Prensa

Abril 06 2014 Fuentes de Agua Dulce, Contaminación Tóxica

Ministerio de Ambiente de Colombia anuncia delimitación del páramo Santurbán, pero sin detallar todos los alcances de la medida

Estando en juego la provisión de agua de millones de personas, urge que la entidad haga públicos los detalles de la delimitación y asegure que en el ecosistema no permanecerán operaciones mineras a gran escala. Bogotá, Colombia. El Ministerio de Ambiente anunció haber decidido ya la delimitación del páramo de Santurbán, del cual depende la provisión de agua para millones de personas en el país. Al margen de algunos aspectos dados a conocer sólo a medios de comunicación, la entidad gubernamental no ha hecho públicos todos los detalles de la medida, entre ellos su extensión real, las coordenadas exactas, las operaciones mineras que permanecerán dentro del ecosistema y las que quedarán fuera. El Ministerio se limitó a informar que el área protegida fue ampliada de 11 mil a 42 mil hectáreas en el departamento de Santander. Sin embargo, según el Atlas de Páramos elaborado por el Instituto Humboldt, ese ecosistema abarca al menos 82 mil hectáreas y se extiende hasta el departamento de Norte de Santander. “No se sabe si el área delimitada cubre la superficie total del páramo, es decir, si abarca ese ecosistema en los dos departamentos; se desconocen sus coordenadas, los títulos mineros que se verían afectados y aquellos que podrían continuar siendo explotados. Tampoco sabemos si existe un borrador escrito de la decisión oficial. Esto parece incompatible con el derecho a acceder a información veraz e imparcial amparado por la Constitución colombiana”, sostuvo Carlos Lozano Acosta, de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Santurbán abastece de agua a casi dos millones de personas, principalmente en las poblaciones de Bucaramanga y Cúcuta. Además, como otros páramos, alberga diversidad de flora y fauna y, al capturar el carbono de la atmósfera, ayuda a mitigar los efectos del cambio climático. Conforme a la ley, su delimitación debe definir oficialmente y con claridad el territorio que ocupa para evitar que actividades nocivas como la minería a gran escala lo dañen irreversiblemente. Según el Ministerio, en Santurbán permanecerán aquellas empresas con título minero y licencia ambiental. La entidad señaló que la delimitación afectará sólo a 10 de 29 títulos mineros en la zona, entre ellos los de la empresa canadiense Eco Oro, pero no brindó mayores detalles al respecto. No es posible saber con precisión el alcance de la delimitación en cuanto a la continuidad de la minería en esta “fábrica de agua” sin conocer las coordenadas exactas de la misma. Eco Oro amenazó con recurrir a instancias legales para demandar al Estado colombiano si la decisión final afecta su inversión, presuntamente, con fundamento en el Acuerdo de Libre Comercio con Canadá. “Los colombianos no deben pagar a una empresa por haber invertido donde no debería y mucho menos si amenaza sus aguas. La legislación colombiana prohíbe la minería en páramos. Exigimos a Eco Oro que respete el derecho al agua de la población colombiana en lugar de proferir amenazas legales para proteger su inversión”, sostuvo Jennifer Moore, de MiningWatch. “Eco Oro no solamente viola el derecho colombiano en relación con la minería en páramos. El proyecto no es consistente con los estándares sociales y ambientales de la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), la institución que lo financia. Creemos que la investigación en curso ante la instancia independiente de reclamaciones de la IFC confirmará nuestro análisis”, aseveró por su parte Kristen Genovese, del Center for Research on Multinational Corporations (SOMO). Según el Ministerio, la delimitación no será adoptada inmediatamente y su aplicación todavía no tiene fecha. “La participación de la ciudadanía durante el proceso de delimitación no ha sido apropiado; no sabemos, por ejemplo, si el Ministerio implementó con rigor los estudios técnicos provistos por el Instituto Humboldt. Tampoco se sabe mucho sobre la metodología de la socialización”, dijo Miguel Ramos, del Comité por la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán. “No se conoce cuál será el manejo para la protección de los ecosistemas de bosque alto y medio andino o bosques de niebla, localizados entre los 2,200 y 2,600 metros. Estos son vitales para la interacción ecosistémica y la regulación hídrica. Precisamente, allí se encuentra instalada la empresa Aux Gold, que pretende realizar minería subterránea con una estrategia similar a la que quiere desarrollar la Eco Oro”, resaltaron líderes del Comité. A la fecha, más de 19 mil personas han firmado la petición para que el Gobierno colombiano proteja el agua de Santurbán con base en criterios científicos. El gobierno recibió 16 mil de esas firmas en noviembre de 2013. Organizaciones y ambientalistas también le solicitaron definir adecuadamente las fronteras del páramo. La delimitación de Santurbán marcará el camino para similar tarea en el resto de los páramos del país. Colombia posee la mitad de los páramos del mundo y de ellos depende la provisión de agua para el 85% de su población. En ese sentido, la decisión al respecto debe tomar como referente mínimo el área prevista en el Atlas de Páramos del Instituto Humboldt y en todo caso, los estudios técnicos a escala 1:25:000 de esa entidad. “Si se delimita adecuadamente el páramo de Santurbán, se creará un precedente importante para la protección de todos los páramos. Esto marcaría el camino, dando un paso más hacia el respeto del derecho al agua de los colombianos”, afirmó Carla García Zendejas, del Centro para el Derecho Ambiental Internacional (CIEL). AIDA, CIEL, el Comité por la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, MiningWatch Canadá y SOMO —como organizaciones aliadas— piden a Eco Oro abstenerse de usar amenazas legales para influenciar previamente la delimitación de Santurbán y al Gobierno de Colombia ofrecer información completa, veraz e imparcial sobre el proceso y sobre la decisión final del mismo.

