Prensa
Pronunciamiento de AIDA sobre el asesinato de defensoras ambientales en Honduras y Brasil
¡Las amenazas, la intimidación, los hostigamientos y los asesinatos a defensores y defensoras del ambiente deben cesar ya! Ayer se conoció la noticia lamentable de que Lesbia Yaneth Urquía Urquía, defensora de la naturaleza y de los derechos de los pueblos indígenas frente a la construcción de la represa hidroeléctrica Aurora I en el municipio de La Paz, Honduras, fue asesinada. Similar tragedia ocurrió en Brasil, país en el que se encontró el cuerpo sin vida de Nilce de Souza Magalhães, reconocida lideresa comunitaria del Movimiento de Afectados por Represas (MAB) que trabajaba a favor de los derechos de comunidades asentadas en la selva amazónica afectadas por hidroeléctricas, prácticas de pesca depredadoras y otras amenazas. Ambos hechos refuerzan una tendencia trágica en América Latina, región en la que están siete de los 10 países más peligrosos del mundo para las defensoras y defensores ambientales. Según Global Witness, en 2015, 185 activistas ambientales fueron asesinados en todo el mundo, dos tercios de ellos en la región. Es tiempo, más que nunca, de exigir rendición de cuentas. El trabajo de Lesbia Yaneth estaba vinculado al del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). Su muerte ocurrió 4 meses y 4 días después del asesinato de Berta Cáceres, lideresa del Consejo. Nilce había desaparecido en enero y su cuerpo fue hallado el 21 de junio en el lago formado por la hidroeléctrica Jirau, contra la que se había enfrentado en defensa de los derechos de su comunidad. El que sigue es el pronunciamiento de AIDA en voz de María José Veramendi Villa, abogada sénior del Programa de Derechos Humanos y Ambiente de AIDA, acerca de estas lamentables muertes. “Las crecientes cifras de asesinatos de defensoras y defensores ambientales en América Latina son alarmantes. Los Estados deben garantizar un entorno propicio para que estas personas realicen su labor de protección de la naturaleza. Deben además investigar y sancionar efectivamente estos hechos. Las muertes de las personas que valientemente defienden el ambiente no pueden quedar impunes. ¡Las amenazas, la intimidación, los hostigamientos y los asesinatos a defensores y defensoras del ambiente deben cesar ya!”.
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Colombia solicita visita de Ramsar a la Ciénaga Grande y avanza hacia su protección
La visita de expertos de la Convención Ramsar permitirá mejorar el manejo del humedal de importancia internacional, actualmente en deterioro por actividades ilegales. La participación de todos los actores involucrados en la defensa del sitio contribuirá al éxito de la misión. Bogotá, Colombia. El Gobierno colombiano solicitó oficialmente que una misión de expertos de la Convención Ramsar, tratado intergubernamental para la protección de humedales, visite la Ciénaga Grande, la laguna costera más grande y productiva del país. Con ello, el gobierno da un gran paso hacia la protección del sitio pues la visita permitirá conocer objetivamente su grado de deterioro y generar recomendaciones para mejorar su manejo. “Nos complace que Colombia esté cumpliendo sus compromisos como parte de la Convención de Ramsar”, dijo Gladys Martínez, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). “Estamos en toda la disposición de apoyar al gobierno y al Secretariado de Ramsar durante la visita como lo hemos hecho en otras misiones en México, Costa Rica y Panamá”. AIDA, el Grupo de Litigio de la Universidad del Norte y el Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Florida solicitaron la misión de asesoramiento a Ramsar el 2014. Y, por más de un año, abogaron para se concrete junto con Sandra Villardy, científica experta en la Ciénaga. "Es importante que a esta visita puedan acudir distintos actores de la sociedad para conocer los aspectos sociales, económicos y político-jurídicos que han contribuido al deterioro de la Ciénaga. Las distintas voces evidenciarán los múltiples factores que amenazan la existencia del ecosistema, y los intereses privados que se ciernen sobre el mismo", aconsejó Juan Pablo Sarmiento, abogado y director del Grupo de Litigio Ambiental de la Universidad del Norte. La Ciénaga Grande, pese a ser Humedal de Importancia Prioritaria Internacional bajo la Convención Ramsar, sufre actualmente una degradación ambiental grave a causa de incendios forestales provocados, deforestación de grandes extensiones de terreno para la agricultura y la ganadería, tala y quema de mangle, y 27 kilómetros de diques construidos ilegalmente. “La visita será muy útil porque le dará al gobierno una mirada objetiva sobre el estado actual del humedal y le permitirá tomar medidas para mejorar su gestión”, señaló Villardy. La fecha específica de la misión Ramsar está en proceso de definición. Contactos de prensa Gladys Martínez, AIDA, [email protected], +50683214263 Juan Pablo Sarmiento, Grupo de Litigio Ambiental de la Universidad del Norte, [email protected] Sandra Villardy, científica experta en la Ciénaga Grande, [email protected]
