Brasil

Derechos Indígenas, Derechos Humanos

El racismo ambiental y los daños diferenciados de la pandemia

Por Tayná Lemos y Marcella Ribeiro En Brasil, pese a la letalidad de la COVID-19 —del 3,08% y con más de 124 mil muertes hasta el 3 de septiembre—, las grandes ciudades avanzan en sus planes de reapertura con Río de Janeiro llenando los bares y São Paulo, los restaurantes. La reapertura de bares y restaurantes durante el auge de la pandemia encuentra explicación en el hecho de que la pandemia afecta de forma diferente a personas de distintos niveles socioeconómicos y razas. Un estudio del Núcleo de Operaciones e Inteligencia en Salud (NOIS), iniciativa de la que participan varias universidades del país, dio cuenta que una persona de raza negra y sin escolaridad tiene cuatro veces más posibilidades de morir por el nuevo coronavirus en Brasil que una persona de raza blanca con enseñanza superior. Con base en información de casos hasta mayo, el estudio muestra además que la tasa de mortalidad entre la población de raza blanca es de alrededor del 38 %, mientras que, entre las personas de raza negra, es de casi el 55 %. “La tasa de mortalidad en Brasil es influenciada por las desigualdades en el acceso al tratamiento”, afirmó a la agencia EFE el coordinador del NOIS y uno de los autores del estudio, Silvio Hamacher. Dolorosamente, esta tendencia se repite en otros países como Estados Unidos y el Reino Unido. Ello resalta que uno de los factores detrás de la alta tasa de mortalidad de la COVID-19 es el racismo ambiental, fenómeno en el que las consecuencias negativas y no previstas de actividades económicas se distribuyen de manera desigual. Distribución desigual de daños El término racismo ambiental fue acuñado en Estados Unidos por el investigador Benjamin Chavis luego de observar que la contaminación química de las industrias era vertida sólo en los barrios negros. “El racismo ambiental es la discriminación racial en las políticas ambientales. Es la discriminación racial en la elección deliberada de las comunidades negras para depositar residuos tóxicos e instalar industrias contaminantes”, dijo Chavis. Si bien toda actividad genera algún impacto ambiental, los territorios elegidos para llevarlas a cabo son usualmente regiones ubicadas en las afueras de la ciudad, habitadas por comunidades tradicionales o periféricas. En Brasil, el racismo ambiental afecta tanto a comunidades urbanas periféricas como a  comunidades rurales tradicionales. Y, al igual que en Estados Unidos, una de sus facetas es la contaminación desproporcionada que sufren esas minorías, en comparación con la clase media blanca. Se trata de la contaminación del aire y del agua con agentes tóxicos, metales pesados, pesticidas, químicos, plásticos, etc. En su informe de 2019, el entonces Relator Especial de la ONU sobre las consecuencias para los derechos humanos de la gestión ambientalmente racional y la eliminación de desechos y sustancias tóxicas, Baskut Tuncak, advirtió que existe una pandemia silenciosa de enfermedades e incapacidades resultantes de la acumulación de sustancias tóxicas en nuestros cuerpos. En 2020, después de su visita al país, dijo que existe una conexión entre la contaminación ambiental y la mortalidad del nuevo coronavirus, y que menos personas morirían en Brasil si hubiera políticas ambientales y de salud pública más estrictas. “Hay sinergias entre la exposición a la contaminación y la exposición a la COVID-19. Las sustancias tóxicas en el ambiente contribuyen a la elevada tasa de mortalidad en Brasil”, afirmó Tuncak. Las condiciones de salud subyacentes que agravan la pandemia no son “mala suerte”, sino en gran parte “los impactos de las sustancias tóxicas en el aire que respiramos, el agua que bebemos, los alimentos que comemos, los juguetes que damos a nuestros hijos y los lugares donde trabajamos”. Un aumento de la vulnerabilidad Así, Tuncak confirmó que las personas más vulnerables ante la pandemia son las poblaciones urbanas pobres y las comunidades tradicionales e indígenas porque también son las más afectadas por los problemas ambientales y de salud pública. Esto da lugar a la hipervulnerabilidad. Un ejemplo de esa situación es la de los 17 quilombos (asentamientos afrodescendientes) del municipio de Salvaterra, en el estado de Pará, donde viven alrededor de 7.000 personas. Hace 20 años, allí se instaló un vertedero abierto sin haber consultado con las familias. Niños, niñas, personas adultas y adultos mayores fueron obligados a convivir con la basura doméstica, residuos tóxicos y hospitalarios, entre otros desperdicios. Su vulnerabilidad aumentó con la pandemia. A pesar del tamaño del país, no existen vacíos territoriales en Brasil. Cuando se instala una industria, un vertedero, un monocultivo, una hidroeléctrica, una mina o una central nuclear, una comunidad históricamente olvidada se ve impactada. Los daños invisibles de la contaminación causada por esas actividades son difíciles de probar, pero afectan profundamente la salud y la calidad de vida de personas que ya son extremadamente vulnerables. Otro ejemplo es el de la comunidad indígena Tey Jusu, que en abril de 2015 recibió una lluvia de agrotóxicos vertidos por un avión sobre un monocultivo de maíz. La fumigación intoxicó a personas de la comunidad, dañando su salud. Lamentablemente, la ingestión directa de plaguicidas por miembros de comunidades que viven cerca de plantaciones de monocultivos es una realidad recurrente. Aún peor es que el gobierno actual autorizara 118 nuevos agroquímicos durante la pandemia, que se suman a los 474 aprobados en 2019 y a otros 32 lanzados en los primeros meses de 2020. Estos plaguicidas causan varias enfermedades, pero todavía no es posible determinar las consecuencias exactas en el organismo humano y mucho menos las de su interacción con otras sustancias tóxicas o con otras enfermedades como la COVID-19. Según un análisis del Coordinación de Organizaciones Indígenas de la Amazonia Brasileña y del Instituto de Investigación Amazónica, la tasa de mortalidad por la pandemia entre los indígenas de la Amazonía legal es 150% superior a la media nacional. Por otra parte, la tasa de infección por COVID-19 entre esa población es un 84% más alta que el promedio en Brasil. Esto se debe a varios factores históricos como la falta de puestos de salud, la distancia de los hospitales, la ausencia de cualquier tipo de ayuda del gobierno federal, la invasión de tierras y la degradación ambiental. De hecho, una de las mayores amenazas para las comunidades indígenas de Brasil es la invasión de sus tierras por mineros ilegales, lo que provoca, entre otras violaciones de derechos humanos, la contaminación del agua por mercurio. El año pasado, un estudio de la Fundación Oswaldo Cruz determinó que el 56% de los indígenas Yanomami tenían concentraciones de mercurio superiores al límite establecido por la Organización Mundial de la Salud, lo que implica graves daños a la salud. En este sentido, el racismo ambiental es un término que expone una separación histórica entre los que cosechan los frutos del crecimiento económico y los que enferman y mueren debido a las consecuencias ambientales de ese mismo crecimiento económico. El conjunto de daños sistemáticos a la salud de estas comunidades vulnerables las hace especialmente susceptibles a los peores efectos de la COVID-19. Por tanto, al hablar de la pandemia y hacerle frente es esencial saber que no llega a todas las personas de la misma manera, que pone a las comunidades tradicionales en peligro de exterminio y que las cuestiones ambientales son una cuestión de salud pública. Para superar la crisis sanitaria global, necesitamos llevar el racismo al centro del debate.  

