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La Ciénaga ya no es tan grande
La Ciénaga Grande de Santa Marta, uno de los ecosistemas más importantes no solo de la ciudad sino del litoral Caribe, tiene gravemente comprometido su futuro, debido a las transformaciones ambientales generadas por acción antrópica. La problemática no es nueva: entre 1956 y 1960 se construyó la carretera que va de Barranquilla a Ciénaga lo cual causó que se interrumpieran los flujos de agua entre la Ciénaga, el río Magdalena y el mar Caribe, con el consecuente incremento de la salinidad en los suelos de manglar y cuerpos de agua internos. Como resultado de ello se perdieron miles de hectáreas de bosques de manglar, se afectó la biodiversidad y disminuyeron los recursos pesqueros. Los reportes oficiales informan que entre 1956 y 1995 se perdieron unos 285.7 km2 de bosques de manglar, equivalentes al 55.8% de la cobertura original en 1956. Según Juan Pablo Sarmiento, profesor y abogado, miembro del Grupo de Litigio Ambiental de la Universidad del Norte, en 2012 se presentaron las mayores variaciones o transformaciones en el paisaje, con el crecimiento significativo del área de pastos, así como del monocultivo de palma de aceite, en alrededor de dos mil 300 hectáreas. Por su parte, la Unidad de Parques Nacionales Naturales advierte sobre la sustancial reducción del espejo de agua, que para 2002 era de más de tres mil hectáreas, en 2009 llegó a cerca de dos mil hectáreas y en 2012 bajó a alrededor de 740 hectáreas. De otro lado, el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras – Invemar, señala que en 2014 se registraron incrementos importantes en los niveles de salinidad en suelos del manglar, tendencia que se ha mantenido desde 2012, debido a la baja precipitación registrada en los últimos años y al escaso mantenimiento de algunos sectores de los caños. “Esto lo podemos observar en la red de caños que bordean o ingresan al Parque Isla de Salamanca y al Santuario de Fauna y Flora Ciénaga Grande de Santa Marta. Por ejemplo, el caño Condazo está totalmente colmatado y eutrofizado (con acumulación de residuos orgánicos) por la falta de mantenimiento”, afirma el abogado Sarmiento. En 2014 hubo más de tres mortandades masivas de peces. El 19 de septiembre de 2014 y el 16 de junio de 2015 se presentaron dos fenómenos severos de este tipo; el último reseñado dejó más de cinco toneladas de peces y animales muertos. Importancia del sistema El ‘Sistema Delta Estuarino del Río Magdalena, Ciénaga Grande de Santa Marta’, fue declarado, en mayo de 1998, como zona incluida en la Convención de Ramsar, cuya misión es la conservación y el uso racional de los humedales, mediante acciones locales y nacionales y gracias a la cooperación internacional, como contribución al logro de un desarrollo sostenible en todo el mundo. Además, la Ciénaga cuenta con otras declaratorias que reafirman su trascendencia e importancia ecológica: Santuario de Fauna y Flora, 1977; Zona de Reserva Exclusiva, 1978; Reserva de la Biosfera – UNESCO, 2000. Según el Ministerio de Medio Ambiente, la Ciénaga es el humedal estuarino más importante del país, debido a su área, que contiene a la laguna costera más grande de Colombia. Su valor socioeconómico está representado por los recursos pesqueros y las actividades agropecuarias de las cuales dependen las poblaciones asentadas de la región. Este sistema de humedales está conformado por más de 20 lagunas, con diferentes niveles de sedimentación y salinidad, de las cuales la Ciénaga Grande de Santa Marta es la de mayor tamaño, con cuatro mil 280 kilómetros cuadrados. La Ciénaga abarca territorios de 12 municipios (Ciénaga, Pueblo Vejo, Sitionuevo, Remolino, Salamina, El Piñón, Pivijay, El Retén, Aracataca, Zona Bananera, Cerro de San Antonio y Concordia) y, al menos, nueve pueblos palafíticos, entre los que se destacan Nueva Venecia, Trojas de Cataca y Buena Vista. En la zona de influencia del ecosistema residen aproximadamente 400 mil habitantes, de los cuales cinco mil son pescadores. Causas e implicaciones de la problemática Es necesario resaltar que uno de los principales factores que degradan el ecosistema son los depósitos de residuos agroquímicos y el taponamiento de las fuentes de agua dulce, lo cual se suma a la actividad agrícola en los alrededores de la Ciénaga, que utilizan las demás fuentes de agua para el riego y el desecho de residuos químicos. Gladys Martínez, abogada sénior del Programa de Protección Marina y Costera de AIDA, destaca que no existe un ordenamiento apropiado de la zona, por lo cual ha habido construcción, deforestación y extracción descontroladas. Adicionalmente, no hay un mecanismo apropiado de monitoreo, que ayude a prevenir actividades que afecten el ecosistema. A lo anterior se agregan causas naturales, como los fenómenos de La Niña y El Niño, que han agravado la situación de la Ciénaga. Dentro de la propia Ciénaga existen comunidades palafíticas asentadas. Las condiciones favorables, tales como la presencia de agua dulce y la pesca abundante de especies marinas y fluviales, dieron origen a una ocupación lenta, pero muy antigua de una población permanente, que construyó sus viviendas sobre estacas clavadas en el fondo. Estas poblaciones carecen de servicios de agua y de alcantarillado. Por tanto, las comunidades no cuentan con un servicio apropiado de eliminación y tratamiento de residuos sólidos, líquidos y excretas: la mayoría de desechos son arrojados directamente a las ciénagas, lo que aumenta la contaminación. Sólo Buenavista dispone de recolección de basura. Actualmente en los corregimientos de Nueva Venecia y Buenavista se está tramitando un proyecto para la construcción de un sistema de alcantarillado y de acueducto, proyecto que apenas se encuentra en aprobación. Sin embargo, las poblaciones palafíticas no contradicen la declaratoria de la Ciénaga como zona Ramsar y Reserva de la Biosfera. Por el contrario, el Plan de Manejo Ramsar reconoce y procura contribuir al mantenimiento de los atributos culturales y tradicionales de las poblaciones costeras y pueblos palafíticos. Incluso se le ha solicitado a la UNESCO que declare como Patrimonio de la Humanidad el ‘Paisaje Cultural de la Vivienda Vernácula Palafítica de la Ciénaga’. Igualmente, el INVEMAR afirma que, dado su carácter tradicional, las comunidades que practican la pesca artesanal son las que mejor conocen y entienden la dinámica natural de la Ciénaga, especialmente la de los pueblos palafíticos. Solución La señora Gladys Martínez recomienda un proceso colectivo de todos los sectores – gobierno, ONG, academia sector privado. Destaca que hay un Comité Interinstitucional que está trabajando y que cuenta con la científica experta en el tema, Sandra Vilardy. Sin embargo, se requiere ampliar el marco de acción y contar con ayuda de instancias internacionales como una misión de asesoramiento de la Convención de Ramsar. Los entes responsables de evitar que la Ciénaga se asfixie del todo son la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (CORPAMAG), institución que depende del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, el Sistema Nacional Ambiental, el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras. En todo caso, la abogada de AIDA les recomienda a las autoridades “realizar una gestión interinstitucional coordinada y activa y revalorar el conocimiento local a la hora de crear las estrategias e implementarlas”.
