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Afectados por contaminación ambiental en La Oroya esperan hace siete años que el Estado garantice sus derechos
En 2007, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado peruano adoptar medidas cautelares en favor de esas personas. Éstas aún no han sido implementadas plenamente y la salud de los afectados continúa en deterioro. La CIDH aún no toma una decisión final sobre el caso. La Oroya, Perú. Han transcurrido siete años desde que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitara al Estado peruano adoptar medidas cautelares en favor de las personas afectadas por la contaminación tóxica en la ciudad de La Oroya. Las y los afectados, incluidos niños y niñas, aún no reciben toda la atención médica requerida y su salud continúa en deterioro. El 31 de agosto de 2007, la CIDH otorgó medidas cautelares en favor de 65 moradores de La Oroya cuya salud resultó afectada por altos índices de contaminación por plomo, arsénico, cadmio y dióxido de azufre, proveniente del complejo metalúrgico de la empresa Doe Run Perú. En razón de ello y dada la grave y urgente situación, la Comisión solicitó al Estado peruano realizar las acciones necesarias para que las personas afectadas reciban un diagnóstico y tratamiento médico especializado cuando se demostrara que su integridad personal o su vida están en peligro de daño irreparable. Aunque hubo avances en la atención médica a los beneficiarios de las medidas, éstos aún no han recibido la atención integral y especializada requerida. Existe además un grave riesgo de retroceso. A la fecha, la Estrategia Sanitaria de Atención a Personas Afectadas por Contaminación con Metales Pesados y otras Sustancias Químicas, la cual opera en el Centro de Salud de La Oroya, no tiene el presupuesto asegurado a partir de septiembre y para el resto del año. La Estrategia es fundamental para el cumplimiento de las medidas cautelares pues de ella depende el diagnóstico y el tratamiento médico especializado para los beneficiarios. Sin presupuesto, la continuidad del personal médico que atiende no sólo a los beneficiarios, sino a toda la población de La Oroya, es inviable. "Las medidas cautelares siguen vigentes y, tras siete años, no han sido cumplidas a cabalidad. Sin embargo, el Estado insiste en solicitar su levantamiento pese a que la salud de la población está en deterioro y riesgo constante", dijo María José Veramendi Villa, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Por otro lado, la CIDH continúa estudiando la demanda presentada en 2006 por violaciones de derechos humanos del mismo grupo de personas afectadas. El caso se fundamenta en la omisión del Estado peruano de controlar adecuadamente las actividades del complejo metalúrgico y de proteger la salud y demás derechos de las personas afectadas. Lamentablemente, la situación de éstas empeora y cinco años después de haber admitido la demanda, la CIDH aún no ha tomado una decisión final. "El paso del tiempo nos afecta cada vez más. Nuestras dolencias están empeorando. Durante este tiempo, hemos perdido a muchos compañeros y hemos visto a nuestros hijos enfermarse”, afirmó uno de los afectados cuyo nombre se mantiene en reserva por seguridad. Actualmente el complejo metalúrgico está en etapa de "liquidación en marcha". Ello quiere decir que sus operaciones no se detendrán mientras se realiza su venta. Sin embargo, en mayo, el complejo tuvo que suspender sus operaciones porque sus proveedores dejaron de abastecerle de concentrados debido a los problemas económicos de la empresa. "Aunque las operaciones estén detenidas, las violaciones de derechos humanos en perjuicio de las personas ya se han consumado. Por tanto, el Estado peruano debe cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos y garantizar que la empresa y sus nuevos dueños cumplan con sus obligaciones ambientales", señaló Jorge Abrego, abogado de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH).
