Brasil

Cambio Climático, Derechos Humanos

El impulso de Brasil al litigio climático: avances y desafíos

Los litigios climáticos en América Latina continúan en aumento. En ese contexto, Brasil, con un aumento vertiginoso en el número de casos, representa un gran avance en la lucha por la justicia climática y los derechos humanos no solo en ese país, sino también en la región y en el mundo.En este seminario web, dimos a conocer los avances de Brasil en materia de litigio climático, al tiempo que reflexionaremos acerca de los retos y desafíos que enfrenta en el logro de la justicia climática. PanelistasDanielle de Andrade Moreira, profesora de Derecho Ambiental en el Programa de Postgrado en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro (PUC-Rio) y coordinadora del Grupo de Investigación sobre Derecho, Medio Ambiente y Justicia en el Antropoceno (JUMA/NIMA/PUC-Rio): Casos de litigio climático sistematizados en la Plataforma de Litigância Climática no Brasil.Gabriel Mantelli, Asesor - Defensa de los Derechos Socioambientales de Conectas Direitos Humanos: La experiencia de Conectas en relación al caso del BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento do Brasil), sus avances, retos y oportunidades.Marco Antônio Moraes Alberto, Relator de la Plataforma para la Jurisdicción Brasil: Breve recuento de los casos de Brasil en la Plataforma de Litigio Climático para América Latina y el Caribe.Moderó: Javier Dávalos, coordinador del Programa de Clima de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Grabación Presentaciones (en portugués)1. Danielle de Andrade Moreira: 2. Gabriel Mantelli: 

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Cambio Climático, Derechos Humanos

Tribunal de Brasil reafirma el poder del litigio para fortalecer la acción climática

El mes pasado, el Supremo Tribunal Federal de Brasil —la corte más alta del país— determinó que el gobierno tiene el deber constitucional de asignar los recursos económicos necesarios para el funcionamiento del Fondo del Clima, creado para apoyar el combate de la crisis climática y que ha estado paralizado en los últimos años. Con esa decisión, el tribunal resolvió el primer litigio climático de su historia y sentó un precedente importante para Brasil y para el mundo. En su fallo, la corte equiparó el Acuerdo de París —que busca fortalecer la respuesta mundial a la emergencia climática— con un tratado de derechos humanos, otorgándole un estatus superior al de las leyes ordinarias y al de otras normas inferiores como los decretos del Poder Ejecutivo. Ello puede dar paso a que tribunales y jueces de otros países de América Latina hagan el mismo reconocimiento. “El Supremo Tribunal Federal creó un marco de protección privilegiado para la mitigación y la adaptación al cambio climático, uno que asegura uno de los pilares fundamentales de la acción climática: el financiamiento”, explica Marcella Ribeiro, abogada de AIDA. “Además, dejó claro que el Poder Ejecutivo —al restringir los recursos que por ley están destinados a la acción climática— va en contra de los acuerdos y convenciones internacionales en materia de derechos humanos de los que Brasil hace parte”. El litigio por la omisión del gobierno brasileño de otorgar recursos al Fondo del Clima fue interpuesto en 2020 por el Partido Socialista Brasileño, el Partido Socialismo y Libertad, el Partido de los Trabajadores y el Partido Rede Sustentabilidade, con apoyo del Observatorio del Clima y el Instituto Alana. El litigio como herramienta estratégica El caso del Fondo del Clima en Brasil demuestra que el litigio climático estratégico es una forma efectiva y necesaria para contribuir a que gobiernos y empresas del continente cumplan con sus compromisos climáticos. El mismo Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), en su informe más reciente, destacó que los litigios relacionados con el clima están en aumento y, en algunos casos, han influido en los resultados y ambición de la gobernanza climática, entendida como la manera en la que los diferentes actores —Estado, sociedad civil, academia y sector privado— definen, implementan y supervisan acciones orientadas a hacerse cargo de las causas y consecuencias del cambio climático. “En el sur global, Brasil es uno de los países donde el litigio climático se desarrolla con más fuerza”, resalta Javier Dávalos, abogado sénior de AIDA. “El país se caracteriza por un creciente ecosistema de litigantes y organizaciones que están llevando la lucha climática a los tribunales”. El impulso de Brasil al litigio climático en la región es fundamental debido a que ese país alberga el 65% de la Amazonía, un ecosistema clave para la regulación del clima a nivel mundial y que está en riesgo grave. En América Latina, Brasil es el país que más emite dióxido de carbono y la deforestación es la mayor fuente de esas emisiones. En ese sentido, es fundamental que uno de los jueces que atendió el caso del Fondo del Clima señalara explícitamente el gran incremento de la deforestación de la Amazonía en 2021: más de 22% —la mayor en 15 años— y una superficie total de 13.235km². Es clave entonces exigir ante los tribunales que el Estado brasileño cumpla sus obligaciones de protección de la Amazonía y del clima mundial. La importancia de financiar las soluciones Transitar a una economía de carbono cero y evitar los peores impactos físicos del cambio climático requiere invertir unos 125 mil millones de dólares para 2050, según el estudio Net Zero Financing Roadmaps, encargado por los Campeones de Alto Nivel de las Naciones Unidas. Estos recursos deben provenir de dos fuentes complementarias, la privada y la pública. Respecto de la segunda, el financiamiento de la acción climática por parte de gobiernos representa una política pública relevante, por lo que debe ajustarse a las normas de un país. En su sentencia, el Supremo Tribunal Federal de Brasil reconoció que el Fondo del Clima es el principal instrumento federal destinado a financiar la acción climática y a cumplir los objetivos nacionales de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. En ese sentido, observó que el gobierno mantuvo paralizado el fondo por dos años. Al considerar que los recursos destinados a la lucha contra la crisis climática buscan materializar derechos humanos fundamentales, el tribunal concluyó que el gobierno no puede restringirlos. “Garantizar la asignación de recursos para las acciones climáticas representa establecer un límite claro del cual no podemos retroceder”, afirma Marcella. “Pese a la clara violación de los deberes del Estado brasileño respecto al derecho al ambiente sano, reflejada en el desmantelamiento de las normas e instituciones ambientales, el fallo del Supremo Tribunal de Brasil puso un freno a la erosión de la protección jurídica del ambiente y del clima en el país”. VERSIÓN EN PORTUGUÉS   Conoce de este y otros casos en la Plataforma de Litigio Climático para América Latina y el Caribe.  