Leer másCrisis energética: es momento de estimular la energía limpia
El futuro Según la Agencia Internacional de Energía, entidad que hace parte del marco de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), la demanda energética global habrá aumentado en un 37 por ciento para el año 2040. Por su parte, la población colombiana pasará de 48 millones en 2015 a 63 millones en 2050, y este crecimiento conllevará un aumento en la demanda de energía, que será aún mayor si la pobreza se reduce. ¿Cómo garantizará Colombia la demanda energética en el futuro? ¿Serán nuestras fuentes energéticas respetuosas con el ambiente y se adaptarán al cambio climático? El pasado Hay que recordar que desde 1960 Colombia ha padecido más de trece apagones de alcance inter-regional. Por ejemplo: En 1966 Bogotá y 300 municipios se quedaron sin servicio eléctrico. En 1980 el 90 por ciento del país se quedó a oscuras por culpa de un apagón, es decir, por una interrupción en el fluido eléctrico en un momento específico, no por un racionamiento o una serie programada de interrupciones. El último gran racionamiento que tuvimos comenzó en marzo de 1992 bajo el gobierno Gaviria y ese mismo año el ministro de Comercio Juan Manuel Santos adelantó en una hora el huso horario para aprovechar más la iluminación solar. Este racionamiento se debió sobre todo a la dependencia de las hidroeléctricas, que se vieron afectadas por la reducción de lluvias y por el aumento de temperaturas como consecuencia del fenómeno de El Niño. La “hora Gaviria” se mantuvo hasta febrero de 1993, cuando aumentaron las precipitaciones. Pero, ¿qué lecciones nos dejó esta experiencia? Las hidroeléctricas y el cambio climático Es comprensible que hace dos décadas los gobernantes de Colombia promovieran la hidroelectricidad, dada la abundancia hidrográfica y pluviosa de varias zonas del país. Además en ese momento no eran tan claros los impactos ambientales y sociales de las represas, ni tampoco los del cambio climático sobre las propias represas. Pero la situación ha cambiado mucho. El Instituto Internacional para el Análisis de Sistemas Aplicados analizó diferentes escenarios de cambio climático para centrales hidroeléctricas y térmicas en todo el mundo y concluyó que el aumento de temperaturas reducirá la capacidad de estas centrales hasta en un 30 por ciento en 2080. Con todo y eso en 2015 el 67 por ciento de la electricidad de Colombia fue producida por hidroeléctricas, el 32 por ciento por plantas termoeléctricas (gas, carbón y diésel), y solo el 1 por ciento, por cogeneración y energía eólica. En la siguiente Figura la línea negra representa la variación de la temperatura en el océano Pacífico ecuatorial. Durante el período estudiado se presentan dos picos, correspondientes al fenómeno de El Niño de 2009 y al que vivimos en la actualidad. ¿Qué pasó con la generación eléctrica de Colombia durante estos períodos? La hidroelectricidad redujo bastante su participación y la demanda tuvo que satisfacerse principalmente con fuentes termoeléctricas. Esto demuestra la vulnerabilidad del sistema de generación ante variaciones climáticas, cada vez más frecuentes y más intensas. Por eso como dice la sabiduría popular, no es aconsejable poner todos los huevos en la misma canasta. Depender de una sola fuente energética es arriesgado y por eso el fenómeno de El Niño nos pone otra vez en riesgo de racionamiento. Cuando deja de llover, deja de llover para todas las hidroeléctricas, sin importar cuántas hayamos construido, una o cien. Este panorama plantea dudas muy serias los proyectos de generación eléctrica de Colombia, y en todo caso nos obliga a preguntarnos por qué es tan incipiente el avance de fuentes energéticas limpias, a pesar de su gran potencial en el país. Tendencia global En 2015 el Observatorio Global de Energía contabilizó en todo el planeta: 3.165 hidroeléctricas, 2.759 termoeléctricas a gas, 1.440 termoeléctricas a carbón, 1.069 plantas a gasolina/diésel, 652 parques eólicos, 269 plantas de energía nuclear, y 90 plantas de energía solar. Como se puede ver en la Figura 2, el mundo también tiene una gran dependencia de la hidroelectricidad y de los combustibles fósiles: No obstante, algunos países de Europa ya han avanzado en la transición a energías limpias. Dinamarca es un caso emblemático porque que en 2015 el 42 por ciento de su energía fue eólica y el gobierno prevé que la mitad de su energía provenga del viento en 2050. Colombia y el mundo La Figura 3 muestra cómo se distribuyó la generación de electricidad en algunos países entre 2005 y 2013 (en relación con el fueloil debe tenerse en cuenta que debido a las disminución de los precios del petróleo es probable que su uso haya aumentado en 2014 y 2015). Las cifras anteriores confirman el aumento de la energía eólica y la disminución del uso de gas y carbón en países como Dinamarca y Francia. Pero, ¿qué pasa en Colombia? El país aumentó su uso de hidroeléctricas, gas y carbón, mientras que la energía eólica tuvo un retroceso entre 2005 y 2010. Por otra parte en países como Brasil o China se registró un aumento de la energía nuclear. Pero aunque son bien conocidos los impactos ambientales, climáticos y de salud pública de los combustibles fósiles, la energía nuclear tampoco es una opción razonable por sus altos costos y sus riesgos de seguridad, como mostraron las catástrofes de Chernóbil en Ucrania, Fukushima en Japón, Three Mile Island en Estados Unidos o Goiania en el Brasil. La mala idea de las hidroeléctricas Es cierto que las hidroeléctricas producen energía renovable ya que los ríos renuevan sus caudales en forma permanente. Pero esto no quiere decir que su energía sea limpia y respetuosa con el medio ambiente: Las represas producen una gran cantidad de gases de efecto invernadero, porque al inundar ecosistemas aledaños se descompone la materia orgánica de estos y se liberan dióxido de carbono (CO2) y metano (CH4). Las hidroeléctricas perjudican a los ríos que represan al afectar la oxigenación del agua e interrumpir los flujos migratorios y reproductivos de peces. Y los ríos, como ecosistemas, son sumamente valiosos para cualquier país. Las represas ocasionan graves conflictos sociales y de derechos humanos, pues inundan territorios de comunidades y afectan o eliminan sus formas de subsistencia, como se puede ver en los casos de El Quimbo (Colombia) o Belo Monte (Brasil). En este enlace se puede encontrar un listado más completo de los impactos de las represas, con sus respectivos sustentos científicos. La siguiente infografía de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) e International Rivers presenta algunos de ellos: Energías limpias En la Convención de París el Estado colombiano asumió compromisos muy serios en relación con el cambio climático. Pero esto se contradice con sus política energética y minera, dependiente la primera de hidroeléctricas y termoeléctricas, la segunda concentrada en la extracción de carbón. Y sin embargo hay motivos para la esperanza, porque Colombia tiene un gran potencial de energías limpias. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM) publicó en 2015 el Atlas de Clima, Radiación y de Viento de Colombia que identifica las mejores zonas para llevar a cabo proyectos de energía solar o eólica. También se debería explorar el potencial geotérmico del país y estimular los cambios culturales y de consumo que fomenten una demanda energética eficiente. Por supuesto, esta transición será gradual y no se deben ignorar los impactos ambientales que podrían tener estos proyectos. El director de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) le explicó a El Espectador que: “El 80 % de la energía de Colombia viene de fuentes hídricas. Sin embargo, hay un reto mayor en conseguir potencializar (sic) lo eólico y la radiación solar para poder incrementar nuestra matriz energética”. En este sentido, Colombia ya dio un primer paso normativo con la expedición de la Ley 1715 de 2014. Pero debemos hacer más. Así como hay una Agencia Nacional de Hidrocarburos o una Agencia Nacional de Minería, Colombia debería tener una agencia dedicada a promover la eficiencia energética y el aumento de las energías limpias: una entidad que nos prepare para las realidades ambientales y climáticas, presentes y futuras. La Universidad de los Andes ya dio un paso importante con la creación del Centro de Investigaciones en Energía y con su primer foro sobre sistemas de energía del futuro. La Agencia Internacional de Energía propuso la siguiente estrategia “puente”, donde las emisiones de cambio climático relacionadas con energía llegan a su punto máximo en 2020. Sin duda, podríamos seguir este camino.
