Prensa
La CIDH pide a Perú proteger a otras 14 personas afectadas por contaminación en La Oroya
Lo hizo al ampliar la medida cautelar otorgada originalmente en 2007. La decisión llegó después de seis años de ser solicitada y ratifica que el deterioro de la salud de las personas beneficiadas es grave, que su vida e integridad continúan en riesgo y que requieren atención adecuada e urgente por parte del Estado peruano. Washington D.C., Estados Unidos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado peruano proteger la vida e integridad de otras 14 personas afectadas por contaminación tóxica en la ciudad de La Oroya, las cuales se suman a las 65 personas incluidas en la medida cautelar que el organismo internacional otorgó en 2007. La decisión ratifica que el deterioro de la salud de las personas beneficiadas es grave, que continúan en riesgo y que requieren que el gobierno de su país les brinde atención adecuada y pronta. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) —junto con la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), el Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA) y Earthjustice— representa ante la CIDH a las víctimas del caso y beneficiarias y beneficiarias de la medida cautelar. Expresamos nuestra satisfacción por la decisión adoptada por la Comisión, la cual llegó después de seis años de ser solicitada. La contaminación con metales pesados en La Oroya proviene de las operaciones de la fundidora de la empresa Doe Run Perú. La Comisión estableció que la falta de atención médica integral y especializada, así como el deterioro de su salud con el paso del tiempo, podrían afectar el derecho a la vida e integridad de las personas beneficiadas con la medida cautelar, las cuales ahora son 79 en total. “La ampliación de la medida cautelar reafirma de forma importante la situación grave y urgente de la vida e integridad de las personas de La Oroya. Esperamos que el Estado cumpla plenamente lo dispuesto en favor de todas y todos los beneficiarios, brindándoles atención médica adecuada y especializada”, dijo María José Veramendi Villa, abogada de AIDA. La decisión de la Comisión dispone que el Estado peruano debe realizar las valoraciones médicas necesarias para determinar los niveles de plomo, cadmio y arsénico en la sangre de las personas afectadas a fin de suministrarles una atención médica adecuada, acorde a estándares internacionales. Debe además informar sobre las acciones adoptadas para investigar los hechos que dieron lugar a la ampliación de la medida cautelar y así evitar su repetición. Por las violaciones de derechos humanos cometidas en perjuicio de las personas afectadas, existe un caso en trámite ante la Comisión cuya decisión final está pendiente. AIDA y APRODEH esperan que la misma responsabilice al Estado peruano por dichas violaciones.
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México elige proteger a la tortuga Caguama del proyecto minero Don Diego
AIDA celebra la decisión de la SEMARNAT de negar el permiso ambiental a la mina submarina de fosfato propuesta en el Golfo de Ulloa, Baja California Sur. La entidad encontró que las medidas planteadas por Exploraciones Oceánicas, empresa a cargo del proyecto, para resguardar a la tortuga marina se basan en información inconsistente. Ciudad de México, México. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) antepuso la protección de la tortuga caguama, especie amenazada, al beneficio económico que podría traer la mina submarina de fosfato Don Diego, cuya ubicación propuesta es el Golfo de Ulloa en Baja California Sur. La entidad negó la autorización del proyecto a cargo de Exploraciones Oceánicas al encontrar que las medidas planteadas por la empresa para proteger a la Caguama se sustentan en información que no es consistente. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) aplaude la decisión de la SEMARNAT en la que se señala que los aspectos económicos del proyecto “no pueden prevalecer sobre la protección de los recursos naturales existentes el Golfo de Ulloa”, más cuando algunos de ellos como la tortuga Caguama (Caretta Caretta), “se encuentran sujetos a estrictos estándares de protección por encontrarse en peligro de extinción”. Según la entidad, no es factible armonizar el resguardo de las poblaciones de esa especie con una actividad “que adiciona una presión antropogénica (fruto de la actividad humana) a las existentes en la zona y que incrementa el riesgo de extinción de dicha especie, que es compartida internacionalmente (página 232 del documento que contiene la decisión de la SEMARNAT)”. AIDA presentó a la SEMARNAT argumentos sobre las obligaciones internacionales que México incumpliría de autorizar el proyecto, así como de la información insuficiente con la cual la empresa evaluó el impacto ambiental de la mina en los ecosistemas marinos del lugar y en la que basó sus medidas de mitigación. Según la Secretaría, Exploraciones Oceánicas propuso un Programa de Monitoreo de las Tortugas Marinas que es más bien uno de “salvamento” y que no se sustenta en datos cuantitativos del hábitat de la Caguama. Además, la empresa no planteó medidas de mitigación y prevención para garantizar la disponibilidad de alimento suficiente para la especie, y su modelo de restauración del fondo marino —el cual busca dragar para extraer fosfato— no tomó en cuenta las características particulares del Golfo de Ulloa (páginas 225 y 226). La SEMARNAT se amparó en normas internacionales para negar el permiso ambiental a Don Diego. Recurrió por ejemplo a las obligaciones de México de proteger su medio marino y de utilizar los datos científicos más fidedignos posibles en la protección de las tortugas marinas, contenidas en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) y en la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas (CIT), respectivamente. Más información 10 cosas que debes saber del proyecto Don Diego
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Pronunciamiento de AIDA sobre la firma del Acuerdo de París
AIDA celebra el inicio de la construcción de un nuevo planeta. Nueva York, Estados Unidos. Hoy, en la sede de Naciones Unidas y en el Día de la Tierra, el Acuerdo de París se abrió para firma de los Estados Parte de la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático. La firma es un paso necesario para que el tratado entre en vigencia rápidamente. El acuerdo contiene las acciones que el mundo deberá implementar en la próxima década para enfrentar el cambio climático, la mayor amenaza para la humanidad. Este es el pronunciamiento de Astrid Puentes Riaño y Anna Cederstav, Codirectoras de AIDA, al respecto: “Hoy celebramos la histórica firma del Acuerdo de París, un paso vital y un nuevo comienzo para que como humanidad enfrentemos el cambio climático. La existencia del acuerdo, su firma y ratificación inmediata por parte de todas las naciones, es una luz de esperanza para el planeta, para las generaciones actuales y futuras. Reconocemos que el Acuerdo no es perfecto, pero también sabemos lo complejo que es para cerca de 200 países llegar a consensos sobre un tema tan sensible. Por ello consideramos que se trata del comienzo de un camino hacia resultados ambiciosos y efectivos. Uno de los avances importantes del Acuerdo es el reconocimiento de que en todas las acciones climáticas se tomen en cuenta y respeten los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas; asegurando además equidad de género e intergeneracional y una justa transición de la fuerza de trabajo. Resaltamos también que el Acuerdo reconozca la gran brecha que existe entre los compromisos asumidos por los Estados y las medidas urgentes necesarias para evitar consecuencias catastróficas, que incluyen incrementar el financiamiento climático. En ese sentido, esperamos que la celebración, los discursos y fotografías oficiales se traduzcan en acciones prontas y efectivas que superen incluso lo acordado en París en diciembre del año pasado. El Acuerdo refleja un cambio de paradigma que es necesario y posible. Para América Latina y el Caribe, una de las regiones más afectadas y vulnerables ante el cambio climático, el Acuerdo es una oportunidad única para lograr un desarrollo bajo en carbono que priorice la protección de comunidades, personas y ecosistemas esenciales. AIDA participa hace varios años en las negociaciones climáticas como una voz que proviene de América Latina. Nos llena de orgullo que nuestros esfuerzos y los de tantas personas y organzaciones con quienes trabajamos hayan tenido frutos. Hoy el Acuerdo nos compromete a seguir trabajando para asegurar su cumplimiento. Responder al cambio climático es tarea de todos y todas, diferenciando, claro está, capacidades y responsabilidades. La obligación de los Estados es firmar, ratificar e implementar el Acuerdo de París de inmediato. Organizaciones internacionales y regionales, entidades financieras y empresas no deben ser ajenas a esa responsabilidad. Y nosotros, como individuos, debemos analizar nuestras propias acciones y cómo podemos contribuir a reducir el cambio climático. Cada aporte es fundamental para adoptar soluciones reales que nos lleven a tener un mundo más justo y sostenible. Firmar hoy el Acuerdo de París constituye una gran muestra voluntad política que debe traducirse sin demora en resultados concretos. Los países más vulnerables y los más afectados, no pueden esperar.”
