Prensa
La Junta Directiva de AIDA se renueva
Damos la bienvenida con orgullo a los nuevos integrantes: Xavier Martínez Esponda, Mónica Roa y Manuel Pulgar-Vidal, profesionales destacados en el ámbito del derecho y en la defensa del ambiente y los derechos humanos en América Latina. Tras conocerse los resultados de nuestras elecciones internas, la Junta Directiva de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente se renueva con la incorporación de tres personas para el próximo periodo de tres años renovables. Nos sentimos honrados al dar la bienvenida a Xavier Martínez Esponda, destacado abogado mexicano y Director Técnico – Operativo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Mónica Roa, reconocida abogada colombiana y defensora de los derechos de las mujeres; y Manuel Pulgar-Vidal, reconocido abogado ambiental peruano, exministro del Ambiente de Perú y actualmente Líder de Clima y Energía de WWF Internacional. Manuel Pulgar-Vidal regresa a la Junta Directiva de AIDA, la cual presidió durante ocho años luego de ayudar a fundar la organización en 1998. La Junta Directiva está presidida por Manolo Morales, de Ecuador, Director Ejecutivo de la Corporación de Gestión y Derecho Ambiental ECOLEX. Tiene como Vicepresidente a Jerónimo Rodríguez, de Colombia, Subdirector del Programa Riqueza Natural de Chemonics International; como Oficial Financiero a Martin Wagner, de Estados Unidos, Director del Programa Internacional de Earthjustice; y como Secretaria a Margot Venton, de Canadá, abogada de Ecojustice. Y tiene además como miembros a Rafael González, de Costa Rica, Presidente de Justicia para la Naturaleza (JPN) y a Pedro Solano, de Perú, Director Ejecutivo de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA). Como la única organización regional de expertas y expertos latinoamericanos que brindan apoyo legal y técnico gratuito para proteger el ambiente y a las comunidades del continente, AIDA busca fortalecerse constantemente, lo que incluye el rol importante que cumplen los miembros de nuestra Junta Directiva.
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Comunidades indígenas de Guatemala presentan reclamo ante el BID por los daños de dos represas
Solicitan que el mecanismo de rendición de cuentas del Banco Interamericano de Desarrollo recomiende que la entidad financiera retire su inversión de las hidroeléctricas Pojom II y San Andrés porque al financiarlas incumplió sus propias políticas operativas. La planificación y ejecución de los proyectos ha causado daños a fuentes de agua y a los medios de vida de pueblos indígenas y mujeres. Washington D.C. Comunidades afectadas por las represas Pojom II y San Andrés en la microrregión de Ixquisis —representadas por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), la Plataforma Internacional contra la Impunidad y el Gobierno Ancestral Plurinacional Q'anjob’al, Popti, Chuj y Akateko — presentaron una queja ante el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En ella solicitan que se recomiende al BID retirar su inversión debido a que incumplió sus propias políticas operativas al financiar las hidroeléctricas, cuya planeación y construcción ha resultado en daños sociales y ambientales. “Los daños causados por la implementación de ambos proyectos son el resultado del incumplimiento de las políticas operativas del BID, en particular de su política ambiental y de sostenibilidad, la de pueblos indígenas, la de género y la de divulgación de información”, explicó Liliana Ávila, abogada de AIDA. En la queja se detalla que las represas fueron autorizadas sin que las comunidades fueran adecuadamente consultadas y que éstas no han recibido información suficiente sobre los riesgos de los proyectos. Además, ante su resistencia pacífica a los mismos, las personas afectadas han sufrido ataques, amenazas, hostigamiento e incluso se denunció el asesinato aún no esclarecido de una de ellas en 2017. De otro lado, la construcción de las represas ha causado daños ambientales como la escasez de agua y la contaminación de ríos, afectando la pesca, la agricultura y los modos de vida tradicionales de las comunidades de Ixquisis, departamento de Huehuetenango, mayormente indígenas mayas y donde sobresalen las etnias Chuj, Q’anjob’al y Akateko. “Esos daños son sufridos de manera diferenciada por las mujeres, aspecto destacado en la queja, pues son ellas las que administran el uso del agua en sus hogares”, dijo Anabella Sibrián, de la Plataforma Internacional contra la Impunidad. “Las mujeres de Ixquisis enfrentan la estigmatización y viven con miedo a represalias hacia ellas o sus familias por su oposición