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Derechos Humanos, Derechos Indígenas, Grandes Represas

Brasil debe responder ante la CIDH por violaciones de derechos humanos derivadas de la represa Belo Monte

En representación de las comunidades afectadas, organizaciones enviamos argumentos finales a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como parte del caso contra el Estado brasileño. Presentamos evidencia científica sobre el desplazamiento forzado de pueblos indígenas y comunidades ribereñas, la muerte masiva de peces, daños diferenciados a hombres y mujeres, y amenazas a la sobrevivencia de las comunidades de la zona, ubicada en plena Amazonía. Washington D.C., Estados Unidos y Altamira, Brasil. Como parte de la denuncia formal contra el Estado brasileño por las violaciones de derechos humanos causadas por la construcción de la represa Belo Monte, organizaciones de la sociedad civil presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sus argumentos finales en el caso. Los mismos evidencian científicamente los daños causados a pueblos indígenas, comunidades ribereñas y habitantes de Altamira, la ciudad más próxima a la hidroeléctrica. “La situación de violación de derechos humanos persiste para los pueblos afectados y la continuidad de nuestra petición ante la Comisión es urgente para sancionar al gobierno y garantizar nuestros derechos”, dijo Antônia Melo, coordinadora del Movimiento Xingú vivo para siempre, colectivo creado para enfrentar la implementación de la represa. El informe presentado a la Comisión demuestra que los daños causados por la represa son resultado de la falta de previsión y de una evaluación adecuada, y del incumplimiento de las condicionantes impuestas por el gobierno para su implementación. Los riesgos denunciados antes de su construcción son hoy daños de largo plazo que afectan de forma distinta a hombres y mujeres, y a diferentes grupos de edad. “Es un paso vital para que los pueblos de la cuenca del río Xingú obtengan justicia, el Estado de Brasil responda por las violaciones cometidas y para evitar que esto se repita”, explicó Astrid Puentes Riaño, Codirectora de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Junto con la Sociedad Paraense de Defensa de los Derechos Humanos (SDDH) y Justiça Global, AIDA representa a las comunidades afectadas ante la Comisión. Las organizaciones prueban también el desplazamiento forzado de pueblos indígenas y comunidades ribereñas, quienes tuvieron que dejar sus hogares sin opciones adecuadas de reubicación, lo que pone en riesgo su sobrevivencia. Entre la población afectada están comunidades dedicadas a la pesca, que no han sido compensadas por la pérdida de sus modos de subsistencia. La represa ha provocado la muerte masiva de peces y aunque las autoridades han impuesto multas millonarias, el problema de fondo no ha sido resuelto, hecho evidenciado en el informe. La población local tiene ahora un uso limitado del río Xingú en cuanto a fuente de alimento, sustento, transporte y diversión. En el informe, las organizaciones documentan —entre otros daños graves— la desaparición de oficios tradicionales, como los de ladrilleros y carreteros, y de prácticas culturales tradicionales. Las mujeres, por ejemplo, dejaron de dar a luz en sus casas y deben ir ahora a un hospital. El panorama empeora pues los servicios de salud y educación en Altamira están saturados debido al aumento poblacional ocasionado por la represa. La denuncia contra Brasil ante la Comisión fue presentada en 2011, año en el que ese organismo otorgó medidas de protección urgente para los pueblos indígenas afectados. El caso inició formalmente en diciembre de 2015. En octubre del año pasado y para agilizar el proceso, la Comisión decidió excepcionalmente unir dos etapas que, por regla general, se tramitan de forma separada. En ese marco, las organizaciones presentaron sus argumentos finales y el Estado deberá hacerlo también para que la Comisión tome una decisión. “Esperamos que lo más pronto posible la Comisión remita el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que en su informe de fondo recomiende que el Estado brasileño adopte las medidas necesarias para proteger la vida, la integridad y el derecho a la propiedad de las comunidades indígenas y ribereñas afectadas por la hidroeléctrica”, afirmó Raphaela Lopes, abogada de Justiça Global. “Después de ser sometidas a todo tipo de violaciones, esas comunidades necesitan reparación integral pues vieron vulnerados sus derechos desde los orígenes del proyecto; no se respetó su derecho a la consulta libre, previa e informada.” La Comisión debe preparar un informe en el que concluya si hubo o no violaciones a los derechos humanos y puede emitir recomendaciones para que Brasil las repare. De ser incumplidas, puede remitir el caso a la Corte, órgano que tiene la facultad de emitir un fallo que condene a Brasil y recomendar medidas de reparación. Aunque la represa está en funcionamiento desde principios de 2015, su construcción no ha finalizado debido a suspensiones judiciales derivadas del incumplimiento de condiciones establecidas en los permisos otorgados. El Estado de Brasil aún puede evitar mayores daños de los ya ocurridos, por la que una decisión pronta de la Comisión es importante. Encuentra aquí más información del caso. Contactos de prensa: Víctor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +521 5570522107 Raphaela Lopes (Brasil), Justiça Global, [email protected], + 55 21 99592-7017

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Brasil y el ejemplo que sí habría que seguir