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Derechos Indígenas, Minería

Projeto Belo Sun coloca a Amazônia brasileira em sério risco de contaminação

Baseado em informações conflitantes, a empresa canadense, não contempla medidas suficientes para impedir contaminação das águas subterrâneas e superficiais do rio Xingu e planeja usar grandes quantidades de cianeto, substância altamente perigosa para a saúde das pessoas e ecossistemas. Altamira (PA) - Uma avaliação técnica concluiu que a mina de ouro que a empresa canadense Belo Sun Mining Corp. pretende instalar na Volta Grande do Rio Xingu - Projeto Volta Grande, no Pará, no coração da Amazônia, implica em um sério risco de contaminação ao meio ambiente e às comunidades ribeirinhas e indígenas da região. Isso se deve, entre diversos fatores, à possível infiltração de fluidos poluentes, ao uso de grandes quantidades de cianeto e de processos químicos que gerariam fluidos ácidos que podem atingir rios e aquíferos. A análise, feita por Andrés Ángel, geólogo e consultor científico da Associação Interamericana de Defesa do Meio Ambiente (AIDA), encontrou inconsistências nas informações que a empresa publicou no processo de licenciamento ambiental. Ángel consta que, no relatório de viabilidade de 2015, apresentado aos investidores do projeto, a empresa apontou que o solo e as rochas da área são impermeáveis, ou seja, não permitiriam a infiltração de poluentes. No entanto, nos estudos de impacto ambiental de 2012 e 2016, a Belo Sun apresentou dados às autoridades reguladoras que contradizem o exposto em 2015, afirmando que os solos e as rochas se comportam como aqüíferos porosos ou fraturados. Os estudos recentes não contemplam a impermeabilização de determinadas estruturas. Por esses motivos, explica o especialista, o desenho geral do projeto e as medidas de gestão propostas pela empresa são insuficientes para garantir que não haja contaminação das águas superficiais e subterrâneas. O parecer também alerta para o uso de grandes quantidades de cianeto para a extração do ouro. Entre 330 e 390 gramas seriam usadas para cada tonelada de material processado, de um total estimado de 116 milhões de toneladas de minério. "Existem alternativas menos poluentes e perigosas, entre elas a exportação de concentrados polimetálicos, nos quais a separação do material de interesse econômico ocorre posteriormente. Seria essencial considerar essa opção na floresta amazônica ”, diz Ángel. O relatório também destaca que o cianeto pode ser letal, mesmo em doses muito baixas, tanto para a fauna aquática quanto para as pessoas. Outro sério risco evidenciado pelo estudo é a geração de fluidos ácidos como resultado do processo químico previsto para eliminar o cianeto usado (dióxido de enxofre e ar) com impacto cumulativo após a vida útil do projeto, levando em conta que algumas unidades foram classificadas como tendo um potencial moderado de geração de ácido. Embora seja proposto um tratamento ativo (adição de cal a fluidos), a medida implica em uma maior demanda por reagentes e, portanto, em maiores impactos ambientais. Por fim, Ángel evidenciou a falta de informações sobre os impactos sinérgicos entre a barragem de Belo Monte — que já afeta a área — e o projeto de mineração no trecho de vazão reduzida do rio Xingu, que por sua vez determinará o tipo e o alcance dos riscos da mina em caso de falha grave. A justiça brasileira suspendeu a Licença de Instalação do projeto em 2017 porque a empresa não havia realizado os estudos sobre os impactos  nas comunidades indígenas , nem cumprido a exigência de realização de um processo de consulta livre, prévia e informada. A Belo Sun submeteu os estudos do componente indígena à Fundação Nacional do Índio (Funai) no início de 2020 e eless pendem de avaliação de mérito pelo órgão indigenista. A avaliação feita por Ángel foi protocolada na Funai e na Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMAS) do Pará, entidades responsáveis pela concessão de licenças para o projeto. O parecer se soma a outros dois pareceres apresentados anteriormente por pesquisadores independentes, cujo trabalho demonstra explicitamente a inviabilidade do projeto Belo Sun como é concebido atualmente. Os pareceres se concentraram nos impactos negativos do projeto na ictiofauna e na fragilidade dos estudos de impacto ambiental apresentados pela Belo Sun do ponto de vista geológico. Se somam aos pesquisadores independentes diversas organizações que vêm denunciando a inviabilidade socioambiental do projeto como a Rede Xingu +, o Movimento Xingu Vivo para Sempre, Amazon Watch, Instituto Socioambiental (ISA), International Rivers, Above Ground e AIDA. Contato Marina Terra (Brasil), ISA, [email protected] Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +5215570522107  

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Derechos Indígenas, Minería

Proyecto de Belo Sun pone a la Amazonía brasileña en grave riesgo de contaminación

