Prensa
Organizaciones y jóvenes de huelga climática suman esfuerzos
Diversas organizaciones de la sociedad civil anuncian su participación en la semana de acción global por el futuro del 20 al 27 de septiembre. Demandan que México declare Emergencia Climática y tome acción inmediata correspondiente. Ciudad de México. Por este medio, queremos informarles que 39 organizaciones de la sociedad civil trabajando temas diversos nos sumamos a la iniciativa de jóvenes de Fridays For Future Ciudad de México para llamar la atención sobre la grave crisis climática global y la urgente necesidad de tomar acciones sin precedentes para evitar peores escenarios en el futuro. Las consecuencias sociales, ambientales y económicas de mantener los modelos de producción y de consumo actuales serán sufridas en mayor medida por las personas jóvenes, niños, niñas y por quienes aún no nacen. Debido a lo anterior, la legítima demanda de acción y justicia climática de jóvenes alrededor del mundo cada vez suma más voces. Hoy, México ocupa el puesto número 13 de países con mayores emisiones de contaminantes a la atmósfera, esto quiere decir que somos corresponsables de todas las consecuencias, impactos y cambios que vemos actualmente en el planeta. Nuestro país tiene la oportunidad de tomar acciones inmediatas y efectivas para reducir sus emisiones, eliminar el uso de combustibles fósiles y adoptar un modelo basado en energías renovables y asegurar la distribución equitativa de recursos, así como buscar sistemas sustentables de producción de alimentos. No podemos seguir otorgando permisos, tiempo y concesiones a las empresas para que continúen con sus prácticas contaminantes. En México, el 69% de la población y 71% de las actividades económicas son vulnerables a los efectos del cambio climático, lo cual contribuye a exacerbar las crisis y desigualdades sociales. El incremento de la temperatura tendrá una consecuencia directa en la pérdida de especies, contaminación local, mala calidad del aire, agua y suelo, así como en la ya reducida disponibilidad de agua dulce. Será también un factor que agravará las tendencias migratorias, acelerando y generando conflictos geopolíticos en la región, atentando directamente contra los derechos humanos, especialmente de los grupos más vulnerables. Por todo lo expuesto anteriormente, nuestras demandas son las siguientes: Declaración de emergencia climática nacional. Que el Gobierno de México reconozca la crisis ambiental que vivimos y emita una declaratoria de “Emergencia climática” que establezca como prioridad nacional la integración de políticas y esfuerzos climáticos con mecanismos claros y verificables, así como presupuesto suficiente y metas anuales para cumplir con las Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional que limiten el aumento de la temperatura global a 1.5°C. Compromiso nacional e internacional con un plan detallado. Que el gobierno de México presente ante la Cumbre sobre la Acción Climática de Naciones Unidas (que se llevará a cabo en Nueva York el próximo 23 de septiembre) un plan detallado en donde se comprometa a incrementar sustancialmente sus acciones actuales para poner el país en la trayectoria identificada por el IPCC. Reducción de las emisiones de GEI al 50% en 2030 y alcanzar cero emisiones en 2050. Que se tomen todas las medidas necesarias incluyendo el abandono gradual pero acelerado del uso de combustibles fósiles impulsando una transición energética justa hacia energías renovables. Enfoque de derechos humanos en las acciones por el clima. Que el gobierno de México garantice acciones climáticas que respeten y protejan los derechos humanos de todas y todos los mexicanos, apelando a medidas efectivas de reparación y que garanticen un futuro sostenible para la presente y futuras generaciones. Empezando por la ratificación y establecimiento del marco legal necesario para cumplir con el Acuerdo de Escazú sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales. Agricultura sostenible. Que se prohíba el uso de químicos, pesticidas y productos genéticamente modificados, con el fin de rescatar las formas de producción de alimentos tradicionales y locales; y que al mismo tiempo se diseñe una política de adaptación que parta de la contribución que la siembra y cultivo agroecológicos tienen para el enfriamiento del planeta. De igual manera, establecer políticas que disminuyan el enorme impacto negativo que tienen las técnicas de agricultura predominantes. Como organizaciones preocupadas por la emergencia climática a nivel global, nos sumaremos a la semana de acción global por el futuro del 20 al 27 de septiembre para demandar acción inmediata por la crisis climática organizando, difundiendo y participando en las actividades cuyo calendario se anexa. Organizaciones convocantes: Fridays For Future CDMX Alianza Internacional de Habitantes Alianza Mexicana contra el Fracking Asamblea Ciudadana del Pueblo de Xoco Asamblea General de los Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán Asociación de Consumidores Orgánicos Asociación de Usuarios del Agua de Saltillo AUAS, A.C. Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) Bicitekas Bike Recycling México CCL (Ciudadn@s por un Clima Vivible) Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C. (CEMDA) Centro para la Diversidad Biológica Colectivo E3 Contaminantes Anónimus Coordinadora Nacional de Usuarios en Resistencia - CONUR Coordinadora Socialista Revolucionaria - CSR El Poder del Consumidor Extinction Rebellion - México Food & Water Watch Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua, Morelos, Puebla, Tlaxcala Fundar – Centro de Análisis e Investigación Greenpeace México Grupo de Estudios Ambientales GEA Huerto Roma Verde La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (La Vida) Llamado Mundial para Frenar el Cambio Climático Misión Planeta A.C. Pobladores A.C. Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) Raké (Sociedad de alumnos de Relaciones Internacionales de la Ibero) Reacción por el Planeta Red por los Derechos de la Infancia en México Regeneration International Ruta Cívica Servicios y Asesoría para la Paz A.C. Taller13 Contacto de prensa: [email protected]