Leer másLa pelea nacional por la minería que desató Ibagué
En los primeros días de este mes, al escritorio de Guillermo Alfonso Jaramillo, alcalde de Ibagué y ex secretario de Salud de Bogotá, llegó un oficio de la Procuraduría General de la Nación. En siete páginas se le advertía que el proceso de consulta popular que él había iniciado y que busca preguntarles a los ciudadanos si están o no de acuerdo con la minería en su territorio, iba a tener, de ahora en adelante, un acompañamiento preventivo. La viceprocuradora Martha Isabel Castañeda le recordaba a Jaramillo que el Estado es el dueño del subsuelo y le hacía varias precisiones sobre esos procesos relacionados con proyectos mineros. El que él inició ahora iba a examinarse con mucho más detalle. El documento fue emitido el 8 de febrero, el mismo día que se supo del fallo de la Corte Constitucional que frenaba la minería en páramos y reiteraba que a la hora de planear un proyecto para la extracción de recursos, debía haber concertación entre los municipios y el Gobierno. En últimas, explicaba que no puede ser una decisión unilateral. Desde ese día, sin embargo, Jaramillo y el Concejo de Ibagué están en medio de una puja en la que en estos días entraron a participar funcionarios del Gobierno. ¿La razón? El próximo lunes 29 de febrero, desde las 8 a.m., los 19 concejales de la capital del Tolima decidirán si aceptan o no que se lleve a cabo la consulta popular. Para que prospere, se necesitarán mínimo diez votos a favor. Sin embargo, para algunos concejales, alcanzar ese número parece una tarea titánica después de lo que sucedió esta semana. La visita que hicieron, entre otros, María Isabel Ulloa, viceministra de Minas; Ernesto Cardoso, procurador ambiental del Tolima; Antonio Barrera Carbonell, expresidente de la Corte Constitucional, y altos funcionarios de la Andi, puede haber modificado las intenciones de voto. “Nos sentimos intimidados y decir que no es algo mentiroso”, cuenta Camilo Delgado, presidente del Concejo de Ibagué. A sus ojos, además, los pronunciamientos de la Procuraduría han alertado a varios, que ahora temen una destitución o la apertura de una investigación. A lo que se refiere Delgado es a las palabras que pronunció en el Concejo el procurador ambiental del departamento, replicadas por La Silla Vacía: “por hechos similares al que aquí nos ocupa, el órgano de control ha iniciado investigación de carácter disciplinario”. La intención de Ibagué ha alertado al Gobierno porque, como explica Carlos Lozano Acosta, asesor de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), es la primera vez que una capital tomaría una decisión de ese calibre, lo que sentaría un precedente para todo el país. “Pero resulta muy positivo que la gente use estos mecanismos de participación, que son legales y legítimos”, dice. En términos concretos, lo que busca el alcalde Jaramillo es que el Concejo le dé el visto bueno a una consulta que posiblemente se realizaría en junio de este año. Entonces, los ibaguereños tendrían que responder sí o no a la siguiente pregunta: “¿Está usted de acuerdo, sí o no, con que en el municipio de Ibagué se ejecuten actividades que impliquen contaminación del suelo, pérdida o contaminación de las aguas, o afectación de la vocación agrícola y turística del municipio, con motivo de proyectos mineros?”. Aunque no lo puntualiza, el interrogante hace referencia al proyecto La Colosa, que se llevará a cabo en el municipio de Cajamarca, a un poco más de 34 kilómetros de Ibagué. Según Jaramillo y varios grupos ambientales, ese proyecto, del que la empresa Anglo Gold Ashanti espera extraer unos 29 millones de onzas de oro a partir de 2020, afectaría la cuenca del río Coello, que alimentará un acueducto complementario de la ciudad. “Además, estaría en juego nuestra vocación agropecuaria y turística. No tenemos vocación minera y queremos cuidar nuestras fuentes hídricas. No queremos que suceda lo que ha pasado con el carbón en La Guajira”, advierte Jaramillo. Y aunque Anglo Gold Ashanti le dijo a este diario que no se pronunciaría sobre la consulta popular, en varias ocasiones ha reiterado que su proyecto no tendrá ninguna influencia técnica en la capital tolimense ni en ningún otro municipio distinto a Cajamarca. De hecho, aseguran que han ido devolviendo los títulos mineros que tenían en Ibagué y hoy tienen cuatro que, dicen, no están relacionados con La Colosa ni sobre terrenos de acueducto. Pero, en palabras de Jaramillo, hay un plan sobre la mesa para hacer llegar al sector recreativo de Totumo unas bandas transportadoras desde Cajamarca y para crear unos espacios para lavar el oro extraído. Incluso, para Humberto Quintero, concejal de Cambio Radical y quien votará negativamente el lunes porque considera que la pegunta de la consulta es ambigua y abstracta y porque cree que extralimitaría sus funciones, aún no hay claridad sobre si la compañía tendrá área de influencia en la ciudad. A los ojos de Acosta, todas estas presiones son el reflejo del gran efecto que podría tener la minería en Tolima en un futuro. “¿Es posible que estemos frente a un posible escenario de distrito minero?”, se pregunta. Para él, el hecho de que Anglo Gold hubiese decidido demandar en 2013 el acuerdo al que llegó Piedras, municipio que también le dijo que no a La Colosa por medio de una consulta popular, sugiere que sí hay intereses de por medio. “Al realizar la consulta popular, el Concejo de Piedras aprobó un acuerdo que consideramos ilegal e inconstitucional, como es la prohibición de minería por parte de una autoridad local. Por esta razón, presentamos una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado. Esa corporación consideró que quien debía resolverlo era el juez administrativo de Ibagué y le ordenó darle trámite a la demanda. Eso fue en 2013. Pero hoy el proyecto La Colosa no tiene ninguna incidencia ni interés técnico en Piedras ni en Ibagué”, responde la compañía. Pero el tema de fondo de este álgido debate es el mismo que la Corte aclaró hace dos semanas pero que sigue generando pujas y presiones: ¿pueden los municipios decidir si quieren o no minería en sus territorios? Para César Rodríguez Garavito, experto en temas ambientales y director de Dejusticia, el asunto es más que claro. “Debe haber una concertación de estos territorios con el Gobierno. Cómo se debe hacer, es un tema que la Corte deja abierto, pero lo que sí aclara es que se pueden usar mecanismos de participación ciudadana. Debe haber un acuerdo para definir cuál es el lugar que le corresponder a la consulta popular, que es una especie de instrucción de la ciudadanía al mandatario local para que con esa manifestación vaya a esa concertación”. Para Rodríguez, que ha seguido de cerca este proceso, las advertencias de la Procuraduría no tienen fundamento en los fallos de la Corte ni en la Constitución misma. “Están haciendo un uso inapropiado de una herramienta de control preventivo”, argumenta. “Es –reitera Jaramillo– un matoneo de varias entidades que yo jamás había visto y que va desde destitución hasta pérdida de investidura. Definitivamente, lo que es claro es que Bogotá no está acostumbrada a que los pueblos decidan. Este país es cada vez más centralista, pero nosotros tenemos derecho a decidir”.