Basándose en información contradictoria, la empresa canadiense no contempla medidas suficientes para evitar que la mina de oro que busca construir en Brasil contamine aguas subterráneas y superficiales. Prevé además usar altas cantidades de cianuro, sustancia altamente peligrosa para la salud de las personas y de los ecosistemas, y emplear procesos que generarían fluidos ácidos. Altamira, Brasil. Una evaluación técnica concluyó que la mina de oro que la empresa canadiense Belo Sun Mining Corp. pretende instalar en la Volta Grande del río Xingú, en el estado brasileño de Pará, en plena Amazonía, implica un grave riesgo de contaminación para el ambiente y para las comunidades indígenas y ribereñas de la zona. Ello se debe, entre otras cosas, a la posible infiltración de fluidos contaminantes, al uso de altas cantidades de cianuro y al empleo de procesos químicos que generarían fluidos ácidos que podrían llegar a ríos y acuíferos. El análisis fue elaborado por Andrés Ángel, geólogo y asesor científico de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), quien encontró inconsistencias en la información que la empresa ha publicado en el marco del proceso de licenciamiento ambiental. Ángel encontró que, en el informe de factibilidad de 2015, presentado a los inversionistas del proyecto, la empresa señaló que el suelo y las rocas de la zona son impermeables, es decir, que no pueden permitir la infiltración de contaminantes. Sin embargo, en los estudios de impacto ambiental de 2012 y 2016, Belo Sun muestra a las autoridades reguladoras datos, descripciones y análisis que contradicen lo expuesto en 2015, llegando incluso a decir que los suelos y rocas se comportan como acuíferos porosos o fracturados. Por ello, en los estudios reciente, el diseño general del proyecto y las medidas de manejo propuestas por la empresa, que ni siquiera contemplan impermeabilizar ciertas estructuras, resultan insuficientes para disminuir la probabilidad de contaminación de aguas superficiales y subterráneas, explicó el experto. El dictamen alerta además del uso de grandes cantidades de cianuro como método escogido para la separación del oro. Se prevé usar entre 330 y 390 gramos por tonelada de material procesado, de un total estimado de 116 millones de toneladas de mineral. “Existen alternativas menos contaminantes y peligrosas, entre ellas la exportación de concentrados polimetálicos en los que la separación del material de interés económico se da posteriormente. Sería indispensable considerar esta opción en la selva amazónica”, señala Ángel. El informe también resalta que el cianuro puede ser letal incluso en dosis muy bajas tanto para fauna acuática como para personas. Otro de los graves riesgos evidenciados por el estudio es la generación de fluidos ácidos como resultado del proceso químico previsto por la empresa para eliminar el cianuro empleado (dióxido de azufre y aire) y como impacto acumulativo posterior al tiempo de vida del proyecto, teniendo en cuenta que algunas unidades fueron clasificadas como con potencial moderado de generación de ácido. Si bien para esto se propone un tratamiento activo (adición de cal a los fluidos), tal medida implica mayor demanda de reactivos y, por tanto, mayores impactos ambientales totales. Finalmente, Ángel evidenció la falta de información sobre los impactos sinérgicos entre la represa Belo Monte —que ya afecta a la zona— y el proyecto minero aguas abajo en la sección de caudal reducido del río Xingú, que a su vez determinarán el tipo y alcance de los riesgos de la mina en caso de fallas graves. La justicia brasileña suspendió la Licencia de Instalación del proyecto en 2017 porque la empresa no realizó estudios sobre el impacto de la mina en las comunidades indígenas ni cumplió con la exigencia de realizar un proceso de consulta libre, previa e informada. Belo Sun presentó a inicios de 2020 los estudios del componente indígena a la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) y está a la espera de una evaluación y respuesta por parte de la entidad. La evaluación hecha por Ángel fue presentada a la FUNAI y a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente (SEMAS) de Pará, entidades responsables de la concesión de licencias para el proyecto. El dictamen se suma a otros dos presentados antes como parte de un esfuerzo conjunto de investigadores independientes cuyo trabajo demuestra explícitamente la inviabilidad del proyecto de Belo Sun tal como está concebido actualmente. Los dictámenes anteriores se enfocaron en los impactos negativos del proyecto en la ictiofauna y en la fragilidad de los estudios de impacto ambiental presentados por Belo Sun desde el punto de vista geológico. Además de los investigadores independientes, varias organizaciones han denunciado la inviabilidad social y ambiental del proyecto, entre ellas la Red Xingú +, el Movimiento Xingú Vivo por Siempre, Amazon Watch, el Instituto Socioambiental (ISA), International Rivers, Above Ground y AIDA. Contactos Marina Terra (Brasil), ISA, [email protected] Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +5215570522107  

