Prensa

Marzo 17 2015 Derechos Humanos, Derechos Indígenas

Organizaciones piden a la CIDH fortalecer la obligación de los Estados de supervisar la actividad de las empresas ante violaciones de derechos humanos

En audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se refirieron a las oportunidades que tiene esa entidad para atender la problemática mediante la creación, fortalecimiento e implementación de estándares internacionales en materia de derechos humanos y empresas. Washington D.C. En audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organizaciones de la sociedad civil solicitaron que esa entidad brinde una atención adecuada a la problemática, cada vez más reiterada en el hemisferio, de violaciones de derechos humanos cometidas por empresas. La audiencia fue solicitada de forma conjunta por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), organización regional; la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) de Perú; el Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA) de Argentina; y Justiça Global de Brasil. Las organizaciones destacaron positivamente la apertura de la Comisión para tratar por primera vez y de manera directa al tema de empresas y derechos humanos en una audiencia pública. “A través de diferentes mecanismos y en años recientes, la Comisión ha recibido un gran volumen de información sobre situaciones y casos de violaciones de derechos humanos en los que actores empresariales han jugado un papel central, pero la problemática se profundiza ante la falta de soluciones efectivas. En ese sentido, uno de los mayores retos de la Comisión es encontrar vías para abordar el tema adecuadamente y ayudar a que los Estados y las mismas empresas cumplan sus obligaciones en materia de derechos humanos”, explicó Astrid Puentes, codirectora ejecutiva de AIDA. Como parte de su trabajo, las organizaciones han visto que entre los aspectos más recurrentes del problema están los impactos de megaproyectos e industrias extractivas en los derechos humanos y el ambiente; las dificultades para garantizar el derecho a la participación y acceso a la información de personas y comunidades afectadas por actividades empresariales; la ausencia de Evaluaciones de Impacto sobre los Derechos Humanos; violaciones sistemáticas de derechos laborales y prácticas de trabajo forzado; la privatización de la fuerza pública para resguardar actividades empresariales; así como agresiones y criminalización de personas que defienden el ambiente, el territorio y los derechos humanos. En la audiencia, las organizaciones recordaron que ya existe camino recorrido en el desarrollo de estándares internaciones en materia de derechos humanos y empresas. Un ejemplo de ello, detallaron, son los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. “Sin embargo, dicho instrumento no ha sido lo suficientemente efectivo para evitar que la vulneración de derechos humanos continúe porque su cumplimiento es voluntario y porque presenta vacíos jurídicos. Tampoco existe una regulación efectiva de las obligaciones territoriales y extraterritoriales del Estado con relación a la responsabilidad de las corporaciones transnacionales en los ámbitos nacionales, regionales e internacionales. Ese vacío impide la salvaguarda de los derechos de los pueblos y el acceso a la justicia y a la compensación de las víctimas”, dijo Alexandra Montgomery, de Justiça Global. En ese sentido, las organizaciones presentaron información sobre las oportunidades que tiene la Comisión para fortalecer la implementación de los estándares existentes. Al respecto, resaltaron los siguientes puntos: La Comisión debe impulsar el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas. Ello incluye la necesidad de que los Estados supervisen adecuadamente la actividad empresarial y establezcan obligaciones vinculantes para las empresas, ya que el carácter voluntario de los Principios Rectores compromete y pone en riesgo la protección de los derechos humanos. Con base en la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos relativa a las obligaciones estatales de respeto y garantía, la Comisión puede desarrollar medidas específicas para que los Estados supervisen las actividades empresariales para asegurar que en ellas no se violen los derechos humanos. El respeto de los derechos humanos por parte del Estado y las empresas no está sujeto a consideraciones económicas o políticas. Es necesario fortalecer el acceso a la justicia de las víctimas de violaciones de derechos humanos por parte de actores empresariales a través de recomendaciones para el mejoramiento e implementación de mecanismos de rendición de cuentas de las empresas y de espacios internacionales como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Esperamos que como resultado de la audiencia, la Comisión inicie un proceso de diálogo en el que incorpore la experiencia de las organizaciones de la sociedad civil y de instituciones de Naciones Unidas para fortalecer el respeto y garantías de los derechos humanos en la región”, concluyó Gloria Cano, de APRODEH. CONSULTE LA TRANSCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA EN LA AUDIENCIA VIDEO DE LA AUDIENCIA:

Febrero 10 2015 Derechos Indígenas, Derechos Humanos

Proyecto Barro Blanco, registrado bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio de la ONU, es suspendido por incumplimiento de su Evaluación de Impacto Ambiental