a las represas”. La hidroeléctrica Pojom II es promovida por la empresa Generadora San Mateo S.A., mientras que San Andrés está a cargo de Generadora San Andrés S.A. Ambas empresas son subsidiarias de Promoción y Desarrollos Hídricos S.A., una compañía nacional. En 2013, el BID Invest, brazo privado del Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo, aprobó un préstamo de hasta 9 millones de dólares para la construcción de Pojom II y de hasta de 6 millones para el proyecto San Andrés. “Esperamos que el mecanismo de rendición de cuentas del BID concluya que el banco incumplió sus políticas y recomiende, por tanto, que el BID Invest retire la inversión de los proyectos”, enfatizó Ávila. La lucha de las comunidades de Ixquisis por el agua y el territorio fue recientemente galardonada por la organización internacional Front Line Defenders con el Premio para Defensores/as de Derechos Humanos en Riesgo 2018. Encuentra aquí más información del caso. Contacto de prensa Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +521 5570522107
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Pronunciamiento ante denuncia de violencia contra comunidades en Guatemala
Comunidades de la microrregión de Ixquisis, Guatemala, denunciaron públicamente represión e intimidaciones debido a sus manifestaciones pacíficas en rechazo a la presencia en su territorio de fuerzas de la Policía Nacional Civil y del Ejército Nacional. Actualmente, existe un gran temor por un uso indebido del derecho penal contra las personas que han expresado su oposición al desarrollo de los proyectos hidroeléctricos Pojom I, Pojom II y San Andrés en Ixquisis, municipio de San Mateo Ixatán. AIDA, junto a varias organizaciones, ha denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un grave escenario de criminalización de personas defensoras de derechos humanos que se oponen a proyectos hidroeléctricos en Guatemala. Por todo lo anterior, AIDA, como organización que trabaja en la defensa y protección de los derechos humanos y del ambiente en América Latina, expresa lo siguiente: Resulta sumamente preocupante la represión a la libertad de asociación y expresión, así como el riesgo al que se enfrentan los miembros de las comunidades en Ixquisis. Es también alarmante el incremento de hechos de violencia en su contra. Rechazamos cualquier acto de violencia o intimidación física o verbal por parte de fuerzas de seguridad privadas y públicas contra personas que ejercen sus derechos individuales y colectivos. Asimismo, condenamos cualquier campaña de desinformación, deslegitimación y estigmatización que pueda surgir de las manifestaciones pacíficas de las comunidades. Los actos denunciados no solo vulneran las garantías de las personas, sino que afectan la estabilidad social y el modo de vida tradicional de las comunidades. AIDA manifiesta su solidaridad, apoyo y respaldo a la Resistencia Pacífica de la Microrregión de Ixquisis y a su lucha por defender su derecho al territorio y conseguir justicia ambiental. Exhortamos a que el Estado de Guatemala garantice el disfrute de los derechos humanos de los miembros de las comunidades de Ixquisis, proteja a quienes los defienden, lleve a cabo acciones diligentes para investigar los recientes actos de violencia contra las comunidades, asegure el debido proceso para las personas que defienden sus derechos ante el avance de los mencionados proyectos hidroeléctricos, y evalúe las formas de actuación de la fuerza pública denunciadas por las comunidades. Contacto de prensa Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +52 5570522107
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2017, el año más letal para personas defensoras de derechos humanos: Global Witness
● La estrategia: asesinatos múltiples en comunidades, priorizando el beneficio económico sobre la vida. ● Distintos actores estatales y no estatales, presuntos responsables de la violencia contra personas defensoras de derechos humanos. Ciudad de México. Al menos 207 personas fueron asesinadas en el mundo por defender los derechos humanos, su tierra y el medio ambiente en 2017. A menudo, “poderosas fuerzas buscan marginar a las personas defensoras, calificando sus acciones de antidesarrollo”, señala Global Witness en su Informe anual sobre defensores de derechos humanos 2017: ¿A qué precio? Tres de cada cinco personas defensoras asesinadas el año pasado eran latinoamericanas, las cifras del informe están basadas en registros de organizaciones civiles y fuentes de información públicas. En México, la situación empeoró respecto de 2016, pasando de tres a 15 personas defensoras asesinadas durante 2017. De