Group Declarations


Sociedad civil alerta sobre omisiones en la creación del Programa Nacional de Empresas y Derechos Humanos en México

El Gobierno mexicano ha desatendido recomendaciones de las OSC que integran el Grupo Focal. Falta de inclusión de comunidades afectadas, poca transparencia y ausencia de actores vitales para el Programa, entre las principales omisiones. Ciudad de México, México. A mediados del 2015 el gobierno mexicano inició los trabajos para la creación del Programa Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos en México (PNEDH), y la Secretaría de Gobernación (SEGOB), dependencia que lidera este proceso, hasta la fecha no ha presentado una hoja de ruta adecuada ni una línea de tiempo que permita conocer los pasos que seguirá su creación. El PNEDH debería ser un instrumento que permita la implementación de medidas de protección a los derechos humanos frente al comportamiento de empresas y gobiernos, incluyendo cambios o ajustes en la legislación, la planeación del desarrollo y las políticas públicas, por lo que resulta indispensable que durante su creación cuente con mecanismos de acceso a información, transparencia, monitoreo y divulgación de todo el proceso, además de la participación oportuna de todos los actores interesados. La apertura a la participación de la sociedad civil ha sido un paso importante para la creación del PNEDH, sin embargo, las organizaciones de la sociedad civil (OSC) que conforman el Grupo Focal sobre Empresas y Derechos Humanos en México han solicitado a SEGOB la integración de comunidades indígenas, campesinas, agrarias, ejidales, urbanas y sindicatos independientes que han sido afectados por las actividades de las empresas en el país, pero la demanda de incluirlas de forma transparente, participativa, incluyente e informada desde el inicio y durante la elaboración  del Programa no ha sido atendida. Las OSC denuncian que aún no se cuenta con un borrador del documento del Programa ni una metodología clara para compartir con los grupos afectados (comunidades y colectivos) y otros actores relevantes como secretarías e instancias gubernamentales, personas u organismos que defienden los derechos humanos, representaciones diplomáticas, empresas, bancos y agencias de cooperación para el desarrollo e instituciones financieras internacionales. De acuerdo con este Grupo, este Plan debe de contener requisitos que aseguren el respeto a los derechos ambientales y laborales en los proyectos y las cadenas de valor de todas las empresas, así como de evaluaciones de impacto en derechos humanos, fortaleciendo las evaluaciones de impacto ambiental y social ya creadas por la Ley vigente, garantizando que la planeación del desarrollo nacional se construya con base en criterios de sustentabilidad social, ambiental y de derechos humanos, y así proteger a las personas defensoras de derechos humanos. De igual forma, las empresas públicas del Estado deben de contar con mecanismos de respeto y protección a los derechos humanos, tanto al interior como hacia el exterior de las mismas. Esta denuncia de las omisiones del proceso se basa en el trabajo de las organizaciones del Grupo Focal sobre Empresas y Derechos Humanos en México, las cuales han identificado prioridades a través de un diagnóstico nacional y hecho recomendaciones al gobierno que no han sido atendidas. Las OSC mencionadas seguirán informando a la sociedad civil sobre el proceso de creación del PNEDH, en conjunto con las otras organizaciones y grupos que se integren. El Grupo Focal sobre Empresas y Derechos Humanos en México es una coalición de OSC que promueve y defiende los marcos jurídicos existentes para asegurar que las corporaciones nacionales e internacionales no cometan violaciones a los derechos humanos, y está conformado por: Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Código DH); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER); y Oxfam México, y es acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI), Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz).

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Derechos Humanos

Respaldo internacional a la creación de grupo de expertos para investigar el asesinato de Berta Cáceres en Honduras

