Prensa

Octubre 30 2019 Cambio Climático, Derechos Humanos

Pronunciamiento ante la suspensión de la COP25 en Chile

Lamentamos la decisión del gobierno chileno de cancelar la realización de la vigésimo quinta Conferencia de las Partes (COP25) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, prevista para diciembre en Santiago. Al mismo tiempo, manifestamos nuestro apoyo al pueblo chileno ante la difícil situación que vive, la cual no garantiza la seguridad y por ende la participación que un evento de tal magnitud requiere. Hacemos un llamado especial al Estado chileno para que el proceso de cambio que vive el país se desarrolle respetando los derechos humanos de todas las personas involucradas. El abuso de la fuerza pública es inaceptable, sobre todo en un proceso que busca reparar las heridas sociales que empañan nuestras sociedades. El gobierno chileno debe cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos. Exhortamos también al Estado y al sector privado a dar pasos firmes hacia la transformación de Chile en un país con mayor justicia social, ambiental y climática; y a ser ejemplo para América Latina, región donde la desigualdad e injusticia solo se intensifican con los años. Bajo la crisis social en Chile, subyace una crisis ambiental gravísima que hace tiempo corroe la equidad y que es parte de la chispa que encendió el descontento social. Dos muestras de esa realidad inadmisible son las zonas de sacrificio, donde las termoeléctricas a carbón han condenado a familias a sufrir gran parte de la contaminación atmósferica del país, enfermando y viendo truncado su desarrollo; y la privatización del agua, que implica que Chile no reconozca el acceso al agua potable y al saneamiento como un derecho humano, ni que priorice su uso para consumo humano y para el mantenimiento de ecosistemas. Problemas similares ocurren en otros países de la región. Esperamos que Chile continúe en su rol de Presidente de la COP, empujando con más fuerza que nunca compromisos climáticos ambiciosos, que nos ayudarán a mantener el calentamiento del planeta bajo control, mientras cumplimos con los objetivos del Acuerdo de París. Las experiencias del último mes evidencian claramente que, ante las crisis, los cambios deben venir desde la gente, protegiendo y favoreciendo a los segmentos más vulnerables —entre ellos los más pobres y los pueblos indígenas y comunidades rurales que pueden también contribuir a las soluciones— y que son los que más han sufrido las injusticias sociales y ambientales. Los esfuerzos de Chile y del mundo para combatir la crisis climática deben asegurar una transición energética justa, participativa y respetuosa de los derechos humanos. Chile tiene hoy la oportunidad de hacer historia, incluyendo la protección ambiental y la justicia climática como pilares en la construcción de un futuro más limpio, más justo y en equidad. Llamamos a la comunidad internacional a sumarse a esta señal de apoyo a la sociedad chilena. CONTACTO DE PRENSA: Victor Quintanilla (México), [email protected], +5215570522107

Octubre 30 2019 Derechos Humanos

México: Urge corregir el proceso y contenido del Programa Nacional de Derechos Humanos

Ciudad de México. Las organizaciones del Grupo Focal de la Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos expresamos nuestra preocupación porque el borrador del Programa Nacional de Derechos Humanos (PNDH) 2019-2024 no refleja las prioridades y opiniones expresadas por las comunidades, organizaciones de la sociedad civil, académicos y personas afectadas directamente, en particular con relación al tema de debida diligencia relativa al deber del Estado de proteger a la población respecto de las responsabilidades de las empresas de respetar los derechos humanos. Hacemos un llamado a la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a corregir el rumbo y mejorar el contenido y proceso de elaboración de este instrumento clave que guiará la política pública del país en materia de derechos humanos durante los cinco años que restan del sexenio. De no hacerlo, consideramos que el mismo carecería de la legitimidad necesaria para un documento de política pública de esa importancia y todo el proceso podría fracasar. La semana pasada, la Dirección General de Política Pública de Derechos Humanos de Segob entregó un borrador del PNDH a diversas organizaciones de la sociedad civil y resultó sorprendente que el documento estuviera incompleto, por la ausencia en él de elementos básicos en materia de empresas y derechos humanos, y que las autoridades apenas otorgaran un plazo de 24 horas para la revisión y retroalimentación del mismo. El Grupo Focal, conjuntamente con diversas organizaciones, comunidades, colectivos y movimientos llevamos meses de trabajo desplazándonos a lo largo del país y acudiendo a decenas de reuniones, foros temáticos y realizado tareas técnicas. Y es muy preocupante que los resultados e insumos de ese trabajo parecieran haber sido ignorados. La crisis de derechos humanos, heredada de varias administraciones anteriores, y la grave crisis climática, deben ser enfrentadas con medidas y acciones efectivas que incluyan las voces y visiones de las personas afectadas por el Estado y la actividad empresarial, así como las de expertas/os en la materia. Por eso, desde el Grupo Focal, exigimos se tomen las siguientes medidas: Que la Secretaría de Gobernación reciba cuanto antes a las organizaciones de la sociedad civil y comunidades interesadas en este tema. Que el actual proceso de construcción del PNDH sea reconfigurado con la seriedad necesaria para ser incluyente y participativo. Que los insumos proporcionados por comunidades afectadas, organizaciones de la sociedad civil y academia se vean reflejados en el programa final; Que el borrador completo del documento sea entregado con suficiente antelación para la revisión y participación efectiva de comunidades, organizaciones de la sociedad civil y demás partes interesadas. Que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ajuste las líneas presupuestales del PNDH a esta reconfiguración. * Las organizaciones del Grupo Focal que suscriben este posicionamiento son: Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH), Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Oxfam México, Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC), Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER). El Grupo Focal está observado por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI).

