Group Declarations

Diciembre 14 2024 Derechos Humanos, Minería, Participación Ciudadana

Regulaciones y estrategias de la Unión Europea ponen en riesgo la transición energética justa en Latinoamérica

Reducir la producción y el consumo de minerales, y profundizar en su política de circularidad podría permitir a la UE abordar las crisis sociales y ambientales de forma equitativa, sin exacerbar las desigualdades ni comprometer el bienestar humano en las zonas del sur global donde se extraen. Bruselas, Bélgica. Tras la Semana de las Materias Primas en UE, que se celebró del 9 al 13 de diciembre en Bruselas, organizaciones de la sociedad civil de América Latina alertan de que las regulaciones de la Unión Europea no respetan derechos de las comunidades afectadas o en riesgo de ser impactadas por proyectos de extracción de minerales utilizados para la transición energética y otras industrias, profundizando las desigualdades en el sur global.Mientras el debate en torno a la futura dinámica de las materias primas en Europa –bajo el lema “La Unión Europea es negocio. La Unión Europea es una potencia”– pretendía fomentar las oportunidades de inversión entre la industria de la UE y los países del sur global, el evento ha ignorado las realidades de los territorios en los que se extraen estos minerales. La participación efectiva de la sociedad civil de América Latina ha sido prácticamente inexistente, y se han excluido las voces de las comunidades locales afectadas o en riesgo de serlo por los proyectos de “minerales críticos” promovidos en el evento.“Las actuales políticas de materias primas y de comercio de la UE contradicen la pretensión y la retórica de Europa de defender los derechos humanos y las normas ambientales más estrictas y de apoyar a los países ricos en minerales en la creación de valor agregado y en su propia transición energética”, sostuvo Teresa Hoffmann, experta en políticas de materias primas de la UE e integrante de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). “En lugar de avanzar rápidamente en la aplicación de los derechos humanos y las normas ambientales, se corre el peligro incluso de desregular las leyes existentes en nombre de la ‘competitividad a través de la simplificación’”. Paradigma de competitividadLa agenda del evento mostró el paradigma que impulsa la Comisión Europea en el marco de la competitividad frente a otros países como China y Estados Unidos, que también buscan controlar el mercado de las llamadas “tecnologías limpias” y de otras industrias como la militar y aeroespacial. Este enfoque se sustenta en el Informe Draghi que destaca la importancia de reforzar la posición de Europa en el mercado global.Esta narrativa enmarca la competitividad desde una perspectiva de crecimiento perpetuo, ignorando elementos claves como la sostenibilidad ambiental, la justicia social y la necesidad de adoptar medidas genuinas para que la UE adopte medidas para reducir su demanda de minerales y su consumo de energía.“El nuevo paradigma de competitividad no toma en cuenta las limitaciones del planeta, ni las crisis climáticas, de biodiversidad y del agua, arriesgando perpetuar y profundizar las relaciones de asimetría y desigualdad que existen entre países del sur y el norte global y promoviendo políticas que impiden una transición energética global justa”, señaló Pía Marchegiani, directora ejecutiva adjunta y del área de Política Ambiental de FARN. Regulación Europea de Materias Primas Fundamentales (CRMR)Bajo esta lógica, la Comisión discutió esta semana sobre la implementación de la Regulación Europea de Materias Primas Fundamentales (Critical Raw Materials Regulation, CRMR) vía los ‘proyectos estratégicos’ y ‘asociaciones estratégicas’ en y con países del sur global.Es crítico que a pesar de que la regulación será ampliamente implementada en Latinoamérica donde gran parte de estos minerales se encuentran en ecosistemas estratégicos para la vida y territorios indígenas, esta no incluya mecanismos sólidos de debida diligencia de derechos humanos y ambientales adecuadas al contexto sociocultural de esta región. Por el contrario, la regulación permite que las empresas europeas se autorregulen en el cumplimiento de estándares de derechos humanos y ambientales mediante esquemas que no dan cuenta de la complejidad de los impactos agregados y sinérgicos de las actividades extractivas que se expanden a gran velocidad debido a la demanda europea y global.“Desde Europa se busca asegurar el acceso a minerales y energía por medio de la modernización de tratados de libre comercio, acuerdos bilaterales de inversión y la propia CRMR. Desde esta nueva ley, se promueven mecanismos privados de participación multiactor y estándares mineros en materia ambiental o de transparencia que no pueden ser entendidos como sustituto de los procedimientos y regulaciones contempladas en las leyes de países. Actualmente, son utilizados por las mismas empresas y estados que en conjunto niegan sistemáticamente el derecho a la consulta libre, previa e informada de pueblos muchas veces afectados simultáneamente por megaproyectos mineros y energéticos”, indicó Ramón Balcázar, investigador y director ejecutivo de Fundación Tantí. Realidades territoriales fuera de la agenda de la UEEn América Latina existe evidencia suficiente de que la extracción a gran escala de minerales se traduce en degradación y conflictividad socioambiental, trayendo consigo graves riesgos para las comunidades locales y los defensores del ambiente.En el Salar de Atacama, en Chile, y el Salar del Hombre Muerto, en Argentina, la extracción de litio ha generado conflictos medioambientales, debilitado el tejido social, profundizado la violencia estatal y afectado significativamente a estos sensibles ecosistemas.A pesar de lo anterior, representantes gubernamentales de varias provincias argentinas que participaron en el evento no se refirieron a la falta de licencia social y la grave conflictividad socioambiental a la que se enfrentan. Por el contrario, subrayaron las oportunidades de inversión en esas provincias ricas en minerales, promoviendo reformas que generan un grave retroceso en los derechos humanos y ambientales como el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). Así fue denunciado por la organización Argentina FARN en reciente comunicación.“La Unión Europea cuenta con regulaciones cuyos procesos de implementación no están respetando los derechos de acceso y el derecho internacional ambiental”, señaló Yeny Rodríguez, abogada senior de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). “Esto es sumamente preocupante, pues sabemos, que hay 49 proyectos estratégicos para la extracción de minerales de transición que no están dentro de la UE (de 170 propuestas en total), pero no tenemos información sobre cuáles son. Es posible que estén en el sur global y, más preocupantemente, proyectados en tierras indígenas y ecosistemas estratégicos para el clima, que deberían ser reconocidos como No-Go Zones por la UE, es decir, espacios libres de minería”.Hacemos un llamado para que las UE adopte rápidamente soluciones efectivas de reducción de la producción y el consumo de minerales en la UE, y profundice su política de circularidad, a fin de que aborde las crisis sociales y ecológicas intergeneracionalmente de forma justa, sin generar nuevas desigualdades o comprometer el bienestar humano de América Latina, tal y como fue solicitado recientemente por la misma Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas. Contactos de prensaAnna Miller (EE. UU.), AIDA, [email protected], +17166029553Belén Felix (Argentina), FARN, [email protected], +5491134214728Felipe Fontecilla (Chile), Fundación Tantí, [email protected], +56954460903

