Group Declarations

Reserva Nacional Kawésqar, Magallanes, Chile

Enero 31 2024 Derechos Indígenas, Océanos

5 años de la Reserva Nacional Kawésqar: los temas que siguen pendientes para su protección

Comunidades locales denuncian que la zona se encuentra altamente exigida por la salmonicultura, que no está cumpliendo con la normativa ambiental. El 30 de enero del año 2019, se publicó en el Diario Oficial el decreto que dio origen a la Reserva Nacional Kawésqar, en Magallanes, que se extiende por 2 mil 842 hectáreas entre fiordos y penínsulas patagónicas. Con esta calificación se buscaba garantizar la protección de esta zona, su territorio y biodiversidad, así como establecer que es deber del Estado procurar su conservación. Este 2024 se cumplen 5 años de este hito, lo que lleva a la pregunta: ¿se está logrando el objetivo? Los reclamos de la comunidadCon la calificación de Reserva Nacional, esta zona fue separada del Parque Nacional Kawéskar, que ofrece una protección más amplia. A juicio de las comunidades locales, esta división administrativa determina de forma antojadiza qué priorizar y separa la tierra del mar, como si fueran elementos independientes, lo que hace "que las divisiones y confusiones crezcan a todo nivel", dice Eric Huaiquil Caro, miembro de las Comunidades Kawésqar Grupos Familiares Nómades del Mar. También, acusa que los "acuerdos que se tomaron en la consulta indígena no han tenido respuesta". Por último, Caro pide que la conservación de esta reserva se haga "sin salmoneras y esperamos que eso quede fijado en el Plan de Manejo que será sometido a consulta en el mes de marzo de 2024". Una zona sobreexigidaDentro de la Reserva Nacional Kawésqar están los bosques de alga parda más ricos del país, cuyo ecosistema se considera clave en el combate del cambio climático, ya que pueden absorber altos niveles de dióxido de carbono y regenerar sistemas marinos. A pesar de que el Estado debe garantizar su protección, la zona está experimentando una gran presión por parte de la industria de la salmonicultura. A modo de ejemplo, existen 133 concesiones aprobadas en toda la Región de Magallanes y 85 en trámite, de las cuales 68 aprobadas y 57 en trámite están en la Reserva Nacional Kawésqar, "lo que nos parece insólito porque está comprobado que la industria salmonera no es sustentable ni compatible con el cuidado ecosistémico de la reserva. Esto es fundamental en la creación del Plan de Manejo de la Reserva, que actualmente se está diseñando y que debe establecer la incompatibilidad de la industria con el mandato de protección de la zona, tal como está documentado en el informe que hemos realizado junto a las comunidades", afirma Cristina Lux, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA)."El 43% de las concesiones aprobadas al interior de la Reserva Nacional Kawésqar ha presentado condiciones de anaerobia dentro del marco de sus operaciones, de acuerdo con información obtenida de los Informes Ambientales para la Acuicultura. Esto quiere decir que sufren o han sufrido pérdida total o parcial de oxígeno, lo que afecta las condiciones de vida de toda la biodiversidad de la zona”, agrega Estefanía González, subdirectora de Campañas de Greenpeace Chile.De ahí que el impacto, dice Sofía Barrera , abogada de ONG FIMA, es “enorme y altamente destructivo”.“Para empezar, estos centros de cultivo se concentran en apenas siete sectores (Península Staines, Seno Taraba, Estrecho Poca Esperanza y Canal Vlados, Seno Glacier, Seno Skyring, Isla Desolación y Golfo Xaltegua), lo que también concentra los efectos sinérgicos. Algunos de estos son el impacto de las rutas de las embarcaciones, la matanza de lobos marinos para evitar que ataquen las jaulas de salmones, la sobreproducción de salmones, la presencia de basura fuera de los polígonos de concesiones y la detección del virus ISA en los centros de cultivo, que termina por enfermar al resto del ecosistema marino, algo que ha sido reconocido por los Tribunales Ambientales", agrega Barrera. "Además, la dispersión de materia orgánica desde los centros de cultivo provoca eutrofización, eventos de floración de algas nocivas (FAN), generando alteraciones significativas en la calidad del agua y afectando la vida marina", aporta González.A juicio de las representantes de estas tres organizaciones, a pesar de las prohibiciones legales y de las exigencias ambientales, que muchos de estos proyectos se hayan ingresado y aprobado mediante declaraciones de impacto ambiental, plantea cuestionamientos legales y políticos. "¿Por qué la autoridad no está velando por el cuidado real de esta zona? ¿Qué intereses se están cuidando y cómo está influyendo la industria salmonera en nuestras autoridades?", plantea Barrera.Lamentablemente, añade González, cuando se han pedido explicaciones, "no hemos recibido respuestas ni certezas. Por ello es urgente avanzar hacia un plan de manejo que resguarde realmente este ecosistema y no permita más centros que pongan en riesgo a la biodiversidad". Contacto de prensaVíctor Quintanilla (AIDA), [email protected], +521 5570522107

Diciembre 15 2023 Derechos Humanos

La Coalición Mundial por el Derecho a un Medio Ambiente Sano recibe el Premio de Derechos Humanos de la ONU