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Cambio Climático, Derechos Humanos

Tribunal brasileiro reafirma o poder da litigância para fortalecer a ação climática

Em julho, o Supremo Tribunal Federal (STF) do Brasil - a mais alta Corte brasileira - decidiu que o Governo tem o dever constitucional de alocar os recursos econômicos necessários para apoiar o funcionamento do Fundo Verde do Clima, criado para apoiar o combate da crise climática e que estava paralisado nos últimos anos. Com esta decisão, o Supremo julgou o primeiro litígio climático de sua história e estabeleceu um importante precedente para o Brasil e o mundo. No julgado, a Corte brasileira equipara o Acordo de Paris - que busca fortalecer a resposta global à emergência climática - a um tratado de direitos humanos, concedendo-lhe um status mais elevado do que as leis ordinárias e outras normas inferiores, como os decretos do Poder Executivo. Isto pode estimular que tribunais e juízes de outros países latino-americanos façam o mesmo reconhecimento. "O Supremo Tribunal Federal criou um marco de proteção privilegiado para a mitigação e adaptação às mudanças climáticas, o qual garante um dos pilares fundamentais da ação climática: o financiamento", explica Marcella Ribeiro, advogada da AIDA. "Além disso, deixou claro que o Poder Executivo, ao restringir recursos que por lei são destinados à ação climática, está deixando de cumprir os acordos e convenções internacionais sobre direitos humanos dos quais o Brasil é parte". O Partido Socialista Brasileiro, o Partido Socialismo e Liberdade, o Partido dos Trabalhadores e o Partido da Rede de Sustentabilidade apresentaram em 2020, com o apoio do Observatório do Clima e do Instituto Alana, uma ação judicial sobre a omissão do governo brasileiro em outorgar recursos ao Fundo Climático. A LITIGÂNCIA COMO UMA FERRAMENTA ESTRATÉGICA O caso do Fundo Verde do Clima no Brasil demonstra que a litigância climática estratégica é uma forma eficaz e necessária para impulsionar que os governos e empresas do continente cumpram seus compromissos climáticos. Em seu relatório mais recente, o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, da sigla em inglês) destacou que a litigância relacionada ao clima está em ascensão e, em alguns casos, tem influenciado os resultados e a pretensão da governança climática, entendida como a forma pela qual diferentes atores - Estado, sociedade civil, academia e setor privado - definem, implementam e monitoram ações destinadas a enfrentar as causas e consequências das mudanças climáticas. "No sul global, o Brasil é um dos países onde a litigância climática está se desenvolvendo mais fortemente", destaca Javier Dávalos, advogado sênior da AIDA. "O país é caracterizado por um crescente ecossistema de litigantes e organizações que estão levando a luta climática aos tribunais". O impulso do Brasil para a litigância climática na região é essencial, uma vez que o país abriga 65% da Amazônia, um ecossistema chave para a regulação climática global e que está em sério risco. O Brasil é o maior emissor de dióxido de carbono da América Latina, com o desmatamento representando a maior fonte dessas emissões. Neste sentido, foi de grande relevância o pronunciamento de um dos juízes responsáveis pelo caso do Fundo do Clima, que apontou explicitamente o grande aumento – mais de 22% – do desmatamento na Amazônia em 2021: o maior em 15 anos – em uma área total de 13.235 km². Portanto, é imprescindível exigir perante os tribunais que o Estado brasileiro cumpra suas obrigações de proteger a Amazônia e o clima global. A IMPORTÂNCIA DAS SOLUÇÕES DE FINANCIAMENTO A transição para uma economia de carbono zero de modo a evitar os piores impactos físicos da mudança climática requer investimentos de quase US$ 125 bilhões até 2050, de acordo com o estudo "Net Zero Financing Roadmaps" encomendado pelos Campeões de Alto Nível das Nações Unidas. Estes recursos devem vir de duas fontes complementares, financiamento privado e público. O financiamento governamental da ação climática representa uma política pública relevante e, portanto, deve estar de acordo com as leis de um país. Em sua decisão, o Supremo Tribunal Federal brasileiro reconheceu o Fundo Verde do Clima como o principal instrumento federal para financiar a ação climática e cumprir as metas nacionais de redução das emissões de gases de efeito estufa. Também assinalou que o Governo manteve o fundo paralisado por dois anos. A esse respeito, considerando que os recursos destinados a combater a crise climática buscam materializar os direitos humanos fundamentais, o Tribunal concluiu que o Governo não poderia restringi-los. "Garantir a alocação de recursos para as ações climáticas significa estabelecer um limite claro do qual não podemos retroceder", afirma Marcella Ribeiro. "Apesar da clara violação dos deveres do Estado brasileiro com relação ao direito a um meio ambiente saudável, refletida no desmantelamento das normas e instituições ambientais, a decisão do STF brasileiro freou a erosão da proteção legal do meio ambiente e do clima no país". VERSÃO EM ESPANHOL   Conheça este e outros casos na Plataforma de Litigância Climática para América Latina e o Caribe.  

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Derechos Indígenas, Minería, Fuentes de Agua Dulce

