Group Declarations

Participación Ciudadana, Derechos Humanos

Nosotros también gritamos por la paz: Organizaciones internacionales de la sociedad civil acompañamos a los y las colombianas que mañana marchan por la paz

Las Américas. Mientras que los colombianos y las colombianas marchan por la paz en su país éste 26 de julio, hacemos  eco de sus reclamos  exigiendo un final permanente a la guerra que cobró 260,000 vidas y obligó a 8 millones de personas a huir de sus hogares, la mayoría pertenecientes a comunidades afrodescendientes y pueblos indígenas, y principalmente mujeres y niños. Nos sumamos a su llamado exigiendo que el gobierno colombiano proteja a los líderes y las lideresas sociales que trabajan para crear condiciones de paz en sus territorios. Centenares de personas han sido asesinadas desde el 2016 cuando se firmaron los acuerdos de paz, mientras que muchas más viven una situación de amenazas y ataques constantes. Esta tragedia debe cesar. Apoyamos  las voces  que hoy urgen al Estado de Colombia a implementar plenamente los acuerdos de paz,  firmados entre el gobierno y las FARC y a proteger la vida e integridad de los líderes.   De lo contrario, Colombia  perderá esta única oportunidad para alcanzar la paz. Por último, hacemos un llamado a los Estados Unidos y a la comunidad internacional en general para que apoyen con entusiasmo la implementación efectiva de los acuerdos. Nos solidarizamos con los millones de colombianos y colombianas que luchan para crear una paz justa, completa y duradera y que mañana dicen #26deJulioElGrito.   Firman: 350.org Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos Acción Solidaria ActionAid USA AFL-CIO ÁGORA Espacio Civil Paraguay Amazon Watch Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. (ASILEGAL) Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) Center for Justice and International Law (CEJIL) Center for Reproductive Rights Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C. - México Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA) Centro de Documentación en Derechos Humanos "Segundo Montes Mozo S.J." (CSMM) Chicago Religious Leadership Network on Latin America (CRLN) Christian Peacemaker Teams Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) CIVICUS - World Alliance for Citizen Participation Colombia Grassroot Support, New Jersey Colombia Human Rights Committee, Washington DC Comisión Ecuménica de Derechos Humanos Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres Convergencia por los Derechos Humanos Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú Corporación Humanas Chile CSW Defensor de derechos humanos en México Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras (ERIC-SJ) Global Witness International Institute on Race, Equality and Human Rights (Race and Equality) International Labor Rights Forum International Rivers InterReligious Task Force On Central America and Colombia Latin America Working Group (LAWG) Movimiento Autónomo de Mujeres, Nicaragua Mujeres Libres COLEM, A.C. Grupo de Mujeres de San Cristóbal Las Casas, A.C. NJ Peace Council Not1More Oxfam Paz y Esperanza Presbyterian Church USA Presbyterian Peace Fellowship Red Para la Infancia y la Adolescencia de El Salvador (RIA) Redes por los Derechos de la Infancia (REDIM) Robert F. Kennedy Human Rights Servicio Internacional para los Derechos Humanos (ISHR) United Church of Christ, Justice and Witness Ministries Washington Office on Latin America (WOLA) Witness for Peace Solidarity Collective  

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Minería

Juntos por un Caribe sin carbón

Los días 18 y 19 de julio de 2019 se encontraron en la ciudad de Valledupar en la Universidad Popular del Cesar, un diverso grupo de procesos, comunidades y pueblos afros e indígenas, organizaciones de trabajadores, organizaciones no gubernamentales ambientalistas y defensoras de derechos humanos, organizaciones sociales comunitarias, universidades y estudiantes de los departamentos de Atlántico, Magdalena, Cesar y La Guajira para unirse en torno a las afectaciones producidas por la cadena del carbón en el caribe colombiano. Discusiones en torno al extractivismo fueron abordadas desde diversas aristas y perspectivas por parte de los distintos actores. Una preocupación generalizada son los proyectos energéticos, denominados alternativos, que siguen avanzando con la misma lógica extractivista y que están generando graves impactos en la tierra y el territorio, y en la vida de las comunidades, en particular mujeres, comunidades étnicas y campesinas. Frente a las preocupaciones surgidas en ese encuentro, decidimos conformar un espacio de articulación que tenga como objetivos principales la defensa de la tierra, el agua y el territorio del Caribe Colombiano frente a las amenazas de la expansión extractivista y empresarial, y sus proyectos en curso asociados a la cadena de carbón y otras empresas. Así como la construcción y fortalecimiento de alternativas al desarrollo y de proyectos propios de las comunidades. Convocamos a todos los sectores, procesos, organizaciones, universidades y ciudadanía en general a sumarse a las acciones colectivas que luchan por la autonomía y las necesidades locales para hacer frente al modelo extractivista y a construir y compartir alternativas, que integren el respeto a los derechos humanos y el ambiente, a este modelo. Suscriben:   Alianza Contra el Fracking en La Sierra Nevada de Santa Marta Asociación de Campesinos Asocamlirsal Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) Business & Human Rights Resource Centre CENSAT-Agua Viva Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo Comité Cívico San Antonio Comisión Colombiana de Juristas Consejo Comunitario NEGROS ANCESTRALES DE TABACO Consejo Comunitario El NEGRO DE MINGUEO. C.C.N.M Corporación para la Protección y Desarrollo de Territorios Rurales- Prodeter Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz) Oraloteca Semillero Transición Energética Unimagdalena – GACE  

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Minería, Contaminación Tóxica

