Group Declarations

Derechos Indígenas, Minería

Proyecto minero de Belo Sun es inviable, según estudio técnico

El estudio revela graves vacíos en el proyecto de minería de oro que la empresa canadiense pretende instalar en la Volta Grande del río Xingú, en el estado de Pará (Brasil). Identifica altas probabilidades de fallas en la presa de relaves, lo que implica que los residuos podrían llegar al río en siete minutos. Altamira, Brasil. En apenas siete minutos, aproximadamente 9 millones de metros cúbicos de desechos tóxicos pueden llegar al río Xingu, en el estado brasileño de Pará, y recorrer más de 40 kilómetros en dos horas, causando impactos irreversibles en el ambiente, así como en los pueblos indígenas y ribereños que viven allí y en el Amazonas. Este es el escenario conservador en caso de que se rompa la presa de relaves del proyecto Volta Grande de la empresa canadiense Belo Sun Mining, señala un estudio técnico. El documento da cuenta de la inviabilidad del proyecto y recomienda que éste sea rechazado por las autoridades reguladoras de Brasil. Belo Sun dice que, en caso de accidente, los desechos llegarían al río en 97 minutos, pero no menciona los detalles del cálculo empleado. Es uno de los ejemplos resaltados en el dictamen, el cual advierte también de la alta probabilidad de falla de la presa. El estudio, firmado por el Dr. Steven H. Emerman, experto en geología y minería, evidencia una serie de vacíos en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado por la empresa minera. La empresa promete ser la mayor minera de oro a cielo abierto de Brasil y pretende asentarse en el Volta Grande del Xingú, uno de los sitios de mayor biodiversidad del mundo, el cual ya enfrenta los impactos de la represa hidroeléctrica Belo Monte. La región alberga dos Tierras Indígenas y varias comunidades ribereñas. Con la Licencia de Instalación (LI) suspendida por la justicia desde 2017, la empresa espera una respuesta de la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) y de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente (SEMAS) de Pará para continuar con el proceso de licenciamiento. La LI fue suspendida a comienzos de año debido a una acción del Ministerio Público Federal que cuestionó la falta de estudios del componente indígena en el EIA y la ausencia del proceso de Consulta Previa, Libre e Informada con los pueblos indígenas y ribereños. La empresa presentó los Estudios de Impacto Ambiental del Componente Indígena a la FUNAI, entidad que debe analizarlos y puede solicitar información adicional. Antes de que los estudios sean aprobados por el organismo indígena, el proceso de consulta con los Juruna (Yudjá) debe finalizar de acuerdo con su Protocolo de Consulta, el cual establece la necesidad de transparencia como base del proceso: “Para entender los impactos y riesgos de cualquier proyecto, exigimos que la información se dé en palabras sencillas y claras, hasta que todas nuestras dudas y preguntas sean respondidas", dice el texto del Protocolo. Con base en el dictamen de Emerman, la Red Xingú + y el Movimiento Xingú Vivo por Siempre enviaron una carta a la FUNAI sugiriendo que se soliciten estudios complementarios, "indispensables para la evaluación de la viabilidad socioambiental y cultural del proyecto minero de Volta Grande, teniendo en cuenta, sobre todo, el grave riesgo para las comunidades indígenas y ribereñas situadas aguas abajo del sitio destinado a albergar la presa de colas". El documento también fue enviado a la SEMAS. El documento resalta que la Volta Grande del Xingú sufre ya los impactos negativos de la aplicación del Hidrograma de Consenso de Belo Monte, medida que reduce drásticamente el caudal del río en la región. Esto agrava los riesgos de un eventual accidente en el dique de colas, previsto para el proyecto de Belo Sun. Por tanto, es necesario evaluar con mayor precisión los impactos acumulativos de los dos proyectos, como se ha exigido ante la Fiscalía Federal de Altamira. El dictamen es parte de los esfuerzos de una articulación de investigadores independientes de diversos campos de acción, vinculados a instituciones nacionales e internacionales. El mes pasado, el grupo remitió a las autoridades a cargo de la concesión de licencias para el proyecto de Belo Sun un informe técnico destacando las deficiencias de los Estudios de Impacto Ambiental del Componente Indígena en los ecosistemas acuáticos y de ictiofauna de la Volta Grande del Xingú presentados por la empresa minera. Y se remitirá otro informe con observaciones técnicas sobre las inconsistencias de los documentos presentados para la obtención de las licencias ambientales del proyecto. La articulación cuenta además con organizaciones como la Red Xingú +, el Movimiento Xingú Vivo por Siempre, Amazon Watch, el Instituto Socioambiental (ISA), International Rivers, Above Ground y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Fallas, inseguridad e información conflictiva Desde información contradictoria hasta la ausencia de criterios de seguridad sísmica, la opinión del Dr. Emerman destaca ocho puntos principales que apoyan la recomendación de rechazar el proyecto de la Volta Grande: 1. El dique de colas no fue diseñado bajo ningún criterio de seguridad sísmica, violando las regulaciones brasileñas al respecto. Cualquier presa de colas debe ser diseñada para soportar eventos como inundaciones y terremotos. Contrariamente a la norma brasileña, la empresa no incluyó en sus estudios un análisis de la sismicidad local ni simuló la respuesta de la estructura a una hipotética aceleración sísmica. 2.  Aunque se han mapeado las fallas geológicas en el sitio de la presa de colas, no se han hecho estudios de la sismicidad local, lo que también viola las regulaciones brasileñas sobre presas de colas. La actividad sísmica es responsable de causar la disolución de los residuos saturados en el agua, una de las causas más comunes de las fallas en las presas de residuos. En Brasil, sólo en 2019, hubo tres fallas de represas, entre ellas la ruptura de la presa de Vale en Brumadinho (Minas Gerais), que causó por lo menos 250 muertes. Casos así demuestran la necesidad e importancia de los estudios de la sismicidad local y son indispensables para la evaluación adecuada del riesgo de fallas de un dique de colas. 3. No se ha hecho ningún análisis de riesgo de las fallas geológicas mapeadas en las cercanías del lugar del proyecto. Tres de estas fallas, que son estructuras presentes en las rocas y que pueden promover movimientos sísmicos, se cruzan en el sitio exacto de la presa de relaves propuesta. 4. La simulación oficial de la ruptura asume, sin justificación alguna, que el flujo de los desechos se interrumpiría al llegar al río Xingú, ignorando la capacidad de los elementos tóxicos para viajar decenas de kilómetros a lo largo de la Volta Grande. Las conclusiones del EIA también apoyan la hipótesis de que el flujo de colas tardaría 97 minutos en llegar al Xingú, pero sin mencionar los detalles del cálculo utilizado. Según la modelización presentada en el dictamen, considerando el volumen de los relaves almacenados del orden de 35 millones de metros cúbicos y suponiendo un derrame de aproximadamente el 25%, en un escenario conservador la inundación cubriría una distancia inicial de hasta 41 kilómetros a lo largo del río. Con una velocidad de 20 km/h, la inundación de la presa de Belo Sun llegaría al Xingú en sólo siete minutos, cubriendo la distancia de 41 km en sólo dos horas, llegando a la Tierra Indígena de la Volta Grande. Tras la ruptura de la presa de Vale en Brumadinho, el recorrido de los relaves alcanzó los 120 km/h, 100 km/h más que el escenario más conservador propuesto en el dictamen. En el peor de los casos, con la liberación del 100% de los relaves almacenados, el flujo inicial cubriría 98 kilómetros a lo largo del río Xingú y podría llegar al río Amazonas y al Océano Atlántico. 5. Existe un alto riesgo de que se derramen aguas tóxicas en el Xingú. El proyecto prevé que se reciclará lixiviado de cianuro, sustancia utilizada para separar el oro, lo que puede dar lugar a un agua de desecho altamente enriquecida con elementos tóxicos como el arsénico y el mercurio. El resultado, cuyo análisis está ausente en los documentos oficiales, podría ser el derrame de una mezcla de residuos y agua altamente tóxica para los organismos acuáticos en el río Xingú en caso de que la presa fallara o se produjera un derrame. 6. En el EIA no hay ningún plan para cerrar la mina o la presa de colas, una cuestión fundamental para la viabilidad social y ambiental del proyecto minero. El documento contiene una promesa del grupo empresarial de averiguar, a posteriori, cómo estabilizar permanentemente el dique de colas. 7.  El sistema de almacenamiento de residuos adoptado al momento no es viable y va en contra de las buenas prácticas mineras. Parte de la solución para reducir la probabilidad de fallo del dique de colas es disminuir el contenido de agua en el depósito de colas. Pero el proyecto de Belo Sun prevé que todos los residuos estarán saturados y bajo siete metros de agua libre, encima de la superficie de los residuos sólidos. 8. Consciente de la cuestión planteada en el punto anterior, la empresa parece haber decidido que el plan actual para inundar los desechos no es viable. El presidente ejecutivo de Belo Sun Mining declaró a MiningWatch Canadá que abandonaría el plan actual por una instalación de almacenamiento de relaves filtrados, que debería tener un contenido de agua significativamente menor. Sin embargo, la empresa proporcionó información contradictoria a las organizaciones y autoridades reguladoras brasileñas: en una presentación ante la FUNAI en octubre de 2019, la empresa describió el mismo plan de almacenamiento de desechos húmedos del EIA. "El suministro de información contradictoria a diferentes públicos por parte de Belo Sun Mining y su filial brasileña es algo muy grave en cuanto a la fiabilidad de la información proporcionada en los procesos administrativos", reitera el dictamen. CONTACTOS Dr. Steven Emerman, Malach Consulting, +1-801-921-1228 (Utah, USA) Brent Milikan, Amazon Program Director, International Rivers, +55-61-98153-7009 (Brasilia, Brasil) Karyn Keenan, Director, Above Ground, +1-613-791-7532 (Ottawa, Canadá)  