Leer másBelo Monte y cómo no producir energía en el siglo XXI
El 12 de diciembre de 2015, la represa Belo Monte, en Brasil, comenzó a ser llenada. El proyecto más importante del programa energético de la presidenta Dilma Rousseff es también un monumento a cómo no debe producirse energía en el siglo XXI. Además de su alto costo, la represa está asociada con corrupción y grandes impactos socioambientales. Belo Monte sería la tercera represa más grande del mundo. Se construye al noreste de Brasil, en el río Xingú, afluente clave del Amazonas. Produciría en promedio solo la tercera parte de su capacidad máxima. Inundará 516 km2 (el tamaño de la ciudad de Chicago) de bosque amazónico, áreas cultivables y zonas urbanas de Altamira, Pará. “…el gobierno y la sociedad brasileños no toleran y no tolerarán la corrupción. La democracia brasileña se fortalece cuando la autoridad asume el límite de la ley como su propio límite. Muchos de nosotros luchamos para eso justamente cuando las leyes y los derechos fueron vilipendiados durante la dictadura…”, dijo Rousseff ante la Asamblea de Naciones Unidas en septiembre pasado. Habló de incluir las “cuestiones de las comunidades indígenas” en los compromisos climáticos del país. También en septiembre, la casa de doña Antonia Melo en Altamira fue demolida por Norte Energía, consorcio constructor de Belo Monte. Antonia lidera el Movimiento Xingú Vivo para Siempre que defiende los derechos de los habitantes de la cuenca del Xingú. La de Antonia es una de las cerca de 3,000 familias desplazadas por una represa que afectará a 40,000 personas en total, muchas de ellas indígenas. El 24 de noviembre de 2015, la autoridad ambiental autorizó la operación de Belo Monte pese al incumplimiento de condicionantes socioambientales esenciales e ignorando dictámenes técnicos ambientales y de la autoridad de protección de los indígenas. Desde 2011, cuando la construcción comenzó, varias comunidades indígenas han sufrido daños serios a su salud, integridad, territorio y cultura. Éstos han empeorado ante la proximidad de la operación de la represa. Los servicios públicos, incluyendo los de centros de salud y de atención a la niñez —de por sí precarios—, colapsaron. La violencia creció exponencialmente: los asesinatos se duplicaron, los accidentes de tránsito aumentaron 144% y la violencia sexual y prostitución estallaron, afectando a niñas y adolescentes sin que las denuncias al respecto sean atendidas. Aunque se entregaron más de 2,600 viviendas a las familias desplazadas, éstas denuncian defectos estructurales, falta de transporte público y servicios esenciales. Las casas no tienen conexión al alcantarillado, una de las condicionantes de la licencia. El discurso de Rousseff resulta paradójico frente a la realidad. Ella fue víctima de la dictadura, pero ahora usa recursos de ese régimen para implementar Belo Monte. El Ministerio Público Federal presentó más de 20 demandas contra el proyecto y jueces ordenaron la suspensión de sus obras en al menos seis ocasiones. Dichos fallos fueron anuladas por petición del gobierno de Rousseff, aplicando la suspensión de seguridad, intrumento legal irónicamente creado por la dictadura. La última vez fue en enero pasado cuando el Tribunal Federal de Justicia suspendió el llenado de la represa por el incumplimiento de obligaciones referidas a la protección de las comunidades indígenas. El fallo fue anulado día después. La corrupción también salpicó al proyecto. Según confesaron ejecutivos de las empresas Camargo Correa y Andrade Gutiérrez, se pagaron sobornos millonarios para su implementación. El tema es parte de Lava Jato, la mayor investigación contra la corrupción de la historia de Brasil. Los impactos de Belo Monte han sido denunciados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Naciones Unidas. Las respuestas fueron lentas o inexistentes. En abril de 2011, la CIDH urgió a Brasil suspender las obras por la falta de consulta libre, previa e informada con las comunidades indígenas. La reacción de Brasil fue contundente: retiró su candidato a la CIDH, a su embajador ante la OEA, dejó de enviar sus aportes anuales a ese organismo e inició un proceso de “fortalecimiento” del Sistema Interamericano que terminó reformando el reglamento de la Comisión. La CIDH dejó de pedir la suspensión de obras, pero sí acciones urgentes para proteger a las comunidades indígenas afectadas. En 2011, éstas demandaron a Brasil y cuatro años después, en diciembre de 2015, la Comisión inició el trámite del caso. Ese organismo podría priorizar el caso, tomar una decisión pronto y evitar mayores daños. Como dice doña Antonia, la lucha continúa. Rousseff aún puede demostrar que su gobierno no tolera la corrupción y que, a diferencia de la dictadura, no vilipendia las normas. La CIDH y otras autoridades tienen la oportunidad histórica de exigir respetar los derechos humanos y ayudar a que los países alcancen un desarrollo que no sacrifique las personas. Deben hacerlo pronto, pues Belo Monte ya esta llenándose
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Los páramos: protegidos por la Corte
El fallo de la Corte Constitucional que hace unos días prohibió la minería en los páramos vino a zanjar una prolongada controversia sobre el tema. Ahora queda claro que los derechos o expectativas económicas de particulares deben subordinarse al interés general. Pero la disputa seguirá y habrá reacomodo de fuerzas en torno a la interpretación del fallo. La sentencia en cuestión responde a una demanda contra el Plan de Desarrollo 2014-2018 interpuesta por la Cumbre Agraria y el Polo Democrático Alternativo, y sin duda es el pronunciamiento más importante de la Corte Constitucional en materia ambiental en su historia reciente. El debate sobre extractivismo en páramos es uno de los pulsos ambientales más intensos que hayamos visto en Colombia en los últimos años. A diferencia de otros temas, esta cuestión se instaló para quedarse en el debate nacional. El movimiento ambiental fue muy hábil al conectar la importancia de los ecosistemas de páramo con el agua que los ciudadanos del común reciben en sus casas y con ello logró el consenso en la opinión sobre la necesidad de protegerlos. El asunto fue ampliamente comentado por los medios y por las redes sociales, de modo que hoy la gente sabe bien que sin páramos no hay agua en las ciudades. Esto tuvo una gran influencia sobre el “ambiente” que rodeó el litigio en la Corte. El gobierno perdió el caso ante la opinión y volvió a perderlo ante el tribunal. Antes de la sentencia, no había un pronunciamiento autorizado que impidiera contundentemente la minería en páramos. Pese a algunas decisiones de la propia Corte y a un concepto del Consejo de Estado, este debate seguía estando en vigencia. Pero cuando el gobierno incluyó el tema en el Plan de Desarrollo, cometió un error estratégico porque lo expuso a la competencia de la Corte. En resumen, la Corte sostuvo que: La minería en páramos pone en peligro el derecho al agua porque desconoce la obligación del Estado de proteger sus fuentes. La licencia ambiental no otorga derechos adquiridos en los páramos y el Estado puede prohibir la minería en esas zonas incluso después de haberla expedido. Es desproporcionado afectar los páramos para garantizar derechos patrimoniales de privados. Los páramos tienen un déficit de protección inaceptable desde el punto de vista constitucional, pues no todos ellos se encuentran en áreas protegidas y no hay reglas claras sobre hasta dónde llega la discrecionalidad del gobierno en la delimitación. Los páramos son interdependientes con otro tipo de ecosistemas y dañarlos libera carbono y contribuye al cambio climático. El primer Plan de Desarrollo del gobierno Santos le quitó piso jurídico a la minería en páramos, pero el segundo se lo devolvió y esa regresión es inconstitucional. Asimismo, la Corte hizo uso del derecho ambiental internacional y reconoció que los páramos son sumideros de carbono, reservas de biodiversidad y fuentes de agua dulce. También utilizó datos científicos para demostrar que son ecosistemas muy frágiles y difíciles de restaurar. Con esta decisión el tribunal avanzó bastante en la jurisprudencia y demostró que el litigio ambiental por tipo de ecosistemas es más comprehensivo que aquel que se realiza por especies. Además, envió un mensaje a los países de la región que también tienen páramos, pues la minería avanza a paso firme en áreas protegidas de Ecuador y Bolivia. La cuestión de los páramos es un debate andino y el movimiento ambiental en esos países está seriamente debilitado. Pero, sobre todo, la Corte innovó con la regla según la cual el gobierno no puede apartarse de