Ciudad de Panamá, Panamá y Ginebra, Suiza. En una decisión histórica, la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) de Panamá ordenó ayer la suspensión temporal de la construcción del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco debido al incumplimiento de su Evaluación de Impacto Ambiental. La represa fue registrada bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) de la ONU pese a que amenaza con inundar el territorio de las comunidades Ngäbe Buglé. En momentos en que los delegados de los gobiernos están reunidos en Ginebra, Suiza, para elaborar el borrador del texto de negociación de un nuevo acuerdo climático global, la decisión tomada por la ANAM ilustra por qué la necesidad de que el acuerdo incorpore el respeto a los derechos humanos, incluidos los derechos de los pueblos indígenas. En Ginebra, varios países ya han insistido en la necesidad de que las acciones climáticas respeten, protejan, promuevan y cumplan con los derechos humanos de todos y todas. "Panamá ha dado un primer y fundamental paso para proteger los derechos de las comunidades Ngäbe que no fueron consultadas adecuadamente sobre el proyecto Barro Blanco, registrado bajo el MDL. Pero aún se necesita mucho trabajo", señaló Alyssa Johl, abogada sénior del Centro para el Derecho Ambiental Internacional. "Panamá debe reconocer urgentemente sus obligaciones de proteger los derechos humanos en las acciones climáticas, como Barro Blanco; y debe hacerlo apoyando el llamado a incluir la protección de los derechos humanos en el régimen climático de la ONU". Los actuales mecanismos climáticos como el Mecanismo de Desarrollo Limpio no brindan incentivos para la implementación sostenible de acciones climáticas ni ofrecen recursos en caso de impactos adversos. "La Junta Directiva del MDL aprobó el proyecto cuando era claro que la represa inundaría los hogares de numerosas familias indígenas. Esta decisión es una señal de advertencia para introducir salvaguardas para proteger los derechos humanos, incluidas consultas adecuadas con los afectados y un mecanismo de queja", comentó Eva Filzmoser, directora de Carbon Market Watch. La decisión de la ANAM fue motivada por una investigación administrativa que determinó un incumplimiento de la Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto. Ello incluye la falta de definición de acuerdos con las comunidades indígenas afectadas, deficiencias en los procesos de negociación, ausencia de un plan de manejo arqueológico para la protección de los petroglifos y otros hallazgos, incumplimientos reiterados en el manejo de la erosión y sedimentación, mal manejo de residuos sólidos y peligrosos, y extracción de madera sin autorización. El Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) de Panamá consideró apropiado que la ANAM haya tomado medidas efectivas e inmediatas para frenar esta obra ante hallazgos que reflejan una inadecuada gestión ambiental de la empresa, y que requieren una investigación y sanción ejemplares. "Durante 15 años de oposición al proyecto Barro Blanco, hemos denunciado violaciones a nuestros derechos humanos e irregularidades en los procedimientos ambientales. Estas denuncias nunca fueron escuchadas. Hoy vemos con satisfacción que las autoridades nacionales las han reconocido y han suspendido el proyecto como primer paso para el diálogo. Sin embargo, mantenemos la posición de la comunidad de solicitar la cancelación de este proyecto como única vía para proteger nuestros derechos humanos y territorio. Esperamos que esto sea un ejemplo para la comunidad internacional, para otros proyectos hidroeléctricos en Panamá y en todos los países", señaló Weni Bagama, integrante del Movimiento 10 de abril (M-10). "Cualquier diálogo entre las comunidades afectadas, el gobierno y la empresa tiene que ser transparente, de buena fe y respetuoso de los derechos de las comunidades, e incluir todas las garantías para que éstas participen en igualdad de condiciones y para que los acuerdos sean plenamente respetados", señaló María José Veramendi Villa, abogada sénior de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). "En ese diálogo, el Estado debe tomar en cuenta todas las violaciones de derechos humanos denunciadas por las comunidades desde la aprobación del proyecto". La suspensión de la represa hidroeléctrica Barro Blanco es celebrada por grupos ambientales en todo el mundo después de años de esfuerzo para apoyar a los pueblos indígenas de la comarca Ngäbe Buglé, la cual ha enfrentado opresión y violaciones de sus derechos. Ahora los ojos están puestos en la reacción de los bancos involucrados en el financiamiento del proyecto. Entre ellos están el Banco de Desarrollo Alemán (DEG) y el Banco de Desarrollo Holandés (FMO), entidades ante las cuales el M-10 presentó una queja en representación de las comunidades indígenas. "Urgimos a los bancos a frenar el desembolso de los fondos restantes hasta que los problemas sean resueltos y las comunidades indígenas estén de acuerdo con el proyecto", dijo Kathrin Petz de Urgewald.

