Prensa
Tribunal de arbitraje del Banco Mundial se niega a escuchar a afectados por minería en Santurbán
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), parte del Banco Mundial, declinó aceptar un escrito legal (Amicus Curiae) que iba a ser presentado por el Comité por la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán y organizaciones internacionales aliadas. Bucaramanga, Bogotá, Washington, Ottawa, Ámsterdam. Organizaciones nacionales e internacionales de la sociedad civil rechazaron la respuesta negativa del Centro Internacional de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) a aceptar un escrito legal (Amicus Curiae) dentro del proceso del arbitraje internacional de Eco Oro Minerals Corp. contra Colombia. En esa instancia cursa una demanda de arbitraje internacional contra la nación andina por parte de la empresa canadiense en mención, que pretende ejecutar el proyecto de minería aurífera Angostura en el páramo de Santurbán, ubicado al nororiente del país. La demanda cuestiona las decisiones adoptadas por el Estado colombiano para proteger sus páramos, humedales de alta montaña que son fuente natural de agua para el 70% de sus habitantes. El arbitraje fue iniciado ante el CIADI, organismo dependiente del Banco Mundial que está a cargo de la resolución de controversias entre inversionistas y Estados. Colombia podría ser condenada a pagar $746 millones de dólares, una sanción sin precedentes para el país. “En el momento en que los Estados de Latinoamérica acogen los principios de democracia ambiental con la adopción del Acuerdo de Escazú, el CIADI va en dirección contraria. Es lamentable que ante el movimiento regional por transparencia y participación el CIADI se constriña aún más, solo generando más ira y desconfianza, no solo ante este mecanismo, sino frente al sistema de arbitraje de inversores contra Estados a nivel mundial”, declaró Carla García Zendejas, abogada del Center for International Environmental Law (CIEL). “Las comunidades afectadas por la minería en Santurbán deben ser escuchadas y pueden aportar elementos cruciales para el caso”, sostuvo Carlos Lozano, abogado sénior de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Las organizaciones consideran que el Comité por la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán tiene un interés significativo en el resultado del proceso, y que la experticia que habrían podido proveer al Tribunal habría sido de ayuda para una mejor decisión del caso. Del mismo modo, urgen al CIADI a ampliar la participación ciudadana y transparentar sus procedimientos para la toma de decisiones, trascendentales para el interés público de los países cuyos Estados son sometidos a su jurisdicción. Encuentre aquí más información. Contactos de prensa: Alix Mancilla, Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, [email protected], +57 311 2439273 Carla García Zendejas, CIEL, [email protected], +1 202 374 2550 Carlos Lozano Acosta, AIDA, [email protected], +57 300 56 40 282 Kirsten Francescone, MiningWatch Canada, [email protected], +14373459881 Kristen Genovese, SOMO, [email protected], +31 65 277 3272, Manuel Perez Rocha, Institute for Policy Studies, [email protected] +1 240 838 6623
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Pronunciamiento ante situación de riesgo de las comunidades de la Microrregión de Ixquisis, Guatemala
Las organizaciones, colectivos y personas firmantes manifestamos nuestra profunda preocupación por la situación de riesgo que enfrentan las comunidades y personas defensoras de derechos humanos de la Microrregión de Ixquisis, San Mateo Ixtatán, Huehuetenango, Guatemala. Las personas defensoras del territorio y del medio ambiente de la Microrregión de Ixquisis enfrentan desde el año 2009 violaciones de derechos humanos en el marco de su oposición a los proyectos hidroeléctricos San Andrés, Pojom I, Pojom II. Los tres proyectos son promovidos por la empresa Energía y Renovación S.A. (antes PDH S.A.), que es propiedad actualmente de las familias Mata Monteros y Mata Castillo, vinculadas al grupo empresarial corporativo The Central America Bottling Corporation (CABCORP), y cuentan con financiamiento del brazo privado del Banco Interamericano de Desarrollo, BID Invest, del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y de Cordiant Cap, un intermediario financiero canadiense que dispone entre otros de fondos del banco alemán KfW. Desde mayo del presente año, la Resistencia Pacífica de Ixquisis ha realizado una serie de acciones públicas, manifestaciones y plantones para expresar y reiterar su oposición a los proyectos hidroeléctricos en su territorio. Actualmente, tres acciones de amparo en contra de las licencias de operación de la hidroeléctrica Pojom II se encuentran a la espera de resolución en las cortes nacionales. En junio, las comunidades de Ixquisis recibieron el premio Front Line Defenders en reconocimiento a su esfuerzo colectivo y su lucha pacífica. En agosto, las comunidades afectadas presentaron una queja formal ante el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación del BID, solicitando la investigación y el retiro de su inversión debido al