Las organizaciones firmantes del pronunciamiento apoyamos la creación del Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE), que surge para colaborar en la investigación por el asesinato de Berta Cáceres Flores, y la tentativa de asesinato contra el defensor de derechos humanos Gustavo Castro Soto. Desde que Berta, lideresa y coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), fue brutalmente asesinada el 2 de marzo de 2016, hemos acompañado la demanda de su familia, del COPINH y de la sociedad hondureña por conocer la verdad y porque haya justicia.  En ocasiones anteriores, hemos hecho llamados al Estado hondureño para que realice una investigación independiente y exhaustiva que asegure la identificación, juzgamiento y sanción de los responsables, tanto materiales como intelectuales. En este sentido, preocupa que, pese a las numerosas solicitudes de actores nacionales e internacionales, las autoridades han guardado silencio y hasta la fecha continúan impidiendo la participación plena de los familiares y víctimas. Asimismo, preocupa que las investigaciones actuales no sugieren claridad sobre la autoría intelectual ni sobre los diferentes niveles de participación de quienes están imputados.  Ante este panorama, la participación del GAIPE, conformado por profesionales expertos e independientes, constituye una iniciativa importante que permitiría hacer una lectura objetiva del proceso y apoyar para lograr una mayor rigurosidad en las investigaciones, de conformidad con los estándares internacionales.  Cabe recordar que la participación de expertos y expertas internacionales en procesos internos ha sido clave para impulsar cambios estructurales en diversos países, en este sentido, se puede citar como experiencia reciente el Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI) en México. En el caso de Honduras, las organizaciones esperamos que este equipo pueda brindar recomendaciones, entre otras cosas, para superar las causas que promueven la impunidad en los delitos contra defensores y defensoras de derechos humanos.  También solicitamos garantizar las medidas de seguridad para que tanto integrantes como colaboradores del GAIPE, puedan desarrollar sus actividades sin injerencias indebidas. Finalmente, exhortamos a las autoridades a dar acceso a la investigación en curso así como aprovechar esta oportunidad de colaboración y mantener una actitud receptiva y transparente que brinde legitimidad al proceso y devuelva la confianza a las víctimas y a la sociedad hondureña, así como a la comunidad internacional.  

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El Estado mexicano debe cumplir las recomendaciones del Grupo de Trabajo de la ONU sobre empresas y derechos humanos