Leer másInstancias internacionales, alertadas de las violaciones a derechos humanos que implica construir la hidroeléctrica Las Cruces en México
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Relatores Especiales de la ONU están enterados del caso. La SEMARNAT decidirá pronto si autoriza o no el proyecto. Distrito Federal, México. Organizaciones ambientales y comunitarias alertaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a Relatores Especiales de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que la construcción de la hidroeléctrica Las Cruces violaría los derechos de pueblos indígenas y comunidades ribereñas en Nayarit. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) decidirá en estos días si otorga o no el permiso ambiental al controversial proyecto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). El sábado pasado, miembros del Consejo Indígena Náyeri, pueblo originario que sería afectado por la hidroeléctrica, se reunieron con comisionados de la CIDH. Allí explicaron que la construcción del proyecto sobre el caudal del río San Pedro Mezquital implica el desalojo forzoso de habitantes de territorios indígenas, en su mayoría Cora, así como la afectación de 14 sitios sagrados de Coras y Huicholes. Ello, añadieron, vulneraría los derechos humanos a la vivienda adecuada, al agua, a los medios de subsistencia, a la cultura y a la educación. Similares argumentos fueron parte de una alerta enviada en marzo pasado a Relatores Especiales de Naciones Unidas. En ella se resalta que las comunidades indígenas Cora, Huichol, Tepehuana y Mexicanera nunca fueron consultadas sobre el proyecto en los términos que establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). “Solicitamos a los Relatores instar al Estado mexicano a garantizar los derechos a la información y la participación, consulta y consentimiento, a la alimentación, al agua potable y saneamiento y al disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible de los pueblos indígenas y comunidades ribereñas del río San Pedro Mezquital”, dijo Sandra Moguel, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). La alerta fue enviada por AIDA en representación de los distintos sectores económicos, organizaciones ambientales y comunitarias de la región afectada: el Consejo Intercomunitario del Río San Pedro, el Consejo Indígena Náyeri, Nuiwari, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), el Grupo Ecológico Manglar, SuMar y representantes de la Federación Ribereña de Nayarit y la localidad Boca de Camichín. De construirse Las Cruces, la reducción del caudal del río afectaría la agricultura, ganadería, pesca, ostricultura y otras actividades de las que dependen económicamente para vivir más de 20 comunidades de la zona. Asimismo, al bloquear el curso del San Pedro, “la hidroeléctrica retendrá 90% de los sedimentos que alimentan la actividad agrícola y pesquera en Marismas Nacionales, humedal protegido a nivel internacional y que también depende del caudal para sobrevivir”, señaló Ernesto Bolado, director de SuMar. También está el hecho de que la hidroeléctrica estará sin operar dos tercios de su vida útil y solo generará 0.9 % de la energía demandada por la región Centro-Occidente. Las organizaciones ambientales y comunitarias esperan que la SEMARNAT considere los argumentos científicos y legales en contra de la hidroeléctrica Las Cruces para rechazar el proyecto. Instancias internacionales de derechos humanos estarán también pendientes de esa decisión.
Leer másAntes de autorizar fracking, Colombia debe garantizar protección al ambiente y la salud
AIDA insta al Gobierno a evitar las consecuencias graves e irreversibles del fracking y aplicar el principio de precaución. Bogotá, Colombia. Ante la anunciada adjudicación de zonas para la explotación no convencional de hidrocarburos, la cual incluye el fracking, la Asociación Interamericana para la Defensa de Ambiente (AIDA) exhorta a las autoridades colombianas a aplicar el principio de precaución. Por ello, antes de autorizar operaciones de fracking y dado el riesgo de daños graves e irreversibles que implica, el Gobierno colombiano debe asegurar que esta actividad no afectará el ambiente y la salud de las personas. La Agencia Nacional de Hidrocarburos lleva adelante hoy la segunda fase del proceso de licitación Ronda Colombia 2014 para adjudicar 69 áreas para la explotación de hidrocarburos, las cuales incluyen bloques no convencionales (aquellos en los que se puede hacer fracking). "En países como Estados Unidos e Inglaterra, con estructuras de control más fuertes que en Colombia, ha habido contaminación de agua dulce, enfermedades en familias cercanas a pozos de fracking e incluso terremotos", dijo Astrid Puentes Riaño, codirectora de AIDA. "El principio de precaución existe justamente para evitar que en situaciones como esta, en la que los riesgos son altos y aunque no haya certeza científica total de los daños ambientales y en la salud humana, las autoridades sean precavidas y no autoricen actividades como el fracking cuyos impactos sean irreparables." El fracking o fracturación hidráulica es un método de extracción de yacimientos no convencionales que consiste en taladrar un kilómetro o más, bajo tierra y luego horizontalmente, e inyectar fluido (agua, arena y químicos) al suelo, a muy alta presión, para fracturar rocas cargadas con hidrocarburos y liberar los mismos. Este método puede tener graves e irreversibles impactos que incluyen el uso de millones de litros de agua (cada pozo requiere de 9 a 29 millones de litros), la contaminación de aguas superficiales y subterráneas, y el uso de más de 750 productos químicos que pueden dañar el sistema nervioso y el sistema endócrino, provocar cáncer, malformaciones y alergias. Hay evidencia científica que vincula al fracking con el aumento de terremotos como es el caso de Oklahoma en Estados Unidos, Nuevo León en México y Blackpool en el Reino Unido. Por otro lado, el fracking genera 30% más de emisiones de metano, un poderoso gas de efecto invernadero, que la extracción convencional de hidrocarburos. Por ello no es una fuente de energía limpia pues contribuye al cambio climático. Dados estos impactos y citando el principio de precaución, Francia prohibió el fracking, y Alemania estableció una moratoria a esa actividad hasta que la industria pueda garantizar que no causará impactos ambientales o a la salud. "La institucionalidad ambiental en Colombia desafortunadamente sigue siendo débil y poco efectiva. Por ello nos preocupa lo que puede pasar con los acuíferos, los ecosistemas y las personas cerca de las zonas donde se usaría este método", puntualizó Carlos Lozano Acosta, abogado de AIDA. En AIDA esperamos que Colombia y otros países de la región asuman una actitud similar a la de sus pares europeos y garanticen la protección de la salud ambiental y humana antes de dar vía libre a la explotación de yacimientos no convencionales. El costo económico, ambiental y social de permitir una actividad como el fracking sin la prevención necesaria en un país con grandes riquezas naturales y acuíferas sería mayor que el beneficio que podría traer.