Leer más¿Seguir apostando a hidroeléctricas o buscar energías alternativas?
La actual crisis energética en Colombia ha llevado a los analistas del sector energético a criticar la dependencia de las hidroeléctricas y a solicitar la generación urgente de energías limpias. Los especialistas afirman que la construcción de hidroeléctricas genera tala de bosques, emisión de CO2 y desplazamientos de por lo menos 80 millones de personas en el mundo, así como la reducción de una tercera parte de las especies en agua dulce. Aunque por muchos años las represas han sido incluidas en la categoría de las llamadas ‘energías limpias’, crece el debate frente a si deben considerarse así, teniendo en cuenta que en materia ambiental pueden generar impactos graves, como la muerte masiva de peces y otras especies de agua dulce y la desviación de los ríos. Héctor Herrera, investigador y analista en temas de energías limpias, explicó en RCN Radio que las hidroeléctricas, además de impactar el medio ambiente, también son vulnerables a los efectos del cambio climático, “por su afectación de ecosistemas y su afectación a la fauna y peces. (…) Las represas frente al cambio climático tienen dos factores de preocupación: su impacto y su vulnerabilidad“, sostuvo Herrera. Por su parte, Astrid Puentes, directora de la Asociación Interamericana para la Defensa Ambiental (AIDA), explicó que la construcción de hidroeléctricas como fuente de energía ha desplazado a más de 80 millones de personas en el mundo y ha generado un impacto ambiental que ya se ha observado. “Se calcula que las grandes represas emiten el 4 % del gas invernadero a nivel mundial. Es decir, lo mismo que la industria aeronáutica. Son una fuente muy grande de emisión de gas metano y CO2“, indicó Astrid Puentes a RCN Radio. Por otro lado, Puentes afirmó que “a nivel mundial se calcula que el 37 % de las especies de agua dulce se redujeron por el impacto de las represas. Y específicamente, en zonas tropicales como Colombia, se calcula que es el 70%”. Hoy en día se habla de las energías no convencionales, una categoría dentro de la cual entran fuentes como la energía eólica, la energía solar y la geotérmica, entre otras. Precisamente, este nuevo concepto lo que busca es replantear cuáles formas de energías, antes denominadas ‘limpias’ y generalizadas en su uso, en realidad son amigables con el medio ambiente. Una fuente de energía importante para el país son las plantas hidroeléctricas pequeñas, que no cuentan con sus propios embalses. Estas no generan los mismos impactos que las grandes represas hidroeléctricas. Se calcula que este tipo de represas pequeñas generan cerca del 5 % de la energía en el país y pueden ser consideradas como formas de energía no convencional. “Muchas de estas pequeñas centrales no tienen un embalse asociado, no hay una gran afectación de tierra ni de los cauces. Toman agua del cauce, la usan para generar y la devuelven a los ríos“, dijo Jorge Valencia, director de la Unidad de Planeación Minero Energética. Valencia además precisó que “todo cambio en el paisaje y el ambiente tiene una afectación. Lo que hay que ver es cuál es el balance. (…) A la energía eólica le atribuyen cambios en los patrones de los ciclos de las aves. La energía solar requiere grandes extensiones de tierra“. “Solamente en el país se ha desarrollado una planta eólica en la Alta Guajira. (…) Estos proyectos aspiramos que para 2018 y 2019 sean proyectos más grandes que el que tenemos actualmente en La Guajira“, dijo. El director de la Unidad de Planeación Minero Energética considera como un escenario “muy deseable en donde en los próximos 15 años el país debería contar en la expansión nueva al menos con el 25% de renovables no convencionales“. Por su parte, Ángela Montoya, directora de Acolgén (Asociación Colombiana de Generadores de Energía) defendió las hidroeléctricas como fuentes de energía, asegurando que el hecho de que finalmente no hubiera un apagón ni racionamientos, se debe a que estas plantas pudieron contener la suficiente agua para suplir la temporada de sequías. Para Montoya, “en condiciones normales de eventualidades de clima, Colombia tiene la suficiente energía para suplir el 100% de su demanda“. “Las hidráulicas lo que tenían que hacer era que el agua perdurara hasta el final del Fenómeno del Niño. (…) En este momento la totalidad de las plantas de generación hidráulica están cumpliendo con sus funciones. Si no hubiera sido así, el país hubiera tenido un apagón“, añadió finalmente la directora de Acolgén.