Nueva York. La Coalición Mundial de la Sociedad Civil, Pueblos Indígenas, Movimientos Sociales y Comunidades Locales para el Reconocimiento Universal del Derecho a un Medio Ambiente Limpio, Saludable y Sostenible ha aceptado hoy el prestigioso Premio de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 2023 en una ceremonia celebrada en Nueva York. Este mes también se celebra el 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.Se ha reconocido a la coalición por su papel vital en la defensa del reconocimiento universal del derecho a un medio ambiente saludable por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) en 2022. El Premio de Derechos Humanos de la ONU se concede una vez cada cinco años a varios galardonados a la vez. Este año es la primera vez desde su creación en 1966 que se concede a una coalición mundial.El premio se entregó en una ceremonia en la que participaron los máximos dirigentes de la ONU, entre ellos el Presidente de la Asamblea General, Dennis Francis, el Secretario General, António Guterres, y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk. El premio fue recogido por una delegación de representantes que reflejan la diversidad de los miembros de la coalición.La ceremonia se celebró paralelamente a un taller con defensores de todo el mundo y representantes de las Naciones Unidas y de los Estados para evaluar los progresos realizados desde el reconocimiento del derecho a un medio ambiente sano y debatir los próximos pasos para aprovechar esos progresos y garantizar la promoción efectiva del derecho.Lean aquí las reacciones al anuncio de los miembros de la coalición.En la ceremonia, un representante de la coalición pronunció el siguiente mensaje de aceptación: Nosotros, la Sociedad Civil, los Pueblos Indígenas, los Movimientos Sociales y las Comunidades Locales en coalición por el Reconocimiento Universal del Derecho Humano a un Medio Ambiente Sano, Saludable y Sostenible nos sentimos honrados de recibir este prestigioso premio que reconoce nuestro papel vital hacia el reconocimiento de este derecho humano por parte de la ONU.Este increíble logro sólo ha sido posible gracias a los incansables esfuerzos de colaboración de miles de personas de 143 países que se unieron para lograr este hecho histórico. Un proceso iniciado hace cincuenta años por visionarios cobró impulso en 2020 cuando pedimos a la ONU que reconociera por fin este derecho humano.En primer lugar, este premio pone en el punto de mira la importancia de la colaboración sincera para avanzar en la protección imperativa de nuestro planeta y nuestros derechos. Ninguna organización, movimiento o persona habría podido lograrlo por sí sola, pero juntos, nuestra coalición global y diversa lo hizo posible. Nos sentimos humildes y orgullosxs de que se reconozcan nuestros esfuerzos, demostrando al mundo que trabajar juntos es posible y merece la pena.La cooperación es igual de necesaria para los Estados, ninguno de los cuales puede, por sí solo, resolver las múltiples crisis planetarias actuales de pérdida de biodiversidad, cambio climático y polución, agravadas por el aumento de las desigualdades. Exhortamos a los Estados a colaborar eficazmente en la búsqueda de las soluciones necesarias.En segundo lugar, este premio refuerza el reconocimiento histórico del derecho a un medio ambiente limpio, sano y sostenible como un derecho humano. Ello requiere proteger la dignidad de todas las personas, individual y colectivamente, en lo sustantivo y en lo procedimental, de la degradación medioambiental provocada por el hombre y de los impactos del cambio climático. Afirmando también la interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos y la urgencia de protegerlos de las amenazas medioambientales, incluidos los riesgos sistémicos, la degradación irreversible y las pérdidas y daños.El reconocimiento de la ONU aclara la normativa internacional de derechos humanos y es ahora un poderoso instrumento para que los Estados asuman sus obligaciones, mejoren la justicia ambiental y garanticen todos los derechos, especialmente de quienes se encuentran en situaciones más vulnerables.A medida que somos testigos de la creciente degradación de los ecosistemas y de la pérdida de vidas debido a la contaminación y al cambio climático, este derecho universal puede guiarnos hacia la adopción de políticas y prácticas más sólidas, fundadas en la equidad de géneros e intergeneracional y en el empoderamiento de todas las personas y comunidades. Asimismo, puede ayudar a proteger mejor a los defensores del medio ambiente, incluidos los pueblos indígenas, los niños, las mujeres, los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales.Estamos profundamente agradecidxs por el reconocimiento de nuestros esfuerzos colectivos, que inspiran a gobiernos, empresas e instituciones a cumplir con su responsabilidad y proteger eficazmente nuestro derecho universal a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible. Esta es nuestra prioridad, una prioridad con la que les invitamos a comprometerse. ¡Gracias! Contactos de prensaVíctor Quintanilla (México), Coordinador de Contenido en la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), [email protected] Furbank, Especialista en Campañas de Comunicación del Centro de Derecho Ambiental Internacional, [email protected] Esther de la Rosa, Coordinadora de Comunicación en ESCR-Net, [email protected]

Noviembre 20 2023 Derechos Indígenas, Minería, Derechos Humanos

Nota de apoio aos movimentos sociais, organizações e defensores de direitos vítimas de tentativa de criminalização pela empresa Belo Sun Mineração Ltda.

As organizações membros da Aliança Volta Grande do Xingu (AVGX) abaixo assinadas convocam parceiros e parceiras, organizações da sociedade civil, juristas e pesquisadores a apoiar e fortalecer as pessoas e os movimentos que, em decorrência da sua incansável defesa dos povos, da biodiversidade e da existência da Volta Grande do Xingu, estão sofrendo intimidação e tentativa de criminalização pela empresa Belo Sun Mineração Ltda. Precisamos mostrar às grandes corporações que a sociedade civil do Brasil e do exterior está unida em torno desta causa. Não vamos retroceder na proteção do meio ambiente e dos direitos humanos frente às ameaças. Assinem esta nota e juntem-se a nós na proteção da Amazônia, do rio Xingu e dos seus defensores! Mais informações abaixo: Em 17 de outubro deste ano, a mineradora Belo Sun Ltda., subsidiária brasileira da empresa canadense Belo Sun Mining Corp., entrou com uma ação penal contra mais de 30 pessoas, a maioria agricultores e agricultoras, que estão reivindicando a anulação do acordo firmado em 2021 entre a mineradora e o Incra por meio do qual o último cedeu à Belo Sun 2.428 hectares de terras públicas dentro do Projeto de Assentamento (PA) Ressaca. A cessão de terras é objeto de uma Ação Civil Pública (ACP n. 1001161-22.2022.4.01.3903) interposta em 2022 pelas Defensorias Públicas da União (DPU) e do Estado do Pará (DPE-PA), que demonstra a ilegalidade da aquisição de terras e pede a anulação do contrato. Quase dois anos depois de protocolada, essa ação ainda não teve decisão de mérito. Além das lideranças locais, também foram incluídos como acusados na queixa-crime da Belo Sun representantes de organizações da sociedade civil e pesquisadores que estão atuando em defesa das comunidades ameaçadas pelo empreendimento. Muitas destas pessoas acusadas de "esbulho possessório" pela mineradora sequer residem no país. A queixa-crime é uma clara tentativa de silenciamento das pessoas defensoras do meio ambiente e dos direitos humanos, intensificada com a presença da segurança armada da empresa no território. Trata-se também de uma tentativa de criminalização das organizações que monitoram e denunciam a destruição provocada por grandes empreendimentos na Volta Grande do Xingu. No dia 15 de novembro, um grupo de 25 movimentos e organizações locais, baseados sobretudo em Altamira, Pará, lançaram uma Carta aberta de repúdio à criminalização de agricultores, agricultoras, movimentos sociais e organizações da sociedade civil promovida pela mineradora canadense Belo Sun. É preciso que os termos dessa carta sejam fortalecidos e reverberados nacional e internacionalmente. Não é a primeira vez que a Belo Sun Mineração Ltda. intimida organizações da sociedade civil e defensores de direitos humanos. Em 2022, a empresa entrou com uma ação contra um professor universitário que havia denunciado os riscos que o Projeto Volta Grande traria para o rio Xingu e seus povos. Já em meados de 2023, a Belo Sun enviou uma notificação extrajudicial à Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib), numa tentativa de calar as denúncias feitas pela organização indígena acerca dos riscos que oprojeto de mineração na Volta Grande do Xingu representa. A notificação ocorreu logo após o lançamento de uma relatório sobre a Belo Sun lançado pelo jurídico da Articulação e da ação de incidência internacional na ONU em Genebra realizada pela Aliança pela Volta Grande do Xingu, coalizão da qual Apib faz parte, denunciando os abusos corporativos de empresas canadenses na Amazônia brasileira e em mais 8 países da América Latina e do Caribe. Sobre a atuação da Belo Sun na Volta Grande do Xingu A Belo Sun quer instalar um mega empreendimento de mineração de ouro sobreposto à região do PA Ressaca, nas margens do Rio Xingu, com o objetivo de operar a maior mina de ouro a céu aberto do Brasil. O chamado Projeto Volta Grande (PVG), caso aprovado, afetaria de forma substancial e potencialmente irreversível um território já gravemente impactado pela mega-hidrelétrica de Belo Monte, além de impactar as terras e modos de vida tradicionais de diversos povos indígenas, assentamentos rurais e comunidades ribeirinhas que vivem nessa região. Diversas ações judiciais foram protocoladas registrando as irregularidades cometidas pela Belo Sun, incluindo a ausência de consulta e consentimento livre, prévio e informado das comunidades indígenas e tradicionais afetadas; a aquisição ilegal de lotes dento do PA Ressaca; o constrangimento e violação do direito à livre circulação e acesso ao território das comunidades locais; e a falta de competência do Estado do Pará para emitir a licença ambiental do PVG. O seu licenciamento está suspenso desde 2017 por decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região e no dia 11 de setembro de 2023 passou para a competência do Ibama, órgão federal. Demandas Nós, cidadãos, cidadãs, organizações da sociedade civil organizada e representantes de movimentos sociais que apoiamos a presente Nota, repudiamos a criminalização promovida pela Belo Sun Mineração Ltda., manifestamos nossa solidariedade com as vítimas desse processo e reforçamos nosso entendimento de que: A intimidação e criminalização de defensores e defensoras de direitos humanos, ativistas, pesquisadores, e lideranças de movimentos sociais promovida pela Belo Sun é inaceitável, e por isso apoiamos os termos da presente petição; O Projeto de Assentamento (PA) Ressaca é um território destinado à reforma agrária e à agricultura familiar localizado em uma região já bastante fragilizada do ponto de vista socioambiental que é incompatível com a instalação de um megaprojeto de mineração de ouro a céu aberto como o Projeto Volta Grande da Belo Sun. O poder público deve tomar medidas necessárias para que as famílias, comunidades e povos da Volta Grande do Xingu estejam fortalecidos, com efetiva participação na governança e proteção do território. As organizações membros da Aliança Volta Grande do Xingu que lançam essa Nota e convocam adesões: Articulação dos Povos Indígenas do Brasil - APIB Movimento Xingu Vivo - Brasil Aliança Volta Grande do Xingu Amazon Watch Associação Interamericana para Defesa do Ambiente - AIDA International Rivers Earthworks MiningWatch Canadá Junte-se a nós na proteção da Amazônia, do rio Xingu e dos seus defensores! Assine a nota de solidariedade internacional contra o assédio judicial que está sendo feito pela Belo Sun: https://forms.gle/tzUzR47v72jsdEPN8