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Derechos Indígenas, Minería

Projeto de mineração Belo Sun é inviável, aponta estudo técnico

Parecer revela graves lacunas no projeto da mineradora de ouro canadense que pretende se instalar na Volta Grande do Xingu (PA). Com grande probabilidade de falha na barragem, rejeitos podem atingir o rio Xingu em sete minutos. Altamira, Brasil. Em apenas sete minutos, um volume de aproximadamente 9 milhões de metros cúbicos de rejeitos tóxicos podem atingir o rio Xingu, no Pará, e percorrer mais de 40 quilômetros em duas horas, provocando impactos irreversíveis no meio ambiente, povos indígenas e ribeirinhos que vivem ali e na Amazônia. Este é o cenário conservador caso a barragem de rejeitos do projeto Volta Grande da mineradora Belo Sun Mining se rompa, aponta parecer técnico. O documento atesta a inviabilidade do empreendimento e recomenda que o projeto seja rejeitado pelas autoridades reguladoras brasileiras. Belo Sun afirma que, em caso de acidente, os rejeitos chegariam ao rio em 97 minutos, mas não justificam os detalhes do cálculo utilizado. Esse é um dos exemplos destacados no parecer que também alerta para a alta probabilidade de falha da barragem. O estudo, assinado pelo Dr. Steven H. Emerman, especialista em geologia e mineração, aponta uma série de lacunas no Estudo de Impacto Ambiental (EIA) apresentado pela mineradora. A empresa promete ser a maior mineradora de ouro a céu aberto do Brasil e pretende se instalar na Volta Grande do Xingu, um dos locais com maior biodiversidade do mundo que já enfrenta os impactos da hidrelétrica de Belo Monte. A região abriga duas Terras Indígenas e diversas comunidades ribeirinhas. Com a Licença de Instalação (LI) suspensa pela Justiça desde 2017, a empresa aguarda resposta da Fundação Nacional do Índio (Funai) e da Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Semas) do Pará para prosseguir com o processo de licenciamento. Uma ação do Ministério Público Federal que questionou a falta de estudos do componente indígena no EIA e a ausência do processo de Consulta Livre Prévia e Informada aos povos indígenas e ribeirinhos impactados ensejou a suspensão da LI. No início deste ano, a empresa protocolou os Estudos de Impacto Ambiental do Componente Indígena na Funai, que deve analisá-los e pode requerer informações complementares. Antes da aprovação dos estudos pelo órgão indigenista, o processo de consulta aos Juruna (Yudjá), deve ser finalizado de acordo com seu Protocolo de Consulta que afirma a necessidade da transparência como fundamento desse processo: “Para entendermos os impactos e riscos de qualquer projeto, exigimos que as informações sejam dadas em palavras simples e de forma clara, até que todas nossas dúvidas e questionamentos sejam respondidos”, diz o texto. A partir do parecer de Emerman, a Rede  Xingu + e o Movimento Xingu Vivo Para Sempre encaminharam ofício a Funai sugerindo que sejam solicitados estudos complementares, que são “indispensáveis para a avaliação da viabilidade socioambiental e cultural do projeto de mineração Volta Grande, considerando, sobretudo, o grave risco sobre as comunidades indígenas e ribeirinhas localizadas à jusante do local projetado para abrigar a barragem de rejeitos”. O documento também foi enviado à Semas. O documento destaca que a Volta Grande do Xingu já sofre com impactos negativos da implementação do Hidrograma de Consenso da UHE Belo Monte, medida que reduz drasticamente as vazões do Rio Xingu na região. Isso agrava os riscos diante de um eventual acidente com a barragem de rejeitos, prevista no projeto de Belo Sun. Assim, é necessária uma avaliação mais acurada sobre impactos cumulativos dos dois empreendimentos, como tem sido demandado na justiça pelo Ministério Público Federal de Altamira. O parecer faz parte de uma articulação de pesquisadores independentes de vários campos de atuação, vinculados a instituições nacionais e internacionais. No último mês, o grupo encaminhou para os órgãos de licenciamento do projeto de Belo Sun, um parecer técnico que destaca lacunas nos Estudos de Impacto Ambiental Componente Indígena sobre os ecossistemas aquáticos e ictiofauna da Volta Grande do Xingu apresentados pela mineradora.Outro relatório será apresentado com comentários técnicos sobre os documentos associados ao licenciamento ambiental do projeto. A articulação conta, ainda, com organizações como a Rede Xingu +, Movimento Xingu Vivo Para Sempre, Amazon Watch, ISA, International Rivers, Above Ground e Associação Interamericana para a Defesa do Meio Ambiente (AIDA). Falhas, insegurança e informações conflitantes De informações conflitantes à ausência de critérios de segurança sísmica, o parecer do Dr Emerman destaca oito pontos principais que embasam a recomendação de rejeição do projeto Volta Grande: 1. A barragem de rejeitos não foi desenhada sob nenhum critério de segurança sísmica, violando os regulamentos brasileiros sobre barragens de rejeitos. Qualquer barragem de rejeitos deve ser projetada para resistir a eventos como inundações e terremotos. Na contramão da  norma brasileira, a empresa não incluiu em seus estudos uma análise da sismicidade local e nem simulou a resposta da estrutura a uma hipotética aceleração sísmica. 2.  Embora falhas geológicas tenham sido mapeadas no local da barragem de rejeitos, não foram feitos estudos da sismicidade local, o que também viola os regulamentos brasileiros das barragens de rejeitos. A atividade sísmica é responsável por provocar a diluição dos rejeitos saturados na água, sendo esta uma das causas mais comuns de falhas em barragens de rejeitos. No Brasil, apenas em 2019, ocorreram três falhas de barragem, com destaque para o rompimento da barragem da Vale em Brumadinho (MG), que provocou ao menos 250 mortes. Casos como esses demonstram a necessidade e a importância de estudos da  sismicidade local, sendo indispensáveis para a adequada avaliação do risco de falha de uma barragem de rejeitos. 3. Não foram feitas análises de risco das falhas geológicas mapeadas nas proximidades do local do projeto. Três destas falhas, que são estruturas presentes nas rochas e que podem promover movimentos sísmicos, se cruzam no local exato da barragem de rejeitos proposta. 4. A simulação oficial de ruptura assume, sem nenhuma justificativa, que o escoamento de rejeitos seria interrompido ao chegar ao rio Xingu, ignorando a capacidade de elementos tóxicos percorrerem dezenas de quilômetros ao longo da Volta Grande. As conclusões do EIA defendem, ainda, a hipótese de que o escoamento dos rejeitos demoraria 97 minutos para chegar ao Xingu, mas não justificam os detalhes do cálculo utilizado. Conforme a modelagem apresentada no parecer, considerando o volume de rejeitos armazenados da ordem de 35 milhões de metros cúbicos e supondo um derramamento de aproximadamente 25% dos rejeitos, em um cenário conservador, a inundação percorreria uma distância inicial de até 41 quilômetros ao longo do rio. Com uma velocidade de 20 km/h,  a inundação da barragem de Belo Sun chegaria ao Xingu em apenas sete minutos, cobrindo a distância de 41 km em apenas duas horas, atingindo a Terra Indígena Arara da Volta Grande. Após o rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho, a corrida de rejeitos atingiu 120 km/h, 100 km/h a mais do que o cenário mais conservador proposto no parecer. No pior cenário, com a liberação de 100% dos rejeitos armazenados, o fluxo inicial cobriria 98 quilômetros ao longo do rio Xingu, podendo chegar ao rio Amazonas e ao Oceano Atlântico. 5. Existe alto risco de águas tóxicas serem derramadas no Xingu. O projeto prevê que o lixiviado de cianeto, substância utilizada para separar o ouro, seja reciclado, o que pode resultar em uma água de rejeitos altamente enriquecida com elementos tóxicos, como arsênico e mercúrio. O resultado, cuja análise é ausente em documentos oficiais, pode ser o derramamento de uma mistura de rejeitos e água que seria altamente tóxica para os organismos aquáticos no rio Xingu em caso de falha da barragem ou situações de vazamento. 6. No EIA não existe um plano de fechamento da mina nem da barragem de rejeitos, questão fundamental para viabilidade socioambiental do projeto de mineração. O documento afirma ser uma promessa do grupo empreendedor descobrir, a posteriori, como estabilizar permanentemente a barragem de rejeitos. 7.  O sistema de armazenamento de rejeitos adotado até o momento é inviável e vai na contramão das boas práticas de mineração. Parte da solução para reduzir a probabilidade de falha da barragem de rejeitos passa por diminuir o teor de água no depósito dos rejeitos. O projeto de Belo Sun, no entanto, prevê que todos os rejeitos ficarão saturados e sob sete metros de água livre, acima da superfície dos rejeitos sólidos. 8. Ciente da questão apontada no item anterior, a empreendedora aparenta ter decidido que o plano atual de inundação dos rejeitos é inviável. O presidente executivo da Belo Sun Mining declarou a MiningWatch Canadá que abandonaria o plano atual em favor de uma instalação de armazenamento de rejeitos filtrados, que deverá apresentar teor de água significativamente inferior. No entanto, a companhia forneceu informações contraditórias às organizações e autoridades reguladoras brasileiras: em apresentação à Funai, em outubro de 2019, a empresa descreveu o mesmo plano de armazenamento de rejeitos úmidos do EIA. “Esse fornecimento de informações contraditórias a diferentes públicos pela Belo Sun Mining e pela sua subsidiária brasileira são muito graves em termos de confiabilidade das informações fornecidas nos processos administrativos”, reitera o ofício. Com base nos oito pontos elencados, o parecer recomenda que o projeto seja sumariamente rejeitado pelas autoridades reguladoras brasileiras. CONTATOS Dr. Steven Emerman, Malach Consulting, +1-801-921-1228 (Utah, USA) Brent Milikan, Amazon Program Director, International Rivers, +55-61-98153-7009 (Brasília, Brasil) Karyn Keenan, Director, Above Ground, +1-613-791-7532 (Ottawa, Canada)  