Febrero 09 2015 Transparencia y Rendición de Cuentas, Cambio Climático

La Conferencia de Ginebra debe dar claridad para un financiamiento climático adecuado

El camino hacia un nuevo acuerdo climático global, iniciado en la Conferencia Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP20) de Lima, Perú, continuará esta semana en Ginebra, Suiza. Allí, delegados de países se reunirán para trabajar a detalle en los elementos de lo que será el borrador del nuevo acuerdo. Uno de esos elementos es el financiamiento, factor clave para que los países en desarrollo le hagan frente al cambio climático. "Esperamos que la sesión de Ginebra concluya con un texto de negociación que brinde claridad para un financiamiento predecible y sostenible; se necesita establecer con certeza de dónde vendrán los recursos, qué instituciones los manejarán y cómo lo harán; así como garantizar que estos esfuerzos contribuirán a un desarrollo bajo en emisiones y resiliente al clima en países en desarrollo", dijo Andrea Rodríguez, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). La Conferencia en Perú terminó con el Llamado de Lima a la Acción Climática, documento cuyos anexos contienen los elementos esenciales para el borrador de texto de negociación del nuevo acuerdo climático a ser firmado en la COP21 de París. Se espera que en Ginebra se intensifique el trabajo en torno a esos elementos y que de esa sesión salga un texto de negociación que tendrá fuerza legal bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Dada la relevancia de la Conferencia de Ginebra y en términos de financiamiento climático, desde AIDA recomendamos a los negociadores que el borrador del nuevo acuerdo incorpore los siguientes aspectos: Disposiciones claras sobre quienes tienen la obligación de movilizar recursos. Metas claras para después de 2020 a partir de una ruta con objetivos de financiamiento público anuales. Incremento gradual de recursos para asegurar el cumplimiento del compromiso ya existente de movilizar 100 millones de dólares a partir del 2020, y para permitir que los países planifiquen sus acciones climáticas. Movilización de recursos predecible, adecuada y suficiente para promover la transición hacia un desarrollo bajo en emisiones y resiliente al clima en países en desarrollo. Asignación balanceada de recursos y financiamiento equilibrado de acciones tanto de mitigación como de adaptación. Definiciones de financiamiento climático e inversiones climáticas. Claridad sobre qué instituciones de financiamiento climático movilizarán y otorgarán recursos, cuáles funcionarán y cómo. Reconocimiento del Fondo Verde Climático como la entidad primordial para movilizar recursos, sin la exclusión de otros fondos. Fortalecimiento del mandato del Comité Permanente de Financiamiento como entidad a cargo de garantizar la coherencia y armonía entre el trabajo de las diferentes instituciones financieras. AIDA es una organización internacional ambiental que usa las leyes para defender el derecho a un ambiente sano en el continente americano. "Cambio climático" es una de nuestras cinco líneas estratégicas. El cambio climático global tiene el potencial de ser la amenaza más generalizada y de largo alcance para a la salud ambiental y AIDA está desarrollando instrumentos legales para proteger a las comunidades humanas más vulnerables.

Febrero 02 2015

En su día, el Humedal Bahía de Panamá recibe protección con fuerza de ley

Con ocasión del Día Mundial de los Humedales, el Presidente de Panamá sancionará la Ley de la República que ratifica la condición de área protegida del sitio. CIAM y AIDA aplauden la decisión que fortalece la protección de un ecosistema clave para la biodiversidad, la provisión de agua dulce y la lucha contra el cambio climático. Ciudad de Panamá, Panamá. En un acto oficial en el Día Mundial de los Humedales, el Presidente Juan Carlos Varela sancionará la ley que confirma la condición de área protegida del Refugio de Vida Silvestre Humedal Bahía de Panamá, la cual fue establecida inicialmente por Resolución Administrativa. El gobierno fortalece así la protección legal de un ecosistema vital para la provisión de agua dulce, la reproducción de especies de alto valor comercial y alimenticio, la conservación de la biodiversidad y la mitigación del cambio climático. "Recibimos con agrado una ley que evidencia la importancia que este espacio tiene para el ambiente y las poblaciones de sus alrededores. Proteger las 85,652 hectáreas que componen el territorio marino-costero de los humedales de la Bahía de Panamá es misión de todos", afirmó Brooke Alfaro, Presidente de la Junta Directiva del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM). La Bahía es uno de los sitios de anidación y descanso más importantes del mundo para aves migratorias y hogar de especies amenazadas. Sus manglares ayudan a combatir el cambio climático al capturar el carbono de la atmósfera, y a mitigar sus efectos, al servir de amortiguamiento costero frente a huracanes y tormentas. En 2003, fue declarado sitio de importancia mundial bajo la Convención Ramsar, tratado internacional para la conservación de humedales. "Felicitamos al Gobierno panameño porque esta ley es un gran avance para la protección del humedal y el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado, y sirve como ejemplo para otros países de la región. La ley enfatiza los conceptos de uso racional, enfoque ecosistémico y características ecológicas del humedal contenidos en la Convención Ramsar", dijo Haydée Rodríguez, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Durante el proceso de aprobación de la norma, el equipo legal y científico de CIAM, con apoyo de AIDA, contribuyó al fortalecimiento del proyecto de ley para asegurar que éste garantice un manejo racional de los recursos del humedal. Ambas organizaciones acompañarán y apoyarán al Gobierno de Panamá en la implementación de la ley. "Debemos establecer un plan de manejo adecuado para asegurar la protección del humedal para las generaciones presentes y futuras", agregó Rodríguez. "Gracias al apoyo de la ciudadanía, organizaciones de la sociedad civil, la Corte Suprema de Justicia, diputados y gobierno, se ha logrado garantizar la protección del Humedal Bahía de Panamá", dijo Alfaro. En los últimos años, el lugar ha sido impactado por la expansión de proyectos inmobiliarios, con la consecuente canalización de sus ríos, su drenaje y el relleno de áreas naturales. Con la nueva ley, se prohíben actividades que atenten contra la integridad ecológica del sitio y se reafirman además los límites del área, mismos que sólo podrán ser modificados mediante otra ley.