Leer másOrganizaciones buscan recuperar fuentes de agua en Panamá
Solicitaron formalmente a la Autoridad Nacional del Ambiente anular una resolución que permite que grandes proyectos como represas hidroeléctricas usen hasta el 90% del agua de ríos, lagos y otros ecosistemas. Ciudad de Panamá, Panamá. Organizaciones de la sociedad civil presentaron una petición ciudadana a la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) para que ésta anule la resolución que permite que hasta el 90% del agua de ríos, lagos y otras fuentes naturales de ese recurso vital sea empleada en grandes proyectos como represas hidroeléctricas. La solicitud fue acompañada por una propuesta para regular el caudal ambiental en el país de manera sostenible y protegiendo los derechos humanos. Dicho caudal es el flujo de agua que un río u otro cauce debe tener para mantener sus valores ecológicos —refugio de flora y fauna, preservación del paisaje y disolución de contaminantes, entre otros— y sus valores sociales o su uso por parte de las comunidades. La resolución de la ANAM limita ese flujo a tan solo el 10% para todos los cuerpos de agua y permite que el porcentaje restante quede libre para ser utilizado por grandes proyectos de infraestructura como centrales hidroeléctricas. La petición y la propuesta de regulación fueron elaboradas por el Centro de Incidencia Ambiental de Panamá (CIAM), la Fundación para el Desarrollo Integral Comunitario y Conservación de los Ecosistemas en Panamá (FUNDICCEP) y Amigos del Parque Internacional La Amistad (AMIPILA), en colaboración con abogados y científicos de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y la Alianza Mundial de Derecho Ambiental (ELAW por sus siglas en inglés). "La regulación vigente afecta a todos en el país, especialmente a las comunidades de las provincias de Chiriquí y Veraguas, donde un gran número de proyectos hidroeléctricos amenaza gravemente la disponibilidad de agua en sus ríos", dijo Luisa Arauz, abogada de CIAM. "Nuestra petición explica cómo la actual resolución viola regulaciones nacionales e internacionales al ignorar las necesidades de las comunidades y de los ecosistemas". En la petición, las organizaciones explican la importancia de considerar las características específicas de cada ecosistema en términos de su ecología y capacidad para permitir los usos que comunidades enteras hacen de ellos. Instan además al gobierno a establecer una regulación para el caudal ambiental que considere el valor ambiental, humano y cultural de los ríos y otras fuentes de agua. El gobierno de Panamá tiene obligaciones internacionales de proteger los recursos hídricos y de garantizar los derechos humanos de las personas que dependen de ellos. "Nosotros presentamos una carta a la ANAM resaltando las obligaciones internacionales y los casos de estudio más relevantes que fundamentan la petición y la propuesta de regulación", señaló Haydée Rodríguez, abogada de AIDA. Por su parte, Pedro León, abogado de ELAW, explicó: "La propuesta permitirá que la ANAM otorgue derechos de uso y concesiones de agua con base en la verdadera capacidad de recarga de las fuentes hídricas, haciendo posible la protección efectiva del derecho humano al agua y a un ambiente sano". Los peticionarios solicitaron a la ANAM fortalecer la participación en la gestión del agua convocando a una consulta pública para discutir la propuesta. La misma propone una clasificación de los recursos hídricos existentes con base en su grado de uso, las características biológicas de los ríos y las necesidades humanas que éstos cubren. La propuesta recomienda además la aplicación de métodos holísticos para determinar el caudal ambiental en ecosistemas de agua dulce para garantizar su uso adecuado y sostenible.