Ante crisis ambiental y de salud humana en Peru: Urge conformación de Comisión Multisectorial y aprobación de Plan Nacional

Lima, Peru—Las actividades de petróleo y minería tienen décadas en el Perú y han provocado contaminación ambiental y afectación a la salud de miles de peruanos y peruanas. Sin embargo, aún no se cuenta con políticas sectoriales de prevención y atención integral de salud ambiental y humana, menos intervenciones integrales con presupuesto que atiendan la problemática de las personas expuestas a metales pesados, metaloides, petróleo, entre otras substancias químicas.  En noviembre de 2018 el MINSA aprobó el “Lineamientos de Política Sectorial para la Atención Integral de las Personas Expuestas a Metales Pesados, Metaloides y Otras Sustancias Químicas”, este es un avance, pero resultó insuficiente para abarcar la problemática integral que afecta a nuestras poblaciones.  Sin embargo, los afectados y afectadas no pueden seguir esperando más tiempo. Por ello, exigimos al Estado acciones inmediatas para atender nuestra problemática, que promocionen salud ambiental y humana; atención primaria que evite mayor exposición a la contaminación; atención secundaria para acceder a servicios de salud preventivos y especializados de autocuidado y dosajes; y atención terciaria acceso a tratamientos y medicinas.  Frente ello, es urgente: Que el Estado peruano elabore, de manera participativa, e implemente un Plan Nacional de Salud Ambiental Integral de atención especializada en metales pesados y otras sustancias tóxicas, con participación de las poblaciones afectadas, con enfoque intercultural y con presupuesto exclusivo y descentralizado, que asegure las atenciones articulando funciones e iniciativas de los diversos sectores.  Que se constituya inmediatamente la Comisión Multisectorial exclusiva para este objeto, presidido por la Presidencia del Consejo de Ministros, y conformado por Ministerio de Salud, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Ministerio de Agricultura y Riego, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la Plataforma Nacional de Afectados por Metales Tóxicos, supervisión de la Defensoría del Pueblo y con participación de los gobiernos regionales involucrados. Esta Comisión debe aprobar, coordinar y monitorear el Plan Nacional de Salud Ambiental Integral de atención especializada; elabore un mapa de riesgo de exposición a contaminación que identifique, monitoree y oriente la intervención multisectorial sobre las poblaciones expuestas, sitios contaminados/impactados, pasivos ambientales; y definir medidas inmediatas para la atención de personas con mayores niveles de afectación. Exigimos que el Estado solucione las graves afectaciones ambientales y humanas causadas por la explotación irresponsable de los recursos en nuestros territorios y que asuma su rol de garante de derechos a la vida, territorio, ambiente sano y la dignidad de nuestros pueblos; exigimos también que las empresas cumplan con los estándares internacionales e implementen los mecanismos de reparación y remediación para las zonas de mayor impacto ambiental que generan tanto daño a la salud de niños, niñas, mujeres y hombres del Perú. Ver las organizaciones firmantes

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Derechos Humanos

Organizaciones internacionales condenan asesinato de familiar de dirigente de Ríos Vivos de Colombia

El movimiento Ríos Vivos, que agrupa a las personas afectadas por la represa Hidroituango, denunció el asesinato de la señora Diana Gutiérrez, en el municipio de Tarazá, Antioquia. Pedimos a las autoridades investigar prontamente los hechos y sancionar a los responsables. El pasado jueves 6 de mayo, fue asesinada en el municipio de Tarazá, Antioquia, la señora Diana Gutiérrez, prima hermana de William Gutiérrez, dirigente de Ríos Vivos y presidente de la Asociación de Pescadores y Barequeros de Puerto Valdivia.  De acuerdo con reportes de medios de comunicación, personas armadas arrojaron una granada en un establecimiento comercial y abrieron fuego, asesinando a dos personas e hiriendo a otras siete. Los miembros del movimiento han sufrido también múltiples amenazas, intimidaciones y violaciones a derechos humanos por su defensa del territorio y del río Cauca, en particular frente al proyecto Hidroituango.  De otro lado, las comunidades de varios municipios asentados aguas abajo del río Cauca, represado para implementar la hidroeléctrica, viven con miedo e incertidumbre ante una posible catástrofe. La amenaza es inminente debido a la prolongada y grave crisis por la que atraviesa desde hace meses ese proyecto.  Asimismo, las comunidades que perdieron sus medios de vida y de subsistencia con el represamiento súbito del río se encuentran en absoluto abandono estatal, sin alimentos y con riesgo permanente por decenas de derrumbes en la zona del embalse.  La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Centro para el Derecho Ambiental Internacional (CIEL) y el International Accountability Project (IAP) expresamos nuestro apoyo a las comunidades afectadas por el proyecto hidroeléctrico Hidroituango en Colombia, agrupadas en el Movimiento Ríos Vivos. Exigimos al Estado colombiano investigar cuanto antes el atentado en el que resultó muerta la señora Gutiérrez, establecer la identidad de los responsables y sancionarlos de manera oportuna y ejemplar. Condenamos categóricamente este ataque y demandamos garantías para las personas defensoras del ambiente en el país, en particular para los integrantes de Ríos Vivos.   