Enero 16 2015

La protección del Humedal Bahía de Panamá ahora tiene fuerza de ley

El Congreso panameño elevó a rango de ley la resolución que declara área protegida al humedal. La decisión fortalece la protección de un ecosistema clave para la conservación de la biodiversidad del país y la mitigación del cambio climático. Ciudad de Panamá, Panamá. Los diputados de la Asamblea Nacional de Panamá decidieron elevar a rango de ley la declaratoria de área protegida del Refugio de Vida Silvestre Humedal Bahía de Panamá, la cual fue establecida inicialmente mediante Resolución Administrativa. De ese modo, se fortaleció la protección de un ecosistema vital para la biodiversidad del país y la lucha contra el cambio climático. El Humedal Bahía de Panamá es uno de los sitios de anidación y descanso más importantes del mundo para aves migratorias y hogar de especies amenazadas. Sus manglares ayudan a combatir el cambio climático al capturar el carbono de la atmósfera, y a mitigar sus efectos, al servir de amortiguamiento costero frente a huracanes y tormentas. En 2003 fue declarado sitio de importancia mundial bajo la Convención Ramsar, tratado internacional para la conservación de humedales. A pesar de su importancia, la Bahía de Panamá está en riesgo por la expansión urbanística de la ciudad de Panamá, la cual conlleva la canalización de ríos, el drenaje y relleno de humedales. En años anteriores hubo intentos de reducir el área protegida para dar paso a desarrollos inmobiliarios. Con esta nueva ley, se prohíben actividades que atenten contra la integridad ecológica del sitio y se reafirman además los límites del área, mismos que sólo podrán ser modificados mediante otra ley. Durante el proceso de aprobación de la norma, el equipo legal y científico del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), con apoyo de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), contribuyó al fortalecimiento del proyecto de ley para asegurar que éste garantice un manejo racional de los recursos del humedal. "Esta ley implica un gran avance para la protección del Humedal Bahía de Panamá y el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado. La ley enfatiza los conceptos de uso racional, enfoque ecosistémico y características ecológicas del humedal contenidos en la Convención Ramsar", dijo Haydée Rodríguez, abogada de AIDA. El siguiente paso es la adecuada implementación de la norma. "Debemos establecer un plan de manejo adecuado para asegurar la protección del ecosistema", agregó Rodríguez. Un 90% de los ingresos generados por la pesca en Panamá provienen de especies que se refugian en la Bahía en alguna época del desarrollo de su vida. "La ley es un claro indicio de la importancia que este espacio tiene para el ambiente y las poblaciones de sus alrededores. Proteger las 85,652 hectáreas que componen el territorio marino-costero de los humedales de la Bahía de Panamá es misión de todos", dijo Brooke Alfaro, Presidente de la Junta Directiva de CIAM. CIAM y AIDA confían en que la pronta sanción de la ley por parte del Presidente de la República contribuirá a la conservación de los humedales de la Bahía de Panamá para las presentes y futuras generaciones.