En un aparente giro de timón, el gobierno de Brasil dio señales del fin de la construcción de grandes represas en la Amazonía. De concretarse, es un paso digno de imitar para que la región y el mundo avancen hacia la generación energética sostenible y respetuosa del ambiente y los derechos humanos. El 2018 comenzó con noticias alentadoras para el sector energético y para los ríos y los derechos humanos en América Latina. Un alto funcionario del gobierno de Brasil anunció, en entrevista con el diario O Globo, el comienzo del fin de las grandes hidroeléctricas en ese país. La afirmación está respaldada por la ausencia de varios de esos proyectos en el nuevo Plan Decenal de Expansión de Energía de la nación sudamericana. El giro es particularmente significativo siendo Brasil una potencia mundial en la construcción de grandes hidroeléctricas, proyectos con los que hasta hace unos meses contaba para atender la creciente demanda energética nacional. Entre corrupción y falta de financiamiento La decisión responde a diversos factores, incluyendo los conflictos sociales y los impactos ambientales que las grandes represas han generado, así como la oposición a ellas de comunidades indígenas y organizaciones de la sociedad civil. Además, estas obras han implicado altos costos y, como afirmó Edvaldo Santana, ex director de la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL) a O Globo, “acaban costando mucho más, a pesar de las licencias”. De hecho, las grandes represas han estado en el centro del escándalo de corrupción destapado por la investigación denominada Lava Jato, el más grande en la historia de Brasil y que traspasó sus fronteras al implicar a políticos y empresarios de 11 países latinoamericanos. La evidencia encontrada motivó incluso el inicio de Leviatán, una investigación especial sobre la represa Belo Monte por los indicios de elevados pagos en sobornos relacionados con su construcción. Lo anterior se suma a los requerimientos para las licencias ambientales que algunos proyectos no han cumplido. Es el caso de Belo Monte, cuya licencia lleva meses suspendida, o de la represa Tapajós, cuya licencia fue negada el año pasado. De otro lado, el gobierno brasileño anunció la privatización de Electrobras, empresa pública con un rol fundamental en la construcción de estas grandes infraestructuras. Con ello y con la crisis económica que ha afectado la capacidad del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil para apoyar estos proyectos, las grandes represas han perdido sus principales fuentes de financiamiento. Por ende, y ante los avances tecnológicos y las alternativas energéticas, Brasil comienza a dejar atrás a las grandes represas y da un paso importante hacia la verdadera energía sostenible, una que además respete los derechos humanos. Este avance podría tener un impacto importante en todo el continente americano y comenzar una ola de cambios hacia una matriz energética más moderna y alejada de las cada vez más obsoletas hidroeléctricas. Los pueblos indígenas ha sido gravemente afectados por la implementación intensiva de grandes represas en Brasil. | Crédito: Amazon Watch-Maíra Irigaray. Un cambio necesario Solo en la cuenca amazónica existen más de 275 nuevas represas planeadas, la mayoría en la región andina. Y hay otros cientos de proyectos hidroeléctricos en fila en Centroamérica y México. De hacer eco de lo anunciado en Brasil, estas iniciativas podrían incorporar una planeación adecuada e integral de energía con evaluaciones serias de costos y riesgos. En esos término, Pablo Pedrosa, Secretario Ejecutivo del Ministerio de Minas y Energía de Brasil, habló con O Globo. “No estamos dispuestos a hacer movimientos para disfrazar los costos y los riesgos”, aseveró. Incluso entidades de orden global como la Corporación Financiera Internacional (CFI), parte del Grupo del Banco Mundial, han experimentado de primera mano los costos financieros, reputacionales y socioambientales de no evaluar adecuadamente proyectos de grandes represas. En 2012, la CFI, a través del Fondo Latinoamericano de Infraestructura Renovable, financió con 15 millones de dólares la represa Santa Rita, a construirse en el río Ictobay, en Alta Verapaz, Guatemala. A finales del año pasado, el mecanismo de rendición de cuentas de la entidad, concluyó que ésta había incumplido sus políticas operacionales con dicha inversión. Les dio la razón a las comunidades afectadas al concluir que no se había cumplido el proceso de consulta libre, previa e informada. Aunque la gerencia de la CFI negó los hallazgos de su mecanismo de rendición de cuentas, el proyecto está suspendido desde 2013 y las comunidades indígenas de la zona mantienen su oposición al mismo. La reciente decisión de Brasil refuerza la tendencia mundial de alejarse de las grandes represas. Incluso en Estados Unidos, desde hace algunos años, se están removiendo represas para rescatar ríos y los beneficios que brindan. Es el caso del río Snake y la pesca del salmón en Washington. Ante este buen inicio de año, será esencial vigilar que Brasil implemente efectivamente su decisión. Y, siguiendo ese ejemplo, seguro otros países andino-amazónicos pueden avanzar también hacia la modernidad, considerar los costos reales de las grandes represas y promover mejores alternativas, más baratas y que no se lleven por delante a ecosistemas y a las comunidades que dependen de ellos.

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El Cacique Raoni, líder indígena brasileño, denuncia las amenazas a los derechos humanos del proyecto Belo Monte
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Uniéndome a la búsqueda de justicia para las víctimas de Belo Monte