Marzo 25 2014

Abusos judiciales en Brasil, cuestionados en el aniversario del golpe militar

Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibe información que cuestiona el uso que el Estado hace de instrumento legal de la época de la dictadura. Washington, D.C. Conmemorando el 50 aniversario del golpe militar en Brasil, representantes de la comunidad brasileña y sus defensores legales cuestionaron la administración de la presidenta Dilma Rousseff por el uso flagrante de un mecanismo legal que data de la dictadura en ese país (1964-1985) en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Los participantes de la audiencia alegaron que ese mecanismo permite que los presidentes de tribunales superiores en Brasil revoquen arbitrariamente decisiones legales que protegen el ambiente y los derechos de pueblos indígenas y ancestrales amenazados por poderosos intereses económicos. Conocida como “Suspensión de Seguridad” (“Suspensão de Segurança”), este artificio legal le permite al gobierno federal solicitar la suspensión de decisiones judiciales con base en supuestas amenazas a la seguridad nacional y al “orden social y económico” del país. El mecanismo ha sido utilizado en particular para suspender demandas que favorecen el derecho de los pueblos indígenas a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado; lo que ha permitido que proyectos controversiales como la represa hidroeléctrica Belo Monte continúen pese a que violan la Constitución brasileña y convenios internacionales. Las decisiones basadas en la “Suspensión de Seguridad” no pueden ser apeladas hasta la fase final de apelaciones en la corte, bloqueando efectivamente el debido proceso legal y allanando el camino para que megaproyectos controversiales avancen como hecho consumado. El líder indígena Josias Munduruku, representante de una de las tribus más grandes que aún quedan en la Amazonía, viajó a la audiencia para denunciar los planes de Brasil para construir un complejo de proyectos de megarepresas en el río Tapajós y sus afluentes, el cual amenaza con traer impactos devastadores a sus tierras y sustento. “Estamos sufriendo las consecuencias de las represas que se están construyendo en cinco de nuestros ríos”, dijo Josias. “Los fiscales federales presentaron una demanda para detener las represas en el Tapajós, pero el gobierno anuló la decisión del tribunal utilizando la Suspensión de Seguridad, permitiendo que los proyectos continúen a pesar de que no fuimos consultados.” La jueza federal Célia Bernardes reflejó estas preocupaciones al hablar en nombre de la Asociación Jueces para la Democracia, cuya decisión sobre la ausencia de consultas previas a los Munduruku y a otros pueblos indígenas fue anulada por la “Suspensión de Seguridad”, lo que posibilitó que los polémicos proyectos de represas avancen en violación de la ley. Durante la audiencia, representantes del Gobierno brasileño argumentaron que la Suspensión de Seguridad ha sido usada sólo para defender el interés público, incluyendo el de los pueblos indígenas. Sin embargo, no se hizo mención de los casos específicos planteados por los delegados. La jueza Célia Bernardes contrarrestó el argumento del gobierno al afirmar que “la Suspensión de Seguridad se diferencia de otras herramientas legales ya que permite que el presidente de un tribunal regional anule sentencias basándose exclusivamente en argumentos políticos y económicos, sin considerar opiniones judiciales.” “Al emplear criterios amplios y subjetivos, la Suspensión de Seguridad viola la Convención Americana sobre Derechos Humanos y destruye cualquier posibilidad para la protección efectiva de los derechos humanos en el sistema judicial brasileño”, dijo Alexandre Andrade Sampaio, abogado de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). “La Suspensión de Seguridad es una violación flagrante a los derechos al debido proceso y al acceso a la justicia, establecidos en los artículos 8 y 25 de la Convención.” “La Suspensión de Seguridad es un remanente terrible de la dictadura militar en Brasil que impide al poder judicial actuar de manera independiente e imparcial”, afirmó Eduardo Baker, abogado de Justiça Global. “Cuando se trata de megaproyectos directamente vinculados a una política estatal para el crecimiento económico, el sistema judicial brasileño ha sido utilizado para negar, o simplemente pasar por alto, los derechos de las poblaciones afectadas.” La audiencia ante la CIDH de la Organización de Estados Americanos hace eco de otra denuncia oficial, hecha el 10 de marzo en el 25º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, sobre el uso sistemático que el Gobierno brasileño hace de este instrumento jurídico en detrimento de las comunidades afectadas por megaproyectos. La audiencia fue solicitada por las organizaciones Justiça Global, Justiça Nos Trilhos, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), International Rivers, Terra de Direitos y la Sociedad Paraense de Defensa de los Derechos Humanos (SDDH). Descargue el documento de la sociedad civil presentado en la audiencia (en portugués). Vea el video de la audiencia (español/portugués).