Projeto da mineradora Belo Sun sofre revés no Pará

Nova decisão da primeira instância suspende licença prévia e de operação do projeto de exploração de ouro em Altamira (PA) com base na falta de consulta a comunidades ribeirinhas afetadas.   Altamira, Pará - A mineradora canadense Belo Sun, que pretende instalar a maior mina de ouro a céu aberto do Brasil na Volta Grande do Xingu (PA), sofreu nova derrota nos tribunais. O licenciamento ambiental da mineradora foi novamente suspenso, desta vez em julgamento de 1ª Instância da Justiça de Altamira. A decisão se refere a uma Ação Civil Pública (ACP) movida pela Defensoria Pública do estado do Pará (DPE). O caso teve início em julho de 2020, quando a DPE do Pará propôs ação cível pública contra a empresa de mineração, visto que o Projeto Minerário Volta Grande coloca em risco o território e a existência das comunidades ribeirinhas da Volta Grande do Xingu, que dependem do rio para suas práticas ancestrais. A ação apontou a ilegalidade do licenciamento pela ausência de estudo sobre os impactos socioambientais que podem afetar as comunidades da região do Xingu. O pedido se pautou em um relatório técnico produzido pela Associação Interamericana para a Defesa do Meio Ambiente (AIDA), com manifestação sobre o projeto, apontando os riscos à população ribeirinha que ocupam o território do empreendimento. Na decisão liminar, proferida na última terça-feira (23), foi determinado a “suspensão dos efeitos do licenciamento ambiental n° 2012/5028 e 2015/5340, da empresa Belo Sun Mineração Ltda, que tramita na Secretaria de Estado e Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS), até que seja realizado estudo socioambiental dos povos ribeirinhos, na distância mínima de 10 km do empreendimento, nas duas margens do rio Xingu, bem como a consulta prévia, livre e informada e o consentimento dos povos ribeirinhos, pelo Estado do Pará, conforme previsto no artigo 6°, da Convenção n. 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT).” Para Marcella Ribeiro, advogada do Programa de Direitos Humanos da AIDA, a decisão reforça os resultados positivos da colaboração entre organizações da sociedade civil e a Defensoria no intuito de alcançar a justiça para as comunidades do Xingu. Segundo ela, o projeto da mina precisa ser revisto, ainda mais considerando os impactos da represa Belo Monte, instalada há poucos quilômetros do projeto da mina. “A análise feita pela AIDA sobre os estudos de impacto ambiental de Belo Sun apontam diversas falhas, desde a metodologia até a área que foi estudada. Além disso, as condicionantes da represa de Belo Monte exigiam que não fosse implementado nenhum novo projeto na região até que se comprovasse a estabilidade socioambiental da área, o que até o momento não foi comprovado”, comenta a advogada. Outras ações Esta é a segunda ação judicial que atualmente suspende o licenciamento ambiental de Belo Sun. Em 25 de abril, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região (TRF1) manteve a decisão, tomada em 2017 em ACP movida pelo Ministério Público Federal, de suspender a licença de instalação até que a empresa apresentasse os estudos de impacto sobre os povos indígenas, e fosse feita a consulta livre, prévia e informada de acordo com um Protocolo de Consulta produzido pelos indígenas Juruna da Terra Indígena Paquiçamba. As ameaças de impactos graves sobre as comunidades no entorno do projeto de Belo Sun geraram ainda outras ações, que seguem tramitando na Justiça. Em 26 de abril, a Defensoria Pública da União (DPU) protocolou uma Ação Civil Pública contra o acordo entre Incra e Belo Sun que passa para a mineradora 21 lotes do Projeto de Assentamento (PA) Ressaca, em troca de participação do órgão público nos lucros das atividades minerárias No início de março, a DPU ja havia protocolado uma ACP contra a União e o Incra exigindo a regularização fundiária e a titulação das propriedades das mais de 200 famílias da Vila Ressaca, local onde Belo Sun quer se instalar. Além disso, tramitam uma ACP  do MPF que demanda a transferência da competência do licenciamento da secretaria estadual de maio ambiente (SEMAS), para o Ibama (sob análise no TRF1); uma ação do Ministério Público Estadual que também questiona a legitimidade da Semas de licenciar Belo Sun e pede a anulação de todas as licenças concedidas (em análise na Justiça Federal); uma ação da Defensoria Pública do Estado contra a compra ilegal de terras e a expulsão forçada de famílias do PA Ressaca; e outra ação da DPE sobre irregularidades na compra de terras federais (aguardando julgamento de mérito).  

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Derechos Indígenas, Minería, Fuentes de Agua Dulce

Julgamento decisivo pode liberar licenciamento para projeto de mineração da Belo Sun no Pará