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Víctimas de violaciones de derechos humanos ocasionadas por empresas enfrentan obstáculos para obtener justicia
La asimetría de poder entre las empresas y las personas y comunidades afectadas, entre otros factores, dificulta el acceso a la justicia en el continente americano. Organizaciones brindaron información detallada sobre esta problemática en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Santiago, Chile. En el continente americano personas y comunidades cuyos derechos humanos han sido violados por actividades empresariales enfrentan obstáculos para ejercer su derecho a acceder a la justicia y lograr reparación por los daños causados. La criminalización acoso y amenazas de las que son objeto son algunas de las trabas. Entre otras razones, la situación responde a que, en muchos países, las empresas no son fiscalizadas adecuadamente e incluso tienen apoyo estatal o reciben incentivos para seguir operando pese a que vulneran derechos humanos. En una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organizaciones de la sociedad civil[1] informaron, a través de casos emblemáticos en América del Sur, de esta problemática que se registra en el todo continente. Uno de esos casos fue el ocurrido el 5 de noviembre de 2015 en Brasil. Ese día, la ruptura de la presa de relaves mineros de la empresa Samarco en la cuenca del río Doce, provocó el peor desastre socioambiental de la historia de ese país: toneladas de lodo tóxico afectaron a su paso casas, escuelas, cultivos y ganado hasta llegar al Océano Atlántico. El gobierno y la empresa dieron por cerrado el conflicto en torno al daño ocasionado con un acuerdo extrajudicial en el que no participaron las víctimas. “Yo vivía tranquilo, no esperábamos ver lo que pasó, las familias fueron desruidas. Necesitamos empleo, pero con responsabilidad, no de una forma que mate a las personas. El pueblo pide socorro, no podemos dejar que estas empresas hagan lo que quieran y si esta Comisión nos puede ayudar, se lo agradeceríamos”, expresó Antonio, víctima del caso ocurrido en Brasil. En la aduiencia, las organizaciones se refirieron también al caso de la empresa Southern Peaks Mining, financiada con capitales ingleses de Barclays Bank, acusada de incumplir convenios con comunidades de Mala, en Perú, Aquí las víctimas encontraron persecución y detenciones ilegales en su búsqueda de justicia. “Hemos identificado varios retos al acceso a la justicia para las víctimas. Algunos —como las barreras socioeconómicas, culturales y lingüísticas— ya fueron identificados en el Informe de la CIDH sobre pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes e industrias extractivas”, dijo María José Veramendi Villa, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), una de las organizaciones solicitantes de la audiencia. “Muchos obstáculos se agudizan en las disputas con empresas debido, en gran parte, a la pronunciada asimetría que existe en esta relación, expresada por ejemplo en la interferencia política de las empresas y la falta de resguardos adecuados a la independencia del Poder Judicial en muchos países de América del Sur”. Las organizaciones solicitaron que la Comisión recuerde a los Estados su obligación de garantizar el acceso a la justicia para quienes sufren violaciones de derechos humanos por parte de empresas y los inste a fortalecer su legislación interna en ese sentido. Asimismo, solicitaron a la Comisión que desarrolle en sus pronunciamientos sobre peticiones y casos individuales —así como en sus informes temáticos, de países y en otras actividades de monitoreo y promoción— estándares vinculantes sobre empresas y derechos humanos, en particular en lo referido al acceso a mecanismos de reparación. Finalmente, le solicitaron enfatizar el trabajo de quienes defienden los derechos humanos frente a la actuación de las empresas y recordar a los Estados que deben brindarles condiciones adecuadas para su actividad. [1] Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA, regional); Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH, regional); Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, regional); Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA, Argentina); Campanha para parar o poder das Corporações (Brasil); Justiça Global (Brasil); Pensamiento y Acción Social (PAS, Colombia); Project on Organizing, Development, Education, and Research (PODER, México); Fundar Centro de Análisis e Investigación A.C (México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC, México); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA, México); Código DH - Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (México) y Asociación Pro Derechos Humanos (Perú).