Marzo 11 2014 Grandes Represas, Derechos Indígenas, Fuentes de Agua Dulce

Organizaciones alertan a Naciones Unidas sobre violaciones a derechos humanos de construirse la hidroeléctrica Las Cruces en Nayarit, México

Piden a Relatores Especiales de la ONU exhortar al Estado mexicano a garantizar los derechos de los pueblos indígenas y comunidades ribereñas afectadas por el proyecto. Distrito Federal, México. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) envío una alerta urgente a los Relatores Especiales de Naciones Unidas sobre una vivienda adecuada, sobre los derechos de los pueblos indígenas, sobre el derecho a la alimentación, sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento, y sobre la extrema pobreza y los derechos humanos; y al Experto independiente sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible por la inminente violación a los derechos humanos que la construcción de la hidroeléctrica Las Cruces implica para las comunidades ribereñas y para los pueblos indígenas Cora, Tepehuano, Huichol y Mexicanero asentados a lo largo de la cuenca del río San Pedro Mezquital en el estado de Nayarit. Esta acción fue presentada en representación de los distintos sectores económicos, organizaciones ambientales y comunitarias de la región afectada por el proyecto: el Consejo Intercomunitario del Río San Pedro, el Consejo Indígena Náyeri, la Federación Ribereña de Nayarit, Nuiwari, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), el Grupo Ecológico Manglar, SuMar y representantes de la localidad Boca de Camichín. En la alerta se solicita a los Relatores Especiales instar al Estado mexicano “a garantizar los derechos a la información y la participación, consulta y consentimiento, a la alimentación, al agua potable y saneamiento y al disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible de los pueblos indígenas y comunidades ribereñas del río San Pedro Mezquital”. Se les pide además visitar el sitio donde se prevé construir la hidroeléctrica para que conozcan “de primera mano” las afectaciones que el proyecto ocasionará en el ambiente y los derechos humanos. La afectación al territorio indígena, en su mayoría Cora, el desalojo forzoso de sus habitantes y los daños a sus sitios sagrados implican la inminente violación de los derechos humanos a la vivienda adecuada, al agua y a los medios de subsistencia, así como a la cultura y a la educación. “Nuestras tierras y recursos naturales son los aspectos más importantes de nuestra cultura; todos los días tememos que inunden o afecten nuestros sitios sagrados", dijo Julián López Cánare, coordinador del Consejo Indígena Náyeri y miembro del Consejo Intercomunitario del Río San Pedro. Por su parte, Ernesto Bolado, director de SuMar, señaló que la acción presentada ante la ONU resalta el hecho de que los miembros de las comunidades Cora, Huichol, Tepehuana y Mexicanera nunca fueron consultados en los términos que establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Y el consentimiento para el cambio de uso de suelo y expropiación de sus tierras fue solicitado a las asambleas comunales bajo engaños, condicionamiento de apoyos gubernamentales y hasta la intimidación. La Comisión Federal de Electricidad propone construir y operar la hidroeléctrica Las Cruces sobre el río San Pedro Mezquital, 65 kilómetros al norte de la ciudad de Tepic, Nayarit, con una capacidad proyectada de 240MW generada por tres turbinas y con una cortina de 188 metros de alto en una superficie de 5,349 hectáreas. El proyecto operará de manera regular sólo cuatro meses al año, y cubrirá el 0.9 % de la demanda energética del Centro Occidente de México para el 2026, apenas el 0.28% del total de la capacidad instalada en el país[1]. “La acción urgente es una solicitud para que los Relatores de Naciones Unidas realicen una investigación sobre los hechos que afectan el goce efectivo de los derechos humanos de las personas y comunidades que serán afectadas por el proyecto hidroeléctrico”, precisó Sandra Moguel, abogada de AIDA. El estudio de impacto ambiental de la hidroeléctrica Las Cruces reconoce que a raíz del proyecto la agricultura prácticamente de subsistencia y la ganadería en pequeña escala serían sustituidas por la pesca dentro del embalse. “Es impensable convertir agricultores de subsistencia en pescadores o en operadores turísticos”, afirmó Marcos Moreno, ostricultor de Boca de Camichín e integrante del Consejo Intercomunitario del río San Pedro. Consulte la alerta enviada a los Relatores Especiales de la ONU.