Octubre 17 2019 Derechos Humanos

Declaración de Bogotá por la protección de las personas defensoras del ambiente

Como personas galardonadas con el Premio Ambiental Goldman y otros de 14 países, que estamos contribuyendo a la protección del ambiente y la lucha por la vida, hoy, reunidos en Bogotá con colegas de regiones y países de nuestro continente, manifestamos nuestra solidaridad con las personas y comunidades defensoras en Colombia y en toda América Latina y el Caribe, quienes hoy enfrentan el mayor nivel de riesgo por su labor de protección de la vida en el planeta. Por ello, hacemos un llamado a que los gobiernos, empresas, instituciones financieras, inversionistas y entidades activa y efectivamente protejan y respeten la vida y los derechos de las personas defensoras, las de sus familias y comunidades. Somos conscientes de las graves violaciones de derechos humanos, de las poblaciones en situación de vulnerabilidad, en especial de las personas y comunidades locales e indígenas, afrodescendientes y campesinos, que enfrentamos en América Latina y en el mundo. Exigimos que pare la persecución y criminalización judicial a los y las hermanas que defienden la vida y la justicia y para quienes les han arrebatado su vida en esta lucha. Vemos con esperanza cómo nuestro trabajo inspira a muchos jóvenes y a todas las personas, cuya labor inspira también a muchas personas en el mundo. Estamos convencidos que juntos podemos abordar la crisis climática, a través del trabajo colaborativo, centrado en el diálogo de saberes y en el respeto por los derechos y diversas visiones del mundo. Convocamos a la humanidad a solidarizarse y a actuar de acuerdo con la inspiración del trabajo de las personas defensoras y a usar medios pacíficos, el arte y el amor maternal para seguir alcanzando la transformación que el planeta y la humanidad requieren para proteger a las personas y la vida. Instamos a Colombia a continuar impulsando el sueño de lograr la paz, entre los y las colombianas y la naturaleza. Pasar la página de la violencia es el camino a heredar a las próximas generaciones: una Colombia, una Latinoamérica, un Caribe y un mundo mejor. Firman Sofía Gatica (Argentina) Premio Ambiental Goldman, 2012 Juan Pablo Orrego (Chile) Premio Ambiental Goldman, 1997 Berito Kuwaruwa (Colombia) Premios Goldman, 1998 Francia Márquez (Colombia) Premio Ambiental Goldman, 2018 Nohra Padilla (Colombia) Premio Ambiental Goldman, 2013 Humbero Ríos Labrada (Cuba) Premio Ambiental Goldman, 2010 Francisco Pineda (El Salvador) Premio Ambiental Goldman, 2011 Bertha Zuñiga Cáceres (Honduras) hija de Bertha Cáceres, Premio Ambiental Goldman, 2015 Jorge Varela (Honduras) Premio Ambiental Goldman, 1999 Jesús León Santos (México) Premio Ambiental Goldman, 2008 Elías Díaz Peña (Paraguay) Premio Ambiental Goldman, 2000 Oscar Rivas (Paraguay) Premio Ambiental Goldman, 2000 María Elena Foronda Farro (Perú) Premios Goldman, 2003 Evaristo Nugkuag (Perú) Premio Ambiental Goldman, 1991 Ruth Buendía (Perú), Premio Ambiental Goldman, 2014 Jean La Rose La Rose (Guyana) Premio Ambiental Goldman, 2012 Stiefen Petrust (Surinam) Eliana Torrico Tejada (Bolivia) Danielle Duarte Gomes (Brasil) Antonia Melo Da Silva (Brasil) Liliana Ávila (Colombia) Juana Hofman (Colombia) Javier Ibarraga Ospina (Colombia) Alix Mancilla (Colombia) Blanca Inés Pérez (Colombia) Rosa Peña (Colombia) Astrid Puentes Riaño (Colombia, México) Andrea Cerami (México) Jorge García Lucas (Guatemala) Severina Morales Pérez (Guatemala) Joaquín Raymundo González (Guatemala) Jovita Tzul (Guatemala) Julián López (México) Marcelina López (México) Leydy Aracely Pech Martín (México) Elena Villafuerte (México) Liliana Caruhuaz (Perú) Eddy Peña (Perú) Katherine Sánchez (Perú)