la delimitación de páramos hecha por el Instituto Humboldt, a menos que tenga una base científica y que ello represente un mayor nivel de protección para los páramos. Este es un diseño constitucional de incentivos sin precedentes que, al tiempo que garantiza la independencia del Instituto, mantiene cierto margen de discrecionalidad para el Ministerio de Ambiente. Por último, la Corte reconoció implícitamente que el sistema de licencias ambientales no da garantías de protección a los páramos y que el margen de discrecionalidad del gobierno en la delimitación, tal como venía operando, no podía seguir. Este es un claro llamado de atención al funcionamiento de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y a las CAR, y un reconocimiento de la necesidad de fortalecer nuevamente el Sistema Nacional Ambiental. Sin duda, la Corte sentó un precedente que dificulta el avance de la minería en los páramos. Pero la disputa por el sentido del fallo y las presiones sobre el tribunal continuarán, porque el diablo está en los detalles. La Ley 1450 de 2011 daba como referencia mínima para hacer efectiva la prohibición de minería en páramos el Atlas del Humboldt, si no se tenía una más detallada. Esa regla desapareció con en la Ley 1753 de 2015. Si bien la Corte hizo ajustes en su reciente decisión, el argumento según el cual si no hay delimitación no hay prohibición de minería, será utilizado para seguir pidiendo licencias en zonas de páramo, o para defender las que ya han sido aprobadas. Por otro lado, los ambientalistas sostendrán que las licencias en esas zonas, al ser actos administrativos, pierden sustento jurídico con la sentencia de la Corte y deben ser revocadas o anuladas. En todo caso, la protección de los páramos no debe estar supeditada a la delimitación. Las decisiones de la Corte tienen efectos inmediatos y la protección de los derechos fundamentales relacionados con páramos no puede estar sujeta a la expedición de un acto administrativo. El otro desafío que surge tras la decisión es qué hacer con los pequeños mineros. Si bien la Corte dijo que los derechos patrimoniales no están por encima del interés general, en el caso de productores artesanales el acceso al trabajo o al mínimo vital puede verse en peligro, particularmente en Santander y Boyacá. El gobierno debe ofrecer alternativas para evitar el desplazamiento de estos grupos. Finalmente, vendrá la discusión sobre los costos económicos de la decisión. Sin duda habrá un ajuste en los planes de inversión e incluso pérdidas en el sector minero, que cuenta con vías legales para reclamarlas frente al Estado. Pero los costos de los pasivos ambientales por la explotación (pérdida de servicios ecosistémicos, impacto de la contaminación sobre la agricultura y la salud) son mucho más importantes y, en últimas, también tendrán que ser asumidos por el Estado y por los ciudadanos. El problema radica en que esos costos ambientales normalmente no son contabilizados. Con esta decisión ganó la Corte, que demostró ser capaz de decisiones audaces para proteger los ecosistemas del país. También ganó el movimiento ambiental, que supo combinar la movilización ciudadana con el litigio estratégico. Pierden el gobierno, porque su punto de vista sobre el tema resultó derrotado (por ahora), así como el sector minero, que sin duda verá reducidas sus expectativas de ganancias. Pero el debate sigue y la implementación de la sentencia puede ser aún más disputada que el litigio.
Leer másActivistas lamentan el daño a Tajamar en Cancún
Aunque la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró que no hubo “ecocidio” ni “devastación ambiental” en el desmonte del Proyecto Malecón Tajamar en Cancún, Quintana Roo, habitantes del municipio de Benito Juárez aseguran que ese sitio era “uno de los últimos pulmones de la ciudad”, donde familias hacían ejercicio, actividades recreativas y convivían con la naturaleza. “No es posible hablar, ratificar o avalar que se trata de un ecocidio, ni mucho menos que se trate de una devastación ambiental”, indicó el titular de la Profepa, Guillermo Haro Bélchez, a pesar de la existencia en ese sitio de especies de flora y fauna protegidas por la Norma Oficial Mexicana 059, ante lo cual activistas calificaron de tardía la llegada al lugar de la Profepa. Aun cuando se refirió a “ecocidio” y “devastación ambiental”, sin citar la fuente, para negar el daño en el malecón de tajamar, abogados ambientales consultados por Excélsior destacaron que esos términos ni siquiera existen en la legislación mexicana. Cuestionamientos Sandra Moguel Archila, asesora legal de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, y Agustín Bravo Gaxiola, integrante del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, consideraron que Haro Bélchez emitió una declaración política para salir del paso en un tema ambiental que preocupa no sólo en el país, sino en el mundo. El pasado 28 de enero, el titular de la Profepa reconoció en conferencia de prensa que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) “incumplió parcialmente” con el programa de rescate de fauna, condicionante en la autorización de impacto ambiental otorgada en 2005 por la Secretaría de Medio Ambiente. “En la visita y en la observación que hicimos, y que está documentada el pasado 26 de enero, se observaron cinco cocodrilos, tres adultos y dos crías, y eso significa que no se completó este programa de rescate de fauna”, indicó. Aunque Haro Bélchez dijo que emplazaría a Fonatur a completar el rescate de flora y fauna, “y en su caso valorar la oportunidad, la pertinencia, de una sanción administrativa en términos de ley”, el resolutivo de la Semarnat en sus condicionantes es muy claro: “Décimoprimero.- Serán nulos de pleno derecho todos los actos que se efectúen en contravención a lo dispuesto en la presente autorización. De tal efecto, el incumplimiento por parte del promovente (Fonatur) a cualquiera de los términos y/o condicionantes establecidos en esta autorización invalidará el alcance del presente oficio sin perjuicio de la aplicación de las sanciones previstas en los ordenamientos que resulten aplicables”. Alejandro Olivera Bonilla, representante en México del Centro para la Diversidad Biológica, señaló que un “incumplimiento parcial” es no cumplir con las condicionantes, por lo que la Semarnat debe revocar la autorización de impacto ambiental y aplicar sanciones. Fonatur insiste en que reubicó la fauna de Tajamar, un total de 43 animales, incluido un cocodrilo trasladado a la Laguna de Nichupté, un día antes de que maquinaria pesada arrasara con todo. Rechazan versión Katherine Ender Córdova, vocera de la agrupación Guardianes del Manglar Cancún, quien lleva seis meses cuidando los tres accesos al malecón, asegura que no hubo ni una sola reubicación de fauna. “Nunca reubicaron, hacíamos guardias las 24 horas del día, tenemos cómo probarlo.” En cuanto a la flora protegida de Tajamar, en agosto de 2015 Fonatur realizó una reubicación de 10 mil plántulas de especies protegidas por la legislación ambiental como el mangle rojo, negro y botoncillo, así como la palma Chit. Pero la vegetación supuestamente rescatada de su hábitat está seca, en bolsas de plástico negras, muriendo lentamente en el vivero del Parque Kabah, en Cancún, como constató este diario. En el sitio están amontonados los ejemplares y el personal que ahí labora confirmó que se trata de los mangles y palmas traídas desde el año pasado de Tajamar. “Lo que está haciendo el gobierno es meterse en un pantano e irse hundiendo cada vez más y más y más, y sus declaraciones son cada vez más inoportunas y grotescas”, dijo Araceli Domínguez Rodríguez, presidenta del Grupo Ecologista del Mayab. Lamentó que la Profepa haya “llegado tarde como siempre”, 10 días después del ecocidio y la devastación en Tajamar y por ello, dijo, sus inspectores ya no pudieron encontrar cuerpos de los animales que fueron aplastados y enterrados por los trascabos bajo el amparo de la policía y la oscuridad de la noche. “Ecocidio” En abril de 2010, la abogada británica Polly Higgins presentó una enmienda al Estatuto de Roma para que se incluya al “ecocidio” como el quinto crimen internacional contra la paz, junto con el genocidio y los crímenes de lesa humanidad. La propuesta presentada ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Internacional define al “ecocidio” como “la destrucción, daño o pérdida de los ecosistemas de un territorio determinado, ya sea por la acción humana o por otras causas, a tal punto que el disfrute pacífico por los habitantes de ese territorio se haya visto seriamente disminuido”. Se busca que el “ecocidio” sea juzgado por la Corte Penal Internacional.
