Prensa

May 14 2020 Grandes Represas, Derechos Indígenas, Transparencia y Rendición de Cuentas

Aplaudimos la exclusión de Eletrobras del fondo petrolero noruego

El Consejo de Ética que rige al mayor fondo soberano del mundo recomendó la medida debido a la participación de la empresa estatal brasileña en el proyecto hidroeléctrico Belo Monte, asociado con graves violaciones a los derechos humanos de pueblos indígenas. El pasado 13 de mayo, el fondo petrolero noruego, considerado el mayor fondo soberano del mundo, excluyó de su cartera de inversiones a doce compañías por razones éticas, entre ellas a la brasileña Eletrobras por su participación en el proyecto hidroeléctrico Belo Monte. El fondo es gestionado por el banco público Norges Bank Investment Management, que sigue las recomendaciones que cada año hace el Consejo Ético para que las inversiones se ajusten a criterios determinados. El Consejo señaló que el proyecto Belo Monte, a cargo del consorcio Norte Energía —del cual Eletrobras es parte—, provocó “una mayor presión sobre tierras indígenas, la desintegración de las estructuras sociales de los pueblos indígenas y el deterioro de sus modos de vida” con el desplazamiento forzado de unas 20 mil personas. AIDA —como parte de un esfuerzo conjunto de la sociedad civil— informó al Consejo de la situación de la población indígena y ribereña afectada por el proyecto, de los impactos sociales y ambientales del mismo, de la situación operativa de la represa y de la situación actual de las acciones judiciales nacionales e internacionales interpuestas contra el proyecto. Consideramos que la decisión del Consejo debe ser aplaudida ya que desincentiva la continuidad de proyectos no sostenibles y mal llamados de desarrollo, que amenazan la supervivencia de pueblos indígenas y tradicionales, como es el caso de Belo Monte. Creemos fundamental que los bancos, instituciones financieras internacionales y fondos monetarios tengan en cuenta los impactos probables de los proyectos que financian. Apoyar a proyectos social y ambientalmente sostenibles por encima de iniciativas que priorizan el beneficio económico y no la protección de los derechos humanos y el ambiente demuestra una inversión responsable y ética. Contacto de prensa Victor Quintanilla, [email protected], +5215570522107

May 06 2020 Cambio Climático

México: CENACE obstaculiza transición energética necesaria para combatir el cambio climático