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Grandes Represas, Derechos Indígenas, Derechos Humanos

Pronunciamento sobre o assassinato de Dilma Ferreira Silva, líder do Movimento dos Atingidos por Barragens do Brasil

Em face do crime brutal cometido, em 22 de março, contra uma coordenadora do Movimento dos Atingidos por Barragens, no Brasil, as organizações defensoras dos direitos humanos e do meio ambiente, signatárias abaixo, instam as autoridades brasileiras e as organizações multilaterais à garantir que as obrigações do Estado relativas à proteção de defensores e defensoras sejam implementadas. Com profunda tristeza e indignação, recebemos a notícia que Dilma Ferreira Silva, uma coordenadora regional do Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), juntamente com seu esposo Claudionor Costa da Silva, e Hilton Lopes, um amigo da família, foram assassinados na sexta-feira, 22 de março, no estado do Pará. Os corpos das três vítimas foram encontrados em sua residência com sinais de tortura. Dilma Ferreira Silva era uma ativista proeminente e líder consagrada que, durante mais de três décadas, lutou pelos direitos dos impactados por Tucuruí, grande hidroelétrica construída na Amazônia brasileira durante a ditadura militar que provocou o deslocamento forçado de 32 mil pessoas e graves impactos ambientais. Este não é o primeiro caso de um brutal assassinato perpetrado contra um defensor de direitos humanos na região da hidroelétrica de Tucuruí. Em abril de 2009, Raimundo Nonato do Carmo, um líder sindical que lutou em nome daqueles cujas vidas foram arruinadas por Tucuruí, foi baleado sete vezes por dois homens em uma motocicleta, enquanto saía de um supermercado na rua em que vivia, na cidade de Tucuruí. Dilma dedicou sua vida a promover uma política nacional que levasse em consideração os direitos das e dos atingidos por barragens, incluindo um enfoque de gênero para as mulheres impactadas. Dilma vivia no assentamento Salvador Allende, área regularizada em 2012 pelo governo federal para agricultores familiares como fruto da mobilização do Movimento dos Trabalhadores Sem Terras (MST) com apoio do MAB.  No entanto, a área continuou a ser cobiçada por grileiros e fazendeiros que invadem e tomam controle de terras públicas e comunitárias. Esse é o caso de Fernando Ferreira Rosa Filho (também conhecido como "Fernandinho"), preso pela polícia civil do estado do Pará, como principal suspeito no triplo homicídio de Dilma Ferreira, Claudionor Costa da Silva e Hilton Lopes. O assassinato de Dilma Ferreira Silva evidencia a grave situação enfrentada pelos defensores dos direitos humanos e do meio ambiente no Brasil, que em 2017 foi o país com o maior número de mortes de defensores, com um homicídio registrado a cada seis dias. A nova administração do Presidente Jair Bolsonaro tem intensificado as recentes tentativas de enfraquecer a progressista legislação brasileira sobre proteção ambiental e direitos humanos- especialmente as relativas às comunidades indígenas, quilombolas, pequenos agricultores e outras populações tradicionais. Tais tentativas têm entrado em conflito com a própria Constituição Federal Brasileira, aprovada em 1988 durante o período de redemocratização ocorrido após o regime militar. O retrocesso nas políticas públicas, juntamente com as declarações públicas que incitam a violência em áreas de conflito, estão aumentando seriamente os riscos enfrentados pelos defensores dos direitos humanos e ambientais, como Dilma Ferreira Silva.    As organizações em defesa do meio ambiente e de direitos humanos signatárias deste comunicado expressam sua solidariedade à família de Dilma e ao Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB). Sem dúvida, este assassinato é uma enorme perda para a defesa do meio ambiente e dos direitos humanos na Amazônia. Apoiamos o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos em sua declaração que exige uma investigação completa, independente e imparcial do assassinato de Dilma Ferreira Silva, bem como a punição exemplar dos executores e mandantes deste crime horrendo. Além disso, instamos as autoridades brasileiras a garantir que a legislação interna do país e as obrigações internacionais relativas à garantia de direitos humanos e proteção dos defensores do meio ambiente sejam plenamente implementadas, incluindo medidas preventivas para evitar novos atos de violência. Assinado,   1. 350.org 2. Aborigen-Forum 3. AMAR - Associação de Defesa do Meio Ambiente de Araucária 4. Amazon Watch 5. APREC Ecossistemas Costeiros 6. Arctic Consult 7. Articulação Antinuclear Brasileira 8. Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente - AIDA 9. Associação Mineira de Defesa do Ambiente – Amda 10. Association green alternative Georgia 11. Association of Journalists-Environmentalists of the Russian Union of Journalists 12. BAI Indigenous Women's Network in the Philippines 13. Bank Information Center (BIC) USA 14. Biodiversity Conservation Center 15. Both ENDS 16. Bretton Woods Project 17. Buryat Regional Association for Baikal 18. Business & Human Rights Center 19. Center for International Environmental Law - CIEL 20. CIDSE - International family of Catholic social justice organizations 21. Coalition for Human Rights in Development 22. Colegiado Mar RBMA/Reserva da Biosfera da Mata Atlântica - Grupo Conexão Abrolhos -Trindade 23. Coletivo de Mulheres do Xingu 24. Coletivo de Mulheres Negras de Altamira 25. Comisión Ecumenica de Derechos Humanos 26. Comité Ambiental en Defensa de la Vida 27. Conectas Direitos Humanos 28. Conseil Régional des Organisations Non Gouvernementales de Développement en RDC 29. Conselho Indigenista Missionário - CIMI 30. Corporación SOS Ambiental 31. Crescente Fértil 32. Derecho Ambiente y Recursos Naturales - DAR 33. Derechos Humanos y Medio Ambiente - DHUMA 34. Derechos Humanos y Medio Ambiente de Puno - Perú 35. DKA Austria 36. ECOA - Ecologia e Ação 37. Ecological Center DRONT 38. Ecolur Information NGO 39. Environmental Investigation Agency 40. Fastenopfer Switzerland 41. Focsiv - Federation of Italian Christian NGOs 42. Fórum em Defesa de Altamira 43. Foundation Sami Heritage and Development 44. Frente por uma Nova Política Energética para o Brasil 45. Front Line Defenders 46. Fundação Avina 47. Fundação Grupo ESQUEL 48. Future for Everyone 49. Global Witness 50. Green Dubna 51. Green Peace Brasil 52. ONG Guajiru 53. In Difesa Di - per i Diritti Umani e chi li difende 54. Indigenous Peoples Movement for Self-determination and Liberation (IPMSDL) 55. Instituto Igarapé 56. Instituto Terramar 57. Institutos Ethos 58. International Indigenous Fund for Development and Solidarity "Batani" dos EUA 59. International Land Coalition Secretariat 60. International Rivers 61. Katribu Kalipunan ng Katutubong Mamamayan ng Pilipinas (Katribu national alliance of indigenous peoples in the Philippines) 62. Kazan Federal University 63. Latin America Working Group 64. London Mining Network 65. Lumiere Synergie pour le Developpement 66. MAB - Movimento dos Atingidos por Barragens 67. Maryknoll Office for Global Concerns 68. MISEREOR 69. Movimento Nacional de Luta pela Moradia (MNLM) 70. Movimento Negro 71. Movimento Paulo Jackson - Ética, Justiça, Cidadania 72. Movimento Tapajós Vivo 73. Movimento Xingu Vivo para Sempre 74. Movimiento de Afectados por Represas de America Latina - MAR 75. O Movimento Nacional das Cidadãs Posithivas (MNCP) 76. Oyu Tolgoi Watch 77. Pax Christi - Comisión Solidaridad Un Mundo Alemania 78. Pax Christi Internacional 79. Pax Christi Toronto 80. Projeto Saúde e Alegria 81. Protection International 82. Public Interest law Center (PILC/CHAD) 83. Red de Comités Ambientales del Tolima 84. Red de Género y Medio Ambiente de México 85. REDE GTA 86. Resource Rights Africa da Uganda 87. Rivers without Boundaries International Coalition 88. Rivers without Boundaries - Mongolia 89. SAPÊ - Sociedade Agrense de Proteção Ecológica 90. SCIAF - Scottish Catholic International Aid Fund 91. Serpaj Chile 92. Siberian Environmental Organization 93. Socio-ecological Union International 94. Tatarstan Organization of the All-Russian Society for the Conservation of Nature 95. Terra 1530 96. The Canadian Catholic Organization for Development and Peace/Caritas 97. The Society for Threatened Peoples International STPI - Gesellschaft für bedrohte Völker-International, GfbV-International 98. The Volunteer Movement Save Utrish 99. Toxisphera - Associação de Saúde Ambiental 100. Tutela Legal Maria Julia Hernández 101. Uma Gota no Oceano 102. Uniafro Brasil 103. Washington Office on Latin America - Wola 104. WoMin African Alliance 105. World Wide Fund for Nature – WWF/Brasil  