Licenciamento ambiental do projeto da maior mina de ouro a céu aberto no Brasil é alvo de oito ações judiciais por irregularidades nos estudos de impacto ambiental. Decisão favorável à Belo Sun pode abrir precedente para restringir de forma ilegal conteúdo de consulta aos povos tradicionais e sancionar violação de direitos humanos.   Altamira (PA) - O Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) julgará nesta segunda-feira, dia 25 de abril, duas ações decisivas que podem abrir o caminho para o início das obras do Projeto Volta Grande, da mineradora canandense Belo Sun, em Senador José Porfírio, no Pará, e com isso abrir precedentes para licenciamentos ambientais irregulares. A empresa promete construir a maior mina de ouro a céu aberto do Brasil na Volta Grande do Xingu, na Amazônia, um dos locais com maior biodiversidade do mundo que já enfrenta os impactos da hidrelétrica de Belo Monte. Em 2017, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) suspendeu uma segunda licença concedida pelo governo paraense, a de instalação do empreendimento, condicionando a mineradora a um processo de consulta prévia aos povos indígenas afetados, de acordo com a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT). A Justiça também exigiu da empresa a elaboração do Estudo de Componente Indígena (ECI), nos parâmetros exigidos pela Funai (Fundação Nacional do Índio), sobre os impactos do projeto sobre povos indígenas. Na audiência do dia 25 o tribunal revisitará esse processo. A mineradora afirma ter cumprindo as exigências, que são constestadas pelo Ministério Público Federal (MPF). A primeira ação julgará qual órgão é competente para conduzir o licenciamento do empreendimento: o Ibama, órgão federal, ou a Semas (Secretaria Estadual do Meio Ambiente) do Pará, que hoje é responsável pelas licenças ambientais para a obra. Por considerar que Belo Sun terá impacto em projetos de assentamento federais e em terras indígenas, além dos impactos cumulativos com Belo Monte, o MPF argumenta que o licenciamento deveria ter sido conduzido pelo Ibama. A segunda ação julga um pedido da Belo Sun sobre acórdão anterior do tribunal. Esse acórdão suspende o licenciamento do empreendimento até que seja elaborado o estudo do componente indígena nos moldes requisitados pela Funai e até que seja realizada a consulta prévia, livre e informada dos povos indígenas afetados. Segundo o pedido da Belo Sun e do Estado do Pará, tanto o estudo do componente indígena quanto a consulta já teriam sido feitos. "Se o TRF-1 julgar procedente o pedido da Belo Sun, estaremos diante de um perigoso precedente, que restringe de forma ilegal o conteúdo da consulta prevista nos artigos 6, 15 e 16 da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e sanciona a violação dos direitos humanos dos povos indígenas e das comunidades tradicionais da Volta Grande do Xingu. Uma decisão nesse sentido legitimaria as ilegalidades praticadas pela Belo Sun e abriria as portas para a exploração da mais nova fronteira aurífera da Amazônia, que, se viabilizada, seguramente levará ao ecocídio, à destruição sistemática, da região já fragilizada da Volta Grande", afirma Ana Carolina Alfinito, assessora jurídica da Amazon Watch, organização que integra a Aliança Volta Grande do Xingu. O MPF afirma que não houve consulta de fato às populações e que o estudo realizado tem falhas - pesquisadores consideram o projeto inviável. O argumento da Procuradoria é baseado em um parecer produzido em fevereiro por pesquisadores do Observatório de Protocolos Comunitários de Consulta e Consentimento Prévio Livre e Informado, a pedido do próprio MPF. O Projeto Volta Grande da Belo Sun afeta potencialmente os povos indígenas Juruna, da Terra Indígena Paquiçamba, Arara, da Terra Indígena Arara da Volta Grande, os isolados da Terra Indígena Ituna-Itatá e os grupos indígenas "desaldeados", isto é, aqueles que ocupam tradicionalmente territórios ainda não reconhecidos formalmente pelo Estado brasileiro. Esses grupos habitam territórios bem próximos ao local em que o empreendimento está planejado. É o caso da população que mora na Ilha da Fazenda, Ressaca e Galo, além das comunidades São Francisco (Juruna), Iawa (Kuruaya), Jericoá II (Xipaia), Kanipá (Xipaia) e Kaniamã (Xipaia). A comunidade São Francisco, por exemplo, está a apenas 600 metros da área, de modo que sofreria graves impactos diretos, o que torna ainda mais grave sua exclusão da avaliação diferenciada de impactos e do processo de consulta. Ainda de acordo com o documento do MPF, a Belo Sun apenas coletou depoimentos das comunidades afetadas, sem que houvesse espaço para que os indígenas se manifestassem e influenciassem o projeto, como deveria ocorrer em um processo efetivo de consulta. Uma decisão de 2012 da Corte Interamericana de Direitos Humanos prevê que a consulta deveria ocorrer "em todas as fases de planejamento e desde as primeiras etapas". A mesma decisão da Corte determina que a consulta prévia é uma responsabilidade do Estado, que não poderia ser delegada a empresas privadas, "muito menos à interessada na extração dos recursos. Há registro de reuniões em que apenas representantes da Belo Sun e de algumas das comunidades indígenas participaram, sem a presença de órgãos públicos", destaca o parecer do Observatório. Em depoimento à Repórter Brasil, Lorena Kuruaya conta que a comunidade Iawá, composta por membros dos povos Xipaya e Kuruaya e uma das afetadas pelo projeto da Belo Sun, encaminhou diversos pedidos à Funai para que fosse consultada, mas não obteve resposta. "Precisamos ter conhecimento sobre o projeto, sobre explosões e uso do cianeto, pois tememos o ocorrido em Brumadinho e Mariana. Até o presente momento, fomos invisibilizados do processo de consulta", diz uma carta de 2020 assinada por membros da comunidade. Em outro comunicado conjunto, segundo reportagem da Repórter Brasil, moradores da Iawá e das comunidades Kanipá, Jericoá I e Jericoá II informaram à Funai que nenhuma delas havia sido "procurada, consultada, ou mesmo informada" sobre as implicações do empreendimento e solicitaram mediação do órgão indigenista para apresentação de explicações, planos de execução e possíveis impactos ambientais. "Uma decisão favorável à Belo Sun significa que o Estado brasileiro, assim como no caso de Belo Monte, vai ficar novamente do lado das grandes empresas ignorando completamente os impactos socioambientais que virão desse projeto", aponta a advogada Marcella Ribeiro, do programa de Direitos Humanos da AIDA - Associação Interamericana para a Defesa do Ambiente.  "Os polígonos que estão sendo estudados vão além da área do rio e se estendem às áreas indígenas. Em alguns anos provavelmente veremos exploração de ouro em áreas adjuntas. E caso o PL 191 seja aprovado, essas terras indígenas vão se tornar um grande garimpo", afirma. Falhas e impactos do projeto da Belo Sun De acordo com especialistas, o projeto da mineradora Belo Sun na Volta Grande do Xingu tem graves falhas estruturais, as quais não foram claramente apresentadas às comunidades impactadas no processo de consulta. Estudos dos impactos ambientais realizados pela mineradora desconsideram tanto possíveis impactos sísmicos na barragem de rejeitos que seria construída quanto os impactos cumulativos que ela causaria junto com a barragem da usina de Belo Monte. A barragem projetada para a mina teria tamanho semelhante à barragem da Vale que rompeu em Mariana em 2015, causando o maior crime ambiental do Brasil. Um parecer de especialista em Geologia e Mineração,  Dr. Steven H. Emerman, diz que pelo menos nove milhões de metros cúbicos de rejeitos tóxicos podem atingir o rio Xingu e percorrer mais de 40 quilômetros em duas horas, provocando danos irreversíveis. Esses rejeitos conteriam metais altamente tóxicos, como cianeto, arsênico e mercúrio, podendo causar o risco de ecocídio do rio Xingu pelo empreendimento. Além disso, o projeto da Belo Sun fica a somente dez quilômetros da principal barragem no rio Xingu, construída para a Usina Hidrelétrica de Belo Monte. A exploração da mineradora prevê explosões 24 horas por dia para arrancar ouro da terra, durante no mínimo 12 anos. Há o risco de que as explosões impactem a estabilidade da barragem de Belo Monte e da própria Belo Sun, o que não foi considerado até agora. A própria Belo Monte, em comunicado recente, alertou para os riscos da implantação do projeto na região. Outros estudos apontam impactos como a alteração no ciclo reprodutivo da fauna, desmatamento e/ou queimada, poluição de recurso hídrico e poluição do solo. Aliança Volta Grande do Xingu Esta comunicação é uma iniciativa da Aliança Volta Grande do Xingu, composta por organizações e movimentos sociais do Brasil e do mundo. A Aliança apoia a defesa da vida e da dignidade na região da Volta Grande do Xingu e sua permanente proteção contra projetos de infraestrutura como a hidrelétrica Belo Monte e a mina de Belo Sun. Compõem a Aliança: AIDA, Amazon Watch, Earthworks, International Rivers, Instituto Socioambiental - ISA, Mining Watch, Movimento Xingu Vivo para Sempre e Rede Xingu+.  