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Celebramos que el Consejo de Estado mantenga la suspensión del fracking en Colombia
Nos sentimos orgullosos de ser parte del litigio en el que esta decisión ocurre y esperamos que el alto tribunal siga priorizando el principio de precaución y considerando los riesgos de daños que el fracking implica para el ambiente y la salud humana. Bogotá, Colombia. En el marco de la demanda de nulidad interpuesta por la Clínica Jurídica de Interés Público de la Universidad del Norte, el Consejo de Estado se abstuvo de revertir la suspensión provisional de la reglamentación para la exploración y explotación de yacimientos no convencionales de hidrocarburos mediante fracturación hidráulica. Ello significa que esa técnica continúa suspendida, que actualmente no es legal llevarla a cabo y que Colombia vive una moratoria al frackingpor orden judicial. Con su decisión, el Consejo de Estado, alto tribunal colombiano, desestimó la solicitud presentada por el gobierno, que buscaba levantar la suspensión vigente desde noviembre del año pasado y dar vía libre al fracking en el país. Desde AIDA celebramos la decisión adoptada por el Consejo de Estado y nos sentimos muy honrados de ser parte de este litigio. Se trata sin duda de un paso en la dirección correcta ante el alto grado de incertidumbre sobre los riesgos asociados al fracking. Entre ellos están la contaminación del aire y de fuentes de agua superficiales y subterráneas, daños a la salud humana y emisiones de metano a la atmósfera, potente gas de efecto invernadero y una de las causas principales de la crisis climática que el mundo enfrenta. En ese escenario, la urgencia de transitar hacia energías limpias es evidente. El alto tribunal concluyó que se debía aplicar el principio de precaución ya que, incluso sin certeza científica absoluta, hay pruebas mínimas de daños potenciales derivadas de una aparente deficiencia en las medidas contempladas en la reglamentación del fracking. Colombia apunta hoy a ser un ejemplo para América Latina. La suspensión provisional de la reglamentación corresponde a una medida cautelar mientras se resuelve definitivamente el caso. Es fundamental que el Consejo de Estado continúe dando prioridad al principio de precaución, teniendo en cuenta la falta de certeza plena sobre los riesgos de daños irreversibles que el fracking implica para el ambiente, el clima y para las personas. En AIDA saludamos la independencia judicial, pues es fundamental para la protección del ambiente por medio del derecho. Esperamos que el proceso judicial en curso considere apropiadamente las pruebas y argumentos presentados, incluidos los relacionados con una tarea cada vez más urgente: la lucha contra la emergencia climática. Contacto de prensa: Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +5215570522107
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Banco Interamericano de Desarrollo evade su responsabilidad por la riesgosa represa Hidroituango y las violaciones de derechos humanos relacionadas con ella
Mientras temen el colapso inminente de la represa, las comunidades de Antioquia, en Colombia, se enteran de la decisión de no investigar al brazo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que invierte en el sector público. Washington, D.C. El mes pasado, el Directorio y la Administración del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunciaron que no apoyarían una investigación del papel que jugó el Banco en el financiamiento de la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Ituango (Hidroituango) en Colombia. La decisión ignora las denuncias de daños graves y de gran alcance causados por el proyecto, y una crisis humanitaria que ha desplazado a cientos de familias y ha generado violaciones de derechos humanos, incluyendo asesinatos y la intimidación de miembros de las comunidades que se oponen a la represa. El aviso surge más de un año después de que las comunidades afectadas por la construcción de la represa Hidroituango en el Río Cauca, en Antioquia, presentaran un reclamo ante el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI). El reclamo, firmado por más de 400 individuos afectados por la represa, buscó remedio del MICI por los supuestos fracasos del BID a raíz del incumplimiento de sus propias salvaguardas ambientales y sociales. "Denunciamos públicamente la decisión del BID de evadir su responsabilidad por el daño ambiental y las violaciones a derechos humanos que han resultado del proyecto Hidroituango, y condenamos el papel del MICI en facilitar y apoyar manifiestamente esta decisión", declaró Isabel Zuleta, representante de Movimientos Ríos Vivos Antioquia. "Es inconcebible que el BID intente cambiar la historia absolviéndose de su responsabilidad de habilitar y financiar proyectos de desarrollo de alto riesgo que tienen impactos ambientales