El Acuerdo emitido por CENACE no tiene justificación técnica ni jurídica y tiene implicaciones muy severas en cuestiones de salud y emisiones de gases efecto invernadero. El Acuerdo beneficia la generación de electricidad sucia, cara y obsoleta a partir de combustóleo resultante de procesos de refinación. Las modificaciones realizadas atentan contra el cumplimiento de los objetivos climáticos establecidos en la Ley General de Cambio Climático y a lo comprometido por México en el Acuerdo de París. Ciudad de México. El Acuerdo para garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional y emitido por el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) el pasado 29 de abril, justificado absurdamente y sin sentido por la crisis sanitaria del COVID-19, representa un obstáculo y una amenaza a la ya insuficiente política climática y a la consecución de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas que el Estado mexicano presentó en cumplimiento al Acuerdo de París y que están estipuladas en la Ley General de Cambio Climático y la Ley de Transición Energética, limitando la operación de las plantas de generación renovable y frenando, sin justificación técnica ni jurídica, la entrada en operación de las nuevas plantas que ganaron las subastas de energía. Las energías renovables, lejos de poner en riesgo el sistema eléctrico nacional, pueden construir un sistema más resiliente, justo y accesible. En un país en el que más del 30% de los hogares sufren algún tipo de pobreza energética, está claro que el sistema eléctrico basado en proyectos fósiles centralizados no ha sido efectivo en generar acceso; las energías renovables, además de coadyuvar a la consecución de las metas climáticas de México, combaten la pobreza energética, generan empleos y fomentan el ahorro y eficiencia en el consumo de energía. El reciente Acuerdo emitido por el CENACE abre la oportunidad de poner en marcha plantas de generación eléctricas a base de combustóleo (combustible residual de los procesos de refinación de petróleo) que estaban en desuso y programadas para ser retiradas del sistema eléctrico debido a su ineficiencia, altos costos económicos, de salud, ambientales y por sus emisiones de gases efecto invernadero. Recordemos que tan sólo por la contaminación por material particulado en México el Instituto de Evaluación y Métricas en Salud (IHME) de la Universidad de Washington estima que en 2017 murieron al menos 36 mil personas. Este Acuerdo se une al resto de medidas, cambios en las leyes y políticas realizadas durante la presente administración que han dado marcha atrás a los mecanismos de acción climática que se habían desarrollado en nuestro país, han frenado el desarrollo de energías renovables y ponen en riesgo el cumplimiento de leyes y compromisos internacionales que mandatan la reducción de emisiones de GEI en nuestro país. Las políticas de SENER harán que México sea el primer país del G20 que, en los hechos, incumpla los compromisos del Acuerdo de París. Ejemplos de estas políticas regresivas que ya hemos abordado desde el OCCA son: La negativa de la Secretaría de Energía para que México ratifique el Anexo VI del Convenio MARPOL, el cual reduciría para 2030 la siguientes emisiones del transporte marítimo: el 71% del material particulado, el 71% de carbono negro, 80% de emisiones de dióxido de azufre, 81% de emisiones de óxidos de nitrógeno; La postergación de la cobertura nacional de diésel de ultra bajo azufre hasta 2024; La cancelación de subastas de energía limpia; La publicación, en octubre de 2019, del Acuerdo por el que se Modifican los lineamientos que establecen los criterios para el otorgamiento de Certificados de Energía Limpia; La Resolución de la CRE para autorizar a Pemex el suministro temporal de diésel de 500 partes por millón (ppm) en algunas regiones de Guerrero, Oaxaca, Puebla y Veracruz, que están definidas dentro de las zonas de suministro de diésel de Ultra Bajo Azufre (UBA, menos de 15 ppm). De acuerdo con la Prospectiva de Energías Renovables 2018-2032 de México, entre 2007 y 2017 la capacidad instalada de generación eléctrica con energías renovables venía creciendo a una tasa media anual de 4.5% y fueron las energías eólica y solar las que presentaron la mayor tasa de crecimiento promedio con el 47.6% y 43.2% respectivamente. En tanto el Renewables 2019, Global Status Report destacaba que México había entrado a la lista de los diez países con mayores adiciones de energía solar fotovoltaica. Sin embargo, en lo que se refiere a la generación de energía eólica, el Global Wind Report 2019 hace mención que la voluntad política vacilante de México ha creado un ritmo debilitante de estancamiento para el desarrollo de la industria eólica. Cabe señalar que el Global Trends in Renewable Energy Investment 2019 indica que la inversión en capacidad instalada renovable cayó 38% en 2018 y que debido a la incertidumbre en el marco regulatorio es muy probable que la inversión se reduzca aún más. Por su parte, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) reporta que México es el segundo país latinoamericano con menor proporción de energías renovables en la oferta energética total, solamente detrás de Barbados. Lo anterior es sumamente grave y preocupante en el contexto actual pues, además de los retos en materia de salud que nos ha dejado ver la pandemia del COVID-19, existe la necesidad de reconstruir las economías de los países a partir de medidas y políticas más sostenibles que fortalezcan la resiliencia de las poblaciones en el mediano y largo plazo. En ese sentido, precisamente la generación de energía a partir de fuentes renovables y limpias es una solución clave para esta recuperación, y desde ya los gobiernos habrían de estar generando las condiciones y los incentivos apropiados para que suceda esta transición energética. Sin embargo, el multicitado Acuerdo nos lleva en sentido opuesto a dicha reconstrucción. 1- Villarreal J. Tornel C. La Transición Energética en México: retos y oportunidades para una política ambientalmente sustentable y socialmente justa, Friedrich Ebert Stiftung (FST), México, 2017. Disponible en: https://bit.ly/3dlV82d 2. International Energy Transition (IET), Making Societies More Resilient! The role of renewables in COVID-19 recovery packages, Hamburg, 2020. 3. Secretaría de Energía (SENER), Prospectiva del sector eléctrico, 2018-2032, México, 2018. Disponible en: https://bit.ly/2SGWfSt 4. PEMEX produce aproximadamente un 33% de gasolinas, 20% diésel y entre 24% a 29% de combustóleo, y que de éste último ha sufrido una caída de casi 60% en sus ventas en los últimos cuatro años. 5. Disponible en: https://bit.ly/359RoOw 6. United Nations Environment Programme (2019). Emissions Gap Report 2019. UNEP, Nairobi. Disponible en: https://bit.ly/2YLiJ8J 7. Secretaría de Energía, Prospectiva de Energías Renovables 2018-2032, México, 2018. Disponible en: https://bit.ly/3cmh3qd 8. Ren21,.Renewables 2019 Global Status Report. París, 2019. Disponible en: https://bit.ly/2L6lmcZ 9. GWEC, Global Wind Report 2019. Brussels, 2020. Disponible en: https://bit.ly/2ypD3Sl 10. UN Environment, Global Trends in Renewable Energy Investment 2019, Frankfurt, 2019. Disponible en: https://bit.ly/3caCMBf 11. Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe, 2019 (LC/PUB.2020/2-P), Santiago, 2020. Disponible en: https://bit.ly/35CbIIr Integrantes del Observatorio Ciudadano de Calidad del Aire: Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, Bicitekas, Centro Mexicano de Derecho Ambiental, El Poder del Consumidor, FOTCA, Fundación Tláloc, Greenpeace México, ICCT, ICM, ITDP México, REDIM, Redspira, Transita Seguro, WWF. Contactos de prensa: AIDA, 5570522107 (móvil), [email protected] El Poder del Consumidor, 55 12 98 99 28 (móvil), [email protected] Greenpeace México, 55 3431 3544 (móvil), [email protected] Centro Mexicano de Derecho Ambiental, 5559644162 (móvil), [email protected]

May 06 2020 Fracking

A histórica queda dos preços do petróleo demonstra, mais uma vez, a inviabilidade do fracking