incumplimiento de las propias políticas operativas del banco. En este contexto, organizaciones de derechos humanos que acompañan el caso han observado un aumento significativo de las difamaciones y agresiones en contra de la población que participa en la Resistencia Pacífica y de la población de la microrregión, que culminaron en el asesinato de dos pobladores de la comunidad de Ixquisis, los hermanos Neri Esteban Pedro y Domingo Esteban Pedro, el pasado 16 de diciembre. Sus cuerpos fueron encontrados a la orilla del Río Yal Witz, cerca de la hidroeléctrica San Andrés en la carretera de la Franja Transversal del Norte con impactos de bala en la cabeza. Este hecho hace recordar el asesinato del defensor Sebastián Alonso Juan, quien falleció a causa de disparos en el marco de una manifestación pacífica en enero del 2017, asesinato que sigue sin esclarecerse. Además de este doble asesinato, se destacan los siguientes hechos acaecidos en 2018: Julio y octubre: Violación del derecho de manifestación y del derecho de libre locomoción por parte de la PNC; y uso desmedido de la fuerza en contra de manifestantes, resultando en seis (6) personas heridas, tres de ellas con necesidad de ser hospitalizadas. 12 de octubre: En el transcurso del día, dos integrantes de la Resistencia Pacífica sufrieron ataques armados; Alfonso Miguel Francisco Pedro, de la aldea Pojom tuvo que ser hospitalizado durante siete (7) días. 20 de octubre y 7 de noviembre: Hostigamiento y uso de gas lacrimógeno en contra de comunitarios, provocando intoxicación en niños y en una mujer embarazada. 9 de diciembre: Agresión física en contra de Lucas Jorge García, presidente del Consejo de Desarrollo de Segundo Nivel de la Microrregión de Ixquisis y dos mujeres de su familia, una de ellas en estado de embarazo. Dos hombres atacaron al defensor en su casa, golpeándolo en la cabeza con piedras y palos. Al querer defenderlo, su hija María Jorge Gómez y su nuera Ana Gómez Domingo también fueron golpeadas. La constante campaña de difamación y desprestigio emprendida en contra de la Resistencia Pacífica desde hace más de un año nuevamente ha aumentado de intensidad, impactando además a organizaciones aliadas como el Gobierno Ancestral Maya Plurinacional de las naciones Akateko Chuj, Popti’, Q’anjob’al y pueblo mestizo, y en particular en uno de sus coordinadores, Rigoberto Juárez. A principios de noviembre de 2018, fue anunciado en los diferentes medios de comunicación la firma de un “Acuerdo para la Paz y el Desarrollo” en el municipio de San Mateo Ixtatán, acuerdo que concluye como el principal resultado de una mesa de diálogo en la que participaron únicamente actores que están a favor de las hidroeléctricas y con vínculos directos con la empresa Energía y Renovación, S.A. La legitimidad de este acuerdo y representatividad de las personas que en nombre de la Microrregión de Ixquisis firmaron dicho acuerdo, ha sido cuestionada en repetidas ocasiones por la Resistencia Pacífica de esta Microrregión, que desde el inicio de este proceso de diálogo han registrado un aumento de ataques en su contra. Ante esta grave situación de riesgo las organizaciones, colectivos y personas abajo firmantes expresamos nuestra solidaridad con las personas defensoras de la Microrregión de Ixquisis, y solicitamos: Al Ministerio Público que investigue y procese a los responsables materiales e intelectuales de todos los ataques cometidos en contra de la Resistencia Pacífica de Ixquisis, incluyendo las agresiones físicas en contra de Lucas Jorge García, Presidente del Consejo de Desarrollo de Segundo Nivel de la Microrregión de Ixquisis, así como los asesinatos de los hermanos Nery y Domingo Pedro Esteban y Sebastián Alonso Juan. Al Estado de Guatemala que adopte todas las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad de los miembros de las comunidades de Ixquisis y el derecho de manifestación y de defender derechos. Al Estado de Guatemala que tome todas las medidas para garantizar que las mujeres tengan una vida libre de violencia y que tome medidas de protección específicas para las mujeres y lideresas de las comunidades de la Microrregión de Ixquisis. Al Ministerio de Defensa y al Ministerio de Gobernación que se cumpla con el retiro de las fuerzas de seguridad estatales, Policía Nacional Civil y Ejército de Guatemala, de las instalaciones privadas donde funciona la empresa Energía y Renovación, propietaria de los proyectos hidroeléctricos que se construyen en esta Microrregión, para garantizar la independencia de las fuerzas públicas en la Microrregión de Ixquisis. A la comunidad internacional presente en Guatemala, que observe de cerca la situación de las personas defensoras de derechos humanos, realizando visitas el territorio referido. A las instituciones financieras internacionales involucradas en el financiamiento de estos proyectos hidroeléctricos, que adopten medidas para que sus inversiones se den bajo condiciones de pleno respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Descarga el pronunciamiento completo para ver las organizaciones firmantes
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Pronunciamiento sobre el Plan Nacional de Desarrollo de México