Febrero 21 2014 Fracking, Derechos Indígenas

Lideresa indígena condena violaciones de derechos por parte de Brasil ante las Naciones Unidas

Ponentes destacan violaciones derivadas de la construcción de represas en la Amazonía en el Consejo de Derechos Humanos. Ginebra, Suiza. En un innovador evento realizado durante el 25º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, la Coordinadora Nacional de la Asociación de Pueblos Indígenas del Brasil (APIB), Sônia Guajajara, denunció la alarmante indiferencia del Gobierno brasileño frente a los derechos de los pueblos indígenas, al mismo tiempo que se apresura en promover una ola de construcción de grandes represas sin precedentes en la cuenca del Amazonas con efectos devastadores sobre sus territorios y medios de vida. En su testimonio, Guajajara afirmó que la violación del derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa con relación a los planes de construcción de represas del gobierno federal, ha sentado un precedente problemático para el Estado de Derecho y el futuro de los pueblos indígenas de Brasil. En el evento paralelo denominado “El derecho a la consulta de los pueblos indígenas frente a proyectos de grandes represas en Brasil”, también participó el abogado brasileño de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Alexandre Andrade Sampaio, quien criticó el uso del mecanismo legal conocido como “Suspensión de Seguridad” (Suspensão de Segurança), el cual permite a los administradores de justicia, por solicitud del gobierno, suspender indefinidamente decisiones en favor de los derechos de los pueblos indígenas. Entre los usos más escandalosos de este artificio legal que originalmente fue creado durante la dictadura militar, es la suspensión de decisiones judiciales que declaran la ilegalidad de grandes proyectos hidroeléctricos, como Belo Monte, donde el gobierno federal ha fallado en garantizar los derechos de los pueblos indígenas a la consulta previa, tal como lo estipula la Constitución brasileña. De acuerdo con Sampaio, la Suspensión de Seguridad también constituye un obstáculo para que Brasil cumpla efectivamente con sus obligaciones internacionales en materia de consulta y consentimiento libre, previo e informado, incluyendo el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por el Congreso brasileño en 2002, y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007. “La alianza entre intereses económicos y poder político representa una fuerte crisis para la implementación de los derechos de los pueblos indígenas en el Brasil de hoy en día”, dijo Guajajara. “Sin embargo, incluso si el gobierno negara nuestros derechos, no puede negar su responsabilidad frente a este Convenio”. “La Suspensión de Seguridad viola derechos humanos. Las mismas personas que pueden desestimarla son aquellas que se benefician de su existencia”, señaló Sampaio. “Por eso es importante que la comunidad internacional centre su atención en este asunto e inste al Gobierno brasileño a adoptar medidas efectivas que conduzcan al respeto de los derechos humanos”. Declaraciones conjuntas fueron remitidas a la Asamblea General de las Naciones Unidas por parte de una coalición de organizaciones brasileñas e internacionales, incluyendo la ONG francesa France Libertés. Al discutir las crecientes amenazas a los derechos de los pueblos indígenas, esos documentos destacan que el Gobierno brasileño planea construir un complejo masivo de más de 29 grandes represas a lo largo del río amazónico Tapajós y de sus afluentes en los próximos diez años. Menos conocido que el controversial proyecto Belo Monte en el río vecino Xingú, el complejo Tapajós provocaría la inundación y consecuencias devastadoras para pueblos indígenas y otras comunidades tradicionales tanto río arriba como abajo de las represas planeadas, incluyendo la eliminación de peces migratorios que constituyen la base de la dieta de las comunidades y de las economías locales. La prisa del gobierno federal para construir la serie de grandes represas en la región del Tapajós sin llevar a cabo consultas previas con los pueblos indígenas, ha ocasionado crecientes protestas por parte de tribus locales, tales como los Mundurukú, Kayabi and Apiaká. “Estamos presenciando la repetición de una oscura historia en los ríos del Amazonas donde la tragedia de Belo Monte amenaza con reproducirse en el Tapajós”, dijo Christian Poirier de Amazon Watch. “Mientras el Gobierno brasileño afirma respetar a sus pueblos indígenas, en realidad está trabajando por desmantelar sus derechos para poner sus tierras y ríos a disposición de la explotación sin restricciones”. Antes del evento paralelo, delegados se reunieron con la Embajadora de la Misión Permanente de Brasil ante las Naciones Unidas, Regina Dunlop, con el fin de presentar sus preocupaciones. Mientras que la Embajadora afirmó que dicha información sería más relevante si se presentara a los representantes del gobierno en Brasilia, Guajajara y Sampaio respondieron que estas críticas son ignoradas frecuentemente por tomadores de decisiones gubernamentales hasta que los problemas son expuestos en foros internacionales como las Naciones Unidas. “La reputación de Brasil está en juego ante este escenario internacional”, señaló Sônia Guajajara. “Estamos aquí para dar visibilidad al inaceptable perjuicio y a la discriminación sufrida por los pueblos indígenas y para exigir que se detenga”. El evento paralelo en Ginebra fue organizado por France Liberté (Fundación Danielle Mitterand) con el apoyo de Amazon Watch e International Rivers.