Leer másLa Ciénaga ya no es tan grande
La Ciénaga Grande de Santa Marta, uno de los ecosistemas más importantes no solo de la ciudad sino del litoral Caribe, tiene gravemente comprometido su futuro, debido a las transformaciones ambientales generadas por acción antrópica. La problemática no es nueva: entre 1956 y 1960 se construyó la carretera que va de Barranquilla a Ciénaga lo cual causó que se interrumpieran los flujos de agua entre la Ciénaga, el río Magdalena y el mar Caribe, con el consecuente incremento de la salinidad en los suelos de manglar y cuerpos de agua internos. Como resultado de ello se perdieron miles de hectáreas de bosques de manglar, se afectó la biodiversidad y disminuyeron los recursos pesqueros. Los reportes oficiales informan que entre 1956 y 1995 se perdieron unos 285.7 km2 de bosques de manglar, equivalentes al 55.8% de la cobertura original en 1956. Según Juan Pablo Sarmiento, profesor y abogado, miembro del Grupo de Litigio Ambiental de la Universidad del Norte, en 2012 se presentaron las mayores variaciones o transformaciones en el paisaje, con el crecimiento significativo del área de pastos, así como del monocultivo de palma de aceite, en alrededor de dos mil 300 hectáreas. Por su parte, la Unidad de Parques Nacionales Naturales advierte sobre la sustancial reducción del espejo de agua, que para 2002 era de más de tres mil hectáreas, en 2009 llegó a cerca de dos mil hectáreas y en 2012 bajó a alrededor de 740 hectáreas. De otro lado, el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras – Invemar, señala que en 2014 se registraron incrementos importantes en los niveles de salinidad en suelos del manglar, tendencia que se ha mantenido desde 2012, debido a la baja precipitación registrada en los últimos años y al escaso mantenimiento de algunos sectores de los caños. “Esto lo podemos observar en la red de caños que bordean o ingresan al Parque Isla de Salamanca y al Santuario de Fauna y Flora Ciénaga Grande de Santa Marta. Por ejemplo, el caño Condazo está totalmente colmatado y eutrofizado (con acumulación de residuos orgánicos) por la falta de mantenimiento”, afirma el abogado Sarmiento. En 2014 hubo más de tres mortandades masivas de peces. El 19 de septiembre de 2014 y el 16 de junio de 2015 se presentaron dos fenómenos severos de este tipo; el último reseñado dejó más de cinco toneladas de peces y animales muertos. Importancia del sistema El ‘Sistema Delta Estuarino del Río Magdalena, Ciénaga Grande de Santa Marta’, fue declarado, en mayo de 1998, como zona incluida en la Convención de Ramsar, cuya misión es la conservación y el uso racional de los humedales, mediante acciones locales y nacionales y gracias a la cooperación internacional, como contribución al logro de un desarrollo sostenible en todo el mundo. Además, la Ciénaga cuenta con otras declaratorias que reafirman su trascendencia e importancia ecológica: Santuario de Fauna y Flora, 1977; Zona de Reserva Exclusiva, 1978; Reserva de la Biosfera – UNESCO, 2000. Según el Ministerio de Medio Ambiente, la Ciénaga es el humedal estuarino más importante del país, debido a su área, que contiene a la laguna costera más grande de Colombia. Su valor socioeconómico está representado por los recursos pesqueros y las actividades agropecuarias de las cuales dependen las poblaciones asentadas de la región. Este sistema de humedales está conformado por más de 20 lagunas, con diferentes niveles de sedimentación y salinidad, de las cuales la Ciénaga Grande de Santa Marta es la de mayor tamaño, con cuatro mil 280 kilómetros cuadrados. La Ciénaga abarca territorios de 12 municipios (Ciénaga, Pueblo Vejo, Sitionuevo, Remolino, Salamina, El Piñón, Pivijay, El Retén, Aracataca, Zona Bananera, Cerro de San Antonio y Concordia) y, al menos, nueve pueblos palafíticos, entre los que se destacan Nueva Venecia, Trojas de Cataca y Buena Vista. En la zona de influencia del ecosistema residen aproximadamente 400 mil habitantes, de los cuales cinco mil son pescadores. Causas e implicaciones de la problemática Es necesario resaltar que uno de los principales factores que degradan el ecosistema son los depósitos de residuos agroquímicos y el taponamiento de las fuentes de agua dulce, lo cual se suma a la actividad agrícola en los alrededores de la Ciénaga, que utilizan las demás fuentes de agua para el riego y el desecho de residuos químicos. Gladys Martínez, abogada sénior del Programa de Protección Marina y Costera de AIDA, destaca que no existe un ordenamiento apropiado de la zona, por lo cual ha habido construcción, deforestación y extracción descontroladas. Adicionalmente, no hay un mecanismo apropiado de monitoreo, que ayude a prevenir actividades que afecten el ecosistema. A lo anterior se agregan causas naturales, como los fenómenos de La Niña y El Niño, que han agravado la situación de la Ciénaga. Dentro de la propia Ciénaga existen comunidades palafíticas asentadas. Las condiciones favorables, tales como la presencia de agua dulce y la pesca abundante de especies marinas y fluviales, dieron origen a una ocupación lenta, pero muy antigua de una población permanente, que construyó sus viviendas sobre estacas clavadas en el fondo. Estas poblaciones carecen de servicios de agua y de alcantarillado. Por tanto, las comunidades no cuentan con un servicio apropiado de eliminación y tratamiento de residuos sólidos, líquidos y excretas: la mayoría de desechos son arrojados directamente a las ciénagas, lo que aumenta la contaminación. Sólo Buenavista dispone de recolección de basura. Actualmente en los corregimientos de Nueva Venecia y Buenavista se está tramitando un proyecto para la construcción de un sistema de alcantarillado y de acueducto, proyecto que apenas se encuentra en aprobación. Sin embargo, las poblaciones palafíticas no contradicen la declaratoria de la Ciénaga como zona Ramsar y Reserva de la Biosfera. Por el contrario, el Plan de Manejo Ramsar reconoce y procura contribuir al mantenimiento de los atributos culturales y tradicionales de las poblaciones costeras y pueblos palafíticos. Incluso se le ha solicitado a la UNESCO que declare como Patrimonio de la Humanidad el ‘Paisaje Cultural de la Vivienda Vernácula Palafítica de la Ciénaga’. Igualmente, el INVEMAR afirma que, dado su carácter tradicional, las comunidades que practican la pesca artesanal son las que mejor conocen y entienden la dinámica natural de la Ciénaga, especialmente la de los pueblos palafíticos. Solución La señora Gladys Martínez recomienda un proceso colectivo de todos los sectores – gobierno, ONG, academia sector privado. Destaca que hay un Comité Interinstitucional que está trabajando y que cuenta con la científica experta en el tema, Sandra Vilardy. Sin embargo, se requiere ampliar el marco de acción y contar con ayuda de instancias internacionales como una misión de asesoramiento de la Convención de Ramsar. Los entes responsables de evitar que la Ciénaga se asfixie del todo son la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (CORPAMAG), institución que depende del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, el Sistema Nacional Ambiental, el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras. En todo caso, la abogada de AIDA les recomienda a las autoridades “realizar una gestión interinstitucional coordinada y activa y revalorar el conocimiento local a la hora de crear las estrategias e implementarlas”.