El Grupo de Trabajo hace un llamado al gobierno mexicano a avanzar en la transparencia, la consulta previa, la debida diligencia y el respeto a las personas y el medio ambiente. La sociedad civil exhorta a las empresas a cumplir los Principios Rectores sobre Empresas y DDHH. Durante la visita, el Grupo de Trabajo escuchó el testimonio sobre 81 casos de personas y comunidades afectadas por actividades empresariales: Ciudad de México (19), Oaxaca (17), Guadalajara (11), Hermosillo (6) y Xochicuautla (28). Ciudad de México, México. El Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos de la ONU en visita oficial a México se reunió con autoridades, empresas, organizaciones de la sociedad civil; personas y comunidades afectadas por diferentes actividades empresariales. Dichas reuniones permitieron al Grupo de Trabajo conocer el incumplimiento del deber del Estado de proteger los derechos humanos y de las empresas de respetarlos, así como de proveer un adecuado acceso a la justicia en caso de afectaciones a estos derechos. Los testimonios que escucharon durante su visita el Sr. Pavel Sulyandziga y el Sr. Dante Pesce, expertos miembros del Grupo de Trabajo, fueron de personas y comunidades afectadas por las actividades empresariales por la falta de acceso a la información y a la consulta y consentimiento, violaciones a derechos laborales, impactos graves a la salud y medio ambiente; entre otros. En Oaxaca se reunieron con comunidades afectadas principalmente por proyectos mineros, eólicos, de extracción de hidrocarburos, entre otros, y se presentaron 17 casos en total. Las personas asistentes hablaron sobre abusos y violaciones de derechos humanos cometidos por parte de las empresas, los gobiernos locales, estatal y federal; así como de la falta de información y garantías al derecho a la consulta libre, previa e informada como en el caso de Eólica del Sur. En Guadalajara, los expertos visitaron el río Santiago, donde les sorprendió el nivel de contaminación y los daños a la salud del corredor industrial en el que se vierten desechos de diferentes actividades empresariales, algunas de grandes empresas transnacionales. Los expertos determinaron que había “una catástrofe ecológica”. Posteriormente, el Grupo escuchó los testimonios de casos relacionados con las presas de El Zapotillo y Las Cruces, proyectos turísticos, proyectos mineros en Wirikuta y Zacualpan y con las maquilas de la industria electrónica; haciendo de su conocimiento casos de criminalización y amenazas a defensores de derechos humanos. En Hermosillo, Sonora, el Grupo de Trabajo visitó a la comunidad de Ures para conocer en persona las afectaciones del derrame de lixiviados por parte de Buenavista del Cobre (subsidiaria de Grupo México), ocurrido en 2014 en los ríos Sonora y Bácanuchi. Luego se reunieron con representantes de diferentes comunidades. Las personas participantes hicieron énfasis en la negligencia y omisiones por parte del Estado para hacer cumplir la ley, la impunidad con la que operan las empresas afectando los derechos humanos, y las dificultades en el acceso efectivo a la justicia. En Xochicuautla, Estado de México, comunidades indígenas, urbanas y rurales presentaron 28 casos sobre hidroeléctricas, minería, energía, infraestructura y privatización de agua. El pueblo de Xochicuautla solicitó al Grupo de Trabajo que “pusieran fin al ecocidio; la cancelación del proyecto de la autopista Toluca-Naucalpan, y que se terminen las persecuciones hostigamientos y detenciones a los indígenas”. Los expertos se reunieron con al menos una decena de empresas, y Grupo Higa fue la única empresa que no respondió a la invitación de dialogar con el Grupo de Trabajo de la ONU. En su visita en la Ciudad de México se ejemplificaron casos de todo el país. Entre ellos,  la situación del estado Guerrero en donde víctimas y organizaciones expusieron la situación de violencia, corrupción con autoridades y colusión con el crimen organizado en la que se desarrolla el trabajo de las empresas; ambiente que propicia un sinnúmero de violaciones a derechos humanos toleradas e impulsadas por autoridades estatales y federales. Asimismo, se ejemplificó la semiesclavitud en los campos agrícolas, en donde las principales empresas responsables son extranjeras. El resto de casos se pueden consultar en el informe que presentaron al Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos de la ONU una coalición de más de 100 organizaciones y movimientos sociales. En los 68 casos documentados se muestra que los derechos vulnerados con más frecuencia son: a la tierra y el territorio (32 casos), al acceso a la información (28 casos) y al medio ambiente sano (22 casos). Los sectores sobre los cuales se documentaron más abusos fueron: minería (11 casos), hidrocarburos (9), energía (8), construcción (8) y agroindustria (6). Además, en más de 50% de los casos se documentaron intimidación y amenazas en contra de opositores a proyectos empresariales. La coalición de organizaciones y movimientos sociales consideramos que el gobierno debe aceptar las recomendaciones y plantear un plan claro para su cumplimiento. Desde sociedad civil exhortamos al Estado a: Informar sobre cómo implementará las salvaguardas para prevenir impactos sociales y ambientales negativos vinculados a las reformas, a actividades extractivas; así como a las demás violaciones a derechos humanos producidas por las empresas y a lo largo de su cadena de valor. Informar sobre cómo se garantizará la participación de sociedad civil, personas afectadas por la actividad empresarial, pueblos indígenas y sindicatos independientes en el monitoreo del cumplimiento de dichas recomendaciones. A las empresas a: Comunicar cómo cumplirán los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos y cómo implementarán la debida diligencia a lo largo de du cadena de valor para cumplir con los cambios sugeridos por el Grupo de Trabajo.   Organizaciones firmantes en orden alfabético: Alianza de la Costa Verde Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) Bios Iguana Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País Cartocrítica Casa del Migrante Saltillo Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas” Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria” Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” (Centro Prodh) Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) Centro Fray Jualián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH) Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL) Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios” Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) Colectivo sí a la vida No al basurero tóxico en Noria de la Sabina Colectivo de Mujeres en Defensa de los Pedregales Comités de Cuenca Río Sonora Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (CODIGODH) Comité de Derechos Humanos de Tabasco (CODEHUTAB) Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) Consejo en Defensa de la Vida y el Territorio Tiyat Tlali DECA Equipo Pueblo DH Rayoactivo El Barzón Chihuahua EcoRed Feminista la Lechuza Buza Enfoque DH Estancia del Migrante en Querétaro Frente de Derechos Humanos de la Sierra de Puebla Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua (FPDTA) Fundar, Centro de Análisis e Investigación Foro de Derechos Humanos y Resistencias de la Sierra de Puebla Greenpeace México Grupo de Estudios Ambientales Grupo Focal sobre Empresas y Derechos Humanos Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC) Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4) Organic Consumers Association (México) Oxfam México Programa Universitario de Derechos Humanos, Programa de Incidencia, Programa de Medio Ambiente, UIA Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) Semillas de Vida SMR, Scalabrinianas: misión con Migrantes y Refugiados Serapaz, Servicios y Asesoría para la Paz Y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 80 organizaciones en 21 estados de la República mexicana)  