extremos y violan descaradamente los derechos humanos", agregó Zuleta. El Grupo del BID tiene dos brazos, uno que invierte en el sector público (el BID propiamente dicho) y otro que hace lo mismo en el sector privado, el BID Invest. A su vez, el MICI es el órgano de rendición de cuentas de la institución financiera, a cargo de evaluar el desempeño ambiental y social de sus inversiones. En 2012, en el inicio del proyecto, el BID invirtió en Hidroituango, lo cual allanó el camino y facilitó otras inversiones de millones de dólares por el BID Invest así como mil millones de dólares adicionales de parte de otros bancos internacionales. Pero el MICI, cuyo mandato es lograr la rendición de cuentas por daños causados en las inversiones del BID, recomendó la no investigación del papel del BID propiamente dicho en el proyecto. A pesar de la negativa a evaluar el desempeño del BID, la investigación por parte del MICI tiene la posibilidad de continuar respecto del BID Invest por haber invertido también en el proyecto Hidroituango. Sin embargo, ello depende completamente de la autorización del Directorio del Banco. Antes de que se autorizara la represa, las comunidades advirtieron precisamente sobre los impactos ambientales y sociales que han estado ocurriendo. "Para una institución cuya misión es mejorar las vidas de personas en América Latina, la decisión del BID es absurda, irresponsable e irrespetuosa. Muestra un completo desprecio por las personas que viven dentro de la Cuenca del Río Cauca. Desafortunadamente, esta indiferencia caracteriza con demasiada frecuencia la participación del BID en proyectos de infraestructura a gran escala en toda la región", dijo Alexandre Andrade Sampaio, del International Accountability Project. "¿Qué valor pueden tener las políticas ambientales y sociales del BID cuando son ignoradas y descartadas, precisamente cuando más se necesita proteger las vidas de las personas? Esta falta de responsabilidad es inaceptable, y demuestra por qué las comunidades afectadas por las acciones de los bancos de desarrollo ahora han recurrido a los tribunales para asegurar sus derechos", comentó Carla García Zendejas, abogada del Center for International Environmental Law (CIEL) haciendo referencia a la reciente sentencia de la Suprema Corte de los Estados Unidos en Jam v. IFC, la cual reconoce que las organizaciones internacionales tales como el BID no gozan de inmunidad ante litigios en tribunales de Estados Unidos. "Esta decisión ejemplifica los peligros de un mecanismo de rendición de cuentas que carece de independencia y legitimidad para iniciar y llevar a cabo una investigación genuina de los proyectos del Banco", agregó García Zendejas. "Desde su inicio, el proyecto Hidroituango hizo una evaluación de impactos débil, encuestas inexactas de las personas afectadas y una implementación y monitoreo ambiental deficientes, pero el BID continuó invirtiendo en él", sostuvo Carlos Lozano, Abogado Sénior de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). "El proyecto fue aprobado y está en proceso de construcción sin haber hecho previamente un diagnóstico de alternativas", puntualizó. Los miembros del Movimiento Ríos Vivos Antioquia, quienes representan a las comunidades afectadas en el reclamo, son víctimas de continuas amenazas, intimidación, homicidios y otras formas de violencia. El BID ha mostrado desinterés por la situación volátil que rodea a Hidroituango, incluida la presencia constante de grupos paramilitares en la región. También ha ignorado las peticiones de la comunidad para diferir la construcción de la presa para exhumar fosas comunes resultado del conflicto armado en el área afectada por la represa. Contactos de prensa Isabel Zuleta, Movimiento Ríos Vivos Antioquia, +57 3217347264, [email protected] Carla Garcia Zendejas, Center for International Law, +1 202 374 2550, [email protected] Alexandre Andrade Sampaio, International Accountability Project, [email protected] Carlos Lozano Acosta, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, [email protected] Nota para editores: El Proyecto Hidroeléctrico Ituango sería el más grande de Colombia, con una represa de 79 km de largo que inundará una superficie de 4,500 hectáreas. El Grupo BID ha financiado el proyecto a través de varios tipos de inversión: inicialmente USD $2 millones de apoyo técnico para el Estado Colombiano en 2012 y luego USD $550 millones en inversión directa en 2016 a Empresas Públicas de Medellín (EPM), la compañía encargada del proyecto. Adicionalmente, el BID maneja un paquete de inversión de mil millones de dólares, con fondos de diversos inversionistas institucionales, incluyendo a bancos europeos. Después de una falla de construcción en la represa, en mayo de 2018, más de 25,000 personas tuvieron que ser evacuadas de la región debido a las inundaciones, deslizamientos de tierra y avalanchas. La crisis humanitaria se ha agravado drásticamente: las personas han perdido sus propiedades, medios de vida y acceso a servicios de salud y educación, que de por sí siempre han sido precarios en la zona. Muchas personas se han desplazado y los que se han quedado no son atendidos adecuadamente. Además, los que pertenecen al Movimiento Ríos Vivos son discriminados. Hay falta de alimentos, enfermedades y los albergues son precarios. Las personas son presionadas a retornar a zonas de riesgo y a firmar documentos de renuncia a sus reclamos. En resumen, hay una situación sistemática de violación a los derechos humanos como consecuencia del proyecto.