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O que se deve saber sobre o alerta trinacional para salvar o Pantanal dos incêndios

Os incêndios dos últimos anos danificaram seriamente o Pantanal: a maior área úmida de água doce do mundo, que se estende pela Bolívia, Brasil e Paraguai. Diante da urgência da situação, organizações da sociedade civil alertaram a Secretaria da Convenção de Ramsar, tratado intergovernamental para a proteção de áreas úmidas, sobre os danos ao Pantanal e solicitaram seu apoio na busca de soluções. No atual contexto de crise climática, a proteção de ecossistemas chave, como as zonas húmidas, e a contenção das grandes emissões de dióxido de carbono causadas pelos incêndios florestais são tarefas urgentes. Segue aqui o que você precisa saber sobre a crise enfrentada pelas áreas úmidas do Pantanal e os esforços recentes para restaurá-las por meio da cooperação transfronteiriça.   UM EPICENTRO DE BIODIVERSIDADE EM RISCO Em seus quase 20 milhões de hectares, o Pantanal abriga pelo menos 3.500 espécies de plantas, cerca de 600 aves, 150 mamíferos, 175 répteis, 40 anfíbios e 300 peixes de água doce. Alguns deles também estão em perigo de extinção em outras regiões.  O Pantanal ainda abriga a maior concentração de onças e jacarés. A FORÇA DESTRUTIVA DO FOGO Em 2019 e 2020, o Pantanal queimou a uma taxa sem precedentes. Em 2020, os incêndios devastaram 4,3 milhões de hectares da região, o maior número registrado desde 1998. Nesse mesmo ano, 100% do Parque Nacional do Pantanal Matogrossense no Brasil foi queimado. O fogo tornou-se em um problema transfronteiriço. AUMENTANDO A CRISE CLIMÁTICA GLOBAL Além da perda de florestas, da morte de animais e do impacto direto na saúde e no estilo de vida das comunidades locais, as queimadas no Pantanal agravam a crise climática, um problema global. Um estudo publicado pela Academia Brasileira de Ciências estima que os incêndios de 2020 na região do Pantanal brasileiro lançaram cerca de 115 milhões de toneladas de dióxido de carbono na atmosfera, o que representa mais de 20% das emissões geradas na Colômbia durante o mesmo ano. ALERTA INTERNACIONAL PARA MEDIDAS URGENTES No último dia 2 de fevereiro, no Dia Mundial das Zonas Úmidas, a AIDA —em conjunto com o Centro de Diversidade Biológica e Ecologia e Ação (ECOA)— solicitou ao Secretariado da Convenção de Ramsar o envio de uma missão consultiva às seis zonas úmidas do Pantanal localizadas na Bolívia, Brasil e Paraguai. As organizações também pediram que os locais - considerados de importância internacional pelo tratado - sejam inscritos no Registro de Montreux, a lista mundial de zonas úmidas em sério risco. E incentivaram os três governos a implementar medidas para preservar o bioma como um ecossistema transfronteiriço. APOIO ESPECIALIZADO A RESGATE “A missão consultiva consiste em uma visita de especialistas internacionais que podem dar recomendações especializadas ao Brasil, Bolívia e Paraguai para superar as condições que colocam em risco a conservação e o uso racional do bioma, bem como desenvolver medidas inovadoras de gestão e proteção”, explica Claudia Velarde, advogada da AIDA. A inscrição dos locais no Registro de Montreux permite obter auxílio econômico, além de apoio e assessoria técnica para a recuperação da região nos três países. Em julho de 2021, somente no estado de Mato Grosso, a área queimada do Pantanal foi cinco vezes maior que a de São Paulo. Com ações adequadas e oportunas será possível evitar que a degradação do ecossistema se repita nos meses de junho e julho deste ano, quando geralmente começam os incêndios florestais. O alerta enviado pela sociedade civil representa uma importante oportunidade para que os países que compartilham o Pantanal gerenciem sua riqueza ecológica de forma colaborativa e sustentável, unindo esforços para sua preservação. Versão em espanhol  

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Fuentes de Agua Dulce, Cambio Climático, Derechos Humanos

Lo que debes saber de la alerta trinacional para salvar al Pantanal de los incendios