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Derechos Indígenas, Minería

Proyecto minero de Belo Sun es inviable, según estudio técnico

El estudio revela graves vacíos en el proyecto de minería de oro que la empresa canadiense pretende instalar en la Volta Grande del río Xingú, en el estado de Pará (Brasil). Identifica altas probabilidades de fallas en la presa de relaves, lo que implica que los residuos podrían llegar al río en siete minutos. Altamira, Brasil. En apenas siete minutos, aproximadamente 9 millones de metros cúbicos de desechos tóxicos pueden llegar al río Xingu, en el estado brasileño de Pará, y recorrer más de 40 kilómetros en dos horas, causando impactos irreversibles en el ambiente, así como en los pueblos indígenas y ribereños que viven allí y en el Amazonas. Este es el escenario conservador en caso de que se rompa la presa de relaves del proyecto Volta Grande de la empresa canadiense Belo Sun Mining, señala un estudio técnico. El documento da cuenta de la inviabilidad del proyecto y recomienda que éste sea rechazado por las autoridades reguladoras de Brasil. Belo Sun dice que, en caso de accidente, los desechos llegarían al río en 97 minutos, pero no menciona los detalles del cálculo empleado. Es uno de los ejemplos resaltados en el dictamen, el cual advierte también de la alta probabilidad de falla de la presa. El estudio, firmado por el Dr. Steven H. Emerman, experto en geología y minería, evidencia una serie de vacíos en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado por la empresa minera. La empresa promete ser la mayor minera de oro a cielo abierto de Brasil y pretende asentarse en el Volta Grande del Xingú, uno de los sitios de mayor biodiversidad del mundo, el cual ya enfrenta los impactos de la represa hidroeléctrica Belo Monte. La región alberga dos Tierras Indígenas y varias comunidades ribereñas. Con la Licencia de Instalación (LI) suspendida por la justicia desde 2017, la empresa espera una respuesta de la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) y de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente (SEMAS) de Pará para continuar con el proceso de licenciamiento. La LI fue suspendida a comienzos de año debido a una acción del Ministerio Público Federal que cuestionó la falta de estudios del componente indígena en el EIA y la ausencia del proceso de Consulta Previa, Libre e Informada con los pueblos indígenas y ribereños. La empresa presentó los Estudios de Impacto Ambiental del Componente Indígena a la FUNAI, entidad que debe analizarlos y puede solicitar información adicional. Antes de que los estudios sean aprobados por el organismo indígena, el proceso de consulta con los Juruna (Yudjá) debe finalizar de acuerdo con su Protocolo de Consulta, el cual establece la necesidad de transparencia como base del proceso: “Para entender los impactos y riesgos de cualquier proyecto, exigimos que la información se dé en palabras sencillas y claras, hasta que todas nuestras dudas y preguntas sean respondidas", dice el texto del Protocolo. Con base en el dictamen de Emerman, la Red Xingú + y el Movimiento Xingú Vivo por Siempre enviaron una carta a la FUNAI sugiriendo que se soliciten estudios complementarios, "indispensables para la evaluación de la viabilidad socioambiental y cultural del proyecto minero de Volta Grande, teniendo en cuenta, sobre todo, el grave riesgo para las comunidades indígenas y ribereñas situadas aguas abajo del sitio destinado a albergar la presa de colas". El documento también fue enviado a la SEMAS. El documento resalta que la Volta Grande del Xingú sufre ya los impactos negativos de la aplicación del Hidrograma de Consenso de Belo Monte, medida que reduce drásticamente el caudal del río en la región. Esto agrava los riesgos de un eventual accidente en el dique de colas, previsto para el proyecto de Belo Sun. Por tanto, es necesario evaluar con mayor precisión los impactos acumulativos de los dos proyectos, como se ha exigido ante la Fiscalía Federal de Altamira. El dictamen es parte de los esfuerzos de una articulación de investigadores independientes de diversos campos de acción, vinculados a instituciones nacionales e internacionales. El mes pasado, el grupo remitió a las autoridades a cargo de la concesión de licencias para el proyecto de Belo Sun un informe técnico destacando las deficiencias de los Estudios de Impacto Ambiental del Componente Indígena en los ecosistemas acuáticos y de ictiofauna de la Volta Grande del Xingú presentados por la empresa minera. Y se remitirá otro informe con observaciones técnicas sobre las inconsistencias de los documentos presentados para la obtención de las licencias ambientales del proyecto. La articulación cuenta además con organizaciones como la Red Xingú +, el Movimiento Xingú Vivo por Siempre, Amazon Watch, el Instituto Socioambiental (ISA), International Rivers, Above Ground y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Fallas, inseguridad e información conflictiva Desde información contradictoria hasta la ausencia de criterios de seguridad sísmica, la opinión del Dr. Emerman destaca ocho puntos principales que apoyan la recomendación de rechazar el proyecto de la Volta Grande: 1. El dique de colas no fue diseñado bajo ningún criterio de seguridad sísmica, violando las regulaciones brasileñas al respecto. Cualquier presa de colas debe ser diseñada para soportar eventos como inundaciones y terremotos. Contrariamente a la norma brasileña, la empresa no incluyó en sus estudios un análisis de la sismicidad local ni simuló la respuesta de la estructura a una hipotética aceleración sísmica. 2.  Aunque se han mapeado las fallas geológicas en el sitio de la presa de colas, no se han hecho estudios de la sismicidad local, lo que también viola las regulaciones brasileñas sobre presas de colas. La actividad sísmica es responsable de causar la disolución de los residuos saturados en el agua, una de las causas más comunes de las fallas en las presas de residuos. En Brasil, sólo en 2019, hubo tres fallas de represas, entre ellas la ruptura de la presa de Vale en Brumadinho (Minas Gerais), que causó por lo menos 250 muertes. Casos así demuestran la necesidad e importancia de los estudios de la sismicidad local y son indispensables para la evaluación adecuada del riesgo de fallas de un dique de colas. 3. No se ha hecho ningún análisis de riesgo de las fallas geológicas mapeadas en las cercanías del lugar del proyecto. Tres de estas fallas, que son estructuras presentes en las rocas y que pueden promover movimientos sísmicos, se cruzan en el sitio exacto de la presa de relaves propuesta. 4. La simulación oficial de la ruptura asume, sin justificación alguna, que el flujo de los desechos se interrumpiría al llegar al río Xingú, ignorando la capacidad de los elementos tóxicos para viajar decenas de kilómetros a lo largo de la Volta Grande. Las conclusiones del EIA también apoyan la hipótesis de que el flujo de colas tardaría 97 minutos en llegar al Xingú, pero sin mencionar los detalles del cálculo utilizado. Según la modelización presentada en el dictamen, considerando el volumen de los relaves almacenados del orden de 35 millones de metros cúbicos y suponiendo un derrame de aproximadamente el 25%, en un escenario conservador la inundación cubriría una distancia inicial de hasta 41 kilómetros a lo largo del río. Con una velocidad de 20 km/h, la inundación de la presa de Belo Sun llegaría al Xingú en sólo siete minutos, cubriendo la distancia de 41 km en sólo dos horas, llegando a la Tierra Indígena de la Volta Grande. Tras la ruptura de la presa de Vale en Brumadinho, el recorrido de los relaves alcanzó los 120 km/h, 100 km/h más que el escenario más conservador propuesto en el dictamen. En el peor de los casos, con la liberación del 100% de los relaves almacenados, el flujo inicial cubriría 98 kilómetros a lo largo del río Xingú y podría llegar al río Amazonas y al Océano Atlántico. 5. Existe un alto riesgo de que se derramen aguas tóxicas en el Xingú. El proyecto prevé que se reciclará lixiviado de cianuro, sustancia utilizada para separar el oro, lo que puede dar lugar a un agua de desecho altamente enriquecida con elementos tóxicos como el arsénico y el mercurio. El resultado, cuyo análisis está ausente en los documentos oficiales, podría ser el derrame de una mezcla de residuos y agua altamente tóxica para los organismos acuáticos en el río Xingú en caso de que la presa fallara o se produjera un derrame. 6. En el EIA no hay ningún plan para cerrar la mina o la presa de colas, una cuestión fundamental para la viabilidad social y ambiental del proyecto minero. El documento contiene una promesa del grupo empresarial de averiguar, a posteriori, cómo estabilizar permanentemente el dique de colas. 7.  El sistema de almacenamiento de residuos adoptado al momento no es viable y va en contra de las buenas prácticas mineras. Parte de la solución para reducir la probabilidad de fallo del dique de colas es disminuir el contenido de agua en el depósito de colas. Pero el proyecto de Belo Sun prevé que todos los residuos estarán saturados y bajo siete metros de agua libre, encima de la superficie de los residuos sólidos. 8. Consciente de la cuestión planteada en el punto anterior, la empresa parece haber decidido que el plan actual para inundar los desechos no es viable. El presidente ejecutivo de Belo Sun Mining declaró a MiningWatch Canadá que abandonaría el plan actual por una instalación de almacenamiento de relaves filtrados, que debería tener un contenido de agua significativamente menor. Sin embargo, la empresa proporcionó información contradictoria a las organizaciones y autoridades reguladoras brasileñas: en una presentación ante la FUNAI en octubre de 2019, la empresa describió el mismo plan de almacenamiento de desechos húmedos del EIA. "El suministro de información contradictoria a diferentes públicos por parte de Belo Sun Mining y su filial brasileña es algo muy grave en cuanto a la fiabilidad de la información proporcionada en los procesos administrativos", reitera el dictamen. CONTACTOS Dr. Steven Emerman, Malach Consulting, +1-801-921-1228 (Utah, USA) Brent Milikan, Amazon Program Director, International Rivers, +55-61-98153-7009 (Brasilia, Brasil) Karyn Keenan, Director, Above Ground, +1-613-791-7532 (Ottawa, Canadá)  