Febrero 12 2014 Derechos Humanos, Derechos Indígenas

Organizaciones hacen un llamamiento a las Naciones Unidas a fin de detener el inminente desalojo forzoso de familias indígenas Ngöbe

Acción urgente busca detener el desalojo de una comunidad indígena en Panamá. Panamá, Washington D.C., San Francisco, Lima. Organizaciones ambientales y de derechos humanos presentaron una acción urgente ante Relatores Especiales de la Organización de las Naciones Unidas en representación de miembros de la comunidad indígena Ngöbe, quienes enfrentan el inminente desalojo forzoso de sus tierras a causa de la implementación del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco al oeste de Panamá. Este desalojo desplazaría a las comunidades Ngöbe de su tierra, la cual constituye su principal fuente de alimento, agua y medios de subsistencia, así como de su cultura. La acción urgente, presentada por la organización Ngöbe Movimiento 10 de Abril para la Defensa del Río Tabasará (M10) y tres ONG internacionales -la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Centro para el Derecho Ambiental Internacional (CIEL), y Earthjustice-, solicita a los Relatores Especiales hacer un llamado al Estado de Panamá para que detenga los procesos de desalojo y la construcción de la represa hasta cumplir con sus obligaciones internacionales. Dado que el proyecto es financiado por los Bancos de Desarrollo alemán y holandés (DEG and FMO, respectivamente), así como por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), las organizaciones instaron a los Relatores Especiales a requerir a Alemania, Holanda y a los países miembros del BCIE, que suspendan el financiamiento hasta que cada país tome medidas para reparar y prevenir violaciones de derechos humanos adicionales en perjuicio del pueblo Ngöbe. Los desalojos forzosos de los Ngöbe son la más reciente amenaza derivada del proyecto Barro Blanco. Éstos implican la inminente violación de sus derechos humanos a la vivienda adecuada, a la propiedad, al consentimiento libre, previo e informado, a la alimentación, al agua y a los medios de subsistencia, así como a la cultura y a la educación. "Nuestras tierras y recursos naturales son los aspectos más importantes de nuestra cultura. Todos los días tememos ser desplazados de nuestro hogar", dijo Weni Bagama del M10. Esta acción resalta el hecho de que los miembros de la comunidad Ngöbe nunca fueron consultados ni otorgaron su consentimiento para abandonar sus tierras. "Panamá debe respetar los derechos del pueblo indígena Ngöbe y abstenerse de llevar a cabo el desalojo. Ejecutar estos desasolojos forzosos constituiría una violación del derecho internacional de los derechos humanos", señaló María José Veramendi Villa de AIDA. Asimismo, un punto central de la acción es el rol de los gobiernos cuyos bancos financian la represa. "De acuerdo al derecho internacional, los Estados deben asegurar que su bancos de desarrollo no financien proyectos que violen derechos humanos, incluso extraterritorialmente. Llevar a cabo los desalojos forzosos de los Ngöbe sin su consentimiento es una razón suficiente para suspender el financiamiento de este proyecto", manifestó Abby Rubinson de Earthjustice. El registro del proyecto Barro Blanco bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kyoto (MDL) es otro punto de preocupación. "La omisión de Panamá de proteger a los Ngöbe de ser desplazados forzosamente de sus tierras sin su consentimiento arroja serias dudas sobre la capacidad del MDL para asegurar el respeto de los derechos humanos de acuerdo al derecho internacional", dijo Alyssa Johl de CIEL. "Los proyectos del MDL deben ser diseñados e implementados de tal forma que respeten las obligaciones en materia de derechos humanos".

Febrero 11 2014

Científicos piden a organismo internacional investigar autorización de proyectos turísticos en el Golfo de California

En una carta a la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA), expresan su preocupación por la aprobación de mega resorts que podrían dañar ecosistemas costeros de la zona. Ciudad de México, México. Veintisiete científicos destacados de México, Estados Unidos y Costa Rica enviaron una carta a la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) para solicitar una investigación exhaustiva por la falta de aplicación de la legislación ambiental mexicana en la aprobación de proyectos turísticos masivos en ecosistemas costeros del Golfo de California. Expertos como la Dr. Sylvia A. Earle del National Geographic Society Explorer, el Dr. Exequiel Ezcurra del Instituto para México y Estados Unidos de la Universidad de California, el Dr. Octavio Aburto-Oropeza y el Dr. Jeremy Jackson del Instituto de Oceanografía del Scripps, y el Dr. Héctor Reyes Bonilla de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, entre otros, señalan en la carta que se ha detectado “una tendencia preocupante en el Golfo de California, donde se autorizaron proyectos que ignoraban información científica importante o, en algunos casos, se basaban en datos incorrectos”. “Se necesita mayor claridad y transparencia sobre cómo proyectos de tan alto riesgo lograron su autorización, y cómo fueron ponderados o no los argumentos proporcionados por revisores independientes, científicos y los ciudadanos en general”, explicó Aburto-Oropeza. “Esperamos que la CCA interceda por el sector científico ante la SEMARNAT (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales), para lograr que los funcionarios de esa dependencia dictaminen estos proyectos tomando en cuenta nuestra experiencia técnica y científica, como marca la ley, para evitar escenarios futuros donde los ecosistemas sean degradados y las comunidades que dependen de ellos resulten económicamente afectadas”. En la carta, dirigida a los máximos representantes de la CCA —el Secretario de Medio Ambiente de México, Juan José Guerra Abud, la Administradora de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos, Gina McCarthy, y la Ministra de Ambiente de Canadá, Leona Aglukkaq— los académicos expresan su preocupación por que los mega resorts podrían degradar los irremplazables manglares y arrecifes rocosos y de coral de la zona, y afectar su rica biodiversidad marina. Se muestran alarmados porque los proyectos fueron aprobados “a pesar de estar basados en evaluaciones de impacto ambiental deficientes o incompletas, que ignoraban o subestimaban los riesgos al hábitat marino y a especies altamente vulnerables", dijo Reyes Bonilla, quien ha estudiado extensivamente los ecosistemas marinos de la región, principalmente Cabo Pulmo. La CCA evalúa actualmente una petición ciudadana, presentada en abril de 2013 por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y Earthjustice a nombre de 11 organizaciones locales e internacionales, que denuncia la falta de aplicación efectiva de la legislación mexicana en materia de protección ambiental y tratados internacionales en los permisos otorgados a cuatro proyectos turísticos, los mismos a los que los expertos en ciencias marinas hacen referencia. El Gobierno mexicano debe responder formalmente a la petición durante este mes de febrero. Los proyectos en cuestión son Entre Mares y Paraíso del Mar en la Bahía de La Paz, aprobados pese a los riesgos que implican para especies marinas como el tiburón ballena y los delfines; Cabo Cortés, que amenazaba el arrecife de coral del Parque Nacional Cabo Pulmo, reconocido como “humedal de importancia internacional” y Patrimonio de la Humanidad; y Playa Espíritu, adyacente a la reserva de Marismas Nacionales y avalado a pesar de amenazar extensos bosques de manglar que albergan a más de 280 especies de aves migratorias y residentes. Descargue la carta en el siguiente enlace.