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Pronunciamiento de AIDA, APRODEH y Justiça Global sobre la grave crisis financiera que afecta a la CIDH
Las organizaciones consideran el hecho una afrenta a la protección de los derechos humanos en la región e instan a los Estados miembros de la OEA a cumplir su responsabilidad de financiar adecuadamente a la Comisión. Washington, Estados Unidos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció en un comunicado el día de ayer, que la grave crisis financiera por la que atraviesa la ha llevado a suspender todas las visitas previstas para este año, las audiencias de julio y octubre y a la inminente pérdida del 40% de su personal. La CIDH lleva casi dos décadas gestionando que los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), organismo del que es parte, le garanticen un presupuesto estable que le permita realizar su labor de forma efectiva. En su comunicado, la CIDH hace un llamado a que en la Asamblea General de la OEA, a llevarse a cabo en junio en República Dominicana, los Estados miembros adopten “una decisión histórica y trascendental, que refleje [su] compromiso con la defensa de los derechos humanos en la región”, aumentando radicalmente el presupuesto del fondo regular de la OEA y asignando a la CIDH y al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) en general los recursos necesarios para el cumplimiento del mandato asignado por los propios Estados. La Comisión es un órgano autónomo de la OEA. Su mandato es promover la promoción y la protección de los derechos humanos en el continente americano. Conforma, junto con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos (SIDH), el cual constituye en muchos casos la última esperanza para aquellas personas y comunidades cuyos derechos humanos han sido vulnerados y no encuentran verdad, justicia y reparación en la administración de justicia de sus propios países. Este es el pronunciamiento acerca del tema de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) de Perú y Justiça Global de Brasil: “La inminente pérdida de casi la mitad del personal de la CIDH, es un serio agravio para la protección de los derechos humanos en la región y refleja la falta de voluntad política de los Estados miembros de la OEA con la Comisión Interamericana. La Comisión ya enfrentaba serias limitaciones de recursos financieros y humanos para el cumplimiento de su labor, ahora, con casi la mitad su personal, su efectividad se verá seriamente afectada. Miles de víctimas de violaciones de derechos humanos en el hemisferio han depositado su confianza y sus últimas esperanzas de justicia en la CIDH y en el Sistema. Es el caso de las personas intoxicadas por metales pesados en La Oroya, Perú, quienes, tras haber presentado su denuncia en 2006, aún esperan un informe de fondo. También están las comunidades que han perdido su modo de vida a causa de la construcción de la represa Belo Monte en Brasil, quienes pese a la inauguración de la represa continúan esperando que el caso avance en la Comisión y se haga justicia por la violación a sus derechos. Al no financiar adecuadamente un órgano que ellos mismos crearon, los Estados ponen un obstáculo más para que estas personas accedan a la justicia. Hacemos un llamado a los Estados miembros de la OEA a que, en tanto la Asamblea General atiende esta situación, hagan inmediatamente una contribución voluntaria de emergencia que permita a la CIDH mantener a su personal, realizar las visitas que tenía previstas, así como llevar a cabo sus periodos de sesiones de julio y octubre. Los Estados miembros tienen una responsabilidad con el Sistema Interamericano. Esperamos que cumplan con ella, no a través de discursos y resoluciones de buenas intenciones, sino con acciones concretas e inmediatas de financiamiento.”
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La CIDH pide a Perú proteger a otras 14 personas afectadas por contaminación en La Oroya
Lo hizo al ampliar la medida cautelar otorgada originalmente en 2007. La decisión llegó después de seis años de ser solicitada y ratifica que el deterioro de la salud de las personas beneficiadas es grave, que su vida e integridad continúan en riesgo y que requieren atención adecuada e urgente por parte del Estado peruano. Washington D.C., Estados Unidos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado peruano proteger la vida e integridad de otras 14 personas afectadas por contaminación tóxica en la ciudad de La Oroya, las cuales se suman a las 65 personas incluidas en la medida cautelar que el organismo internacional otorgó en 2007. La decisión ratifica que el deterioro de la salud de las personas beneficiadas es grave, que continúan en riesgo y que requieren que el gobierno de su país les brinde atención adecuada y pronta. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) —junto con la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), el Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA) y Earthjustice— representa ante la CIDH a las víctimas del caso y beneficiarias y beneficiarias de la medida cautelar. Expresamos nuestra satisfacción por la decisión adoptada por la Comisión, la cual llegó después de seis años de ser solicitada. La contaminación con metales pesados en La Oroya proviene de las operaciones de la fundidora de la empresa Doe Run Perú. La Comisión estableció que la falta de atención médica integral y especializada, así como el deterioro de su salud con el paso del tiempo, podrían afectar el derecho a la vida e integridad de las personas beneficiadas con la medida cautelar, las cuales ahora son 79 en total. “La ampliación de la medida cautelar reafirma de forma importante la situación grave y urgente de la vida e integridad de las personas de La Oroya. Esperamos que el Estado cumpla plenamente lo dispuesto en favor de todas y todos los beneficiarios, brindándoles atención médica adecuada y especializada”, dijo María José Veramendi Villa, abogada de AIDA. La decisión de la Comisión dispone que el Estado peruano debe realizar las valoraciones médicas necesarias para determinar los niveles de plomo, cadmio y arsénico en la sangre de las personas afectadas a fin de suministrarles una atención médica adecuada, acorde a estándares internacionales. Debe además informar sobre las acciones adoptadas para investigar los hechos que dieron lugar a la ampliación de la medida cautelar y así evitar su repetición. Por las violaciones de derechos humanos cometidas en perjuicio de las personas afectadas, existe un caso en trámite ante la Comisión cuya decisión final está pendiente. AIDA y APRODEH esperan que la misma responsabilice al Estado peruano por dichas violaciones.