Audiencia ante la CIDH "Impactos de la extracción de minerales en el contexto de transición energética"

Noviembre 25 2024 Cambio Climático, Derechos Humanos, Derechos Indígenas

Organizaciones y comunidades piden intervención de la CIDH ante impactos a los derechos humanos de la minería para la transición energética

El viernes 15 de noviembre, representantes de organizaciones nacionales y regionales de América Latina, junto con miembros de comunidades y pueblos indígenas, participaron de una audiencia pública regional ante Comisionados/as y el Relator de Derechos Económicos Sociales Culturales y Ambientales (REDESCA) de la la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para exponer sobre las violaciones a derechos humanos que la extracción de minerales para la transición energética está causando en el continente.En concreto, pidieron a la CIDH urgir a los Estados a:Crear o fortalecer zonas intangibles libres de minería en consideración a sus valores culturales, climáticos o ecosistémicos.Abstenerse de modificar los marcos normativos de protección ambiental y de pueblos indígenas con el propósito de facilitar la inversión en proyectos de minería para la transición energética sin considerar la protección de los derechos humanos.Respetar y garantizar el marco de protección del derecho a un ambiente sano, considerando los impactos sinérgicos, acumulativos, a perpetuidad y climáticos; e implementar mecanismos efectivos de supervisión y fiscalización a actores públicos y privados involucrados en la extracción de estos minerales.Fortalecer sus sistemas de administración de justicia, considerando los principios de prevención y precaución frente a daños irreparables a los ecosistemas, personas y comunidades. Solicitaron además que la CIDH elabore un informe en la que se examinen las medidas que deben adoptarse por parte de los Estados de la región para garantizar que la promoción de los minerales para la transición no promueva la vulneración de los derechos humanos, especialmente de las comunidades que habitan zonas altamente vulnerables a los impactos de las actividades mineras.En la audiencia se evidenciaron —con base en casos concretos— las graves problemáticas de derechos humanos asociadas a la minería de litio, cadmio, cobre, cobalto y otros minerales utilizados en el desarrollo de tecnologías para la generación de energías renovables.Al inicio, Felipe Pino, coordinador de proyectos en ONG FIMA, Chile, enfatizó que a medida que se acelera el despliegue de proyectos de transición energética, se multiplican las voces que demandan una transición justa, lo cual debe interpretarse como un llamado de atención sobre la falta de coherencia de las estrategias de transición con el fundamento de la acción climática: climática: el resguardo de las personas y los ecosistemas del planeta. "Las comunidades más afectadas por la crisis climática, hoy se ven amenazadas por las estrategias para combatir el cambio climático. El éxito de nuestros esfuerzos dependerá de si somos capaces de resolver esta supuesta paradoja de aceleración versus justicia, la cual se expresa con particular fuerza en nuestra región", señaló.Pia Marchegiani, directora ejecutiva adjunta de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), indicó: "El gran interés alrededor de estos minerales se refleja también en la enorme disputa geopolítica para lograr su control. Países de Norteamérica, Europa y Asia dictaron sus regulaciones para aprovechar estos minerales, y asegurar su suministro. Organismos internacionales como el Grupo del Banco Mundial, o el G20, desarrollaron sus políticas para asegurar financiamiento con ciertas salvaguardas en su aprovechamiento”.También, Marchegiani mencionó que esta problemática ha adquirido tal relevancia que el propio Secretario General de las Naciones Unidas estableció una serie de principios rectores destinados a garantizar la justicia, la equidad y la sostenibilidad en la transición energética global. El primero de estos principios subraya la importancia de colocar los derechos humanos en el centro de las cadenas de valor de los minerales. El segundo destaca la necesidad de abordar la transición de manera integral, teniendo en cuenta la protección del planeta, la biodiversidad y el medio ambiente."Se estima que la demanda de estos minerales crecerá exponencialmente en los próximos años. En algunas previsiones, hasta se podría llegar a cuadriplicar su demanda global para el 2040 si se cumplen los acuerdos climáticos. Los vehículos eléctricos y las baterías representan aproximadamente la mitad del crecimiento de esta demanda para las próximas dos décadas. Este aumento de la demanda se traduce en una enorme presión para Latinoamérica, que hoy ya provee el 40% de la producción mundial de cobre y el 35% del litio", agregó Marchegiani.Para explicar el vínculo entre la extracción de litio y las vulneraciones a derechos humanos, Óscar Campanini, director ejecutivo del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) señaló: "El litio se extrae del agua salada debajo de los salares, para ese propósito se deben sacar decenas de millones de m3 de agua salada y dulce. Los salares en el denominado triángulo del litio se encuentran en zonas desérticas en las que la vida es posible solo gracias a aguas subterráneas fósiles".Verónica Gostissa, abogada y activista en la Asamblea PUCARÁ de Catamarca, Argentina, expresó: "Desde 1997, las empresas trasnacionales extraen litio del Salar del Hombre Muerto, un sensible humedal de altura. Debido al uso de millones de litros de agua dulce y salada, las empresas -con el aval del Estado-, ya han generado un daño ambiental irreversible: secaron la vega del Río Trapiche -es decir, más de 5 km de río- ha muerto".Por su parte, Lady Sandón, representante de la Unidad de Medio Ambiente del Consejo de Pueblos Atacameños, Chile, afirmó: "Se intenta asegurar la producción a 30 años para explotar litio en ecosistemas frágiles como los salares, sin haberse llevado adelante procesos de consulta con comunidades indígenas, sin transparencia adecuada, sin considerar a quienes habitamos en el salar, eligiendo arbitrariamente que salares proteger, sin entender que existe una interconexión de agua".Verónica Chávez, integrante de la Comunidad de Santuario de Tres Pozos, una de las más de 38 comunidades originarias que vivimos en la Cuenca de Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc, en las provincias de Salta y Jujuy de Argentina, sostuvo: "Lo que estamos defendiendo es nuestra vida, la de las plantas, los animales domésticos y silvestres, la vicuña, la llama, etc. La vida de nuestros ancestros, lagunas y salinas, que son parte de nuestras familias. Todos nosotros necesitamos agua para vivir; agua limpia y un territorio sano. Nosotros estamos conscientes de que esto no es un trabajo hacia futuro. Es pan para hoy, hambre para mañana, y nosotros seremos un sacrificio para poder extraer este mineral".Juan Sebastian Anaya, asesor de incidencia de la Fundación Gaia Amazonas, Colombia, indicó que hay afectaciones a los derechos humanos de pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos en la Amazonía, que ya se están produciendo a través de la extracción legal e ilegal de minerales para la transición. "Hoy hay puntos de extracción de tierras raras, de coltán, de cobre, u otros minerales estratégicos, la mayoría de los cuales operan sin ningún tipo de control estatal… La actividad minera es ajena a los sistemas de conocimiento y al ordenamiento dado por la ley de origen a la gran mayoría de pueblos indígenas amazónicos", enfatizó.Finalmente, Liliana Ávila, directora del Programa de Derechos Humanos y Ambiente de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), destacó que los testimonios evidencian al menos tres elementos transversales: afectaciones al derecho al agua, vulneraciones al derecho a un ambiente sano e impactos agravados a pueblos indígenas y comunidades locales. "La región ha experimentado décadas de impactos en los derechos humanos derivados de la extracción de combustibles fósiles. Es indispensable que las nuevas formas de producción de energía superen este legado de abusos", afirmó.La audiencia fue solicitada en el marco del 191º período de sesiones de la CIDH por la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), la Fundación Gaia Amazonas y las organizaciones que integran la Alianza por los Humedales Andinos: la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), organización regional; la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Asamblea PUCARÁ de Argentina; el Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) y el Colectivo de Derechos Humanos Empodérate de Bolivia; ONG FIMA, Defensa Ambiental y Fundación Tantí de Chile. Contacto de prensaVíctor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +52 5570522107