Enero 15 2015

Las regulaciones de Obama para la emisión de gas metano deben reflejarse en América Latina

En la reciente serie de acciones ejecutivas para combatir el cambio climático, el Presidente Obama anunció ayer sus planes para regular más estrictamente a las industrias estadounidenses de gas y petróleo con la meta de reducir las emisiones de metano hasta en 45 por ciento durante la próxima década. Si bien esta acción es un paso decisivo en la dirección correcta, defensores del ambiente han respondido que los estándares establecidos para nuevas tecnologías no son suficientes para contrarrestar una de las principales fuentes de emisiones de la industria: los derrames y descargas de equipos obsoletos. "Esperamos ver la implementación de éstas y otras acciones más ambiciosas en la región. América Latina debe comenzar incluso por medir de forma confiable las emisiones de metano de todos los sectores clave, incluyendo el petrolero y el gasífero," dijo Astrid Puentes Riaño, Codirectora Ejecutiva de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). "Esto es particularmente importante siendo que los sectores de gas y petróleo, incluyendo el de fracking, van teniendo cada vez más presencia como fuerzas impulsoras del desarrollo en la región," concluyó. Pese a que la industria en América Latina está rezagada en comparación con Estados Unidos, han habido algunos avances en la región gracias al establecimiento de la Coalición Clima y Aire Limpio (CCAC por sus siglas en inglés) para reducir contaminantes de vida corta. Como miembro fundador, México está trabajando con Pemex, la paraestatal petrolera, en implementar mejoras tecnológicas para optimizar el monitoreo y control de las emisiones. Dado que los contaminantes de vida corta son un elemento clave para la mitigación del cambio climático, AIDA está trabajando para llamar la atención sobre los mismos, y motivar a los gobiernos en la región a enfrentarlos de manera efectiva.

Enero 04 2015 Arrecifes de coral, Océanos

Organizaciones solicitan se investigue si Áreas Naturales Protegidas en Veracruz están en riesgo

Organizaciones de la sociedad civil y representantes de la comunidad científica y de buceo deportivo pidieron además que el Secretariado del Convenio sobre Diversidad Biológica requiera al Estado mexicano revisar y en su caso revocar las autorizaciones de impacto ambiental de la ampliación del Puerto de Veracruz y de la extracción de roca basáltica en la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas. La ejecución de esos proyectos dañará seriamente la biodiversidad albergada en el Sistema Arrecifal Veracruzano y en Los Tuxtlas. En una carta al Secretariado del Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB)[i], once organizaciones de la sociedad civil y tres representantes de la comunidad científica y de buceo deportivo[ii] denunciaron el incumplimiento del Estado mexicano de ese tratado internacional derivado del proyecto de ampliación del Puerto de Veracruz. Dicho proyecto impactará gravemente la biodiversidad albergada en el Sistema Arrecifal Veracruzano (SAV) y en la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas (RBLT). Con motivo de la ampliación del puerto, el Gobierno modificó[iii] sin la suficiente información científica, la superficie del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV) y autorizó la ampliación dentro del arrecife, un sitio enlistado en la Convención Ramsar - un tratado que protege humedales-. Lo hizo en contra de normas nacionales e internacionales y sin considerar los impactos acumulativos que el proyecto tendrá en ese ecosistema debido, entre otras cosas, al crecimiento poblacional y al mayor tráfico marítimo en el puerto. El Gobierno autorizó también la explotación de una mina de piedra basáltica en la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas para la construcción de las escolleras del nuevo puerto, aun cuando el programa de manejo de la reserva prohíbe expresamente el uso de explosivos en el área. El SAV comprende al menos 23 arrecifes de diferente tamaño, forma y profundidad. En él conviven ecosistemas de arrecifes de coral, lechos marinos submareales, aguas marinas someras, playas de arena y manglares. En 1992 fue decretado como área natural protegida y en 2004 fue registrado como Humedal de Importancia Prioritaria Internacional bajo la Convención Ramsar. Este parque nacional es hábitat de corales, delfines y tortugas marinas, tiene una alta productividad pesquera y una gran belleza escénica. Sus arrecifes son reguladores del clima y funcionan como barrera contra olas y tormentas, como ocurrió en 2011 cuando amortiguaron el embate del huracán Karl de categoría cuatro[iv]en la ciudad de Veracruz. En cuanto a la reserva de la región de los Tuxtlas, ésta tiene un valor biogeográfico y ecológico importante. Es uno de los últimos reductos de selvas húmedas en el país y una de las zonas en donde se ha generado más información respecto a la composición de la flora y fauna de las selvas tropicales de México. Es refugio de 223 de las 565 aves migratorias de Norte América; así como de especies faunísticas endémicas, en peligro de extinción, amenazadas y bajo protección especial. Pese a los riesgos que la ampliación del Puerto de Veracruz implica para ambos ecosistemas, el Gobierno Federal y la Administradora Portuaria Integral de Veracruz (APIVER), entidad a cargo del proyecto, inauguraron las obras del mismo el pasado 22 de noviembre. Por ello las organizaciones recurrieron al Secretariado del CDB con carácter de urgente. "La modificación del PNSAV, así como las autorizaciones de impacto ambiental para la ampliación portuaria y la extracción de roca basáltica en la RBLT violan la obligación del Estado mexicano de proteger la biodiversidad de su territorio", se lee en la carta. El documento señala además que "de ejecutarse los proyectos de la ampliación del puerto de Veracruz y la extracción de roca basáltica en Los Tuxtlas, se impactará de manera irreparable la diversidad biológica y ecosistemas donde se asienta". En este sentido, las organizaciones de la sociedad civil e individuos solicitaron al Secretariado del Convenio investigar los hechos denunciados y recordarle al Estado mexicano la importancia de los arrecifes de coral, pastos marinos y selvas para la mitigación y adaptación al cambio climático. Solicitaron que esa instancia requiera al Estado revocar las autorizaciones de impacto ambiental de la ampliación del puerto de Veracruz y de la extracción de roca basáltica en Los Tuxtlas; cumplir su Estrategia Nacional sobre Biodiversidad y las disposiciones del CDB; requerir la compensación por las pérdidas de biodiversidad derivadas de la modificación del PNSAV, y el apoyo del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Técnico. Ver carta entregada al Secretariado del Convenio sobre Diversidad Biológica [i] México ratificó el Convenio de la Diversidad Biológica el 11 de marzo de 1993. [ii]Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Greenpeace México, Litiga-Organización de Litigio Estratégico de Derechos Humanos, Ocean Futures Society, la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental, Senderos y Encuentros para un Desarrollo Autónomo Sustentable, Pronatura Veracruz, Pobladores, Defensores del Medio Ambiente de Los Tuxtlas, La ROCA-Red Organizada para la Conservación Ambiental, el instructor de buceo Manuel Victoria y los investigadores Dr. Leonardo Ortiz Lozano y Dr. Horacio España. [iii]El Gobierno Federal determinó expedir un nuevo decreto de parque nacional donde se elimina de la poligonal de protección a los arrecifes de Punta Gorda y la Bahía de Vergara. [iv]Administración Oceánica y Atmosférica Nacional (NOAA), Departamento de Comercio, U.S. Gobierno de los Estados Unidos, disponible en: http://oceanservice.noaa.gov/podcast/feb10/dd022410transcript.html