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Grandes Represas, Derechos Indígenas, Derechos Humanos

Pronunciamiento sobre el asesinato de Dilma Ferreira Silva, lideresa del Movimiento de Afectados por Represas de Brasil

Ante el brutal crimen cometido el 22 de marzo contra una coordinadora del Movimiento de Afectados por Represas de Brasil, las organizaciones de defensa de los derechos humanos y del ambiente, abajo firmantes, hacen un llamado a las autoridades brasileñas y a los organismos multilaterales para garantizar que las obligaciones del Estado relativas a la protección de defensores y defensoras sean implementadas. Con profunda tristeza e indignación, recibimos la noticia de que Dilma Ferreira Silva, coordinadora regional del Movimiento de Afectados por Represas (MAB), juntamente con su esposo Claudionor Costa da Silva y Hilton Lopes, un amigo de la familia, fueron asesinados el viernes 22 de marzo en el estado amazónico de Pará (Brasil). Las tres personas fueron encontradas en su casa con signos de tortura. Dilma Ferreira Silva era una destacada activista y reconocida líder que, durante más de tres décadas, luchó por los derechos de las personas afectadas por Tucuruí, una gran hidroeléctrica construida en el río Tocantins de la Amazonía brasileña durante la dictadura militar, que provocó el desplazamiento de 32 mil personas y graves daños ambientales. Este no es el primer caso de un brutal asesinato perpetrado contra una persona defensora de los derechos humanos en la región de la represa de Tucuruí. En abril de 2009, Raimundo Nonato do Carmo, un dirigente sindical que luchó en nombre de aquellos cuyas vidas fueron arruinadas por la represa de Tucuruí, fue asesinado cuando salía de un supermercado en la calle donde vivía, en el pueblo de Tucuruí, por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta y que le profirieron siete disparos. Dilma dedicó su vida a promover una política nacional que tuviera en cuenta los derechos de las y los afectados por represas, incluyendo un enfoque de género para las mujeres afectadas. Dilma vivía en el asentamiento Salvador Allende, área regularizada en 2012 por el gobierno federal para agricultores familiares como fruto de la movilización del Movimiento de los Trabajadores Sin Tierras (MST) con apoyo del MAB. Sin embargo, la zona era objeto de interés económico para ganaderos y especuladores que invaden las tierras comunales. Es el caso de Fernando Ferreira Rosa Filho “Fernandinho”, arrestado por la Policía Civil de Pará y encarcelado como el principal sospecho de encomendar el asesinato de Dilma Ferreira, Claudionor Costa da Silva y Hilton Lopes. El asesinato de Dilma Ferreira Silva evidencia la grave situación en que se encuentran las y los defensores de derechos humanos y de la naturaleza en Brasil, que en 2017 fue el país con mayor número de muertes de personas defensoras, registrándose un asesinato cada seis días.  La nueva administración del presidente Jair Bolsonaro ha intensificado los intentos de minar la legislación progresiva brasileña sobre la protección ambiental y las garantías de los derechos humanos, especialmente de los pueblos indígenas, quilombolas (descendientes de esclavos africanos), campesinos y otras poblaciones tradicionales. Estos intentos han entrado en conflicto con la propia Constitución Federal de Brasil, aprobada en 1988 durante un periodo de redemocratización después de la dictadura militar. Retroceder en las políticas públicas, junto con declaraciones públicas que incitan a la violencia en áreas conflictivas, está incrementando seriamente los riesgos que enfrentan los defensores y defensoras del ambiente y de los derechos humanos como Dilma Ferreira Silva. Las organizaciones de defensa de los derechos humanos y del ambiente abajo firmantes expresamos nuestra solidaridad con la familia de Dilma y con el Movimiento de Afectados por Represas. Sin duda, su asesinato es una pérdida enorme para la defensa del ambiente y los derechos humanos en la Amazonía. Apoyamos al Concejo de Derechos Humanos de la ONU en su exigencia de investigaciones completas, independientes e imparciales del asesinato de Dilma Ferreira Silva, así como del castigo ejemplar de los autores materiales e intelectuales de este crimen. Además, hacemos un llamado a las autoridades brasileñas para garantizar que se cumplan las obligaciones nacionales e internacionales del país respecto de la protección de los derechos humanos y de las personas defensoras del ambiente, incluyendo mecanismos preventivos para evitar más actos de violencia.   