Al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, C. Andrés Manuel López Obrador A las y los integrantes del gabinete del Poder Ejecutivo Federal A la opinión pública Considerando – Que el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “La planeación (del desarrollo nacional) será democrática y deliberativa. Mediante los mecanismos de participación que establezca la ley, recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo”. – Que el gobierno federal que tomó posesión el primero de diciembre pasado ha hecho declaraciones a favor de la participación de la ciudadanía en las decisiones trascendentales que afectan la vida pública del país. – Que el Plan Nacional de Desarrollo es un documento rector, a partir del cual se derivan todos los programas de política pública del gobierno federal. El conjunto de organizaciones que suscriben este comunicado solicitan al C. Presidente Andrés Manuel López Obrador y a su gabinete que se abran espacios de participación ciudadana para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo. El proceso debe ser completamente distinto al realizado por la administración pasada, el cual se caracterizó por la generación de espacios que no tuvieron realmente en cuenta las preocupaciones planteadas desde sociedad civil. Por lo anterior, solicitamos que para los temas principales de la agenda pública se establezcan mesas de diálogo entre actores de la sociedad civil y gobierno, cuyas conclusiones tengan incidencia efectiva sobre el Plan Nacional de Desarrollo para tener reales mecanismos de participación democrática y deliberativos, tal como lo establece nuestra Carta Magna. Atentamente Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, AIDA CartoCrítica, investigación, mapas y datos para la sociedad civil Centro Mexicano de Derecho Ambiental Centro para la Diversidad Biológica Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible Fundar, Centro de Análisis e Investigación Greenpeace México Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) Reforestamos México
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Comisión Interamericana pide atender con urgencia daños a pueblos indígenas a causa de la represa Belo Monte
Entre las conclusiones preliminares de su visita a Brasil, la Comisión llamó la atención de autoridades y de la sociedad para solucionar urgentemente las reiteradas violaciones de derechos que sufren pueblos indígenas. Resaltó el caso de la comunidad indígena Muratú de Paquiçamba (Pará) afectada por la implementación de la represa Belo Monte. Río de Janeiro, Brasil. Al finalizar su visita al país, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió a las autoridades y sociedad en general visibilizar, atender y resolver con urgencia la violación reiterada de los derechos humanos de pueblos indígenas. Resaltó el caso de la comunidad indígena Muratú, afectada por los daños ambientales causados por la implementación de la represa Belo Monte. En Brasil, los pueblos indígenas “sufren episodios frecuentes de violencia y falta de atención por parte de los servicios públicos, además de enfrentar dificultades y obstáculos crecientes para la demarcación de sus tierras…”, dijo la Comisionada Antonia Urrejola Noguera, Relatora para Brasil, al presentar las conclusiones preliminares. "Brasil ha sido uno de los mayores violadores de derechos humanos de los pueblos indígenas. En la reunión con la Comisión, la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) presentó estos casos y expresó su preocupación en el escenario político actual, en el cual el discurso de odio y de racismo ha sido casa vez mayor, incluso por la vía institucional", afirmó Luiz Eloy Terena, asesor jurídico de la APIB. El pasado 7 de noviembre, una delegación de la CIDH visitó la Aldea Muratú, en la Tierra Indígena Paquiçamba, estado de Pará, una de las comunidades indígenas afectadas por la represa Belo Monte. Es la primera vez que la Comisión visita el área. Allí escucharon testimonios de indígenas y ribereños, que luchan por mantener su modo de vida tradicional pese a la muerte de miles de peces, la contaminación del rio Xingú, el despojo forzado de sus tierras sin una reubicación adecuada y el desarrollo de proyectos productivos inadecuados culturalmente. Líderes de la aldea denunciaron que estos daños afectan en mayor medida a mujeres y niños y niñas. La Comisión también escuchó a representantes de la ciudad de Altamira, la más próxima a la hidroeléctrica. “Resaltamos la importancia de la visita histórica de la Comisión a la Aldea Muratú, y el reconocimiento de los impactos negativos que la represa Belo Monte ha causado en los derechos humanos de los habitantes del Xingú”, expresó Astrid Puentes Riaño, Codirectora de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). “Corresponde ahora al gobierno de Brasil adoptar las decisiones y recomendaciones de la Comisión, cumpliendo con las normas de derecho y la protección de las personas en su país”. En esa visita, las personas afectadas se mostraron especialmente preocupadas por la implementación, el próximo año, de un plan de manejo del caudal del río Xingú, denominado