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Pronunciamiento de AIDA, APRODEH y Justiça Global sobre la grave crisis financiera que afecta a la CIDH

Las organizaciones consideran el hecho una afrenta a la protección de los derechos humanos en la región e instan a los Estados miembros de la OEA a cumplir su responsabilidad de financiar adecuadamente a la Comisión. Washington, Estados Unidos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció en un comunicado el día de ayer, que la grave crisis financiera por la que atraviesa la ha llevado a suspender todas las visitas previstas para este año, las audiencias de julio y octubre y a la inminente pérdida del 40% de su personal. La CIDH lleva casi dos décadas gestionando que los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), organismo del que es parte, le garanticen un presupuesto estable que le permita realizar su labor de forma efectiva.  En su comunicado, la CIDH hace un llamado a que en la Asamblea General de la OEA, a llevarse a cabo en junio en República Dominicana, los Estados miembros adopten “una decisión histórica y trascendental, que refleje [su] compromiso con la defensa de los derechos humanos en la región”, aumentando radicalmente el presupuesto del fondo regular de la OEA y asignando a la CIDH y al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) en general los recursos necesarios para el cumplimiento del mandato asignado por los propios Estados. La Comisión es un órgano autónomo de la OEA. Su mandato es promover la promoción y la protección de los derechos humanos en el continente americano. Conforma, junto con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos (SIDH), el cual constituye en muchos casos la última esperanza para aquellas personas y comunidades cuyos derechos humanos han sido vulnerados y no encuentran verdad, justicia y reparación en la administración de justicia de sus propios países. Este es el pronunciamiento acerca del tema de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) de Perú y Justiça Global de Brasil: “La inminente pérdida de casi la mitad del personal de la CIDH, es un serio agravio para la protección de los derechos humanos en la región y refleja la falta de voluntad política de los Estados miembros de la OEA con la Comisión Interamericana.  La Comisión ya enfrentaba serias limitaciones de recursos financieros y humanos para el cumplimiento de su labor, ahora, con casi la mitad su personal, su efectividad se verá seriamente afectada.  Miles de víctimas de violaciones de derechos humanos en el hemisferio han depositado su confianza y sus últimas esperanzas de justicia en la CIDH y en el Sistema. Es el caso de las personas intoxicadas por metales pesados en La Oroya, Perú, quienes, tras haber presentado su denuncia en 2006, aún esperan un informe de fondo. También están las comunidades que han perdido su modo de vida a causa de la construcción de la represa Belo Monte en Brasil, quienes pese a la inauguración de la represa continúan esperando que el caso avance en la Comisión y se haga justicia por la violación a sus derechos. Al no financiar adecuadamente un órgano que ellos mismos crearon, los Estados ponen un obstáculo más para que estas personas accedan a la justicia.  Hacemos un llamado a los Estados miembros de la OEA a que, en tanto la Asamblea General atiende esta situación, hagan inmediatamente una contribución voluntaria de emergencia que permita a la CIDH mantener a su personal, realizar las visitas que tenía previstas, así como llevar a cabo sus periodos de sesiones de julio y octubre. Los Estados miembros tienen una responsabilidad con el Sistema Interamericano. Esperamos que cumplan con ella, no a través de discursos y resoluciones de buenas intenciones, sino con acciones concretas e inmediatas de financiamiento.”   