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México elige proteger a la tortuga Caguama del proyecto minero Don Diego
AIDA celebra la decisión de la SEMARNAT de negar el permiso ambiental a la mina submarina de fosfato propuesta en el Golfo de Ulloa, Baja California Sur. La entidad encontró que las medidas planteadas por Exploraciones Oceánicas, empresa a cargo del proyecto, para resguardar a la tortuga marina se basan en información inconsistente. Ciudad de México, México. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) antepuso la protección de la tortuga caguama, especie amenazada, al beneficio económico que podría traer la mina submarina de fosfato Don Diego, cuya ubicación propuesta es el Golfo de Ulloa en Baja California Sur. La entidad negó la autorización del proyecto a cargo de Exploraciones Oceánicas al encontrar que las medidas planteadas por la empresa para proteger a la Caguama se sustentan en información que no es consistente. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) aplaude la decisión de la SEMARNAT en la que se señala que los aspectos económicos del proyecto “no pueden prevalecer sobre la protección de los recursos naturales existentes el Golfo de Ulloa”, más cuando algunos de ellos como la tortuga Caguama (Caretta Caretta), “se encuentran sujetos a estrictos estándares de protección por encontrarse en peligro de extinción”. Según la entidad, no es factible armonizar el resguardo de las poblaciones de esa especie con una actividad “que adiciona una presión antropogénica (fruto de la actividad humana) a las existentes en la zona y que incrementa el riesgo de extinción de dicha especie, que es compartida internacionalmente (página 232 del documento que contiene la decisión de la SEMARNAT)”. AIDA presentó a la SEMARNAT argumentos sobre las obligaciones internacionales que México incumpliría de autorizar el proyecto, así como de la información insuficiente con la cual la empresa evaluó el impacto ambiental de la mina en los ecosistemas marinos del lugar y en la que basó sus medidas de mitigación. Según la Secretaría, Exploraciones Oceánicas propuso un Programa de Monitoreo de las Tortugas Marinas que es más bien uno de “salvamento” y que no se sustenta en datos cuantitativos del hábitat de la Caguama. Además, la empresa no planteó medidas de mitigación y prevención para garantizar la disponibilidad de alimento suficiente para la especie, y su modelo de restauración del fondo marino —el cual busca dragar para extraer fosfato— no tomó en cuenta las características particulares del Golfo de Ulloa (páginas 225 y 226). La SEMARNAT se amparó en normas internacionales para negar el permiso ambiental a Don Diego. Recurrió por ejemplo a las obligaciones de México de proteger su medio marino y de utilizar los datos científicos más fidedignos posibles en la protección de las tortugas marinas, contenidas en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) y en la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas (CIT), respectivamente. Más información 10 cosas que debes saber del proyecto Don Diego
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Pronunciamiento de AIDA sobre la firma del Acuerdo de París
AIDA celebra el inicio de la construcción de un nuevo planeta. Nueva York, Estados Unidos. Hoy, en la sede de Naciones Unidas y en el Día de la Tierra, el Acuerdo de París se abrió para firma de los Estados Parte de la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático. La firma es un paso necesario para que el tratado entre en vigencia rápidamente. El acuerdo contiene las acciones que el mundo deberá implementar en la próxima década para enfrentar el cambio climático, la mayor amenaza para la humanidad. Este es el pronunciamiento de Astrid Puentes Riaño y Anna Cederstav, Codirectoras de AIDA, al respecto: “Hoy celebramos la histórica firma del Acuerdo de París, un paso vital y un nuevo comienzo para que como humanidad enfrentemos el cambio climático. La existencia del acuerdo, su firma y ratificación inmediata por parte de todas las naciones, es una luz de esperanza para el planeta, para las generaciones actuales y futuras. Reconocemos que el Acuerdo no es perfecto, pero también sabemos lo complejo que es para cerca de 200 países llegar a consensos sobre un tema tan sensible. Por ello consideramos que se trata del comienzo de un camino hacia resultados ambiciosos y efectivos. Uno de los avances importantes del Acuerdo es el reconocimiento de que en todas las acciones climáticas se tomen en cuenta y respeten los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas; asegurando además equidad de género e intergeneracional y una justa transición de la fuerza de trabajo. Resaltamos también que el Acuerdo reconozca la gran brecha que existe entre los compromisos asumidos por los Estados y las medidas urgentes necesarias para evitar consecuencias catastróficas, que incluyen incrementar el financiamiento climático. En ese sentido, esperamos que la celebración, los discursos y fotografías oficiales se traduzcan en acciones prontas y efectivas que superen incluso lo acordado en París en diciembre del año pasado. El Acuerdo refleja un cambio de paradigma que es necesario y posible. Para América Latina y el Caribe, una de las regiones más afectadas y vulnerables ante el cambio climático, el Acuerdo es una oportunidad única para lograr un desarrollo bajo en carbono que priorice la protección de comunidades, personas y ecosistemas esenciales. AIDA participa hace varios años en las negociaciones climáticas como una voz que proviene de América Latina. Nos llena de orgullo que nuestros esfuerzos y los de tantas personas y organzaciones con quienes trabajamos hayan tenido frutos. Hoy el Acuerdo nos compromete a seguir trabajando para asegurar su cumplimiento. Responder al cambio climático es tarea de todos y todas, diferenciando, claro está, capacidades y responsabilidades. La obligación de los Estados es firmar, ratificar e implementar el Acuerdo de París de inmediato. Organizaciones internacionales y regionales, entidades financieras y empresas no deben ser ajenas a esa responsabilidad. Y nosotros, como individuos, debemos analizar nuestras propias acciones y cómo podemos contribuir a reducir el cambio climático. Cada aporte es fundamental para adoptar soluciones reales que nos lleven a tener un mundo más justo y sostenible. Firmar hoy el Acuerdo de París constituye una gran muestra voluntad política que debe traducirse sin demora en resultados concretos. Los países más vulnerables y los más afectados, no pueden esperar.”