hidrograma de consenso, que dejaría sin agua suficiente para subsistir a las comunidades indígenas y ribereñas de la zona, así como a especies de plantas y animales. “Los comisionados tuvieron la oportunidad de confirmar la gravedad de los impactos y la urgencia de revisar los criterios para definir el caudal residual que el río Xingu debe mantener en la región de la Vuelta Grande para garantizar la subsistencia física y la cultura de los ribereños e indígenas”, comentó Biviany Rojas, del Instituto Socioambiental (ISA). En 2011, las comunidades indígenas y ribereñas del Xingú —representadas por AIDA, la Sociedad Paraense de Defensa de los Derechos Humanos (SDDH) y Justiça Global— presentaron una denuncia contra Brasil por el caso ante la CIDH. Ese mismo año, la Comisión otorgó medidas de protección urgente para los pueblos indígenas afectados. El caso inició formalmente en diciembre de 2015 y, en mayo de este año, las organizaciones presentamos nuestros argumentos finales. Con base en ellos y los argumentos del Estado brasileño, la Comisión publicará un informe en el que concluya si hubo o no violaciones a los derechos humanos, pudiendo emitir recomendaciones para que Brasil las repare. Demostrar avances y respeto a los derechos de los pueblos indígenas —en casos como Xucuru, el de los pueblos del Xingú y Guyraroka— representan una oportunidad importante para Brasil hacia el fortalecimiento del estado de derecho y del progreso del país. Contactos de prensa: Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +521 5570522107 Isabel Harari (Brasil), ISA, [email protected], +5561998261213
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Comissão Interamericana de Direitos Humanos pede reparação aos impactados por Belo Monte
A Comissão destacou o caso do povo Juruna, da Terra Indígena Paquiçamba (PA), que vive próximo a barragem e sofre graves causadas pela implantação do empreendimento. Rio de Janeiro, Brasil. No encerramento de sua visita ao país, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) chamou a atenção das autoridades e da sociedade em geral para visibilizar, atender e solucionar urgentemente a situação de repetida violação dos direitos humanos dos povos indígenas. A CIDH também destacou o caso do povo Juruna, afetado pelos danos socioambientais causados pela implementação da usina hidrelétrica (UHE) Belo Monte, no Pará. No Brasil, os povos indígenas "sofrem episódios de frequentes episódios de violência e falta de atenção por parte dos serviços públicos, além de enfrentar dificuldades e obstáculos crescentes na demarcação de suas terras",disse Antônia Urrejola Noguera, relatora da CIDH para o Brasil, ao apresenataras conclusões preliminares. "O Brasil tem sido um dos maiores violadores dos direitos humanos dos povos indígenas. Nessa audiência com a CIDH, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib) levou esses casos e a preocupação com o cenário político atual, onde o discurso de ódio e racismo tem sido cada vez maior, inclusive pela via institucional" relatou Luiz Eloy Terena, assessor jurídico da Apib. No último dia 7 de novembro, a delegação da CIDH visitou a aldeia Mïratu, na Terra Indígena Paquiçamba, do povo Juruna, uma das comunidades indígenas afetadas pela barragem de Belo Monte. É a primeira vez que a Comissão visita o local. Ali, a CIDH ouviu os depoimentos de indígenas e ribeirinhos que lutam para manter seu modo de vida tradicional apesar da morte de milhares de peixes, da contaminação do Xingu, do despejo forçado de suas terras sem um remanejamento para perto do rio e o desenvolvimento de projetos produtivos inadequados. As lideranças relataram que esses impactos afetam de maneira diferenciada à mulheres e crianças. A Comissão também ouviu representantes da cidade de Altamira. "Nós ressaltamos a importância da visita histórica da Comissão à TI Paquiçamba, , que reconheceu os impactos negativos que Belo Monte causou nos direitos humanos dos habitantes do Xingu", disse Astrid Puentes, codiretora da Associação Interamericana para a Defesa do meio ambiente (AIDA). "Corresponde agora ao governo do Brasil adotar decisões e recomendações da CIDH, cumprindo com normas de direito e à proteção das pessoas de seu país". Durante a visita as pessoas se mostraram particularmente preocupadas com a implementação, no próximo ano, do plano de manejo para o fluxo do rio Xingu, chamado de Hidrograma de Consenso. O hidrograma não prevê um fluxo de água suficiente que garanta a sobrevivência das comunidades indígenas e ribeirinhas da região, e pode levar à extinção diversas espécies de plantas e animais. "Os comissionários tiveram a oportunidade de confirmar a gravidade dos impactos e a urgência de revisar os critérios para definir a vazão residual que o rio Xingu deve manter na região da Volta Grande para garantir a subsitência física e cultura dos ribeirinhos e indígenas", comenta Biviany Rojas, Instituto Socioambiental (ISA). Em 2011, as comunidades do indígenas e ribeirinhas do Xingu, representadas pela AIDA, Sociedade Paraense para a Defesa dos Direitos Humanos (SDDH), Movimento Xingu Vivo para Sempre, Prelazia do Xingu, CIMI e Justiça Global, apresentaram uma denúncia contra o Brasil pelo caso. No mesmo ano, a Comissão concedeu medidas urgentes de protecção aos povos indígenas afetados. O caso foi iniciado formalmente em dezembro de 2015 e, em maio deste ano, as organizações apresentaram os argumentos finais. Com base nesse documento e nos argumentos do estado brasileiro, a Comissão publicará um relatório no qual concluirá se houve ou não violações aos direitos humanos, podendo emitir recomendações de reparação que deverão ser cumpridas pelo Brasil. Contatos de Imprensa: Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], + 521 5570522107 Isabel Harari (Brasil), ISA, [email protected], + 5561998261213