Julio 19 2023 Arrecifes de coral, Océanos, Minería

México debe adoptar la moratoria a la minería oceánica con base en el enfoque precautorio

Ante la evidencia de los impactos graves e irreversibles de la minería submarina, México tiene la oportunidad de proteger su riqueza ecológica y adoptar una acción congruente con la protección del océano en el marco de la discusión internacional que se lleva a cabo actualmente acerca de la normativa y procedimiento para la exploración de yacimientos minerales en los fondos marinos. El océano profundo constituye casi el 50% de la superficie del planeta y es la reserva de alimento más grande del mundo. Al mismo tiempo, los fondos marinos contienen nódulos polimetálicos (concentraciones ricas en níquel, cobre, cobalto y manganeso principalmente), los cuales podrían aportar materias primas para la fabricación de baterías. En ese contexto, del 10 al 28 de julio se llevarán a cabo, en Kingston, Jamaica, las reuniones del Concejo y de la Asamblea de la Autoridad Internacional de Fondos Marinos (ISA por sus siglas en inglés) para discutir la hoja de ruta de la normativa y procedimientos necesarios para explotar los yacimientos minerales de los fondos marinos, particularmente en la región conocida como Clarion-Clipperton, en donde actualmente existen 16 contratos de exploración. México es el país más cercano a estas exploraciones debido a que su zona económicamente exclusiva colinda directamente con la concesión de minería oceánica Ocean Mineral, de Singapur; ubicada a tan sólo 144 km de distancia del área natural protegida Pacífico Mexicano Profundo y a 290 km del Archipiélago Revillagigedo, Patrimonio Natural de la Humanidad. Existe evidencia científica acerca de los impactos graves e irreversibles de la minería submarina en las condiciones morfológicas de los fondos marinos. Por ejemplo, la pluma de sedimentos de las actividades mineras submarinas se dispersa en aproximadamente 140 km, por lo que impactaría directamente al territorio mexicano, afectando los patrones alimentarios de la fauna, sepultando incluso a algunas especies. Además, el dragado y remoción de la corteza marina afectaría directamente a los corales milenarios de Revillagigedo. Especies que viven en la oscuridad también podrían verse afectadas por la luminosidad de la actividad específica, a lo que se suman los efectos que la contaminación acústica tendría en especies como las ballenas y otras que se valen de la ecolocalización para su subsistencia. La minería en aguas profundas es también una amenaza para la salud humana. Ello se debe a la acumulación de toxinas provenientes de la pluma de sedimentos en las cadenas alimenticias de especies de consumo humano como el marlín, tiburones, calamar y túnidos. Además de las afectaciones descritas directamente en su territorio, México ha recalcado su interés en buscar la protección del océano y su biodiversidad. Lo ha hecho al clasificar al Archipiélago de Revillagigedo como Patrimonio Natural de la Humanidad ante la UNESCO, unirse al Panel de Alto Nivel por una Economía Oceánica Sostenible en 2021, publicar un año después la Estrategia de Instrumentación 2021–2024, y adherirse al Tratado Global de los Océanos recientemente en 2023. El Archipiélago es, además, el territorio soberano más cercano a la Zona Clarion-Clipperton. Las organizaciones de la sociedad civil firmantes exhortamos a las autoridades mexicanas a realizar una acción sensata y valiente: Adoptar una postura a favor de un enfoque precautorio, lo cual concuerda con una moratoria preventiva a la minería en aguas profundas. En el derecho internacional, cuando una actividad u obra propuesta pueda tener impactos negativos en los ecosistemas, es legítimo adoptar medidas de protección aún a falta de certeza científica absoluta. La mayoría de los países de América Latina que participan activamente en la negociación, promueven y apoyan detener la actividad hasta que exista suficiente información científica sobre los ecosistemas del fondo marino y un marco normativo completo que asegure su indemnidad. Con el establecimiento de esta pausa, se generará un mejor conocimiento científico acerca de los endemismos y procesos ecológicos en el fondo marino. Esta postura conlleva el cumplimiento del derecho internacional y la congruencia de la política exterior de México con la protección del océano. La explotación minera de los fondos marinos es una amenaza inaceptable e injustificada para todos los seres y futuras generaciones que dependen de un océano sano para sobrevivir y prosperar. Firman: Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) Sustainable Ocean Alliance México Salvemos la Laguna IDHEA, A.C. Greenpeace México The Oxygen Project Mares de México Centro para la Diversidad Biológica Beta Diversidad Contacto de prensa: Víctor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +521 5570522107