acuerdo con el informe, 13 de estas 15 personas pertenecían a comunidades indígenas que defendían sus territorios ancestrales. Un caso es el de la Sierra Tarahumara, donde la interacción entre una presencia fuerte del crimen organizado, la militarización de la zona y la falta de protección por parte de las autoridades ha generado procesos de reclutamiento forzado y desplazamiento interno. Integrantes de Alianza Sierra Madre A.C. han tenido que salir del territorio, lo que ha impactado de forma negativa en la realización de su labor en defensa de los derechos humanos de las comunidades ahí. Las y los activistas ambientales, en su calidad de personas defensoras de derechos humanos, deben gozar de la protección de los gobiernos que están obligados a asegurarla, tal y como se establece en la Declaración de la ONU sobre las Personas Defensoras de Derechos Humanos; lo mismo que las empresas están obligadas a respetar sus derechos, de conformidad con los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos. Parte del problema es la falta de implementación adecuada del marco de protección internacional de derechos de los pueblos indígenas relativo a consulta y consentimiento previo, libre e informado, así como de las medidas de protección para personas defensoras, en contextos de defensa frente a la actividad empresarial. México es uno de los pocos países con una legislación y un mecanismo específicos para proteger a personas defensoras de derechos humanos, pero en la práctica no funciona. Se necesita una política gubernamental integral para complementar la ley existente que, en lugar de estigmatizar a las personas defensoras, fomente una cultura que reconozca su labor, combata la impunidad y garantice la voluntad política para abordar el problema de forma estructural: El informe de Global Witness insta al Estado Mexicano a implementar las siguientes recomendaciones para atender la preocupante situación en que vive el país: Atacar las causas, combatir la corrupción, asegurar los títulos de propiedad de las tierras, respetar los derechos colectivos y consuetudinarios sobre la tierra y garantizar el derecho de las comunidades afectadas a otorgar o negar su consentimiento libre, previo e informado sobre el uso de sus tierras y recursos naturales. Apoyar y proteger a las personas defensoras, darles las herramientas necesarias para que lleven a cabo eficazmente su activismo eficazmente, y garantizar su seguridad. Garantizar la rendición de cuentas para evitar amenazas futuras; los responsables de los ataques contra las personas defensoras deben comparecer ante la justicia, y quienes no les apoyen ni les protejan deben enfrentar consecuencias políticas, financieras y judiciales. Una gran parte de las personas defensoras del medio ambiente en el mundo son líderes indígenas o campesinas, que protegen sus tierras ancestrales y sus medios de vida tradicionales de proyectos o megaproyectos mineros, agronegocios a gran escala, proyectos energéticos y hoteles de lujo. Otros, abordan la caza furtiva y la tala ilegal. También son abogadas y abogados, periodistas o integrantes de organizaciones de la sociedad civil, que visibilizan y denuncian el abuso ambiental y el acaparamiento de tierras. Desde el Grupo Focal de Empresas y Derechos Humanos, reiteramos nuestra preocupación por el aumento de los asesinatos de personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente. De igual forma, refrendamos nuestro interés en sostener un diálogo constructivo con el nuevo Gobierno, a fin de aportar al desarrollo de una agenda integral de empresas y derechos humanos en México. La coyuntura actual de alternancia de gobierno representa una oportunidad de integrar, desde el inicio, la agenda de empresas y derechos humanos como parte de la política general de derechos humanos, y desde una perspectiva más incluyente, que también procure la protección de las y los defensores de la tierra, el territorio y el medio ambiente. Consulta el informe en www.globalwitness.org/AQuePrecio Contactos de prensa Ben Leather, Global Witness, [email protected], +447841 337 034 Hannah Matthews, PBI, [email protected], 55 2370 3010 Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +521 5570522107
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AIDA respalda demanda de comunidades de Guatemala contra represa Pojom II