Leer másSEMARNAT autoriza mina que pone en grave riesgo de contaminación a la Sierra La Laguna y a las comunidades aledañas
La autoridad ambiental aprobó el proyecto Los Cardones, una mina de oro a cielo abierto que amenaza seriamente con llenar de químicos tóxicos el agua que consumen las personas y la vida silvestre de la zona. Baja California Sur, México. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) aprobó la construcción de la mina de oro a cielo abierto Los Cardones en el área natural protegida (ANP) Sierra La Laguna. El proyecto incumple la legislación vigente sobre protección del ambiente y de la salud humana debido a que pone en grave riesgo de contaminación tóxica a la zona y a las comunidades aledañas. La empresa a cargo del proyecto busca desarrollar Los Cardones en parte del ANP para explotar oro de la cadena montañosa. Para lograrlo, pretende extraer grandes cantidades de roca hasta convertirlas en polvo, aunque cada tonelada de roca contiene solo un gramo de oro. La mezcla de lodo resultante será tratada luego con cianuro. El proceso implica la producción de enormes volúmenes de residuos tóxicos en el lugar. La mina plantea otro riesgo denominado drenaje ácido, el cual consiste en la filtración de metales tóxicos a la cuenca hídrica de la zona. “Cientos de miles de personas e incontable vida silvestre dependen del agua de la Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna para su supervivencia”, advirtió Haydée Rodríguez, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). El decreto que declara ANP al sitio prohíbe verter o descargar contaminantes en el suelo, subsuelo y en cualquier clase de corriente o depósito de agua, y desarrollar actividades contaminantes. Aun así, “el proyecto pretende abandonar para siempre casi 180,000 millones de kg de material potencialmente tóxico, y más de 56,000 millones de kg de jales altamente tóxicos en un dique de piedra y tierra, recubierto solo con un plástico, ubicado sobre la cabecera de la cuenca de El Carrizal, acuífero que abastece a la ciudad de La Paz”, señaló Irina Trasviña, vocera del Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida en BCS. El agua en la Sierra La Laguna, parte de la red mundial de reservas protegidas por la UNESCO, es de por sí escasa. En general las minas emplean ingentes cantidades de agua y Los Cardones no es la excepción. Por ello la empresa plantea extraer y desalar agua de la costa del Pacífico en una planta que consumirá mucha energía y pondrá en riesgo a la tortuga laúd (Dermochelys coriacea), especie en peligro de extinción. Pero la desaladora solo es una pantalla para esconder sus verdaderas intenciones, ya que la Ley Minera le autoriza a usar de manera gratuita toda el agua que surja del enorme cráter. La desaladora también afectará al acuífero y a sus usuarios porque la empresa no planea hacer una toma directa de agua de mar, sino pozos playeros. De ese modo, succionarían una enorme cantidad de agua dulce mezclada con agua de mar, según un estudio elaborado por expertos de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS). "México está pasando por alto sus obligaciones nacionales e internacionales de proteger la Sierra La Laguna. Con diferentes nombres, ésta es la cuarta vez que se propone este proyecto minero. Su Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) aún es incompleta pues no detalla cómo se manejará el drenaje ácido y otros posibles problemas que atentan contra el ambiente y las personas", añadió Rodríguez. Legisladores, ayuntamientos, organizaciones de la sociedad civil, colegios de profesionales, empresarios, científicos y representantes de diversos sectores locales se han opuesto al proyecto Los Cardones. A ellos se suman los más de 4,000 ciudadanos que solicitaron a SEMARNAT una reunión pública de información sobre el proyecto para expresar su rechazo al mismo, así como las más de 60,000 firmas pidiendo la cancelación de éste y otros mega proyectos mineros.
Leer másOrganizaciones presentan ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil escrito que demuestra la ilegalidad de la autorización que el Congreso dio a la represa Belo Monte
La autorización vulnera normas nacionales e internacionales porque las comunidades afectadas por el proyecto no fueron consultadas. La construcción de la represa avanza causando daños a personas, comunidades y al ecosistema en la Amazonía brasileña. Brasilia, Brasil. La construcción de la represa Belo Monte continúa mientras la biodiversidad y las comunidades de la zona ya sufren serios daños. Organizaciones de la sociedad civil presentaron ante el Supremo Tribunal Federal (STF) un escrito legal (amicus curiae, en portugués) que demuestra que el decreto por el cual el Congreso autorizó la controversial represa es ilegal porque el proyecto no fue consultado con las comunidades afectadas. El escrito contiene argumentos de derecho nacional e internacional sobre la protección del ambiente y los derechos humanos que respaldan la acción legal iniciada por el Ministerio Público Federal (MPF) para que el STF emita un fallo que anule el decreto del Congreso. Fue elaborado por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) en colaboración con el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (DEJUSTICIA), el Instituto Socioambiental (ISA), la Associação Indígena Yudjá Mïratu da Volta Grande do Xingu (AYMÏX) y el Conselho Indigenista Missionário (CIMI). “El proyecto Belo Monte se aprobó sin que el Estado consultara ni obtuviera el consentimiento de las comunidades indígenas y poblaciones tradicionales afectadas. Esto, junto con la degradación ambiental que comenzó con el inicio de las obras, ha puesto a las personas y