Leer másCrisis energética: es momento de estimular la energía limpia
El futuro Según la Agencia Internacional de Energía, entidad que hace parte del marco de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), la demanda energética global habrá aumentado en un 37 por ciento para el año 2040. Por su parte, la población colombiana pasará de 48 millones en 2015 a 63 millones en 2050, y este crecimiento conllevará un aumento en la demanda de energía, que será aún mayor si la pobreza se reduce. ¿Cómo garantizará Colombia la demanda energética en el futuro? ¿Serán nuestras fuentes energéticas respetuosas con el ambiente y se adaptarán al cambio climático? El pasado Hay que recordar que desde 1960 Colombia ha padecido más de trece apagones de alcance inter-regional. Por ejemplo: En 1966 Bogotá y 300 municipios se quedaron sin servicio eléctrico. En 1980 el 90 por ciento del país se quedó a oscuras por culpa de un apagón, es decir, por una interrupción en el fluido eléctrico en un momento específico, no por un racionamiento o una serie programada de interrupciones. El último gran racionamiento que tuvimos comenzó en marzo de 1992 bajo el gobierno Gaviria y ese mismo año el ministro de Comercio Juan Manuel Santos adelantó en una hora el huso horario para aprovechar más la iluminación solar. Este racionamiento se debió sobre todo a la dependencia de las hidroeléctricas, que se vieron afectadas por la reducción de lluvias y por el aumento de temperaturas como consecuencia del fenómeno de El Niño. La “hora Gaviria” se mantuvo hasta febrero de 1993, cuando aumentaron las precipitaciones. Pero, ¿qué lecciones nos dejó esta experiencia? Las hidroeléctricas y el cambio climático Es comprensible que hace dos décadas los gobernantes de Colombia promovieran la hidroelectricidad, dada la abundancia hidrográfica y pluviosa de varias zonas del país. Además en ese momento no eran tan claros los impactos ambientales y sociales de las represas, ni tampoco los del cambio climático sobre las propias represas. Pero la situación ha cambiado mucho. El Instituto Internacional para el Análisis de Sistemas Aplicados analizó diferentes escenarios de cambio climático para centrales hidroeléctricas y térmicas en todo el mundo y concluyó que el aumento de temperaturas reducirá la capacidad de estas centrales hasta en un 30 por ciento en 2080. Con todo y eso en 2015 el 67 por ciento de la electricidad de Colombia fue producida por hidroeléctricas, el 32 por ciento por plantas termoeléctricas (gas, carbón y diésel), y solo el 1 por ciento, por cogeneración y energía eólica. En la siguiente Figura la línea negra representa la variación de la temperatura en el océano Pacífico ecuatorial. Durante el período estudiado se presentan dos picos, correspondientes al fenómeno de El Niño de 2009 y al que vivimos en la actualidad. ¿Qué pasó con la generación eléctrica de Colombia durante estos períodos? La hidroelectricidad redujo bastante su participación y la demanda tuvo que satisfacerse principalmente con fuentes termoeléctricas. Esto demuestra la vulnerabilidad del sistema de generación ante variaciones climáticas, cada vez más frecuentes y más intensas. Por eso como dice la sabiduría popular, no es aconsejable poner todos los huevos en la misma canasta. Depender de una sola fuente energética es arriesgado y por eso el fenómeno de El Niño nos pone otra vez en riesgo de racionamiento. Cuando deja de llover, deja de llover para todas las hidroeléctricas, sin importar cuántas hayamos construido, una o cien. Este panorama plantea dudas muy serias los proyectos de generación eléctrica de Colombia, y en todo caso nos obliga a preguntarnos por qué es tan incipiente el avance de fuentes energéticas limpias, a pesar de su gran potencial en el país. Tendencia global En 2015 el Observatorio Global de Energía contabilizó en todo el planeta: 3.165 hidroeléctricas, 2.759 termoeléctricas a gas, 1.440 termoeléctricas a carbón, 1.069 plantas a gasolina/diésel, 652 parques eólicos, 269 plantas de energía nuclear, y 90 plantas de energía solar. Como se puede ver en la Figura 2, el mundo también tiene una gran dependencia de la hidroelectricidad y de los combustibles fósiles: No obstante, algunos países de Europa ya han avanzado en la transición a energías limpias. Dinamarca es un caso emblemático porque que en 2015 el 42 por ciento de su energía fue eólica y el gobierno prevé que la mitad de su energía provenga del viento en 2050. Colombia y el mundo La Figura 3 muestra cómo se distribuyó la generación de electricidad en algunos países entre 2005 y 2013 (en relación con el fueloil debe tenerse en cuenta que debido a las disminución de los precios del petróleo es probable que su uso haya aumentado en 2014 y 2015). Las cifras anteriores confirman el aumento de la energía eólica y la disminución del uso de gas y carbón en países como Dinamarca y Francia. Pero, ¿qué pasa en Colombia? El país aumentó su uso de hidroeléctricas, gas y carbón, mientras que la energía eólica tuvo un retroceso entre 2005 y 2010. Por otra parte en países como Brasil o China se registró un aumento de la energía nuclear. Pero aunque son bien conocidos los impactos ambientales, climáticos y de salud pública de los combustibles fósiles, la energía nuclear tampoco es una opción razonable por sus altos costos y sus riesgos de seguridad, como mostraron las catástrofes de Chernóbil en Ucrania, Fukushima en Japón, Three Mile Island en Estados Unidos o Goiania en el Brasil. La mala idea de las hidroeléctricas Es cierto que las hidroeléctricas producen energía renovable ya que los ríos renuevan sus caudales en forma permanente. Pero esto no quiere decir que su energía sea limpia y respetuosa con el medio ambiente: Las represas producen una gran cantidad de gases de efecto invernadero, porque al inundar ecosistemas aledaños se descompone la materia orgánica de estos y se liberan dióxido de carbono (CO2) y metano (CH4). Las hidroeléctricas perjudican a los ríos que represan al afectar la oxigenación del agua e interrumpir los flujos migratorios y reproductivos de peces. Y los ríos, como ecosistemas, son sumamente valiosos para cualquier país. Las represas ocasionan graves conflictos sociales y de derechos humanos, pues inundan territorios de comunidades y afectan o eliminan sus formas de subsistencia, como se puede ver en los casos de El Quimbo (Colombia) o Belo Monte (Brasil). En este enlace se puede encontrar un listado más completo de los impactos de las represas, con sus respectivos sustentos científicos. La siguiente infografía de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) e International Rivers presenta algunos de ellos: Energías limpias En la Convención de París el Estado colombiano asumió compromisos muy serios en relación con el cambio climático. Pero esto se contradice con sus política energética y minera, dependiente la primera de hidroeléctricas y termoeléctricas, la segunda concentrada en la extracción de carbón. Y sin embargo hay motivos para la esperanza, porque Colombia tiene un gran potencial de energías limpias. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM) publicó en 2015 el Atlas de Clima, Radiación y de Viento de Colombia que identifica las mejores zonas para llevar a cabo proyectos de energía solar o eólica. También se debería explorar el potencial geotérmico del país y estimular los cambios culturales y de consumo que fomenten una demanda energética eficiente. Por supuesto, esta transición será gradual y no se deben ignorar los impactos ambientales que podrían tener estos proyectos. El director de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) le explicó a El Espectador que: “El 80 % de la energía de Colombia viene de fuentes hídricas. Sin embargo, hay un reto mayor en conseguir potencializar (sic) lo eólico y la radiación solar para poder incrementar nuestra matriz energética”. En este sentido, Colombia ya dio un primer paso normativo con la expedición de la Ley 1715 de 2014. Pero debemos hacer más. Así como hay una Agencia Nacional de Hidrocarburos o una Agencia Nacional de Minería, Colombia debería tener una agencia dedicada a promover la eficiencia energética y el aumento de las energías limpias: una entidad que nos prepare para las realidades ambientales y climáticas, presentes y futuras. La Universidad de los Andes ya dio un paso importante con la creación del Centro de Investigaciones en Energía y con su primer foro sobre sistemas de energía del futuro. La Agencia Internacional de Energía propuso la siguiente estrategia “puente”, donde las emisiones de cambio climático relacionadas con energía llegan a su punto máximo en 2020. Sin duda, podríamos seguir este camino.
Leer másLa pelea nacional por la minería que desató Ibagué
En los primeros días de este mes, al escritorio de Guillermo Alfonso Jaramillo, alcalde de Ibagué y ex secretario de Salud de Bogotá, llegó un oficio de la Procuraduría General de la Nación. En siete páginas se le advertía que el proceso de consulta popular que él había iniciado y que busca preguntarles a los ciudadanos si están o no de acuerdo con la minería en su territorio, iba a tener, de ahora en adelante, un acompañamiento preventivo. La viceprocuradora Martha Isabel Castañeda le recordaba a Jaramillo que el Estado es el dueño del subsuelo y le hacía varias precisiones sobre esos procesos relacionados con proyectos mineros. El que él inició ahora iba a examinarse con mucho más detalle. El documento fue emitido el 8 de febrero, el mismo día que se supo del fallo de la Corte Constitucional que frenaba la minería en páramos y reiteraba que a la hora de planear un proyecto para la extracción de recursos, debía haber concertación entre los municipios y el Gobierno. En últimas, explicaba que no puede ser una decisión unilateral. Desde ese día, sin embargo, Jaramillo y el Concejo de Ibagué están en medio de una puja en la que en estos días entraron a participar funcionarios del Gobierno. ¿La razón? El próximo lunes 29 de febrero, desde las 8 a.m., los 19 concejales de la capital del Tolima decidirán si aceptan o no que se lleve a cabo la consulta popular. Para que prospere, se necesitarán mínimo diez votos a favor. Sin embargo, para algunos concejales, alcanzar ese número parece una tarea titánica después de lo que sucedió esta semana. La visita que hicieron, entre otros, María Isabel Ulloa, viceministra de Minas; Ernesto Cardoso, procurador ambiental del Tolima; Antonio Barrera Carbonell, expresidente de la Corte Constitucional, y altos funcionarios de la Andi, puede haber modificado las intenciones de voto. “Nos sentimos intimidados y decir que no es algo mentiroso”, cuenta Camilo Delgado, presidente del Concejo de Ibagué. A sus ojos, además, los pronunciamientos de la Procuraduría han alertado a varios, que ahora temen una destitución o la apertura de una investigación. A lo que se refiere Delgado es a las palabras que pronunció en el Concejo el procurador ambiental del departamento, replicadas por La Silla Vacía: “por hechos similares al que aquí nos ocupa, el órgano de control ha iniciado investigación de carácter disciplinario”. La intención de Ibagué ha alertado al Gobierno porque, como explica Carlos Lozano Acosta, asesor de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), es la primera vez que una capital tomaría una decisión de ese calibre, lo que sentaría un precedente para todo el país. “Pero resulta muy positivo que la gente use estos mecanismos de participación, que son legales y legítimos”, dice. En términos concretos, lo que busca el alcalde Jaramillo es que el Concejo le dé el visto bueno a una consulta que posiblemente se realizaría en junio de este año. Entonces, los ibaguereños tendrían que responder sí o no a la siguiente pregunta: “¿Está usted de acuerdo, sí o no, con que en el municipio de Ibagué se ejecuten actividades que impliquen contaminación del suelo, pérdida o contaminación de las aguas, o afectación de la vocación agrícola y turística del municipio, con motivo de proyectos mineros?”. Aunque no lo puntualiza, el interrogante hace referencia al proyecto La Colosa, que se llevará a cabo en el municipio de Cajamarca, a un poco más de 34 kilómetros de Ibagué. Según Jaramillo y varios grupos ambientales, ese proyecto, del que la empresa Anglo Gold Ashanti espera extraer unos 29 millones de onzas de oro a partir de 2020, afectaría la cuenca del río Coello, que alimentará un acueducto complementario de la ciudad. “Además, estaría en juego nuestra vocación agropecuaria y turística. No tenemos vocación minera y queremos cuidar nuestras fuentes hídricas. No queremos que suceda lo que ha pasado con el carbón en La Guajira”, advierte Jaramillo. Y aunque Anglo Gold Ashanti le dijo a este diario que no se pronunciaría sobre la consulta popular, en varias ocasiones ha reiterado que su proyecto no tendrá ninguna influencia técnica en la capital tolimense ni en ningún otro municipio distinto a Cajamarca. De hecho, aseguran que han ido devolviendo los títulos mineros que tenían en Ibagué y hoy tienen cuatro que, dicen, no están relacionados con La Colosa ni sobre terrenos de acueducto. Pero, en palabras de Jaramillo, hay un plan sobre la mesa para hacer llegar al sector recreativo de Totumo unas bandas transportadoras desde Cajamarca y para crear unos espacios para lavar el oro extraído. Incluso, para Humberto Quintero, concejal de Cambio Radical y quien votará negativamente el lunes porque considera que la pegunta de la consulta es ambigua y abstracta y porque cree que extralimitaría sus funciones, aún no hay claridad sobre si la compañía tendrá área de influencia en la ciudad. A los ojos de Acosta, todas estas presiones son el reflejo del gran efecto que podría tener la minería en Tolima en un futuro. “¿Es posible que estemos frente a un posible escenario de distrito minero?”, se pregunta. Para él, el hecho de que Anglo Gold hubiese decidido demandar en 2013 el acuerdo al que llegó Piedras, municipio que también le dijo que no a La Colosa por medio de una consulta popular, sugiere que sí hay