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Océanos

EN EL DÍA MUNDIAL DEL OCÉANO: Una carta abierta

Si algo hemos aprendido de la pandemia COVID-19 es que todos estamos intrínsecamente conectados, entre nosotros y con el mundo natural. Sin un equilibrio y una cooperación mayores no podemos sobrevivir como especie. El bienestar humano está en el centro de lo que hacemos. Nuestro trabajo para proteger el océano está impulsado por el hecho de que la humanidad necesita un planeta sano que pueda sostener la vida, por el bien de nuestros hogares, salud, medios de vida y alimentación. La ruptura de nuestras vidas a causa de la COVID-19 ha llevado a muchos a pensar en esto y en cómo reconstruirnos mejor, aprendiendo de la pandemia a lograr un mator equilibrio y a proteger las bases que hacen posible la vida en la Tierra. Hacerlo es una una necesidad. No podemos darnos el lujo de elegir entre los caminos que dañan el mundo natural y los que no. Si continuamos dañando la naturaleza al ritmo que lo hemos estado haciendo, nuestro mundo no será capaz de sostener el bienestar humano, desde los empleos hasta la seguridad alimentaria y la salud. Hemos recibido una dura advertencia. Una vez que salgamos de esto y empecemos a reconstruirnos, necesitamos hacerlo de forma que protejamos los fundamentos de los que dependen todos los seres humanos, siendo el más importante de ellos un planeta capaz de sostener la vida humana. Se presionará a los gobiernos para que abandonen las protecciones ambientales a fin de facilitar operaciones industriales, para que privilegien la economía de corto plazo y el aumento de los puestos de trabajo por encima de otras consideraciones. Esto será presentado como una elección —escoger a la humanidad por encima de la naturaleza—, pero no es una elección real. Por el bien de la humanidad, debemos alcanzar el equilibrio con el mundo natural, una coexistencia que en última instancia nos permita prosperar. Si no logramos ese equilibrio ni actuamos para hacerlo mejor ahora, la ruptura en nuestras vidas se hará más grande y nos enfrentaremos a otros y más graves desastres globales. Pedimos a los gobiernos que protejan el bienestar humano y que tomen decisiones que mantengan funcionando al planeta azul bajo nuestros pies.   Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente Deep Sea Conservation Coalition Ecology Action Centre Global Fishing Watch Global Ocean Trust Greenovation Hub  High Seas Alliance International Programme on the State of the Ocean Marine CoLABoration Marine Conservation Institute Marine Conservation Society Oceans North  Our Fish  Seas at Risk Shark Project International Turkish Marine Research Foundation One Ocean  

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Cambio Climático

México: CENACE obstaculiza transición energética necesaria para combatir el cambio climático