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Grandes Represas, Derechos Indígenas, Transparencia y Rendición de Cuentas

Aplaudimos la exclusión de Eletrobras del fondo petrolero noruego

El Consejo de Ética que rige al mayor fondo soberano del mundo recomendó la medida debido a la participación de la empresa estatal brasileña en el proyecto hidroeléctrico Belo Monte, asociado con graves violaciones a los derechos humanos de pueblos indígenas. El pasado 13 de mayo, el fondo petrolero noruego, considerado el mayor fondo soberano del mundo, excluyó de su cartera de inversiones a doce compañías por razones éticas, entre ellas a la brasileña Eletrobras por su participación en el proyecto hidroeléctrico Belo Monte.  El fondo es gestionado por el banco público Norges Bank Investment Management, que sigue las recomendaciones que cada año hace el Consejo Ético para que las inversiones se ajusten a criterios determinados. El Consejo señaló que el proyecto Belo Monte, a cargo del consorcio Norte Energía —del cual Eletrobras es parte—, provocó “una mayor presión sobre tierras indígenas, la desintegración de las estructuras sociales de los pueblos indígenas y el deterioro de sus modos de vida” con el desplazamiento forzado de unas 20 mil personas. AIDA —como parte de un esfuerzo conjunto de la sociedad civil— informó al Consejo de la situación de la población indígena y ribereña afectada por el proyecto, de los impactos sociales y ambientales del mismo, de la situación operativa de la represa y de la situación actual de las acciones judiciales nacionales e internacionales interpuestas contra el proyecto. Consideramos que la decisión del Consejo debe ser aplaudida ya que desincentiva la continuidad de proyectos no sostenibles y mal llamados de desarrollo, que amenazan la supervivencia de pueblos indígenas y tradicionales, como es el caso de Belo Monte. Creemos fundamental que los bancos, instituciones financieras internacionales y fondos monetarios tengan en cuenta los impactos probables de los proyectos que financian. Apoyar a proyectos social y ambientalmente sostenibles por encima de iniciativas que priorizan el beneficio económico y no la protección de los derechos humanos y el ambiente demuestra una inversión responsable y ética. Contacto de prensa Victor Quintanilla, [email protected], +5215570522107  