Enero 13 2014

Ratifican la legalidad del área protegida Humedal Bahía de Panamá

Con base en argumentos de derecho internacional, la Corte Suprema de Justicia de Panamá emitió un fallo en ese sentido y garantizó la protección de un ecosistema vital para los recursos marinos y costeros del país. Ciudad de Panamá, Panamá. En un fallo reciente y con base en argumentos de derecho internacional, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia de Panamá confirmó la legalidad de la resolución por la que la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) declara área protegida al Humedal Bahía de Panamá dentro de la categoría de Refugio de Vida Silvestre. La sentencia, emitida el pasado 23 de diciembre, establece que la resolución de la ANAM “no es ilegal”, rechazando así la demanda de nulidad presentada por un particular. El Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), AIDA y la Fundación MarViva aportaron argumentos legales en favor de la declaratoria, enfatizando las severas consecuencias de su anulación para el ambiente y el ordenamiento jurídico. El Humedal Bahía de Panamá es uno de los sitios de anidación y descanso más importantes del mundo para aves migratorias y hogar de especies amenazadas. Sus manglares ayudan a combatir el cambio climático al capturar el carbono de la atmósfera y, a mitigar sus efectos, al ser amortiguamiento costero frente a huracanes y tormentas. La sentencia rescata argumentos de derecho internacional presentados por AIDA en un caso anterior. La Corte enfatiza la obligación del Estado panameño de proteger la Bahía con su adhesión a la Convención Ramsar, tratado internacional para la protección de humedales y bajo el cual el sitio es considerado “humedal de importancia internacional”. “Esta sentencia sienta un precedente al otorgarle a la Convención Ramsar un lugar central en el análisis del caso y darle prioridad al deber del Estado de proteger y asegurar un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado”, aseguró Sandra Moguel, asesora legal de AIDA. Asimismo, el fallo “reconoce que la resolución de la ANAM es legal y que el ordenamiento jurídico sería lesionado con la adopción de una medida que retrotraiga los efectos de protección al humedal hasta ahora logrados”, indicó Nikolás Sánchez, gerente de Incidencia Política de MarViva en Panamá. Por su parte, Antonio Chang, abogado de CIAM, considera que “la sentencia es clara al resaltar el valor jurídico del humedal como Sitio Ramsar y cerrar cualquier discusión sobre ese tema en el futuro.” En abril de 2013, la Corte había levantado la suspensión temporal de la resolución y, con esta última decisión, reafirma la condición del Humedal Bahía de Panamá como área protegida, creando así un importante precedente legal para su protección. AIDA, CIAM y MarViva aplauden el gran aporte de la Corte Suprema de Justicia de Panamá a la defensa ambiental en ese país y en la región.

Diciembre 12 2013 Arrecifes de coral, Océanos

Peligra el Sistema Arrecifal Veracruzano por incumplimiento de compromisos internacionales por parte del Gobierno mexicano