comunidades de la zona en una situación de extrema vulnerabilidad”, explicó María José Veramendi Villa, abogada de AIDA. La autorización del proyecto por el Congreso violó la Constitución brasileña y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) al no haber garantizado el derecho a la consulta libre, previa e informada de las comunidades afectadas. Si bien se realizaron reuniones públicas sobre el proyecto, éstas no constituyen consultas previas porque se realizaron cuando el proyecto ya había sido aprobado. Esas reuniones se efectuaron sin que la información presentada fuera traducida a las lenguas de las poblaciones indígenas. No todos los afectados tuvieron acceso a las reuniones y quienes sí estuvieron en ellas recibieron información incompleta sobre el proyecto y la misma no les fue entregada con anticipación. Además de lo relativo al derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado, el escrito fortalece los argumentos del MPF en cuanto al derecho de acceso a la justicia. Ese derecho de las comunidades afectadas por la represa Belo Monte también fue violado. Ello ocurrió con la aplicación de la llamada “Suspensión de Seguridad”, una figura jurídica que permitió que decisiones judiciales contrarias al proyecto y favorables a la población afectada, emitidas por tribunales inferiores, fueran suspendidas bajo argumentos de protección de la seguridad y la economía públicas. “En caso de obtener una decisión favorable del STF, la obligación del Estado brasileño será doble: primero tendrá que suspender la autorización que dio para la construcción de la represa y después deberá reparar los daños que ha y está causando a las comunidades indígenas y demás poblaciones impactadas por Belo Monte”, comentó César Rodríguez Garavito, director internacional de Dejusticia. “Las poblaciones tradicionales afectadas por la represa se encuentran en una situación inaceptable en época de democracia. Existe una decisión judicial que reconoce que el derecho a la consulta previa fue violado, pero al mismo tempo hay otra decisión preliminar y provisional que garantiza que las obras continúen”, señaló Leonardo Amorim, abogado de la organización brasileña Instituto Socioambiental. “En vista de lo anterior, esa población sufre el empeoramiento de su situación de salud y la invasión de sus tierras. Esperamos que el Supremo Tribunal revierta esa situación”. Este martes, el Movimiento Xingú Vivo (MXVPS), con apoyo de diversas organizaciones, presentó un pedido de audiencia (en portugués) a la Presidencia del STF a fin de solicitar que se adopte una decisión inmediata de la presente acción legal así como de las demás acciones que cuestionan otros grandes proyectos hidroeléctricos en la Amazonía.
Leer másMás de 49,000 firmas respaldan la defensa del río San Pedro Mezquital frente al proyecto hidroeléctrico Las Cruces en Nayarit
Las firmas fueron entregadas a la SEMARNAT. Pueblos indígenas y comunidades ribereñas esperan que esa entidad niegue el permiso ambiental a un proyecto que pone en peligro su economía y cultura. Distrito Federal, México. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) recibió las más de 49,000 firmas que le piden negar el permiso ambiental para el proyecto hidroeléctrico Las Cruces en Nayarit. El proyecto es cuestionado porque amenaza la economía y la cultura de pueblos indígenas y comunidades ribereñas. De las firmas entregadas, más de 37,000 respaldan la petición ciudadana que circuló en internet a través de Change.org. Las otras 12,000 fueron recabadas de forma física entre grupos comunitarios de Nayarit. Este respaldo a la defensa del río San Pedro Mezquital, en cuyo cauce se pretende construir la hidroeléctrica, se suma a una serie de argumentos sólidos sobre la inviabilidad del proyecto. El documento que evalúa sus impactos ambientales ha sido cuestionado por expertos nacionales e internacionales. El Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) determinó, por ejemplo, que el mismo “carece de rigor”. Además, los pueblos indígenas de la zona no fueron consultados sobre el proyecto con bases en sus usos y costumbres. Otro punto en contra es la ineficiencia de la hidroeléctrica, la cual estaría sin operar el 63% de su vida útil y generaría menos del 1% de la demanda de energía de la región Centro Occidente para el 2026. El próximo 24 de junio, como cada año, los indígenas Cora celebrarán el Día de San Juan en el río San Pedro y junto a La Muxatena, importante sitio sagrado y centro ceremonial. “Ése y otros sitios serán afectados por el proyecto; nuestra vida espiritual está ligada al río”, manifestó Marcelina López, indígena mexicanera y representante del Consejo Intercomunitario del Río San Pedro. Sandra Moguel, abogada de AIDA, recordó que de ejecutarse el proyecto “la sedimentación causada por bloquear el curso natural del río dañará Marismas Nacionales, uno de los mayores sistemas de humedales de México, un sitio prioritario para la biodiversidad amparado por tratados internacionales”. “Los ingresos económicos de miles de personas —agricultores, ganaderos, pescadores, prestadores de servicios turísticos y comerciantes— dependen de que Marismas Nacionales y el río San Pedro Mezquital mantengan sus condiciones de existencia intactas”, afirmó Marcos Moreno, ostricultor de Boca de Camichín, zona ubicada en la desembocadura del río. Con la entrega de las 49,000 firmas se busca que la SEMARNAT tome una decisión favorable al ambiente y a las personas, una como la adoptada recientemente cuando rechazó el permiso ambiental para el proyecto turístico Cabo Dorado, el cual ponía en peligro el arrecife de coral Cabo Pulmo y el abastecimiento de agua de los habitantes del lugar.