Abril 21 2023 Minería, Contaminación Tóxica, Cambio Climático

Chile: Comunicación ante la decisión que aprobó la ampliación del proyecto Los Bronces Integrado

Como Coalición Latinoamericana por el Aire Limpio, vemos con preocupación la decisión del Comité de Ministros de aprobar la ampliación del proyecto minero Los Bronces Integrado, de la transnacional Anglo American. La crisis climática que afecta a todo el mundo golpea fuertemente a Chile, un país que cumple con 7 de los 9 criterios de vulnerabilidad asociados al cambio climático, definidos por la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). En este contexto, cualquier megaproyecto extractivista debe ser analizado bajo un estricto enfoque climático. Resulta particularmente alarmante el impacto que el proyecto aprobado tendrá sobre glaciares milenarios que forman parte del ecosistema hídrico que abastece de agua a la región más poblada del país. Sobre todo si consideramos que la zona ha sido azotada por un agresivo proceso de sequía, que por más de 10 años ha perpetrado un escenario de profunda escasez hídrica, y que solo se agravará con el tiempo, según todos los pronósticos. El proyecto fue también muy cuestionado por impactos a la calidad del aire de Santiago, una de las ciudades más contaminadas de América Latina. De acuerdo a un reciente estudio del Lancet Countdown sobre Sudamérica (1), Chile lidera el ranking de los países con mayor tasa de mortalidad prematura atribuible a la exposición sistemática a la contaminación del aire, con 240 muertes por millón de habitantes (2). Al respecto, resulta cuestionable, primero, la falta de información presentada por el titular para descartar un impacto a la salud de la población producto de las emisiones contaminantes del proyecto; y, segundo, las insuficientes medidas planteadas para compensar dichas emisiones, que contribuirán a la degradación del aire y, con ello, a la salud de la población. En efecto, Anglo American se comprometió, como una de las principales medidas de su Plan de Compensación de Emisiones (PCE), a compensar sus emisiones cambiando 70.000 calefactores a leña de la Región Metropolitana, equivalentes al 80% del total, según el mismo PCE. Si bien la calefacción a leña es un problema real que debe solucionarse, actualmente no se cuenta con estudios recientes ni con experiencias que respalden la potencial efectividad de la medida propuesta por la minera que, por lo demás, recae en la voluntad de terceras personas. De hecho, esto ya se ha intentado sin éxito en otras zonas del país, donde motivos culturales han obstaculizado una transición hacia medios de calefacción menos contaminantes. En definitiva, Anglo American está comprometiéndose a ejecutar una medida compensatoria poco clara, que depende de terceros y que requiere remover prácticas y arraigos culturales de muchísimas personas para su éxito. También se acordaron otras medidas como pavimentar caminos locales e incorporar aspirados de calles. Si bien estas buscan evitar la resuspensión de partículas, Anglo American no entrega análisis convincentes respecto a su efectividad. Para el caso del aspirado de vías, por ejemplo, a esta medida se le asigna una efectividad de apenas un 7%, teniendo como base una frecuencia de aspirado una vez cada 14 días. En este sentido, el sistema de compensación de emisiones planteado por Anglo American y aceptado por la autoridad sin haber sido evaluado a profundidad, es evidente que no logrará compensar efectivamente las nuevas emisiones que el proyecto minero vendría a sumar a un espacio ya saturado, con lo que el proyecto estaría agravando una situación de contaminación atmosférica que ya es seria. Como Coalición Latinoamericana por el Aire Limpio, hacemos un llamado a que se revise la aprobación de la ampliación de la mina Los Bronces por parte del Comité de Ministros y, a que se eleven los estándares de resguardo ambiental a niveles que evidencien la acción urgente que requiere la crisis climática que atravesamos. (1) Hartinger, et al. The 2022 South America report of The Lancet Countdown on health and climate change: trust the science. Now that we know, we must act. March 2023, https://doi.org/10.1016/j.lana.2023.100470 (2) Camila Quilodrán – Escuela de Salud Pública U. de Chile. Induambiente. Estudio detecta que Chile es el país sudamericano con más muertes por contaminación del aire.

Enero 18 2023 Cambio Climático, Derechos Humanos

Corte Constitucional tiene la oportunidad de reencaminar el proceso de transición energética en Colombia