Octubre 15 2019 Derechos Indígenas, Cambio Climático, Derechos Humanos

Pronunciamiento de AIDA sobre la situación en Ecuador

La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente ve como positivo el diálogo iniciado entre el gobierno nacional de Ecuador y el movimiento indígena de ese país, con la mediación de la Organización de las Naciones Unidas, en el marco del conflicto desencadenado por la emisión del decreto 883 que eliminó los subsidios al diésel y la gasolina. En un contexto de emergencia climática mundial, es necesario eliminar los subsidios a los combustibles fósiles y cualquier otra distorsión del mercado que promueva su continua explotación y uso. Sin embargo, ninguna medida será exitosa si no se hace en absoluta conciencia de los impactos que implica para los segmentos más vulnerables de la población, afectados directamente por el alza de los precios del transporte y de los bienes de consumo. Por tanto, la transición energética debe ser progresiva y respetuosa de los derechos humanos. Solo así caminaremos hacia una verdadera justicia climática. Medidas como las adoptadas en ese país deben además estar enmarcadas en una planificación adecuada, orientada a transitar hacia una economía baja en carbono, así como a reducir la dependencia del petróleo, la minería a gran escala y otros sectores que contribuyen a la crisis climática. AIDA resalta el compromiso de gobierno y movimiento indígena para elaborar un nuevo decreto de manera conjunta y participativa. El conflicto reciente en el país evidencia la necesidad de fortalecer el Estado plurinacional y pluricultural, donde las decisiones sean discutidas y consensuadas con los pueblos indígenas y con todos los actores nacionales. Ecuador tiene ahora la oportunidad de sentar un precedente clave a nivel mundial, diseñando políticas integrales que apoyen el cumplimiento de sus compromisos climáticos y que al mismo tiempo respeten y protejan a las personas, en especial a grupos en situación de vulnerabilidad. Esperamos que el diálogo sea exitoso y sea ejemplo de una construcción colectiva de soluciones climáticas que asegure la participación, el respeto de los derechos humanos, la equidad de género y, en suma, el bienestar de las generaciones presentes y futuras. Contacto de prensa: Victor Quintanilla (México), [email protected], +5215570522107

Septiembre 25 2019 Cambio Climático, Derechos Humanos

Organizaciones alertan ante la CIDH de impactos de la crisis climática en derechos humanos

15 organizaciones nacionales y regionales, de más de nueve países de América, comparecieron en una audiencia sobre los impactos que el cambio climático y las medidas para afrontarlo tienen en grupos en situación de vulnerabilidad. Washington D. C. En su 173º período de sesiones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos escucharon los argumentos de representantes de organizaciones nacionales y regionales sobre los impactos que el cambio climático tiene en los derechos humanos en grupos en situación de vulnerabilidad, incluyendo pueblos indígenas, mujeres, niños y comunidades rurales. Las organizaciones destacaron que los impactos a los derechos humanos se producen en varias fases del ciclo del cambio climático: durante la generación de emisiones de gases de efecto invernadero, en los efectos negativos de los eventos climáticos y en las soluciones que se plantean para paliar la crisis. Sostuvieron además que las desigualdades estructurales de América Latina y el Caribe pueden exacerbar los impactos en los grupos vulnerables que menos han contribuido a la crisis climática. En la audiencia, un líder indígena de la Amazonía peruana presentó casos que ejemplifican los impactos del cambio climático en diferentes países. Abordó temas como el acceso al agua, la participación de las empresas, así como los daños de la contaminación, el fracking, el extractivismo, la minería en ecosistemas sensibles y la deforestación. El panel de la audiencia fue presidido por cuatro comisionadas mujeres: la Presidenta Esmeralda Arosemena de Troitiño, Antonia Urrejola, Margarette May Macaulay y Soledad García-Muñoz. Un punto resaltado tanto por las organizaciones como por las comisionadas fue la importancia de exigir el cumplimiento de derechos humanos a empresas, en particular a las corporaciones internacionales, teniendo en cuenta el importante rol que juegan frente a la crisis climática. En ese sentido, se enfatizó el rol crucial del Sistema Interamericano en generar sus propios estándares en materia de empresas y derechos humanos, los cuales garanticen el acceso a información ambiental para evitar conflictos de interés en procesos de toma de decisiones públicas. Las comisionadas acogieron la solicitud de audiencia y reconocieron la necesidad de asumir la crisis climática con la urgencia y relevancia que las circunstancias lo ameritan. Manifestaron su voluntad de seguir, junto con la sociedad civil, desarrollando y profundizando los aspectos de la lucha contra la crisis climática. La solicitud de audiencia fue presentada por Fundación Pachamama (Ecuador), Dejusticia (Colombia), EarthRights International (regional), AIDA (regional), FUNDEPS (Argentina), FIMA (Chile), DPLF (regional), IDL (Peru), CELS (Argentina), Engajamundo (Brazil), AHCC (Honduras), Conectas (Brazil), FARN (Argentina), CEMDA (México), y La Ruta del Clima (Costa Rica). En el marco de la audiencia, las organizaciones pidieron que la Comisión inste a los Estados de la región a: Tomar acciones concretas y efectivas que pongan fin a las actividades que agravan la crisis climática y amenacen el disfrute efectivo de los derechos humanos, tales como la explotación de hidrocarburos, carbón, operación de plantas generadoras de energía a combustión, construcción de megaproyectos, como hidroeléctricas y carreteras. Promover modelos de transición energética que garanticen derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, especialmente de los pueblos indígenas, niños, niñas y adolescentes, mujeres y comunidades rurales, asegurando su participación efectiva para que no se repitan los patrones de violencia generados por la política extractivista actual. Tomar medidas específicas para garantizar el acceso a la información relacionada con los impactos del cambio climático y de sus medidas de respuesta; asegurar la participación pública en la toma de decisiones en el contexto del combate al cambio climático; y proveer mecanismos accesibles y efectivos a la justicia en materia climática. Implementar la igualdad de género en el derecho a la información, participación política, el acceso a la justicia y toma de decisiones en los temas de adaptación y mitigación del cambio climático. Y a la Comisión le solicitaron: Incorporar en su mandato la crisis climática como un asunto prioritario que amenaza todos los derechos humanos y los ecosistemas, especialmente a través del litigio de casos, elaboración de informes temáticos, visitas in loco, y demás acciones de litigio, monitoreo y promoción de derechos humanos. Que impulse las peticiones y medidas cautelares relacionados con el cambio climático y sus medidas de respuesta, de manera que se asegure la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de grupos vulnerables, teniendo en cuenta los estándares desarrollados por la Corte IDH en la OC 23. Que exija a los estados la protección y garantía de los derechos de defensores y defensoras ambientales y del territorio. Que exhorte a los estados a diseñar e implementar acciones climáticas más ambiciosas a través de las CDN de 2020, en armonía con sus obligaciones de derechos humanos. Para tal fin, la CIDH podría dar seguimiento al avance de dichas políticas y observar su concordancia con las obligaciones en materia de derechos humanos asumidas por los estados. Que enfatice la responsabilidad de las empresas y las instituciones financieras en respetar los derechos humanos en el contexto del cambio climático, utilizando los estándares más garantistas en materia de empresas y derechos humanos. El video de la audiencia está disponible aquí. Contacto de prensa: Victor Quintanilla (México), [email protected], +5215570522107

