciones a derechos humanos que han resultado del proyecto Hidroituango, y condenamos el papel del MICI en facilitar y apoyar manifiestamente esta decisión", declaró Isabel Zuleta, representante de Movimientos Ríos Vivos Antioquia. "Es inconcebible que el BID intente cambiar la historia absolviéndose de su responsabilidad de habilitar y financiar proyectos de desarrollo de alto riesgo que tienen impactos ambientales extremos y violan descaradamente los derechos humanos", agregó Zuleta. El Grupo del BID tiene dos brazos, uno que invierte en el sector público (el BID propiamente dicho) y otro que hace lo mismo en el sector privado, el BID Invest. A su vez, el MICI es el órgano de rendición de cuentas de la institución financiera, a cargo de evaluar el desempeño ambiental y social de sus inversiones. En 2012, en el inicio del proyecto, el BID invirtió en Hidroituango, lo cual allanó el camino y facilitó otras inversiones de millones de dólares por el BID Invest así como mil millones de dólares adicionales de parte de otros bancos internacionales. Pero el MICI, cuyo mandato es lograr la rendición de cuentas por daños causados en las inversiones del BID, recomendó la no investigación del papel del BID propiamente dicho en el proyecto. A pesar de la negativa a evaluar el desempeño del BID, la investigación por parte del MICI tiene la posibilidad de continuar respecto del BID Invest por haber invertido también en el proyecto Hidroituango. Sin embargo, ello depende completamente de la autorización del Directorio del Banco. Antes de que se autorizara la represa, las comunidades advirtieron precisamente sobre los impactos ambientales y sociales que han estado ocurriendo. "Para una institución cuya misión es mejorar las vidas de personas en América Latina, la decisión del BID es absurda, irresponsable e irrespetuosa. Muestra un completo desprecio por las personas que viven dentro de la Cuenca del Río Cauca. Desafortunadamente, esta indiferencia caracteriza con demasiada frecuencia la participación del BID en proyectos de infraestructura a gran escala en toda la región", dijo Alexandre Andrade Sampaio, del International Accountability Project. "¿Qué valor pueden tener las políticas ambientales y sociales del BID cuando son ignoradas y descartadas, precisamente cuando más se necesita proteger las vidas de las personas? Esta falta de responsabilidad es inaceptable, y demuestra por qué las comunidades afectadas por las acciones de los bancos de desarrollo ahora han recurrido a los tribunales para asegurar sus derechos", comentó Carla García Zendejas, abogada del Center for International Environmental Law (CIEL) haciendo referencia a la reciente sentencia de la Suprema Corte de los Estados Unidos en Jam v. IFC, la cual reconoce que las organizaciones internacionales tales como el BID no gozan de inmunidad ante litigios en tribunales de Estados Unidos. "Esta decisión ejemplifica los peligros de un mecanismo de rendición de cuentas que carece de independencia y legitimidad para iniciar y llevar a cabo una investigación genuina de los proyectos del Banco", agregó García Zendejas. "Desde su inicio, el proyecto Hidroituango hizo una evaluación de impactos débil, encuestas inexactas de las personas afectadas y una implementación y monitoreo ambiental deficientes, pero el BID continuó invirtiendo en él", sostuvo Carlos Lozano, Abogado Sénior de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). "El proyecto fue aprobado y está en proceso de construcción sin haber hecho previamente un diagnóstico de alternativas", puntualizó. Los miembros del Movimiento Ríos Vivos Antioquia, quienes representan a las comunidades afectadas en el reclamo, son víctimas de continuas amenazas, intimidación, homicidios y otras formas de violencia. El BID ha mostrado desinterés por la situación volátil que rodea a Hidroituango, incluida la presencia constante de grupos paramilitares en la región. También ha ignorado las peticiones de la comunidad para diferir la construcción de la presa para exhumar fosas comunes resultado del conflicto armado en el