El 1 de abril de 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares en favor de los pueblos indígenas afectados por la construcción de una gran represa sobre el río Xingú, en la Amazonía brasileña. Fue entonces que supe de la represa Belo Monte. Ese año, trabajaba como defensora de derechos humanos en Colombia, mi país natal. La Comisión había ordenado suspender cualquier permiso y obra relacionada con la represa hasta que se garantizara la protección de los derechos de las comunidades indígenas afectadas. Recuerdo que la decisión generó gran conmoción y un fuerte rechazo del gobierno de Brasil a través de diferentes decisiones diplomáticas. Su postura fue respaldada por otros Estados de la región que, con una solidaridad inusual, cuestionaban la competencia del organismo internacional para otorgar ese tipo de medidas en relación con proyectos de “desarrollo”. Debido a la presión, la Comisión, por primera vez en su historia, modificó una decisión: Brasil debía seguir garantizando la vida e integridad de las personas afectadas, pero la construcción no se podía suspender. Nunca entendí la reacción de Brasil y de los demás países. La Comisión solo había cumplido uno de sus mandatos, buscando evitar daños irreparables a los derechos de un grupo de personas a causa de un proyecto sobre el cual no se les consultó. Un proyecto que no contaba con estudios adecuados sobre sus impactos sociales y ambientales y que desde entonces anticipaba graves daños en ambos sentidos. Las comunidades indígenas y ribereñas, que por años han sabido cuidar del río Xingú, quedaron a expensas de un proyecto que, al interrumpir el caudal, afectaría irreversiblemente sus modos de vida y medios de subsistencia. La esperanza continúa Han pasado más de 6 años desde que el caso fue puesto en conocimiento de la Comisión que, como órgano del Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la OEA, está llamado a proteger los derechos humanos en el continente. En ese tiempo, el proyecto Belo Monte siguió su curso y las amenazas de daños ecológicos y sociales se volvieron una realidad. La represa ha causado el desplazamiento forzado de más de 40.000 personas, agravado la pobreza y los conflictos sociales en la zona donde fue construida; saturado los sistemas de salud, educación y seguridad pública en la ciudad más próxima; vulnerado el derecho a la vivienda digna de miles de familias; e incrementado la violencia contra personas defensoras de derechos humanos. Causó y sigue causando daños al ecosistema de la Amazonía, contribuyendo a profundizar el cambio climático y sus impactos. Pese a todo, la esperanza de conseguir justicia para las personas afectadas también ha sido alimentada con el tiempo. Y este año la vida me llevó a involucrarme activamente en esa tarea.  Desde septiembre, soy la abogada sénior del Programa de Derechos Humanos y Ambiente de AIDA. Me honra unirme a una ONG regional que, en alianza con organizaciones locales, ha dedicado años de trabajo para que las comunidades del río Xingú obtengan reparación por los daños sufridos, y para generar estándares de protección ambiental y de los derechos humanos. En 2010, AIDA y sus socios solicitaron las medidas cautelares a la Comisión y un año después presentaron ante ella la denuncia formal contra el Estado brasileño por las violaciones de derechos humanos relacionadas con Belo Monte. En diciembre de 2015, la Comisión abrió el caso a trámite. El 31 de octubre de este año, la Comisión le dio un nuevo impulso al proceso de litigio interpuesto contra Brasil: decidió unir dos etapas que, por regla general, se tramitan de forma separada. En la primera se verifican los aspectos necesarios sobre la admisibilidad del caso. Y en la segunda se toma una decisión de fondo que analiza si un Estado incumplió o no las obligaciones internacionales que se comprometió respetar al firmar la Convención Americana de Derechos Humanos. Tanto el Estado como los denunciantes deben presentar ahora alegatos y respuestas respecto de la admisibilidad y la decisión de fondo. La Comisión emitirá luego una decisión que cubra esos dos aspectos. La Comisión hizo una excepción que puede agilizar el proceso. Las circunstancias que permiten ello, y que están en su reglamento, se refieren a la existencia de las medidas cautelares. La Comisión puede emitir recomendaciones para que Brasil repare las violaciones cometidas. De ser incumplidas, puede remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, órgano que tiene la facultad de emitir un fallo que condene a Brasil y recomendar medidas de reparación. Lecciones valiosas Belo Monte es, sin duda, una lección para el continente. El caso demuestra que los proyectos de ese tipo son ambientalmente inviables y generan daños irreparables en los derechos humanos, por lo que no son una forma posible de desarrollo. Belo Monte evidencia además que los Estados deben replantear sus modelos energéticos y volcar sus esfuerzos a promover energías limpias y sostenibles. Es también una señal de alerta para que las instituciones financieras eviten invertir en proyectos con impactos socioambientales. Y es una oportunidad para que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos genere precedentes valiosos que eviten otros “Belo Monte” en la región. ¡Desde AIDA, estoy preparada para contribuir a la lucha por un ambiente sano en este y en otros casos! ¡El viaje apenas comienza  

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Océanos, Fuentes de Agua Dulce, Derechos Humanos