Firmantes:   1. 350.org 2. Aborigen-Forum 3. AMAR - Associação de Defesa do Meio Ambiente de Araucária 4. Amazon Watch 5. APREC Ecossistemas Costeiros 6. Arctic Consult 7. Articulação Antinuclear Brasileira 8. Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente - AIDA 9. Associação Mineira de Defesa do Ambiente – Amda 10. Association green alternative Georgia 11. Association of Journalists-Environmentalists of the Russian Union of Journalists 12. BAI Indigenous Women's Network in the Philippines 13. Bank Information Center (BIC) USA 14. Biodiversity Conservation Center 15. Both ENDS 16. Bretton Woods Project 17. Buryat Regional Association for Baikal 18. Business & Human Rights Center 19. Center for International Environmental Law - CIEL 20. CIDSE - International family of Catholic social justice organizations 21. Coalition for Human Rights in Development 22. Colegiado Mar RBMA/Reserva da Biosfera da Mata Atlântica - Grupo Conexão Abrolhos -Trindade 23. Coletivo de Mulheres do Xingu 24. Coletivo de Mulheres Negras de Altamira 25. Comisión Ecumenica de Derechos Humanos 26. Comité Ambiental en Defensa de la Vida 27. Conectas Direitos Humanos 28. Conseil Régional des Organisations Non Gouvernementales de Développement en RDC 29. Conselho Indigenista Missionário - CIMI 30. Corporación SOS Ambiental 31. Crescente Fértil 32. Derecho Ambiente y Recursos Naturales - DAR 33. Derechos Humanos y Medio Ambiente - DHUMA 34. Derechos Humanos y Medio Ambiente de Puno - Perú 35. DKA Austria 36. ECOA - Ecologia e Ação 37. Ecological Center DRONT 38. Ecolur Information NGO 39. Environmental Investigation Agency 40. Fastenopfer Switzerland 41. Focsiv - Federation of Italian Christian NGOs 42. Fórum em Defesa de Altamira 43. Foundation Sami Heritage and Development 44. Frente por uma Nova Política Energética para o Brasil 45. Front Line Defenders 46. Fundação Avina 47. Fundação Grupo ESQUEL 48. Future for Everyone 49. Global Witness 50. Green Dubna 51. Greenpeace Brasil 52. In Difesa Di - per i Diritti Umani e chi li difende 53. Indigenous Peoples Movement for Self-determination and Liberation (IPMSDL) 54. Instituto Igarapé 55. Instituto Terramar 56. Institutos Ethos 57. International Indigenous Fund for Development and Solidarity "Batani" dos EUA 58. International Land Coalition Secretariat 59. International Rivers 60. Katribu Kalipunan ng Katutubong Mamamayan ng Pilipinas (Katribu national alliance of indigenous peoples in the Philippines) 61. Kazan Federal University 62. Latin America Working Group 63. London Mining Network 64. Lumiere Synergie pour le Developpement 65. MAB - Movimento dos Atingidos por Barragens 66. Maryknoll Office for Global Concerns 67. MISEREOR 68. Movimento Nacional de Luta pela Moradia (MNLM) 69. Movimento Negro 70. Movimento Paulo Jackson - Ética, Justiça, Cidadania 71. Movimento Tapajós Vivo 72. Movimento Xingu Vivo para Sempre 73. Movimiento de Afectados por Represas de America Latina - MAR 74. O Movimento Nacional das Cidadãs Posithivas (MNCP) 75. ONG Guajiru 76. Oyu Tolgoi Watch 77. Pax Christi - Comisión Solidaridad Un Mundo Alemania 78. Pax Christi Internacional 79. Pax Christi Toronto 80. Projeto Saúde e Alegria 81. Protection International 82. Public Interest law Center (PILC/CHAD) 83. Red de Comités Ambientales del Tolima 84. Red de Género y Medio Ambiente de México 85. REDE GTA 86. Resource Rights Africa da Uganda 87. Rivers without Boundaries - Mongolia 88. Rivers without Boundaries International Coalition 89. SAPÊ - Sociedade Agrense de Proteção Ecológica 90. SCIAF - Scottish Catholic International Aid Fund 91. Serpaj Chile 92. Siberian Environmental Organization 93. Socio-ecological Union International 94. Tatarstan Organization of the All-Russian Society for the Conservation of Nature 95. Terra 1530 96. The Canadian Catholic Organization for Development and Peace/Caritas 97. The Volunteer Movement Save Utrish 98. The Society for Threatened Peoples International STPI - Gesellschaft für bedrohte Völker-International, GfbV-International 99. Toxisphera - Associação de Saúde Ambiental 100. Tutela Legal Maria Julia Hernández 101. Uma Gota no Oceano 102. Uniafro Brasil 103. Washington Office on Latin America - Wola 104. WoMin African Alliance 105. World Wide Fund for Nature – WWF/Brasil  