Leer másEl primer paso de Ibagué para frenar explotación minera
El alcalde de la capital tolimense, Guillermo Alfonso Jaramillo, quiere evitar la explotación de una de las minas de oro más grandes de Colombia. Sin embargo, ese mecanismo aún se encuentra en un limbo jurídico. Desde que en 2013 el municipio de Piedras rechazó por medio de una consulta popular la minería de oro que estaba promoviendo la empresa Anglogold Ashanti en el Tolima, a través de sus operaciones en la gran mina de La Colosa, varios territorios han tratado de mostrar su descontento con acciones similares. Lo hizo Tauramena, en Casanare, en diciembre de ese año para detener la explotación petrolera; lo intentó Monterrey, también en Casanare, a principios de 2014, para salvar el río Túa, su principal afluente, y lo ha intentado en varias ocasiones Cajamarca, en el Tolima, porque sobre sus tierras está La Colosa y temen que sus aguas y su producción agrícola se vean mermadas. Ahora, después de muchas discusiones y polémicas, le llegó el turno a Ibagué. El pasado lunes su nuevo alcalde, Guillermo Alfonso Jaramillo, exsecretario de Salud de Bogotá, radicó en el Concejo de la ciudad un proyecto para empezar el trámite de una consulta popular que detenga las operaciones de La Colosa. Según él, la explotación de la “megaminería a cielo abierto” también tiene en vilo los recursos hídricos de la capital tolimense, no sólo de Cajamarca. Principalmente, dice, si se concreta, la explotación afectará la cuenca del río Coello. “Y de ese afluente es de donde se va a alimentar un acueducto complementario con el que contarán los ibaguereños. Por eso estamos interesados en decidir sobre nuestro futuro y sobre nuestro territorio. Se puede presentar una clara situación de degradación de suelos, erosión y alteraciones de topografía que afectan el medioambiente y las cuencas. Además, nuestra vocación es agrícola y queremos seguir gozando de esta autonomía para decidir si queremos seguir teniéndola”, asegura. La autonomía a la que se refiere Jaramillo es el centro de un álgido debate que empezó cuando Piedras hizo su consulta popular y el cual el país aún no ha sido capaz de solucionar. En términos muy concretos, el tema engloba una pelea jurídica para definir si los municipios pueden decidir si hacer o no minería en sus territorios. Y pese a que el Gobierno Nacional ha tratado de zanjar la discusión a punta de decretos y a que la Procuraduría ha intentado limitar a los alcaldes por medio de sanciones disciplinarias, hoy la pelea sigue en el limbo. En el caso de Cajamarca, donde Anglogold Ashanti espera comenzar a excavar en 2020 La Colosa para extraer unos 29 millones de onzas de oro, el ente de control había anunciado sanciones si su alcalde hacía una consulta. Por otro lado, el Minambiente y el Minminas han querido ponerle punto final a la discusión con polémicos decretos. El último de ellos, expedido hace un año y recordado como el “decreto navideño” (por haber sido sancionado el 23 de diciembre), resultó tan controversial que el Consejo de Estado lo suspendió provisionalmente. De manera que ahora, como explica César Rodríguez Garavito, director del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia) y quien les ha hecho seguimiento detallado a estas consultas populares, el asunto sigue en el limbo. Eso, pese a que la Corte Constitucional aseguró en 2014 que el Gobierno y las autoridades locales tenían que conciliar las acciones que se iban a llevar a cabo en los suelos de los municipios. A sus ojos, el Gobierno ha querido sacarle el cuerpo a la sentencia del alto tribunal. “Y lo que hoy es completamente claro es que el alcalde de Ibagué tiene toda la potestad para hacer esa consulta”, afirma. Con él concuerda Carlos Acosta, asesor de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA): “Jurídicamente esta operación es viable”. Sin embargo, el paso que dio Ibagué es apenas el primero de un largo proceso. Primero, como dice Jaramillo, la consulta debe ser aprobada por el Concejo. El alcalde espera encontrar el apoyo de sus funcionarios, en parte porque la iniciativa venía siendo promovida desde mucho antes por organizaciones de la sociedad civil. En caso de que esa entidad le dé el visto bueno, el Tribunal Administrativo de Tolima debe dar su aprobación. Y cuando pase por este par de etapas, los ibaguereños decidirán si quieren o no que la multinacional minera explote el oro de La Colosa. Para hacerlo, dice Jaramillo, deberán superar el umbral, que puede ser cercano a los 120.000 votantes. Si todo marcha bien, es posible que el 5 de junio la ciudadanía de la capital tolimense se encuentre con un tarjetón con la siguiente pregunta: “¿Está usted de acuerdo, sí o no, con que en el municipio de Ibagué se ejecuten actividades que impliquen contaminación del suelo, pérdida o contaminación de las aguas, o afectación de la vocación agrícola y turística del municipio, con motivo de proyectos mineros?”. Y aunque para Jaramillo la cuenca del río Coello es la que está en juego, algunos rumores indican que el proyecto La Colosa requiere de territorios cercanos a Cajamarca. Según fuentes cercanas al proceso, en Ibagué ya se han comprado lotes que pueden funcionar para depositar escombros y separar los materiales, pues la Anglogold Ashanti tendría la posibilidad de ubicar infraestructura para sus operaciones a 100 kilómetros a la redonda. Después de todo, el municipio de Piedras se opuso a la minera porque en sus tierras, justamente, se iba a construir el centro de procesamiento del oro.