Presentamos ante la Corte Suprema de Justicia de ese país un escrito que evidencia el incumplimiento de obligaciones internacionales en materia de ambiente y derechos humanos en la autorización y construcción del proyecto hidroeléctrico. Ciudad de Guatemala, Guatemala. En respaldo a las demandas de amparo interpuestas por miembros de comunidades de la microrregión de Ixquisis, Huehuetenango, afectadas por el proyecto hidroeléctrico Pojom II, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente presentó un escrito (Amicus Curiae) ante la Corte Suprema de Justicia. En él evidenciamos las obligaciones internacionales en materia ambiental y de derechos humanos incumplidas en el proceso de autorización y construcción de la represa. “La construcción de la hidroeléctrica fue autorizada sin haberse realizado una consulta previa, libre e informada que permitiera a la población afectada, en su mayoría indígena, otorgar su consentimiento a una actividad que les afecta directamente”, explicó Liliana Ávila, abogada de AIDA. “La consulta, el consentimiento y la participación son derechos humanos individuales y colectivos que están garantizados por tratados internacionales ratificados por Guatemala”. El proyecto Pojom II está financiado por el BID Invest, brazo privado del Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo. Fue autorizado pese a que el estudio de impacto ambiental presentado por la empresa promotora incumplió estándares nacionales e internacionales. No fue realizado por una entidad independiente ni bajo la supervisión del Estado, no respetó las tradiciones y cultura de las comunidades indígenas afectadas y no tomó en cuenta los impactos acumulativos de la concentración de proyectos hidroeléctricos en la zona. “Esos proyectos no representan beneficios para las comunidades y, por el contrario, causan daños irreversibles a sus medios de subsistencia y modos de vida tradicionales al afectar fuentes de agua y otros entornos naturales”, señaló Ávila. “Generan además situaciones de grave conflictividad social”. En el escrito presentado por AIDA se detallan las obligaciones internacionales incumplidas por el Estado de Guatemala respecto al proyecto Pojom II. Entre ellas están las contenidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Protocolo de San Salvador, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes y otras que hacen parte del Derecho internacional ambiental. “Las demandas de amparo presentadas por las comunidades son una oportunidad para que el gobierno suspenda el proyecto por los graves daños causados”, dijo Ávila. “Y en nuestro escrito apoyamos esa acción al demostrar la responsabilidad del Estado en el incumplimiento de normas internacionales”. Contacto de prensa: Victor Quintanilla, AIDA (México), [email protected], +521 5570522107
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Pronunciamiento ante la salida de Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU
Ante el anuncio del gobierno de Estados Unidos de retirarse del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, desde AIDA, como organización que trabaja por la protección del derecho a un ambiente sano en América Latina, expresamos lo siguiente: Consideramos que es una medida preocupante y desafortunada, que podría aislar a Estados Unidos de la comunidad internacional y de la oportunidad de influir positivamente para mejorar la protección de los derechos humanos globalmente. Esta decisión envía un mensaje negativo, en especial a países con situaciones graves de derechos humanos, respecto de los cuales Estados Unidos ha expresado preocupación. Desde nuestra perspectiva, con esta decisión, el gobierno ignora a miles de personas y organizaciones que en Estados Unidos se han pronunciado contra políticas internas como aquella que implica la separación de familias de migrantes, y la postura frente el cambio climático. Es importante tener en cuenta que, pese a su salida del Consejo, la situación de derechos humanos en Estados Unidos podrá continuar siendo evaluada por dicho órgano, de la misma manera que ocurre con los demás Estados que participan en la Organización de Naciones Unidas. Ante esta decisión, instamos a los demás Estados a responder y a demostrar su liderazgo para garantizar la protección efectiva de los derechos humanos a nivel global. La importancia de los derechos humanos no es una cuestión de política ni de partidos, sino de humanidad y decencia. CONTACTOS DE PRENSA: Víctor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +521 5570522107
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Comunidades afectadas por represa Hidroituango en Colombia presentan queja ante el BID