As medidas adotadas diante da pandemia, como a redução nos números de vôos, o fechamento de indústrias e o confinamento das pessoas, têm acarretado uma diminuição na demanda de hidrocarbonetos a nível internacional que, junto com outros fatores como a superprodução e a especulação associada aos contratos de petróleo, têm repercutido na queda do preço do petróleo e gerado perdas nas principais empresas petroleiras. No dia 20 de abril, pela primeira vez na história, o preço do barril de petróleo de referência nos Estados Unidos teve uma cotação negativa, enquanto os mares do mundo todo se enchem de embarcações de armazenamento de petróleo e os projetos de energia extremas se desfazem em pedaços pelos seus altos custos, incompatíveis com os preços atuais. O fracking requer ainda maiores investimentos e, para ser viável, um mercado que lhe ofereça preços altos. Além disso, seus impactos socioambientais não são contabilizados nos seus custos de produção. É inviável embasar a matriz energética e a receita fiscal de nossos países em supostas rendas que esta técnica produziria porque, além dos preços atuais, a imprevisibilidade dos preços do petróleo e seus derivados impossibilita qualquer política soberana baseada em hidrocarbonetos. O planeta sofre uma crise de grandes dimensões: a climática, cujos impactos pioram se decidirmos continuar na rota da dependência dos hidrocarbonetos e da autorização do fracking. As origens da crise climática e da pandemia que vivemos são comuns: a destruição dos ecossistemas por modos de vida e de economia insustentáveis. Quem promove os hidrocarbonetos mostra, mais uma vez, a sua insensatez, especialmente nos momentos difíceis como este que vivemos, que apresentam o extrativismo atual como causador de zonas de sacrifício, que impõe os passivos ambientais sobre os mais vulneráveis, extingue povos indígenas, destrói a biodiversidade e alimenta a violência que sufoca comunidades e assassina seus defensores e defensoras. Para sair das duas crises, é necessário iniciar uma transição energética justa e democrática na América Latina e deixar a maior parte dos combustíveis fósseis no subsolo. A saída não está nos resgates e investimentos em empresas - públicas ou privadas - que exploram hidrocarbonetos. Nossos diversos e riquíssimos países contam com fontes alternativas de produção e usos sustentáveis de energia sem a necessidade de continuar aquecendo o planeta e destruindo os ecossistemas do qual fazemos parte. A transição energética é uma oportunidade para a democracia, a justiça e a paz, e nossa garantia de condições de vida saudáveis no futuro. Em muitas regiões do mundo o fracking foi proibido e foi comprovada a sua inviabilidade ambiental e econômica. Na América Latina devemos também impedi-lo e apostar em uma transição energética justa. Somos uma região megadiversa, sábia e criativa, com infinitas possibilidades de diversificar a sua economia de forma sólida e estável, de tal forma que regenere os territórios e nos proteja de eventos climáticos extremos e pandemias. Esta é a maior exigência dos nossos tempos por cada uma das pessoas, pelas comunidades e povos, pelas crianças e pelas próximas gerações: Não ao fracking! Sim a transição! Assinado, Alianza Colombia Libre de Fracking Alianza Latinoamericana Frente al Fracking Alianza Mexicana Contra el Fracking Contato de imprensa: Victor Quintanilla, [email protected], +5215570522107

May 06 2020 Fracking

El histórico derrumbe de los precios del petróleo demuestra una vez más la inviabilidad del fracking

Las medidas adoptadas ante la pandemia, como la reducción en el número de vuelos, el cierre de industrias y el confinamiento de las personas, han ocasionado una disminución en la demanda de hidrocarburos a nivel internacional que, junto con otros factores como la sobreproducción y la especulación asociada a los contratos de petróleo, ha repercutido en la caída en los precios del crudo y generado pérdidas en las principales compañías petroleras. El día 20 de abril, por primera vez en la historia, el petróleo de referencia en Estados Unidos cotizó en negativo, mientras los mares de todo el mundo se llenan de barcos de almacenamiento de crudo y los proyectos de energías extremas se caen a pedazos por sus altos costos, incompatibles con los precios actuales. El fracking requiere todavía de mayores inversiones y, para ser viable, un mercado que le ofrezca precios altos. Además, sus impactos sociales y ambientales no se contabilizan en sus costos de producción. Es inviable basar la matriz energética y el ingreso fiscal de nuestros países en los supuestos ingresos que produciría esta técnica porque, más allá de los precios actuales, la imprevisibilidad de los precios del petróleo hace imposible cualquier política soberana basada en hidrocarburos. El planeta sufre una crisis de mayores dimensiones: la climática, cuyos impactos se agudizarán si se decide seguir por la ruta de la dependencia de los hidrocarburos y la autorización del fracking. Los orígenes de la crisis climática y la pandemia que vivimos son comunes: la destrucción de los ecosistemas por formas de vida y de economía insostenibles. Quienes promueven los hidrocarburos muestran una vez más su insensatez, especialmente en momentos difíciles como el que vivimos, que exhiben al extractivismo actual como el generador de territorios de sacrificio, que vuelca sobre los más vulnerables los pasivos ambientales, extingue pueblos indígenas, destruye la biodiversidad y alimenta la violencia que sofoca a pueblos y asesina a sus defensoras y defensores. Para salir de ambas crisis, es necesario iniciar una transición energética justa y democrática en Latinoamérica y dejar la mayor parte de los combustibles fósiles en el subsuelo. La salida no está en los rescates o inversiones en empresas -públicas oprivadas- que exploten hidrocarburos. Nuestros diversos y riquísimos países cuentan con fuentes alternativas de producción y usos sustentables de energías sin necesidad de seguir calentando el planeta y destruyendo los ecosistemas de los que somos parte. La transición energética es una oportunidad para la democracia, la justicia y la paz, y nuestra garantía de condiciones de vida saludables para el futuro. En muchas regiones del mundo se ha prohibido el fracking y se ha evidenciado su inviabilidad ambiental y económica. En Latinoamérica debemos también impedirlo y apostar por la transición energética justa. Somos una región megadiversa, sabia y creativa, con infinitas posibilidades de diversificar la economía de forma sólida y estable, de tal forma que regenere los territorios y nos proteja de eventos climáticos y pandemias. Esta es la mayor exigencia de nuestros tiempos; por cada una de las personas, por las comunidades y pueblos, por los niños, las niñas y las próximas generaciones: ¡no al fracking, sí a la transición! Firman: Alianza Colombia Libre de Fracking Alianza Latinoamericana Frente al Fracking Alianza Mexicana Contra el Fracking Contacto de prensa: Victor Quintanilla, [email protected], +5215570522107

April 28 2020 Contaminación Tóxica, Cambio Climático, Derechos Humanos

Ante el Covid-19, urgen acciones orientadas a la lucha contra la contaminación del aire y la crisis climática