Diciembre 22 2014 Fuentes de Agua Dulce, Contaminación Tóxica

Ministerio de Ambiente de Colombia debe garantizar que no habrá minería a gran escala en el páramo de Santurbán

La entidad de gobierno delimitó el 76% del páramo. Sin embargo, anunció que permitirá la continuidad de proyectos mineros que ya tienen título y licencia ambiental. Esto pone en grave riesgo al ecosistema, fuente de agua para casi dos millones de personas. Bogotá, Colombia. Aunque el Ministerio de Ambiente de Colombia realizó una delimitación que protege el 76% del páramo de Santurbán, hizo declaraciones preocupantes sobre el futuro de operaciones mineras a gran escala en la zona. Éstas representan un grave riesgo para el ecosistema y para el agua que éste brinda a casi dos millones de personas, principalmente en las poblaciones de Bucaramanga y Cúcuta. El viernes pasado, el Ministro de Ambiente Gabriel Vallejo informó que 98,954 de las 129,743 hectáreas de superficie de Santurbán quedaron delimitadas como área protegida. No obstante, se negó a informar con claridad si con la medida proyectos de gran envergadura serán o no permitidos en el páramo. El ministro se limitó a señalar que empresas que ya tienen títulos mineros y licencia ambiental continuarán operando en la zona, sujetas a "fuertes controles ambientales", pero no especificó la escala de la actividad, algo relevante debido a la presencia en el lugar de minería a pequeña escala. "El ministro no entregó el acto administrativo de la delimitación y se negó a confirmar si ésta afecta o no al proyecto minero Angostura, o a cualquier otro a gran escala. Es positivo que 98 mil hectáreas queden reconocidas como páramo, pero ese reconocimiento es ineficaz si el gobierno interpreta que las empresas mineras con licencia ambiental tienen derechos adquiridos y pueden permanecer en el lugar", afirmó Carlos Lozano Acosta, abogado de AIDA. Pese a que normas nacionales e internacionales prohíben la minería en páramos, se han otorgado títulos mineros a empresas transnacionales en Santurbán. Entre ellos están los de la compañía canadiense Eco Oro Minerals, la cual pretende construir la mina de oro Angostura en ese ecosistema. Además de ser fábricas naturales de agua, los páramos son refugio de especies endémicas y en peligro de extinción, y ayudan a mitigar el cambio climático al capturar carbono de la atmósfera. "El Ministerio de Ambiente ha sido poco claro en la toma decisiones sobre Santurbán. Exigimos que se respete el agua de dos millones de habitantes y que se haga efectiva la prohibición de minería a gran escala en todo el páramo; seguiremos trabajando y movilizándonos hasta que sea así", dijo Miguel Ramos, del Comité por la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán. Dicho Comité agrupa a más de 40 organizaciones en el departamento de Santander. Desde 2010, ha movilizado a decenas de miles de personas en contra de Angostura y de cualquier proyecto minero a gran escala en Santurbán, para garantizar el agua de las comunidades de la zona. Actualmente y mediante su mecanismo de rendición de cuentas, la Corporación Financiera Internacional (CFI), parte del Grupo del Banco Mundial, realiza una auditoría de su inversión en Angostura con base en una queja presentada por el Comité en junio de 2012. "Pese a la ausencia de una decisión coherente por parte del gobierno sobre la minería a gran escala en el páramo de Santurbán, la CFI, que es accionista en la empresa Eco Oro, tiene que determinar si sus políticas ambientales y sociales le permiten apoyar un proyecto en un ecosistema protegido", sostuvo Kristen Genovese, del Centro de Investigación sobre Corporaciones Multinacionales (SOMO). Según las leyes colombianas, la delimitación es una herramienta para proteger el páramo de las actividades que lo dañan —en particular la minería a gran escala— y no para justificarlas. Ése es el curso de acción al que está obligado el Gobierno colombiano.