En el marco de la demanda de inconstitucionalidad presentada contra la ley de transición energética por vicios de forma, el fallo del tribunal puede encauzar el proceso, hacerlo participativo y promover mejores condiciones de justicia climática y ambiental en el país. Bogotá, Colombia. En este momento, la Corte Constitucional conoce de la acción de inconstitucionalidad presentada contra la Ley 2099 de 2021, conocida como ley de transición energética. Su eventual fallo es una oportunidad para reencaminar el proceso de transición energética en el país debido a que en la expedición de la norma se incumplieron las formalidades del proceso legislativo —no hubo los debates necesarios, en los tiempos establecidos y con la información requerida—, eludiendo el debate democrático e impidiendo un análisis completo de las implicaciones e impactos de la ley. La norma, expedida con trámite de urgencia, da vía libre a proyectos de generación de energía a partir de hidrógeno azul (el cual usa combustibles fósiles) y de procesos de captura de carbono. Además, promueve el uso de materias primas como el gas, impulsando la técnica de fracking. Algunas de estas actividades tienen impactos previsibles y riesgosos para los derechos humanos y el clima; otras tendrían efectos inciertos en el ambiente y en las personas. La acción de inconstitucionalidad por vicios de forma contra la Ley 2099 fue presentada por el Semillero de investigación en estudios sobre minería de la Universidad de Antioquia, la Clínica de Medio Ambiente y Salud Pública de la Universidad de los Andes (MASP) y la Clínica Jurídica sobre Derecho y Territorio de la Universidad Javeriana (CJD&T), en alianza y articulación con académicos y organizaciones de la sociedad civil. Luego de una profunda reflexión acerca de la importancia del proceso de transición energética en Colombia y de la protección de los derechos humanos, los demandantes concluyeron que, si bien dicho proceso es urgente y necesario para cumplir con los objetivos y compromisos nacionales e internacionales para enfrentar la crisis climática, el trámite de la ley presentó inconsistencias graves en su expedición, relacionadas con la falta de publicidad y la elusión del debate público y democrático. En efecto, los cargos admitidos de la acción abordan dos asuntos: 1) la vulneración de los principios de consecutividad y publicidad; pues el legislador omitió leer y exponer el contenido de las proposiciones aprobadas y no aprobadas por las comisiones conjuntas y las plenarias de las Cámaras, eludiendo así el debate; y 2) la violación de la reserva del trámite en la iniciativa legislativa debido a que uno de los ejes de la ley demandada se refiere a las normas de contenido tributario, las cuales por su naturaleza debían iniciar su trámite legislativo en la Cámara de Representantes y no fue así. La demanda fue admitida el 19 de septiembre de 2022. Para mediados de enero del presente año, se tendrá un borrador de fallo por parte de la magistrada sustanciadora, Paola Andrea Meneses Mosquera. La sentencia definitiva se espera a finales de abril. La transición energética es un paso fundamental para Colombia. Por tanto, este proceso requiere un debate amplio y democrático en el Congreso y a través de la participación ciudadana directa. Esta participación debe ser informada, oportuna, amplía y efectiva, en escenarios que permitan reflexionar y buscar consensos respecto del camino que la transición energética debe seguir en el país. Eludir el debate impide la construcción colectiva y el diálogo democrático acerca de un proceso fundamental para el país en los próximos años. Para la Clínica de Medio Ambiente y Salud Pública de la Universidad de los Andes (MASP), esta acción es una oportunidad para reconducir el camino hacia la transición justa. “Es fundamental desarrollar y acordar una comprensión amplia de la justicia climática que parta del reconocimiento de las cargas y daños que histórica y estructuralmente han sufrido las comunidades, que las repare de manera integral, que establezca obligaciones de participación de estas comunidades en la toma de decisiones y, por último, que priorice la soberanía energética de las comunidades, la autogestión y el autogobierno”. El debate iniciado con la demanda ante la Corte Constitucional es clave para una discusión más completa y plural del proceso de transición energética, la cual no se llevó a cabo en el legislativo y está aún pendiente en Colombia. La importancia de dialogar sobre las diferentes alternativas dentro de la transición energética permitirá al país contar con una planificación regulatoria y de política pública que responda a las múltiples complejidades que se establecen en este proceso. Solamente la legitimidad que otorga el debate público podrá garantizar la verdadera transición energética que requiere el país. Desde la perspectiva de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), “el proceso de transición energética requiere procesos amplios y participativos, con un rol activo de las personas en ciudades y zonas rurales, para que el mismo contribuya no sólo a atender la crisis climática, sino también a reconocer y reducir brechas, permitiendo la consolidación de mejores condiciones para la justicia climática y ambiental en la región. Colombia puede convertirse en un actor global clave si promueve la transición energética con un enfoque de derechos humanos”. Organizaciones firmantes que han apoyado la acción de inconstitucionalidad: Semillero de investigación en estudios sobre minería de la Universidad de Antioquia Clínica Jurídica sobre Derecho y Territorio de la Universidad Javeriana (CJD&T) Semillero de investigación en transición energética de la Universidad del Magdalena Mauricio Madrigal - Director Clínica de Medio Ambiente y Salud Pública de la Universidad de los Andes (MASP) Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) Climalab CENSAT Contacto de prensa: Víctor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], 525570522107

Diciembre 22 2022 Derechos Indígenas, Minería, Transparencia y Rendición de Cuentas

Punto de Contacto de la OCDE en Suiza llama a Glencore a cumplir debida diligencia en mina de carbón en Colombia

En su declaración final ante la queja presentada por la sociedad civil contra Glencore, el Punto Nacional de Contacto (PNC) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en Suiza recomendó que la multinacional, como única propietaria de la mina Cerrejón en Colombia, garantice "que sus políticas y medidas de debida diligencia fomentan una conducta empresarial responsable en Cerrejón". Para ello, hizo un llamado a que Glencore, en el marco de sus deberes, mantenga un diálogo con ONG y representantes de las comunidades Wayúu y afrocolombianas afectadas por las operaciones de la mina. En enero de 2021, una coalición de organizaciones nacionales e internacionales —compuesta por GLAN, CAJAR, AIDA, CINEP, Ask!, ABColombia y Christian Aid Irlanda— presentó tres quejas ante los PNC de la OCDE en Irlanda, Reino Unido, Suiza y Australia para denunciar los múltiples impactos de la mina operada por la empresa Carbones del Cerrejón en detrimento de la vida y los derechos humanos de las poblaciones indígenas, afrodescendientes y campesinas de La Guajira, así como la falta de debida diligencia y el incumplimiento de los lineamientos de la OCDE. Las quejas fueron presentadas contra ESB (Electricity Supply Board), empresa estatal irlandesa que compra carbón de Cerrejón; CMC (Coal Marketing Company), con sede en Dublín, Irlanda; y contra las sociedades multinacionales mineras dueñas de Cerrejón: BHP, Anglo American y Glencore. El PNC de Suiza señaló que “los PNCs australiano y británico publicarán, de acuerdo con sus reglas de procedimiento, Declaraciones Finales relativas a BHP y Anglo American respectivamente”. Consideramos que el PNC suizo, al emitir una declaración en la que se limitó a reiterar los deberes existentes de forma genérica y no formuló recomendaciones sustantivas en relación con la gravedad de los hechos de abusos y violaciones documentados en la queja, no se ocupó de la tarea principal para la cual fue creado, esto es garantizar la implementación de las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales. Durante el procedimiento se presentaron graves irregularidades y asimetrías promovidas por el PNC suizo, entre ellas la falta de acceso a la información y ausencia de garantías de participación para las comunidades indígenas Wayuu y afrodescendientes afectadas, brindando a Glencore impunidad por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por las operaciones mineras de Carbones de Cerrejón en Colombia. Esta situación nos hizo desistir de la mediación. Nuestra experiencia con el PNC suizo pone de manifiesto el complejo entramado y arquitectura de la impunidad, asimetrías y brechas abismales a las que se enfrentan las víctimas de las compañías multinacionales del carbón para acceder a la justicia en distintos escenarios. Ante el grado de incompetencia, negligencia y falta de consistencia del PNC en sus funciones, rechazamos que con su declaración final sugiera que la imposibilidad de llegar a una mediación es atribuible a GLAN y a las partes, y se ignore que el deficiente papel del PNC suizo afectó el desarrollo del proceso. Es claro que el PNC suizo creó una carga desproporcionada en los reclamantes para facilitar la accesibilidad al mecanismo, quienes con suma diligencia y buena fe participamos de todo el procedimiento. La falta de eficacia del PNC suizo es una situación reiterada. Un ejemplo de esto fue el tratamiento que hizo de la queja contra Sygenta por afectaciones a campesinos en la India. Las indebidas prácticas del PNC llevaron a que Marcos Orellana, Relator Especial de la ONU sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos, afirmara que se había generado "un mal precedente que subraya las debilidades de los Puntos Nacionales de Contacto para las Directrices de la OCDE". El hecho de que los mecanismos legales suizos de rendición de cuentas hagan tan poco para regular la conducta de Glencore —una empresa que acumula un historial de corrupción y graves denuncias de abusos y violaciones a derechos humanos asociadas a sus actividades a nivel global— los convierte en parte del problema. Aunque las directrices son voluntarias para las empresas, los países que se adhieren a las mismas contraen el compromiso vinculante de implementarlas. La deficiencia en la atención de esta queja por parte del PNC suizo, la inobservancia de sus funciones y las obligaciones del gobierno y el Estado suizo en relación con el respeto a los derechos humanos conlleva a cuestionarnos sobre el grado de complicidad que genera la tolerancia a las violaciones y abusos de empresas. Ante este accionar, lo cierto es que el mecanismo voluntario se convierte en un escenario que enmascara las vulneraciones y la impunidad corporativa. Mientras el gobierno de Suiza no otorga garantías reales y efectivas de reclamación frente a la responsabilidad de Glencore en las violaciones cometidas por la empresa Carbones del Cerrejón, la multinacional sí hace uso de sus garantías como inversionista, contenidas en el Acuerdo de Protección a las Inversiones Extranjeras firmado entre Colombia y Suiza, que le permiten demandar a Colombia por un fallo judicial que protegió los derechos humanos del pueblo Wayuu. Preocupa que, frente a esta situación asimétrica, Colombia mantenga este acuerdo. Reiteramos la insuficiencia de los mecanismos no judiciales para responsabilizar a las empresas multinacionales. Casos como este, evidencian la necesidad de proferir una legislación vinculante en materia de debida diligencia y un tratado vinculante de empresas y derechos humanos que incluya escenarios reales de responsabilidad por los abusos del ilimitado poder transnacional corporativo. Firman: Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) Christian Aid ¡ASK ABColombia Global Legal Action Network (GLAN) Contacto de prensa: Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +525570522107