Leer más¿Seguir apostando a hidroeléctricas o buscar energías alternativas?
La actual crisis energética en Colombia ha llevado a los analistas del sector energético a criticar la dependencia de las hidroeléctricas y a solicitar la generación urgente de energías limpias. Los especialistas afirman que la construcción de hidroeléctricas genera tala de bosques, emisión de CO2 y desplazamientos de por lo menos 80 millones de personas en el mundo, así como la reducción de una tercera parte de las especies en agua dulce. Aunque por muchos años las represas han sido incluidas en la categoría de las llamadas ‘energías limpias’, crece el debate frente a si deben considerarse así, teniendo en cuenta que en materia ambiental pueden generar impactos graves, como la muerte masiva de peces y otras especies de agua dulce y la desviación de los ríos. Héctor Herrera, investigador y analista en temas de energías limpias, explicó en RCN Radio que las hidroeléctricas, además de impactar el medio ambiente, también son vulnerables a los efectos del cambio climático, “por su afectación de ecosistemas y su afectación a la fauna y peces. (…) Las represas frente al cambio climático tienen dos factores de preocupación: su impacto y su vulnerabilidad“, sostuvo Herrera. Por su parte, Astrid Puentes, directora de la Asociación Interamericana para la Defensa Ambiental (AIDA), explicó que la construcción de hidroeléctricas como fuente de energía ha desplazado a más de 80 millones de personas en el mundo y ha generado un impacto ambiental que ya se ha observado. “Se calcula que las grandes represas emiten el 4 % del gas invernadero a nivel mundial. Es decir, lo mismo que la industria aeronáutica. Son una fuente muy grande de emisión de gas metano y CO2“, indicó Astrid Puentes a RCN Radio. Por otro lado, Puentes afirmó que “a nivel mundial se calcula que el 37 % de las especies de agua dulce se redujeron por el impacto de las represas. Y específicamente, en zonas tropicales como Colombia, se calcula que es el 70%”. Hoy en día se habla de las energías no convencionales, una categoría dentro de la cual entran fuentes como la energía eólica, la energía solar y la geotérmica, entre otras. Precisamente, este nuevo concepto lo que busca es replantear cuáles formas de energías, antes denominadas ‘limpias’ y generalizadas en su uso, en realidad son amigables con el medio ambiente. Una fuente de energía importante para el país son las plantas hidroeléctricas pequeñas, que no cuentan con sus propios embalses. Estas no generan los mismos impactos que las grandes represas hidroeléctricas. Se calcula que este tipo de represas pequeñas generan cerca del 5 % de la energía en el país y pueden ser consideradas como formas de energía no convencional. “Muchas de estas pequeñas centrales no tienen un embalse asociado, no hay una gran afectación de tierra ni de los cauces. Toman agua del cauce, la usan para generar y la devuelven a los ríos“, dijo Jorge Valencia, director de la Unidad de Planeación Minero Energética. Valencia además precisó que “todo cambio en el paisaje y el ambiente tiene una afectación. Lo que hay que ver es cuál es el balance. (…) A la energía eólica le atribuyen cambios en los patrones de los ciclos de las aves. La energía solar requiere grandes extensiones de tierra“. “Solamente en el país se ha desarrollado una planta eólica en la Alta Guajira. (…) Estos proyectos aspiramos que para 2018 y 2019 sean proyectos más grandes que el que tenemos actualmente en La Guajira“, dijo. El director de la Unidad de Planeación Minero Energética considera como un escenario “muy deseable en donde en los próximos 15 años el país debería contar en la expansión nueva al menos con el 25% de renovables no convencionales“. Por su parte, Ángela Montoya, directora de Acolgén (Asociación Colombiana de Generadores de Energía) defendió las hidroeléctricas como fuentes de energía, asegurando que el hecho de que finalmente no hubiera un apagón ni racionamientos, se debe a que estas plantas pudieron contener la suficiente agua para suplir la temporada de sequías. Para Montoya, “en condiciones normales de eventualidades de clima, Colombia tiene la suficiente energía para suplir el 100% de su demanda“. “Las hidráulicas lo que tenían que hacer era que el agua perdurara hasta el final del Fenómeno del Niño. (…) En este momento la totalidad de las plantas de generación hidráulica están cumpliendo con sus funciones. Si no hubiera sido así, el país hubiera tenido un apagón“, añadió finalmente la directora de Acolgén.