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Derechos Indígenas, Derechos Humanos

Pronunciamiento ante situación de riesgo de las comunidades de la Microrregión de Ixquisis, Guatemala

Las organizaciones, colectivos y personas firmantes manifestamos nuestra profunda preocupación por la situación de riesgo que enfrentan las comunidades y personas defensoras de derechos humanos de la Microrregión de Ixquisis, San Mateo Ixtatán, Huehuetenango, Guatemala. Las personas defensoras del territorio y del medio ambiente de la Microrregión de Ixquisis enfrentan desde el año 2009 violaciones de derechos humanos en el marco de su oposición a los proyectos hidroeléctricos San Andrés, Pojom I, Pojom II. Los tres proyectos son promovidos por la empresa Energía y Renovación S.A. (antes PDH S.A.), que es propiedad actualmente de las familias Mata Monteros y Mata Castillo, vinculadas al grupo empresarial corporativo The Central America Bottling Corporation (CABCORP), y cuentan con financiamiento del brazo privado del Banco Interamericano de Desarrollo, BID Invest, del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y de Cordiant Cap, un intermediario financiero canadiense que dispone entre otros de fondos del banco alemán KfW. Desde mayo del presente año, la Resistencia Pacífica de Ixquisis ha realizado una serie de acciones públicas, manifestaciones y plantones para expresar y reiterar su oposición a los proyectos hidroeléctricos en su territorio. Actualmente, tres acciones de amparo en contra de las licencias de operación de la hidroeléctrica Pojom II se encuentran a la espera de resolución en las cortes nacionales. En junio, las comunidades de Ixquisis recibieron el premio Front Line Defenders en reconocimiento a su esfuerzo colectivo y su lucha pacífica. En agosto, las comunidades afectadas presentaron una queja formal ante el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación del BID, solicitando la investigación y el retiro de su inversión debido al incumplimiento de las propias políticas operativas del banco. En este contexto, organizaciones de derechos humanos que acompañan el caso han observado un aumento significativo de las difamaciones y agresiones en contra de la población que participa en la Resistencia Pacífica y de la población de la microrregión, que culminaron en el asesinato de dos pobladores de la comunidad de Ixquisis, los hermanos Neri Esteban Pedro y Domingo Esteban Pedro, el pasado 16 de diciembre. Sus cuerpos fueron encontrados a la orilla del Río Yal Witz, cerca de la hidroeléctrica San Andrés en la carretera de la Franja Transversal del Norte con impactos de bala en la cabeza. Este hecho hace recordar el asesinato del defensor Sebastián Alonso Juan, quien falleció a causa de disparos en el marco de una manifestación pacífica en enero del 2017, asesinato que sigue sin esclarecerse. Además de este doble asesinato, se destacan los siguientes hechos acaecidos en 2018: Julio y octubre: Violación del derecho de manifestación y del derecho de libre locomoción por parte de la PNC; y uso desmedido de la fuerza en contra de manifestantes, resultando en seis (6) personas heridas, tres de ellas con necesidad de ser hospitalizadas. 12 de octubre: En el transcurso del día, dos integrantes de la Resistencia Pacífica sufrieron ataques armados; Alfonso Miguel Francisco Pedro, de la aldea Pojom tuvo que ser hospitalizado durante siete (7) días. 20 de octubre y 7 de noviembre: Hostigamiento y uso de gas lacrimógeno en contra de comunitarios, provocando intoxicación en niños y en una mujer embarazada. 9 de diciembre: Agresión física en contra de Lucas Jorge García, presidente del Consejo de Desarrollo de Segundo Nivel de la Microrregión de Ixquisis y dos mujeres de su familia, una de ellas en estado de embarazo. Dos hombres atacaron al defensor en su casa, golpeándolo en la cabeza con piedras y palos. Al querer defenderlo, su hija María Jorge Gómez y su nuera Ana Gómez Domingo también fueron golpeadas.  La constante campaña de difamación y desprestigio emprendida en contra de la Resistencia Pacífica desde hace más de un año nuevamente ha aumentado de intensidad, impactando además a organizaciones aliadas como el Gobierno Ancestral Maya Plurinacional de las naciones Akateko Chuj, Popti’, Q’anjob’al y pueblo mestizo, y en particular en uno de sus coordinadores, Rigoberto Juárez. A principios de noviembre de 2018, fue anunciado en los diferentes medios de comunicación la firma de un “Acuerdo para la Paz y el Desarrollo” en el municipio de San Mateo Ixtatán, acuerdo que concluye como el principal resultado de una mesa de diálogo en la que participaron únicamente actores que están a favor de las hidroeléctricas y con vínculos directos con la empresa Energía y Renovación, S.A. La legitimidad de este acuerdo y representatividad de las personas que en nombre de la Microrregión de Ixquisis firmaron dicho acuerdo, ha sido cuestionada en repetidas ocasiones por la Resistencia Pacífica de esta Microrregión, que desde el inicio de este proceso de diálogo han registrado un aumento de ataques en su contra. Ante esta grave situación de riesgo las organizaciones, colectivos y personas abajo firmantes expresamos nuestra solidaridad con las personas defensoras de la Microrregión de Ixquisis, y solicitamos:  Al Ministerio Público que investigue y procese a los responsables materiales e intelectuales de todos los ataques cometidos en contra de la Resistencia Pacífica de Ixquisis, incluyendo las agresiones físicas en contra de Lucas Jorge García, Presidente del Consejo de Desarrollo de Segundo Nivel de la Microrregión de Ixquisis, así como los asesinatos de los hermanos Nery y Domingo Pedro Esteban y Sebastián Alonso Juan. Al Estado de Guatemala que adopte todas las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad de los miembros de las comunidades de Ixquisis y el derecho de manifestación y de defender derechos. Al Estado de Guatemala que tome todas las medidas para garantizar que las mujeres tengan una vida libre de violencia y que tome medidas de protección específicas para las mujeres y lideresas de las comunidades de la Microrregión de Ixquisis.  Al Ministerio de Defensa y al Ministerio de Gobernación que se cumpla con el retiro de las fuerzas de seguridad estatales, Policía Nacional Civil y Ejército de Guatemala, de las instalaciones privadas donde funciona la empresa Energía y Renovación, propietaria de los proyectos hidroeléctricos que se construyen en esta Microrregión, para garantizar la independencia de las fuerzas públicas en la Microrregión de Ixquisis. A la comunidad internacional presente en Guatemala, que observe de cerca la situación de las personas defensoras de derechos humanos, realizando visitas el territorio referido. A las instituciones financieras internacionales involucradas en el financiamiento de estos proyectos hidroeléctricos, que adopten medidas para que sus inversiones se den bajo condiciones de pleno respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Descarga el pronunciamiento completo para ver las organizaciones firmantes   