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Arrecifes de coral, Océanos, Contaminación Tóxica

El derrame de petróleo que devora la vida en playas brasileñas

Fotos: Marcela Cintra / Texto: Laura Yaniz  Desde finales de agosto, las costas del noreste de Brasil registran derrames de petróleo en más de 500 puntos a lo largo de 2,500 kilómetros. Lo que comenzó con la aparición de puntos negros en algunas playas, rápidamente se convirtió en la llegada de manchas enormes de crudo que cambiaron el color de la arena. El origen sigue siendo desconocido; mientras, organizaciones locales y comunidades se organizan para limpiar las playas. Lejos de ser resuelto, el problema se agrava cada día. El avance del derrame de petróleo amenaza la vida en los manglares y en los arrecifes de coral, ecosistemas clave para la supervivencia de las especies de la zona. Además, los habitantes de las comunidades afectadas, que dependen del turismo y la pesca, ven amenazado su estilo de vida y su economía. Su salud también está en riesgo debido al consumo de alimentos marinos contaminados y la exposición directa al derrame. Ante la inacción de las autoridades, la gente limpia las playas y el mar con sus propias manos. El derrame en sí mismo, sumado a la desatención por parte del Estado, viola los derechos humanos de los habitantes de la más de 500 playas afectadas. Por eso, AIDA —junto con el Instituto Projeto Publico, Salve Maracaipe, Projeto Caribessa y Rede Minha Jampa— denunciamos estas violaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que el gobierno brasileño responda ante esta crisis social y ambiental. La Relatora Especial sobre Derechos, Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Comisión, Soledad García Muñoz, manifestó su solidaridad con el pueblo y las autoridades brasileñas ante la tragedia y llamó al Estado a “tomar todas las medidas necesarias para evitar un mayor deterioro de los ecosistemas afectados, tomando en consideración que el tiempo, los recursos y la actuación en clave de derechos humanos son factores claves para la efectividad de un plan de contingencia como el que la situación merece”. Y añadió: “cuanto más lentas o parciales sean las acciones, más grandes e irreparables serán los daños para la costa brasileña y su biodiversidad, como para la calidad de vida de las personas que habitan en las zonas afectadas. Se requiere una respuesta tan urgente, como sensible ante hechos tan graves de contaminación, que además pueden acelerar los efectos del cambio climático sobre costas, manglares, humedales y otros hábitats ecológicamente vulnerables.”  

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Derechos Indígenas, Transparencia y Rendición de Cuentas, Derechos Humanos

CIDH analizará retrocesos de Bolsonaro a la protección de derechos indígenas

En audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organizaciones de la sociedad civil evidenciarán cómo las medidas adoptadas por la administración de Jair Bolsonaro hacen que Brasil retroceda décadas en la protección de los derechos humanos. Río de Janeiro, Brasil. El próximo 9 de mayo, organizaciones de la sociedad civil, en audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunciarán la grave situación de los pueblos indígenas de Brasil por las medidas adoptadas por el gobierno del presidente Jair Bolsonaro, las cuales representan grandes retrocesos en la protección de los derechos humanos y vulneran las obligaciones internacionales del país en esa materia. La audiencia fue solicitada por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), International Rivers, Conectas, Fórum Teles Pires, Operação Amazônia Nativa y la Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) con el objetivo de que se establezcan medidas y acuerdos para impedir nuevos retrocesos y exigir la reversión de las acciones ya realizadas que amenazan a los pueblos indígenas. La audiencia será parte del 172 Periodo de Sesiones de la Comisión, que tendrá lugar en Kingston, Jamaica, del 3 al 10 de mayo próximos. En ellas las organizaciones documentarán cómo el gobierno de Bolsonaro realizó cambios legislativos, de política pública, de política exterior y otros estructurales que violan el mantenimiento del modo de vida de los pueblos indígenas de Brasil, así como sus derechos a la vida, a la cultura, a la alimentación, al ambiente sano, al acceso a agua potable y a la delimitación de sus tierras ancestrales, entre otros. Las medidas del nuevo gobierno que disminuyen la protección legal y administrativa de los pueblos indígenas incluyen: La transferencia de funciones clave del Ministerio de Ambiente al Ministerio de Agricultura. La precarización del Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables. El debilitamiento del Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad y del proceso para otorgar permisos ambientales. La amenaza de abrir tierras indígenas a los daños de la minería. Las medidas adoptadas por el Ministerio de Ambiente que fragmentan el ordenamiento jurídico que garantiza las condiciones mínimas para la protección del ambiente y de los derechos indígenas. La transferencia de la competencia para la demarcación de tierras indígenas de la Fundación Nacional del Indio a manos del Ministerio de Agricultura. La amenaza de retirar a Brasil de tratados internaciones como el Acuerdo de París y otros valiosos para la protección del ambiente y de los derechos humanos. Además de estos retrocesos, las organizaciones denuncian que la situación se agrava con el aumento de los índices de deforestación e invasión de tierras indígenas, y de la violencia contra defensores y defensoras del ambiente y los derechos humanos. Consulte el informe presentado ante la Comisión para la audiencia (en portugués). Contactos de prensa Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +521 5570522107 Eloy Terena (Brasil), Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), [email protected], +55 61 9695-1377  

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Derechos Indígenas, Transparencia y Rendición de Cuentas, Derechos Humanos