Organizaciones denuncian el hecho ante la Convención Ramsar, tratado internacional para la protección de humedales. Al modificar los límites del Parque Nacional, el gobierno federal busca ampliar el puerto de Veracruz. Distrito Federal, México. Organizaciones de la sociedad civil denunciaron ante instancias internacionales la intención del gobierno mexicano de modificar los límites del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV) para así ampliar el puerto de Veracruz. Ello es una violación a sus compromisos de conservar y proteger un humedal de importancia mundial. El pasado 19 de diciembre, con motivo de la autorización del proyecto de ampliación por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) —con apoyo de la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA), Pobladores A.C., Senderos y Encuentros para un Desarrollo Autónomo Sustentable (SENDAS), Litiga OLE, Pronatura Veracruz y el doctor e investigador Leonardo Ortíz Lozano—, presentaron al Secretariado de la Convención Ramsar un reporte sobre el incumplimiento del gobierno federal de ese tratado internacional. El Sistema Arrecifal Veracruzano fue declarado Área Natural Protegida (ANP) en 1992 con el objetivo de proteger el derecho humano al medio ambiente sano y, en 2004, fue inscrito como humedal de importancia internacional en la Lista Ramsar. Si bien el Estado mexicano puede modificar los límites de los sitios que inscribe en la Lista Ramsar, esto tiene que hacerse conforme a las causales y procedimientos determinados en la Convención Ramsar. Sin embargo, el gobierno federal pretende modificar el área del PNSAV contradiciendo sus propios actos y actuando en contravención del principio de legalidad [1]. De acuerdo con la información pública obtenida de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) [2], la causal por la cual el gobierno mexicano decidió modificar los límites del PNSAV es la llamada cláusula de “error”, contenida en la Resolución VIII.22, la cual sólo puede invocarse por cambios en las características ecológicas resultantes de procesos que han degradando parte del humedal. Sin embargo, hasta ahora el gobierno federal no ha probado científicamente que se hayan modificado las características ecológicas en detrimento del humedal. Es cuestionable que la Conanp haya decidido notificar el supuesto error al Secretariado Ramsar cuando la Semarnat estaba en vísperas de autorizar la ampliación del puerto de Veracruz. El otro camino legal para modificar los límites de los sitios Ramsar es la de "motivos urgentes de interés nacional", contenido en la Resolución VIII.20, la cual implica una evaluación ambiental previa y una consulta a todos los interesados directos, algo que hasta el momento no ha ocurrido. “El gobierno federal está determinado a modificar la poligonal del PNSAV de manera ilegal toda vez que no le es jurídicamente posible proceder según los procedimientos establecidos por la Convención Ramsar”, señaló Sandra Moguel, asesora legal de AIDA. Añadió que “la modificación del polígono del PNSAV y la autorización de impacto ambiental del proyecto de ampliación del puerto de Veracruz, son decisiones unilaterales del gobierno federal en las que los argumentos de la ciudadanía no fueron tomados en cuenta.” En resumidas cuentas, el gobierno mexicano viola la Convención Ramsar, situación que implica la transgresión de sus obligaciones internacionales sobre la conservación de un humedal de importancia internacional. De consumarse la modificación al PNSAV, el gobierno mexicano habrá lesionado el derecho al medio ambiente sano de los mexicanos en general y de los veracruzanos en particular. Por lo anterior, entre otras cosas, las organizaciones solicitaron al Secretariado de la Convención Ramsar que considere inaceptable la reducción de los límites del PNSAV, y que la posible modificación se debata en la próxima Conferencia de las Partes que tendrá lugar en Uruguay en 2015. Notas del editor: 1.- De acuerdo con este principio general del derecho, la autoridad sólo puede hacer aquello que le está expresamente mandado por la Ley. 2.- Solicitud de información 1615100033713.

Noviembre 21 2013

Gobierno de México debe rendir cuentas ante organismo internacional por la autorización de infraestructura turística en el Golfo de California