Cuando la naturaleza es tu mejor cliente

Los abogados y abogadas de AIDA no solo tienen en común haber nacido en América Latina y vivir en la región. También comparten un gran respeto por el ambiente y por quienes dependen de él. Crecieron con ese sentimiento y ahora lo vuelcan a la protección de comunidades y ecosistemas claves en sus países.   Uniendo a la comunidad ambiental en Bolivia Claudia cree en la justicia ambiental. “Sin calidad de vida y un ambiente adecuado para las personas, son vulnerados los derechos humanos básicos”, dice. Esa creencia la llevó a estudiar Derecho y a trabajar luego, desde la sociedad civil, para promover la producción de alimentos sanos, cultivados sin el uso de agroquímicos. Ese tipo de agricultura, con menores impactos ambientales y más beneficios para las comunidades, es la que Claudia recuerda con cariño de su niñez en Cochabamba, Bolivia.  En todas las casas había huertas. Desde muy pequeña, cosechaba moras y tenía a la mano manzanas, higos, guayabas y otras frutas frescas. Pero con la urbanización, el valle se convirtió en ciudad y las áreas verdes fueron reemplazadas por edificios. “Fue un choque ver esos cambios hechos en nombre del progreso”. Claudia tiene claro ahora que su aporte debe hacerlo desde el Derecho ambiental y que tendrá más impacto si llega a más personas. Por ello se unió al Programa de Agua Dulce de AIDA, donde brinda apoyo legal gratuito a gobiernos, comunidades y organizaciones locales.  Uno de sus logros ha sido articular exitosamente los esfuerzos aislados para enfrentar problemas ambientales comunes. Claudia impulsó este año la consolidación de la Red de Justicia Ambiental en Bolivia, un espacio de coordinación para que organizaciones e individuos desarrollen estrategias conjuntas usando herramientas legales y académicas. Como resultado, la Red organizó hace poco un foro de dos días sobre cómo obtener justicia ante los daños de la minería en el país. “He visto las formas de entender el mundo de los pueblos indígenas en Bolivia y sus formas de relacionarse con la Madre Tierra. En las ciudades, la naturaleza es vista como un objeto; para los indígenas es la casa grande que tienen que cuidar porque les da todo. Hice mía esa visión”. Protegiendo arrecifes de coral en México Los primeros acercamientos de Camilo con el mar se remontan a Boca del Cielo, una playa de la costa de Chiapas, México, a la que se llega por un estero. Allí disfrutó de las olas y los mariscos, y vio emocionado sus primeras especies de tortuga marina, y manglares altos en los que revoloteaban aves y monos. Durante su niñez en San Cristóbal de las Casas, donde nació, su padre le enseñó a nadar a contracorriente en las Cascadas de Agua Azul, una importante reserva natural. “Él ama la naturaleza y siempre nos ha transmitido ese sentimiento a mis hermanos y a mí”, cuenta Camilo, quién ahora vive con su hijo Emiliano en La Paz, Baja California Sur. Vivir en una ciudad costera le hizo comprender aún más la importancia de los océanos y su interconexión vital con los entornos terrestres. Camilo aplica ese entendimiento a su labor como abogado del Programa de Protección Marina y Costera de AIDA.  Trabaja, por ejemplo, para salvar al Sistema Arrecifal Veracruzano, el ecosistema de coral más grande del Golfo de México, una barrera natural frente a tormentas y huracanes, y fuente de sustento para comunidades pesqueras. El sitio está seriamente amenazado por el proyecto de ampliación del puerto de Veracruz. Camilo busca que el gobierno de su país respete los tratados internacionales que firmó y que le obligan a preservar ese sitio y toda la biodiversidad de su territorio. Cuando estudiaba Derecho en Chiapas, Camilo disfrutaba explorar cuevas subterráneas en su tiempo libre. Llegaba a ellas gracias a la guía de campesinos de la zona. “El contacto con la naturaleza te lleva a conocer a las comunidades que la cuidan desde siempre, a entender y valorar sus formas de vida”.  Buscando lluvia en Brasil Si alguien conoce el valor de la lluvia son las personas que viven en el estado de Paraíba, al nordeste de Brasil, azotado por una sequía extrema hace años. Allí, según información oficial, el número de ciudades sin agua en los grifos subió de 25 a 40 entre 2016 y 2017.   “La sequía ha marcado nuestros hábitos, alimentación y cultura”, cuenta Marcella, quien nació en la ciudad de João Pessoa, capital de Paraíba.  Marcella es abogada y vive ahora en Recife, en el estado de Pernambuco. Es becaria del Programa de Derechos Humanos y Ambiente de AIDA.  Desde ahí busca borrar la marca de la sequía en Paraíba. Uno de los casos en los que trabaja es el de la represa Belo Monte, construida en la Amazonía. “Las grandes represas no son fuente de energía limpia y están dañando Amazonía, un ecosistema que regula el clima y que es clave para que llueva en Brasil y en el mundo; al trabajar en este caso, contribuyo a que exista lluvia en mi estado”, dice convencida. En junio, Marcella visitó Altamira, la ciudad más próxima a Belo Monte. Habló con personas cuya forma de vida fue destruida por la represa. “Conocí a alguien que solía pescar, cultivar su propia comida y vender lo que le sobraba en la ciudad; con la represa, su isla fue inundada y lo perdió todo”. Para ella, no existe otra manera de entender la gravedad de los impactos de proyectos inadecuados que escuchar a los afectados. “Eso me da la noción de realidad. Ayudar a conseguir justicia para estas personas es mi obligación, es lo mínimo que puedo hacer, desde lo que sé hacer: ser abogada”.  

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Grandes Represas, Derechos Indígenas

¿Crecer a costa de la Amazonía?