Comissão analisará retrocessos de Bolsonaro à proteção dos direitos indígenas

Em uma audiência perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, as organizações da sociedade civil demonstrarão como as medidas adotadas pela administração de Jair Bolsonaro fazem o Brasil retroceder décadas na proteção dos direitos humanos. Rio de Janeiro, Brasil. No próximo dia 9 de maio, organizações da sociedade civil, em audiência perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), denunciarão a grave situação dos povos indígenas do Brasil diante das medidas adotadas pelo governo do presidente Jair Bolsonaro, as quais representam grandes retrocessos na proteção dos direitos humanos e violam as obrigações internacionais do país nessa área. A audiência foi solicitada por diversas organizações da sociedade civil, como a Associação Interamericana para a Defesa do Meio Ambiente (AIDA), Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), International Rivers, Conectas, Fórum Teles Pires e Operação Amazônia Nativa, com o objetivo de estabelecer medidas e acordos para impedir novos retrocessos e exigir a reversão das ações do Governo que já foram tomadas e ameaçam os povos indígenas. A atividade faz parte do 172º Período de Sessões da Comissão que acontece na cidade de Kingston, Jamaica, entre 3 a 10 de maio. Representantes do Governo Federal devem participar da audiência pública. As organizações irão denunciar à CIDH como o governo Bolsonaro realizou alterações nas legislaturas, nas políticas públicas, nas políticas externas e em outras vias estruturais que violam a manutenção do modo de vida dos povos indígenas do Brasil, bem como seus direitos à vida, à cultura, à alimentação, a um ambiente saudável, ao acesso à água potável, à delimitação de suas terras ancestrais, entre outros. As novas medidas governamentais que diminuem a proteção legal e administrativa dos povos indígenas incluem: A transferência de funções-chave do Ministério do Meio Ambiente para o Ministério da Agricultura; A precarização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis; Enfraquecimento do Instituto Chico Mendes para a Conservação da Biodiversidade e o processo de concessão de licenças ambientais; A ameaça de abertura das terras indígenas aos danos da mineração; As medidas adotadas pelo Ministério do Meio Ambiente que fragmentam o sistema legal responsável pela garantia de condições mínimas na proteção do meio ambiente e direitos indígenas; A transferência da competência de demarcação de terras indígenas da Fundação Nacional do Índio para o Ministério da Agricultura; A ameaça de retirar o Brasil do Acordo de Paris e outros tratados internacionais valiosos para a proteção do meio ambiente e dos direitos humanos. Além desses retrocessos, as organizações denunciam que a situação é agravada pelo aumento das taxas de desmatamento e invasão de terras indígenas, assim como nos índices de violência contra defensores do meio ambiente e dos direitos humanos. Consulte o informe apresentado perante à Comissão para a audiência Contatos de imprensa Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +521 5570522107 Eloy Terena (Brasil), Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), [email protected], +55 61 9695-1377  

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Derechos Indígenas, Minería, Derechos Humanos

Cómo Brasil está amenazando los derechos indígenas y ambientales

Con la nueva presidencia, el Estado brasileño ha iniciado un desafortunado periodo de cambios —a su legislación, su estructura, su política exterior y sus políticas públicas— que amenazan con hacer que Brasil retroceda décadas en asuntos climáticos, ambientales y de derechos humanos. En los primeros meses de la nueva administración hubo varias modificaciones extremadamente cuestionables porque apuntan al debilitamiento de las garantías para los derechos indígenas y ambientales. Entre esas reformas, destacan las siguientes: La transferencia al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento de las funciones más importantes del Ministerio de Medio Ambiente. La precarización de entidades gubernamentales responsables de fiscalizar casos de crímenes ambientales. La transferencia de la competencia para la demarcación de tierras indígenas de la Fundación Nacional del Indio a manos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento. La suspensión de contratos firmados entre entidades estatales y organizaciones de la sociedad civil. El debilitamiento del proceso para otorgar permisos ambientales. La amenaza constante de retirar a Brasil de acuerdos internacionales sobre la protección del ambiente y de los pueblos indígenas, incluida la reciente de retirar al país de la Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Estos cambios parecen ser solo el comienzo pues el panorama podría agravarse. Hace poco, en uno de los mayores eventos sobre minería a nivel mundial (la convención de la Asociación de Exploradores y Desarrolladores de Canadá), el Ministro de Minas y Energía anunció que buscará la autorización de actividades mineras en territorios indígenas y zonas fronterizas. Afirmó que los pueblos indígenas no tendrán autonomía para impedir la instalación de minas en sus tierras. El anuncio da a entender que la prioridad del Estado estará en promover un desarrollo irresponsable y no en garantizar los derechos humanos. La amenaza de la minería a tierras indígenas El año pasado, con la aprobación del Decreto 9.406, se establecieron cambios importantes y flexibilizaciones para las actividades mineras, entre ellas prórrogas sucesivas para los permisos y la consideración de que los fundamentos para la minería son el interés nacional y la utilidad pública. En sí misma, la minería es una actividad que implica grandes daños ambientales porque rompe con el equilibrio natural de los ecosistemas. No puede ser pensada como una forma de desarrollo sostenible, sino como una actividad de muy alto riesgo que genera destrucción y contaminación. Más aún cuando Brasil no ha sido capaz de regular la minería en términos de seguridad mínima. Basta recordar el rompimiento, en menos de cuatro años, de dos presas de desechos mineros en el estado de Minas Gerais. El primer caso es considerado la mayor tragedia ambiental de la historia del país, y el segundo resultó en 197 muertes y 111 personas desaparecidas. Si para el gobierno la necesidad de la minería es innegable, también lo es la necesidad de un control estricto, del uso de las técnicas más seguras, y de una evaluación nacional seria sobre la viabilidad de cada mina. Ante los graves daños ambientales asociados a la minería, su implementación en tierras indígenas implica trasladar esos daños a una población minoritaria y vulnerable que depende directamente de la salud del ambiente para su sobrevivencia física y cultural. Las comunidades indígenas tienen el derecho constitucional a ser escuchadas ante proyectos que puedan afectarles. Algunas comunidades han creado protocolos sobre la forma en que quieren ser consultadas. Construir una mina contra la voluntad de una comunidad es violar sus derechos a la vida, a la autodeterminación, a la autonomía, al mantenimiento de su cultura, a no ser desplazados forzadamente, a beneficiarse de sus territorios originarios y al ambiente sano, entre muchos otros.  Con sus declaraciones, el Ministro de Minas y Energía muestra una falta total de compromiso con los derechos fundamentales establecidos en la Constitución brasileña y con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Revela su intención de apaciguar a los inversores, principalmente a la empresa canadiense detrás del proyecto minero Belo Sun, el cual busca instalar en las tierras indígenas ya afectadas por la construcción de la represa Belo Monte. En defensa de los pueblos indígenas La minería en tierras indígenas no es un tema regulado de forma adecuada y suficiente en Brasil, siendo necesaria una ley aprobada por el Congreso Nacional que respete los derechos fundamentales de las comunidades indígenas. El Congreso debe aprobar una ley que represente la protección de tierras indígenas y que incluya a las comunidades en el proceso. Ante los retrocesos planteados por el gobierno actual, la resistencia de las comunidades indígenas y de quienes las apoyan, se ha fortalecido. Organizaciones de la sociedad civil como AIDA están comprometidas con la defensa de los derechos humanos, la protección de los territorios indígenas y con la rendición de cuentas de gobiernos y empresas cuando sea necesario.  

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