Los incendios de los últimos años han dañado y puesto en riesgo grave al Pantanal, el humedal de agua dulce más grande del mundo, que se extiende por Bolivia, Brasil y Paraguay. Ante la urgencia de la situación, organizaciones de la sociedad civil alertaron al Secretariado de la Convención Ramsar, tratado intergubernamental para la protección de humedales, acerca de los daños al Pantanal y solicitaron su apoyo en la búsqueda de soluciones. En un contexto de crisis climática como el actual, la protección de ecosistemas clave como los humedales y el freno a las grandes emisiones de dióxido de carbono provocadas por los incendios forestales es una tarea apremiante. A continuación, lo que debes saber de la crisis que los humedales del Pantanal enfrentan y de los esfuerzos recientes para lograr su recuperación mediante cooperación transfronteriza.   Un epicentro de biodiversidad en riesgo En sus casi 20 millones de hectáreas, el Pantanal es hogar de al menos 3.500 especies de plantas, cerca de 600 de aves, 150 de mamíferos, 175 de reptiles, 40 de anfibios y 300 de peces de agua dulce. Algunas de ellas están en peligro de extinción en otras regiones. En el Pantanal está la mayor concentración de jaguares y caimanes. La fuerza destructora del fuego En 2019 y 2020, el Pantanal ardió a un ritmo sin precedentes. En 2020, los incendios devastaron 4 millones 300 mil hectáreas de la región del Pantanal, la mayor cifra registrada desde 1998. Ese mismo año, se quemó el 100 por ciento del Parque Nacional Pantanal Matogrossense, en Brasil. El fuego se ha convertido en un problema transfronterizo. Agravando la crisis climática mundial Además de la pérdida de bosques, la muerte de animales y la afectación directa a la salud y modos de vida de comunidades locales, los incendios en el Pantanal agravan la crisis climática, una problemática mundial. Un estudio publicado por la Academia Brasileña de Ciencias estima que los incendios de 2020 en la región del Pantanal de ese país liberaron a la atmósfera alrededor de 115 millones de toneladas de dióxido de carbono, más de 20% de las emisiones de dióxido de carbono generadas en Colombia durante ese mismo año. Alerta internacional por medidas urgentes El pasado 2 de febrero, en el Día Mundial de los Humedales, AIDA —junto al Centro para la Diversidad Biológica y a Ecologia e Ação (ECOA)­— solicitó al Secretariado de la Convención Ramsar el envío de una misión de asesoramiento a seis humedales del Pantanal ubicados en Bolivia, Brasil y Paraguay. Las organizaciones pidieron además que los sitios, considerados de importancia internacional bajo el tratado, sean inscritos en el Registro de Montreux, la lista mundial de humedales en riesgo grave. Exhortaron a los tres gobiernos a implementar medidas para preservar el Pantanal como ecosistema transfronterizo. Apoyo especializado para el rescate “La misión de asesoramiento consiste en una visita de expertos internacionales que darían recomendaciones altamente especializadas a Brasil, Bolivia y Paraguay para superar las condiciones que generan riesgo para la conservación y el uso racional del Pantanal, así como para desarrollar medidas innovadoras de manejo y protección”, explica Claudia Velarde, abogada de AIDA. La inscripción de los sitios en el Registro de Montreux implica ayuda económica, así como apoyo y asesoramiento técnico para la recuperación del Pantanal en los tres países. En julio de 2021, solo en el estado brasileño de Mato Grosso, la superficie del Pantanal incendiada fue cinco veces mayor que la de São Paulo. Con acciones adecuadas y oportunas será posible evitar que la degradación del ecosistema se repita en los meses de junio y julio de este año, cuando los incendios forestales suelen comenzar. La alerta enviada por la sociedad civil representa una oportunidad importante para que los países que comparten el Pantanal gestionen su riqueza ecológica de forma colaborativa y sostenible, sumando esfuerzos para su preservación. VERSIÓN EN PORTUGUÉS    

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Derechos Indígenas, Fuentes de Agua Dulce, Cambio Climático

Pedido para declarar em perigo seis áreas úmidas do Pantanal no Brasil, Bolívia e Paraguai

Versão em espanhol   No Dia Mundial das Áreas Úmidas, organizações pediram uma ação urgente do Secretariado da Convenção de Ramsar para realizar uma visita de assessoramento às zonas úmidas gravemente afetadas por incêndios e para que os governos dos três países inscrevam esses locais na lista mundial de áreas úmidas em risco de desaparecer.   Gland, Suíça - Organizações da sociedade civil enviaram à Secretaria da Convenção de Ramsar um alerta urgente sobre os danos causados pelos incêndios no Pantanal —a maior zona úmida tropical do mundo— no Brasil, Bolívia e Paraguai. Eles pedem o envio de uma missão consultiva a seis pantanais localizados nesses países que estão listados como áreas de importância internacional pela Convenção, e também solicitam que as áreas sejam inscritas no Registro de Montreux, lista mundial de zonas úmidas em grave risco. O alerta foi enviado pela Associação Interamericana para a Defesa do Ambiente (AIDA) e o Centro de Diversidade Biológica e Ecologia e Ação (ECOA) no âmbito do Dia Mundial das Áreas Úmidas. As organizações pedem aos três governos que implementem medidas para preservar o Pantanal como um ecossistema transfronteiriço. Os áreas Ramsar para os quais foram solicitadas inscrição no registro de Montreux e a visita de assessoria técnica são o Pantanal boliviano; a Reserva Particular do Patrimônio Natural SESC Pantanal, a Reserva Particular do Patrimônio Natural Fazenda Rio Negro, o Parque Nacional do Pantanal Matogrosense e a Estação Ecológica do Taiamã, no Brasil; assim como o Parque Nacional do Rio Negro, no Paraguai. “Uma denominação de risco feita pela Convenção de Ramsar é crucial para combater os grandes incêndios sem precedentes no Pantanal, que agora ameaçam Bolívia, Brasil e Paraguai”, disse Alejandro Olivera, cientista e representante no México do Centro de Diversidade Biológica. “As políticas públicas que promovem a expansão da agricultura e pecuária e permitem a queima dentro do Pantanal, combinadas com uma colaboração transfronteiriça limitada, criaram um barril de pólvora. Os incêndios que danificam os ecossistemas vão continuar se não houver compromissos firmes para proteger essas áreas úmidas”. Em 2020, ano atingido pela pandemia de Covid-19, os incêndios devastaram 4,3 milhões de hectares da região do Pantanal, o maior número registrado desde 1998. Nesse mesmo ano, os incêndios queimaram 100% do Parque Nacional do Pantanal Matogrossense. Em julho de 2021, somente em Mato Grosso, a área do Pantanal queimada foi cinco vezes maior que a de São Paulo, com mais de 740 mil hectares afetados pelas queimadas. Pelo menos 10 milhões de animais morreram em três meses. “Estamos pedindo aos Estados que cumpram as obrigações assumidas diante da Convenção, criando mecanismos coerentes e implementando políticas e normas para proteger o Pantanal”, explicou Claudia Velarde, advogada da AIDA. “Uma missão de assessoramento às seis áreas Ramsar poderia fornecer assistência especializada aos governos brasileiro, boliviano e paraguaio para superar as condições que geram risco para a conservação e uso racional desta importante zona úmida”. Da mesma forma, a inscrição das áreas no Registro de Montreux permite auxílio econômico, além de apoio e assessoria técnica para a recuperação do Pantanal nos três países. “Enviamos um alerta urgente para Bolívia, Brasil e Paraguai para focar no Pantanal como a maior área úmida transfronteiriça de água doce do mundo”, disse André Siqueira, Diretor Presidente da ECOA. “A Convenção de Ramsar não pode atingir seus objetivos se os ecossistemas que protege forem significativamente danificados pelo uso contínuo do fogo, agronegócio e pela falta de recursos adequados para combater incêndios.” A biodiversidade e a riqueza ecológica do Pantanal são incalculáveis. No bioma —conjunto de ecossistemas próximos que compartilham clima, flora e fauna— há pelo menos 3.500 espécies de plantas, cerca de 600 espécies de aves, 150 de mamíferos, 175 de répteis, 40 de anfíbios e 300 tipos de peixes de água doce. Alguns deles estão ameaçados de extinção em outras regiões, como o tuiuiú e a onça-pintada, o cervo-do-pantanal, a ariranha e a arara, espécies emblemáticas do bioma. O Pantanal também abriga a maior concentração de algumas espécies de animais, como a onça-pintada e o jacaré. Contatos Alejandro Olivera (México), Centro de Diversidade Biológica, +52 (612) 104-0604, [email protected]    Victor Quintanilla (México), AIDA, +521 5570522107, [email protected] André Luiz Siqueira (Brasil), ECOA, +55 67 33243230, [email protected]  