intereses de por medio. “Al realizar la consulta popular, el Concejo de Piedras aprobó un acuerdo que consideramos ilegal e inconstitucional, como es la prohibición de minería por parte de una autoridad local. Por esta razón, presentamos una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado. Esa corporación consideró que quien debía resolverlo era el juez administrativo de Ibagué y le ordenó darle trámite a la demanda. Eso fue en 2013. Pero hoy el proyecto La Colosa no tiene ninguna incidencia ni interés técnico en Piedras ni en Ibagué”, responde la compañía. Pero el tema de fondo de este álgido debate es el mismo que la Corte aclaró hace dos semanas pero que sigue generando pujas y presiones: ¿pueden los municipios decidir si quieren o no minería en sus territorios? Para César Rodríguez Garavito, experto en temas ambientales y director de Dejusticia, el asunto es más que claro. “Debe haber una concertación de estos territorios con el Gobierno. Cómo se debe hacer, es un tema que la Corte deja abierto, pero lo que sí aclara es que se pueden usar mecanismos de participación ciudadana. Debe haber un acuerdo para definir cuál es el lugar que le corresponder a la consulta popular, que es una especie de instrucción de la ciudadanía al mandatario local para que con esa manifestación vaya a esa concertación”. Para Rodríguez, que ha seguido de cerca este proceso, las advertencias de la Procuraduría no tienen fundamento en los fallos de la Corte ni en la Constitución misma. “Están haciendo un uso inapropiado de una herramienta de control preventivo”, argumenta. “Es –reitera Jaramillo– un matoneo de varias entidades que yo jamás había visto y que va desde destitución hasta pérdida de investidura. Definitivamente, lo que es claro es que Bogotá no está acostumbrada a que los pueblos decidan. Este país es cada vez más centralista, pero nosotros tenemos derecho a decidir”.
Leer másBelo Monte y cómo no producir energía en el siglo XXI
El 12 de diciembre de 2015, la represa Belo Monte, en Brasil, comenzó a ser llenada. El proyecto más importante del programa energético de la presidenta Dilma Rousseff es también un monumento a cómo no debe producirse energía en el siglo XXI. Además de su alto costo, la represa está asociada con corrupción y grandes impactos socioambientales. Belo Monte sería la tercera represa más grande del mundo. Se construye al noreste de Brasil, en el río Xingú, afluente clave del Amazonas. Produciría en promedio solo la tercera parte de su capacidad máxima. Inundará 516 km2 (el tamaño de la ciudad de Chicago) de bosque amazónico, áreas cultivables y zonas urbanas de Altamira, Pará. “…el gobierno y la sociedad brasileños no toleran y no tolerarán la corrupción. La democracia brasileña se fortalece cuando la autoridad asume el límite de la ley como su propio límite. Muchos de nosotros luchamos para eso justamente cuando las leyes y los derechos fueron vilipendiados durante la dictadura…”, dijo Rousseff ante la Asamblea de Naciones Unidas en septiembre pasado. Habló de incluir las “cuestiones de las comunidades indígenas” en los compromisos climáticos del país. También en septiembre, la casa de doña Antonia Melo en Altamira fue demolida por Norte Energía, consorcio constructor de Belo Monte. Antonia lidera el Movimiento Xingú Vivo para Siempre que defiende los derechos de los habitantes de la cuenca del Xingú. La de Antonia es una de las cerca de 3,000 familias desplazadas por una represa que afectará a 40,000 personas en total, muchas de ellas indígenas. El 24 de noviembre de 2015, la autoridad ambiental autorizó la operación de Belo Monte pese al incumplimiento de condicionantes socioambientales esenciales e ignorando dictámenes técnicos ambientales y de la autoridad de protección de los indígenas. Desde 2011, cuando la construcción comenzó, varias comunidades indígenas han sufrido daños serios a su salud, integridad, territorio y cultura. Éstos han empeorado ante la proximidad de la operación de la represa. Los servicios públicos, incluyendo los de centros de salud y de atención a la niñez —de por sí precarios—, colapsaron. La violencia creció exponencialmente: los asesinatos se duplicaron, los accidentes de tránsito aumentaron 144% y la violencia sexual y prostitución estallaron, afectando a niñas y adolescentes sin que las denuncias al respecto sean atendidas. Aunque se entregaron más de 2,600 viviendas a las familias desplazadas, éstas denuncian defectos estructurales, falta de transporte público y servicios esenciales. Las casas no tienen conexión al alcantarillado, una de las condicionantes de la licencia. El discurso de Rousseff resulta paradójico frente a la realidad. Ella fue víctima de la dictadura, pero ahora usa recursos de ese régimen para implementar Belo Monte. El Ministerio Público Federal presentó más de 20 demandas contra el proyecto y jueces ordenaron la suspensión de sus obras en al menos seis ocasiones. Dichos fallos fueron anuladas por petición del gobierno de Rousseff, aplicando la suspensión de seguridad, intrumento legal irónicamente creado por la dictadura. La última vez fue en enero pasado cuando el Tribunal Federal de Justicia suspendió el llenado de la represa por el incumplimiento de obligaciones referidas a la protección de las comunidades indígenas. El fallo fue anulado día después. La corrupción también salpicó al proyecto. Según confesaron ejecutivos de las empresas Camargo Correa y Andrade Gutiérrez, se pagaron sobornos millonarios para su implementación. El tema es parte de Lava Jato, la mayor investigación contra la corrupción de la historia de Brasil. Los impactos de Belo Monte han sido denunciados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Naciones Unidas. Las respuestas fueron lentas o inexistentes. En abril de 2011, la CIDH urgió a Brasil suspender las obras por la falta de consulta libre, previa e informada con las comunidades indígenas. La reacción de Brasil fue contundente: retiró su candidato a la CIDH, a su embajador ante la OEA, dejó de enviar sus aportes anuales a ese organismo e inició un proceso de “fortalecimiento” del Sistema Interamericano que terminó reformando el reglamento de la Comisión. La CIDH dejó de pedir la suspensión de obras, pero sí acciones urgentes para proteger a las comunidades indígenas afectadas. En 2011, éstas demandaron a Brasil y cuatro años después, en diciembre de 2015, la Comisión inició el trámite del caso. Ese organismo podría priorizar el caso, tomar una decisión pronto y evitar mayores daños. Como dice doña Antonia, la lucha continúa. Rousseff aún puede demostrar que su gobierno no tolera la corrupción y que, a diferencia de la dictadura, no vilipendia las normas. La CIDH y otras autoridades tienen la oportunidad histórica de exigir respetar los derechos humanos y ayudar a que los países alcancen un desarrollo que no sacrifique las personas. Deben hacerlo pronto, pues Belo Monte ya esta llenándose
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Los páramos: protegidos por la Corte