El Acuerdo emitido por CENACE no tiene justificación técnica ni jurídica y tiene implicaciones muy severas en cuestiones de salud y emisiones de gases efecto invernadero. El Acuerdo beneficia la generación de electricidad sucia, cara y obsoleta a partir de combustóleo resultante de procesos de refinación. Las modificaciones realizadas atentan contra el cumplimiento de los objetivos climáticos establecidos en la Ley General de Cambio Climático y a lo comprometido por México en el Acuerdo de París. Ciudad de México. El Acuerdo para garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional y emitido por el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) el pasado 29 de abril, justificado absurdamente y sin sentido por la crisis sanitaria del COVID-19, representa un obstáculo y una amenaza a la ya insuficiente política climática y a la consecución de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas que el Estado mexicano presentó en cumplimiento al Acuerdo de París y que están estipuladas en la Ley General de Cambio Climático y la Ley de Transición Energética, limitando la operación de las plantas de generación renovable y frenando, sin justificación técnica ni jurídica, la entrada en operación de las nuevas plantas que ganaron las subastas de energía. Las energías renovables, lejos de poner en riesgo el sistema eléctrico nacional, pueden construir un sistema más resiliente, justo y accesible. En un país en el que más del 30% de los hogares sufren algún tipo de pobreza energética, está claro que el sistema eléctrico basado en proyectos fósiles centralizados no ha sido efectivo en generar acceso; las energías renovables, además de coadyuvar a la consecución de las metas climáticas de México, combaten la pobreza energética, generan empleos y fomentan el ahorro y eficiencia en el consumo de energía. El reciente Acuerdo emitido por el CENACE abre la oportunidad de poner en marcha plantas de generación eléctricas a base de combustóleo (combustible residual de los procesos de refinación de petróleo) que estaban en desuso y programadas para ser retiradas del sistema eléctrico debido a su ineficiencia, altos costos económicos, de salud, ambientales y por sus emisiones de gases efecto invernadero. Recordemos que tan sólo por la contaminación por material particulado en México el Instituto de Evaluación y Métricas en Salud (IHME) de la Universidad de Washington estima que en 2017 murieron al menos 36 mil personas. Este Acuerdo se une al resto de medidas, cambios en las leyes y políticas realizadas durante la presente administración que han dado marcha atrás a los mecanismos de acción climática que se habían desarrollado en nuestro país, han frenado el desarrollo de energías renovables y ponen en riesgo el cumplimiento de leyes y compromisos internacionales que mandatan la reducción de emisiones de GEI en nuestro país. Las políticas de SENER harán que México sea el primer país del G20 que, en los hechos, incumpla los compromisos del Acuerdo de París. Ejemplos de estas políticas regresivas que ya hemos abordado desde el OCCA son: La negativa de la Secretaría de Energía para que México ratifique el Anexo VI del Convenio MARPOL, el cual reduciría para 2030 la siguientes emisiones del transporte marítimo: el 71% del material particulado, el 71% de carbono negro, 80%  de emisiones de dióxido de azufre, 81% de emisiones de óxidos de nitrógeno; La postergación de la cobertura nacional de diésel de ultra bajo azufre hasta 2024; La cancelación de subastas de energía limpia; La publicación, en octubre de 2019, del Acuerdo por el que se Modifican los lineamientos que establecen los criterios para el otorgamiento de Certificados de Energía Limpia; La Resolución de la CRE para autorizar a Pemex el suministro temporal de diésel de 500 partes por millón (ppm) en algunas regiones de Guerrero, Oaxaca, Puebla y Veracruz, que están definidas dentro de las zonas de suministro de diésel de Ultra Bajo Azufre (UBA, menos de 15 ppm). De acuerdo con la Prospectiva de Energías Renovables 2018-2032 de México, entre 2007 y 2017 la capacidad instalada de generación eléctrica con energías renovables venía creciendo a una tasa media anual de 4.5% y fueron las energías eólica y solar las que presentaron la mayor tasa de crecimiento promedio con el 47.6% y 43.2% respectivamente.   En tanto el Renewables 2019, Global Status Report destacaba que México había entrado a la lista de los diez países con mayores adiciones de energía solar fotovoltaica. Sin embargo, en lo que se refiere a la generación de energía eólica, el Global Wind Report 2019 hace mención que la voluntad política vacilante de México ha creado un ritmo debilitante de estancamiento para el desarrollo de la industria eólica. Cabe señalar que el Global Trends in Renewable Energy Investment 2019 indica que la inversión en capacidad instalada renovable cayó 38% en 2018 y que debido a la incertidumbre en el marco regulatorio es muy probable que la inversión se reduzca aún más. Por su parte, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) reporta que México es el segundo país latinoamericano con menor proporción de energías renovables en la oferta energética total, solamente detrás de Barbados. Lo anterior es sumamente grave y preocupante en el contexto actual pues, además de los retos en materia de salud que nos ha dejado ver la pandemia del  COVID-19, existe la necesidad de reconstruir las economías de los países a partir de medidas y políticas más sostenibles que fortalezcan la resiliencia de las poblaciones en el mediano y largo plazo. En ese sentido, precisamente la generación de energía a partir de fuentes renovables y limpias  es una solución clave para esta recuperación, y desde ya los gobiernos habrían de estar generando las condiciones y los incentivos apropiados para que suceda esta transición energética. Sin embargo, el multicitado Acuerdo nos lleva en sentido opuesto a dicha reconstrucción. 1- Villarreal J. Tornel C. La Transición Energética en México: retos y oportunidades para una política ambientalmente sustentable y socialmente justa, Friedrich Ebert Stiftung (FST), México, 2017. Disponible en: https://bit.ly/3dlV82d 2. International Energy Transition (IET), Making Societies More Resilient! The role of renewables in COVID-19 recovery packages, Hamburg, 2020. 3. Secretaría de Energía (SENER), Prospectiva del sector eléctrico, 2018-2032, México, 2018. Disponible en: https://bit.ly/2SGWfSt 4. PEMEX produce aproximadamente un 33% de gasolinas, 20% diésel y entre 24% a 29% de combustóleo, y que de éste último ha sufrido una caída de casi 60% en sus ventas en los últimos cuatro años. 5. Disponible en: https://bit.ly/359RoOw 6. United Nations Environment Programme (2019). Emissions Gap Report 2019. UNEP, Nairobi. Disponible en: https://bit.ly/2YLiJ8J 7. Secretaría de Energía, Prospectiva de Energías Renovables 2018-2032, México, 2018. Disponible en: https://bit.ly/3cmh3qd 8. Ren21,.Renewables 2019 Global Status Report. París, 2019. Disponible en: https://bit.ly/2L6lmcZ 9. GWEC, Global Wind Report 2019. Brussels, 2020. Disponible en: https://bit.ly/2ypD3Sl 10. UN Environment, Global Trends in Renewable Energy Investment 2019, Frankfurt, 2019. Disponible en: https://bit.ly/3caCMBf 11. Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe, 2019 (LC/PUB.2020/2-P), Santiago, 2020. Disponible en: https://bit.ly/35CbIIr Integrantes del Observatorio Ciudadano de Calidad del Aire: Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, Bicitekas, Centro Mexicano de Derecho Ambiental, El Poder del Consumidor, FOTCA, Fundación Tláloc, Greenpeace México, ICCT, ICM, ITDP México, REDIM, Redspira, Transita Seguro, WWF. Contactos de prensa: AIDA, 5570522107 (móvil), [email protected] El Poder del Consumidor, 55 12 98 99 28 (móvil), [email protected] Greenpeace México, 55 3431 3544 (móvil), [email protected] Centro Mexicano de Derecho Ambiental, 5559644162 (móvil), [email protected]  

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Fracking

A histórica queda dos preços do petróleo demonstra, mais uma vez, a inviabilidade do fracking