Octubre 16 2024 Derechos Humanos, Derechos Indígenas, Fuentes de Agua Dulce

COP16: Los países deben respetar los conocimientos indígenas y locales para conservar la biodiversidad

En la Conferencia de la ONU sobre Biodiversidad, los países también deben avanzar en garantizar la participación de las comunidades indígenas y locales en la toma de decisiones en materia de diversidad biológica. El modelo de transición energética del norte global implica impactos irreversibles para los humedales andinos y las comunidades que los habitan, cuyos territorios se traslapan con reservas de litio y otros minerales de transición. Con miras a la décimo sexta Conferencia de las Partes (COP16) del Convenio sobre la Diversidad Biológica —que tendrá lugar del 21 de octubre al 1 de noviembre en Cali, Colombia—, la Alianza por los Humedales Andinos hace un llamado a que los países miembros cumplan con el respeto, preservación y mantenimiento de los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales para la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica. Hacerlo implica honrar las obligaciones adquiridas con la firma del tratado. Asimismo, los países firmantes del convenio deben avanzar, mediante la presentación de planes de acción concretos a nivel nacional, en garantizar la participación de las comunidades en la toma de decisiones en materia de biodiversidad, una de las 23 metas del Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal adoptado en 2022. Uno de los objetivos de la COP16 es revisar el cumplimiento de estas metas, orientadas a detener y revertir la pérdida de diversidad biológica para 2030. Según el informe Planeta Vivo, América Latina es la región que registra la mayor pérdida de biodiversidad, ya que las poblaciones de todas las especies presentan un declive promedio del 94% y del 83% en el caso de aquellas que están en agua dulce. Desde la Alianza alertamos de los impactos irreversibles que el modelo de transición energética promovido desde el norte global implica para los humedales andinos, donde se encuentran algunos de los minerales de transición más buscados, como el litio y el cobre. Estos ecosistemas albergan más que eso: son hogar de una biodiversidad enorme y única, así como de comunidades locales que dependen de ellos y que por miles de años los han protegido y preservado, manteniendo el balance ecológico. Citas de miembros de la Alianza por los Humedales Andinos Laura Castillo, Coordinadora del Programa Altoandinos en la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Argentina: "Para abordar la crisis de biodiversidad resulta crucial trascender el actual paradigma de producción y consumo, que promueve un uso excesivo de bienes ambientales y exacerba la crisis ecológica. Para ello, es imprescindible promover la reducción de los elevados niveles de consumo de bienes naturales, especialmente del norte global. Las soluciones a las crisis climáticas y de biodiversidad —que están íntimamente relacionadas— requerirán indefectiblemente que los países definan sus propias transiciones socioecológicas hacia modelos de vida respetuosos de los derechos humanos y los límites planetarios". Vivian Lagrava Flores, Coordinadora de Empodérate y del proyecto Protección de Humedales, Biodiversidad y Agua, Bolivia: "La biodiversidad y el agua no deben asumirse como un ‘recurso explotable’ por los Estados. En tanto,persista esa mirada mercantilista, tendremos más pueblos afectados por la minería y en sacrificio y, por ende, más biodiversidad expuesta y en riesgo de extinción". Verónica Gostissa, abogada y coordinadora del proyecto Alianza por los Humedales Andinos en la Asamblea Pucará, Catamarca, Argentina: "Es urgente abordar la problemática de la explotación de litio en la Puna. Se la anuncia como ‘energía limpia’, pero es devastadora de nuestros ecosistemas. En Argentina, pretenden convertir al Salar del Hombre Muerto en un parque industrial, instalando más de ocho proyectos en un mismo territorio. En esta COP, es crucial que se reconozca el impacto irreversible que genera el extractivismo y, desde ahí, desplegar vínculos ecosistémicos que tengan como base el cuidado de todo aquello que es vital". Cynthia Escares, bióloga y directora de la ONG Defensa Ambiental, Chile: "La crisis climática es una realidad innegable. Sin embargo, en su nombre se están impulsando formas de extractivismo disfrazadas de energías limpias y equidad, sin reconocer las profundas implicancias de estos procesos. Proyectos como la minería de litio y tierras raras, esenciales para baterías y tecnologías verdes, se presentan como soluciones al cambio climático, pero replican las mismas lógicas de explotación que históricamente han devastado territorios y comunidades. Esta vez, no solo perderemos los habitantes de esas regiones vulnerables, sino que estamos llevando al planeta y a toda su biodiversidad hacia un colapso irreversible". Yeny Rodríguez, abogada sénior del Programa de Ecosistemas en la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA): "La diversidad biológica y cultural de nuestra región está en riesgo. Después de la COP16, se debería entender que no podemos seguir hablando de desfosilización como la panacea que nos salvará de la crisis climática. La transición energética hacia ‘energías limpias’ también requiere de la extracción de minerales como el litio, industria que en América Latina ya está provocando la destrucción de humedales andinos y la desaparición de ríos. Estamos ante una oportunidad para avanzar hacia la protección de la biodiversidad y de los derechos humanos de las comunidades originarias que han cuidado los territorios desde antes de la existencia de nuestros Estados". Ramón Balcázar Morales, director ejecutivo e investigador de Fundación Tantí, Chile: "Los salares desde donde se obtiene el litio sudamericano son humedales, territorios habitados por pueblos indígenas y comunidades cuyos modos de vida son clave para la conservación de los ecosistemas que sostienen una biodiversidad amenazada. Frente a la profundización de la policrisis, debemos propiciar procesos democráticos que nos permitan, como sociedad, superar la profunda contradicción existente entre la agenda climática basada en el crecimiento verde y la agenda de conservación de la biodiversidad. Esto requiere de esfuerzos y voluntades gubernamentales e institucionales para fortalecer y dialogar con comunidades y actores sociales de los propios territorios afectados por megaproyectos mineros y energéticos asociados a la transición energética".