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Bandera Mexico
Participación Ciudadana

Pronunciamiento sobre el Plan Nacional de Desarrollo de México

Al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, C. Andrés Manuel López Obrador A las y los integrantes del gabinete del Poder Ejecutivo Federal A la opinión pública   Considerando – Que el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “La planeación (del desarrollo nacional) será democrática y deliberativa. Mediante los mecanismos de participación que establezca la ley, recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo”. – Que el gobierno federal que tomó posesión el primero de diciembre pasado ha hecho declaraciones a favor de la participación de la ciudadanía en las decisiones trascendentales que afectan la vida pública del país. – Que el Plan Nacional de Desarrollo es un documento rector, a partir del cual se derivan todos los programas de política pública del gobierno federal. El conjunto de organizaciones que suscriben este comunicado solicitan al C. Presidente Andrés Manuel López Obrador y a su gabinete que se abran espacios de participación ciudadana para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo. El proceso debe ser completamente distinto al realizado por la administración pasada, el cual se caracterizó por la generación de espacios que no tuvieron realmente en cuenta las preocupaciones planteadas desde sociedad civil. Por lo anterior, solicitamos que para los temas principales de la agenda pública se establezcan mesas de diálogo entre actores de la sociedad civil y gobierno, cuyas conclusiones tengan incidencia efectiva sobre el Plan Nacional de Desarrollo para tener reales mecanismos de participación democrática y deliberativos, tal como lo establece nuestra Carta Magna.   Atentamente Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, AIDA CartoCrítica, investigación, mapas y datos para la sociedad civil Centro Mexicano de Derecho Ambiental Centro para la Diversidad Biológica Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible Fundar, Centro de Análisis e Investigación Greenpeace México Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) Reforestamos México  