El fallo de la Corte Constitucional que hace unos días prohibió la minería en los páramos vino a zanjar una prolongada controversia sobre el tema. Ahora queda claro que los derechos o expectativas económicas de particulares deben subordinarse al interés general. Pero la disputa seguirá y habrá reacomodo de fuerzas en torno a la interpretación del fallo. La sentencia en cuestión responde a una demanda contra el Plan de Desarrollo 2014-2018 interpuesta por la Cumbre Agraria y el Polo Democrático Alternativo, y sin duda es el pronunciamiento más importante de la Corte Constitucional en materia ambiental en su historia reciente. El debate sobre extractivismo en páramos es uno de los pulsos ambientales más intensos que hayamos visto en Colombia en los últimos años. A diferencia de otros temas, esta cuestión se instaló para quedarse en el debate nacional. El movimiento ambiental fue muy hábil al conectar la importancia de los ecosistemas de páramo con el agua que los ciudadanos del común reciben en sus casas y con ello logró el consenso en la opinión sobre la necesidad de protegerlos. El asunto fue ampliamente comentado por los medios y por las redes sociales, de modo que hoy la gente sabe bien que sin páramos no hay agua en las ciudades. Esto tuvo una gran influencia sobre el “ambiente” que rodeó el litigio en la Corte. El gobierno perdió el caso ante la opinión y volvió a perderlo ante el tribunal. Antes de la sentencia, no había un pronunciamiento autorizado que impidiera contundentemente la minería en páramos. Pese a algunas decisiones de la propia Corte y a un concepto del Consejo de Estado, este debate seguía estando en vigencia. Pero cuando el gobierno incluyó el tema en el Plan de Desarrollo, cometió un error estratégico porque lo expuso a la competencia de la Corte. En resumen, la Corte sostuvo que: La minería en páramos pone en peligro el derecho al agua porque desconoce la obligación del Estado de proteger sus fuentes. La licencia ambiental no otorga derechos adquiridos en los páramos y el Estado puede prohibir la minería en esas zonas incluso después de haberla expedido. Es desproporcionado afectar los páramos para garantizar derechos patrimoniales de privados. Los páramos tienen un déficit de protección inaceptable desde el punto de vista constitucional, pues no todos ellos se encuentran en áreas protegidas y no hay reglas claras sobre hasta dónde llega la discrecionalidad del gobierno en la delimitación. Los páramos son interdependientes con otro tipo de ecosistemas y dañarlos libera carbono y contribuye al cambio climático. El primer Plan de Desarrollo del gobierno Santos le quitó piso jurídico a la minería en páramos, pero el segundo se lo devolvió y esa regresión es inconstitucional. Asimismo, la Corte hizo uso del derecho ambiental internacional y reconoció que los páramos son sumideros de carbono, reservas de biodiversidad y fuentes de agua dulce. También utilizó datos científicos para demostrar que son ecosistemas muy frágiles y difíciles de restaurar. Con esta decisión el tribunal avanzó bastante en la jurisprudencia y demostró que el litigio ambiental por tipo de ecosistemas es más comprehensivo que aquel que se realiza por especies. Además, envió un mensaje a los países de la región que también tienen páramos, pues la minería avanza a paso firme en áreas protegidas de Ecuador y Bolivia. La cuestión de los páramos es un debate andino y el movimiento ambiental en esos países está seriamente debilitado. Pero, sobre todo, la Corte innovó con la regla según la cual el gobierno no puede apartarse de la delimitación de páramos hecha por el Instituto Humboldt, a menos que tenga una base científica y que ello represente un mayor nivel de protección para los páramos. Este es un diseño constitucional de incentivos sin precedentes que, al tiempo que garantiza la independencia del Instituto, mantiene cierto margen de discrecionalidad para el Ministerio de Ambiente. Por último, la Corte reconoció implícitamente que el sistema de licencias ambientales no da garantías de protección a los páramos y que el margen de discrecionalidad del gobierno en la delimitación, tal como venía operando, no podía seguir. Este es un claro llamado de atención al funcionamiento de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y a las CAR, y un reconocimiento de la necesidad de fortalecer nuevamente el Sistema Nacional Ambiental. Sin duda, la Corte sentó un precedente que dificulta el avance de la minería en los páramos. Pero la disputa por el sentido del fallo y las presiones sobre el tribunal continuarán, porque el diablo está en los detalles. La Ley 1450 de 2011 daba como referencia mínima para hacer efectiva la prohibición de minería en páramos el Atlas del Humboldt, si no se tenía una más detallada. Esa regla desapareció con en la Ley 1753 de 2015. Si bien la Corte hizo ajustes en su reciente decisión, el argumento según el cual si no hay delimitación no hay prohibición de minería, será utilizado para seguir pidiendo licencias en zonas de páramo, o para defender las que ya han sido aprobadas. Por otro lado, los ambientalistas sostendrán que las licencias en esas zonas, al ser actos administrativos, pierden sustento jurídico con la sentencia de la Corte y deben ser revocadas o anuladas. En todo caso, la protección de los páramos no debe estar supeditada a la delimitación. Las decisiones de la Corte tienen efectos inmediatos y la protección de los derechos fundamentales relacionados con páramos no puede estar sujeta a la expedición de un acto administrativo. El otro desafío que surge tras la decisión es qué hacer con los pequeños mineros. Si bien la Corte dijo que los derechos patrimoniales no están por encima del interés general, en el caso de productores artesanales el acceso al trabajo o al mínimo vital puede verse en peligro, particularmente en Santander y Boyacá. El gobierno debe ofrecer alternativas para evitar el desplazamiento de estos grupos. Finalmente, vendrá la discusión sobre los costos económicos de la decisión. Sin duda habrá un ajuste en los planes de inversión e incluso pérdidas en el sector minero, que cuenta con vías legales para reclamarlas frente al Estado. Pero los costos de los pasivos ambientales por la explotación (pérdida de servicios ecosistémicos, impacto de la contaminación sobre la agricultura y la salud) son mucho más importantes y, en últimas, también tendrán que ser asumidos por el Estado y por los ciudadanos. El problema radica en que esos costos ambientales normalmente no son contabilizados. Con esta decisión ganó la Corte, que demostró ser capaz de decisiones audaces para proteger los ecosistemas del país. También ganó el movimiento ambiental, que supo combinar la movilización ciudadana con el litigio estratégico. Pierden el gobierno, porque su punto de vista sobre el tema resultó derrotado (por ahora), así como el sector minero, que sin duda verá reducidas sus expectativas de ganancias. Pero el debate sigue y la implementación de la sentencia puede ser aún más disputada que el litigio.