As medidas adotadas diante da pandemia, como a redução nos números de vôos, o fechamento de indústrias e o confinamento das pessoas, têm acarretado uma diminuição na demanda de hidrocarbonetos a nível internacional que, junto com outros fatores como a superprodução e a especulação associada aos contratos de petróleo, têm repercutido na queda do preço do petróleo e gerado perdas nas principais empresas petroleiras. No dia 20 de abril, pela primeira vez na história, o preço do barril de petróleo de referência nos Estados Unidos teve uma cotação negativa, enquanto os mares do mundo todo se enchem de embarcações de armazenamento de petróleo e os projetos de energia extremas se desfazem em pedaços pelos seus altos custos, incompatíveis com os preços atuais. O fracking requer ainda maiores investimentos e, para ser viável, um mercado que lhe ofereça preços altos. Além disso, seus impactos socioambientais não são contabilizados nos seus custos de produção. É inviável embasar a matriz energética e a receita fiscal de nossos países em supostas rendas que esta técnica produziria porque, além dos preços atuais, a imprevisibilidade dos preços do petróleo e seus derivados impossibilita qualquer política soberana baseada em hidrocarbonetos. O planeta sofre uma crise de grandes dimensões: a climática, cujos impactos pioram se decidirmos continuar na rota da dependência dos hidrocarbonetos e da autorização do fracking. As origens da crise climática e da pandemia que vivemos são comuns: a destruição dos ecossistemas por modos de vida e de economia insustentáveis. Quem promove os hidrocarbonetos mostra, mais uma vez, a sua insensatez, especialmente nos momentos difíceis como este que vivemos, que apresentam o extrativismo atual como causador de zonas de sacrifício, que impõe os passivos ambientais sobre os mais vulneráveis, extingue povos indígenas, destrói a biodiversidade e alimenta a violência que sufoca comunidades e assassina seus defensores e defensoras. Para sair das duas crises, é necessário iniciar uma transição energética justa e democrática na América Latina e deixar a maior parte dos combustíveis fósseis no subsolo. A saída não está nos resgates e investimentos em empresas - públicas ou privadas - que exploram hidrocarbonetos. Nossos diversos e riquíssimos países contam com fontes alternativas de produção e usos sustentáveis de energia sem a necessidade de continuar aquecendo o planeta e destruindo os ecossistemas do qual fazemos parte. A transição energética é uma oportunidade para a democracia, a justiça e a paz, e nossa garantia de condições de vida saudáveis no futuro. Em muitas regiões do mundo o fracking foi proibido e foi comprovada a sua inviabilidade ambiental e econômica. Na América Latina devemos também impedi-lo e apostar em uma transição energética justa. Somos uma região megadiversa, sábia e criativa, com infinitas possibilidades de diversificar a sua economia de forma sólida e estável, de tal forma que regenere os territórios e nos proteja de eventos climáticos extremos e pandemias. Esta é a maior exigência dos nossos tempos por cada uma das pessoas, pelas comunidades e povos, pelas crianças e pelas próximas gerações: Não ao fracking! Sim a transição! Assinado, Alianza Colombia Libre de Fracking Alianza Latinoamericana Frente al Fracking Alianza Mexicana Contra el Fracking   Contato de imprensa: Victor Quintanilla, [email protected], +5215570522107  

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Fracking

El histórico derrumbe de los precios del petróleo demuestra una vez más la inviabilidad del fracking

Las medidas adoptadas ante la pandemia, como la reducción en el número de vuelos, el cierre de industrias y el confinamiento de las personas, han ocasionado una disminución en la demanda de hidrocarburos a nivel internacional que, junto con otros factores como la sobreproducción y la especulación asociada a los contratos de petróleo, ha repercutido en la caída en los precios del crudo y generado pérdidas en las principales compañías petroleras. El día 20 de abril, por primera vez en la historia, el petróleo de referencia en Estados Unidos cotizó en negativo, mientras los mares de todo el mundo se llenan de barcos de almacenamiento de crudo y los proyectos de energías extremas se caen a pedazos por sus altos costos, incompatibles con los precios actuales. El fracking requiere todavía de mayores inversiones y, para ser viable, un mercado que le ofrezca precios altos. Además, sus impactos sociales y ambientales no se contabilizan en sus costos de producción. Es inviable basar la matriz energética y el ingreso fiscal de nuestros países en los supuestos ingresos que produciría esta técnica porque, más allá de los precios actuales, la imprevisibilidad de los precios del petróleo hace imposible cualquier política soberana basada en hidrocarburos. El planeta sufre una crisis de mayores dimensiones: la climática, cuyos impactos se agudizarán si se decide seguir por la ruta de la dependencia de los hidrocarburos y la autorización del fracking. Los orígenes de la crisis climática y la pandemia que vivimos son comunes: la destrucción de los ecosistemas por formas de vida y de economía insostenibles. Quienes promueven los hidrocarburos muestran una vez más su insensatez, especialmente en momentos difíciles como el que vivimos, que exhiben al extractivismo actual como el generador de territorios de sacrificio, que vuelca sobre los más vulnerables los pasivos ambientales, extingue pueblos indígenas, destruye la biodiversidad y alimenta la violencia que sofoca a pueblos y asesina a sus defensoras y defensores. Para salir de ambas crisis, es necesario iniciar una transición energética justa y democrática en Latinoamérica y dejar la mayor parte de los combustibles fósiles en el subsuelo. La salida no está en los rescates o inversiones en empresas -públicas oprivadas- que exploten hidrocarburos. Nuestros diversos y riquísimos países cuentan con fuentes alternativas de producción y usos sustentables de energías sin necesidad de seguir calentando el planeta y destruyendo los ecosistemas de los que somos parte. La transición energética es una oportunidad para la democracia, la justicia y la paz, y nuestra garantía de condiciones de vida saludables para el futuro. En muchas regiones del mundo se ha prohibido el fracking y se ha evidenciado su inviabilidad ambiental y económica. En Latinoamérica debemos también impedirlo y apostar por la transición energética justa. Somos una región megadiversa, sabia y creativa, con infinitas posibilidades de diversificar la economía de forma sólida y estable, de tal forma que regenere los territorios y nos proteja de eventos climáticos y pandemias. Esta es la mayor exigencia de nuestros tiempos; por cada una de las personas, por las comunidades y pueblos, por los niños, las niñas y las próximas generaciones: ¡no al fracking, sí a la transición! Firman: Alianza Colombia Libre de Fracking Alianza Latinoamericana Frente al Fracking Alianza Mexicana Contra el Fracking   Contacto de prensa: Victor Quintanilla, [email protected], +5215570522107  

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Contaminación Tóxica, Cambio Climático, Derechos Humanos

Ante el Covid-19, urgen acciones orientadas a la lucha contra la contaminación del aire y la crisis climática