Textiles tradicionales en un mercado de Chichicastenango, Guatemala.

Agosto 28 2024 Derechos Humanos, Derechos Indígenas

Organizaciones exigen justicia ante criminalización de Rigoberto Juárez, autoridad ancestral y defensor del ambiente y los DD. HH. en Guatemala

Organizaciones dedicadas a la protección de personas defensoras de derechos humanos y organizaciones nacionales e internacionales dedicadas a la promoción y protección de los derechos humanos y de los derechos de los pueblos indígenas manifestamos nuestra preocupación por el proceso de criminalización en contra de Rigoberto Juárez, autoridad ancestral, defensor de los derechos humanos y del ambiente y coordinador general del Gobierno Ancestral Plurinacional de las Naciones Originarias Mayas Akateka, Chuj, Q’anjob’al y Popti’. El proceso judicial contra Rigoberto se originó en 2015 como consecuencia de su ejercicio de mediación como autoridad ancestral en el marco de un conflicto territorial generado en territorio Q'anjob'al, específicamente en la microrregión de Ixquisis, a raíz de actos de resistencia de la comunidad indígena maya local frente a la implementación inconsulta y deficiente de dos proyectos hidroeléctricos de la empresa Energía y Renovación S.A., financiados por el BID Invest. El proceso judicial ha carecido de una perspectiva intercultural y diferencial; además, las decisiones adoptadas en segunda instancia y en sede de casación han obviado los argumentos de hecho y de derecho presentados por la defensa en torno al papel de Rigoberto Juárez como autoridad ancestral en el marco de los hechos del caso, que le implicaron, a solicitud de la comunidad, asumir un rol de mediador de la situación de alta conflictividad. Desde la perspectiva de las organizaciones firmantes, este proceso ha sido utilizado como un mecanismo de represalia en contra de la legítima labor de defensa de derechos humanos de Rigoberto, dado su importante rol en la visibilización y denuncia del caso de Ixquisis en una queja presentada ante el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) del Banco Interamericano de Desarrollo. Indicios de esto se encuentran en los cruces temporales de este proceso con momentos cruciales de la queja presentada ante el MICI. Ante esta preocupante situación, solicitamos a las autoridades judiciales valorar los argumentos presentados por la defensa de Rigoberto en la acción de amparo presentada el 22 de agosto y proceder a fallar en derecho, teniendo en cuenta las garantías particulares de Rigoberto al ser autoridad ancestral y defensor de los derechos humanos y del ambiente. De igual forma, solicitamos a los organismos internacionales de derechos humanos, exhortar al Estado guatemalteco a resolver el caso de Rigoberto acorde a sus obligaciones internacionales, así como a prevenir y atender este grave fenómeno de criminalización en contra de autoridades indígenas en ejercicio de sus derechos y competencias. Firman: Plataforma Internacional contra la Impunidad Protection International Mesoamérica Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) Franciscans International Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala (REDSAG) Bank Information Center International Service for Human Rights Front Line Defenders NISGUA (Network in Solidarity with the People of Guatemala) ASERJUS P. Marco Tulio Recinos Torres. CPPS. Center for International Environmental Law (CIEL) María Eugenia Solís García Alba Cecilia del Rosario Mérida Piedrasanta Contacto de prensa: Víctor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +521 5570522107

Audiência Pública da Corte Interamericana em Manaus, Brasil

Agosto 20 2024 Cambio Climático, Derechos Humanos

Comunidades e sociedade civil entregam à Corte Interamericana a “Declaração de Manaus” pedindo esclarecer as obrigações dos Estados na emergência climática