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Pronunciamiento regional por el Día Mundial contra el Fracking

El desarrollo de la fracturación hidráulica tendrá desastrosas consecuencias para el medio ambiente, la población y la sostenibilidad energética de América Latina por lo que no debe ser permitida - En el marco del Día Mundial contra el Fracking (Global Frackdown)  organizaciones de la sociedad civil latinoamericana alertamos sobre los impactos irreversibles que tendrá la explotación de hidrocarburos no convencionales a través del fracking en los territorios y poblaciones de la región. - Hacemos un llamado urgente para que los gobiernos latinoamericanos impidan el desarrollo de esta actividad en sus territorios y demuestren así su compromiso con la protección del medio ambiente, la garantía de los derechos humanos, la lucha contra el cambio climático y la sostenibilidad energética de la región. - Existen alternativas energéticas sustentables, más baratas y eficientes que, asegurando el pleno respeto de las comunidades en las que éstas se desarrollan, deben ser fomentadas e impulsadas por los Estados para asegurar la provisión de energía futura y la sostenibilidad ambiental. Según datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA, por sus siglas en inglés) se estima que diversos países de América Latina cuentan con recursos prospectivos de hidrocarburos de lutitas en sus territorios.[1] Es el caso de Argentina, México, Venezuela, Brasil, Colombia, Bolivia, Uruguay, Paraguay y Chile, en los que el desarrollo de la técnica de la fracturación hidráulica o fracking se encuentra en diversas fases. Por ejemplo en Argentina ha habido un mayor desarrollo de proyectos de este tipo. Mientras otros países como México, Colombia, Bolivia y Brasil se encuentran en fase prospectiva o exploratoria,  y pretenden desarrollar ampliamente esta técnica en los próximos años. La fracturación hidráulica consiste en la inyección en el subsuelo de una mezcla de agua, arena y productos químicos a presiones tales que permitan la ruptura de las rocas de lutitas, en cuyos poros se encuentran atrapados el gas y el petróleo. Para ello, primero es necesario realizar una perforación vertical hasta alcanzar la profundidad a la que se encuentran estas formaciones geológicas (entre uno y cinco kilómetros) y luego una serie de perforaciones horizontales de 1 a 5 km de extensión. El uso de esta técnica traerá, como ya se ha demostrado en EE.UU., fuertes impactos sobre al ambiente, la salud y calidad de vida de la población, ya sumamente castigados. Debido a su gran complejidad, esta actividad implica una serie de daños en su mayoría inevitables e irreversibles, como son: - Uso intensivo y contaminación del agua. La fracturación de un solo pozo de fracking requiere entre 9 y 29 millones de litros de agua que queda completamente inservible para otros usos. Esto se debe a los 300,000 litros de químicos que se le añaden para la fracturación y por los metales pesados y radioactivos presentes en el subsuelo. Este líquido, se filtra a los flujos de agua subterránea y superficial contaminándola, dejando a las poblaciones sin agua potable.[2] - Supone graves afectaciones a la salud.[3] Estudios científicos realizados en Estados Unidos muestran que 75% de los químicos utilizados en el líquido de perforación afecta directamente la piel, ojos, sistema respiratorio y gastrointestinal; 40-50% afecta al sistema nervioso, inmunológico, cardiovascular y los riñones; mientras que 37% afecta el sistema endocrino y 25% provoca cáncer y mutaciones.[4] - Genera impactos de cambio climático. Pese a lo que las empresas petroleras y algunos gobiernos de la región están señalando, la explotación del gas mediante fracking no es una opción para la lucha contra el cambio climático. En estos proyectos hasta 8 por ciento de la producción de gas natural (metano) se escapa directamente a la atmósfera con un potencial de calentamiento 25 veces superior al dióxido de carbono. Debido a ello, en 20 años el impacto sobre el cambio climático de la generación eléctrica a través del gas extraído por fracking superaría en 20% el del carbón.[5] - La reinyección de las aguas residuales en el subsuelo están directamente vinculadas con la inestabilidad sísmica y generación de sismos, que han llegado a alcanzar 5.7° de magnitud. Esto es sumamente grave, ya que pone en riesgo a la población y la infraestructura de las regiones donde tienen lugar.