De acuerdo con datos de la carga mundial de morbilidad del Instituto de Métricas en Salud y Evaluación (IHME) se estima que en México anualmente pierden la vida más de 37 mil personas debido por afecciones cardiacas y respiratorias ocasionadas por la mala calidad del aire (material particulado y ozono). Investigadores de la Escuela de Salud Pública TH Chan de la Universidad de Harvard indican que existe una mayor mortalidad en pacientes con Covid-19 que hayan estado expuestos a partículas finas en periodos prolongados. Las mediciones y estudios científicos a nivel global demuestran que la reducción de la actividad industrial y del uso de vehículos motorizados han contribuido directamente a reducir la concentración de contaminantes en la atmósfera. Las organizaciones que forman parte del Observatorio Ciudadano de Calidad del Aire (OCCA) hacemos un llamado urgente al gobierno federal y autoridades locales para que ante la pandemia por el Covid-19 se tomen acciones de alto impacto que produzcan mejoras en la calidad del aire y combatan efectivamente la crisis climática, garantizando el derecho a un medio ambiente sano y la salud de la población, generando acciones sistémicas y de largo plazo. De acuerdo con el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP) y la organización Iniciativa Climática México (ICM) se estima que en nuestro país tan sólo el transporte terrestre causó alrededor de 27 mil muertes prematuras en 2017 a consecuencia de la alta concentración de partículas finas y gruesas (PM2.5 y PM10).1 Por su parte, el Global Burden of Disease del IHME ―que toma en cuenta las concentraciones tanto del material particulado como del ozono― estima que en México anualmente pierden la vida más de 37 mil personas debido a estos contaminantes. Lo anterior cobra mayor relevancia ante la pandemia actual. Investigadores e investigadoras de la Escuela de Salud Pública TH Chan de la Universidad de Harvard indican que existe mayor mortalidad en pacientes con Covid-19 que hayan estado expuestos por periodos largos a PM2.5, 1 μg/m3 en PM2.5 se asocia con un aumento del 8% en la tasa de mortalidad por coronavirus.2 Asimismo, las mediciones y estudios científicos a nivel global demuestran que la reducción de la actividad industrial y del uso de vehículos motorizados ―entre automóviles particulares y motocicletas― han contribuido directamente a reducir la concentración de contaminantes en la atmósfera. A nivel mundial, se reporta que durante el confinamiento en la provincia china de Hubei, los días sin contaminación atmosférica aumentaron en un 21.5% en comparación con las mismas fechas del año anterior. En España, el Sistema de Vigilancia de Calidad del aire del Ayuntamiento de Madrid reportó que en los días de confinamiento se ha reportado el índice de calidad del aire como “muy bueno”.3 En nuestro país, diversas entidades han reportado reducción de contaminantes, por ejemplo, en el Valle de México en la primera y segunda semana de abril una reducción del 34% y 27% de monóxido de carbono (CO) y óxidos de nitrógeno (NOx), respectivamente, a consecuencia de las acciones para enfrentar el Covid-19. En el caso de la zona metropolitana de Guadalajara, de acuerdo con su Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, se reporta una disminución de NOx en las estaciones de monitoreo de Miravalle con un 73%, en las Pintas de 50% y en Oblatos del 42%, además de una reducción de 72% CO y 67% de PM10 en la estación de monitoreo Vallarta. Por su parte, la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del estado de Guanajuato indica que en las primeras semanas de abril, de los 10 municipios con sistema de monitoreo, cinco han registrado calidad del aire aceptable, mientras que los cinco restantes reportaron buena calidad del aire. No obstante, la epidemia actual por Covid-19 en México enfrentamos tres condicionantes de mala calidad del aire. La primera se refiere al periodo de altas temperaturas, intensa radiación solar y estabilidad atmosférica (propios de los meses de marzo, abril y mayo), que favorece la formación de ozono y la aparición de incendios. La segunda es la endeble política ambiental y el incumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas de Salud Ambiental que ha regido en muchos estados. El resultado ha sido una insuficiencia para reducir la contaminación atmosférica. Finalmente, a pesar de las restricciones a la movilidad, los hábitos de consumo y procesos de producción y distribución de bienes y servicios siguen emitiendo diariamente compuestos orgánicos volátiles (COV) como solventes, fugas de gas en calentadores y estufas, combustible evaporizado en las estaciones de servicio y en los automóviles sin control de emisiones evaporativas, productos cosméticos y de limpieza, entre otras fuentes. Además, es importante señalar que la presencia de ozono (O3) no se ha logrado disminuir en la misma proporción que los otros contaminantes mencionados. Pero incluso a pesar de la alta presencia de COV en la atmósfera que debido a las interacciones químicas entre los contaminantes favorece la formación de O3 con la radiación y alta temperatura, la reducción de CO y de NOx derivados de las restricciones a la movilidad ha permitido que en estos meses no se hayan alcanzado los umbrales de contingencia. A pesar de que según las cifras de la Comisión Nacional del Agua este año hemos tenido el marzo más de caliente de los últimos años en el país. El año pasado, a estas fechas, ya se habían detonado las tres contingencias por ozono que se tuvieron en el Valle de México en todo el año. Por todo lo expuesto anteriormente, el OCCA considera que nos encontramos ante una oportunidad única para repensar el modelo de movilidad que tenemos, donde la movilidad activa y el rescate del transporte público son opciones para reducir el uso del automóvil particular y mejorar la calidad del aire. Finalmente, hacemos un llamado urgente a las autoridades mexicanas y la sociedad en su conjunto para repensar el modelo de generación de energía, de consumo y de movilidad, orientado a la lucha contra la contaminación y la crisis climática. Acciones temporales y reactivas son insuficientes porque contribuyen a una desaceleración de la economía y una desestabilización de muchos hogares mexicanos, sobre todo aquellos con menores recursos y protección social. Al contrario, se requiere de un cambio profundo y estructural hacia una economía más sostenible, compatible con los ecosistemas, la vida humana y el bienestar social. Fernandez, S., Medina, I., y Vadillo, C. (2020). Externalidades negativas asociadas al transporte terrestre en México: Estimaciones para México y 20 zonas metropolitanas. Disponible en https://bit.ly/2YbBFNB Xiao Wu, et al. (2020). COVID-19 PM2.5. A national study on long-term exposure to air pollution and COVID-19 mortality in the United States. Department of Biostatistics, Harvard T.H. Chan School of Public Health. Disponible en https://bit.ly/2VIoHFt National Geographic (2020). Disponible en https://bit.ly/2yOtax8 Integrantes del Observatorio Ciudadano de Calidad del Aire (OCCA): AIDA, Bicitekas, Centro Mexicano de Derecho Ambiental, El Poder del Consumidor, FOTCA, Fundación Tláloc, Greenpeace México, ICCT, ICM, ITDP México, Liga Peatonal, REDIM, Redspira, Transita Seguro, WWF. CONTACTO DE PRENSA: Victor Quintanilla, [email protected], +5215570522107