Leer másOrganizaciones respaldan a defensores del arrecife veracruzano
Envían escrito con argumentos técnicos y jurídicos para apoyar la demanda contra la modificación de los límites del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV). El sitio sirve de barrera natural contra tormentas y huracanes; su protección está respaldada por obligaciones internacionales del Estado mexicano. Veracruz, México. Seis organizaciones de la sociedad civil presentaron ante un tribunal de justicia un escrito (amicus curiae) con argumentos jurídicos y técnicos para fortalecer la demanda de amparo interpuesta contra el decreto por el cual la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) modificó y redujo los límites del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV), decisión que pone en riesgo la conservación del sitio catalogado como humedal de importancia internacional. El escrito fue presentado al Juzgado Tercero de Distrito de Veracruz el pasado 25 de abril por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), la Organización de Litigio Estratégico de Derechos Humanos (Litiga OLE), SENDAS, POBLADORES, y la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA). El Sistema Arrecifal Veracruzano (SAV) fue declarado Área Natural Protegida (ANP) en 1992 para —entre otras cosas— salvaguardar la diversidad genética de las especies que alberga, asegurar el aprovechamiento racional de sus recursos y favorecer el estudio del ecosistema y su equilibrio. En 2004, fue inscrito como humedal de importancia internacional en la Lista Ramsar. En el escrito se resalta la importancia de proteger el SAV para la región y el país. “Los arrecifes de coral son barreras naturales contra grandes olas y tormentas, así ocurrió en Veracruz en 1992 con el paso del huracán Karl; proveen además abundante pesca e información valiosa para la investigación médica; permiten actividades recreativas; y ayudan a mantener la biodiversidad marina”, explicó Sandra Moguel, asesora legal de AIDA. Por otro lado, se argumenta que el decreto de modificación de los límites del PNSAV no sólo es una amenaza a la biodiversidad de la zona sino que además viola el derecho humano al ambiente sano e incumple las obligaciones internacionales que el Estado mexicano tiene de proteger ese ecosistema. “La población del lugar queda más expuesta a sufrir los impactos de huracanes y otros fenómenos climáticos pues el decreto deja por fuera del área protegida arrecifes (los de Punta Gorda y la Bahía de Vergara) que sirven de protección natural contra esos embates”, afirmó Xavier Martínez Esponda, director regional del CEMDA para el Golfo de México. Asimismo, las organizaciones sostienen en el escrito que el decreto vulnera normas nacionales y tratados internacionales. Entre ellos está la Convención para la Protección de la Flora, Fauna y las Bellezas Escénicas Naturales de América, según la cual los límites de los parques naturales sólo pueden ser modificados en los Estados Parte por autoridades legislativas y la CONANP no lo es. El decreto también infringe la Convención Ramsar porque la modificación del polígono del PNSAV, parte de los Sitios Ramsar, no siguió el procedimiento establecido por ese tratado intergubernamental para la protección de los humedales de importancia internacional. Finalmente, el escrito pone de manifiesto que el decreto de la CONANP es una medida regresiva porque va en contra de los beneficios de protección ambiental conseguidos tras la creación del área protegida en 1992. “Retrocesos como éste pueden ocasionar daños irreversibles”, sostuvo Moguel.