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Comité de la ONU recomienda que Argentina “reconsidere” el uso del fracking
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas expresó su preocupación por la intención del Estado argentino de explotar a gran escala gas y petróleo no convencionales en Vaca Muerta, provincia Neuquén. Le recomendó reconsiderar esos planes para garantizar el cumplimiento de sus compromisos internacionales frente al cambio climático. Ginebra, Suiza. Tras revisar el cuarto informe de Argentina al Examen Periódico Universal de derechos humanos, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas recomendó a ese país reconsiderar sus planes de explotación a gran escala de gas y petróleo de esquisto en Vaca Muerta, provincia Neuquén, mediante fracturación hidráulica o fracking, para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones internacionales frente al cambio climático. “El Comité está preocupado que este proyecto de fracturación hidráulica contradiga los compromisos del Estado parte con el Acuerdo de París, con un impacto negativo sobre el calentamiento global y el disfrute de los derechos, económicos y sociales de la población mundial y las futuras generaciones”, se lee en el documento de observaciones finales al informe de Argentina, aprobadas por el Comité en su 64º período de sesiones, realizado del 24 de septiembre al 12 de octubre. En esa misma línea, el Comité instó al Estado a “que fomente energías alternativas y renovables, reduzca las emisiones de gases de efecto invernadero y establezca metas nacionales con parámetros de referencia definidos en el tiempo”. De otro lado, expresó su preocupación por la falta de evaluación adecuada de los impactos negativos del fracking en el ambiente y en la salud humana, y por la ausencia de una consulta debida a las poblaciones locales afectadas. En ese sentido, encomendó al Estado argentino: “… que adopte un marco regulatorio del fracking, que incluya las evaluaciones de su impacto en todas las provincias, precedido de consultas con las comunidades afectadas, y con una documentación apropiada de sus efectos sobre la contaminación del aire y el agua, las emisiones radiactivas, los riesgos para la salud y la seguridad en el trabajo, los efectos sobre la salud pública, la contaminación acústica, la luz y el estrés, la actividad sísmica que puede desencadenar, las amenazas a la agricultura y la calidad del suelo, y al sistema climático”. El Examen Periódico Universal de la ONU es un proceso que ofrece a cada Estado parte la oportunidad de declarar qué medidas ha adoptado para mejorar la situación de los derechos humanos en el país y para cumplir con sus obligaciones en la materia. Su objetivo es mejorar esa situación y abordar las violaciones de los derechos humanos dondequiera que ocurran. Contactos de prensa: Víctor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +5215570522107 Fernando Cabrera, Opsur, [email protected], +5492995864313
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Piden incluir a 10 especies de pez loro en la lista mexicana de especies protegidas
AIDA respaldó en una carta enviada al gobierno la propuesta presentada por la Iniciativa Arrecifes Saludables para Gente Saludable de incluir estos peces que contribuyen a mantener saludables a los arrecifes de coral del Caribe mexicano. En la carta se detallan las obligaciones internacionales de México para preservar sus arrecifes de coral, ecosistemas que están en riesgo grave y cuya sobrevivencia depende en gran medida de la protección de peces herbívoros como el pez loro. Ciudad de México. En una carta enviada al Comité Consultivo Nacional de Normalización de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) solicitó —con base en argumentos de derecho internacional, convenciones y tratados ambientales— la inclusión de 10 especies de pez loro en la lista de especies protegidas de la Norma Oficial Mexicana 059, que se encuentra en proceso de actualización. La carta fue presentada como respaldo a la propuesta de inclusión de esas especies que la Iniciativa Arrecifes Saludables para Gente Saludable (HRI, por sus siglas en inglés) remitió a la Comisión en septiembre, en coordinación con Casa Wayuu A.C., la Alianza Kanan Kay y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental. “Las especies de peces loro cuya protección estamos pidiendo, cumplen una labor vital para la sobrevivencia de los arrecifes de coral al alimentarse de las algas que los cubren