April 15 2020

AIDA llama a los gobiernos a mantener la vigencia del Estado democrático de derecho

Frente a la emergencia por el COVID-19, exigimos que los gobiernos de América Latina se abstengan de aprobar proyectos que dañen el ambiente y los derechos humanos, y que mantengan la protección especial de los y las defensoras ambientales. En el contexto de emergencia desatado por el COVID-19, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) urge a los Estados de América Latina, en especial a los gobiernos, a cumplir con sus obligaciones en materia de protección ambiental y de los derechos humanos, absteniéndose de promover retrocesos al respecto mediante cambios normativos perjudiciales o con la aprobación de proyectos sin una evaluación adecuada de daños sociales y ambientales. Asimismo, expresa su preocupación por la falta de condiciones para garantizar los derechos a la participación y al acceso a información en materia ambiental de las personas afectadas por proyectos y decisiones de política pública de alto riesgo. En particular, lamentamos la decisión del gobierno colombiano de usar medios virtuales para las consultas previas a comunidades étnicas, y la determinación del gobierno provincial de Mendoza, en Argentina, de realizar consultas por internet para proyectos de desarrollo. Si bien consideramos esencial el distanciamiento social para lidiar con la pandemia, no es la metodología adecuada para hacer efectivos los derechos a la participación y el acceso a información. Por ello, AIDA pide a los Estados de la región suspender la aprobación de licencias ambientales y de otro tipo de permisos oficiales para proyectos sensibles y que no tengan relación con la respuesta a la crisis sanitaria, hasta tanto no se puedan garantizar adecuadamente los derechos mencionados. Ello implica tener en cuenta que actualmente no existen las condiciones necesarias para que las personas afectadas por proyectos acudan a la justicia para defenderse. Desde AIDA resaltamos además que, ante la pandemia, las acciones deben estar enmarcadas en el camino que recomienda la ciencia y las normas para afrontar la crisis climática, buscando una transición justa y respetuosa de los derechos humanos hacia un modo de vida más justo, resiliente, sostenible y basado en energías limpias, no en combustibles fósiles. Expresamos nuestra solidaridad con todas las personas afectadas por el COVID-19. Y enfatizamos la urgencia de garantizar y respetar sus derechos en medio de la crisis, particularmente de quienes están en condición de vulnerabilidad como indígenas, migrantes, mujeres y personas defensoras del ambiente, entre otros. En ese sentido, exigimos que los gobiernos de la región mantengan la vigencia del Estado democrático de derecho y la protección especial de las y los defensores del ambiente. Y pedimos a los organismos internacionales monitorear de cerca la situación de derechos humanos en el continente. Contacto de prensa: Victor Quintanilla, [email protected], +5215570522107

April 08 2020 Océanos

Diferentes ONG alertan: “Mares de la Patagonia se preparan para una nueva invasión salmonera”