Noviembre 09 2022 Cambio Climático, Derechos Humanos

Declaración del Sur Global sobre financiamiento climático frente a la COP27

La COP 27 debe alcanzar acuerdos para que el financiamiento sea equitativo, suficiente, sostenible y asegure una transición justa. La vigésimo sexta Conferencia de las Partes (COP26) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) celebrada en Glasgow, Escocia, fue una de las conferencias más importantes para la agenda de financiamiento climático. Aspectos asociados al acceso, el balance y la visión de largo plazo fueron los temas centrales en la agenda de financiamiento. Las ya complejas discusiones se vieron exacerbadas en el contexto de la pandemia del COVID-19, que generó una creciente necesidad de financiamiento en los países en desarrollo, particularmente los más vulnerables. En este sentido, la COP27 debe retomar y acordar discusiones pendientes, para avanzar con pasos firmes hacia la implementación del Acuerdo de París, que ordena "hacer consistentes los flujos financieros en un nivel compatible con una trayectoria que conduzca a un desarrollo resiliente al clima y con bajas emisiones de gases de efecto invernadero". Los aspectos más importantes que los países deben acordar en la COP27, en Sharm el-Sheikh, Egipto, son: 1. Financiamiento para la transición justa, con enfoque de justicia climática y género: El Pacto de Glasgow integra por primera vez el concepto de justicia climática, pero no lo asocia con el tema de financiamiento. Por ello es fundamental que en el marco de la COP27 se reconozca que el financiamiento es un medio de implementación fundamental para alcanzar la transición justa y que debe asignarse con un enfoque de justicia climática y de género para alcanzar una distribución de financiamiento adecuada que no incremente brechas de género y que sea equitativo regional y temáticamente. 2. Cumplimiento de la meta de los $100 mil millones: En la COP26, los países desarrollados presentaron un reporte sobre el avance en la entrega de los 100 mil millones de dólares, que muestra que aún no se cumple con lo prometido. La COP27 debe servir como espacio, no solo para presentar los avances, sino para acordar un plan de entrega que permita conocer los tiempos e instrumentos mediante los cuales se transferirá el financiamiento, que no debiera ser menor a 500 mil millones para el periodo 2020-2024. 3. Balance global y financiamiento: Las conversaciones que se tengan en la COP27 sobre el balance global, deben llevar a mejorar la conexión entre necesidades y flujos de financiamiento, así como los esquemas de acceso al financiamiento, y atender todos los obstáculos que no han permitido una movilización adecuada en los países en desarrollo. 4. Aumento del financiamiento para la adaptación: En la COP 26 los países acordaron duplicar el financiamiento para la adaptación hacia 2025, con base en los niveles de 2019. En la COP27, los países desarrollados deben presentar un plan satisfactorio sobre la forma en que se duplicará el financiamiento para la adaptación, y establecer una meta ambiciosa para alcanzar el balance entre el financiamiento para la adaptación y para la mitigación. Esta meta debe apuntar a incrementar al menos en 10 veces el financiamiento para la adaptación y el plan debe incluir de forma clara el apoyo dirigido al Fondo de Adaptación. 5. Financiamiento para pérdidas y daños: La COP27 debe ser un hito para el financiamiento en materia de pérdidas y daños, logrando el acuerdo de mecanismos para la transferencia de recursos a los países que más lo requieren. Por un lado, es necesario acordar la creación de una facilidad que permita establecer metas de mediano y largo plazo en la materia. Por otro lado, es necesario establecer un esquema programático en el cual los países se comprometan a integrar en sus asignaciones anuales un porcentaje de financiamiento para pérdidas y daños. Este financiamiento debe ser adicional al destinado para la mitigación y la adaptación. 6. Una nueva meta colectiva cuantificada de financiamiento basada en necesidades: Las deliberaciones técnicas y de alto nivel sobre la nueva meta colectiva cuantificada de financiamiento climático deben basarse en el reconocimiento de las actuales necesidades financieras de los países en desarrollo, y acordar esquemas de apoyo para aquellos que no han cuantificado sus necesidades, para que esa información sea incorporada en los próximos 12 meses, de cara a las negociaciones de 2024. 7. Mejoras en el acceso al financiamiento climático: En la COP27 se deben establecer mandatos para que los mecanismos financieros multilaterales hagan más eficiente, fácil y rápido el acceso a recursos por parte de actores locales, creando ventanas de emergencia ante crisis, como la de la pandemia del COVID-19. Mecanismos de financiamiento, como el Fondo Verde del Clima, deben innovar en sus esquemas de acceso, particularmente para las poblaciones más vulnerables. 8. Descarbonización de las finanzas públicas: En la COP27 se debe reconocer que alcanzar la transición justa y el cumplimiento del artículo 2.1.c del Acuerdo de París, implica descarbonizar las finanzas públicas, tanto de los países desarrollados, como de los países en desarrollo. Para los países en desarrollo esto significa que se debe acelerar la reducción de su dependencia en ingresos intensivos en carbono, como los provenientes de las concesiones mineras, petroleras y la venta de gasolinas, diésel y gas natural. Un paso fundamental es acabar con los subsidios a los combustibles fósiles y diversificar los ingresos, promoviendo inversiones nacionales que apoyen una transición económica justa que genere nuevos empleos y, por tanto, nuevos ingresos para invertir en las necesidades nacionales y locales. 9. Reestructuración y canje de deuda por protección: En la COP 27 se debe reconocer la importancia de esquemas como el cambio de deuda por naturaleza y clima como una vía para movilizar más financiamiento climático. La fuerte presión de la deuda externa está impidiendo a muchos países invertir recursos nacionales para hacer frente al problema. Las instituciones financieras internacionales y los países desarrollados deben facilitar la reestructuración de las deudas, incluyendo esquemas de canje de deuda por acción climática y mecanismos de garantía que permitan a los países en desarrollo invertir dichos recursos en la reducción de emisiones y en el incremento de la resiliencia, protegiendo la biodiversidad, los ecosistemas y todos los medios de vida para beneficio mundial. 10. Hacia un financiamiento transformacional: La COP 27 debe marcar un hito en el entendimiento y movilización del financiamiento climático, partiendo por asumir que los esquemas actuales no ayudarán a cambiar las dinámicas condescendientes que han existido en el marco de la cooperación internacional. Combatir el cambio climático requiere de la transformación de los sistemas económicos, de una colaboración real y solidaria, en la que no solo importa la cantidad de financiamiento movilizado, sino también la calidad del mismo; asegurando que llegue a quien tiene que llegar sin generar más cargas adicionales a mujeres y grupos vulnerables. Es momento de transformar el paradigma de financiamiento para hacer de él uno más efectivo, justo y verdaderamente sostenible. Adhieren: AIDA Barranquilla +20 CEMDA Chile Sustentable Defensoría Ambiental Fernando Aguilera Fundación Hábitat Verde Fundación Plurales GFLAC Hub’s de Finanzas Sostenibles de GFLAC Instituto de Derecho Ambiental y Desarrollo Sustentable (IDEADS) Instituto Talanoa La Corporación La Caleta OLAC Plataforma CIPÓ Red Mundial de Jóvenes Políticos - Santa Cruz Bolivia