y que les quitan luz y oxígeno”, explicó Camilo Thompson, abogado de AIDA. “Pero la población de estos peces ha disminuido drásticamente debido a la degradación de su hábitat, la contaminación y el cambio climático; y los estudios de HRI, entre otros, han demostrado que el 60% de los arrecifes del Caribe mexicano están en mal estado o en estado crítico de salud”. Las organizaciones piden incluir en alguna de las categorías de riesgo de la Norma Oficial Mexicana 059 al pez loro semáforo (Sparisoma viride), al pez loro guacamaya o arcoíris (Scarus guacamaia), al pez loro azul (Scarus coeruleus), al pez loro de media noche (Scarus coelestinus), al pez loro reina (Scarus vetula), al pez loro princesa (Scarus taeniopterus), al pez loro rayado (Scarus iseri), al pez loro banda roja (Sparisoma aurofrenatum), al pez loro aleta roja (Sparisoma rubripinne) y al pez loro cola amarilla (Sparisoma chrysopterum). En la carta se detallan las convenciones y tratados internacionales por los que el Estado mexicano está obligado a combatir adecuadamente las amenazas de especies que requieren protección especial, como los peces herbívoros, y que son vitales para la salud de los arrecifes del Caribe y de otros ecosistemas marinos. Esos acuerdos incluyen el Convenio para la Protección y el Desarrollo del Medio Marino en la Región del Gran Caribe o Convenio de Cartagena) la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Convención de Ramsar, la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, la Declaración de Tulum y la Iniciativa Internacional sobre los Arrecifes de Coral. “También mencionamos en la carta la Opinión Consultiva sobre derechos humanos y ambiente que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, añadió Thompson. “En esa decisión, la Corte fortalece las obligaciones de los Estados del continente para proteger a las personas en estrecha relación con la protección del ambiente. Pese a servir de criaderos de peces y barreras naturales contra huracanes —entre otras funciones clave—, los arrecifes de coral son muy frágiles y vulnerables ante el cambio climático, cuyas consecuencias incluyen la acidificación de los océanos, el aumento del nivel del mar y la proliferación de algas. Esto último se debe a las múltiples descargas de aguas no tratadas o tratadas de manera inadecuada para la región caribeña y a otras formas de contaminación del mar. “El reporte más reciente del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) advirtió que superar los 1,5°C en la temperatura promedio del planeta, implicaría la destrucción de los arrecifes”, enfatizó Mélina Soto, Coordinadora para México de la Iniciativa Arrecifes Saludables para Gente Saludable. “Es entonces urgente adoptar medidas adecuadas para preservar esos entornos, siendo una de ellas la protección de los peces herbívoros”. Lea la carta enviada al gobierno mexicano. Encuentra aquí más información sobre el caso. Contactos de prensa: Victor Quintanilla (Ciudad de México), AIDA, [email protected], +521 5570522107 Marisol Rueda Flores (Playa del Carmen), Iniciativa Arrecifes Saludables para Gente Saludable, [email protected],+521 9848770815
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Sociedad civil advierte ante CIDH violaciones a los derechos humanos ocasionadas por el fracking en Latinoamérica
Boulder, Colorado. Representantes de comunidades y organizaciones de diversos países de América Latina —entre ellos Argentina, México y Colombia— expusieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) los impactos actuales y potenciales que la técnica de fractura hidráulica (fracking), utilizada para la extracción no convencional de hidrocarburos, tiene sobre los derechos humanos y el ambiente.La audiencia se realizó en respuesta a una petición suscrita por más de 126 organizaciones de 11 países de las Américas, en el marco del 169° período ordinario de sesiones que la CIDH celebra esta semana en la ciudad de Boulder, Colorado.La principal solicitud a la CIDH y a las Relatorías para los diversos países, en el marco de esta audiencia, fue instar a los Estados a que adopten medidas eficaces y oportunas para prevenir violaciones a los derechos humanos en el contexto de actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, así como la aplicación del principio de precaución frente a posibles daños ambientales a causa del fracking.“En América Latina, el fracking se ha realizado sin informar ni consultar adecuadamente a la población afectada, vulnerándose así su derecho a la información, participación, consulta y consentimiento previos”, destacó Liliana Ávila, Abogada Sénior de la Asociación Interamericana de Derecho Ambiental (AIDA), durante la audiencia. “La demanda de agua para esta actividad compite con el uso de agua para el consumo humano, y la contaminación que produce en aguas, suelos y aire, afecta gravemente el disfrute del derecho al medio ambiente sano y compromete el goce efectivo de otros derechos como la vida digna, la integridad personal, la salud, la alimentación, el agua y la vivienda adecuada”.En la audiencia se enfatizó que las mujeres sufren desproporcionadamente los impactos de esta actividad debido