Greenpeace, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y la ONG FIMA denunciaron que desde mañana las restricciones que existían para nuevos proyectos de salmonicultura en las regiones de Los Lagos y Aysén, los cuales estaban congelados, quedarán sin efecto y se teme que alrededor de 100 nuevas iniciativas productivas aprovechen la oportunidad para instalarse de manera “express” en las ya saturadas aguas del sur del país. A esto, se deben sumar las 168 solicitudes de nuevos proyectos salmoneros en trámite para ubicarse en las aguas de la Región de Magallanes. Desde las organizaciones medioambientalistas aclararon que en la actualidad ya hay más de mil concesiones para el desarrollo de la salmonicultura aprobadas en la Patagonia chilena (533 concesiones aprobadas en Los Lagos, 722 en Aysén y 127 en Magallanes), que están causando enormes e impredecibles daños al ambiente, por lo que sería un despropósito aumentar la afectación que la actividad ya ha generado en extensas zonas de las aguas de estas regiones. Señalan la necesidad de contar con una ley que prohíba la expansión de la industria. “En medio de la expansión de la pandemia, la industria salmonera pretende avanzar entre gallos y medianoches en la ocupación de más espacios en las aguas del sur del país. Es una situación incomprensible si se toman en cuenta las graves acusaciones que han existido a las malas prácticas de algunas de sus principales empresas y los reiterados daños medioambientales generados por sus continuos desastres; fugas de salmones, mortandades masivas, contaminación del mar, que han arrasado con los ecosistemas. Es urgente que hoy se prohíba la aprobación de cualquier proyecto de salmonicultura, además de no permitir la expansión de los proyectos existentes” dijo Estefanía González, coordinadora del área de océanos de Greenpeace. Por su parte, Ezio Costa Director de la ONG FIMA planteó: “La ley que impedía, en base a antecedentes técnicos fundados, la aprobación de proyectos de salmonicultura en las regiones de Los Lagos y Aysén, hoy deja de estar vigente lo que representa una amenaza para los ecosistemas de estas zonas. El Gobierno en lugar de tomar medidas para proteger estas regiones, ha dictado un Decreto que no continúa con esta moratoria y sólo prohíbe el ingreso de nuevas solicitudes. No impide que las concesiones que ya están en trámite y hasta hoy se encontraban paralizadas, continúen ahora su tramitación” Comunidades de la zona austral también expresaron su rechazo a la posibilidad de que se instalen nuevos proyectos salmoneros en la Patagonia. “Es el momento en que el gobierno detenga el crecimiento de la industria salmonera en la Patagonia. Está claro que es una actividad que saturó la capacidad del mar en Chiloé y Aysén y ahora están haciendo lo mismo en Magallanes. Sencillamente el ecosistema marino reventó en esta parte del país y es incomprensible que siquiera se piense en seguir entregando autorizaciones a una industria que ha aniquilado el mar donde están instalados”, señaló Álvaro Montaña, dirigente de la agrupación Defendamos Chiloé. Por su parte, desde la Región de Aysén, Nelson Millatureo, representante de las comunidades indígenas de Islas Huichas expresó que “nosotros vivimos en un archipiélago que ya tiene 300 concesiones salmoneras autorizadas que van a ser lapidarias en el momento que estén funcionando todas. Estamos absolutamente en contra que la industria salmonera siga operando y expandiéndose en nuestros territorios porque nos ha traído pobreza,contaminación, nos enferma y no han respetado la zonas de pesca artesanal para desarrollarnos de manera sustentable. Lamentablemente, hoy nuestro territorio es una zona de sacrificio”. Mientras tanto, en Magallanes también expresaron su preocupación por la situación: “El decreto que impide nuevas solicitudes de concesión en Magallanes es completamente insuficiente para mantener controlada a la industria salmonera, pues aunque ya no pueden ingresar más solicitudes, sí se pueden seguir tramitando las existentes. Hoy la realidad es que tenemos más canales australes llenos de balsas salmoneras, escasa fiscalización y la nula voluntad de establecer una moratoria que permita resguardar de manera apropiada el mar de la Patagonia”, planteó Leticia Caro, representante de la Comunidad Kawésqar Grupos familiares Nómades del Mar. Desde las ONG entregaron su respaldo a las comunidades de las tres regiones, y realizaron un llamado a frenar la expansión de la industria en la región con una moratoria que frene la entrega de concesiones e impida la ampliación de proyectos. “Hasta ahora la industria se ha expandido sin respaldo ni información científica que permita asegurar el resguardo de los ecosistemas y los resultados han sido desastrosos: infecciones, zonas desprovistas de oxígeno que no permiten el desarrollo de la vida, mortalidades masivas. Es una irresponsabilidad gravísima permitir aún más expansión”, explicó Florencia Ortúzar de AIDA. Las organizaciones ambientalistas anunciaron el patrocinio de diferentes causas y denuncias respecto de la operación y tramitación de proyectos de salmonicultura en la Patagonia. contacto de prensa Victor Quintanilla, [email protected], +5215570522107

April 01 2020 Cambio Climático, Derechos Humanos

Declaración en relación al Foro sobre el Desarrollo Sostenible en América Latina previsto para marzo de 2020