São José, Costa Rica. Esta semana, mais de 400 comunidades, povos e representantes da sociedade civil entregaram à Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) a "Declaração de Manaus sobre Direitos Humanos na Emergência Climática".Baseada nas apresentações dos mais de 150 participantes que contribuíram durante as audiências públicas no processo de Parecer Consultivo, o documento insta o Tribunal a articular os padrões mínimos para respeitar e proteger os direitos humanos no contexto da crise climática.As audiências, em Barbados (22 a 25 de abril) e no Brasil (24 a 29 de maio), ofereceram um espaço para ouvir testemunhos impressionantes de pessoas e comunidades afetadas pela emergência climática. Em Manaus, no coração da Amazônia, foi destacada a esperança de que o Tribunal adote um parecer consultivo robusto para proteger as pessoas e o planeta.A declaração pede ao Tribunal detalhar as obrigações dos Estados em questões de direitos humanos e a reforçar a responsabilidade das empresas e atores financeiros no contexto da crise climática."O papel desempenhado pelo Parecer Consultivo da Corte Interamericana é estratégico, num momento histórico para a justiça climática em todo o mundo. A decisão do Tribunal poderá reforçar e ampliar o que já foi estabelecido pelo Tribunal Internacional do Direito do Mar sobre as obrigações de proteger os oceanos das alterações climáticas, e influenciará, sem dúvida, a interpretação posterior que o Tribunal Internacional de Justiça fará dos deveres dos Estados de proteger as comunidades e o planeta face à crise climática”, afirma Marcella Ribeiro, advogada sênior do Programa de Direitos Humanos da Associação Interamericana de Defesa do Ambiente (AIDA).Entre os pedidos, os mais de 400 signatários da Declaração solicitam ao Tribunal: Reconhecer que, no contexto da emergência climática, a proteção de todos os direitos humanos, incluindo o direito a um ambiente saudável, é uma exigência a todos os Estados e é uma obrigação que deve ser interpretada sob o princípio das Responsabilidades Comuns mas Diferenciadas e em consonância com o limite de temperatura média global estabelecido pelo Acordo de Paris e informado pela melhor ciência disponível.Especificar que os Estados devem avançar para economias livres de combustíveis fósseis sem sacrifícios das comunidades locais e evitando impactos ambientais incompatíveis com os limites planetários.Garantir a informação e a participação do público, bem como o direito à justiça climática, que inclui condições legais e institucionais para que as populações impactadas pela crise possam ir a tribunal, bem como sensibilizar e formar o poder judicial sobre questões climáticas.Proteger e facilitar o trabalho dos defensores ambientais no contexto da emergência climática e da transição energética.Garantir medidas de adaptação aos efeitos das alterações climáticas que garantam o gozo de todos os direitos humanos, especialmente para grupos vulneráveis ou historicamente discriminados.Garantir o direito à autodeterminação dos Povos e Comunidades Indígenas através da obtenção do seu consentimento contra medidas que os afetam diretamente, no contexto da crise climática e da transição energética.Garantir que as vítimas dos danos climáticos tenham uma reparação abrangente e justa e que as decisões sobre questões climáticas tenham recursos financeiros para a sua implementação. "A Declaração aborda a responsabilidade das empresas na crise e pedimos ao Tribunal reforçar a obrigação dos Estados para regulamentar os intervenientes corporativos e garantir que os responsáveis pelas violações dos direitos humanos relacionadas com a crise climática enfrentem as consequências", aponta Luisa Gómez Betancur, Advogada Sênior do Centro de Direito Ambiental Internacional (CIEL).Os signatários da declaração também requerem a Corte adotar uma abordagem progressista e robusta que responsabilize aqueles que mais contribuíram para a crise, oriente as políticas interamericanas em direção a economias ambientalmente sustentáveis e forneça um quadro para a justiça climática, ambiental e social no mundo, começando pela América Latina."Esperamos que a Corte Interamericana atenda ao nosso apelo e ordene aos Estados que respeitem o nosso direito à autodeterminação e a forma como relacionar-se com nossos territórios, priorizando seu cuidado e conservação", destaca Everildys Córdoba Borja, Representante Legal do Conselho Comunitário das Comunidades Negras da Bacia do Rio Tolo e Litoral Sul (COCOMASUR), Colômbia. "Por essa razão, unimos as nossas vozes na Declaração de Manaus para lembrar ao Tribunal a oportunidade única que tem de marcar um antes e um depois na luta pela justiça climática e pela proteção dos nossos direitos", finaliza.Leia e baixe a declaração Contato com a mídiaFrancisco Pinilla, AIDA, [email protected], +55 61 984015965

Audiencia pública de la Corte IDH en Manaos, Brasil.

Agosto 20 2024 Cambio Climático, Derechos Humanos

Pueblos y sociedad civil entregan a la Corte IDH la “Declaración de Manaos” urgiendo aclarar obligaciones de los Estados ante la emergencia climática

San José, Costa Rica. Hoy, más de 400 comunidades, pueblos y actores de la sociedad civil entregaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) la “Declaración de Manaos sobre los Derechos Humanos en la Emergencia Climática”. El documento, que recibió un amplio respaldo, insta a la Corte a que articule, en su próxima Opinión Consultiva sobre Emergencia Climática y Derechos Humanos, los estándares mínimos para respetar y proteger los derechos humanos en el contexto de la crisis climática. Esta declaración se basa en las exposiciones de más de 150 participantes que contribuyeron durante las audiencias públicas del proceso de la opinión consultiva.Las audiencias, realizadas en Bridgetown, Barbados (22 al 25 de abril), Brasilia (24 de mayo) y Manaos (25 al 29 de mayo), en Brasil, ofrecieron un espacio para escuchar impresionantes testimonios de personas y comunidades enteras impactadas por la emergencia climática. En Manaos, en el corazón de la Amazonia, se destacó la esperanza de que la Corte adopte una opinión consultiva robusta para proteger a las personas y al planeta.La Declaración exhorta a que la Corte aclare las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos y refuerce la responsabilidad de las empresas y actores financieros por su rol en la crisis climática."En un momento histórico para la justicia climática a nivel mundial, el rol que juega la opinión consultiva de la Corte IDH es estratégico. La decisión de la Corte puede reforzar y expandir lo que ya ha sido establecido por el Tribunal Internacional del Derecho del Mar sobre las obligaciones de proteger el océano del cambio climático, y sin duda influirá en la posterior interpretación que haga la Corte Internacional de Justicia sobre los deberes de los Estados de proteger a las comunidades y al planeta ante la crisis climática", señala Marcella Ribeiro, abogada sénior del Programa de Derechos Humanos y Ambiente de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). "Los estándares que fije la Corte IDH sentarán nuevos paradigmas para el acceso a la justicia en el contexto de la triple crisis planetaria, influenciando en casos pendientes y futuros, así como en leyes y políticas dentro y fuera del continente. Finalmente, y no menos importante, esta decisión tiene el gran potencial de ayudar a superar el estancamiento político en las negociaciones internacionales sobre el clima".Entre otras peticiones, las y los más de 400 firmantes de la Declaración solicitan a la Corte: Reconocer que en el contexto de la emergencia climática la protección de todos los derechos humanos, incluido el derecho a un ambiente sano, es exigible a todos los Estados, y es una obligación que debe ser interpretada bajo el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas y en línea con el límite de temperatura global promedio establecido por el Acuerdo de París y sustentado en la mejor ciencia disponible.Precisar que los Estados deben transitar hacia economías libres de fósiles sin sacrificios de comunidades locales y evitar impactos ambientales incompatibles con los límites planetarios.Garantizar la información y participación pública, así como el derecho a la justicia climática, lo que incluye condiciones jurídicas e institucionales para que las poblaciones impactadas por la crisis puedan acudir a los tribunales, así como la sensibilización y capacitación del poder judicial en asuntos climáticos.Proteger y facilitar la labor de las personas defensoras del ambiente en el contexto de la emergencia climática y la transición energética.Garantizar medidas de adaptación a los efectos del cambio climático que aseguren el disfrute de todos los derechos humanos, especialmente para grupos vulnerables o históricamente discriminados.Asegurar el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas y tribales a través de la obtención de su consentimiento frente a las medidas que les afecten directamente, en el contexto de la crisis climática y la transición energética.Garantizar que las víctimas y sobrevivientes por daños climáticos tengan una reparación integral y justa y que las sentencias sobre asuntos climáticos dispongan de recursos financieros para su implementación. "La Declaración de Manaos también aborda la responsabilidad de las empresas en la crisis. Urgimos a la Corte a reforzar la obligación de los Estados de regular a los actores corporativos y garantizar que los responsables de las violaciones de derechos humanos relacionadas con la crisis climática asuman las consecuencias", añade Luisa Gómez Betancur, abogada sénior del Centro para el Derecho Internacional Ambiental (CIEL, por sus siglas en inglés). "El que ‘contamina debe pagar’, dice el principio de derecho internacional, por lo que las empresas de combustibles fósiles y agroindustriales, que son los principales causantes e impulsores del cambio climático, deben pagar los costos de la mitigación y adaptación, así como reparar integralmente a las víctimas por los daños climáticos".Las y los firmantes de la declaración instan a la Corte IDH a que, en su rol de guardiana de los derechos humanos, adopte un enfoque progresista y robusto que responsabilice a aquellos que más han contribuido a la crisis, guíe las políticas interamericanas hacía economías ambientalmente sostenibles y proporcione un marco para la justicia climática, ambiental y social en el mundo, empezando por América Latina."Esperamos que, al escuchar los testimonios de quienes sufrimos las peores consecuencias de la emergencia climática, la Corte IDH atienda nuestro llamado y ordene a los Estados respetar nuestro derecho a la autodeterminación y la forma en que nos relacionamos con nuestros territorios, priorizando su cuidado y conservación. Por ello, unimos nuestras voces en la declaración de Manaos para recordar a la Corte la oportunidad única que tiene de marcar un antes y un después en la lucha por la justicia climática y la protección de nuestros derechos", destaca Everildys Córdoba Borja, representante legal del Consejo Comunitario de Comunidades Negras de la cuenca del río Tolo y zona costera sur (COCOMASUR), Colombia.Lee y descarga la declaración Contactos de prensaMaria Frausto, CIEL, [email protected] Arista, EarthRights International, [email protected], +51 941 242 447Karina Saravia, CANLA, [email protected], +505 84331292