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Derechos Humanos

Organizaciones condenamos expulsión de la ONU de Nicaragua

A dos días de que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) presentara su informe, donde confirma que las violaciones cometidas con la participación del Estado, el órgano internacional recibió una notificación para dejar el país, en medio de una crisis que ya se arrastra por más de cuatro meses. En su informe, OACNUDH confirma lo que las organizaciones nacionales, internacionales y otros órganos ya habían señalado, y suma nuevos elementos para determinar que son las autoridades nacionales las responsables de numerosas violaciones de derechos humanos cometidas desde el 18 de abril hasta la fecha. Las organizaciones firmantes condenamos enérgicamente esta decisión, que refleja la voluntad de obstruir cualquier escrutinio internacional y el carácter autoritario del gobierno nicaragüense. Pese a que, en julio, el Estado aceptó la observación de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de OACNUDH, la estructura gubernamental se ha encargado de bloquear información y acceso a datos, audiencias, entrevistas y cualquier otro insumo que les permita contar con los elementos necesarios para realizar su trabajo. La actitud de Nicaragua frente a la comunidad internacional es inaceptable y da cuenta de que el gobierno no tiene ningún interés en darle salida a esta crisis. En tanto, la represión y violencia no se detienen y se recrudece la criminalización de manifestantes, estudiantes, líderes y lideresas sociales y defensores/as de derechos humanos como forma de amedrentamiento de quienes se oponen a las posiciones institucionales. En este contexto, hacemos un llamado urgente a la comunidad internacional a observar, condenar y dar seguimiento cercano a esta grave situación, que daña de manera irremediable los pilares democráticos del país y coloca a las personas en Nicaragua en una situación de aun mayor vulnerabilidad. A los Estados de las Américas les urgimos a que den respuesta acorde con la gravedad de una decisión que evidencia un rompimiento con los más esenciales valores democráticos. Por último, reiteramos la necesidad de que la situación en Nicaragua forme parte de la agenda de la sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que se llevará a cabo el próximo 5 de septiembre.   Organizaciones firmantes Argentina Centro de Estudios Legales y Sociales - CELS Bolivia Oficina Jurídica para la Mujer Brasil Conectas Direitos Humanos Chile Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género: Corporación Humanas (Humanas) Ecuador Fundación Paz y Esperanza México Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos (AJDH) Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios AC Nicaragua Asociacion de Mujeres para la integracion de la familia en Nicaragua (AMIFANIC) Campaña 28 de Setiembre por la Despenalización del Aborto (C28LAC) Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS) Centro de Investigación de la Comunicación (CINCO) Centro de la Mujer ACCION YA (ACCION YA) Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) CIFEM Nicaragua (CIFEM) Coordinadora Civil Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia (CUDJ Nicaragua) Diálogo por la Democracia     Frente Amplio por la Democracia (FAD) Fundación del Rio (FDR) Fundación Nicaraguense para el Desarrollo Sostenible (FUNDENIC SOS) fundacion para la promocion de las mujeres y la niñez (FUNDEMUNI) Fundacion para la Promociony (Fundemuni) Fundacion PopolNa     Grupo Cocibolca Grupo de Solidaridad Arenal (GRUDESA) Iniciativa Nicaragüense de Derechos Humanos de las Mujeres (IN-Defensoras) Liderazgo Juvenil Nicaragüense somos (LJN) Movimiento 19 de abril/Masaya     Movimiento Autonomo de Mujeres (MAM) Movimiento Campesino     Movimiento Renovador Sandinista (MRS) Plataforma en Defensa del Agua y la Vida (Plaforna del Agua) Yamlet Mejia Palma (YMP) Perú Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) Paz y Esperanza Venezuela Civilis Derechos Humanos Acción Solidaria Regional Asociación Interamericana Para La Defensa Del Ambiente (AIDA) Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los derechos de las mujeres Fundación para el Debido Proceso (DPLF) Institute on Race, Equality and Human Rights (Race and Equality) Mujeres LIbres COLEM, AC Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe Internacional Centro de Derechos Reproductivos Asociadas por lo Justo (JASS Mesoamérica) Contacto de prensa Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +521 5570522107  

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Grandes Represas, Derechos Humanos

Organizaciones se unen al pedido de ayuda de comunidades afectadas por la represa Hidroituango en Colombia

El movimiento que agrupa a las personas afectadas ha denunciado el asesinato de dos de sus integrantes en solo unos días. Y, debido a la obstrucción de uno de los túneles de la represa, existe riesgo de un desborde y una avalancha. Pedimos a las autoridades investigar los daños a las comunidades, sancionarlos y atender a las familias afectadas. Dos integrantes del Movimiento Ríos Vivos Antioquia, que agrupa a las comunidades afectadas por el proyecto hidroeléctrico Hidroituango en Colombia, han sido asesinados en los últimos días. El 2 y el 8 de mayo, denunció el Movimento, fueron asesinados los señores Hugo Albeiro George Pérez y Luis Alberto Torres Montoya, respectivamente. Los miembros del Movimiento han sufrido también múltiples amenazas, intimidaciones y violaciones a derechos humanos por su defensa del territorio y del río Cauca. De otro lado, las comunidades de varios municipios asentados aguas abajo del río Cauca, represado para implementar la represa, viven con miedo e incertidumbre ante una posible catástrofe. La amenaza es inminente y se debe a la obstrucción de uno de los túneles de la represa que, al interrumpir el flujo de agua, puede causar el desborde del agua del embalse, cuya fuerza puede provocar inundaciones y una avalancha de lodo, troncos y desechos. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Centro para el Derecho Ambiental Internacional (CIEL) y el International Accountability Project (IAP) expresamos nuestro apoyo a las comunidades afectadas por el proyecto hidroeléctrico Hidroituango, agrupadas en el Movimiento Ríos Vivos Antioquia. Demandamos a las autoridades ambientales en Colombia investigar y sancionar a los responsables de los asesinatos, así como los daños que la construcción de la represa ya está ocasionando. Solicitamos además al gobierno nacional atender adecuadamente y a la brevedad a las familias afectadas. Hidroituango, que se prevé será la represa más grande de Colombia, afectará a 12 municipios, impactando en miles de familias que dependen del río. El proyecto ha recibido préstamos del BID Invest, el brazo del Banco Interamericano de Desarrollo para el sector privado. Contacto de prensa: Víctor Quintanilla, AIDA, +521 5570522107, [email protected]  

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