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Derechos Indígenas, Fuentes de Agua Dulce, Cambio Climático

Solicitan declarar en peligro a seis humedales del Pantanal en Brasil, Bolivia y Paraguay

VERSIÓN EN PORTUGUÉS   En el Día Mundial de los Humedales, organizaciones solicitaron acción urgente al Secretariado de la Convención Ramsar para que realicen una visita de asesoramiento a los humedales afectados gravemente por incendios, y que los gobiernos de los tres países inscriban a los sitios en la lista mundial de humedales en riesgo de desaparecer.   Gland, Suiza.- Organizaciones de la sociedad civil enviaron una alerta urgente al Secretariado de la Convención Ramsar por los daños que han provocado los incendios al Pantanal —el humedal tropical más grande del mundo— en Brasil, Bolivia y Paraguay. Solicitan el envío de una misión de asesoramiento a seis humedales del Pantanal ubicados en estos países y enlistados como sitios de importancia internacional bajo la Convención, y solicitan inscribirlos en el Registro de Montreux, la lista mundial de humedales en riesgo grave. La alerta fue enviada por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Centro para la Diversidad Biológica y por Ecologia e Ação (ECOA) en el marco del Día Mundial de los Humedales. Las organizaciones también exhortan a los tres gobiernos a implementar medidas para preservar el Pantanal como ecosistema transfronterizo. Los sitios Ramsar para los cuales se pidió la inscripción al registro Montreux y la visita de asesoramiento técnico son el Pantanal boliviano; la Reserva Particular do Patrimonio Natural SESC Pantanal, la Reserva Particular do Patrimonio Natural Fazenda Rio Negro, el Parque Nacional del Pantanal Matogrossense y la Estación Ecológica Taiamã en Brasil; así como el Parque Nacional Río Negro en Paraguay. “Una designación en peligro bajo la Convención Ramsar es crucial para combatir los grandes incendios sin precedentes del Pantanal, que ahora amenazan a Bolivia, Brasil y Paraguay”, dijo Alejandro Olivera, científico y representante en México del Centro para la Diversidad Biológica. “Las políticas públicas que promueven la expansión de la agricultura y la ganadería y que permiten la quema dentro del Pantanal se han combinado con una colaboración transfronteriza limitada para crear un polvorín. Los incendios que dañan los ecosistemas continuarán si no hay compromisos más fuertes para proteger estos humedales”. En 2020, un año golpeado por la pandemia de Covid-19, los incendios devastaron 4 millones 300 mil hectáreas de la región del Pantanal, la mayor cifra registrada desde 1998. Ese mismo año, los incendios quemaron el 100 por ciento del Parque Nacional Pantanal Matogrossense. En julio de 2021, sólo en Mato Grosso, la superficie del Pantanal quemada fue cinco veces mayor que la de São Paulo, con más de 740 mil hectáreas afectadas por incendios. Al menos 10 millones de animales murieron en tres meses. “Estamos pidiendo a los Estados cumplir con las obligaciones adquiridas ante la Convención, generando mecanismos coherentes e implementando políticas y normas para proteger el Pantanal”, explicó Claudia Velarde, abogada de AIDA. “Una misión de asesoramiento a los seis sitios Ramsar podría brindar asistencia especializada a los gobiernos brasileño, boliviano y paraguayo para superar las condiciones que generan riesgo para la conservación y el uso racional de este humedal clave”. Asimismo, la inscripción de los sitios en el Registro de Montreux implica ayuda económica, así como apoyo y asesoría técnica, para la recuperación del Pantanal en los tres países. “Mandamos una alerta urgente para que Bolivia, Brasil y Paraguay se enfoquen en el Pantanal como el humedal transfronterizo de agua dulce más grande del mundo”, dijo Andre Siqueira, Director Presidente de ECOA. “La Convención de Ramsar no puede alcanzar sus objetivos si los ecosistemas que protege son dañados significativamente por el uso continuado del fuego, el agronegocio y la falta de recursos adecuados para combatir los incendios”. La biodiversidad y riqueza ecológica del Pantanal es incalculable. En el bioma —conjunto de ecosistemas próximos que comparten clima, flora y fauna— hay al menos 3.500 especies de plantas, cerca de 600 de aves, 150 de mamíferos, 175 de reptiles, 40 de anfibios y 300 de peces de agua dulce. Algunas de ellas están en peligro de extinción en otras regiones, como el tuyuyú y el jaguar, el ciervo de los pantanos, la nutria gigante y el guacamayo, especies emblemáticas del bioma. El Pantanal alberga la mayor concentración de algunas especies de animales como el jaguar y el caimán. Contactos de prensa: Alejandro Olivera (México), Centro para la Diversidad Biológica, +52 (612) 104-0604, [email protected] Victor Quintanilla (México), AIDA, +521 5570522107, [email protected] André Luiz Siqueira (Brasil), ECOA, +55 67 33243230, [email protected]  

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Derechos Indígenas, Minería, Transparencia y Rendición de Cuentas