Septiembre 24 2019 Cambio Climático, Océanos

Científicos y ONG reclaman el fin de la negligencia de los gobiernos con el sistema que sostiene la vida en la Tierra

El Informe Especial sobre el océano y la criosfera en un clima cambiante del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) revela el alcance de la crisis a la que se enfrenta la humanidad ahora que el océano y sus servicios empiezan a mostrar signos de colapso. Aunque el océano y el clima están vinculados de forma indisoluble, pues los dos funcionan juntos para hacer habitable el planeta, es la primera vez que el IPCC ha dirigido su atención al ámbito marino. El informe refleja lo que científicos marinos y ONG vienen diciendo hace años: que el océano está empezando a desmoronarse por una infinidad de factores de presión innecesarios que van de la sobrepesca a la contaminación, y a los que se añade la crisis climática. Los efectos de la crisis climática son los más graves: acidificación, sobrecalentamiento y desoxigenación. Estos tres factores han estado presentes en todos los eventos de extinción masiva a lo largo de la historia de la Tierra, y ahora están activos en el océano. El profesor Dan Laffoley, de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas (CMAP), declaró: “Somos un mundo oceánico, movido y regulado por un océano único, y estamos llevando ese sistema de soporte vital al extremo de su capacidad con el sobrecalentamiento, la desoxigenación y la acidificación. El momento de las 'llamadas de atención' quedó atrás. Lo que necesitamos ahora es guiarnos por un interés propio e informado para emprender acciones que protejan el océano y el clima, y protegiendo con ello a la humanidad”. Las escalas temporales por las que se rige el océano implican que los cambios introducidos en su sistema, como el calentamiento, seguirán activos durante cientos de años. Por tanto, aunque se emprendan acciones inmediatas para frenar el aumento de la temperatura y reducir las emisiones de CO2, los servicios que el océano brinda al planeta seguirían en peligro. Por ello es tan importante controlar todos aquellos factores adicionales de presión que puedan ser controlados. La sobrepesca y la contaminación, así como la destrucción de hábitats, ecosistemas y biodiversidad, son ese tipo de factores de presión, que pueden ser frenados para apoyar la resiliencia del océano y para que éste resista la crisis climática. Gladys Martínez, abogada sénior de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) afirmó: “El informe del IPCC deja muy claro que el tiempo para actuar por el océano se agota. Pero tenemos una pequeña ventana de oportunidad para conseguir un tratado sólido sobre alta mar de aquí a finales de 2020 y para proteger al menos 30% del océano para 2030, dos medidas que contribuirán a la resiliencia del océano. Los Estados están negociando un nuevo tratado en Naciones Unidas y deben completar este proceso en 2020, en línea con la resolución de la Asamblea General de la ONU y demostrando gran ambición. Aunque las perspectivas descritas por el IPCC son innegablemente sombrías, hay medidas que pueden tomarse ahora para ayudar a potenciar la resiliencia del océano. Los Estados Parte del Convenio sobre la Diversidad Biológica, de carácter jurídicamente vinculante, negociarán nuevas metas para la protección de la biodiversidad en una reunión que se celebrará en 2020. La meta para la biodiversidad marina debería ser la protección de al menos un 30% del océano mediante áreas protegidas de manera efectiva, y el manejo sostenible del 70% restante. Poner fin a la sobrepesca y a la contaminación en todas sus formas, así como prevenir una pérdida adicional de biodiversidad, ecosistemas y hábitats, son medidas esenciales que están a nuestro alcance. Abordar el problema del colapso climático y contener el calentamiento a 1,5 grados centígrados (o lo más cerca posible de esa cifra) es esencial para la supervivencia de los servicios ecosistémicos del océano. Para ello, todos los Estados tienen que comprometerse con planes nuevos y más ambiciosos (contribuciones determinadas a nivel nacional o NDCs, por sus siglas en inglés) en 2020. contactos de prensa: Victor Quintanilla en México, [email protected], +521 5570522107 Patricia Roy en París, [email protected], +34 696 905 907 Mirella von Lindenfels en Londres, [email protected], +44 7717 844 352 Karen Rausch en Santiago, [email protected], +56 967354769 Sophie Hulme en Nueva York, [email protected], +44 7973 712869