Leer másPese a las advertencias, explotación del fracking se expande sin freno en América Latina
Especialistas en industrias extractivas alertaron que la extensión de la fractura hidráulica en América Latina se debe a la baja producción de energéticos y a que las leyes sobre explotación de cada país son muy laxas, además de que las prospectivas sobre los recursos sólo impulsan el uso de energías fósiles en lugar de las renovables. Ciudad de México, 28 diciembre (SinEmbargo).– Comenzó en Estados Unidos, llegó a México y poco a poco se ha extendido hacia el resto de América Latina, sin embargo organizaciones civiles alertan que de no detenerse, los daños podrían ser irreversibles. Se trata del fracking o fractura hidráulica, una técnica no convencional de extracción de hidrocarburos que afecta al medio ambiente, vulnera los derechos sociales y causa problemas a la salud. A principios de diciembre de este año, el portal estadounidense especializado en temas de energía Truthout informó que este método se está expandiendo rápidamente en Latinoamérica y aunque “puede provocar cáncer y enfermedades en la sangre, entre otros efectos inmunológicos, ya se realiza en Bolivia, Colombia, Venezuela, Paraguay , Uruguay, Chile, Argentina, Brasil y México”. Al respecto, Aroa de la Fuente, especialista en industrias extractivas del Centro de Análisis e Investigación Fundar, explicó que las naciones recurren al fracking porque las estimaciones que se tienen para explotar los recursos son altas y con ello se pretende mitigar la caída de la producción de energéticos. En el caso de Argentina comentó que hay un mayor desarrollo de proyectos de este tipo e incluso ya la explotación es con fines comerciales, pero reiteró que las visiones prospectivas que tienen los países sobre sus recursos no son siquiera cien por ciento seguras, además de los daños que implica su desarrollo. Asimismo, la publicación norteamericana detalló que “el fracking emite benceno, tolueno, etilbenceno y xileno, componentes considerados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como nocivos para la salud”. Por su parte, varias organizaciones en contra del la fractura hidráhulica, entre ellas la Alianza Mexicana contra el Fracking, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y el Observatorio de Petróleo Sur, entre otras, explican que “aunque persisten las iniciativas y operaciones de exploración y explotación a través de fracking en varios países, la caída de los precios del petróleo mantiene frenado un proceso que era promovido como una de las grandes soluciones energéticas para la región: la explotación de yacimientos de lutitas o gas shale”. Las asociaciones informan a través del documento titulado Mapa de Fracking en América Latina que “en la formación Vaca Muerta, en Argentina, se sostiene el único proyecto de desarrollo masivo de Hidrocarburos No Convencionales (HNC) por fuera de Estados Unidos. En tanto, en México, sin la participación estatal de Pemex, se realizó la Ronda Uno de concesiones, considerada como el banderazo de salida para el nuevo escenario liberalizado y transnacionalizado”. Asimismo, el mapa indica que Argentina y México “son la punta de lanza de los HNC en la región, seguidos con incipientes actividades de exploración por Colombia, Bolivia, Chile y Uruguay; y anuncios oficiales sin resultados concretos en Perú y Paraguay”. En ese sentido, Aroa de la Fuente, quien también es integrante de Alianza Latinoamericana Frente al Fracking, dijo que la situación en Argentina responde a la apertura de los gobiernos hacia la industria privada “a ese país llegó Chevron e hizo un contrato leonino con la empresa estatal para explotar este tipo de hidrocarburos con la argumentación de la disminución de las reservas”. En tanto, el documento menciona que en el resto de América Latina “al mismo tiempo se abren escenarios de explotación de otros tipos de energías extremas, como gas asociado a mantos de carbón en Colombia y Argentina y las aguas profundas de Presal, en Brasil”. Por su parte, Truthout confirmó que “de acuerdo con cifras de la Agencia Internacional de Energía (AIE) publicados en 2015 , sólo Estados Unidos, Canadá, y más recientemente Argentina y China producen grandes volúmenes de gas de esquisto; estos dos últimos países están impulsando el desarrollo de la extracción esquisto”. Sin Embargo, la experta en industrias extractivas aseguró que “para realizar la exploración y ver si es viable la explotación no necesitan fracturar los yacimientos y generar los impactos que vienen asociados a ellos, además que esta política es totalmente contraria a los compromisos que tienen los países para la región contra lucha del cambio climático”. Según datos de la AIE, México cuenta con 454 billones de pies cúbicos de gas shale, mientras que estimaciones de Petróleos Mexicanos dicen que son 13 mil 100 miles de millones de pies cúbicos. En tanto, la organización civil Cartocrítica dio a conocer en este año que Coahuila, Nuevo León, Puebla, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz son las entidades donde más se han registrado pozos por fracking. De acuerdo con la información presentada por la organización, los estados que más pozos registran en funcionamiento son Veracurz con 349 y Puebla con 233, seguido por Nuevo León con 182 y luego el resto. Cartocrítica asegura que al menos 924 pozos han sido perforados en seis de los 32 estados del país, incluyendo 349 de ellos en Veracruz. Al respecto, OilPrice, portal estadounidense especializado en temas energéticos, publicó en julio pasado que dado el estado de los precios del petróleo y los recursos que México tiene a su disposición, “hasta el momento el fracking aparece concentrado en el gas natural, en lugar del crudo”. Para Cartocrítica, el fracking se está expandiendo en silencio en México, de forma no regulada y envuelto en la opacidad. En ese sentido, la especialista de Fundar opinó que Pemex ha anunciado sus prospectivas “pero tampoco estamos seguros, lo que necesitamos es tener más información del gobierno para saber qué tipo de yacimientos son”. En el marco de la Cumbre sobre Cambio Climático COP 21 integrantes de organizaciones civiles se pronunciaron en contra de esta práctica con la demanda de que “el Fracking debe ser prohibido para enfriar al planeta”. Las organizaciones expusieron ante los líderes mundiales que “pese a que el uso de esa técnica experimental es contrario a los compromisos nacionales e internacionales para reducir las emisiones contaminantes, varios países de la región, entre ellos México, Colombia, Argentina, Chile y Bolivia, han iniciado actividades de exploración o explotación de hidrocarburos no convencionales a través del la fractura de hidráulica”. Asimismo, la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking explicó en su pronunciamiento que la fractura hidráulica afecta a las comunidades indígenas, campesinas, barrios urbanos e incluso en Áreas Naturales Protegidas por el desplazamiento de personas y de actividades productivas como la ganadería y agricultura cuya convivencia con esta técnica es imposible . Al respecto, Claudia Campero, integrante de la Alianza contra el Fracking en México, y quien estuvo presente en la Cumbre, comentó a este medio que respecto a este tema los líderes mundiales no detallaron nada y que incluso algunos de los acuerdos alcanzados en la cumbre “están fuera de la realidad”. Comentó además que tampoco se tocaron temas como los sistemas hídricos “es algo que se ha olvidado, todo el desplazamiento que se ha hecho del agua a través de grandes represas y que ha impactado en los ecosistemas también es muy responsable del cambio climático”. En ese sentido abundó sobre la importancia del agua en todos los sentidos y recordó que para realizar la fractura del suelo se requieren millones de litros del vital líquido. ¿HACERLO BIEN? Para el Gobierno Federal y algunos especialistas, el fracking puede ser eficiente siempre y cuando se haga mediante prácticas cuidadas, tecnología indicada y con un correcto sondeo sobre las características del suelo y la región. En noviembre pasado, durante la presentación de una serie de recomendaciones realizadas por la empresa de investigación en energía IFC International para que México reduzca las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), Mario Molina Pasquel, Premio Nobel de Química, calificó dicha técnica como una alternativa de transición energética y dijo que “posiblemente vayamos a tener y nos conviene como una fuente adicional de gas y de hidrocarburos ligeros”. Para otros, “el país no puede renunciar al fracking. Sería darle a Estados Unidos una ventaja competitiva enorme sobre México o convertirnos en un país para siempre importador del gas que produce Estados Unidos. Pero sí podemos hacerlo con prácticas ambientales probadas y en esa dirección vamos a caminar”, declaró Pedro Joaquín Coldwell, titular de la Secretaría de Energía de este país tras ser cuestionado sobre los riesgos de esta técnica durante una conferencia magistral en la maestría sobre políticas públicas que ofreció la Fundación Colosio el 28 de septiembre del año pasado. Sin embargo las especialistas en el tema coinciden en que pese a esta práctica se pretenda implementar bajo un discurso “ambientalista” no es la mejor vía para la explotación de energía. Para la especialista de Fundar “además esta técnica es muy cara, la explotación de hidrocarburos fósiles se está haciendo más costosa y va en detrimento, porque mientras se apueste a un tipo de energía, es más difícil desarrollar otra”, y en esa vía comentó que los gobiernos de América Latina, como de México, deben apostar por las energías renovables. En ese sentido, Claudia Campero agregó que “lo que tenemos que hacer es dejar de manera universal el 80 por ciento de los combustibles fósiles que no se han extraído bajo tierra y los no convencionales”.