Leer másActivistas lamentan el daño a Tajamar en Cancún
Aunque la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró que no hubo “ecocidio” ni “devastación ambiental” en el desmonte del Proyecto Malecón Tajamar en Cancún, Quintana Roo, habitantes del municipio de Benito Juárez aseguran que ese sitio era “uno de los últimos pulmones de la ciudad”, donde familias hacían ejercicio, actividades recreativas y convivían con la naturaleza. “No es posible hablar, ratificar o avalar que se trata de un ecocidio, ni mucho menos que se trate de una devastación ambiental”, indicó el titular de la Profepa, Guillermo Haro Bélchez, a pesar de la existencia en ese sitio de especies de flora y fauna protegidas por la Norma Oficial Mexicana 059, ante lo cual activistas calificaron de tardía la llegada al lugar de la Profepa. Aun cuando se refirió a “ecocidio” y “devastación ambiental”, sin citar la fuente, para negar el daño en el malecón de tajamar, abogados ambientales consultados por Excélsior destacaron que esos términos ni siquiera existen en la legislación mexicana. Cuestionamientos Sandra Moguel Archila, asesora legal de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, y Agustín Bravo Gaxiola, integrante del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, consideraron que Haro Bélchez emitió una declaración política para salir del paso en un tema ambiental que preocupa no sólo en el país, sino en el mundo. El pasado 28 de enero, el titular de la Profepa reconoció en conferencia de prensa que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) “incumplió parcialmente” con el programa de rescate de fauna, condicionante en la autorización de impacto ambiental otorgada en 2005 por la Secretaría de Medio Ambiente. “En la visita y en la observación que hicimos, y que está documentada el pasado 26 de enero, se observaron cinco cocodrilos, tres adultos y dos crías, y eso significa que no se completó este programa de rescate de fauna”, indicó. Aunque Haro Bélchez dijo que emplazaría a Fonatur a completar el rescate de flora y fauna, “y en su caso valorar la oportunidad, la pertinencia, de una sanción administrativa en términos de ley”, el resolutivo de la Semarnat en sus condicionantes es muy claro: “Décimoprimero.- Serán nulos de pleno derecho todos los actos que se efectúen en contravención a lo dispuesto en la presente autorización. De tal efecto, el incumplimiento por parte del promovente (Fonatur) a cualquiera de los términos y/o condicionantes establecidos en esta autorización invalidará el alcance del presente oficio sin perjuicio de la aplicación de las sanciones previstas en los ordenamientos que resulten aplicables”. Alejandro Olivera Bonilla, representante en México del Centro para la Diversidad Biológica, señaló que un “incumplimiento parcial” es no cumplir con las condicionantes, por lo que la Semarnat debe revocar la autorización de impacto ambiental y aplicar sanciones. Fonatur insiste en que reubicó la fauna de Tajamar, un total de 43 animales, incluido un cocodrilo trasladado a la Laguna de Nichupté, un día antes de que maquinaria pesada arrasara con todo. Rechazan versión Katherine Ender Córdova, vocera de la agrupación Guardianes del Manglar Cancún, quien lleva seis meses cuidando los tres accesos al malecón, asegura que no hubo ni una sola reubicación de fauna. “Nunca reubicaron, hacíamos guardias las 24 horas del día, tenemos cómo probarlo.” En cuanto a la flora protegida de Tajamar, en agosto de 2015 Fonatur realizó una reubicación de 10 mil plántulas de especies protegidas por la legislación ambiental como el mangle rojo, negro y botoncillo, así como la palma Chit. Pero la vegetación supuestamente rescatada de su hábitat está seca, en bolsas de plástico negras, muriendo lentamente en el vivero del Parque Kabah, en Cancún, como constató este diario. En el sitio están amontonados los ejemplares y el personal que ahí labora confirmó que se trata de los mangles y palmas traídas desde el año pasado de Tajamar. “Lo que está haciendo el gobierno es meterse en un pantano e irse hundiendo cada vez más y más y más, y sus declaraciones son cada vez más inoportunas y grotescas”, dijo Araceli Domínguez Rodríguez, presidenta del Grupo Ecologista del Mayab. Lamentó que la Profepa haya “llegado tarde como siempre”, 10 días después del ecocidio y la devastación en Tajamar y por ello, dijo, sus inspectores ya no pudieron encontrar cuerpos de los animales que fueron aplastados y enterrados por los trascabos bajo el amparo de la policía y la oscuridad de la noche. “Ecocidio” En abril de 2010, la abogada británica Polly Higgins presentó una enmienda al Estatuto de Roma para que se incluya al “ecocidio” como el quinto crimen internacional contra la paz, junto con el genocidio y los crímenes de lesa humanidad. La propuesta presentada ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Internacional define al “ecocidio” como “la destrucción, daño o pérdida de los ecosistemas de un territorio determinado, ya sea por la acción humana o por otras causas, a tal punto que el disfrute pacífico por los habitantes de ese territorio se haya visto seriamente disminuido”. Se busca que el “ecocidio” sea juzgado por la Corte Penal Internacional.
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