Septiembre 24 2019 Fracking

Organizaciones nacionales e internacionales rechazan señalamientos de exvicepresidente Vargas Lleras contra activistas que se oponen al fracking en Colombia

Latinoamérica. Las organizaciones nacionales e internacionales y las personas abajo firmantes rechazamos de manera enfática la estigmatización hecha por el exvicepresidente de Colombia, Germán Vargas Lleras, contra la Alianza Colombia Libre de Fracking y contra su integrante, el líder social Carlos Andrés Santiago. El pasado 22 de septiembre, en su columna del diario El Tiempo, el señor Vargas realizó acusaciones graves e infundadas contra la Alianza y contra el señor Santiago en razón de su activismo y del uso de acciones judiciales contra el uso de fracking en Colombia. Estar a favor o en contra del fracking es parte del debate público. Atacar a las personas que realizan activismo ambiental por ejercer sus derechos a la libertad de expresión y asociación, o por hacer uso de recursos judiciales, es inaceptable. El activismo ambiental es una actividad legal y legítima que, en lugar de ser estigmatizada, debe ser protegida en una democracia. El exvicepresidente Vargas tiene una voz poderosa que implica responsabilidades. Los ataques públicos contra líderes sociales en Colombia incrementan el riesgo para su vida e integridad. Exigimos al gobierno colombiano garantizar los derechos de las personas y organizaciones integrantes de la Alianza Colombia Libre de Fracking a reunirse, expresarse y a recurrir a la justicia. Firman: Alianza Latinoamericana Frente al Fracking. Alianza Colombia Libre de Fracking. Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, AIDA. Greenpeace Colombia. Observatorio Petrolero Sur, Argentina. Red por la Justicia Ambiental de Bolivia. Red por la Justicia Ambiental de Colombia. Fundar, Centro de Análisis e Investigación. México. Fundación Comunidades Unidas de Colombia. Fundación BioSierra Nevada. Asoquimbo. Equipo Jurídico Pueblos. Fundación Sindical Funtramiexco. Corporación Simbiosis. Asociación Comunitaria Fortaleza de la Montaña. Amigos del Río San Rodrigo. Alejandro Mazuera. Alianza Colombia Libre de Fracking de la Sierra Nevada De Santa Marta. Susana Muhamad. Manuel Rodríguez. Roberto Ochandio. Fundación Alma. CENSAT agua viva, amigos de la tierra Colombia. Comité Municipal de Derechos Humanos de CREDHOS, Sabana de Torres, Santander. Mujeres del Común, Santander. Movimiento Social en defensa de los Ríos Sogamoso y Chucuri. Red Nacional del Agua en Colombia. Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez CCALCP. Rodrigo Negrete Montes. Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ANUC. Sindicato Empleados de la DIAN. Colectivo por la Protección de la Provincia de Sugamuxi. Corporación Compromiso- Observatorio de conflictos ambientales. Corporación SOS Ambiental, Comité Ambiental en Defensa de la Vida. Red de Comités Ambientales del Tolima. Movimiento Nacional Ambiental. Mesa Hídrica del Piedemonte Llanero. Sinaltrainal Junta Nacional. Corporación Podion. Asociación de Campesinos y Comunidades Sin Tierra del Cesar. Mesa Ambiental Franciscana. Corporación Terrae. Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos. Comité por la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán.