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Denuncia sociedad civil responsabilidad de empresas en emergencia climática
Se manifiestan frente a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) para exponer que 100 compañías son responsables del 52% de las emisiones en la atmósfera desde la revolución industrial. Piden al gobierno reconocer la emergencia climática y avanzar en las políticas públicas para reducir las emisiones de CO2. Ciudad de México. Organizaciones de la sociedad civil y personas interesadas en frenar la emergencia climática que enfrenta nuestro planeta, se manifestaron este lunes frente a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a fin de generar conciencia sobre la relación que existe entre el acelerado calentamiento global y el modelo de desarrollo económico prevaleciente, el cual privilegia el consumo y la quema excesiva de combustibles fósiles por encima de la protección de los ecosistemas y los derechos humanos. De acuerdo con lo señalado por expertos del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) en el Reporte Especial de 1.5°C de calentamiento global, quedan menos de 11 años para reducir a la mitad las emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI) y limitar el incremento de la temperatura global en 1.5°C para finales del presente siglo. A pesar de esta emergencia, la Agencia Internacional de Energía reporta que la tendencia del sector energético continuará al alza en los próximos años. Las y los asistentes leyeron un pronunciamiento destacando que mantener el crecimiento económico y seguir midiendo el Producto Interno Bruto (PIB) sin considerar los daños a los ecosistemas y a los derechos humanos, es simplemente inaceptable. “Es necesario un cambio de paradigma en los modelos de producción, distribución y consumo. Apenas 100 compañías son responsables del 52% de las emisiones a la atmósfera desde la revolución industrial; 7% de la población más rica a nivel global es responsable de más de 50% de todas las emisiones acumuladas en la atmósfera, mientras que 50% de la población más pobre de este planeta no es responsable ni del 7% de las emisiones globales”. Añadieron que, del 2016 al 2018, es decir tres años a partir de la firma del Acuerdo de París, los 33 bancos más grandes del mundo reportaron una inversión de casi 2 trillones de dólares en la extracción y producción de combustibles fósiles. En 2018, el 87% del consumo primario de energía a nivel mundial seguía dependiendo de los combustibles fósiles. Ese mismo año, las emisiones globales del sector energético crecieron en un 2%. Al mismo tiempo, tan sólo en los países integrantes del G20, se invirtieron 147 mil millones de dólares en subsidios a combustibles fósiles. Con relación a lo que ocurre en México, se explicó que, de los proyectos contemplados por Petróleos Mexicanos (Pemex) se emitirán 3,305 millones de toneladas de bióxido de carbono (CO2) incumpliendo los compromisos al 2050. Recordaron que México se encuentra hoy en el puesto número 13 a nivel global como emisor de GEI; al mismo tiempo, cerca de 69% de la población y 71% de las actividades económicas son vulnerables a los efectos del cambio climático. Esta realidad obliga a tomar acciones urgentes para dejar atrás un modelo dependiente de los combustibles fósiles y transitar hacia las energías renovables con una visión de respeto a derechos humanos y distribución equitativa de consumo. De igual forma, el país debe adoptar sistemas sustentables -orgánicos y regenerativos de producción de alimentos y dejar de otorgar permisos y concesiones a empresas contaminantes. Por todo lo expuesto anteriormente, los manifestantes demandan: Que el gobierno de México reconozca la existencia de una emergencia climática, integre el combate al cambio climático como una prioridad nacional, genere políticas que incidan directamente en la reducción de las emisiones y asigne presupuesto suficiente que contribuya a los esfuerzos para frenar el aumento de la temperatura en 1.5°C; Que se tomen todas las medidas necesarias para que el país reduzca el 50% de sus emisiones en 2030 y alcance las emisiones cero en 2050, como lo establece el IPCC a nivel global; Que el gobierno de México garantice acciones climáticas que respeten y protejan los derechos humanos de todas y todos los mexicanos, apelando a medidas efectivas de reparación y que garanticen un futuro sostenible para la presente y futuras generaciones. Pedimos la ratificación y establecimiento del marco legal necesario para cumplir con el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú). Que el Estado mexicano prohíba el uso de químicos, pesticidas y productos genéticamente modificados, con el fin de rescatar las formas de producción de alimentos tradicionales y locales; y que al mismo tiempo se diseñe una política de adaptación que parta de la contribución que estos de siembra y cultivo agroecológicas tienen para el enfriamiento del planeta. Que el sector privado y las instituciones financieras internacionales reconozcan su cuota de responsabilidad en la crisis climática y se comprometan a dejar de financiar proyectos etiquetados como energía limpia, pero que agravan el problema, como es el caso de las hidroeléctricas, el gas natural o la nuclear, y que dirija el apoyo hacia energías realmente sostenibles y alternativas. Finalmente, los asistentes anunciaron que se sumarán a la semana de acción global por el futuro del 20 al 27 de septiembre para demandar acción inmediata por la emergencia climática; participando con los y las jóvenes, niñas y niños en la marcha de Fridays for Future el próximo 20 de septiembre a las 2 pm del Ángel al Zócalo. Organizaciones convocantes: Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), El Poder del Consumidor, Food & Water Watch, Greenpeace México, PODER (Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación, por sus siglas en inglés), Asociación de Consumidores Orgánicos, Regeneration International, Alianza Mexicana contra el Fracking, Red por los Derechos de la Infancia en México, Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, Fundación Heinrich-Böll - México y El Caribe, Extinction Rebellion - México, Huerto Roma Verde, Fundar – Centro de Análisis e Investigación, Servicios y Asesoría para la Paz A.C.