De acuerdo con datos de la carga mundial de morbilidad del Instituto de Métricas en Salud y Evaluación (IHME) se estima que en México anualmente pierden la vida más de 37 mil personas debido por afecciones cardiacas y respiratorias ocasionadas por la mala calidad del aire (material particulado y ozono). Investigadores de la Escuela de Salud Pública TH Chan de la Universidad de Harvard indican que existe una mayor mortalidad en pacientes con Covid-19 que hayan estado expuestos a partículas finas en periodos prolongados. Las mediciones y estudios científicos a nivel global demuestran que la reducción de la actividad industrial y del uso de vehículos motorizados han contribuido directamente a reducir la concentración de contaminantes en la atmósfera. Las organizaciones que forman parte del Observatorio Ciudadano de Calidad del Aire (OCCA) hacemos un llamado urgente al gobierno federal y autoridades locales para que ante la pandemia por el Covid-19 se tomen acciones de alto impacto que produzcan mejoras en la calidad del aire y combatan efectivamente la crisis climática, garantizando el derecho a un medio ambiente sano y la salud de la población, generando acciones sistémicas y de largo plazo. De acuerdo con el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP) y la organización Iniciativa Climática México (ICM) se estima que en nuestro país tan sólo el transporte terrestre causó alrededor de 27 mil muertes prematuras en 2017 a consecuencia de la alta concentración de partículas finas y gruesas (PM2.5 y PM10).1 Por su parte, el Global Burden of Disease del IHME ―que toma en cuenta las concentraciones tanto del material particulado como del ozono― estima que en México anualmente pierden la vida más de 37 mil personas debido a estos contaminantes. Lo anterior cobra mayor relevancia ante la pandemia actual. Investigadores e investigadoras de la Escuela de Salud Pública TH Chan de la Universidad de Harvard indican que existe mayor mortalidad en pacientes con Covid-19 que hayan estado expuestos por periodos largos a PM2.5, 1 μg/m3 en PM2.5 se asocia con un aumento del 8% en la tasa de mortalidad por coronavirus.2 Asimismo, las mediciones y estudios científicos a nivel global demuestran que la reducción de la actividad industrial y del uso de vehículos motorizados ―entre automóviles particulares y motocicletas― han contribuido directamente a reducir la concentración de contaminantes en la atmósfera. A nivel mundial, se reporta que durante el confinamiento en la provincia china de Hubei, los días sin contaminación atmosférica aumentaron en un 21.5% en comparación con las mismas fechas del año anterior. En España, el Sistema de Vigilancia de Calidad del aire del Ayuntamiento de Madrid reportó que en los días de confinamiento se ha reportado el índice de calidad del aire como “muy bueno”.3 En nuestro país, diversas entidades han reportado reducción de contaminantes, por ejemplo, en el Valle de México en la primera y segunda semana de abril una reducción del 34% y 27% de monóxido de carbono (CO) y óxidos de nitrógeno (NOx), respectivamente, a consecuencia de las acciones para enfrentar el Covid-19. En el caso de la zona metropolitana de Guadalajara, de acuerdo con su Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, se reporta una disminución de NOx en las estaciones de monitoreo de Miravalle con un 73%, en las Pintas de 50% y en Oblatos del 42%, además de una reducción de 72% CO y 67% de PM10 en la estación de monitoreo Vallarta. Por su parte, la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del estado de Guanajuato indica que en las primeras semanas de abril, de los 10 municipios con sistema de monitoreo, cinco han registrado calidad del aire aceptable, mientras que los cinco restantes reportaron buena calidad del aire. No obstante, la epidemia actual por Covid-19 en México enfrentamos tres condicionantes de mala calidad del aire. La primera se refiere al periodo de altas temperaturas, intensa radiación solar y estabilidad atmosférica (propios de los meses de marzo, abril y mayo), que favorece la formación de ozono y la aparición de incendios. La segunda es la endeble política ambiental y el incumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas de Salud Ambiental que ha regido en muchos estados. El resultado ha sido una insuficiencia para reducir la contaminación atmosférica. Finalmente, a pesar de las restricciones a la movilidad, los hábitos de consumo y procesos de producción y distribución de bienes y servicios siguen emitiendo diariamente compuestos orgánicos volátiles (COV) como solventes, fugas de gas en calentadores y estufas, combustible evaporizado en las estaciones de servicio y en los automóviles sin control de emisiones evaporativas, productos cosméticos y de limpieza, entre otras fuentes. Además, es importante señalar que la presencia de ozono (O3) no se ha logrado disminuir en la misma proporción que los otros contaminantes mencionados. Pero incluso a pesar de la alta presencia de COV en la atmósfera que debido a las interacciones químicas entre los contaminantes favorece la formación de O3 con la radiación y alta temperatura, la reducción de CO y de NOx derivados de las restricciones a la movilidad ha permitido que en estos meses no se hayan alcanzado los umbrales de contingencia. A pesar de que según las cifras de la Comisión Nacional del Agua este año hemos tenido el marzo más de caliente de los últimos años en el país. El año pasado, a estas fechas, ya se habían detonado las tres contingencias por ozono que se tuvieron en el Valle de México en todo el año. Por todo lo expuesto anteriormente, el OCCA considera que nos encontramos ante una oportunidad única para repensar el modelo de movilidad que tenemos, donde la movilidad activa y el rescate del transporte público son opciones para reducir el uso del automóvil particular y mejorar la calidad del aire. Finalmente, hacemos un llamado urgente a las autoridades mexicanas y la sociedad en su conjunto para repensar el modelo de generación de energía, de consumo y de movilidad, orientado a la lucha contra la contaminación y la crisis climática. Acciones temporales y reactivas son insuficientes porque contribuyen a una desaceleración de la economía y una desestabilización de muchos hogares mexicanos, sobre todo aquellos con menores recursos y protección social. Al contrario, se requiere de un cambio profundo y estructural hacia una economía más sostenible, compatible con los ecosistemas, la vida humana y el bienestar social. Fernandez, S., Medina, I., y Vadillo, C. (2020). Externalidades negativas asociadas al transporte terrestre en México: Estimaciones para México y 20 zonas metropolitanas. Disponible en https://bit.ly/2YbBFNB Xiao Wu, et al. (2020). COVID-19 PM2.5. A national study on long-term exposure to air pollution and COVID-19 mortality in the United States. Department of Biostatistics, Harvard T.H. Chan School of Public Health. Disponible en https://bit.ly/2VIoHFt National Geographic (2020). Disponible en https://bit.ly/2yOtax8   Integrantes del Observatorio Ciudadano de Calidad del Aire (OCCA): AIDA, Bicitekas, Centro Mexicano de Derecho Ambiental, El Poder del Consumidor, FOTCA, Fundación Tláloc, Greenpeace México, ICCT, ICM, ITDP México, Liga Peatonal, REDIM, Redspira, Transita Seguro, WWF. CONTACTO DE PRENSA: Victor Quintanilla, [email protected], +5215570522107  

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Cambio Climático, Derechos Humanos

Declaración en relación al Foro sobre el Desarrollo Sostenible en América Latina previsto para marzo de 2020