Septiembre 18 2019 Cambio Climático, Derechos Humanos

200 líderes y lideresas ambientales y de derechos humanos se comprometen a abordar juntos la emergencia climática

Nueva York. En una iniciativa sin precedentes, más de 200 representantes de los pueblos indígenas, la esfera laboral y el mundo académico, así como de grupos ambientalistas y de derechos humanos, aprobaron una declaración histórica [1] en la que piden a gobiernos y grandes empresas abordar con carácter de urgencia la crisis climática y así garantizar la supervivencia de la humanidad. Su reunión en la Cumbre de los Pueblos sobre el Clima, los Derechos y la Supervivencia Humana tiene como objetivo generar aún más potencia, energía y recursos que impulsen un movimiento de masas conectado, diverso y orientado hacia la acción para vencer la emergencia climática, poniendo en el centro de sus soluciones a las personas y los derechos humanos. Estos líderes y lideresas y sus grupos tratan de presionar a gobiernos y grandes empresas para que incrementen sus compromisos en materia climática. Entre otras iniciativas, quieren emprender más acciones legales conjuntas por cuestiones climáticas, reducir el financiamiento de los combustibles fósiles por parte del sector financiero, utilizar de forma más eficaz los mecanismos de rendición de cuentas en materia de derechos humanos y coordinar más campañas de movilización de masas en el ámbito nacional y regional. También tienen previsto acordar la aplicación de planes de acción conexos en los próximos meses. La Cumbre de los Pueblos está organizada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Greenpeace Internacional, Amnistía Internacional, el Centro de Derecho Ambiental Internacional, el Wallace Global Fund y el Centro de Derechos Humanos y Justicia Global de la Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva York. El evento tendrá lugar los días 18 y 19 de septiembre, en vísperas de la Cumbre sobre la Acción Climática 2019, convocada por el secretario general de las Naciones Unidas. Craig Mokhiber, director de la Oficina en Nueva York del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ha declarado: “Para quienes lo sufren en primera línea, el cambio climático ya está erosionando los derechos a la alimentación, el agua y el saneamiento, la vivienda digna, la salud, la seguridad personal e incluso la vida. Muchas personas que viven en pequeños Estados insulares, comunidades costeras y zonas sometidas a la desertificación progresiva ven cómo se esfuma su derecho a la libre determinación. Los desplazamientos masivos por razones climáticas amenazan con obligar a millones de personas a emprender viajes de vulnerabilidad e incertidumbre. En definitiva, los efectos adversos del cambio climático desgarran la estructura misma de la sociedad humana. Cada país debe tomar medidas urgentes y significativas para abordar esta amenaza a los derechos humanos. Al agrupar las muchas vertientes del movimiento en pro de la justicia climática, tratamos de movilizar ya una acción por el clima transformadora, basada en los derechos e inclusiva.” Jennifer Morgan, directora ejecutiva internacional de Greenpeace Internacional, ha declarado: “La crisis climática es una crisis de derechos humanos. Las consecuencias humanas de las catástrofes meteorológicas extremas pueden ser sobrecogedoras, como demuestra la gran devastación y la destrucción que dejó el huracán Dorian tras de sí. Esta declaración marca una nueva era en el activismo contra el cambio climático. Junto con nuestros aliados, y con la juventud a la cabeza, todos emprenderemos acciones y haremos frente a los responsables de este fenómeno. Los gobiernos débiles y el poder de las grandes empresas tóxicas tendrán que dar la cara cuando pongamos a la gente en el centro de nuestras exigencias y busquemos justicia climática para las comunidades menos responsables de esta emergencia climática, que son las más vulnerables ante ella.” Kumi Naidoo, secretario general de Amnistía Internacional, ha declarado: “La lucha más urgente que libra el planeta necesita contar con el poder y la diversidad que puede darle el movimiento global de personas en favor de los derechos humanos. Aportamos a la lucha por la justicia climática energía, conocimientos y bases de apoyo fundamentales. Pero hasta ahora no hemos explotado ni mucho menos todo nuestro potencial. “Amnistía se propone contribuir en la medida que le corresponde a cambiar esta situación. Queremos que la Cumbre ayude a activar el potencial del movimiento global de derechos humanos para proteger a las generaciones presentes y futuras. Si nos unimos, podemos.” Carroll Muffett, presidente y director general del Centro de Derecho Ambiental Internacional, ha declarado: “El coste de la inacción constante ante la crisis climática se mide en términos de derechos humanos, vidas humanas y medios de vida. Como nos recuerda dolorosamente el huracán Dorian, este coste es real y cada vez mayor. La declaración de hoy refleja el compromiso común de la comunidad de derechos humanos de situar estos derechos en el centro de la crisis climática, disminuir progresivamente los combustibles fósiles que impulsan esa crisis y exigir responsabilidades a gobiernos y empresas cuando se interponen en el camino.” Ellen Dorsey, directora ejecutiva del Wallace Global Fund, ha declarado: “El sector de derechos humanos de todo el mundo está aportando al movimiento en favor del clima nuevos recursos, una poderosa base de apoyo global de simpatizantes y una singular labor de defensa de los derechos humanos, pidiendo que gobiernos y grandes empresas tomen medidas que sean proporcionales a la magnitud y la rapidez del cambio climático con el fin de garantizar la supervivencia de la humanidad. Philip Alston, del Centro de Derechos Humanos y Justicia Global de la Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva York, ha declarado: “Se ha dicho que el cambio climático es una ‘falsa alarma’, pero es una alarma que acabará matando a muchos de nuestros hijos e hijas, y al menos a algunos de nosotros. A diario leemos noticias de muchas personas que mueren por exposición a altas temperaturas, se ahogan en inundaciones, perecen en incendios o simplemente se ven obligadas a abandonar sus hogares, pero nos engañamos pensando que eso no nos va a pasar a nosotros. Mientras la mayoría nos distraemos con las redes sociales o decidimos continuar con nuestra vida normal, los futuros desastres producto del cambio climático se van convirtiendo de posibilidades en en certezas. Los derechos humanos tal como los conocemos tendrán cada vez menos sentido si no actuamos inmediatamente.” Notas [1] Enlace a la declaración. Contactos de prensa en Nueva York: Amanda Kistler, [email protected], +1 202-742-5832 Kharunya Paramaguru, [email protected], +44 7508-394415 Lauren Stackpoole, [email protected], +1 212-998-6069 Rodrigo Estrada, [email protected], +1 202-344-9292