(Columna publicada originalmente en Animal Político) La extensión de la Amazonia brasileña es de 5,5 millones de km2, de los cuales 44 % están protegidos legalmente. Durante la última semana, la atención del mundo se enfocó en una zona específica: la Reserva Nacional de Cobre y Asociados (Renca), un área de aproximadamente 47 mil km2. La razón fue el decreto emitido el 23 de agosto pasado por el presidente brasileño Michel Temer, que abrió las puertas de la reserva para la explotación de oro, manganas, cobre, hierro y otros. Según el gobierno, la medida ayudaría a revitalizar la minería brasileña, que el año pasado representó 4 % del PIB de Brasil. Algunos días después, luego de críticas de celebridades y del movimiento ambientalista nacional e internacional, el presidente Michel Temer revocó el decreto y publicó otro con prácticamente el mismo contenido. Sin embargo, el 30 de agosto, el juez federal Rolando Valcir Spanhol anuló el decreto de Temer, considerando que hubo una violación constitucional al proceso legislativo de Brasil. Asimismo, consideró que cualquier decreto futuro que facilite la exploración de la reserva sería considerado automáticamente suspendido. La decisión del juez trae consigo una fuerte carga de democracia, la que actualmente se encuentra debilitada en varios países de América Latina. Pone un límite a la actuación de los presidentes y establece el precedente de que asuntos jurídico ambientales no pueden ser tratados con acciones políticas. Es decir, un tema de esa naturaleza debe ser ampliamente discutido nacionalmente, debe respetarse las normas nacionales e internacionales en la materia; se debe garantizar la consulta previa, libre e informada a comunidades indígenas y otras comunidades tradicionales, y sobre todo garantizar la soberanía ciudadana. Pero, en lugar de discutir el tema con la población brasileña, Temer prefirió hacerlo con empresas de minería canadienses. Según medios nacionales y extranjeros, en marzo de este año el Ministro de Minas y Energía habría anunciado en Toronto, Canadá, la extinción de la Renca y la posibilidad de subastas para la exploración minera allí. Esto representa una fuerte evidencia de cómo el Estado está capturado por empresas, poniendo nuestras vidas y recursos naturales versus por debajo de intereses corporativos. Es importante mencionar que está ampliamente documentado que empresas mineras canadienses han sido responsables por proyectos que han generado en América Latina impactos ambientales, impactos en la salud, desplazamiento forzado, división de comunidades, criminalización de defensoras(es) de la tierra, el territorio y el ambiente, entre otros. El tema de la minería en la Amazonia brasileña es particularmente preocupante por dos razones. La primera es que los proyectos a gran escala ubicados allí no han contribuido al desarrollo, pero sí han generado impactos ambientales y en derechos humanos. La represa Belo Monte, ubicada también en el estado de Pará (como la Renca), es el ejemplo más emblemático de cómo un megaproyecto contribuyó a la deforestación, la disminución drástica del caudal del río Xingú, la muerte de peces, la desaparición de especies, el quiebre de tejidos sociales, la división de comunidades, el incremento de la violencia, la prostitución infantil, etc. Solo el Ministerio Público Federal ha interpuesto un total de 27 acciones civiles públicas, entre ellas una que alega que hubo un etnocidio de los pueblos indígenas de la Volta Grande del río Xingú. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene en sus manos una petición sobre el tema y reconoce, desde el año 2011, que hay una situación de gravedad y urgencia para las comunidades indígenas aledañas a la construcción de la hidroeléctrica. La segunda razón es que el estado de Pará ha sido considerado uno de los estados más violentos de Brasil. Según datos de la Comisión Pastoral de la Tierra, Pará concentra 30% de las muertes relacionadas con conflictos agrarios en Brasil. En mayo de este año, por ejemplo, el estado fue escenario de la Chacina de Pau Darco (matanza en la ciudad de Pau D’arco), en la cual más de 10 personas murieron durante una incursión policial en una hacienda en una zona rural del país. No hay duda de que la instalación de un proyecto minero en la Renca implicaría un incremento de los conflictos en Pará. Finalmente —pese a que seguramente existen muchas razones más—, la ruptura de un dique de relaves mineros, desastre ambiental ocurrido en el municipio de Mariana en 2015, fue clave para saber que Brasil no está listo para lidiar con los riesgos de la minería. El hecho causó la muerte del río Doce, contaminación de otras fuentes de agua, proliferación de enfermedades, pérdida de fauna y flora, etc. El Estado no ha tenido la capacidad de reparar y compensar a las víctimas. Y, casi dos años después, todavía hay presencia de desechos tóxicos en la zona. En suma, es importante que Brasil repiense su modelo de crecimiento y desarrollo: megaproyectos en la Amazonía han representado un retroceso en términos ambientales y sociales, de derechos humanos , pero no en materia de desarrollo. La verdad es evidente y obvia: si Brasil efectivamente quiere crecer, la mejor manera de hacerlo es protegiendo la Amazonía y sus pueblos.  

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Altamira, Brasil
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Belo Monte: La esperanza persiste pese a la promesa fallida de desarrollo