área afectada por la represa. Contactos de prensa Isabel Zuleta, Movimiento Ríos Vivos Antioquia, +57 3217347264, [email protected] Carla Garcia Zendejas, Center for International Law, +1 202 374 2550, [email protected] Alexandre Andrade Sampaio, International Accountability Project, [email protected] Carlos Lozano Acosta, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, [email protected] Nota para editores: El Proyecto Hidroeléctrico Ituango sería el más grande de Colombia, con una represa de 79 km de largo que inundará una superficie de 4,500 hectáreas. El Grupo BID ha financiado el proyecto a través de varios tipos de inversión: inicialmente USD $2 millones de apoyo técnico para el Estado Colombiano en 2012 y luego USD $550 millones en inversión directa en 2016 a Empresas Públicas de Medellín (EPM), la compañía encargada del proyecto. Adicionalmente, el BID maneja un paquete de inversión de mil millones de dólares, con fondos de diversos inversionistas institucionales, incluyendo a bancos europeos. Después de una falla de construcción en la represa, en mayo de 2018, más de 25,000 personas tuvieron que ser evacuadas de la región debido a las inundaciones, deslizamientos de tierra y avalanchas. La crisis humanitaria se ha agravado drásticamente: las personas han perdido sus propiedades, medios de vida y acceso a servicios de salud y educación, que de por sí siempre han sido precarios en la zona. Muchas personas se han desplazado y los que se han quedado no son atendidos adecuadamente. Además, los que pertenecen al Movimiento Ríos Vivos son discriminados. Hay falta de alimentos, enfermedades y los albergues son precarios. Las personas son presionadas a retornar a zonas de riesgo y a firmar documentos de renuncia a sus reclamos. En resumen, hay una situación sistemática de violación a los derechos humanos como consecuencia del proyecto.
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Denuncia sociedad civil responsabilidad de empresas en emergencia climática
Se manifiestan frente a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) para exponer que 100 compañías son responsables del 52% de las emisiones en la atmósfera desde la revolución industrial. Piden al gobierno reconocer la emergencia climática y avanzar en las políticas públicas para reducir las emisiones de CO2. Ciudad de México. Organizaciones de la sociedad civil y personas interesadas en frenar la emergencia climática que enfrenta nuestro planeta, se manifestaron este lunes frente a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a fin de generar conciencia sobre la relación que existe entre el acelerado calentamiento global y el modelo de desarrollo económico prevaleciente, el cual privilegia el consumo y la quema excesiva de combustibles fósiles por encima de la protección de los ecosistemas y los derechos humanos. De acuerdo con lo señalado por expertos del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) en el Reporte Especial de 1.5°C de calentamiento global, quedan menos de 11 años para reducir a la mitad las emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI) y limitar el incremento de la temperatura global en 1.5°C para finales del presente siglo. A pesar de esta emergencia, la Agencia Internacional de Energía reporta que la tendencia del sector energético continuará al alza en los próximos años. Las y los asistentes leyeron un pronunciamiento destacando que mantener el crecimiento económico y seguir midiendo el Producto Interno Bruto (PIB) sin considerar los daños a los ecosistemas y a los derechos humanos, es simplemente inaceptable. “Es necesario un cambio de paradigma en los modelos de producción, distribución y consumo. Apenas 100 compañías son responsables del 52% de las emisiones a la atmósfera desde la revolución industrial; 7% de la población más rica a nivel global es responsable de más de 50% de todas las emisiones acumuladas en la atmósfera, mientras que 50% de la población más pobre de este planeta no es responsable ni del 7% de las emisiones globales”. Añadieron que, del 2016 al 2018, es decir tres