Septiembre 17 2019 Cambio Climático, Derechos Humanos

Organizaciones y jóvenes de huelga climática suman esfuerzos

Diversas organizaciones de la sociedad civil anuncian su participación en la semana de acción global por el futuro del 20 al 27 de septiembre. Demandan que México declare Emergencia Climática y tome acción inmediata correspondiente. Ciudad de México. Por este medio, queremos informarles que 39 organizaciones de la sociedad civil trabajando temas diversos nos sumamos a la iniciativa de jóvenes de Fridays For Future Ciudad de México para llamar la atención sobre la grave crisis climática global y la urgente necesidad de tomar acciones sin precedentes para evitar peores escenarios en el futuro. Las consecuencias sociales, ambientales y económicas de mantener los modelos de producción y de consumo actuales serán sufridas en mayor medida por las personas jóvenes, niños, niñas y por quienes aún no nacen. Debido a lo anterior, la legítima demanda de acción y justicia climática de jóvenes alrededor del mundo cada vez suma más voces. Hoy, México ocupa el puesto número 13 de países con mayores emisiones de contaminantes a la atmósfera, esto quiere decir que somos corresponsables de todas las consecuencias, impactos y cambios que vemos actualmente en el planeta. Nuestro país tiene la oportunidad de tomar acciones inmediatas y efectivas para reducir sus emisiones, eliminar el uso de combustibles fósiles y adoptar un modelo basado en energías renovables y asegurar la distribución equitativa de recursos, así como buscar sistemas sustentables de producción de alimentos. No podemos seguir otorgando permisos, tiempo y concesiones a las empresas para que continúen con sus prácticas contaminantes. En México, el 69% de la población y 71% de las actividades económicas son vulnerables a los efectos del cambio climático, lo cual contribuye a exacerbar las crisis y desigualdades sociales. El incremento de la temperatura tendrá una consecuencia directa en la pérdida de especies, contaminación local, mala calidad del aire, agua y suelo, así como en la ya reducida disponibilidad de agua dulce. Será también un factor que agravará las tendencias migratorias, acelerando y generando conflictos geopolíticos en la región, atentando directamente contra los derechos humanos, especialmente de los grupos más vulnerables. Por todo lo expuesto anteriormente, nuestras demandas son las siguientes: Declaración de emergencia climática nacional. Que el Gobierno de México reconozca la crisis ambiental que vivimos y emita una declaratoria de “Emergencia climática” que establezca como prioridad nacional la integración de políticas y esfuerzos climáticos con mecanismos claros y verificables, así como presupuesto suficiente y metas anuales para cumplir con las Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional que limiten el aumento de la temperatura global a 1.5°C. Compromiso nacional e internacional con un plan detallado. Que el gobierno de México presente ante la Cumbre sobre la Acción Climática de Naciones Unidas (que se llevará a cabo en Nueva York el próximo 23 de septiembre) un plan detallado en donde se comprometa a incrementar sustancialmente sus acciones actuales para poner el país en la trayectoria identificada por el IPCC. Reducción de las emisiones de GEI al 50% en 2030 y alcanzar cero emisiones en 2050. Que se tomen todas las medidas necesarias incluyendo el abandono gradual pero acelerado del uso de combustibles fósiles impulsando una transición energética justa hacia energías renovables. Enfoque de derechos humanos en las acciones por el clima. Que el gobierno de México garantice acciones climáticas que respeten y protejan los derechos humanos de todas y todos los mexicanos, apelando a medidas efectivas de reparación y que garanticen un futuro sostenible para la presente y futuras generaciones. Empezando por la ratificación y establecimiento del marco legal necesario para cumplir con el Acuerdo de Escazú sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales. Agricultura sostenible. Que se prohíba el uso de químicos, pesticidas y productos genéticamente modificados, con el fin de rescatar las formas de producción de alimentos tradicionales y locales; y que al mismo tiempo se diseñe una política de adaptación que parta de la contribución que la siembra y cultivo agroecológicos tienen para el enfriamiento del planeta. De igual manera, establecer políticas que disminuyan el enorme impacto negativo que tienen las técnicas de agricultura predominantes. Como organizaciones preocupadas por la emergencia climática a nivel global, nos sumaremos a la semana de acción global por el futuro del 20 al 27 de septiembre para demandar acción inmediata por la crisis climática organizando, difundiendo y participando en las actividades cuyo calendario se anexa. Organizaciones convocantes: Fridays For Future CDMX Alianza Internacional de Habitantes Alianza Mexicana contra el Fracking Asamblea Ciudadana del Pueblo de Xoco Asamblea General de los Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán Asociación de Consumidores Orgánicos Asociación de Usuarios del Agua de Saltillo AUAS, A.C. Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) Bicitekas Bike Recycling México CCL (Ciudadn@s por un Clima Vivible) Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C. (CEMDA) Centro para la Diversidad Biológica Colectivo E3 Contaminantes Anónimus Coordinadora Nacional de Usuarios en Resistencia - CONUR Coordinadora Socialista Revolucionaria - CSR El Poder del Consumidor Extinction Rebellion - México Food & Water Watch Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua, Morelos, Puebla, Tlaxcala Fundar – Centro de Análisis e Investigación Greenpeace México Grupo de Estudios Ambientales GEA Huerto Roma Verde La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (La Vida) Llamado Mundial para Frenar el Cambio Climático Misión Planeta A.C. Pobladores A.C. Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) Raké (Sociedad de alumnos de Relaciones Internacionales de la Ibero) Reacción por el Planeta Red por los Derechos de la Infancia en México Regeneration International Ruta Cívica Servicios y Asesoría para la Paz A.C. Taller13 Contacto de prensa: [email protected]