Leer másMinisterio de Ambiente de Colombia anuncia delimitación del páramo Santurbán, pero sin detallar todos los alcances de la medida
Estando en juego la provisión de agua de millones de personas, urge que la entidad haga públicos los detalles de la delimitación y asegure que en el ecosistema no permanecerán operaciones mineras a gran escala. Bogotá, Colombia. El Ministerio de Ambiente anunció haber decidido ya la delimitación del páramo de Santurbán, del cual depende la provisión de agua para millones de personas en el país. Al margen de algunos aspectos dados a conocer sólo a medios de comunicación, la entidad gubernamental no ha hecho públicos todos los detalles de la medida, entre ellos su extensión real, las coordenadas exactas, las operaciones mineras que permanecerán dentro del ecosistema y las que quedarán fuera. El Ministerio se limitó a informar que el área protegida fue ampliada de 11 mil a 42 mil hectáreas en el departamento de Santander. Sin embargo, según el Atlas de Páramos elaborado por el Instituto Humboldt, ese ecosistema abarca al menos 82 mil hectáreas y se extiende hasta el departamento de Norte de Santander. “No se sabe si el área delimitada cubre la superficie total del páramo, es decir, si abarca ese ecosistema en los dos departamentos; se desconocen sus coordenadas, los títulos mineros que se verían afectados y aquellos que podrían continuar siendo explotados. Tampoco sabemos si existe un borrador escrito de la decisión oficial. Esto parece incompatible con el derecho a acceder a información veraz e imparcial amparado por la Constitución colombiana”, sostuvo Carlos Lozano Acosta, de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Santurbán abastece de agua a casi dos millones de personas, principalmente en las poblaciones de Bucaramanga y Cúcuta. Además, como otros páramos, alberga diversidad de flora y fauna y, al capturar el carbono de la atmósfera, ayuda a mitigar los efectos del cambio climático. Conforme a la ley, su delimitación debe definir oficialmente y con claridad el territorio que ocupa para evitar que actividades nocivas como la minería a gran escala lo dañen irreversiblemente. Según el Ministerio, en Santurbán permanecerán aquellas empresas con título minero y licencia ambiental. La entidad señaló que la delimitación afectará sólo a 10 de 29 títulos mineros en la zona, entre ellos los de la empresa canadiense Eco Oro, pero no brindó mayores detalles al respecto. No es posible saber con precisión el alcance de la delimitación en cuanto a la continuidad de la minería en esta “fábrica de agua” sin conocer las coordenadas exactas de la misma. Eco Oro amenazó con recurrir a instancias legales para demandar al Estado colombiano si la decisión final afecta su inversión, presuntamente, con fundamento en el Acuerdo de Libre Comercio con Canadá. “Los colombianos no deben pagar a una empresa por haber invertido donde no debería y mucho menos si amenaza sus aguas. La legislación colombiana prohíbe la minería en páramos. Exigimos a Eco Oro que respete el derecho al agua de la población colombiana en lugar de proferir amenazas legales para proteger su inversión”, sostuvo Jennifer Moore, de MiningWatch. “Eco Oro no solamente viola el derecho colombiano en relación con la minería en páramos. El proyecto no es consistente con los estándares sociales y ambientales de la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), la institución que lo financia. Creemos que la investigación en curso ante la instancia independiente de reclamaciones de la IFC confirmará nuestro análisis”, aseveró por su parte Kristen Genovese, del Center for Research on Multinational Corporations (SOMO). Según el Ministerio, la delimitación no será adoptada inmediatamente y su aplicación todavía no tiene fecha. “La participación de la ciudadanía durante el proceso de delimitación no ha sido apropiado; no sabemos, por ejemplo, si el Ministerio implementó con rigor los estudios técnicos provistos por el Instituto Humboldt. Tampoco se sabe mucho sobre la metodología de la socialización”, dijo Miguel Ramos, del Comité por la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán. “No se conoce cuál será el manejo para la protección de los ecosistemas de bosque alto y medio andino o bosques de niebla, localizados entre los 2,200 y 2,600 metros. Estos son vitales para la interacción ecosistémica y la regulación hídrica. Precisamente, allí se encuentra instalada la empresa Aux Gold, que pretende realizar minería subterránea con una estrategia similar a la que quiere desarrollar la Eco Oro”, resaltaron líderes del Comité. A la fecha, más de 19 mil personas han firmado la petición para que el Gobierno colombiano proteja el agua de Santurbán con base en criterios científicos. El gobierno recibió 16 mil de esas firmas en noviembre de 2013. Organizaciones y ambientalistas también le solicitaron definir adecuadamente las fronteras del páramo. La delimitación de Santurbán marcará el camino para similar tarea en el resto de los páramos del país. Colombia posee la mitad de los páramos del mundo y de ellos depende la provisión de agua para el 85% de su población. En ese sentido, la decisión al respecto debe tomar como referente mínimo el área prevista en el Atlas de Páramos del Instituto Humboldt y en todo caso, los estudios técnicos a escala 1:25:000 de esa entidad. “Si se delimita adecuadamente el páramo de Santurbán, se creará un precedente importante para la protección de todos los páramos. Esto marcaría el camino, dando un paso más hacia el respeto del derecho al agua de los colombianos”, afirmó Carla García Zendejas, del Centro para el Derecho Ambiental Internacional (CIEL). AIDA, CIEL, el Comité por la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, MiningWatch Canadá y SOMO —como organizaciones aliadas— piden a Eco Oro abstenerse de usar amenazas legales para influenciar previamente la delimitación de Santurbán y al Gobierno de Colombia ofrecer información completa, veraz e imparcial sobre el proceso y sobre la decisión final del mismo.