Agosto 22 2022 Océanos

Necesitamos ambición y sentido de urgencia a medida que las negociaciones del tratado de alta mar se acercan a un cierre

Nueva York, EE. UU. A una semana de que concluyan las negociaciones de un nuevo tratado para proteger dos tercios de los océanos, alta mar, la sociedad civil enciende las alarmas acerca del nivel de urgencia y ambición para un resultado sólido. Varios Estados se han comprometido públicamente a conseguir un tratado ambicioso en esta última sesión programada, pero preocupa que esto no se refleje plenamente en la sala de negociación formal. La Alianza de Alta Mar (HSA por sus siglas en inglés) espera que el Reino Unido, la Unión Europea, Canadá y Estados Unidos —que han sido defensores públicos de los océanos, incluyendo la reciente Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos— muestren más ambición. Estas delegaciones apoyan algunas posiciones progresistas dentro de las negociaciones del Tratado, pero demasiadas otras parecen mantener posiciones que no darán lugar a la transformación que necesitamos para un océano sano y productivo para las generaciones actuales y futuras. Algunos Estados y grupos están presionando para obtener un resultado sólido. La CARICOM (Comunidad del Caribe), los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo del Pacífico, Nueva Zelanda, Costa Rica y Mónaco están marcando el ritmo para lograr un resultado rápido y eficaz. Esta ronda de negociaciones, conocida como IGC5, es la quinta y última reunión programada y convocada por la Asamblea General de la ONU. Su objetivo es concluir un tratado para la protección de la biodiversidad en zonas fuera de la jurisdicción nacional, que incluye alta mar, y que constituye la mitad del planeta, dos tercios del océano. Durante décadas, la comunidad internacional ha luchado por alcanzar este acuerdo, tiempo en el cual el cambio climático y la pérdida de biodiversidad se han intensificado. La HSA reconoce que los elementos del "paquete" que se está negociando están intrínsecamente relacionados y que son fundamentales para que las negociaciones concluyan con éxito. "La mayor oportunidad de nuestra generación para demostrar que nos tomamos en serio la protección del océano mundial es ahora. Un tratado de alta mar fuerte está al alcance de la mano, pero se necesita más ambición. Los gobiernos deben cumplir su compromiso de elaborar un tratado verdaderamente ambicioso esta semana y finalmente tomar medidas que permitan al océano recuperarse y prosperar; para la biodiversidad marina, el clima de la Tierra y el bienestar de las generaciones venideras. No hay más tiempo que perder" - Sofia Tsenikli, Asesora Estratégica Sénior de la HSA. CITAS DE LAS ORGANIZACIONES MIEMBROS CANADÁ Susanna Fuller, VP Operations and Projects, Oceans North: "Con el litoral más largo del mundo y como campeón autodeclarado del océano, Canadá desempeña un papel vital en la consecución de un tratado fuerte. Esperamos que las ambiciones de Canadá respondan a la urgente necesidad de protección de la biodiversidad y de gestión responsable del 50% del planeta. Con la aceleración de los impactos del cambio climático y el aumento de la pérdida de biodiversidad, la finalización y aplicación de este Tratado no puede producirse lo suficientemente rápido". AMÉRICA LATINA Gladys Martínez de Lemos, Directora Ejecutiva, AIDA (Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente): "La mayoría de los países latinoamericanos han declarado públicamente su compromiso de aumentar las áreas marinas protegidas en un 30% para 2030. Esto no puede lograrse sin un tratado de alta mar ambicioso. Además, el 70% de las áreas que no serían protegidas necesita un proceso de evaluación de impacto ambiental con un alto nivel de capacidad e implementación. Durante todas las negociaciones, Costa Rica ha mostrado su compromiso con un tratado sólido y ambicioso. Agradecemos su liderazgo ejemplar a lo largo de estos años". COREA DEL SUR Jihyun Lee, Embajadora de la Juventud de la Alianza de Alta Mar y estudiante de la Universidad de Yonsei, Corea del Sur: "Las y los jóvenes y las generaciones futuras exigen un tratado de alta mar fuerte y significativo que proteja eficazmente el océano. Pedimos un apoyo unificado para que los gobiernos del mundo tomen por fin medidas audaces en favor de nuestro océano". EE. UU. Lisa Speer, NRDC: "Aplaudimos el planteamiento más progresista de Estados Unidos, que ha sido un firme defensor de la conclusión de las negociaciones de manera oportuna y del fortalecimiento de la evaluación ambiental. Sin embargo, necesitamos que Estados Unidos muestre más liderazgo para garantizar que el nuevo tratado dé lugar a la creación de una red de áreas totalmente protegidas, con base científica, en todas las zonas de alta mar, algo que para las y los científicos es esencial para invertir el declive del océano". EE. UU. + REINO UNIDO Laura Meller, Protect the Oceans campaign, Greenpeace: "Es muy preocupante que la Unión Europea y el Reino Unido sigan insistiendo en mantener un statu quo roto en lo que respecta a la creación de santuarios oceánicos en alta mar en esta ronda de negociaciones. El bloque y el Reino Unido deben aumentar su ambición en los últimos días de las negociaciones si realmente quieren ser campeones mundiales del océano, y garantizar que esta semana se finalice un tratado fuerte que tenga el poder de crear santuarios oceánicos debidamente protegidos en alta mar. Si no lo hacen, sus bellas palabras en el período previo a estas negociaciones serán poco más que retórica vacía. El océano está en crisis. Necesitamos una acción ambiciosa y urgente antes de que sea demasiado tarde". PSID + CARICOM Travis Aten, Oficial de Programas, HSA: "Seguimos aplaudiendo el liderazgo continuado de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo del Pacífico (PSIDS) y de la Comunidad del Caribe (CARICOM) durante este proceso de negociación, especialmente a través de su apoyo a posiciones de conservación sólidas y ambiciosas. Como islas que están rodeadas por el océano, tienen claro que este tratado debe ir más allá del statu quo actual e implementar un cambio real sobre cómo gestionamos la biodiversidad de alta mar". Fabienne McLellan, Managing Director, OceanCare: "Es alentador ver que hay un mayor espíritu de urgencia en la sala. Muchos negociadores se están arremangando, conscientes de que el mundo está observando para juzgar si la retórica acerca de los compromisos con el océano que se han hecho en la preparación de esta conferencia se están traduciendo en el texto del tratado. Aunque desgraciadamente algunos elementos del texto del tratado se están diluyendo, aún no es demasiado tarde para dar un giro. No basta con mantener el statu quo y el mínimo común denominador. Necesitamos un tratado ambicioso y aplicable. El estado de emergencia del océano no exige menos". NOTAS Alta mar, que cubre casi la mitad de la superficie del planeta, es un verdadero bien común mundial y solo está protegido por un mosaico de normas mal aplicadas que no son adecuadas para hacer frente a la creciente presión sobre la columna de agua y el lecho marino, como el cambio climático, la contaminación, la pesca y actividades emergentes como la minería de aguas profundas y la bioprospección. Las negociaciones se iniciaron en 2018 y desde entonces se han beneficiado de una mayor conciencia científica y política acerca de la vida y los hábitats marinos de alta mar, así como de los peligros a los que se enfrentan debido a las actividades humanas. Por ejemplo, hasta hace relativamente poco tiempo, se consideraba que los "Altos Mares" estaban en gran medida desprovistos de vida o eran demasiado remotos como para enfrentarse a graves amenazas de sobreexplotación. Hoy en día, las y los científicos han demostrado que sustentan sistemas marinos que son vitales para el suministro mundial de alimentos, la ecología terrestre y la estabilidad del sistema climático. VOCERAS América Latina Mariamalia Chavez (español e inglés), [email protected] Gladys Martínez de Lemos (español e inglés), AIDA, [email protected]