[6] - Todas estas afectaciones e impactos suponen violaciones a los derechos humanos, derechos que los Estados latinoamericanos tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar, así como de prevenir sus violaciones. Entre otros, vulneran la garantía del derecho humano al agua y al saneamiento, a un medio ambiente sano, a la salud, a la alimentación, a la vivienda, de los derechos laborales y otros derechos económicos, sociales y culturales, así como de los derechos civiles y políticos como el derecho de acceso a la información, al consentimiento previo, libre e informado, y a la participación. - Por último, la explotación de hidrocarburos a través del fracking no es una opción energética sustentable. Las altas tasas de declinación de los pozos (entre 29 y 52% anual), la escasa recuperación de los hidrocarburos presentes en los yacimientos (de entre el 4.7 y 10%) y los altos costos que conlleva esta tecnología, la hacen inviable para la generación de energéticos en el mediano y largo plazo. Por todas estas razones, las organizaciones firmantes exigimos a los gobiernos de los países latinoamericanos: - Exigimos a los gobiernos latinoamericanos que impidan el uso de la fracturación hidráulica en sus territorios, y aseguren la protección de los recursos hídricos y de la salud de las personas. - Demandamos a nuestros Estados la generación y divulgación de información exhaustiva e imparcial sobre las características de los procesos, volúmenes y origen de agua usada  y sustancias empleadas en el fracking y sus impactos en las personas y el ambiente con un horizonte de largo plazo, a fin de garantizar los derechos de las generaciones presentes y futuras. - Resaltamos que las poblaciones y gobiernos locales tienen el pleno derecho de negar actividades de fracking que puedan afectar sus entornos.    - Demandamos la implementación de políticas públicas que permitan la transición energética hacia fuentes de energía verdaderamente sustentables, en pleno respeto a los derechos humanos, que aseguren la provisión energética futura. - Instamos a los Estados que garanticen que las políticas energéticas de la región respeten  los derechos humanos, aseguren la protección ambiental y social, y contribuyen a la lucha contra el cambio climático. Para sumarse a este posicionamiento, escribir a [email protected] Alianza Mexicana contra el Fracking formada por: 132 Ambiental Amigos del Río San Rodrigo Asociación de Usuarios de Aguas de Saltillo (AUAS) Asociación Humanitaria Internacional Gilberto Bosques Blue Planet Project Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria Centro de Investigación y Capacitación Rural (CEDICAR) Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS) Chihuahua vs Fracking Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua Comcausa Consejo Ecológico de Participación Ciudadana de Coahuila Región Carbonífera (CEPACI) Consejo Tiyat Tlali Conservación Humana AC DECA Equipo Pueblo El Barzón Chihuahua El Barzón Nacional El Poder del Consumidor Encuentro Ciudadano Lagunero Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Espacio DESC Food and Water Watch Frente Amplio Ambientalista Fundar Centro de Análisis e Investigación Greenpeace México Grupo de Estudios Ambientales (GEA) Guardianes de los Volcanes Hij@s de la Tierra La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA) Medio Ambiente y Sociedad Organización Mexicana para la Conservación del medio Ambiente (OMCA) Oxfam México PODER Radio Huayacocotla, de Fomento Cultural y Educativo, A.C. Red de Acción por el Agua (FAN-México) Red Unidos por los Derechos Humanos Senderos y Encuentros para un Desarrollo Autónomo Sustentable (Sendas AC) Y otras organizaciones 350.org Asamblea Ambiental Ciudadana de Río Gallegos, Argentina Asamblea de Cooperación e Integración de Territorios Libres de Fracking desde los Concejos Deliberantes para América Latina, Argentina Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), organización regional BiosIguana, México Censat, Agua Viva - Amigos de la Tierra, Colombia Observatorio Petrolero Sur, Argentina Otros Mundos, Chiapas - Amigos de la Tierra, México Ríos Vivos, Colombia Unión de Asambleas Patagónicas, Argentina Red Peruana por una Globalización con Equidad – RedGE, Perú   [1] http://www.eia.gov/analysis/studies/worldshalegas/pdf/fullreport.pdf [2] http://www.foodandwaterwatch.org/reports/fracking-the-new-global-water-crisis-europe/ [3] http://www.propublica.org/article/drilling-for-certainty-the-latest-in-fracking-health-studies [4] http://www.nap.edu/openbook.php?record_id=18376 [5] http://www.eeb.cornell.edu/howarth/Howarth%20et%20al%20%202011.pdf. [6] http://concernedhealthny.org/wp-content/uploads/2014/07/CHPNY-Fracking-Compendium.pdf  

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