Leer másLa Ciénaga ya no es tan grande
La Ciénaga Grande de Santa Marta, uno de los ecosistemas más importantes no solo de la ciudad sino del litoral Caribe, tiene gravemente comprometido su futuro, debido a las transformaciones ambientales generadas por acción antrópica. La problemática no es nueva: entre 1956 y 1960 se construyó la carretera que va de Barranquilla a Ciénaga lo cual causó que se interrumpieran los flujos de agua entre la Ciénaga, el río Magdalena y el mar Caribe, con el consecuente incremento de la salinidad en los suelos de manglar y cuerpos de agua internos. Como resultado de ello se perdieron miles de hectáreas de bosques de manglar, se afectó la biodiversidad y disminuyeron los recursos pesqueros. Los reportes oficiales informan que entre 1956 y 1995 se perdieron unos 285.7 km2 de bosques de manglar, equivalentes al 55.8% de la cobertura original en 1956. Según Juan Pablo Sarmiento, profesor y abogado, miembro del Grupo de Litigio Ambiental de la Universidad del Norte, en 2012 se presentaron las mayores variaciones o transformaciones en el paisaje, con el crecimiento significativo del área de pastos, así como del monocultivo de palma de aceite, en alrededor de dos mil 300 hectáreas. Por su parte, la Unidad de Parques Nacionales Naturales advierte sobre la sustancial reducción del espejo de agua, que para 2002 era de más de tres mil hectáreas, en 2009 llegó a cerca de dos mil hectáreas y en 2012 bajó a alrededor de 740 hectáreas. De otro lado, el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras – Invemar, señala que en 2014 se registraron incrementos importantes en los niveles de salinidad en suelos del manglar, tendencia que se ha mantenido desde 2012, debido a la baja precipitación registrada en los últimos años y al escaso mantenimiento de algunos sectores de los caños. “Esto lo podemos observar en la red de caños que bordean o ingresan al Parque Isla de Salamanca y al Santuario de Fauna y Flora Ciénaga Grande de Santa Marta. Por ejemplo, el caño Condazo está totalmente colmatado y eutrofizado (con acumulación de residuos orgánicos) por la falta de mantenimiento”, afirma el abogado Sarmiento. En 2014 hubo más de tres mortandades masivas de peces. El 19 de septiembre de 2014 y el 16 de junio de 2015 se presentaron dos fenómenos severos de este tipo; el último reseñado dejó más de cinco toneladas de peces y animales muertos. Importancia del sistema El ‘Sistema Delta Estuarino del Río Magdalena, Ciénaga Grande de Santa Marta’, fue declarado, en mayo de 1998, como zona incluida en la Convención de Ramsar, cuya misión es la conservación y el uso racional de los humedales, mediante acciones locales y nacionales y gracias a la cooperación internacional, como contribución al logro de un desarrollo sostenible en todo el mundo. Además, la Ciénaga cuenta con otras declaratorias que reafirman su trascendencia e importancia ecológica: Santuario de Fauna y Flora, 1977; Zona de Reserva Exclusiva, 1978; Reserva de la Biosfera – UNESCO, 2000. Según el Ministerio de Medio Ambiente, la Ciénaga es el humedal estuarino más importante del país, debido a su área, que contiene a la laguna costera más grande de Colombia. Su valor socioeconómico está representado por los recursos pesqueros y las actividades agropecuarias de las cuales dependen las poblaciones asentadas de la región. Este sistema de humedales está conformado por más de 20 lagunas, con diferentes niveles de sedimentación y salinidad, de las cuales la Ciénaga Grande de Santa Marta es la de mayor tamaño, con cuatro mil 280 kilómetros cuadrados. La Ciénaga abarca territorios de 12 municipios (Ciénaga, Pueblo Vejo, Sitionuevo, Remolino, Salamina, El Piñón, Pivijay, El Retén, Aracataca, Zona Bananera, Cerro de San Antonio y Concordia) y, al menos, nueve pueblos palafíticos, entre los que se destacan Nueva Venecia, Trojas de Cataca y Buena Vista. En la zona de influencia del ecosistema residen aproximadamente 400 mil habitantes, de los cuales cinco mil son pescadores. Causas e implicaciones de la problemática Es necesario resaltar que uno de los principales factores que degradan el ecosistema son los depósitos de residuos agroquímicos y el taponamiento de las fuentes de agua dulce, lo cual se suma a la actividad agrícola en los alrededores de la Ciénaga, que utilizan las demás fuentes de agua para el riego y el desecho de residuos químicos. Gladys Martínez, abogada sénior del Programa de Protección Marina y Costera de AIDA, destaca que no existe un ordenamiento apropiado de la zona, por lo cual ha habido construcción, deforestación y extracción descontroladas. Adicionalmente, no hay un mecanismo apropiado de monitoreo, que ayude a prevenir actividades que afecten el ecosistema. A lo anterior se agregan causas naturales, como los fenómenos de La Niña y El Niño, que han agravado la situación de la Ciénaga. Dentro de la propia Ciénaga existen comunidades palafíticas asentadas. Las condiciones favorables, tales como la presencia de agua dulce y la pesca abundante de especies marinas y fluviales, dieron origen a una ocupación lenta, pero muy antigua de una población permanente, que construyó sus viviendas sobre estacas clavadas en el fondo. Estas poblaciones carecen de servicios de agua y de alcantarillado. Por tanto, las comunidades no cuentan con un servicio apropiado de eliminación y tratamiento de residuos sólidos, líquidos