La hidroeléctrica Belo Monte fue prometida por sus promotores como una posibilidad de desarrollo para Brasil y en particular para Altamira, la ciudad más cercana a la represa. Hace poco visité esa urbe y me queda claro que seis años después del inicio de su construcción y aproximadamente un año luego de que comenzara a operar, Belo Monte no contribuye al desarrollo sostenible. Una evidencia de ello es que, en junio pasado, Altamira fue clasificada como la ciudad más peligrosa de Brasil en un estudio elaborado por el Instituto de Investigación Económica Aplicada de ese país. Según el estudio, el crecimiento rápido y desordenado ocurrido en Altamira en los últimos seis años ha tenido serias implicaciones en la cantidad de crímenes cometidos en la ciudad. El 2000, de acuerdo con datos del Instituto Brasilero de Geografía y Estadística, Altamira tenía poco más de 77 mil habitantes. Sin embargo, debido a la construcción de la hidroeléctrica, la cifra se disparó a 110 mil el año pasado. El resultado: Altamira registró la mayor tasa de homicidios del país en 2015 con 105,2 casos por cada 100 mil personas. Los números se enmarcan en un contexto muy preocupante, recogido este mes por Global Witness, cuyo informe reciente ubica a Brasil como el país con el mayor número absoluto de muertes, debido especialmente al trabajo de quienes dan sus vidas por defender la Amazonía, pues 16 de las 49 muertes ocurridas en 2016 están relacionadas con la protección del ecosistema amazónico. Condiciones insalubres Además de la violencia generalizada, la otra gran preocupación en Altamira es el saneamiento básico, el cual tiene que ver con fuentes y sistemas de abastecimiento de agua, así como con el manejo sanitario de residuos. Imagínate que durante los últimos seis años, cuando la dinámica urbana y social de la ciudad fue alterada totalmente debido a la represa, no se construyó un sistema de saneamiento básico adecuado. Así ocurrió pese a que era una condición para la construcción y operación de la represa. Pero lo único construido fue la gigantesca infraestructura hidroeléctrica. En abril de este año, un tribunal de Brasil ordenó la suspensión judicial de las operaciones Belo Monte hasta que exista una implementación adecuada del saneamiento básico en los barrios de reasentamiento urbano colectivo de Altamira. Pero la empresa a cargo de la represa se ha negado a cumplir con la sentencia, argumentando que tiene el permiso para operar. Eso demuestra la incapacidad del gobierno de evitar los abusos de la empresa. En Altamira los alcantarillados están tapados. Hay agua sucia, bichos y basura en las casas de los reubicados por la represa de #BeloMonte pic.twitter.com/5kkyNkfAM1 — Rodrigo Costa Sales (@rodrigojcsales) 13 de junio de 2017 Inversión cuestionable El escenario en torno a Belo Monte se agrava porque la empresa estatal china Grid Brazil Holding ganó la subasta para hacerse cargo del segundo sistema de transmisión de la energía a ser generada por la hidroeléctrica. La empresa ofreció 988 millones de reales (aproximadamente 300 millones de dólares), lo que me hace cuestionar las afirmaciones previas del Gobierno brasileño sobre el hecho de que la energía hidroeléctrica es barata, además de limpia. La inversión china preocupa porque la empresa ya ha sido multada varias veces por el incumplimiento de los plazos relacionados con el primer sistema de transmisión de energía. Peor aún, China no es reconocida internacionalmente por proteger los derechos humanos y el ambiente, razón por la cual la situación en Altamira puede complicarse aún más. La esperanza continúa Pese al panorama desalentador, la población urbana, así como las comunidades indígenas y ribereñas, todavía tienen esperanza de que Altamira sea una ciudad tranquila y linda otra vez. Escuché en muchos el deseo de volver a vivir los tiempos en los que se sentaban en sillas para conversar en la calle y se bañaban en las aguas del río Xingú; los tiempos de pescas colectivas y fiestas en el parque. Ello me muestra que no hay que tener miedo ni perder la esperanza. Hay muchas personas que creen en mi trabajo como defensor de la Amazonía. Por ellos seguiré trabajando para que instituciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante la cual AIDA presentó el caso, considere que Brasil violó derechos humanos en razón de la construcción y operación de la represa Belo Monte. Continuaré buscando que las personas afectadas obtengan justicia y reparación.

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Belo Monte debe cumplir con condiciones antes de seguir operando

Un tribunal federal de Brasil suspendió la licencia de operación de la represa Belo Monte debido a que Norte Energía, empresa a cargo del proyecto, no ha completado los trabajos de saneamiento básico en la ciudad de Altamira, directamente afectada por la hidroeléctrica.  La decisión del tribunal responde a un recurso legal presentado por el Ministerio Público Federal. Las obras de saneamiento eran una condición para la licencia otorgada por el Instituto Brasileño de Ambiente y Recursos Naturales (IBAMA) y debían completarse antes del llenado del embalse de la represa, lo que no ocurrió. "Esta es la primera vez que un tribunal federal suspende un recurso de suspensão de segurança respecto a Belo Monte; ese recurso garantizaba el funcionamiento de la hidroeléctrica aunque la empresa no hubiera completado las condicionantes de la licencia. En la práctica, la decisión significa que las operaciones de la represa deben parar inmediatamente, aunque la construcción de obras pendientes pueda continuar”, explicó Marcella Ribeiro, abogada de AIDA. “Más allá de una cuestión relacionada a la falta de saneamiento básico, este fallo representa un paso fundamental para que la empresa a cargo del proyecto cumpla adecuadamente con las condiciones para operar, las cuales favorecen a la población afectada. Esperamos que la justicia brasileña continúe garantizando la protección de los derechos de las comunidades afectadas por la represa frente al interés corporativo”.

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Tsunami de Odebrecht: ¿a recuperar el interés público o sólo el dinero?