Contaminación en un río de Santa Cruz Chinautla, Guatemala

Julio 31 2024 Fuentes de Agua Dulce, Contaminación Tóxica

CIDH visita Santa Cruz Chinautla, Guatemala, y alerta sobre la situación ambiental y social de la cuenca del río Motagua

En el marco de la vista in loco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a Guatemala, la Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) visitó el pasado 24 de julio el territorio del pueblo maya Poqomam —en el municipio de Santa Cruz Chinautla, al norte de la capital del país— que sufre graves impactos por la contaminación proveniente de grandes cantidades de desechos sólidos y de las aguas residuales domiciliares e industriales, que se generan en el área metropolitana y que llegan a los ríos Chinautla, Tzaljá, Las Vacas y luego al río Motagua. La contaminación afecta las condiciones de vida, la salud, el ambiente, las fuentes de agua, la economía y la cultura de los más de 18 mil habitantes de Santa Cruz Chinautla. El problema se ve agravado por vertederos ilegales de basura domiciliar y de desechos de construcción (ripio) que ingresan al municipio diariamente en decenas de camiones. Y se intensifica a causa de la extracción de minerales de los ríos por parte de empresas areneras y de la explotación de los cerros para productos de construcción. En la visita, el relator Javier Palummo escuchó a líderes y lideresas de la autoridad ancestral, la alcaldía indígena y las comunidades de Chinautla y Quetzalito, así como a representantes de organizaciones no gubernamentales, exponer acerca de los impactos ambientales, al agua, la salud, la economía y la cultura en el territorio. Estas personas también informaron del abandono histórico del Estado de Guatemala, que refleja la discriminación sistemática al pueblo Poqomam, así como la tolerancia y protección para empresas que explotan y degradan el territorio. La información brindada visibilizó además la situación de las comunidades ribereñas que habitan en la cuenca del río Motagua, en especial, aquellas que viven en la desembocadura del caudal hacía la costa atlántica, donde se encuentra el Sistema Arrecifal Mesoamericano (SAM). En una conferencia de prensa, al cierre de la visita, el relator expresó su preocupación por la situación de derechos humanos de la población guatemalteca y de quienes han sido víctimas de una discriminación estructural por el manejo de los recursos hídricos, la protección de la biodiversidad y el cambio climático. También mencionó los desafíos derivados de la debilidad del marco legal hídrico y en particular de la ausencia de una ley de aguas. Las autoridades ancestrales agradecen a la CIDH y a la REDESCA la visita a su territorio. Ratifican las peticiones realizadas junto con miembros de la sociedad civil para que la CIDH haga recomendaciones dirigidas a que el Estado de Guatemala atienda la situación crítica que vive el pueblo maya Poqomam y detenga la violación de sus derechos a través de acciones en el corto y largo plazo. Dentro de estas acciones, se destaca la necesidad urgente de verificar el cumplimiento de la normativa ambiental, así como de prevenir y cortar los daños ambientales desde la fuente, a través de la regulación, monitoreo, supervisión y fiscalización de las actividades que afectan los derechos de quienes habitan la cuenca del río Motagua. Particularmente, se espera que: Se detenga el avance de las actividades extractivas, estableciendo un alto a la emisión de licencias mineras; Se cierren los vertederos clandestinos, brindando vigilancia para evitar su reapertura. Se fortalezca la normativa relacionada con la disposición de aguas residuales para que se implementen de manera oportuna los sistemas de tratamiento completos por parte de las municipalidades; y Se inicien las acciones que permitan la restauración socioambiental de los ecosistemas afectados en toda la cuenca del Motagua, incluyendo medidas legislativas y administrativas que fortalezcan el ordenamiento jurídico que garantice la protección de las aguas y los territorios. Firman: Autoridades ancestrales del pueblo Poqomam de Santa Cruz Chinautla

Julio 09 2024 Cambio Climático

México: Piden organizaciones que la regulación sobre almacenamiento de energía garantice la expansión de las energías renovables