y excretas: la mayoría de desechos son arrojados directamente a las ciénagas, lo que aumenta la contaminación. Sólo Buenavista dispone de recolección de basura. Actualmente en los corregimientos de Nueva Venecia y Buenavista se está tramitando un proyecto para la construcción de un sistema de alcantarillado y de acueducto, proyecto que apenas se encuentra en aprobación. Sin embargo, las poblaciones palafíticas no contradicen la declaratoria de la Ciénaga como zona Ramsar y Reserva de la Biosfera. Por el contrario, el Plan de Manejo Ramsar reconoce y procura contribuir al mantenimiento de los atributos culturales y tradicionales de las poblaciones costeras y pueblos palafíticos. Incluso se le ha solicitado a la UNESCO que declare como Patrimonio de la Humanidad el ‘Paisaje Cultural de la Vivienda Vernácula Palafítica de la Ciénaga’. Igualmente, el INVEMAR afirma que, dado su carácter tradicional, las comunidades que practican la pesca artesanal son las que mejor conocen y entienden la dinámica natural de la Ciénaga, especialmente la de los pueblos palafíticos. Solución La señora Gladys Martínez recomienda un proceso colectivo de todos los sectores – gobierno, ONG, academia sector privado. Destaca que hay un Comité Interinstitucional que está trabajando y que cuenta con la científica experta en el tema, Sandra Vilardy. Sin embargo, se requiere ampliar el marco de acción y contar con ayuda de instancias internacionales como una misión de asesoramiento de la Convención de Ramsar. Los entes responsables de evitar que la Ciénaga se asfixie del todo son la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (CORPAMAG), institución que depende del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, el Sistema Nacional Ambiental, el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras. En todo caso, la abogada de AIDA les recomienda a las autoridades “realizar una gestión interinstitucional coordinada y activa y revalorar el conocimiento local a la hora de crear las estrategias e implementarlas”.
Leer másCrisis energética: es momento de estimular la energía limpia
El futuro Según la Agencia Internacional de Energía, entidad que hace parte del marco de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), la demanda energética global habrá aumentado en un 37 por ciento para el año 2040. Por su parte, la población colombiana pasará de 48 millones en 2015 a 63 millones en 2050, y este crecimiento conllevará un aumento en la demanda de energía, que será aún mayor si la pobreza se reduce. ¿Cómo garantizará Colombia la demanda energética en el futuro? ¿Serán nuestras fuentes energéticas respetuosas con el ambiente y se adaptarán al cambio climático? El pasado Hay que recordar que desde 1960 Colombia ha padecido más de trece apagones de alcance inter-regional. Por ejemplo: En 1966 Bogotá y 300 municipios se quedaron sin servicio eléctrico. En 1980 el 90 por ciento del país se quedó a oscuras por culpa de un apagón, es decir, por una interrupción en el fluido eléctrico en un momento específico, no por un racionamiento o una serie programada de interrupciones. El último gran racionamiento que tuvimos comenzó en marzo de 1992 bajo el gobierno Gaviria y ese mismo año el ministro de Comercio Juan Manuel Santos adelantó en una hora el huso horario para aprovechar más la iluminación solar. Este racionamiento se debió sobre todo a la dependencia de las hidroeléctricas, que se vieron afectadas por la reducción de lluvias y por el aumento de temperaturas como consecuencia del fenómeno de El Niño. La “hora Gaviria” se mantuvo hasta febrero de 1993, cuando aumentaron las precipitaciones. Pero, ¿qué lecciones nos dejó esta experiencia? Las hidroeléctricas y el cambio climático Es comprensible que hace dos décadas los gobernantes de Colombia promovieran la hidroelectricidad, dada la abundancia hidrográfica y pluviosa de varias zonas del país. Además en ese momento no eran tan claros los impactos ambientales y sociales de las represas, ni tampoco los del cambio climático sobre las propias represas. Pero la situación ha cambiado mucho. El Instituto Internacional para el Análisis de Sistemas Aplicados analizó diferentes escenarios de cambio climático para centrales hidroeléctricas y térmicas en todo el mundo y concluyó que el aumento de temperaturas reducirá la capacidad de estas centrales hasta en un 30 por ciento en 2080. Con todo y eso en 2015 el 67 por ciento de la electricidad de Colombia fue producida por hidroeléctricas, el 32 por ciento por plantas termoeléctricas (gas, carbón y diésel), y solo el 1 por ciento, por cogeneración y energía eólica. En la siguiente Figura la línea negra representa la variación de la temperatura en el océano Pacífico ecuatorial. Durante el período estudiado se presentan dos picos, correspondientes al fenómeno de El Niño de 2009 y al que vivimos en la actualidad. ¿Qué pasó con la generación eléctrica de Colombia durante estos períodos? La hidroelectricidad redujo bastante su participación y la demanda tuvo que satisfacerse principalmente con fuentes termoeléctricas. Esto demuestra la vulnerabilidad del sistema de generación ante variaciones climáticas, cada vez más frecuentes y más intensas. Por eso como dice la sabiduría popular, no es aconsejable poner todos los huevos en la misma canasta. Depender de una sola fuente energética es arriesgado y por eso el fenómeno de El