Septiembre 11 2019 Fracking

Celebramos que el Consejo de Estado mantenga la suspensión del fracking en Colombia

Nos sentimos orgullosos de ser parte del litigio en el que esta decisión ocurre y esperamos que el alto tribunal siga priorizando el principio de precaución y considerando los riesgos de daños que el fracking implica para el ambiente y la salud humana. Bogotá, Colombia. En el marco de la demanda de nulidad interpuesta por la Clínica Jurídica de Interés Público de la Universidad del Norte, el Consejo de Estado se abstuvo de revertir la suspensión provisional de la reglamentación para la exploración y explotación de yacimientos no convencionales de hidrocarburos mediante fracturación hidráulica. Ello significa que esa técnica continúa suspendida, que actualmente no es legal llevarla a cabo y que Colombia vive una moratoria al frackingpor orden judicial. Con su decisión, el Consejo de Estado, alto tribunal colombiano, desestimó la solicitud presentada por el gobierno, que buscaba levantar la suspensión vigente desde noviembre del año pasado y dar vía libre al fracking en el país. Desde AIDA celebramos la decisión adoptada por el Consejo de Estado y nos sentimos muy honrados de ser parte de este litigio. Se trata sin duda de un paso en la dirección correcta ante el alto grado de incertidumbre sobre los riesgos asociados al fracking. Entre ellos están la contaminación del aire y de fuentes de agua superficiales y subterráneas, daños a la salud humana y emisiones de metano a la atmósfera, potente gas de efecto invernadero y una de las causas principales de la crisis climática que el mundo enfrenta. En ese escenario, la urgencia de transitar hacia energías limpias es evidente. El alto tribunal concluyó que se debía aplicar el principio de precaución ya que, incluso sin certeza científica absoluta, hay pruebas mínimas de daños potenciales derivadas de una aparente deficiencia en las medidas contempladas en la reglamentación del fracking. Colombia apunta hoy a ser un ejemplo para América Latina. La suspensión provisional de la reglamentación corresponde a una medida cautelar mientras se resuelve definitivamente el caso. Es fundamental que el Consejo de Estado continúe dando prioridad al principio de precaución, teniendo en cuenta la falta de certeza plena sobre los riesgos de daños irreversibles que el fracking implica para el ambiente, el clima y para las personas. En AIDA saludamos la independencia judicial, pues es fundamental para la protección del ambiente por medio del derecho. Esperamos que el proceso judicial en curso considere apropiadamente las pruebas y argumentos presentados, incluidos los relacionados con una tarea cada vez más urgente: la lucha contra la emergencia climática. Contacto de prensa: Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +5215570522107