Alerta aos investidores: Mineradora Belo Sun divulga informações falsas para investidores e público sobre megaprojeto na Volta Grande do Xingu

Organizações da sociedade civil do Brasil e exterior revelam em carta para a Comissão de Valores Mobiliários de Ontário uma série de informações falsas divulgadas pela empresa canandense Belo Sun Corp. (TSXV:BSX) - inclusive falas de seu CEO, Peter Tagliamonte - que minimizam os riscos socioambientais, legais e financeiros do projeto Volta Grande, próximo ao rio Xingu.   São falsas e incompletas as informações divulgadas publicamente pela mineradora canadense Belo Sun Corp. (TSXV:BSX) aos seus investidores sobre projeto de mineração homônimo que pretende se instalar no território da Volta Grande do Xingu, no Pará. Esta é principal alerta enviado em carta à Comissão de Valores Mobiliários de Ontário (Ontario Securities Commission - OSC) no dia 29 de julho pelas organizações nacionais e internacionais Amazon Watch, Earthworks, Instituto Socioambiental (ISA), Associação Interamericana para a Defesa do Ambiente (AIDA), International Rivers, MiningWatch Canada, Movimento Xingu Vivo para Sempre e Rede Xingu +. A OCS é reguladora do mercado financeiro canadense e responsável por proteger investidores de práticas fraudulentas e impróprias de empresas. Elaborado por uma equipe jurídica e amparado por evidências legislativas e científicas de pesquisadores independentes, o documento desmente as mais recentes declarações do presidente da Belo Sun, Peter Tagliamonte. Em fala no evento Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC), uma convenção internacional sobre minerais e indústria de mineração, realizado em 8 de março, o presidente afirmou que único impedimento para o início das obras de Belo Sun é a pandemia de Covid-19,  e que a expectativa é que as obras comecem no final de 2021. Afirmações similares foram feitas em declarações recentes da empresa, e pelo próprio CEO em outras ocasiões. Segundo a carta, as declarações de Tagliamonte são falsas. Sete ações correm na justiça brasileira pedindo a nulidade de licenças e a suspensão do Licenciamento Ambiental. Entre as razões para os pedidos de anulação, destacam-se informações incompletas no Estudo de Impacto Ambiental (EIA) como também inexistência de uma consulta prévia, livre e informada às populações tradicionais que serão impactadas pelo projeto. Há evidência que Belo Sun Corp. violou a política de divulgação de informações da OCS, deixando de divulgar informações atualização e factíveis sobre o projeto, mantendo assim potenciais e atuais investidores informados. Falsas informações divulgadas pela Belo Sun Mining Corp. De acordo com a carta, ainda que a empresa reconheça os riscos associados aos processos legais contra o licenciamento do projeto, ela falha em divulgar dados concretos sobre ações legais e suspensões que correm na Justiça, baseando-se na falta de conhecimento dos investidores sobre a legislação do Brasil. É o caso da suspensão da Licença de Instalação (LI) devido a inexistência da consulta prévia, livre e bem informada das comunidades indígenas que serão impactadas pelo projeto. Em uma recente atualização divulgada pela empresa, Belo Sun afirmou que "continua a avançar em discussões financeiras com vários grupos em preparação ao começo da construção assim que houver o anulação da suspensão do processo de construção (LI)". "A empresa ainda nem começou o processo de consulta - que agora está atrasado devido à pandemia - e já está fazendo propaganda sobre a anulação da suspensão, como se isso fosse uma questão de tempo", pontua Marcella Ribeiro, advogada da AIDA. "A empresa não está em posição de garantir os resultados de um processo de consulta, já que estas negociações são vagarosas e invariavelmente acarretam em mudanças substanciais no projeto. Nada disso está sendo divulgado corretamente para os investidores", ela adiciona. Entre os riscos de investimento em Belo Sun, a carta destaca o histórico de processos judiciais; conflitos em torno do projeto; as falhas no Estudo de Impacto Ambiental (EIA); e a violação do direito à consulta das populações indígenas. A minimização dos riscos sociais e ambientais dentro dos estudos realizados pela própria companhia já deixou as comunidades de Volta Grande, duramente afetadas pela hidrelétrica Belo Monte, em alerta. Uma série de pesquisas técnicas independentes contradizem os estudos da Belo Sun com relação ao impacto do projeto nos recursos hídricos, na fauna e flora e também com relação à segurança das barragens. Uma das razões para que o processo de obtenção de Licença de Instalação (LI) fosse cancelado em 2017 foi a não realização da consulta prévia, livre e bem informada das comunidades tradicionais. Há também aumento de relatos de intimidação e assédio contra os opositores do projeto, o que demonstra que a situação é muito mais complexa e controversa do que a divulgada pela empresa. A coalizão conclui que "Belo Sun falhou em se comunicar com atuais e futuros investidores sobre a complexa natureza do projeto" que tem "correlação direta com seus atrasos e que levanta questões sobre a própria viabilidade dele". Em um momento de especial atenção à Amazônia e seu potencial socioambiental na mitigação das mudanças climáticas, a carta visibiliza as irregularidades do projeto e os riscos legais e para a reputação de seus eventuais investidores. Sobre Belo Sun  Belo Sun promete ser a maior mineradora de ouro a céu aberto do Brasil e quer se instalar na  região de Volta Grande do Xingu, um dos locais com maior biodiversidade do mundo que já enfrenta os impactos do desvio do rio Xingu pela hidrelétrica de Belo Monte. Além das etnias Juruna (Yudjá), Arara e Xikrin, a região abriga outros indígenas não aldeados e diversas comunidades ribeirinhas. Desde seu início, o projeto tem enfrentado numerosos processos judiciais por parte do Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Defensoria Pública do Estado e Defensoria Pública da União. Eles apontam diversas falhas no processo de licenciamento e nos estudos técnicos do projeto, e pedem pela anulação das licenças e pela suspensão do processo de licenciamento. Uma delas resultou em uma decisão judicial, ainda válida, que suspendeu a Licença de Construção (LI) de Belo Sun. CONTATOS Cecilia Garcia, International Rivers, +55 11 97290-6686, [email protected] Camila Rossi, Amazon Watch, +55 11 98152-8476, [email protected]  

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