Junio 17 2022 Contaminación Tóxica, Cambio Climático, Derechos Humanos

Chile: Cierre de la fundición Ventanas, una decisión que busca terminar con la "zona de sacrificio" de Puchuncaví Quintero"

Valoramos y agradecemos la responsable decisión del Directorio de CODELCO y del gobierno del presidente Gabriel Boric de cerrar la Fundición de Cobre de Ventanas, dando término a lo que por décadas ha sido la principal fuente de contaminación, daño ambiental y vulneración del derecho humano de los habitantes de Puchuncaví y Quintero de vivir en un medio sano y seguro para la vida. La Fundición de Cobre de Ventanas es la principal fuente de emisiones de dióxido de azufre (62% de las emisiones totales), además de metales pesados y arsénico, que han generado la devastación de históricas actividades productivas de la zona como la agrícola, la pesca artesanal y el turismo, así como también irreparables daños en la salud de la población del territorio poniendo en riesgo a los niños y futuras generaciones. La intoxicación de los niños de La Greda en 2011 y las ocurridas este año fueron provocadas por excedencia en las emisiones de dióxido de azufre. Felicitamos y apoyamos al gobierno actual por tener la valentía y convicción de que debemos avanzar en una transición justa en lo social y ecológico. Creemos que llegó el momento para que Chile termine con las zonas de sacrificio, repare las deudas históricas y avance decididamente hacia un desarrollo con justicia social y territorial. Nos sentimos tranquilas y tranquilos porque tanto CODELCO, como el gobierno, han asumido el compromiso de no dejar a los trabajadores sin su fuente laboral, como también se han comprometido a hacerse cargo de la remediación ambiental, y al mismo tiempo continuar procesando los minerales de la pequeña minería en las fundiciones existentes en Potrerillo y Caletones. Firman: Mujeres de Zona de Sacrificio en Resistencia Quintero-Puchuncaví Coalición Nacional Ciudadana Chao Carbón Se adhieren a la declaración las siguientes organizaciones: SINDICATODE PESCADORES DE HORCON CARLOS VEGA, CORE REGION DE VALPARAISO DUNAS DE RITOQUE FUNDACION CHILE SUSTENTABLE GREENPEACE DEFENSORIA AMBIENTAL FUNDACION RELAVES MOVIMIENTO CIUDADANO CHAO PESCAO ALERTA ISLA RIESCO DESPIERTA MEJILLONES ASOCIACION INTERAMERICANA PARA LA DEFENSA DEL AMBIENTE (AIDA) MUJERES EN RESISTENCIA ARTE EDUCA ONG CEUS CHILE ONG FIMA FUNDACION TERRAM COALICION ECUMENICA PARA EL CUIDADO DE LA CREACION CORPORACION DE EDUCACION E INCIDENCIA PUBLICA OTROS CRUCES MOVIMIENTO SALVEMOS CORONEL ECOSISTEMAS NEWENKO ONG YANAPANAKU CONSEJO DE DEFENSA DE LOS QUEÑES COORDINADORA CIUDADANA NO ALTO MAIPO MOVIMIENTO SOCIAL EN DEFENSA DEL RIO ÑUBLE COLECTIVO DE INVESTIGACION ACCION ESTUARIALES ESCAZU AHORA CHILE