El almacenamiento de energía eléctrica en baterías es una de las integraciones técnicas que pueden impulsar la transición energética justa, maximizar el desarrollo de energías renovables y mitigar la crisis climática, así como dar flexibilidad, resiliencia y seguridad a los sistemas eléctricos. La regulación debe promover la integración de nuevas personas usuarias en el esquema de generación distribuida. En el contexto actual de la crisis climática y la necesaria transición energética justa hacia fuentes de energía limpia, organizaciones de la sociedad civil presentaron ante la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) comentarios respecto del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones Administrativas de Carácter General para la Integración de Sistemas de Almacenamiento de Energía Eléctrica al Sistema Eléctrico Nacional, publicado el 6 de mayo de 2024 en el portal web de la Conamer. Los sistemas de almacenamiento de energía eléctrica son relevantes para la mitigación de la crisis climática, la resiliencia y la seguridad del sistema eléctrico, así como para la promoción de esquemas descentralizados como la generación distribuida porque apoyan la integración de energías renovables y sirven como respaldo crítico durante cortes de red o emergencias. En ese sentido, los comentarios presentados plantean que es esencial que el marco regulatorio establezca bases regulatorias flexibles y adecuadas que incentiven la participación de los SAE y se adapten a los avances tecnológicos. Por lo tanto, las organizaciones recomiendan: Omitir el término "intermitente" al referirse a la energía renovable, pues no existe en la regulación una definición de lo que debe entenderse por una central eléctrica intermitente. Además, es importante recordar que el objetivo de las disposiciones debe ser promover la expansión de las energías renovables y la sustitución de combustibles fósiles, por lo que usar el término "intermitente" puede ser peyorativo. Que los sistemas de almacenamiento puedan integrarse al sistema como activos de transmisión para no contradecir las Bases de Mercado, mismas que ya los contemplan. Considerando la rápida evolución tecnológica, abrir el listado de modalidades de Sistemas de Almacenamiento de Energía Eléctrica (SAE), habilitando la incorporación de modalidades emergentes previa aprobación de la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Establecer la posibilidad de que los desarrolladores de SAE, aun cuando se trate de sistemas de almacenamiento, tengan la facultad de decidir si desean participar o no en el mercado eléctrico y en función de esta decisión determinar la necesidad de implementar los sistemas de medición y comunicación requeridos. Tratar como una modificación técnica la instalación de un SAE cuando este tenga una capacidad pequeña respecto de la capacidad de la central, de forma que sea tratado únicamente como una mera actualización y no se requiera tramitar una modificación a un permiso existente. Omitir la limitación de la participación de los SAE en la prestación de Servicios Conexos y, en su lugar, replicar y desarrollar la disposición de las Bases de Mercado que sí lo permite. Restringir el requerimiento de descarga de los SAE, de las Centrales Eléctricas Renovables, a los supuestos establecidos en el Código de Red. Eliminar la prohibición de que los SAE instalados en los centros de carga de los usuarios no inyecten energía eléctrica a la Red Nacional de Transmisión (RNT) o a las Redes Generales de Distribución (RGD), ya que no existe ninguna restricción técnica que lo impida. Aclarar si un SAE No Asociado con una capacidad menor a 0.5 MW sería considerado como Generador Exento sin necesidad de tener un permiso, conforme a la Ley de la Industria Eléctrica. De lo contrario, esto podría constituir un trato discriminatorio si se busca equiparar regulatoriamente el almacenamiento con el régimen de generación eléctrica. Reconsiderar la limitación de que los SAE No Asociados proporcionen Servicios Conexos pues actualmente las Bases del Mercado ya lo permiten. Aplicar de manera uniforme la tarifa regulada para los servicios conexos no incluidos en el Mercado Eléctrico Mayorista independientemente de si el servicio es proporcionado por un SAE o por centrales eléctricas. Para que esta regulación sea exitosa, es necesario eliminar barreras innecesarias para el desarrollo de estos sistemas de almacenamiento. Esto incluye reconocer las capacidades y potencial de los SAE en diferentes modalidades, permitir la oferta de servicios conexos desde el primer momento y asegurar que los requisitos técnicos y financieros no sean prohibitivos para los desarrolladores de pequeños sistemas. Además, es esencial que las disposiciones regulatorias no sean regresivas y que se promueva un marco que permita a los SAE competir en igualdad de condiciones con otras tecnologías y fuentes de generación. La integración de los SAE como activos de transmisión y distribución, así como su capacidad para inyectar energía en la red, son aspectos que deben ser considerados para garantizar una transición energética limpia, eficiente, sostenible, justa y descentralizada. Firman: Alianza Juvenil por la Sostenibilidad (AJUVES) Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental (CERCA) Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C. (CEMDA) Earthjustice Nuestro Derecho al Futuro, A.C. (Nuestro Futuro, A.C.) Ombudsman Energía México (OEM)

Abril 26 2024 Minería, Participación Ciudadana, Fuentes de Agua Dulce

Decisión judicial protege la democracia ambiental y previene la megaminería de oro en los páramos en Cajamarca

La consulta popular que prohibió la minería en Cajamarca está vigente y debe ser acatada. Así lo reconoció el Juzgado Décimo Administrativo de Ibagué, el cual estableció que el acuerdo municipal, que adoptó los resultados de la consulta popular de Cajamarca, sigue siendo de obligatorio cumplimiento. Hace unos meses, desde la Coalición Jurídica para la defensa de Cajamarca también celebramos otra decisión similar del Juzgado Segundo Administrativo de Ibagué, que determinó que dicho acuerdo debe seguir vigente. Estas dos decisiones en menos de seis meses son un respaldo a la democracia ambiental. La Coalición aportó argumentos adicionales para apoyar al municipio de Cajamarca en la defensa de la consulta popular, entendiendo la importancia de esta decisión para esta comunidad, para otros territorios y para la garantía de la democracia. La Coalición está integrada por el Colectivo Socioambiental Juvenil de Cajamarca (COSAJUCA), el Centro Sociojurídico para la Defensa Territorial SIEMBRA, la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), el Semillero de investigación en estudios sobre minería de la Universidad de Antioquia, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), la Clínica Jurídica de Interés Público de la Universidad del Rosario (GAP) y la Clínica Jurídica sobre Derecho y Territorio de la Universidad Javeriana. Al respecto, el Comité Promotor de la Consulta Popular de Cajamarca señaló: “la decisión tomada por el juez garantiza que el mandato popular decidido en las urnas esté vigente y se convierte en un llamado claro a que las instituciones del orden nacional implementen sus resultados, tomando las decisiones que hacen falta en materia de permisos ambientales y concesiones mineras”. En la sentencia, el juez tuvo en cuenta los argumentos del municipio de Cajamarca y de las organizaciones de la Coalición -en calidad de coadyuvantes-. Las razones principales del juez son que no han desaparecido los fundamentos de derecho del acuerdo (Ley 1757 de 2015) y que esta norma no está desconociendo las leyes y jurisprudencia sobre la materia. Ambos juzgados reconocen que las sentencias de la Corte Constitucional que limitaron el alcance de las consultas populares (SU-095 de 2018 y C-053 de 2019) no afectan la vigencia ni los efectos del Acuerdo que implementó la consulta popular de Cajamarca, debido a que en estas no se estableció que afectaran situaciones pasadas. Por eso, no es posible desconocer un mecanismo de participación ciudadana que se adoptó bajo las normas vigentes, a pesar de que la Corte haya cambiado su postura. No cabe duda de que la consulta popular de Cajamarca sigue vigente y que su mandato de no autorizar actividades mineras en el territorio debe ser acatado e implementado por todas las autoridades competentes. Esto se evidencia con dos decisiones judiciales que confirman que las consultas populares se respetan. Con lo cual, gana la democracia y se garantiza el derecho fundamental a la participación, a pesar de los intereses particulares de quienes quieren desconocer este mandato popular. Contactos de prensa: Robinson Mejía, COSAJUCA, 3002183641, [email protected] Sara Sofia Moreno, SIEMBRA, 3005683333

Casas en Oruro, en la región altiplánica de Bolivia.