Debido a la emergencia sanitaria global, los países de América Latina y el Caribe han decidido posponer la Cuarta Reunión del Foro sobre Desarrollo Sostenible, establecido como el mecanismo regional de seguimiento a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, previsto para​ ​el 31 de marzo de 2020. Frente al brote de COVID-19 los esfuerzos deben enfocarse de manera inmediata a responder a la crisis sanitaria. No obstante, resulta de suma relevancia no perder de vista que, comunidades en condiciones de vulnerabilidad climática, por ejemplo aquellas sujetas a situaciones de alteración hídrica, presentan una mayor sensibilidad frente a este tipo de emergencias. En ese marco, resulta fundamental ahondar en las raíces y condicionantes de dicha vulnerabilidad a fin de abordar sus causas de manera sistémica, es decir emprender transformaciones más allá del sector salud. La interdependencia entre las crisis sanitaria, climática y de biodiversidad nos recuerda la relevancia de la salud de los ecosistemas y la equidad social y, a la vez, demanda un impulso contundente de la acción por el clima y una firme implementación de la Agenda 2030 para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), justamente, en virtud de los múltiples beneficios y la reducción del riesgo y vulnerabilidad que dichas agendas otorgan. Como sociedad civil por la acción climática en América Latina, señalamos nuestro compromiso con el control de COVID-19, y reiteramos que la agenda ambiental y de desarrollo deben seguir en marcha y ser fortalecidas. La mejora e implementación de los planes de acción por el clima (NDCs por sus siglas en inglés) en línea con lo establecido por el informe del IPCC SR15, constituye una herramienta fundamental para alcanzar los ODS y construir resiliencia local. En ese marco, y en ocasión del Foro, compartimos las siguientes reflexiones: La consecución del ODS 6 respecto a agua y saneamiento (que implica también protección de los ecosistemas asociados), junto a la protección de los ecosistemas terrestres (ODS 15), en especial aquellos estratégicos en el ciclo hídrico como el Amazonas y los glaciares de montaña, deben ser prioridad para los gobiernos de la región. De esa manera, será posible construir resiliencia para crisis sanitarias por venir. La agenda climática, plasmada a través del ODS 13, ha de ser transversal en la acción gubernamental dado su estrecho vínculo con el bienestar, la estabilidad y la construcción de resiliencia local. Lo anterior, implica señalar claramente una ruta para la descarbonización total de la matriz energética al 2050 que, a su vez, asegure la preservación de la base ambiental y cultural de los pueblos y fortalezca la adaptación. La presentación de nuevos y mejores NDC a la brevedad posible, y el desarrollo de procesos participativos multiactor, de carácter vinculante, que garanticen un amplio involucramiento en su diseño e implementación, deben de considerar un enfoque sistémico y transectorial. Ello permitirá abordar los factores y causantes de la vulnerabilidad y otorgará legitimidad y factibilidad de construir las bases de respuesta frente a futuras emergencias. Las NDC son un instrumento eficaz para cumplir con los ODS y los ODS aun marco de justica inter y intrageneracional elemental para sociedades robustas y con capacidad de respuesta. Las NDC ofrecen, además, una tremenda oportunidad para trazar una nueva senda de desarrollo, en armonía con los límites de la naturaleza y en base a la justicia y el respeto de los derechos humanos y del mundo natural. Para América Latina ello implica dejar de priorizar modelos extractivistas y aquellos basados en la exportación de productos naturales. La construcción de un territorio resiliente implica asegurar un flujo de financiamiento sostenible y coherente a nivel nacional a fin de destrabar sinergias y cobeneficios entre las diferentes carteras y actores. Dicho financiamiento resulta clave para el desarrollo de planes de adaptación ex-ante y de gestión del riesgo, y la promoción de sistemas regenerativos de manejo de los suelos en tanto constituyen factores estratégicos frente a las emergencias, incluida la que hoy nos afecta. El cambio en el uso del suelo, además, es un factor preponderante en la pérdida de ecosistemas y, en consecuencia, en el aumento de la exposición a enfermedades provenientes de animales silvestres. Esta crisis sanitaria nos recuerda la relevancia de la cooperación, la solidaridad y la asistencia entre países. En ese marco, es fundamental que los países cumplan con la meta de movilizar 100.000 millones de dólares antes del término del 2020 para catalizar la implementación la Agenda de Acción de Addis Abeba sobre financiamiento para el desarrollo. Los países de ALC deben solidarizar con los más vulnerables y exigir a las potencias económicas el cumplimiento de sus compromisos, y que éstos sean previsibles y confiables. El 2020 debe marcar el inicio de una nueva era; una era en que la acción por el clima y la preservación ambiental sean estructurantes del desarrollo; donde la calidad de vida de las personas y las soluciones basadas en la naturaleza sean sus ejes rectores. Por ello, la mejora sistemática de las NDC por parte de los países de la región se establece como un instrumento clave para alcanzar la Agenda 2030. Resulta, por tanto, fundamental cumplir e implementar las contribuciones nacionales presentadas previa la firma del Acuerdo de París, y trabajar su mejoría, en plena integración con los ODS. Por último, es relevante mencionar que: Ante las inminentes medidas de reactivación económica, nos comprometemos a apoyar la puesta en marcha de un proceso que no sacrifique los compromisos climáticos ni vaya en contra de los derechos humanos y progresos ya realizados hacia la protección y seguridad social. Velaremos porque la recuperación de la economía represente una oportunidad para apostar por un modelo de desarrollo que genere sociedades más equitativas, colaborativas y justas. Manifestamos nuestra disposición a seguir y apoyar la implementación de la Agenda 2030 y la consecución de los ODS, promoviendo la eficacia en la planificación y gestión en los países menos adelantados y pequeños países insulares, haciendo hincapié en las mujeres, los jóvenes y las comunidades locales y marginalizadas. Como sociedad civil, manifestamos nuestro compromiso de contribuir con los procesos de revisión nacional de las NDC para apoyar la implementación de cada uno de los 17 ODS. Red de Acción Climática de América Latina - CANLA   CAN-LA es el nodo regional de Climate Action Network (CAN) para América Latina y el Caribe . La componen más de treinta organizaciones de toda la región que trabajan los efectos del cambio climático.  

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Derechos Humanos

Chile: Organizaciones medioambientales manifiestan preocupación y rechazo por vigilancia, amedrentamiento y amenazas a líderes socioambientales