a las daños potenciales en su salud reproductiva y a que la falta de acceso al agua provocada por la sobreexplotación y contaminación que el fracking conlleva, tiene un impacto mayor sobre las mujeres debido a los roles de cuidado socialmente asignados.Refiriéndose a la experiencia de las comunidades mapuches de Argentina, Santiago Cané, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), destacó que “se producen hechos de violencia contra quienes defienden el ambiente y sus derechos. Institucionalmente, podemos hablar de la criminalización de la protesta social como una forma de intimidación para eliminar la resistencia a los proyectos de fracking. La prosecución de causas penales contra los líderes de las comunidades que se oponen al desarrollo del fracking ha llegado a convertirse en una campaña mediática e institucional por la que se busca instalar la idea de que las comunidades mapuches integran un grupo terrorista.”En México, “específicamente en el municipio de Papantla, Veracruz —que de acuerdo a solicitudes de acceso a la información es el municipio con mayor número de pozos de fracking en el país—, donde la población pertenece mayoritariamente al pueblo totonaca, esta técnica de explotación ha provocado el desvío de manantiales y el desecamiento de pozos artesanos, con lo que muchas comunidades perdieron sus fuentes naturales de agua y han visto comprometida su salud y deterioradas sus condiciones de vida”, manifestó Alejandra Jiménez, de la Alianza Mexicana Contra el Fracking.Dorys Gutiérrez, de la organización colombiana Corporación Defensora del Agua, Territorio y Ecosistemas, señaló que: “En Europa, 18 países han aplicado el principio de precaución para no permitir o restringir esta práctica y en Australia, 4 de 8 territorios tienen prohibiciones o moratorias. Entonces, si el fracking es tan bueno, ¿por qué en tantos lugares es ampliamente rechazado?”Según datos recopilados por la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking, en América Latina existen cerca de 5,000 pozos de fracking. En Argentina, existen aproximadamente 2,000 pozos. Mientras, en Chile, según datos oficiales, actualmente se ha aprobado la fracturación de 182 pozos, la gran mayoría en la isla de Tierra del Fuego. En el caso de México, el número de pozos de fracking supera los 3,350.A pesar de este incremento, se ha avanzado también en prohibiciones y restricciones al fracking en tres estados de Estados Unidos, en Uruguay, en la provincia argentina de Entre Ríos y en más de 300 municipios de Brasil.La expansión del uso de esta técnica está causando y puede causar graves impactos en los derechos humanos. El avance del fracking representa una amenaza para la consolidación del marco jurídico que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos viene impulsando y que incluye las obligaciones de los Estados y la protección internacional a los derechos humanos y el ambiente.Contactos de prensa:Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +521 5570522107Arturo Contreras (en Boulder, Colorado), +521 5533320505
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Comisión Interamericana analizará violaciones a los derechos humanos provocadas por fracking
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizará una audiencia informativa el próximo 3 de octubre para conocer la situación general de la utilización de la fracturación hidráulica (fracking) y la violación a los derechos humanos de comunidades y personas defensoras a consecuencia de esta actividad en el continente americano. La audiencia responde a una solicitud realizada por 126 organizaciones de América Latina, encabezadas por la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking (ALFF). La audiencia se realizará en la ciudad de Boulder, Colorado, Estados Unidos, en el marco del 169 período ordinario de sesiones de la CIDH. En ella, personas defensoras y representantes de comunidades afectadas presentarán información detallada sobre los impactos a los derechos humanos, así como los impactos ya documentados y los riesgos potenciales derivados de las actividades de fracking en América Latina. Las organizaciones agrupadas en la ALFF buscan proponer una serie de recomendaciones a la CIDH y a los gobiernos de la región para garantizar los derechos humanos frente a los riesgos de este método de explotación de yacimientos no convencionales de hidrocarburos. De acuerdo con la solicitud de audiencia, en Latinoamérica existen cerca de 5,000 pozos de fracking. En Argentina, aproximadamente existen 2000 pozos. Mientras en Chile, según datos oficiales, actualmente se ha aprobado la fracturación de 182 pozos, la gran mayoría en la isla de Tierra del Fuego. En el caso de México, el número de pozos de fracking supera los 3,350, aunque las organizaciones firmantes señalaron que existen retos en materia de acceso a esta información. Por su parte, en Brasil y Colombia se han firmado contratos que permiten la exploración y explotación, y en Bolivia se ha comenzado la prospección y los estudios de muestras de yacimientos no convencionales. Organizaciones de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay firmaron en julio