años a partir de la firma del Acuerdo de París, los 33 bancos más grandes del mundo reportaron una inversión de casi 2 trillones de dólares en la extracción y producción de combustibles fósiles. En 2018, el 87% del consumo primario de energía a nivel mundial seguía dependiendo de los combustibles fósiles. Ese mismo año, las emisiones globales del sector energético crecieron en un 2%. Al mismo tiempo, tan sólo en los países integrantes del G20, se invirtieron 147 mil millones de dólares en subsidios a combustibles fósiles. Con relación a lo que ocurre en México, se explicó que, de los proyectos contemplados por Petróleos Mexicanos (Pemex) se emitirán 3,305 millones de toneladas de bióxido de carbono (CO2) incumpliendo los compromisos al 2050. Recordaron que México se encuentra hoy en el puesto número 13 a nivel global como emisor de GEI; al mismo tiempo, cerca de 69% de la población y 71% de las actividades económicas son vulnerables a los efectos del cambio climático. Esta realidad obliga a tomar acciones urgentes para dejar atrás un modelo dependiente de los combustibles fósiles y transitar hacia las energías renovables con una visión de respeto a derechos humanos y distribución equitativa de consumo. De igual forma, el país debe adoptar sistemas sustentables -orgánicos y regenerativos de producción de alimentos y dejar de otorgar permisos y concesiones a empresas contaminantes. Por todo lo expuesto anteriormente, los manifestantes demandan: Que el gobierno de México reconozca la existencia de una emergencia climática, integre el combate al cambio climático como una prioridad nacional, genere políticas que incidan directamente en la reducción de las emisiones y asigne presupuesto suficiente que contribuya a los esfuerzos para frenar el aumento de la temperatura en 1.5°C; Que se tomen todas las medidas necesarias para que el país reduzca el 50% de sus emisiones en 2030 y alcance las emisiones cero en 2050, como lo establece el IPCC a nivel global; Que el gobierno de México garantice acciones climáticas que respeten y protejan los derechos humanos de todas y todos los mexicanos, apelando a medidas efectivas de reparación y que garanticen un futuro sostenible para la presente y futuras generaciones. Pedimos la ratificación y establecimiento del marco legal necesario para cumplir con el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú). Que el Estado mexicano prohíba el uso de químicos, pesticidas y productos genéticamente modificados, con el fin de rescatar las formas de producción de alimentos tradicionales y locales; y que al mismo tiempo se diseñe una política de adaptación que parta de la contribución que estos de siembra y cultivo agroecológicas tienen para el enfriamiento del planeta. Que el sector privado y las instituciones financieras internacionales reconozcan su cuota de responsabilidad en la crisis climática y se comprometan a dejar de financiar proyectos etiquetados como energía limpia, pero que agravan el problema, como es el caso de las hidroeléctricas, el gas natural o la nuclear, y que dirija el apoyo hacia energías realmente sostenibles y alternativas. Finalmente, los asistentes anunciaron que se sumarán a la semana de acción global por el futuro del 20 al 27 de septiembre para demandar acción inmediata por la emergencia climática; participando con los y las jóvenes, niñas y niños en la marcha de Fridays for Future el próximo 20 de septiembre a las 2 pm del Ángel al Zócalo. Organizaciones convocantes: Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), El Poder del Consumidor, Food & Water Watch, Greenpeace México, PODER (Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación, por sus siglas en inglés), Asociación de Consumidores Orgánicos, Regeneration International, Alianza Mexicana contra el Fracking, Red por los Derechos de la Infancia en México, Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, Fundación Heinrich-Böll - México y El Caribe, Extinction Rebellion - México, Huerto Roma Verde, Fundar – Centro de Análisis e Investigación, Servicios y Asesoría para la Paz A.C.