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Declaração da AIDA sobre a crise na Amazônia
A AIDA está profundamente preocupada com a grave situação na Amazônia, que está sendo devastada por um grande número de incêndios no Brasil e em outros países amazônicos. As consequências destes incêndios são devastadoras para a biodiversidade da zona e para as comunidades que a habitam, mas também para o planeta, que enfrenta uma crise climática que exige acções cada vez mais urgentes e eficazes. A Amazônia abriga 20% da água doce não congelada da Terra e um quarto das espécies do mundo. Além disso, a selva amazônica libera cerca de 20% do oxigênio que respiramos e armazena de 90 a 140 bilhões de toneladas de dióxido de carbono, regulando o clima global. A comunidade científica internacional destacou enfaticamente que a destruição das florestas tropicais causa 20% das emissões de gases de efeito estufa. Por esta razão, o ecossistema amazônico é vital para mitigar a crise climática. O atual surto de incêndios deixa à mostra a vulnerabilidade da Amazônia, que se deve a uma combinação de fatores, incluindo aumento das secas, desmatamento, usos insustentáveis do solo e do subsolo e aumento da temperatura global. O número recorde de incêndios na floresta amazônica agrava a crise climática e, com ela, a ameaça de desastres naturais cada vez mais devastadores. O aumento do desmatamento e a multiplicação de incêndios é o resultado das políticas, da retórica e das ações do governo de Jair Bolsonaro, que vêm ativamente desmantelando o arcabouço institucional que garante a devida proteção da Amazônia e de seus povos, ao mesmo tempo em que promove, de forma irresponsável, a expansão da fronteira agrícola, pecuária e extrativista na Amazônia. Esta tendência preocupante se repete no resto dos países chamados a proteger a bacia amazônica, como Bolívia, Peru, Equador, Colômbia e Venezuela, cujos governos também não estão fazendo os esforços necessários para preservar a Amazônia. Neste contexto, a AIDA exige que os Estados com jurisdição sobre a Floresta Amazônica tomem medidas urgentes para deter os incêndios. Insta também a comunidade internacional e os cidadãos a exercer pressão sobre os governos do Brasil e de outros países da região para que revertam o curso de suas ações e protejam efetivamente a Amazônia, sua biodiversidade e as pessoas que dela dependem. Nesse sentido, exigimos a todos os países com jurisdição sobre a Floresta Amazônica: Fortalecer instituições e normas ambientais; Suspender imediatamente a retórica que incentiva o desmatamento e a destruição da Amazônia; Impedir a expansão indiscriminada da fronteira agrícola, pecuária e extrativista na região; Adotar uma política de planejamento e utilização adequada dos solos; Assegurar a existência e restauração dos ciclos de vida dos ecossistemas; e Controlar o desmatamento e preservar a Amazônia com o apoio financeiro e técnico da cooperação internacional multilateral. Saiba mais sobre nosso trabalho na Amazônia. Contato de comunicação: Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +521 5570522107
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Pronunciamiento de AIDA ante la crisis en la Amazonía
AIDA manifiesta su profunda preocupación por la grave situación de la Amazonía, que está siendo arrasada por una gran cantidad de incendios en Brasil y en otros países amazónicos. Las consecuencias son devastadoras para la biodiversidad de la zona y para las comunidades que la habitan. También lo son para el planeta, que enfrenta una crisis climática que requiere de acciones cada vez más urgentes y efectivas. La Amazonía guarda el 20% del agua dulce no congelada de la Tierra y alberga una cuarta parte de las especies del mundo. Además, la selva amazónica libera cerca del 20% del oxígeno que respiramos y almacena de 90 mil a 140 mil millones de toneladas de dióxido de carbono, regulando el clima global. La comunidad científica internacional ha señalado enfáticamente que la destrucción de selvas tropicales causa el 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Por ello, el ecosistema amazónico es vital para la mitigación de la crisis climática. Los incendios que lo azotan demuestran que la Amazonía es más vulnerable que antes debido a una combinación de factores, entre ellos el aumento de las sequías, la deforestación, los usos no sostenibles del suelo y del subsuelo y el aumento de la temperatura global. El número récord de fuegos en la selva amazónica agrava la crisis climática y con ella la amenaza de desastres naturales cada vez más nefastos. Ese mismo resultado tienen las políticas, retórica y acciones del gobierno de Jair Bolsonaro, que desmantelan activamente la debida protección del Amazonas y de sus pueblos indígenas, al tiempo que promueven de manera irresponsable la expansión de la frontera agrícola, ganadera y extractiva en la Amazonía, la cual conlleva un incremento de la deforestación y las consecuencias que hoy estamos presenciando. Esta preocupante tendencia se repite en el resto de los países llamados a proteger la cuenca amazónica como Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela, cuyos gobiernos tampoco han hecho lo suficiente para preservar la Amazonía. Ante este panorama, AIDA exige a los gobiernos de la cuenca Amazónica adoptar medidas urgentes para detener los incendios. Además, exhorta a la comunidad internacional y a la ciudadanía a ejercer presión sobre los gobiernos de Brasil y del resto de países de la región para que reviertan el curso de sus acciones y protejan efectivamente la Amazonía, su biodiversidad y a las personas que dependen de ella. Exigimos acciones concretas de estos gobiernos: Fortalecer la institucionalidad y las normas ambientales; Suspender inmediatamente la retórica que alienta la deforestación y la destrucción de la Amazonía; Detener la expansión indiscriminada de la frontera agrícola, ganadera y extractiva en la zona; Adoptar una planificación y uso adecuado de suelos; Garantizar la existencia y restauración de los ciclos vitales del ecosistema; y Controlar la deforestación y conservar la Amazonía con el apoyo financiero y técnico de la cooperación internacional multilateral. Conoce aquí más de nuestro trabajo por el Amazonas. Contacto de prensa: Victor Quintanilla (México), [email protected], +5215570522107