A 18 días de iniciado en nuestro país un estallido social que expresa el descontento de los chilenos ante la desigualdad y los abusos que sufren ya por 30 años en los ámbitos  económico, social y ambiental, y cuyas manifestaciones han debido enfrentar la violenta represión de fuerzas militares y policiales, los organismos de derechos humanos han denunciado 23 personas muertas, 1659 heridas en hospitales, 19 querellas por violencia sexual y 133 querellas por torturas a manifestantes, y 479 niñas, niños y adolescentes detenidos/as. Según la Cruz Roja, esta cifra aumenta si se considera la gran cantidad de casos que no se registran en comisarías u hospitales. En este grave contexto de violencia del Estado, también ha trascendido a la opinión pública, información de Carabineros de Chile, en la que es posible constatar acciones de vigilancia que ejerce el Estado a dirigentes y líderes de movimientos sociales y ambientales, a través del Departamento de Inteligencia de Carabineros. Muchos de estos dirigentes sociales y ambientales además han tenido que soportar amedrentamiento y persecución policial en sus territorios y amenazas anónimas a sus vidas y familias durante las últimas semanas. Previo a la difusión de los documentos de seguridad del Departamento de Inteligencia de Carabineros, ya había amenazas a dirigentes y dirigentas socioambientales y muertes no esclarecidas. El martes 8 de octubre Katta Alonso, presidenta de la organización Mujeres de Zona de Sacrificio en Resistencia, que denuncia y trabaja para poner fin a la saturación ambiental y la intoxicación de la población en las comunas de Quintero y Puchuncaví, recibió amenazas de parte de un desconocido que se movilizaba en camioneta, quien le gritó que le quemarían su casa y que debía abandonar la comuna. Luego, el 12 de octubre, Rodrigo Mundaca, vocero de Modatima, quien ha denunciado el robo de agua por la agroindustria de paltas y llevado una larga lucha por la recuperación del agua y galardonado recientemente con el Premio Internacional de Derechos Humanos de Nuremberg, fue amenazado a través de las redes sociales con la difusión de imágenes  con una bala en su cabeza, incentivando la violencia en su contra. Previamente, en febrero de 2019, la dirigenta Modatima Mujeres, Verónica Vilches fue víctima de un intento de atropello y hace poco recibió amenazas vías redes sociales mediante un fotomontaje de cabezas sangrientas colgando de un puente. Durante las manifestaciones y protestas, tras la declaración de guerra y de estado de excepción constitucional que realizó el presidente Piñera y la posterior salida de militares a las calles, incluyendo la dictación de toque de queda, numerosos dirigentes y dirigentas estudiantiles, sociales y ambientales han sido y siguen siendo acosados por las fuerzas policiales, mediante seguimientos y rondas a sus casas durante la noche, amedrentándoles, cómo le ha ocurrido a Cristina Ruiz, de Muzosare, Claudia Arcos de Libres de Alta Tensión, en Til Til a Janet Vega del Consejo Comunal y Social del Medio Ambiente; a María Brevis, Diego Quezada y Ronald Rojas, dirigentes de sociales y ambientales de la denominada “Zona de Sacrificio” de Mejillones, todos quienes han reclamado por la grave situación de injusticia ambiental en la que viven, y se han opuesto a proyectos contaminantes en zonas afectadas por una profunda injusticia ambiental y la instalación de proyectos; y a ciudadanas no organizadas como Catalina Acevedo, quien recibió piedrazos en su casa por parte de personal de carabineros.  También ha habido casos de detenciones selectivas, como el de Francisco Reyes, dirigente estudiantil de Puchuncaví, quien fue activo en las manifestaciones pacíficas ocurridas el año pasado a propósito de envenenamientos masivos causados por químicos contaminantes emanados del Complejo Industrial que da origen a la denominada “Zona de Sacrificio” de Quintero y Puchuncaví, que fue sacado durante la noche desde la casa de su padre, golpeado y amedrentado.  Posteriormente, el 29 de octubre se nos informó que Patricia Núñez Ávila (Patricia Dedos Verdes), fundadora de la Escuela Voluntaria Agroecológica en Resistencia REBERDE y guardadora y defensora de semillas y opositora a la aprobación del TPP-11 fue amenazada de muerte, ella y sus hijos, por un individuo en el metro de Santiago, ante lo cual optó por abandonar el país. Esta política de persecución selectiva a dirigentes estudiantiles, sociales y ambientales es inaceptable por parte del Estado, quien debiese reconocer y amparar a estas organizaciones y sus miembros, así como garantizar “la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos.” No es aceptable tampoco que aún siguen sin esclarecerse las causas de muerte de defensores ambientales, como Macarena Valdés, defensora ambiental que luchaba contra la instalación de un proyecto hidroeléctrico de la empresa RP Global, quien, en agosto de 2016, apareció colgada de una viga del techo de su casa, en la localidad de Tranguil, en la región de Los Ríos. Dicha muerte en un principio se catalogó como un suicidio y en una segunda autopsia se comprobó que su muerte fue a manos de terceros. El caso del activista estudiantil mapuche Camilo Catrillanca, muerto por un disparo de la policía, donde aún no se establece la responsabilidad del Estado, tampoco es aceptable. Dentro de este clima de persecución, es extremadamente grave y preocupante la filtración de documentos del departamento de inteligencia de Carabineros, que señalan a dirigentes estudiantiles, sociales y ambientales, como los ya reconocidos Rodrigo Mundaca de Modatima, Claudia Arcos y Joel González de Libres de Alta Tensión, Guillermo Arancibia de Villa Alemana sin Termoeléctrica, Catalina Salazar de Acción Ecosocial de Quintero, miembros de Extinction Rebellion Chile, e incluso menores, como Rafael Lepeley ex integrante de Fridays for Future. Más aún cuando existen filtraciones  como en el caso de Til Til de persecución a personas que no forman parte de organización alguna y que por manifestarse por la enorme desigualdad en materia de cargas ambientales aparece vigilada y vinculada a hechos no formalizados, sin pruebas, y ahora peor aún sus datos personales publicados de manera masiva, como ocurre en el caso de María Angela Estrada, Catalina Acevedo Garín, y José Tapia quien no sólo iba como ciudadano a manifestarse pacíficamente sino que además ejerciendo su derecho a libre expresión y mantenía informada a la comunidad de la represión de carabineros en el conflicto hace más de un año. En nombre de las organizaciones sociales y no gubernamentales, expresamos al Gobierno y la opinión pública nuestra preocupación e indignación por las amenazas que están sufriendo los dirigentes socioambientales, como también nuestra condena por las muertes no esclarecidas. Asimismo, ante la actual persecución y seguimiento de dirigentes socioambientales, incluidos niños y niñas, emplazamos al gobierno a transparentar las razones por las cuales las agencias de inteligencia del Estado, filtradas recientemente,  a la opinión pública, catalogan como “blanco de interés” a dirigentes estudiantiles, sociales y ambientales. Como organizaciones ciudadanas no aceptaremos el seguimiento y persecución a los dirigentes sociales y ambientales, que hoy ha quedado en evidencia y que constituye un intento de criminalización de los defensores y defensoras del medioambiente y los derechos humanos. Apoyaremos a dirigentes en la presentación de denuncias y recursos de amparo a nivel nacional, como asimismo presentaremos sus causas a nivel internacional.  Exigimos al Gobierno abandonar estas prácticas y desincentivar su perpetuación a través de la firma del Acuerdo de Escazú que busca asegurar el acceso a la información, la participación ciudadana y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como garantizar la protección a defensores y defensoras ambientales; además de concentrar sus acciones en subsanar la crisis social y ambiental que vive el país.  Si amenazan a una persona, amenazan a todas. Si tocan a una persona, tocan a todas.    Firman: Agrupación Aisén Reserva de Vida Agrupación Ecológica CHADENATUR Alerta Isla Riesco Amnistía Internacional – Chile Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) Centro de Análisis Socioambiental, CASA Centro Ecosocial Latinoamericano Chao Pescao Chile Sustentable Ciudadanos y Clima CODEFF Colectivo Somos Maipo Comisión Justicia y Paz – Aysén Cooperativa Minka Cooperativa Semilla Austral Coordinadora No Alto Maipo Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén CVerde Defensores de los Ríos Libres Puerto Aysén Defensoría Ambiental Ecosistemas Escuela Reberde Ética en los Bosques Extinction Rebellion Chile Fenapru Fridays for Future Santiago Fundación Basura Fundación Ciudadanía Inteligente  Fundación Decide Fundación Glaciares Chilenos Fundación Ingeniería Sin Fronteras Fundación Mingako Fundación Tantí de San Pedro de Atacama Fundación Terram Fundación Wechoyen Futaleufú Riverkeeper Geute Greenpeace La Malva Libres de Alta Tensión  Mesa Socioambiental de Coronel Mejiambiente Movimiento Salvemos Coronel Observatorio Ciudadano Oficina Regional Cono Sur de la Fundación Heinrich Boell ONG CEUS Chile ONG FIMA Red de biodigestores para LAC Red Ríos Libres Red Voluntarios de Chile Regeneration International Sur Corporación de Estudios Sociales y Educación Trébol negro 7 Pétalos  