Niño nos pone otra vez en riesgo de racionamiento. Cuando deja de llover, deja de llover para todas las hidroeléctricas, sin importar cuántas hayamos construido, una o cien. Este panorama plantea dudas muy serias los proyectos de generación eléctrica de Colombia, y en todo caso nos obliga a preguntarnos por qué es tan incipiente el avance de fuentes energéticas limpias, a pesar de su gran potencial en el país. Tendencia global En 2015 el Observatorio Global de Energía contabilizó en todo el planeta: 3.165 hidroeléctricas, 2.759 termoeléctricas a gas, 1.440 termoeléctricas a carbón, 1.069 plantas a gasolina/diésel, 652 parques eólicos, 269 plantas de energía nuclear, y 90 plantas de energía solar. Como se puede ver en la Figura 2, el mundo también tiene una gran dependencia de la hidroelectricidad y de los combustibles fósiles: No obstante, algunos países de Europa ya han avanzado en la transición a energías limpias. Dinamarca es un caso emblemático porque que en 2015 el 42 por ciento de su energía fue eólica y el gobierno prevé que la mitad de su energía provenga del viento en 2050. Colombia y el mundo La Figura 3 muestra cómo se distribuyó la generación de electricidad en algunos países entre 2005 y 2013 (en relación con el fueloil debe tenerse en cuenta que debido a las disminución de los precios del petróleo es probable que su uso haya aumentado en 2014 y 2015). Las cifras anteriores confirman el aumento de la energía eólica y la disminución del uso de gas y carbón en países como Dinamarca y Francia. Pero, ¿qué pasa en Colombia? El país aumentó su uso de hidroeléctricas, gas y carbón, mientras que la energía eólica tuvo un retroceso entre 2005 y 2010. Por otra parte en países como Brasil o China se registró un aumento de la energía nuclear. Pero aunque son bien conocidos los impactos ambientales, climáticos y de salud pública de los combustibles fósiles, la energía nuclear tampoco es una opción razonable por sus altos costos y sus riesgos de seguridad, como mostraron las catástrofes de Chernóbil en Ucrania, Fukushima en Japón, Three Mile Island en Estados Unidos o Goiania en el Brasil. La mala idea de las hidroeléctricas Es cierto que las hidroeléctricas producen energía renovable ya que los ríos renuevan sus caudales en forma permanente. Pero esto no quiere decir que su energía sea limpia y respetuosa con el medio ambiente: Las represas producen una gran cantidad de gases de efecto invernadero, porque al inundar ecosistemas aledaños se descompone la materia orgánica de estos y se liberan dióxido de carbono (CO2) y metano (CH4). Las hidroeléctricas perjudican a los ríos que represan al afectar la oxigenación del agua e interrumpir los flujos migratorios y reproductivos de peces. Y los ríos, como ecosistemas, son sumamente valiosos para cualquier país. Las represas ocasionan graves conflictos sociales y de derechos humanos, pues inundan territorios de comunidades y afectan o eliminan sus formas de subsistencia, como se puede ver en los casos de El Quimbo (Colombia) o Belo Monte (Brasil). En este enlace se puede encontrar un listado más completo de los impactos de las represas, con sus respectivos sustentos científicos. La siguiente infografía de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) e International Rivers presenta algunos de ellos: Energías limpias En la Convención de París el Estado colombiano asumió compromisos muy serios en relación con el cambio climático. Pero esto se contradice con sus política energética y minera, dependiente la primera de hidroeléctricas y termoeléctricas, la segunda concentrada en la extracción de carbón. Y sin embargo hay motivos para la esperanza, porque Colombia tiene un gran potencial de energías limpias. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM) publicó en 2015 el Atlas de Clima, Radiación y de Viento de Colombia que identifica las mejores zonas para llevar a cabo proyectos de energía solar o eólica. También se debería explorar el potencial geotérmico del país y estimular los cambios culturales y de consumo que fomenten una demanda energética eficiente. Por supuesto, esta transición será gradual y no se deben ignorar los impactos ambientales que podrían tener estos proyectos. El director de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) le explicó a El Espectador que: “El 80 % de la energía de Colombia viene de fuentes hídricas. Sin embargo, hay un reto mayor en conseguir potencializar (sic) lo eólico y la radiación solar para poder incrementar nuestra matriz energética”. En este sentido, Colombia ya dio un primer paso normativo con la expedición de la Ley 1715 de 2014. Pero debemos hacer más. Así como hay una Agencia Nacional de Hidrocarburos o una Agencia Nacional de Minería, Colombia debería tener una agencia dedicada a promover la eficiencia energética y el aumento de las energías limpias: una entidad que nos prepare para las realidades ambientales y climáticas, presentes y futuras. La Universidad de los Andes ya dio un paso importante con la creación del Centro de Investigaciones en Energía y con su primer foro sobre sistemas de energía del futuro. La Agencia Internacional de Energía propuso la siguiente estrategia “puente”, donde las emisiones de cambio climático relacionadas con energía llegan a su punto máximo en 2020. Sin duda, podríamos seguir este camino.
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