pasado la solicitud de audiencia a la CIDH. “El avance del fracking en América latina se realiza a ciegas porque no se conoce con certeza la totalidad de las sustancias químicas empleadas, ni sus efectos combinados o sinérgicos, los riegos reales y potenciales, ni la efectividad de las medidas de mitigación”, resaltó Claudia Velarde, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). “Lo que sí se conoce son sus daños en el ambiente, en la cantidad y calidad del agua, en la salud y en los derechos humanos colectivos”. Mientras en diversos países de América Latina se promueve el fracking, otros países, estados y provincias de Europa, América y Oceanía lo han prohibido por los impactos y riesgos ambientales y para la salud que implica. La solicitud a la CIDH destaca que “ninguno de los países donde se aplica el fracking posee un conocimiento integral de los riesgos e impactos irreversibles que puede ocasionar al ambiente y a la vida de las personas y comunidades. Sin embargo, se cuenta con sobrada evidencia científica de sus efectos negativos sobre la población, a partir de la experiencia de uso intensivo de esta técnica en Estados Unidos.” Sigue las actualizaciones sobre esta audiencia con el hashtag #AméricaSinFracking Contacto de prensa Victor Quintanilla, AIDA (México), [email protected], +521 5570522107
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Mandan alerta internacional para frenar los daños de la industria salmonera en la Patagonia chilena
AIDA envió una alerta urgente a las autoridades a cargo del cumplimiento de seis tratados internacionales orientados a la protección ambiental y ratificados por Chile. En ella se solicitan visitas a la región de Magallanes y apoyo en la investigación de los daños que la salmonicultura está causando, instando al gobierno chileno a proteger la zona. Santiago, Chile. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) envió una alerta urgente a las autoridades responsables del cumplimiento de seis convenios internacionales ratificados por el Estado chileno. En ella les solicita que realicen visitas de asesoramiento a la región de Magallanes, donde la expansión de la industria salmonera está causando graves daños ambientales, y que exhorten al gobierno a la adopción de medidas adecuadas para frenar esos daños. “Son tratados que fueron suscritos y ratificados por Chile para proteger su riqueza natural, incluidas las especies endémicas que Magallanes alberga”, dijo Florencia Ortúzar, abogada de AIDA. “Al no disponer las medidas necesarias para evitar que la producción industrial de salmón dañe los entornos marinos del país, el gobierno está vulnerando estos convenios”. La alerta fue enviada a las autoridades a cargo del Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Convención sobre la conservación de las especies migratorias de animales silvestres, la Comisión Ballenera Internacional, la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y el Tratado Antártico. También se informó de la situación a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y a la Organización Mundial de la Salud (OMS). La región de Magallanes es hogar de muchas especies protegidas como la ballena azul, el cachalote, el pingüino de Magallanes, la foca elefante, la tortuga laúd, el delfín austral y el delfín chileno, entre otras. Además, es una zona remota y prístina, escasamente estudiada, por lo que no es posible saber las consecuencias de los daños actuales y potenciales que se están infringiendo. En el documento se detallan los principales daños causados por las granjas de salmón instaladas en Magallanes. Entre ellos están la contaminación del fondo marino con grandes cantidades de desechos provenientes de las heces de los peces y de los químicos usados en su cultivo y la saturación de las aguas con más peces de los que pueden soportar, lo que genera zonas sin oxígeno, donde la vida marina no puede prosperar. “Más de la mitad de las granjas que operan en Magallanes están causando la falta total o parcial de oxígeno”, señaló Ortúzar. “Ello evidencia que las concesiones de salmonicultura se están otorgando sin el respaldo científico que garantice que no causarán daños ambientales”. Otro gran problema planteado en la alerta es el excesivo uso de antibióticos en el cultivo de salmón en Chile, más alto que en cualquier otro país productor de salmón. Dicho uso desmedido provoca resistencia antimicrobiana, problema que ha sido reconocido por la OMS como una amenaza grave para la salud pública mundial. En la alerta, AIDA solicita que las autoridades internacionales, entre otras acciones, brinden apoyo al Estado chileno para investigar los impactos reales y potenciales de la industria salmonera en la Patagonia, le recuerden sus obligaciones bajo los tratados, investiguen los daños descritos y, cuando corresponda, requieran la aplicación de sanciones y la suspensión o cancelación de concesiones de salmonicultura en Magallanes. Consulte la alerta urgente (en inglés). Encuentra aquí más información sobre el caso. Contacto de prensa Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +521 5570522107
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