(Columna publicada originalmente en El País) La corrupción en América Latina y el Caribe no es noticia. Incluso algunos, aberrantemente, la consideran normal. Pero en todo hay niveles. Por ello la magnitud de la corrupción desarrollada por la multinacional brasileña Odebrecht ha tenido un impacto singular: un tsunami que no solo se llevó grandes cantidades de dinero, sino también el interés público. Debemos preguntarnos entonces si los más de 100 proyectos involucrados en el caso Odebrecht eran realmente obras de infraestructura para beneficio común o únicamente excusas para el pago de coimas millonarias. Los detalles de la compleja maquinaria corrupta salieron a la luz el 21 de diciembre pasado. Ese día, el Departamento de Justicia y la Fiscalía de Estados Unidos publicaron la confesión en la que directivos de la empresa admiten haber pagado aproximadamente 788 millones de dólares en 11 países de América Latina y Mozambique. Según el documento, “…entre 2001 y 2016, Odebrecht, junto con sus coconspiradores, con conocimiento y voluntariamente, conspiraron y acordaron con otros proveer de forma corrupta cientos de millones de dólares… para el beneficio de funcionarios extranjeros, partidos políticos extranjeros, funcionarios de partidos políticos y candidatos de partidos políticos extranjeros…para obtener y retener negocios”. La confesión delata la prostitución del interés público. Los directivos involucraron a docenas de gobiernos, incluyendo jefes de Estado —entre ellos Juan Manuel Santos, presidente de Colombia y reciente Nobel de Paz—, ministros, senadores y otras personas que hoy son investigadas o que ya fueron encarceladas. La indignación y la exigencia inmediata de justicia son evidentes. Aunque no fue posible acceder a la lista completa de proyectos, la información pública en cada país da cuenta de los siguientes: Argentina: gasoductos, potabilización de agua, obtención de potasio y el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, entre otros. Brasil: cientos de proyectos, incluyendo industrias extractivas y la represa Belo Monte, que desde su planeación ha ocasionado graves violaciones de derechos humanos. Colombia: la Ruta del Sol y la navegabilidad el Río Magdalena, las dos obras de alta ingeniería más importantes del país. Ecuador: hidroeléctrica Manduriacu y refinería del Pacífico. Si bien la administración de Rafael Correa declaró que los posibles sobornos ocurrieron antes de 2007, el Gobierno de Estados Unidos asegura tener pruebas de sobornos posteriores. México: proyecto petroquímico Etileno XXI, el más grande de América Latina, y el gasoducto Los Ramones II Norte. Perú: Carretera Interoceánica Norte Sur, el proyecto hidroenergético Alto Piura y el tren eléctrico de Lima. República Dominicana: la termoeléctrica Punta Catalina y la hidroeléctrica Pinalito. En todos los países, los sobornos involucran proyectos energéticos o de infraestructura, proclamados como esenciales para el desarrollo, por gobiernos, organismos internacionales y empresas. Pero también son proyectos sobre los que, por décadas, comunidades y organizaciones han denunciado impactos negativos en los derechos humanos y el ambiente, incluyendo su contribución al cambio climático. Proyectos que las grandes represas y las termoeléctricas, afectan también el interés público y para los cuales existen alternativas sostenibles y más efectivas. Las denuncias, en su mayoría, fueron ignoradas. La represa Belo Monte, por ejemplo, comenzó a operar pese a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó detener su construcción y proteger a los pueblos indígenas afectados. Los pedidos de justicia fueron además reprimidos, en ocasiones por gobiernos que, según la evidencia, recibieron sobornos para implementar proyectos. La situación es aún más grave si consideramos que América Latina es la región más peligrosa para los defensores de derechos humanos, especialmente para quienes protegen el ambiente, la tierra y el territorio de proyectos como los mencionados. Ante una industria de corrupción sin precedentes, es vital analizar cada uno de los proyectos del caso Odebrecht para determinar su verdadera utilidad pública. Es muy posible que en gran parte de ellos, los costos socioambientales hayan sido mayores que los beneficios. Esos daños también deben ser sancionados. El caso podría ser solo la punta del iceberg porque la problemática es regional, aunque más grave en algunos países. Cada Estado y empresa del continente debe adoptar medidas efectivas anticorrupción, y evaluar sus procesos de planificación e implementación de proyectos, los que fallaron estrepitosamente en los proyectos implicados en el escándalo. Una lección clara es la necesidad urgente de fortalecer el cumplimiento independiente y objetivo de las normas internacionales y nacionales de planeación y protección ambiental y de los derechos humanos. Se debe garantizar, en los grandes proyectos, transparencia y la participación de los afectados y de cualquier persona interesada en proteger el interés público. Dado que en algunos casos la investigación de la corrupción recae en administraciones afines a las personas involucradas en el delito, una buena idea sería crear un Observatorio Independiente Ciudadano regional para indagar los impactos de grandes proyectos y las mejores opciones para resarcir los daños. Deberíamos asegurar de una vez que las personas a cargo de decisiones transcendentales sirvan realmente al interés público y no a las empresas que buscan implementarlas, o a sus propios bolsillos. Toda la ciudadanía puede contribuir a que ello sea una realidad.

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Grandes Represas, Derechos Indígenas, Derechos Indígenas