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Derechos Humanos

México: Urge corregir el proceso y contenido del Programa Nacional de Derechos Humanos

Ciudad de México. Las organizaciones del Grupo Focal de la Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos expresamos nuestra preocupación porque el borrador del Programa Nacional de Derechos Humanos (PNDH) 2019-2024 no refleja las prioridades y opiniones expresadas por las comunidades, organizaciones de la sociedad civil, académicos y personas afectadas directamente, en particular con relación al tema de debida diligencia relativa al deber del Estado de proteger a la población respecto de las responsabilidades de las empresas de respetar los derechos humanos. Hacemos un llamado a la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a corregir el rumbo y mejorar el contenido y proceso de elaboración de este instrumento clave que guiará la política pública del país en materia de derechos humanos durante los cinco años que restan del sexenio. De no hacerlo, consideramos que el mismo carecería de la legitimidad necesaria para un documento de política pública de esa importancia y todo el proceso podría fracasar. La semana pasada, la Dirección General de Política Pública de Derechos Humanos de Segob entregó un borrador del PNDH a diversas organizaciones de la sociedad civil y resultó sorprendente que el documento estuviera incompleto, por la ausencia en él  de elementos básicos en materia de empresas y derechos humanos, y que las autoridades apenas otorgaran un plazo de 24 horas para la revisión y retroalimentación del mismo. El Grupo Focal, conjuntamente con diversas organizaciones, comunidades, colectivos y movimientos llevamos meses de trabajo desplazándonos a lo largo del país y acudiendo a decenas de reuniones, foros temáticos y realizado tareas técnicas. Y es muy preocupante que los  resultados e insumos de ese trabajo parecieran haber sido ignorados. La crisis de derechos humanos, heredada de varias administraciones anteriores, y la grave crisis climática, deben ser enfrentadas con medidas y acciones efectivas que incluyan las voces y visiones de las personas afectadas por el Estado y la actividad empresarial, así como las de expertas/os en la materia. Por eso, desde el Grupo Focal, exigimos se tomen las siguientes medidas: Que  la Secretaría de Gobernación reciba cuanto antes a las organizaciones de la sociedad civil y comunidades interesadas en este tema. Que el actual proceso de construcción del PNDH sea reconfigurado con la seriedad necesaria para ser incluyente y participativo. Que los insumos proporcionados por comunidades afectadas, organizaciones de la sociedad civil y academia se vean reflejados en el programa final;                Que el borrador completo del documento sea entregado con suficiente antelación para la revisión y participación efectiva de comunidades, organizaciones de la sociedad civil y demás partes interesadas. Que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ajuste las líneas presupuestales del PNDH a esta reconfiguración.   * Las organizaciones del Grupo Focal que suscriben este posicionamiento son: Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH), Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Oxfam México, Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC), Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER). El Grupo Focal está observado por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI).  

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Derechos Humanos

Declaración de Bogotá por la protección de las personas defensoras del ambiente

Como personas galardonadas con el Premio Ambiental Goldman y otros de 14 países, que estamos contribuyendo a la protección del ambiente y la lucha por la vida, hoy, reunidos en Bogotá con colegas de regiones y países de nuestro continente, manifestamos nuestra solidaridad con las personas y comunidades defensoras en Colombia y en toda América Latina y el Caribe, quienes hoy enfrentan el mayor nivel de riesgo por su labor de protección de la vida en el planeta. Por ello, hacemos un llamado a que los gobiernos, empresas, instituciones financieras, inversionistas y entidades activa y efectivamente protejan y respeten la vida y los derechos de las personas defensoras, las de sus familias y comunidades. Somos conscientes de las graves violaciones de derechos humanos, de las poblaciones en situación de vulnerabilidad, en especial de las personas y comunidades locales e indígenas, afrodescendientes y campesinos, que enfrentamos en América Latina y en el mundo. Exigimos que pare la persecución y criminalización judicial a los y las hermanas que defienden la vida y la justicia y para quienes les han arrebatado su vida en esta lucha. Vemos con esperanza cómo nuestro trabajo inspira a muchos jóvenes y a todas las personas, cuya labor inspira también a muchas personas en el mundo. Estamos convencidos que juntos podemos abordar la crisis climática, a través del trabajo colaborativo, centrado en el diálogo de saberes y en el respeto por los derechos y diversas visiones del mundo. Convocamos a la humanidad a solidarizarse y a actuar de acuerdo con la inspiración del trabajo de las personas defensoras y a usar medios pacíficos, el arte y el amor maternal para seguir alcanzando la transformación que el planeta y la humanidad requieren para proteger a las personas y la vida. Instamos a Colombia a continuar impulsando el sueño de lograr la paz, entre los y las colombianas y la naturaleza. Pasar la página de la violencia es el camino a heredar a las próximas generaciones: una Colombia, una Latinoamérica, un Caribe y un mundo mejor.   Firman Sofía Gatica (Argentina) Premio Ambiental Goldman, 2012 Juan Pablo Orrego (Chile) Premio Ambiental Goldman, 1997 Berito Kuwaruwa (Colombia) Premios Goldman, 1998 Francia Márquez (Colombia) Premio Ambiental Goldman, 2018 Nohra Padilla (Colombia) Premio Ambiental Goldman, 2013 Humbero Ríos Labrada (Cuba) Premio Ambiental Goldman, 2010 Francisco Pineda (El Salvador) Premio Ambiental Goldman, 2011 Bertha Zuñiga Cáceres (Honduras) hija de Bertha Cáceres, Premio Ambiental Goldman, 2015 Jorge Varela (Honduras) Premio Ambiental Goldman, 1999 Jesús León Santos (México) Premio Ambiental Goldman, 2008 Elías Díaz Peña (Paraguay) Premio Ambiental Goldman, 2000 Oscar Rivas (Paraguay) Premio Ambiental Goldman, 2000 María Elena Foronda Farro (Perú) Premios Goldman, 2003 Evaristo Nugkuag (Perú) Premio Ambiental Goldman, 1991 Ruth Buendía (Perú), Premio Ambiental Goldman, 2014 Jean La Rose La Rose (Guyana) Premio Ambiental Goldman, 2012 Stiefen Petrust (Surinam) Eliana Torrico Tejada (Bolivia)   Danielle Duarte Gomes (Brasil)   Antonia Melo Da Silva (Brasil)   Liliana Ávila (Colombia)   Juana Hofman (Colombia)   Javier Ibarraga Ospina (Colombia)   Alix Mancilla (Colombia)   Blanca Inés Pérez (Colombia)   Rosa Peña (Colombia) Astrid Puentes Riaño (Colombia, México) Andrea Cerami (México)   Jorge García Lucas (Guatemala)   Severina Morales Pérez (Guatemala)   Joaquín Raymundo González (Guatemala)   Jovita Tzul (Guatemala)   Julián López (México)   Marcelina López (México)   Leydy Aracely Pech Martín (México)   Elena Villafuerte (México)   Liliana Caruhuaz (Perú)   Eddy Peña (Perú)   Katherine Sánchez (Perú)    

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