Abril 16 2024 Derechos Indígenas, Derechos Humanos

La COP3 de Escazú debe avanzar en la protección de personas defensoras del ambiente

En 2022, América Latina y el Caribe fue escenario del 88% de los asesinatos a personas defensoras ambientales en el mundo. En la COP3 de Escazú, a realizarse del 22 al 24 de abril en Chile, los países miembros deben avanzar en resguardar su vida y su labor, así como en garantizar la participación efectiva de las comunidades locales, y su acceso a la justicia y a la información en asuntos ambientales. Con motivo de la tercera reunión de la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú (COP 3 de Escazú), que tendrá lugar del 22 al 24 de abril próximos en Santiago de Chile, la Alianza por los Humedales Andinos exhorta a que el encuentro contribuya al avance de los objetivos del Acuerdo, particularmente la protección y resguardo de las personas defensoras de ambiente, la participación efectiva de las comunidades locales en decisiones relacionadas a sus territorios; así como su acceso a justicia y a información completa, veraz y transparente en temas ambientales. La COP3 de Escazú, a realizarse en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), reunirá a representantes de los países miembro del acuerdo en un diálogo para mejorar la democracia ambiental en el continente. Según el informe más reciente de la ONG Global Witness, el 88% de los asesinatos a personas defensoras del ambiente en 2022 se produjo en América Latina y el Caribe, un porcentaje que aumenta cada año. En este contexto, la implementación del Acuerdo de Escazú es de suma urgencia. Es el primer tratado regional ambiental de América Latina y el Caribe y el primero en el mundo con disposiciones específicas para la protección de personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales, es claro que los Estados a través de sus gobiernos, deben adoptar medidas concretas para su protección. Es imperativo diseñar e implementar políticas de estado que garanticen el ejercicio de los derechos, el establecimiento de mecanismos, las condiciones de concertación y de diálogo que acerquen a la sociedad civil y al Estado para la protección de los territorios, el agua y la biodiversidad, de las cuales dependemos como seres vivos y que son defendidos por las personas defensoras ambientales. Durante la COP3 de Escazú se espera que los países miembros aprueben el Plan de Acción Regional sobre Defensoras y Defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales en la región. Es crucial que el plan que se apruebe brinde una protección plena e integral a personas defensoras, que incluya un diagnóstico de las diferentes vulneraciones, con enfoque de género, contemplando la criminalización de la defensa del ambiente y buenas prácticas de prevención, protección y respuesta. Además, se discutirá la incorporación de la perspectiva de género al Acuerdo de Escazú, pues si bien este Acuerdo tiende un puente entre la cuestión ambiental y la perspectiva de derechos humanos, las previsiones en materia de género necesitan ser más sólidas y es necesario contar con una mirada interseccional, que permita incluir a la diversidad de mujeres en los procesos. CITAS DE MIEMBROS DE LA ALIANZA POR LOS HUMEDALES ANDINOS Ramón Balcazar, director de Fundación Tantí, Chile "Si bien Chile ya ratificó el Acuerdo, al mirar de cerca los territorios existe una brecha preocupante en la falta de acceso a la información y a una participación ciudadana efectiva en proyectos mineros y energéticos, especialmente aquellos impulsados bajo las estrategias nacionales del litio y de hidrógeno verde. En este sentido, es deber del Estado de Chile garantizar una implementación efectiva de Escazú en los territorios rurales e indígenas amenazados por los impactos socio ambientales de la llamada transición energética". Vivian Lagrava Flores, Coordinadora del Colectivo de Derechos Humanos EMPODERATE, Bolivia "El Acuerdo de Escazú debe aplicarse en Bolivia debido a que las entidades involucradas con la administración, gestión y control de proyectos mineros, de manera deliberada o circunstancial, niegan o sesgan la información a las comunidades. Las empresas mineras manipulan la información sobre las cantidades de agua que usan y los impactos ambientales. Es claro que el ejercicio de los derechos al agua y el territorio dependen de un mayor involucramiento del Estado para el cumplimiento de las normas de protección ambiental. Quienes promueven la protección ambiental están expuestos y es el Estado el que debe garantizar la integridad física de las y los defensores". Marcella Ribeiro, abogada sénior, Programa de Derechos Humanos y Ambiente de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) "El Acuerdo de Escazú es un hito internacional en temas de participación, información y protección de personas defensoras ambientales, siendo un ejemplo para iniciativas en otros continentes orientadas a replicar lo alcanzado en América Latina y el Caribe. Ahora necesitamos que los Estados parte, de la mano de la diplomacia, promuevan la más amplia adhesión al Acuerdo y asuman las responsabilidades de su implementación sin debilitar sus disposiciones. En la COP3 de Escazú, urge la aprobación de un Plan de Acción asentado en acciones concretas como el compromiso con la generación de datos y la publicación de resultados de investigación, así como con medidas que impidan el uso indebido del derecho penal contra las personas defensoras". María Laura Castillo Díaz, Coordinadora Programa Altoandinos, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Argentina "En Argentina, se llevan adelante procesos de toma de decisiones ambientales que vulneran los derechos de acceso y de consulta libre, previa e informada con comunidades indígenas, y se promueven en forma creciente reformas normativas y/o sanción de normas que son regresivas en materia ambiental y de derechos humanos. Además, el avance de la derecha busca reducir el rol del Estado, promueve el extractivismo, y criminaliza a quienes lo resisten. En este contexto, el Acuerdo de Escazú, con sus estándares obligatorios en materia de información, participación y justicia en temas ambientales se erige como un bastión para asegurar la protección del ambiente y la defensa de los derechos, máxime en un contexto global de policrisis que demanda un abordaje integral a los desafíos climáticos, de contaminación y de pérdida de biodiversidad. El Acuerdo además establece obligaciones concretas para la salvaguarda de las personas defensoras del ambiente. Debemos fortalecer la implementación de las normas ambientales existentes y avanzar hacia un desarrollo armónico con la naturaleza y respetuoso de las formas de vida que el extractivismo amenaza".