Noviembre 28 2014 Grandes Represas, Derechos Indígenas, Fuentes de Agua Dulce

AIDA solicita a Relatores Especiales de la ONU investigar ilegalidad de autorización otorgada al proyecto hidroeléctrico Las Cruces en México

La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) indicó que el Estado mexicano incumplió con su obligación de consultar y obtener el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas afectados por el proyecto. Ciudad de México, México. En representación de las personas y comunidades afectadas por el proyecto hidroeléctrico Las Cruces en Nayarit, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) solicitó a Relatores Especiales de la Organización de las Naciones Unidas investigar la ilegalidad de la autorización otorgada al proyecto por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) el 18 de septiembre de 2014. La autoridad ambiental avaló el proyecto que sería construido sobre el río San Pedro Mezquital sin que los pueblos indígenas afectados hubieran sido consultados, y sin contar con un estudio que evaluara integralmente sus impactos sociales y ambientales. Aunque la Comisión Federal de Electricidad (CFE), promotora del proyecto, asegura haber llevado a cabo un proceso de consulta con los pueblos indígenas, las comunidades afectadas por la hidroeléctrica no reconocen haber sido consultadas. Asimismo, representantes del gobierno indígena tradicional Cora y Huichol han manifestado su rechazo total a la hidroeléctrica, y la urgencia de defender sus derechos territoriales. La propia Semarnat confirmó en su autorización al proyecto que las poblaciones de San Blasito y Saycota desconocen la realización de una consulta previa por lo que dicha entidad autorizó el proyecto condicionándolo a realizar una consulta. "Ese condicionamiento no es obstáculo para que exista un incumplimiento de la obligación del Estado, dado que la consulta debió llevarse a cabo antes de la autorización del proyecto para cumplir con el requisito básico de ser previa. Incluso si en este momento se llevara a cabo una consulta, ello no evitaría la violación, ya consumada, de los derechos de las comunidades a ser consultadas previamente y a obtener su consentimiento libre, previo e informado", explicó María José Veramendi Villa, abogada sénior de AIDA. Una de las más graves violaciones de derechos humanos se presenta en perjuicio de los pobladores de San Blasito. Este lugar será inundado y sus residentes desplazados forzosamente, sin contar con medidas de reubicación ni compensación adecuadas. Asimismo, la construcción de la hidroeléctrica también representa un riesgo inminente para la garantía de otros derechos humanos de las comunidades indígenas y ribereñas de la zona. "Denunciamos ante los Relatores que los derechos al medio ambiente sano, la vivienda adecuada, la salud, el acceso al agua potable, y a la vida digna de las comunidades se verán seriamente vulnerados en caso de implementarse este proyecto", señaló Sandra Moguel, abogada de AIDA. "El río San Pedro Mezquital, además de ser un ecosistema estratégico y albergar lugares ceremoniales centrales para estos pueblos indígenas, constituye fuente principal de alimentación y agua potable para éstos". Estos impactos no fueron evaluados integralmente antes de autorizar el proyecto. Por ello, AIDA pidió que los Relatores de la ONU evalúen la ausencia de un Estudio de Impacto Social que respalde la autorización de Las Cruces. "La falta de evaluación de los impactos sociales implica que tampoco se plantearon medidas de mitigación adecuadas", indicó Moguel. "Esto constituye a su vez una afectación directa al derecho de las comunidades a acceder a información completa sobre los impactos del proyecto". La omisión del Estado de garantizar el derecho a la consulta previa en este caso se presentó también en el marco de la emisión del decreto que levantó la veda del río San Pedro Mezquital. Tres días antes de autorizarse el proyecto hidroeléctrico, la Comisión Nacional del Agua y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas tomaron esta decisión con el fin de permitir el aprovechamiento de parte del caudal del río para la generación de electricidad, abriendo paso al proyecto hidroeléctrico y sin consultar con las comunidades afectadas. AIDA solicitó a los Relatores Especiales de la ONU investigar los hechos mencionados, y llevar a cabo una visita al sitio donde está previsto construir la hidroeléctrica para que conozcan de primera mano las afectaciones al ambiente y a los derechos humanos de las comunidades ribereñas y pueblos indígenas Cora, Tepehuano, Mexicanero y Huichol. De construirse Las Cruces, el caudal del río San Pedro Mezquital cambiará drásticamente, afectando sitios sagrados indígenas, actividades productivas de las que depende el sustento de los pobladores de la zona, e impactando Marismas Nacionales, humedal de importancia prioritaria internacional y ecosistema estratégico protegido. Consulte el informe enviado a Relatores Especiales de la ONU.