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Defienden a Yum Balam, ecosistema clave para la biodiversidad y el clima
AIDA presentó un escrito legal que evidencia la importancia del área protegida, así como las obligaciones internacionales de México en materia ambiental y de derechos humanos para preservarlo frente a la intención de instalar allí 21 mil cuartos de hotel, un proyecto que implicaría daños significativos en el sitio. Cancún, México. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) presentó ante el Juzgado Séptimo de Distrito del Estado de Quintana Roo un escrito legal (Amicus Curiae) para defender el Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam, ubicada al norte del estado. En 2018, cuando se publicó el Programa de Manejo del sitio, propietarios privados y ejidales presentaron varias demandas de amparo en contra del mismo y del decreto de creación del área protegida argumentando afectaciones a sus derechos de participación, propiedad y legalidad. Antes de la publicación del Programa de Manejo, el Consejo Asesor del área protegida recibió el informe de una consultoría que recomienda, por ser económicamente viable, la construcción dentro de Yum Balam de un megaproyecto turístico que contempla 21 mil cuartos de hotel. “Esa viabilidad está en duda porque cada cuarto de hotel generaría cambios en el uso del suelo, incremento poblacional, pérdida de flora y fauna y otros daños irrreversibles en las características ecológicas del lugar”, afirmó Camilo Thompson, abogado de AIDA. “Lo que está en juego es conservar el aporte que Yum Balam realiza al disfrute de un ambiente sano para las generaciones presentes y futuras”. El decreto de creación del área protegida, que data de 1994, pone al interés público y a la regulación de los entornos naturales que benefician a todo el país por encima de intereses privados. Y el Programa de Manejo está orientado a regular la conservación y uso sostenible de Yum Balam. Adicionalmente, el sitio es considerado Humedal de Importancia Prioritaria Internacional bajo la Convención Ramsar. “De acuerdo con un estudio, los manglares y pastos marinos de Yum Balam evitan la fuga de 38.5 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2), equivalentes a la emisión de gases de efecto invernadero de 9.4 millones de mexicanos”, resaltó Pilar Diez, Directora Regional del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA-Sureste). En sus 152 mil hectáreas de superficie, el sitio posee también arrecifes y dunas costeras. Es hábitat de más del 90% de las aves endémicas de la Península de Yucatán, de tortugas marinas en estado de protección especial como la carey y la caguama, de tiburones ballena y delfines, y de especies terrestres en peligro de extinción como el jaguar. De hecho, el significado en maya de Yum Balam es Señor Jaguar. “Con el escrito buscamos documentar la importancia nacional y mundial de Yum Balam en un contexto crisis climática”, dijo Thompson. “Apostar por el desarrollo de megaproyectos turísticos es incompatible con la tarea urgente de enfrentar esa crisis y lograr justicia climática”. Tanto el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de Naciones Unidas (IPCC por sus siglas en inglés) como la Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (IPBES) han sido muy firmes respecto a la situación actual de pérdida de ecosistemas y a las acciones urgentes que todos los países deben adoptar ante la crisis climática. “El escrito documenta el marco legal internacional según el cual el Estado mexicano está obligado a garantizar derechos humanos fundamentales como el derecho a un ambiente sano”, explicó Thompson. “México tiene la obligación de conservar su biodiversidad: sus humedales costeros, bosques, selvas y otros ecosistemas que regulan el clima y contribuyen a la pesca y al turismo”. Por tanto, la decisión del Juzgado debe ser congruente y progresiva con ese contexto, dando continuidad a la protección de Yum Balam. Contacto de prensa: Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +521 5570522107
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Los desafíos de los pueblos indígenas frente a proyectos de desarrollo
Ciudad de México. El 9 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Pueblos indígenas, siendo un momento para reflexionar acerca del legado que ellos han heredado de sus ancestros, sus prácticas bioculturales, su manera de relacionarse con la gente y la naturaleza. Pero no solo eso. Retienen además esquemas sociales, culturales, económicos y políticos distintos de los dominantes en la sociedad mexicana y que, lamentablemente, enfrentan grandes retos y problemáticas a la hora de proteger sus derechos individuales y colectivos como pueblos diferentes. Los pueblos originarios han buscado por años el reconocimiento y respeto de sus identidades, su forma de vida y el derecho sobre sus tierras y territorios, así como la lucha por la defensa de sus recursos naturales. Pese a ello, a lo largo de la historia sus derechos han sido violados. En la actualidad, se encuentran sin duda entre las poblaciones más vulnerables y perjudicadas por el modelo de desarrollo promovido por años. El caso particular de las comunidades mayas radicadas en Hopelchen, Campeche, no es la excepción. El permiso 07_2012 otorgado a la empresa Monsanto en 2012 para la siembra comercial de 253,500 hectáreas de soya genéticamente modificada (GM) para 7 estados del país, incluyendo los de la Península de Yucatán vino a trastocar la economía, la convivencia y relativa paz en la región. A pesar del impacto negativo y la transformación sustancial que la siembra de soya transgénica conlleva en los modos de vida de los campesinos de la región, las comunidades indígenas afectadas no fueron informadas y mucho menos consultadas sobre el permiso otorgado a la empresa; tampoco sobre la pertinencia de sembrar esta oleaginosa, principalmente destinada