En medio de la crisis humanitaria que se vive en la cuenca del río Cauca por causa de la hidroeléctrica, las comunidades solicitaron al mecanismo de rendición de cuentas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) investigar si la entidad financiera cumplió o no sus propios estándares sociales y ambientales al invertir en el proyecto. Washington D.C. Comunidades afectadas por la construcción de la represa Hidroituango en el departamento de Antioquia, presentaron una reclamación ante el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICl) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La queja fue presentada en la sede del organismo, ubicada en la capital de Estados Unidos. En ella solicitan que esa instancia de rendición de cuentas indague si el BID, tanto su brazo público como privado, cumplió o no sus propios estándares sociales y ambientales a la hora de invertir en el proyecto. Las comunidades afectadas, representadas por el Movimiento Ríos Vivos Antioquia, resaltan en la queja que las políticas del banco establecen que los proyectos en los que invierta deben ser sostenibles, participativos y respetuosos de la legislación nacional, lo que no ha ocurrido con Hidroituango. El proyecto no contó con una evaluación de impacto ambiental adecuada, no permite la participación de las comunidades ni el acceso a información, y se ha desarrollado en un contexto de violaciones a derechos humanos y uso desproporcionado de la fuerza. Asimismo, ha puesto en peligro la vida de miles de personas, que han tenido que ser evacuadas de forma improvisada por la crisis de la presa. Esto contradice los estándares sociales y ambientales que el BID debe aplicar en sus inversiones. La hidroeléctrica pretende ser la más grande de Colombia, con un embalse de 79 kilómetros que inundó un área de 4.500 hectáreas, sin retirar la capa vegetal, terminar la obra, informar, reubicar ni compensar a las comunidades. El Grupo BID ha apoyado el proyecto a través de varios tipos de inversión: 2 millones de dólares en cooperación técnica al Estado colombiano en 2012 y 550 millones de dólares en inversiones directas a Empresas Públicas de Medellín (EPM), a cargo del proyecto, en 2016. Además, el BID maneja un paquete de inversiones en el proyecto que suma 1.000 millones de dólares, con aportaciones de múltiples bancos europeos [KfW IPEX - Alemania, BNP Paribas - Francia, BBVA y Banco Santander - España], asiáticos [ICBC - China, Sumitomo Mitsui - Japón] y un banco canadiense [CDPQ – Quebec]. El MICI atiende denuncias de personas y comunidades afectadas por proyectos de desarrollo financiados por el BID. Las comunidades afectadas por Hidroituango, asentadas en la cuenca del río Cauca y sus afluentes, son acompañadas en el proceso de queja por el Center for International Environmental Law (CIEL), la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y el International Accountability Project (IAP). El reclamo ocurre en medio de una crisis humanitaria en la zona de construcción de la hidroeléctrica y de una creciente violencia contra las personas que defienden su territorio y agua frente al proyecto. Lo que comenzó con el taponamiento con cemento de dos túneles de la represa, terminó en la obstrucción de otro túnel y luego en un incremento drástico del caudal del río, deslizamientos de tierra, inundaciones y desplazamiento de miles de personas de sus hogares. Todo ello ha desnudado la inadecuada evaluación de impactos y la pobre regulación ambiental a las que fue sometido el proyecto y que, de todas formas, fue autorizado. El estado de emergencia en la zona no ha cesado y el riesgo de que la represa colapse no ha sido descartado ni por el gobierno colombiano ni por la empresa. Los miembros del Movimiento Ríos Vivos Antioquia han sufrido múltiples amenazas, intimidaciones y violación de sus derechos. Entre el 2 y el 8 de mayo, según se denunció, dos de sus integrantes fueron asesinados en el corregimiento de Puerto Valdivia, que fue completamente evacuado por la emergencia. Además, la región donde está ubicada la represa ha sido históricamente afectada por la violencia y el conflicto armado. Contactos de prensa Isabel Zuleta, Movimiento Ríos Vivos Antioquia, +57 3217347264, [email protected] Carla García, Center for International Environmental Law, [email protected] Astrid Puentes, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, [email protected] Carlos Lozano, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, [email protected] Alexandre Sampaio, International Accountability Project, [email protected]
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Organizaciones se unen al pedido de ayuda de comunidades afectadas por la represa Hidroituango en Colombia