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Declaração da AIDA sobre a crise na Amazônia
A AIDA está profundamente preocupada com a grave situação na Amazônia, que está sendo devastada por um grande número de incêndios no Brasil e em outros países amazônicos. As consequências destes incêndios são devastadoras para a biodiversidade da zona e para as comunidades que a habitam, mas também para o planeta, que enfrenta uma crise climática que exige acções cada vez mais urgentes e eficazes. A Amazônia abriga 20% da água doce não congelada da Terra e um quarto das espécies do mundo. Além disso, a selva amazônica libera cerca de 20% do oxigênio que respiramos e armazena de 90 a 140 bilhões de toneladas de dióxido de carbono, regulando o clima global. A comunidade científica internacional destacou enfaticamente que a destruição das florestas tropicais causa 20% das emissões de gases de efeito estufa. Por esta razão, o ecossistema amazônico é vital para mitigar a crise climática. O atual surto de incêndios deixa à mostra a vulnerabilidade da Amazônia, que se deve a uma combinação de fatores, incluindo aumento das secas, desmatamento, usos insustentáveis do solo e do subsolo e aumento da temperatura global. O número recorde de incêndios na floresta amazônica agrava a crise climática e, com ela, a ameaça de desastres naturais cada vez mais devastadores. O aumento do desmatamento e a multiplicação de incêndios é o resultado das políticas, da retórica e das ações do governo de Jair Bolsonaro, que vêm ativamente desmantelando o arcabouço institucional que garante a devida proteção da Amazônia e de seus povos, ao mesmo tempo em que promove, de forma irresponsável, a expansão da fronteira agrícola, pecuária e extrativista na Amazônia. Esta tendência preocupante se repete no resto dos países chamados a proteger a bacia amazônica, como Bolívia, Peru, Equador, Colômbia e Venezuela, cujos governos também não estão fazendo os esforços necessários para preservar a Amazônia. Neste contexto, a AIDA exige que os Estados com jurisdição sobre a Floresta Amazônica tomem medidas urgentes para deter os incêndios. Insta também a comunidade internacional e os cidadãos a exercer pressão sobre os governos do Brasil e de outros países da região para que revertam o curso de suas ações e protejam efetivamente a Amazônia, sua biodiversidade e as pessoas que dela dependem. Nesse sentido, exigimos a todos os países com jurisdição sobre a Floresta Amazônica: Fortalecer instituições e normas ambientais; Suspender imediatamente a retórica que incentiva o desmatamento e a destruição da Amazônia; Impedir a expansão indiscriminada da fronteira agrícola, pecuária e extrativista na região; Adotar uma política de planejamento e utilização adequada dos solos; Assegurar a existência e restauração dos ciclos de vida dos ecossistemas; e Controlar o desmatamento e preservar a Amazônia com o apoio financeiro e técnico da cooperação internacional multilateral. Saiba mais sobre nosso trabalho na Amazônia. Contato de comunicação: Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +521 5570522107
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Pronunciamiento de AIDA ante la crisis en la Amazonía
AIDA manifiesta su profunda preocupación por la grave situación de la Amazonía, que está siendo arrasada por una gran cantidad de incendios en Brasil y en otros países amazónicos. Las consecuencias son devastadoras para la biodiversidad de la zona y para las comunidades que la habitan. También lo son para el planeta, que enfrenta una crisis climática que requiere de acciones cada vez más urgentes y efectivas. La Amazonía guarda el 20% del agua dulce no congelada de la Tierra y alberga una cuarta parte de las especies del mundo. Además, la selva amazónica libera cerca del 20% del oxígeno que respiramos y almacena de 90 mil a 140 mil millones de toneladas de dióxido de carbono, regulando el clima global. La comunidad científica internacional ha señalado enfáticamente que la destrucción de selvas tropicales causa el 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Por ello, el ecosistema amazónico es vital para la mitigación de la crisis climática. Los incendios que lo azotan demuestran que la Amazonía es más vulnerable que antes debido a una combinación de factores, entre ellos el aumento de las sequías, la deforestación, los usos no sostenibles del suelo y del subsuelo y el aumento de la temperatura global. El número récord de fuegos en la selva amazónica agrava la crisis climática y con ella la amenaza de desastres naturales cada vez más nefastos. Ese mismo resultado tienen las políticas, retórica y acciones del gobierno de Jair Bolsonaro, que desmantelan activamente la debida protección del Amazonas y de sus pueblos indígenas, al tiempo que promueven de manera irresponsable la expansión de la frontera agrícola, ganadera y extractiva en la Amazonía, la cual conlleva un incremento de la deforestación y las consecuencias que hoy estamos presenciando. Esta preocupante tendencia se repite en el resto de los países llamados a proteger la cuenca amazónica como Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela, cuyos gobiernos tampoco han hecho lo suficiente para preservar la