para producción de aceites y grasas, así como alimentos para animales. En 2019 las comunidades mayas viven en resistencia frente a distintas afectaciones vinculadas a dicho cultivo: su principal actividad económica, la apicultura, exportada en su mayoría a la Unión Europea, ha sufrido mermas, no solo por el abuso de agroquímicos sino por la reducción de zonas de pecoreo para las abejas debido a la tala ilegal de montes y selvas, siendo el municipio de Hopelchen de los más deforestados en todo el país. Hay que reconocer que las abejas no son las únicas víctimas de este modelo de desarrollo depredador sino también la flora y fauna de la región, junto con los cultivos de las propias comunidades. El crecimiento acelerado de las áreas de cultivo para el establecimiento de grandes extensiones de monocultivos no solo trae como consecuencia la deforestación. Se han abierto a la agricultura zonas de selvas inundables (no aptas para el uso agrícola) en donde se han desecado aguadas y se construyen pozos de absorción de agua ilegales para evitar que los cultivos se inunden. Estos pozos de absorción actúan como desagües a través de los cuales enormes cantidades de residuos de agrotóxicos, incluyendo el potencialmente cancerígeno glifosato, contaminan el agua en los mantos freáticos, de la cual se abastecen las comunidades para consumo humano, sin que ninguna autoridad les informe sobre las afectaciones en su salud a mediano y largo plazo. Por otro lado, el descontrolado incremento de fumigaciones aéreas con agroquímicos muy cercanas a poblados como Suc Tuc, Ich-Ek, Poste y Sahcabchen, del municipio de Hopelchén, pone en evidencia el nulo control de las avionetas que pasan cerca de las comunidades, rociándolas con agroquímicos, omitiendo la aplicación de medidas sanitarias o fitosanitarias adecuadas, provocando no solo que los habitantes perciban el olor de los químicos sino que algunos reporten dolor de cabeza, mareos y vómito. El riesgo para la salud humana que esto implica es muy grande. Además se observan graves daños en la apicultura y las selvas de los ejidos que colindan con las áreas fumigadas. Los peligros que conlleva el actual modelo agroindustrial basado en semillas transgénicas, monocultivos y agroquímicos, ha violentado diversos derechos humanos de las comunidades mayas, como el derecho a la salud, al agua libre de sustancias químicas, al medio ambiente sano, a la alimentación, a ser informados, escuchados y consultados, entre otros. Las comunidades mayas de Hopelchén, apoyadas por investigadores, académicos y organizaciones de la sociedad civil, han venido denunciando desde hace ocho años las afectaciones y los riesgos asociados a este modelo depredador. “Estos dos modelos de desarrollo hoy confrontan a los pobladores de Hopelchén, ejerciendo presión de un grupo sobre otro que, incluso, alcanzan niveles preocupantes de descalificaciones y acusaciones falsas, como el que las comunidades mayas en resistencia “son marionetas de ambientalistas”. Estas declaraciones buscan acallar las voces de líderes indígenas y de sus familias, vulneran su integridad y se dan en un contexto de omisión por parte de las autoridades al no asumir su responsabilidad en la aplicación y cumplimiento de la ley, atentando contra el derecho a emprender la defensa de los derechos humanos ¡Esto debe parar ya¡”, señaló Carlos Escoffié, abogado del Colectivo de Comunidades de Los Chenes. “Las corporaciones deben responsabilizarse por sus impactos al ambiente y a la salud de las poblaciones, respetando sus derechos humanos; mientras que los agentes del Estado deben prevenir, investigar, sancionar y reparar, así como defender y garantizar esos derechos humanos, actuando en favor de los pueblos y comunidades indígenas en lugar de apoyar los intereses económicos empresariales”, explicó Maria Colin, campañista legal de Greenpeace México. “El gobierno mexicano debe cambiar las políticas agrícolas erróneas que promueven un modelo basado en monocultivos, plaguicidas y transgénicos y, en vez de ello, apoyar a los agricultores y comunidades indígenas que producen alimentos sanos mediante un buen manejo sustentable de sus recursos naturales, en armonía con la naturaleza”, señaló Colin. Suscriben: Greenpeace México Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos Cohesión Comunitaria e Innovación Social Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. Colectivo de Comunindades Mayas de los Chenes. Contactos de prensa: Angélica Simón, Greenpeace, 5534313544 Colectivo de Comunidades de Los Chenes, [email protected] Victor Quintanilla, AIDA, [email protected], +521 5570522107
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Comunidades y organizaciones piden asistencia técnica internacional para rescatar lagos Poopó y Uru Uru en Bolivia
Solicitan la visita y recomendaciones de expertos de la Convención Ramsar, tratado intergubernamental para la protección de humedales. Los lagos están en grave riesgo por la actividad minera, el desvío de ríos y la crisis climática. De su recuperación depende la subsistencia de comunidades indígenas, así como de especies clave de animales y plantas. La Paz, Bolivia. Comunidades locales y organizaciones ambientales, sociales y de mujeres solicitan que la Secretaría de la Convención Ramsar, tratado intergubernamental para la protección de humedales, envíe una misión de expertos al país para evaluar la salud de los lagos Poopó y Uru Uru, así como para hacer recomendaciones al Estado boliviano para la recuperación urgente de esos ecosistemas. “El conocimiento especializado sobre humedales de la Convención de Ramsar puede ser de enorme utilidad para salvar los lagos Poopó y Uru Uru”, sostuvo Carlos Lozano Acosta, abogado sénior de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Ubicados en la parte central-este del altiplano boliviano, estos lagos son fuente importante de agua para la biodiversidad de la zona, en especial para varias especies de aves endémicas y migratorias. El lago Poopó es el segundo más grande de Bolivia después del emblemático lago Titicaca. Son el hábitat donde se concentra la mayor