Leer másPor qué es importante incluir derechos humanos en el acuerdo de París
El cambio climático ya está causando gravísimos impactos en Colombia y todo el mundo. Ejemplos se presentan todos los días y son más graves cada año: temperaturas extremas, huracanes, sequías, inundaciones, incendios y pérdida de glaciares que comprometen la disponibilidad de agua dulce. Hay países como los pequeños Estados insulares, que perderán su territorio en unas cuantas décadas si los gobiernos no implementan acciones efectivas inmediatas. Hoy Úrsula Rakova de Papúa Nueva Guinea habló en la COP de los impactos que ella y su comunidad están sufriendo y que a menos que se tomen acciones ella no podrá ni heredarle sus tierras a su hija o a su nieta. Todo su territorio y cultura quedará bajo el mar en unas cuantas décadas. La pregunta entonces no es si vamos a sufrir por cambio climático, sino en qué medida. Por ello el acuerdo de la 21ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que se negocia en París debe incluir la protección de los derechos humanos. Aunque la respuesta parece sencilla, no lo es. Por esto el tema de cómo y dónde incluir derechos humanos en el acuerdo climático ha sido uno de los temas de mayor discusión en la COP21 de París. La inclusión de los derechos humanos en el acuerdo de Paris es esencial porque, primero, reconoce las realidades del cambio climático y su impacto en el disfrute de todos los derechos humanos, especialmente de personas y grupos en situación de vulnerabilidad. Segundo, recuerda a los Estados sus obligaciones de proteger y respetar los derechos humanos.Estas obligaciones son compartidas con empresas y entidades internacionales. La incorporación de los derechos humanos en el acuerdo climático no creará nuevas obligaciones. Nos permitirá, en cambio, ser consistentes y cumplir los compromisos existentes. Tercero, promueve la estabilidad mundial que ha sido vinculada con cambio climático por impactos como: competencia por recursos naturales locales, inseguridad de modos de vida, migración, eventos y desastres climáticos extremos, volatilidad de precios de alimentos, manejo de agua transfronteriza, aumento de nivel del mar, degradación costera y efectos no intencionados de las políticas climáticas. Finalmente, porque pueden ayudar a promover soluciones efectivas como el replanteamiento de nuestra energía. Ese tipo de soluciones no han sido alcanzadas aún debido a la falta de ambición y voluntad política. Como en bienes raíces, la ubicación es todo. Así que para que tenga impacto en la implementación, la inclusión de derechos humanos, equidad de género, pueblos indígenas, equidad intergeneracional, seguridad alimentaria, justa transición laboral e integridad de los ecosistemas, debe incorporarse en el preámbulo y en la parte operativa. Ello permitirá realmente que la implementación de todas las acciones de cambio climático consideren los derechos humanos, como las partes ya acordaron en la COP16 en Cancún en 2010.
Leer másSOS: ¡Necesitamos gobernar el agua!
Después de Medellín, Bucaramanga y Manizales, los Conversatorios Regionales por el Agua, terminaron su recorrido en Bogotá, donde se concluyó que el problema del agua en Colombia no es su cantidad, sino cómo se gestiona. Fortalecer iniciativas como el Consejo Nacional del Agua, involucrar la participación ciudadana y aprovechar la riqueza acuífera del territorio fueron las principales propuestas para solucionarlo. “La actual situación del agua nos está mostrando una realidad. De las crisis se han sacado las mejores políticas, por eso esta es nuestra oportunidad para decidir una nueva ruta de gestión del recurso hídrico”, aseguró Ricardo Lozano, director de People and Earth y moderador de los cuatro conversatorios. Después de conocer las visiones regionales y hacer un repaso de cómo se gobierna el agua en otros países, Lozano resolvió que lo más importante es garantizar la participación de los usuarios en la toma de decisiones. “Colombia tiene tres veces más agua que México, pero menos población”, señaló el ingeniero Manuel Rafael Rosales Gonzáles, subgerente de Análisis Hidrológico de la Comisión Nacional de Agua Mexicana, al exponer cómo ha sido el recorrido en su país para desarrollar esta política. Dentro de su sistema de gobernanza del agua, además de tener la Ley Nacional de Aguas, México ha definido zonas de veda, de reserva y reglamentadas, con el fin de garantizar que siempre haya disponibilidad del recurso. En las primeras no se puede hacer ningún aprovechamiento legal, debido a que podría darse un deterioro en su calidad o cantidad; las segundas están reservadas para el uso a futuro de alcantarillados, generación de energía del servicio público y garantizar los flujos mínimos para la protección hidrológica, mientras en las terceras se debe llegar a un acuerdo con las comunidades para establecer cómo se van a usar, debido al déficit que existe. Para Luis Fernando Rico, gerente de Isagén, esto demuestra que el Estado colombiano se ha ausentado en el tema de las hidroeléctricas. “La sociedad no debería renunciar a la fuente de energía más económica que se conoce. Los embalses producen sus impactos y ante crisis como esta hay reducciones, pero el sector eléctrico está preparado para afrontarlo. Claro, hubo una falla financiera importante, porque en un período normal la demanda del país es 80 % de origen hídrico, pero en sequía se reduce a 51 %”, recordó. Frente al fenómeno de la sequía, Nelson Ómar Vargas, subdirector de hidrología del Ideam, recordó el valor de los acuíferos. “Tenemos una oferta invisible que no se está mirando, un oro azul enterrado que no conocemos: el agua subterránea. Su cantidad es tres veces mayor que la superficial disponible y 74 % del territorio nacional guarda este potencial. De hecho, 280 de los 318 municipios categorizados en riesgo de desabastecimiento tendrían la posibilidad de hacer un uso mixto del agua”, afirmó Vargas. Por esto, de acuerdo con Carlos Lozano Acosta, asesor legal del área de agua dulce de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), se debe garantizar el derecho al agua, lo cual implica el acceso a la información y a datos confiables. “En Colombia ha habido un gran avance en la información respecto a que la situación del agua se haga pública, como sucedió con el Estudio Nacional del Agua 2014. Sin embargo, acceder a información de proyectos e infraestructura muchas veces no se nos permite. Hay unos proyectos mineros con una influencia grande sobre el agua y no hemos sabido nada de esta información”. El conversatorio terminó con un segundo panel sobre la necesidad de fortalecer la capacidad interinstitucional, incluyendo la creación del Consejo Nacional del Agua según se estableció en el Plan de Desarrollo 2014-2018. Ante esto, Ximena Barrera, directora política de WWF, dijo que a partir de lo demostrado por experiencias de gobernanza como la francesa y la mexicana, es muy importante establecer una política multinivel que garantice la participación, además de “entender la importancia de contar con un buen sistema de información y conocimiento”. Pensar en esos retos será una de las funciones del Consejo Nacional del Agua, pues en los conversatorios quedó claro que se necesita un espacio que articule los problemas alrededor del líquido. Según Carlos Arturo Álvarez, asesor de la Dirección de Gestión Integral del Recurso Hídrico, el Ministerio de Ambiente será su secretaría técnica, pero queda en el aire la pregunta de quién será el doliente. ¿A quién entregarle la dirección para que se comprometa con las comunidades? ¿De dónde podrían venir los recursos para asegurar la disponibilidad del agua? ¿Cómo exigir una educación que forme más especialistas en estos temas? Preguntas que deberán responderse cuando se cree el esperado Consejo.
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