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Preservando el legado de la Sierra Nevada de Santa Marta, corazón del mundo
Elevándose abruptamente desde las costas del Caribe colombiano, la Sierra Nevada de Santa Marta alcanza los 5.775 metros de altura en sus picos Bolívar y Colón. Es el sistema montañoso costero más alto del mundo y un sitio donde la sabiduría de la naturaleza y la indígena convergen.
El macizo montañoso conforma un territorio único en el que existen todos los pisos térmicos y donde la variedad de ecosistemas, animales y plantas es exuberante. Allí el mar está muy cerca de montañas y de nevados cuyo deshielo forma ríos y lagunas.
Pueblos indígenas protegen y cuidan esta riqueza natural con la autoridad que heredaron de sus antepasados. Se trata de los pueblos Arhuaco, Kogi, Wiwa y Kankuamo. En su cosmovisión, el territorio es sagrado e implica la comunión entre seres humanos, animales, plantas, ríos, cerros y divinidades ancestrales.
Pero su opinión no ha sido tomada en cuenta para el desarrollo de proyectos en la zona. Actualmente la existencia de la Sierra Nevada de Santa Marta está gravemente amenazada por 251 concesiones mineras, proyectos de hidroeléctricas, ganadería, urbanizaciones extensivas y obras de infraestructura.
Muchas de las concesiones fueron otorgadas sin procesos de consulta previa a los pueblos indígenas, lo que constituye una vulneración masiva, persistente y generalizada a sus derechos.
La minería —al implicar la contaminación y sedimentación de caudales— pone en riesgo la fuente de agua de los departamentos de Magdalena, César y Guajira, que se abastecen de los más de 30 ríos que nacen en la Sierra.
Todo ello ha hecho que este paraíso natural esté borde del no retorno, al igual que la vida tradicional de los pueblos indígenas, que depende enteramente de su territorio, de su espacio de sitios sagrados.
La Sierra alberga al parque arqueológico Ciudad Perdida, conocida como Teyuna, cuna de la civilización Tayrona y —según la tradición— origen de la naturaleza y corazón del mundo.
Los cuatro pueblos guardianes de la Sierra no están dispuestos a permitir que este legado natural y cultural desaparezca.
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Los arrecifes —tanto coralinos como rocosos— son fuente de alimento y de compuestos químicos usados para fabricar medicamentos, protegen a poblaciones costeras del impacto de tormentas y huracanes, son un destino turístico importante y refugio para gran cantidad de plantas y animales. No obstante, México, país rico en arrecifes, no cuenta con una ley específica para su protección. Esa tarea vital está fragmentada en diferentes normas, así como en tratados internacionales que establecen las obligaciones que el país tiene de preservar esos entornos. Una de las amenazas más graves a la existencia de los arrecifes es el cambio climático, que provoca que la temperatura de los océanos aumente y que sus aguas se vuelvan ácidas, lo cual reduce la capacidad de los arrecifes para crecer y reparar su estructura. Además, el calentamiento de los mares causa el desprendimiento de las algas de las que se alimentan los corales, quedando los mismos expuestos y en riesgo de morir. Este mes, la Comisión Especial de Cambio Climático del Senado mexicano decidió hacer algo al respecto y convocó a una serie de reuniones para impulsar el proceso de creación de un instrumento legislativo orientado exclusivamente a la protección de los arrecifes del país. En representación de AIDA, participé de esas reuniones junto con colegas de COSTASALVAJE, organización aliada en México, y con científicos, académicos y personas beneficiadas con los servicios que los arrecifes prestan. Llamamos la atención del Senado sobre las serias amenazas que los arrecifes enfrentan y sobre la urgencia de aplicar el principio de precaución para garantizar el derecho humano a un ambiente sano, el cual está en riesgo ante la falta de una regulación adecuada para la conservación de arrecifes. Garantizar ese derecho, así como la protección prioritaria e integral de los océanos frente al cambio climático, son obligaciones asumidas por el Estado mexicano como firmante de tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CDH); el