cantidad de flamencos en el altiplano boliviano y, posiblemente, en toda la región altoandina de Sudamérica. Estos ecosistemas altiplánicos son también hogar de especies únicas como la keñola (Rollandia microptera), especie en peligro de extinción. De la preservación de los lagos Poopó y Uru Uru depende también los modos de vida y medios de subsistencia de poblaciones campesinas e indígenas, entre ellas comunidades quechuas, aymaras y los Uru Murato o “pueblos del agua”, una de las naciones indígenas originarias más antiguas de Bolivia. “Justamente para preservarlos es que el gobierno inscribió en 2002 a los lagos Poopó y Uru Uru como humedales de importancia prioritaria internacional bajo la Convención Ramsar”, recordó Sergio Vásquez, director del Centro de Comunicación y Desarrollo Andino (CENDA). “Queremos que Ramsar apoye al Estado boliviano para proteger a éstos y a otros humedales altoandinos”. En diciembre de 2015, los niveles de agua del lago Poopó se redujeron a tal grado que el cuerpo de agua desapareció, hecho considerado como una de las mayores catástrofes ambientales del país. Las causas fueron varias: la sedimentación producida por la minería, el desvío de sus afluentes y fenómenos naturales agravados por la crisis climática. Aunque el lago Poopó logró aumentar su caudal en tiempo de lluvia, su situación aún es muy crítica en época seca. “Por ello pedimos que expertos de Ramsar identifiquen medidas para fortalecer la vigilancia y monitoreo de estos ecosistemas”, señaló Ángela Cuenca, del Colectivo de Coordinación de Acciones Socioambientales (Colectivo CASA). “Queremos además que recomienden acciones de mitigación y restauración ante los daños ocasionados por actividades mineras”. La degradación de los lagos Poopó y Uru Uru incide directamente en el bienestar de las personas que dependen de ellos, generando daños en la salud, especialmente en mujeres, niñas y niños. Los Uru Murato, antes dedicados a la pesca, se vieron obligados a migrar para trabajar en las minas, convirtiéndose en “refugiados climáticos”. “Las mujeres indígenas y campesinas vivimos y sentimos los efectos de la contaminación y desaparición del lago, porque somos nosotras las responsables del sostenimiento y alimentación de nuestras familias”, resaltó Margarita Aquino, de la Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Madre Tierra – RENAMAT. "Las fuentes de agua son vitales para la Madre Tierra y para nuestras comunidades". Consulta y descarga la infografía del caso Contacto de prensa: Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +5215570522107
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Nosotros también gritamos por la paz: Organizaciones internacionales de la sociedad civil acompañamos a los y las colombianas que mañana marchan por la paz
Las Américas. Mientras que los colombianos y las colombianas marchan por la paz en su país éste 26 de julio, hacemos eco de sus reclamos exigiendo un final permanente a la guerra que cobró 260,000 vidas y obligó a 8 millones de personas a huir de sus hogares, la mayoría pertenecientes a comunidades afrodescendientes y pueblos indígenas, y principalmente mujeres y niños. Nos sumamos a su llamado exigiendo que el gobierno colombiano proteja a los líderes y las lideresas sociales que trabajan para crear condiciones de paz en sus territorios. Centenares de personas han sido asesinadas desde el 2016 cuando se firmaron los acuerdos de paz, mientras que muchas más viven una situación de amenazas y ataques constantes. Esta tragedia debe cesar. Apoyamos las voces que hoy urgen al Estado de Colombia a implementar plenamente los acuerdos de paz, firmados entre el gobierno y las FARC y a proteger la vida e integridad de los líderes. De lo contrario, Colombia perderá esta única oportunidad para alcanzar la paz. Por último, hacemos un llamado a los Estados Unidos y a la comunidad internacional en general para que apoyen con entusiasmo la implementación efectiva de los acuerdos. Nos solidarizamos con los millones de colombianos y colombianas que luchan para crear una paz justa, completa y duradera y que mañana dicen #26deJulioElGrito. Firman: 350.org Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos Acción Solidaria ActionAid USA AFL-CIO ÁGORA Espacio Civil Paraguay Amazon Watch Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. (ASILEGAL) Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) Center for Justice and International Law (CEJIL) Center for Reproductive Rights Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C. - México Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA) Centro de Documentación en Derechos Humanos "Segundo Montes Mozo S.J." (CSMM) Chicago Religious Leadership Network on Latin America (CRLN) Christian Peacemaker Teams Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) CIVICUS - World Alliance for Citizen Participation Colombia Grassroot Support, New Jersey Colombia Human Rights Committee, Washington DC Comisión Ecuménica de Derechos Humanos Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres Convergencia por los Derechos Humanos Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú Corporación Humanas Chile CSW Defensor de derechos humanos en México Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras (ERIC-SJ) Global Witness International Institute on Race, Equality and Human Rights (Race and Equality) International Labor Rights Forum International Rivers InterReligious Task Force On Central America and Colombia Latin America Working Group (LAWG) Movimiento Autónomo de Mujeres, Nicaragua Mujeres Libres COLEM, A.C. Grupo de Mujeres de San Cristóbal Las Casas, A.C. NJ Peace Council Not1More Oxfam Paz y Esperanza Presbyterian Church USA Presbyterian Peace Fellowship Red Para la Infancia y la Adolescencia de El Salvador (RIA) Redes por los Derechos de la Infancia (REDIM) Robert F. Kennedy Human Rights Servicio Internacional para los Derechos Humanos (ISHR) United Church of Christ, Justice and Witness Ministries Washington Office on Latin America (WOLA) Witness for Peace Solidarity Collective
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