El movimiento que agrupa a las personas afectadas ha denunciado el asesinato de dos de sus integrantes en solo unos días. Y, debido a la obstrucción de uno de los túneles de la represa, existe riesgo de un desborde y una avalancha. Pedimos a las autoridades investigar los daños a las comunidades, sancionarlos y atender a las familias afectadas. Dos integrantes del Movimiento Ríos Vivos Antioquia, que agrupa a las comunidades afectadas por el proyecto hidroeléctrico Hidroituango en Colombia, han sido asesinados en los últimos días. El 2 y el 8 de mayo, denunció el Movimento, fueron asesinados los señores Hugo Albeiro George Pérez y Luis Alberto Torres Montoya, respectivamente. Los miembros del Movimiento han sufrido también múltiples amenazas, intimidaciones y violaciones a derechos humanos por su defensa del territorio y del río Cauca. De otro lado, las comunidades de varios municipios asentados aguas abajo del río Cauca, represado para implementar la represa, viven con miedo e incertidumbre ante una posible catástrofe. La amenaza es inminente y se debe a la obstrucción de uno de los túneles de la represa que, al interrumpir el flujo de agua, puede causar el desborde del agua del embalse, cuya fuerza puede provocar inundaciones y una avalancha de lodo, troncos y desechos. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Centro para el Derecho Ambiental Internacional (CIEL) y el International Accountability Project (IAP) expresamos nuestro apoyo a las comunidades afectadas por el proyecto hidroeléctrico Hidroituango, agrupadas en el Movimiento Ríos Vivos Antioquia. Demandamos a las autoridades ambientales en Colombia investigar y sancionar a los responsables de los asesinatos, así como los daños que la construcción de la represa ya está ocasionando. Solicitamos además al gobierno nacional atender adecuadamente y a la brevedad a las familias afectadas. Hidroituango, que se prevé será la represa más grande de Colombia, afectará a 12 municipios, impactando en miles de familias que dependen del río. El proyecto ha recibido préstamos del BID Invest, el brazo del Banco Interamericano de Desarrollo para el sector privado. Contacto de prensa: Víctor Quintanilla, AIDA, +521 5570522107, [email protected]
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Organizaciones de la sociedad civil condenan el asesinato en Colombia de integrante del Movimiento Ríos Vivos
Nos solidarizamos con el Movimiento y solicitamos que el Estado colombiano investigue los hechos y que sancione ejemplarmente a los responsables. Pedimos además que adopte medidas urgentes y efectivas para frenar la violencia contra las y los defensores ambientales. Las organizaciones nacionales e internacionales abajo firmantes condenamos categóricamente el asesinato en Colombia del señor Hugo Albeiro George Pérez, integrante del Movimiento Ríos Vivos. El Movimiento Ríos Vivos denunció el homicidio del señor George, integrante de la Asociación de Víctimas y Afectados por Megaproyectos (ASVAM) El Aro —grupo articulado al Movimiento Ríos Vivos Antioquia— y afectado junto a su familia por la construcción de la represa Hidroituango. El hecho, en el que también falleció Domar Egidio Zapata George, sobrino de Hugo Albeiro, ocurrió el pasado dos de mayo en Puerto Valdivia, Antioquia, en el contexto de movilizaciones de comunidades de la región ante los riesgos ambientales y sociales del represamiento del río Cauca. Hidroituango es la represa más grande de Colombia, con una altura de 225 metros, y una capacidad para contener 20 millones de metros cúbicos de agua. Afectará 12 municipios y tendrá impactos sobre miles de familias que dependen del río. El proyecto ha recibido un paquete de préstamos del BID Invest, el brazo del Banco Interamericano de Desarrollo para el sector privado. El Movimiento Ríos Vivos ha sido objeto de múltiples amenazas, intimidaciones y violaciones a derechos humanos por su defensa del territorio y del río Cauca. Los propietarios del proyecto Hidroituango deben respetar los derechos humanos y actuar con debida diligencia frente a los impactos que genera el desarrollo de la represa. Ante lo ocurrido, expresamos nuestra solidaridad con el Movimiento Ríos Vivos y con la familia de Hugo Albeiro George Pérez. Solicitamos a la Fiscalía General de la Nación en Colombia que investigue el hecho de forma expedita y a los jueces competentes que sancionen a los responsables del mismo. Asimismo, y ante la creciente violencia contra defensores y defensoras del ambiente en la región, exigimos al gobierno garantizar un entorno seguro para el trabajo del Movimiento Ríos Vivos y tomar las medidas necesarias para frenar las amenazas, la intimidación y los asesinatos en contra de quienes defienden el ambiente y los territorios. Igualmente, solicitamos a las autoridades ambientales investigar los impactos que sufren las comunidades por el represamiento del río Cauca y al gobierno nacional atender a las familias afectadas. Accion Ecologica, RedLar Ecuador. Afro-Colombian Solidarity Network. Alianza Internacional de Habitantes. Alianza para la Conservación y el Desarrollo, Panamá. Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental, Lavida, México. Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente. Bank Information Center. Bretton Woods Project, Londres. CEE Bankwatch Network, Hungría Center for International Environmental Law, Estados Unidos. Centro de Derechos Económicos y Sociales, Ecuador. Coordinadora de Afectados por Grandes Embalses y Trasvases, Coagret. Colombia Grasssrooots Support, New Jersey, Estados Unidos. Colombia Human Rights Committee, Washington, DC, Estados Unidos. Colombia Land Rights Monitor. Consejo de los Pueblos Wuxtaj/CPO, Guatemala. Convergencia por los Derechos Humanos, Guatemala. Derecho, Ambiente y Recursos Naturales, Perú. Due Process of Law Foundation, Estados Unidos. Earthrights International. Ecosistemas Chile, Chile. Environmental Investigation Agency, Estados Unidos. Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Argentina. Fundación Chile Sustentable, Chile. Fundar, Mexico. Front Line Defenders, Reino Unido. Global Witness, Reino Unido. IISCAL, Estados Unidos. International Accountability Project, Estados Unidos. International Labor Rights Forum. International Rivers. Latin America Working Group, Estados Unidos. Movement for Peace in Colombia, New York, Estados Unidos. Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, México. Movimiento Victoriano Lorenzo. Not1More. Oxfam. Plataforma Continental Somos una América. Pueblos Unidos de la Cuenca Antigua. Servicios para una Educación Alternativa, México. Taller de Comunicación Ambiental, Rosario. Washington Office on Latin America, Estados Unidos. Contacto de prensa: Víctor Quintanilla, AIDA, +521 5570522107, [email protected]
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Comunidades en Chile avanzan hacia la protección de la Patagonia de los daños de la salmonicultura
Consiguieron el congelamiento temporal de las concesiones para nuevas granjas de salmón en la Región de Magallanes. Desde AIDA consideramos que es una señal positiva para la protección de esa zona prístina de los daños ya documentados de la industria del salmón. Instamos al gobierno a seguir ese camino. Santiago de Chile. Según informaron medios locales, la entrega de concesiones por parte del gobierno para la instalación de nuevas granjas de salmón en la Región de Magallanes, en plena Patagonia, quedó congelada temporalmente debido a que comunidades Kawésqar solicitaron un nuevo Espacio Costero Marino Protegido para Pueblos Originarios, instrumento contemplado en la legislación nacional, en gran parte de las aguas de la zona. “Aunque se trata de una medida provisional, es una señal positiva hacia la protección de la región más prístina de Chile”, dijo Gladys Martínez, abogada sénior del Programa de Biodiversidad Marina y Protección Costera de AIDA. “El logro de las comunidades va en línea con el trabajo que estamos haciendo y con la evidencia científica sobre los daños ya causados por la producción industrial de salmón en Magallanes”. En mayo del año pasado, AIDA presentó una una denuncia ante la Superintendencia del Medio Ambiente de Chile, solicitando que investigue los daños que la industria del salmón está generando en esa región y que sancione a las empresas responsables. Y en enero de este año, difundió un informe científico, elaborado para la organización por un experto, que presenta un análisis detallado de la situación. Entre otras cosas, el documento evidencia que las granjas ubicadas en Magallanes fueron autorizadas sin evaluaciones científicas previas para asegurar que no causarían daños a la vida marina. Concluye además que más de la mitad de las granjas que están actualmente en operación, han generado la falta total o parcial de oxígeno en las aguas, lo que afecta gravemente la vida marina; y que al menos nueve de ellas están ubicados en áreas naturales protegidas. “Esperamos que, inspirado por la fuerza con la que las comunidades defienden su entorno natural, el gobierno chileno garantice la protección duradera de las aguas de la Patagonia”, señaló Florencia Ortúzar, abogada de AIDA. “Para ello es necesario investigar y sancionar los daños causados por la industria salmonera y anteponer la preservación de ecosistemas únicos a intereses económicos particulares”. Encuentra aquí más información del caso.
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