Debido a la emergencia sanitaria global, los países de América Latina y el Caribe han decidido posponer la Cuarta Reunión del Foro sobre Desarrollo Sostenible, establecido como el mecanismo regional de seguimiento a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, previsto para el 31 de marzo de 2020. Frente al brote de COVID-19 los esfuerzos deben enfocarse de manera inmediata a responder a la crisis sanitaria. No obstante, resulta de suma relevancia no perder de vista que, comunidades en condiciones de vulnerabilidad climática, por ejemplo aquellas sujetas a situaciones de alteración hídrica, presentan una mayor sensibilidad frente a este tipo de emergencias. En ese marco, resulta fundamental ahondar en las raíces y condicionantes de dicha vulnerabilidad a fin de abordar sus causas de manera sistémica, es decir emprender transformaciones más allá del sector salud. La interdependencia entre las crisis sanitaria, climática y de biodiversidad nos recuerda la relevancia de la salud de los ecosistemas y la equidad social y, a la vez, demanda un impulso contundente de la acción por el clima y una firme implementación de la Agenda 2030 para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), justamente, en virtud de los múltiples beneficios y la reducción del riesgo y vulnerabilidad que dichas agendas otorgan. Como sociedad civil por la acción climática en América Latina, señalamos nuestro compromiso con el control de COVID-19, y reiteramos que la agenda ambiental y de desarrollo deben seguir en marcha y ser fortalecidas. La mejora e implementación de los planes de acción por el clima (NDCs por sus siglas en inglés) en línea con lo establecido por el informe del IPCC SR15, constituye una herramienta fundamental para alcanzar los ODS y construir resiliencia local. En ese marco, y en ocasión del Foro, compartimos las siguientes reflexiones: La consecución del ODS 6 respecto a agua y saneamiento (que implica también protección de los ecosistemas asociados), junto a la protección de los ecosistemas terrestres (ODS 15), en especial aquellos estratégicos en el ciclo hídrico como el Amazonas y los glaciares de montaña, deben ser prioridad para los gobiernos de la región. De esa manera, será posible construir resiliencia para crisis sanitarias por venir. La agenda climática, plasmada a través del ODS 13, ha de ser transversal en la acción gubernamental dado su estrecho vínculo con el bienestar, la estabilidad y la construcción de resiliencia local. Lo anterior, implica señalar claramente una ruta para la descarbonización total de la matriz energética al 2050 que, a su vez, asegure la preservación de la base ambiental y cultural de los pueblos y fortalezca la adaptación. La presentación de nuevos y mejores NDC a la brevedad posible, y el desarrollo de procesos participativos multiactor, de carácter vinculante, que garanticen un amplio involucramiento en su diseño e implementación, deben de considerar un enfoque sistémico y transectorial. Ello permitirá abordar los factores y causantes de la vulnerabilidad y otorgará legitimidad y factibilidad de construir las bases de respuesta frente a futuras emergencias. Las NDC son un instrumento eficaz para cumplir con los ODS y los ODS aun marco de justica inter y intrageneracional elemental para sociedades robustas y con capacidad de respuesta. Las NDC ofrecen, además, una tremenda oportunidad para trazar una nueva senda de desarrollo, en armonía con los límites de la naturaleza y en base a la justicia y el respeto de los derechos humanos y del mundo natural. Para América Latina ello implica dejar de priorizar modelos extractivistas y aquellos basados en la exportación de productos naturales. La construcción de un territorio resiliente implica asegurar un flujo de financiamiento sostenible y coherente a nivel nacional a fin de destrabar sinergias y cobeneficios entre las diferentes carteras y actores. Dicho financiamiento resulta clave para el desarrollo de planes de adaptación ex-ante y de gestión del riesgo, y la promoción de sistemas regenerativos de manejo de los suelos en tanto constituyen factores estratégicos frente a las emergencias, incluida la que hoy nos afecta. El cambio en el uso del suelo, además, es un factor preponderante en la pérdida de ecosistemas y, en consecuencia, en el aumento de la exposición a enfermedades provenientes de animales silvestres. Esta crisis sanitaria nos recuerda la relevancia de la cooperación, la solidaridad y la asistencia entre países. En ese marco, es fundamental que los países cumplan con la meta de movilizar 100.000 millones de dólares antes del término del 2020 para catalizar la implementación la Agenda de Acción de Addis Abeba sobre financiamiento para el desarrollo. Los países de ALC deben solidarizar con los más vulnerables y exigir a las potencias económicas el cumplimiento de sus compromisos, y que éstos sean previsibles y confiables. El 2020 debe marcar el inicio de una nueva era; una era en que la acción por el clima y la preservación ambiental sean estructurantes del desarrollo; donde la calidad de vida de las personas y las soluciones basadas en la naturaleza sean sus ejes rectores. Por ello, la mejora sistemática de las NDC por parte de los países de la región se establece como un instrumento clave para alcanzar la Agenda 2030. Resulta, por tanto, fundamental cumplir e implementar las contribuciones nacionales presentadas previa la firma del Acuerdo de París, y trabajar su mejoría, en plena integración con los ODS. Por último, es relevante mencionar que: Ante las inminentes medidas de reactivación económica, nos comprometemos a apoyar la puesta en marcha de un proceso que no sacrifique los compromisos climáticos ni vaya en contra de los derechos humanos y progresos ya realizados hacia la protección y seguridad social. Velaremos porque la recuperación de la economía represente una oportunidad para apostar por un modelo de desarrollo que genere sociedades más equitativas, colaborativas y justas. Manifestamos nuestra disposición a seguir y apoyar la implementación de la Agenda 2030 y la consecución de los ODS, promoviendo la eficacia en la planificación y gestión en los países menos adelantados y pequeños países insulares, haciendo hincapié en las mujeres, los jóvenes y las comunidades locales y marginalizadas. Como sociedad civil, manifestamos nuestro compromiso de contribuir con los procesos de revisión nacional de las NDC para apoyar la implementación de cada uno de los 17 ODS. Red de Acción Climática de América Latina - CANLA CAN-LA es el nodo regional de Climate Action Network (CAN) para América Latina y el Caribe . La componen más de treinta organizaciones de toda la región que trabajan los efectos del cambio climático.

January 16 2020 Contaminación Tóxica, Cambio Climático, Derechos Humanos

OCCA congratula a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por declarar la inconstitucionalidad del aumento de etanol en las gasolinas en la norma de combustibles

Ayer, 15 de enero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró que el aumento de etanol en las gasolinas resulta contrario al derecho a un medio ambiente sano. Las organizaciones de la sociedad civil que integran el Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire (OCCA) piden a la Comisión Reguladora de Energía que actúe en apego a la legalidad y a la sentencia. Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió ayer el amparo en revisión 610/2019 declarando inconstitucional la modificación que hizo la Comisión Reguladora de Energía (CRE) a la Norma Oficial Mexicana «NOM-016-CRE-2016, especificaciones de calidad de los petrolíferos«, la cual, entre otras cosas, había incrementado de 5.8% a 10% el volumen permitido de etanol como oxigenante en gasolinas y aprobado medidas más laxas para la protección del medio ambiente en términos de emisiones a la atmósfera derivadas del uso de combustibles fósiles. Las organizaciones que integran el Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire (OCCA) se congratulan por este fallo, pues protege y sienta un precedente importante en la tutela de los derechos humanos al medio ambiente, a la salud y a la calidad de vida de todas y todos los habitantes del país. Así, en la sentencia proyectada por el Ministro Pérez Dayán y resuelta este miércoles por la Segunda Sala, se determina la importancia de la aplicación del “principio de precaución ambiental”, el cual obliga a que se lleve a cabo una evaluación con la mayor información científica posible respecto a los potenciales daños que el incremento de etanol para estos fines podría generar en el medio ambiente. La SCJN deja claro que “no puede ser una sola voz, ni una sola valoración” , la que determine la posibilidad de que en el Estado mexicano se modifiquen los porcentajes máximos de empleo de etanol como oxigenante de las gasolinas; pues ello podría tener como consecuencia el permitir daños serios e irreversibles al ambiente, al no valorarse debidamente la magnitud del problema en cuestión, lo cual precisamente, pretende evitarse mediante el principio de precaución ambiental”. Además de esta importante valoración respecto al principio de precaución, la SCJN también deja un importante precedente al establecer que en un régimen de derechos humanos no es suficiente alegar meramente beneficios económicos para no considerar los potenciales riesgos que podrían derivar en daños al medio ambiente, ni para ignorar las obligaciones estatales de reducir las llamadas emisiones de “gases invernadero” (gases contaminantes) y, por tanto, combatir el fenómeno del cambio climático, sobre todo sin tomar en cuenta la participación de la ciudadanía y la opinión de los expertos que aportan la mejor evidencia científica disponible. Con ello, la SCJN recuerda que el crecimiento y desarrollo económico en el Estado mexicano debe ser sustentable conforme al principio rector establecido por la propia Constitución Mexicana. Las organizaciones que integran el Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire (OCCA) hacen un llamado a la CRE para que actúe en consecuencia, ejecute la sentencia en pleno apego a la legalidad y contribuya con ello al respeto y garantía de los derechos humanos de las y los mexicanos. Organizaciones que integran el Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire (OCCA): Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) – El Poder del Consumidor – Greenpeace – El Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP) – International Council on Clean Transportation (ICCT) – Fundación Tlaloc – Bicitekas – Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) – Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) – Redspira – Liga Peatonal – Red por los derechos de la Infancia (Redim) – Frente de Organizaciones de Transporte Colectivo y Alternativo A.C. – Transita Seguro México Contacto de prensa: Victor Quintanillla Sangueza, AIDA, [email protected]