Amazonía. Ante este panorama, AIDA exige a los gobiernos de la cuenca Amazónica adoptar medidas urgentes para detener los incendios. Además, exhorta a la comunidad internacional y a la ciudadanía a ejercer presión sobre los gobiernos de Brasil y del resto de países de la región para que reviertan el curso de sus acciones y protejan efectivamente la Amazonía, su biodiversidad y a las personas que dependen de ella. Exigimos acciones concretas de estos gobiernos: Fortalecer la institucionalidad y las normas ambientales; Suspender inmediatamente la retórica que alienta la deforestación y la destrucción de la Amazonía; Detener la expansión indiscriminada de la frontera agrícola, ganadera y extractiva en la zona; Adoptar una planificación y uso adecuado de suelos; Garantizar la existencia y restauración de los ciclos vitales del ecosistema; y Controlar la deforestación y conservar la Amazonía con el apoyo financiero y técnico de la cooperación internacional multilateral. Conoce aquí más de nuestro trabajo por el Amazonas. Contacto de prensa: Victor Quintanilla (México), [email protected], +5215570522107
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Defienden a Yum Balam, ecosistema clave para la biodiversidad y el clima
AIDA presentó un escrito legal que evidencia la importancia del área protegida, así como las obligaciones internacionales de México en materia ambiental y de derechos humanos para preservarlo frente a la intención de instalar allí 21 mil cuartos de hotel, un proyecto que implicaría daños significativos en el sitio. Cancún, México. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) presentó ante el Juzgado Séptimo de Distrito del Estado de Quintana Roo un escrito legal (Amicus Curiae) para defender el Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam, ubicada al norte del estado. En 2018, cuando se publicó el Programa de Manejo del sitio, propietarios privados y ejidales presentaron varias demandas de amparo en contra del mismo y del decreto de creación del área protegida argumentando afectaciones a sus derechos de participación, propiedad y legalidad. Antes de la publicación del Programa de Manejo, el Consejo Asesor del área protegida recibió el informe de una consultoría que recomienda, por ser económicamente viable, la construcción dentro de Yum Balam de un megaproyecto turístico que contempla 21 mil cuartos de hotel. “Esa viabilidad está en duda porque cada cuarto de hotel generaría cambios en el uso del suelo, incremento poblacional, pérdida de flora y fauna y otros daños irrreversibles en las características ecológicas del lugar”, afirmó Camilo Thompson, abogado de AIDA. “Lo que está en juego es conservar el aporte que Yum Balam realiza al disfrute de un ambiente sano para las generaciones presentes y futuras”. El decreto de creación del área protegida, que data de 1994, pone al interés público y a la regulación de los entornos naturales que benefician a todo el país por encima de intereses privados. Y el Programa de Manejo está orientado a regular la conservación y uso sostenible de Yum Balam. Adicionalmente, el sitio es considerado Humedal de Importancia Prioritaria Internacional bajo la Convención Ramsar. “De acuerdo con un estudio, los manglares y pastos marinos de Yum Balam evitan la fuga de 38.5 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2), equivalentes a la emisión de gases de efecto invernadero de 9.4 millones de mexicanos”, resaltó Pilar Diez, Directora Regional del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA-Sureste). En sus 152 mil hectáreas de superficie, el sitio posee también arrecifes y dunas costeras. Es hábitat de más del 90% de las aves endémicas de la Península de Yucatán, de tortugas marinas en estado de protección especial como la carey y la caguama, de tiburones ballena y delfines, y de especies terrestres en peligro de extinción como el jaguar. De hecho, el significado en maya de Yum Balam es Señor Jaguar. “Con el escrito buscamos documentar la importancia nacional y mundial de Yum Balam en un contexto crisis climática”, dijo Thompson. “Apostar por el desarrollo de megaproyectos turísticos es incompatible con la tarea urgente de enfrentar esa crisis y lograr justicia climática”. Tanto el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de Naciones Unidas (IPCC por sus siglas en inglés) como la Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (IPBES) han sido muy firmes respecto a la situación actual de pérdida de ecosistemas y a las acciones urgentes que todos los países deben adoptar ante la crisis climática. “El escrito documenta el marco legal internacional según el cual el Estado mexicano está obligado a garantizar derechos humanos fundamentales como el derecho a un ambiente sano”, explicó Thompson. “México tiene la obligación de conservar su biodiversidad: sus humedales costeros, bosques, selvas y otros ecosistemas que regulan el clima y contribuyen a la pesca y al turismo”. Por tanto, la decisión del Juzgado debe ser congruente y progresiva con ese contexto, dando continuidad a la protección de Yum Balam. Contacto de prensa: Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +521 5570522107
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