Leer másAbusos judiciales en Brasil, cuestionados en el aniversario del golpe militar
Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibe información que cuestiona el uso que el Estado hace de instrumento legal de la época de la dictadura. Washington, D.C. Conmemorando el 50 aniversario del golpe militar en Brasil, representantes de la comunidad brasileña y sus defensores legales cuestionaron la administración de la presidenta Dilma Rousseff por el uso flagrante de un mecanismo legal que data de la dictadura en ese país (1964-1985) en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Los participantes de la audiencia alegaron que ese mecanismo permite que los presidentes de tribunales superiores en Brasil revoquen arbitrariamente decisiones legales que protegen el ambiente y los derechos de pueblos indígenas y ancestrales amenazados por poderosos intereses económicos. Conocida como “Suspensión de Seguridad” (“Suspensão de Segurança”), este artificio legal le permite al gobierno federal solicitar la suspensión de decisiones judiciales con base en supuestas amenazas a la seguridad nacional y al “orden social y económico” del país. El mecanismo ha sido utilizado en particular para suspender demandas que favorecen el derecho de los pueblos indígenas a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado; lo que ha permitido que proyectos controversiales como la represa hidroeléctrica Belo Monte continúen pese a que violan la Constitución brasileña y convenios internacionales. Las decisiones basadas en la “Suspensión de Seguridad” no pueden ser apeladas hasta la fase final de apelaciones en la corte, bloqueando efectivamente el debido proceso legal y allanando el camino para que megaproyectos controversiales avancen como hecho consumado. El líder indígena Josias Munduruku, representante de una de las tribus más grandes que aún quedan en la Amazonía, viajó a la audiencia para denunciar los planes de Brasil para construir un complejo de proyectos de megarepresas en el río Tapajós y sus afluentes, el cual amenaza con traer impactos devastadores a sus tierras y sustento. “Estamos sufriendo las consecuencias de las represas que se están construyendo en cinco de nuestros ríos”, dijo Josias. “Los fiscales federales presentaron una demanda para detener las represas en el Tapajós, pero el gobierno anuló la decisión del tribunal utilizando la Suspensión de Seguridad, permitiendo que los proyectos continúen a pesar de que no fuimos consultados.” La jueza federal Célia Bernardes reflejó estas preocupaciones al hablar en nombre de la Asociación Jueces para la Democracia, cuya decisión sobre la ausencia de consultas previas a los Munduruku y a otros pueblos indígenas fue anulada por la “Suspensión de Seguridad”, lo que posibilitó que los polémicos proyectos de represas avancen en violación de la ley. Durante la audiencia, representantes del Gobierno brasileño argumentaron que la Suspensión de Seguridad ha sido usada sólo para defender el interés público, incluyendo el de los pueblos indígenas. Sin embargo, no se hizo mención de los casos específicos planteados por los delegados. La jueza Célia Bernardes contrarrestó el argumento del gobierno al afirmar que “la Suspensión de Seguridad se diferencia de otras herramientas legales ya que permite que el presidente de un tribunal regional anule sentencias basándose exclusivamente en argumentos políticos y económicos, sin considerar opiniones judiciales.” “Al emplear criterios amplios y subjetivos, la Suspensión de Seguridad viola la Convención Americana sobre Derechos Humanos y destruye cualquier posibilidad para la protección efectiva de los derechos humanos en el sistema judicial brasileño”, dijo Alexandre Andrade Sampaio, abogado de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). “La Suspensión de Seguridad es una violación flagrante a los derechos al debido proceso y al acceso a la justicia, establecidos en los artículos 8 y 25 de la Convención.” “La Suspensión de Seguridad es un remanente terrible de la dictadura militar en Brasil que impide al poder judicial actuar de manera independiente e imparcial”, afirmó Eduardo Baker, abogado de Justiça Global. “Cuando se trata de megaproyectos directamente vinculados a una política estatal para el crecimiento económico, el sistema judicial brasileño ha sido utilizado para negar, o simplemente pasar por alto, los derechos de las poblaciones afectadas.” La audiencia ante la CIDH de la Organización de Estados Americanos hace eco de otra denuncia oficial, hecha el 10 de marzo en el 25º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, sobre el uso sistemático que el Gobierno brasileño hace de este instrumento jurídico en detrimento de las comunidades afectadas por megaproyectos. La audiencia fue solicitada por las organizaciones Justiça Global, Justiça Nos Trilhos, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), International Rivers, Terra de Direitos y la Sociedad Paraense de Defensa de los Derechos Humanos (SDDH). Descargue el documento de la sociedad civil presentado en la audiencia (en portugués). Vea el video de la audiencia (español/portugués).
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