December 10 2019 Contaminación Tóxica, Cambio Climático, Derechos Humanos

COP25: Organizaciones piden a gobiernos mejorar la calidad del aire y con ello frenar la crisis climática

En una carta abierta, organizaciones sociales y ambientales de América Latina y de todo el mundo instan a los gobiernos a limitar los contaminantes climáticos de vida corta en sus compromisos climáticos internacionales, los cuales deben presentar ante Naciones Unidas hasta marzo de 2020. Madrid, España. Los gobiernos de los países miembro de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático deben incluir metas ambiciosas y medibles de reducción de los contaminantes climáticos de vida corta (CCVC) en sus nuevos compromisos climáticos. Así lo solicitaron más de 100 organizaciones de varios países en una carta abierta presentada hoy durante la vigésimo quinta Conferencia de las Partes (COP25) de la Convención y en el marco del Día de los Derechos Humanos. “Apuntar a la mitigación de los contaminantes climáticos de vida corta implica reducir el calentamiento del planeta en el corto plazo y, al mismo tiempo, avanzar en la descontaminación de las ciudades”, señaló Javier Dávalos, Coordinador del Programa de Cambio Climático de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Estos contaminantes también son conocidos como “súper contaminantes climáticos” porque contribuyen a la crisis climática con mucha más intensidad que el dióxido de carbono (CO2). Y, como su nombre indica, tienen una permanencia relativamente corta en la atmósfera, desde días hasta décadas; a diferencia del CO2, que puede durar incluso milenios en la atmósfera. Los principales CCVC son el carbono negro, el metano, el ozono troposférico y los hidrofluorocarbonos (HFC). Además, los CCVC degradan la calidad del aire, afectan zonas glaciales y reducen el rendimiento de los cultivos. La mala calidad del aire es el problema ambiental que más vidas cobra a nivel mundial. Cada año, más de 4 millones de personas mueren por los daños que la contaminación atmosférica causa en la salud. Los beneficios de reducir las emisiones de los CCVC ha sido respaldada por la ciencia. El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de Naciones Unidas (IPCC, por sus siglas en inglés), que agrupa a expertos y expertas en el tema, resaltó que para enfrentar el calentamiento global debemos incorporara a los esfuerzos la mitigación de los contaminantes que no sean CO2, específicamente el carbono negro y el metano. Asimismo, más de 11 mil científicos de todo el mundo destacaron que la pronta reducción de los CCVC reduciría el calentamiento en más de 50% para las próximas décadas. “Con la próxima actualización de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés), se abre la posibilidad de apostar por la mitigación de estos contaminantes y de contribuir efectivamente a la lucha contra la crisis climática y la mala calidad del aire”, dijo Florencia Ortúzar, abogada de AIDA. El plazo para la actualización vence en marzo de 2020. Por ello, las organizaciones solicitan en la carta que los gobiernos incluyan hasta esa fecha metas ambiciosas y medibles de reducción de los contaminantes climáticos de vida corta —y que detallen cómo van a implementar, monitorear y reportar su progreso— en los nuevos compromisos que presenten ante Naciones Unidas. "Las soluciones necesarias para reducir y eliminar cada uno de los cuatro contaminantes climáticos de vida corta no son un misterio. Son conocidas y han sido probadas. Pero necesitamos que los gobiernos prioricen estas soluciones para poder evitar los peores impactos de cambio climático", comentó Amanda Maxwell, directora de proyectos en Latinoamérica para el Consejo para la Defensa de Recursos Naturales (NRDC por sus siglas en inglés). Además de la carta abierta, las organizaciones lanzaron una petición ciudadana en línea para que la causa sea apoyada con las firmas de personas de todo el mundo. Ambos problemas, la crisis climática y la mala calidad del aire, afectan de manera más grave a los grupos y segmentos más vulnerbales de la población, entre ellos niños y niñas, mujeres embarazadas y adultos mayores. Por ello su resolución es un asunto de derechos humanos. Lee la carta dirigida a gobiernos. Lee y firma la petición ciudadana. Contactos de prensa Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +521 5570522107 Fabiola Nuñez, NRDC, [email protected], +1 (646) 889-1405 Renata Assumpção (Brasil), Instituto Alana, [email protected] Ricardo Ruiz (México), CEMDA, [email protected], +5215559644162