La Comisión de Cooperación Ambiental (CCA) pide que, hasta el 8 de enero de 2014, autoridades mexicanas respondan a la denuncia sobre incumplimiento de la legislación ambiental en los permisos otorgados a cuatro mega resorts. Distrito Federal, México. La Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) pide una explicación del Gobierno mexicano por la autorización de proyectos turísticos en el Golfo de California. El organismo internacional, establecido bajo el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, tomó esa determinación tras la petición ciudadana presentada por organizaciones de México y Estados Unidos[i], quienes denunciaron la violación sistemática de la legislación ambiental mexicana en los permisos otorgados a cuatro mega resorts que ponen en riesgo ecosistemas frágiles: humedales, manglares y arrecifes de coral. La petición[ii] fue presentada a la CCA en abril por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y Earthjustice a nombre de 11 organizaciones locales e internacionales. En ella se presentan cuatro proyectos como ejemplo de la actuación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) de México al avalar infraestructura turística masiva en el Golfo de California pese a que viola las normas sobre evaluación de impacto ambiental, protección de especies en peligro y conservación de ecosistemas costeros. El Secretariado de la CCA dispuso que el Gobierno de México debe dar, hasta el 8 de enero de 2014, una respuesta sobre los permisos otorgados, abordando específicamente los siguientes aspectos: el uso de la mejor información disponible, la evaluación de impactos acumulativos y fragmentación de ecosistemas, la falta de inclusión de medidas precautorias y preventivas, y la omisión en el ejercicio de facultades para suspender obras. La CCA requirió también información acerca de la aplicación de las resoluciones y recomendaciones de la Convención Ramsar: un tratado intergubernamental para la protección de humedales de importancia internacional como los que alberga el Golfo de California. “Es un gran avance en el derecho nacional e internacional pues se reconoce a esas disposiciones como parte de la implementación de las obligaciones contenidas en tratados internacionales ratificados por México”, dijo Sandra Moguel, asesora legal de AIDA. El Secretariado reconoció en particular las resoluciones adoptadas por las partes contratantes de la Convención Ramsar que establecen estándares de evaluación de impacto ambiental y protección de humedales. Reconoció además las recomendaciones de las Misiones de Ramsar que visitaron Marismas Nacionales y Cabo Pulmo, concluyendo que desarrollos turísticos de la magnitud planteada no eran apropiados por la vulnerabilidad de dichos ecosistemas[iii]. Por ello solicitó que México explique la omisión de realizar la evaluación de impacto ambiental de acuerdo con esas disposiciones. “La CCA solicitó la rendición de cuentas del Gobierno mexicano respecto al abuso de la discrecionalidad al considerar opiniones técnicas, tal es el caso de Playa Espíritu, proyecto que carecía de viabilidad ambiental según la CONANP (Comisión Nacional de Áreas Protegidas)”, detalló Eduardo Nájera, director de COSTASALVAjE, una de las organizaciones peticionarias. “Es urgente que la nueva administración de la Semarnat no cometa los mismos errores que sus antecesores y realice una evaluación de impacto ambiental transparente y sin arbitrariedades, sobre todo cuando se trate de proyectos que puedan poner en peligro humedales de importancia prioritaria internacional como Marismas Nacionales, Cabo Pulmo y la Bahía de la Paz”, manifestó Carlos Eduardo Simental, director de la Red Ecologista por el Desarrollo de Escuinapa (REDES), también peticionaria. Finalmente, Carolina Herrera, especialista para Latinoamérica del Consejo para la Defensa de Recursos Naturales (NRDC por sus siglas en inglés), señaló que espera que, una vez recibida la respuesta de México, “la CCA desarrolle una investigación detallada de los hechos para que presione a México a no relajar sus propias medidas de protección ambiental en favor de desarrollos costernos no sostenibles”. Consulte la determinación de la CCA. [ii] Para mayor información sobre el mecanismo de petición ciudadana consulte este enlace. [iii] Estas misiones son un mecanismo de asistencia técnica contenido en Ramsar cuyo principal objetivo es prestar asistencia a las Partes que tienen humedales que ameritan atención prioritaria debido al cambio de sus características ecológicas.

Noviembre 14 2013 Fuentes de Agua Dulce, Contaminación Tóxica

Casi 16,000 personas urgen al Presidente Santos delimitar bien el páramo de Santurbán

En una petición, dirigida a la Presidencia y al Ministerio de Ambiente, demandan que la definición de las fronteras de ese ecosistema se haga a escala 1:25.000, tal como lo manda la legislación colombiana. Bogotá, Colombia. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) entregó al Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y a la Ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible de ese país, Luz Helena Sarmiento, 15.901 firmas que piden que el páramo de Santurbán sea delimitado con base en criterios científicos, a escala 1:25.000. Santurbán se encuentra entre los departamentos colombianos de Santander y Norte de Santander. Provee agua a casi dos millones de personas, principalmente en las poblaciones de Bucaramanga y Cúcuta. Las firmas recolectadas a través de Change.org se suman al pedido anterior de AIDA y de prestigiosos ambientalistas colombianos para que el Gobierno, en cumplimiento de la legislación nacional e internacional vigente, defina adecuadamente las fronteras del páramo. Así se evitaría que actividades nocivas como la minería de gran escala lo dañen irreversiblemente. Los ecosistemas de páramo son verdaderas “fábricas de agua” que albergan biodiversidad única y contribuyen a mitigar el cambio climático. En Colombia, país con más páramos en el mundo, la delimitación es parte de una exigencia establecida en su legislación. De ahí la relevancia del tema, pues de la manera en la que sea delimitado Santurbán dependerá la del resto de los páramos en el país. La petición promovida por AIDA incluyó una carta dirigida al Presidente Santos y a la Ministra Sarmiento. En ella los firmantes exigen a la ministra reconocer la totalidad del páramo (más de 82,000 hectáreas) en la delimitación, es decir, no sólo la fracción (11,000 hectáreas) declarada Parque Natural Regional. Para ello le solicitan adoptar los parámetros ya establecidos por científicos colombianos y ofrecen argumentos jurídicos que respaldan ese requerimiento. AIDA acompañó las firmas con un documento en el que analizan jurídicamente las razones por las cuales el gobierno debe delimitar totalmente esta área (Documento disponible en línea aquí). “Escuchar el llamado de los miles de firmantes en el hemisferio es una necesidad apremiante porque el riesgo para los páramos derivado de la minería es inminente”, sostuvo Astrid Puentes Riaño, Co-Directora de AIDA. “Delimitar Santurbán a una escala distinta a la que ordena el Plan Nacional de Desarrollo, 1:25.000, es contrario a la ley. Si la ministra delimita el páramo a una escala menos detallada, la decisión podría ser impugnada judicialmente”, agregó. La acción de AIDA se suma a la marcha por la protección del agua y los páramos, convocada por el Comité por la Defensa del Páramo de Santurbán para este 15 de noviembre en Bucaramanga. Consulte la petición y la carta en Change.org. Para ver el documento jurídico de AIDA que explica la delimitación ir aquí.