Compartiendo las lecciones de Belo Monte con los Munduruku

Bajo una choza con techo de paja en el borde del río Tapajós, gente del pueblo Munduruku, de comunidades asentadas en toda esta región de selva amazónica virgen, se reunió en una asamblea general. Allí estaban ancianos y ancianas, padres y madres, niños y niñas de la tribu, así como representantes de ONG y de entidades de gobierno. Se reunieron para discutir sobre sus problemas y encontrar soluciones. Buscaban trazar el camino que les permita continuar viviendo y  desarrollándose en armonía con la naturaleza. La asamblea de octubre fue la primera reunión desde que se anunciara la cancelación de la represa Tapajós. Su licencia fue rechazada debido a los graves impactos ambientales que causaría. El rechazo fue una gran victoria para el movimiento que busca proteger la Amazonía de Brasil, luego de años de decepción y derrota a causa de la cercana represa Belo Monte. Sin embargo, argumentando beneficios energéticos y económicos, el gobierno brasileño planea construir más grandes represas en la región, docenas de ellas.  Estuve ahí debido a Belo Monte. Para compartir historias, estrategias y lecciones aprendidas de nuestra defensa de la gente del río Xingú que se ha visto afectada por la represa. Un equipo de Climate Reality me acompañó y produjo un documental corto para compartir estas historias con el mundo entero. Si bien la lucha por la gente del Xingú ha sido larga, mantenemos nuestro compromiso de lograr justicia para ellos. Al llevar su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tratamos de influir en los tomadores de decisión de Brasil y desalentar la construcción de más grandes represas en la Amazonía, incluyendo aquellas planeadas para la cuenca del río Tapajós. La devastación causada por Belo Monte se ha convertido en un cuento con moraleja para tribus vecinas como los Munduruku. Debido al daño causado a la vida y a las personas del Xingú, los Munduruku entienden perfectamente qué tienen que perder si la represa sobre el Tapajós se llegara a construir. Perderían sus hogares, sus sitios sagrados y la conexión con sus ancestros. Perderían su río. El Tapajós es para los Munduruku lo que el Xingú es para los pueblos Kayapo y Juruna. Es su autopista y su supermercado; un sitio sagrado y un regalo divino. Agradecen a sus dioses por las bondades recibidas. Por una selva saludable a la que llaman hogar, por los tinguejada (peces) y por todo lo que el río les da. Fue un honor para mí estar presente y atestiguar la fortaleza y unidad del pueblo Munduruku. Fue una lección de humildad unir mi voz a la suya. Espero que la voz de los Munduruku sea escuchada. Espero que su territorio sea respetado y que la represa y otros proyectos de desarrollo sean frenados definitivamente. Y espero que el gobierno brasileño aprenda la lección que un sinnúmero de pueblos indígenas ya conoce: ¡Que las represas deben quedar fuera de la Amazonía!  

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En la Aldea Mïratu, los Juruna lloran la muerte de Jarliel

Marcelo Salazar, Instituto Socioambiental (ISA) Traducción de AIDA del blog publicado originalmente por ISA Jarliel murió cuando se sumergía a 25 metros de profundidad para pescar. Uno de sus hermanos culpa a la represa Belo Monte por haber llevado a los peces hacia aguas profundas, cuando antes estaban en cascadas o en aguas poco hondas, obligando así a los pescadores a inmersiones más peligrosas. Jarliel Juruna o “Jarla”, de 20 años, murió el 26 de octubre al sumergirse para pescar acari marrom, un tipo de pez. Estaba a unos 25 metros de profundidad cuando dejó de respirar y, ya sin vida, fue jalado a la superficie. Fue una tragedia para la Aldea Mïratu, en la Tierra Indígena Paquiçamba, una tragedia para los Juruna* de la Volta Grande, y una tragedia para el río Xingú, en la Amazonía brasileña. Dejó a sus padres, hermanos, esposa e hijo recién nacido sin saber qué hacer ni a dónde ir, atónitos… En un silencio casi absoluto, Giliarde Juruna, cacique de la Aldea Mïratu y hermano de Jarliel, mantuvo la mirada fija en el bosque detrás de la casa de paja donde está la cocina de la comunidad. Otro de sus hermanos, Jair Juruna, el “Negão”, estaba indignado: “Nunca necesitamos pescar acari en aguas tan profundas, pero con la represa los peces que estaban justo allí, en la cascada y en las aguas poco hondas, desaparecieron, y tenemos familias que mantener. Norte Energía (empresa constructora de la represa) está jugando con nosotros. ¿Dónde están los proyectos productivos? Si las cosas estuvieran funcionando, tendríamos otros trabajos y no arriesgaríamos nuestras vidas para mantener a nuestras familias. Ahora miren los resultados”. Al otro lado del continente, en Perú, Bel Juruna representaba a su pueblo en una reunión con otros líderes indígenas de América Latina. Allí hablaba justamente de la violencia ejercida por Belo Monte sobre su comunidad y sobre el Xingú. Cuando se enteró de la noticia, quedó destrozada. No pudo llegar a tiempo al entierro de Jarliel, su hermano más joven y a quien ayudó a criar. Jarla era un joven alegre y juguetón, muy dedicado, que estaba concluyendo el bachillerato y soñaba con pronto entrar a la universidad. Era uno de los guerreros de su pueblo, estuvo en varias de las ocupaciones pacíficas de la represa Belo Monte para luchar por los derechos de los indígenas del Xingú. Algún día, la historia completa detrás de Belo Monte será contada y los impactos reales de la represa en la vida de las comunidades del Xingú, serán reconocidos. Que Jarla se sume ahora al gran guerrero Mïratu en otro plano y una sus esfuerzos a los de quienes se quedaron en la tierra para luchar contra Belo Monte y contra otras formas de destrucción de las comunidades indígenas y tradicionales del Xingú. *Los dueños del río Los Yudja, o Juruna, como son conocidos en la región, viven en las islas y márgenes del Xingú. Son los “dueños del río” por el gran conocimiento que tienen del caudal y por haber migrado, en los últimos siglos, de la naciente hasta la cabecera. La Aldea Mïratu es una de las aldeas de la Tierra Indígena Paquiçamba, ubicada a poco más de 10 kilómetros por debajo de uno de los embalses de la hidroeléctrica Belo Monte. Este pueblo sufre diferentes impactos, uno de ellos en la actividad pesquera. En colaboración con la Universidad Federal del Pará y el ISA, y con el apoyo de la Fundación Mott, los Juruna realizan un monitoreo independiente de la pesca, el cual revela los daños que esa actividad ha sufrido en los últimos años. Jarliel era uno de las personas que hacía ese seguimiento en la aldea Mïratu.  

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