Octubre 30 2014

Organizaciones solicitan que la CIDH inste al Estado colombiano a declarar la moratoria de proyectos minero-energéticos y a constituir una Mesa de Trabajo con afectados y autoridades

Pidieron también que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) inste al Estado a atender adecuadamente a las víctimas de desplazamiento forzado a causa de la implementación de proyectos de "desarrollo" e intervenga para que se abra un proceso de diálogo entre víctimas y autoridades para adoptar soluciones efectivas al problema. Washington D.C, EE.UU. En una audiencia celebrada el lunes pasado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el marco de su 153º Periodo de Sesiones, organizaciones y movimientos sociales solicitaron a este órgano internacional, instar al Estado Colombiano a reconocer el desplazamiento forzado a causa de la implementación de proyectos de "desarrollo" como una violación de derechos humanos que debe ser prevenida y atendida. Además pidieron verificar esta grave situación en los territorios impactados mediante una visita. Las organizaciones expresaron su profunda preocupación por la situación de riesgo en la que se encuentran personas y comunidades que defienden su territorio y entorno natural. Ello ha derivado en el asesinato de 13 personas, la desaparición de una y amenazas a 25 personas que defienden los ríos en el país, incluyendo el reciente asesinato del líder comunero del pueblo Nasa, opositores a la mina la Colosa y una grave amenaza a un gobernador indígena de Cordoba. Expusieron casos concretos en los que megaproyectos han destruido territorios, ecosistemas, culturas ancestrales, causando daños irreparables como contaminación y generando desplazamiento forzado de poblaciones. Los solicitantes presentaron ante la CIDH tres causas principales que favorecen el desplazamiento forzado por proyectos: 1. La estrecha relación entre el conflicto armado y la implementación de megaproyectos; 2. La flexibilización y violación de normas en la autorización e implementación de proyectos, y 3. Los impactos directos por la puesta en marcha de estos. Señalaron que la violencia sociopolítica ha facilitado la implementación de proyectos mineros e hidroeléctricos, provocando el éxodo de personas de sus territorios y la apropiación de los mismos por parte de empresas. “El paramilitar Salvatore Mancuso reconoció que tres mil personas de la zona de Córdoba fueron desplazadas porque necesitaban esas tierras libres para la construcción de represas y que había que abrirle paso a los megaproyectos”, denunciaron. Indicaron además que la ejecución de los megaproyectos en Colombia imposibilita los procesos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de las víctimas del conflicto armado y del desarrollo. Adicionalmente, señalaron que el Estado está haciendo uso arbitrario de figuras jurídicas legales como la declaratoria de utilidad pública para dar vía libre a estos proyectos, sin considerar los impactos en derechos humanos y en el ambiente, asuntos también de interés público, lo que en la práctica se ha convertido en un mecanismo de expropiación o despojo legal, y en consecuencia, causal de desplazamiento forzado. Los megaproyectos están afectando gravemente los territorios y las culturas ancestrales, causando daños irreparables como la contaminación ambiental que están provocando desplazamientos de poblaciones. Están causas, que han generado por lo menos 200.000 desplazados víctimas de la implementación de proyectos hidroeléctricos, fundamentan la petición realizada por las organizaciones de que sea declarada la moratoria de los megaproyectos de minería y de hidroeléctricas como única garantía de protección y prevención de mayores vulneraciones de los derechos, hasta tanto no se evalúe estructuralmente la política y se garanticen los derechos fundamentales de los afectados. Finalmente, las organizaciones pidieron la intervención de la CIDH para que en Colombia se instale de inmediato una Mesa Integrada, donde participen los afectados, con el propósito de debatir la política minero energética y construir un modelo que no propicie el desarraigo y responda a las necesidades de las comunidades, y tenga en cuenta las advertencias realizadas por la Corte Constitucional y la Contraloría General de la Republica sobre la necesidad de definir otras formas sustitutivas de generación de energía como las estipuladas por la Comisión Mundial para Represas.