Acuerdo de París sobre cambio climático, la Convención Ramsar sobre humedales y la Convención Interamericana para protección y conservación de las Tortugas Marinas (CIT), entre otros. Veracruz, un caso emblemático Los arrecifes del país también son amenazados por la infraestructura costera inadecuadamente planificada y por evaluaciones de impacto ambiental inapropiadas. Es el caso de la ampliación del puerto de Veracruz, proyecto que actualmente pone en peligro al Sistema Arrecifal Veracruzano, el ecosistema de coral más grande del Golfo de México. El sitio fue declarado Área Natural Protegida en 1992, región prioritaria para la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad el año 2000, reserva de la biosfera por la UNESCO en 2006, y sitio Ramsar. Aún así, el gobierno redujo el tamaño del área en 2013 para dar paso al proyecto portuario, vulnerando convenios internacionales como Ramsar, bajo el cual el arrecife veracruzano es reconocido como Humedal de Importancia Internacional. Conoce más del caso en el siguiente video: Esperanza Confiamos en que la iniciativa del Senado rinda frutos y que México cuente con una norma específica de protección de sus arrecifes, la cual resulte de un proceso participativo y transparente al que seguiremos contribuyendo. Para saber más del tema, consulta nuestro informe La Protección de los Arrecifes de Coral en México: Rescatando la Biodiversidad Marina y sus Beneficios para la Humanidad.
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Más de la mitad de las granjas salmoneras que operan en la Región de Magallanes están provocando falta de oxígeno en aguas marinas que albergan especies únicas. Mediante una denuncia administrativa y una petición ciudadana, organizaciones de la sociedad civil solicitan al Gobierno chileno investigar y sancionar los daños, y hacer cumplir la regulación existente. Santiago de Chile. Organizaciones de la sociedad civil presentaron hoy una denuncia ante la Superintendencia del Medio Ambiente pidiendo que investigue los daños ocasionados por las granjas de salmón en la Región de Magallanes, en la Patagonia sur del país, y que sancione a las empresas responsables de dichos daños. Según información gubernamental, más de la mitad de las granjas de salmón en el lugar reportaron estar operando en condiciones anaeróbicas; es decir, han provocado falta de oxígeno en el ambiente, una amenaza seria a la vida marina. Las organizaciones lanzaron además una petición ciudadana en internet a fin de sumar apoyo para la solicitud hecha a la Superintendencia. “En Magallanes se han entregado concesiones de salmonicultura sin que se haya llevado a cabo una evaluación detallada de los impactos que la industria puede tener en la región”, explicó Florencia Ortúzar, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). “Los daños ya están ocurriendo: un informe de la Contraloría General de la República evidenció que entre 2013 y 2015, más de la mitad de las granjas de salmón en Magallanes operaban en condiciones anaeróbicas, lo que perjudica gravemente la vida marina”. Chile es el segundo productor mundial de salmón. La industria, que por años se desarrolló en las costas ubicadas más al norte de Magallanes, ahora ha ingresado a esa región, la más austral del país y que por ser más virgen es también más vulnerable a las actividades humanas. Magallanes posee el mayor número de áreas naturales protegidas del país y alberga a especies protegidas como la ballena azul, el cachalote, el pingüino de Magallanes, la foca elefante, la tortuga laúd, el delfín austral y el delfín chileno, entre otras. “Las empresas salmoneras del país han excedido el número de peces que las aguas pueden soportar y las han llenado de los antibióticos y químicos que se les suministra a los salmones”, dijo Francisco Campos-Lopez, director de Real Chile. “Esos químicos, y las heces de los propios animales, provocan la falta de oxígeno, poniendo en peligro la vida en el mar”. NOTA: Más información disponible en aida-americas.org/es/granjasdesalmon Contactos de prensa: Florencia Ortúzar, abogada de AIDA, +56 9 7335 3135, [email protected]
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