Brasil

Grandes Represas, Derechos Humanos, Derechos Indígenas

Ensayo fotográfico: La vida a la sombra de Belo Monte

En lo profundo de la Amazonía, al norte de Brasil, la tercera represa más grande del mundo se alza sobre el que antes fuera un paisaje de selva exuberante. Bajo su sombra gigantesca viven comunidades indígenas y ribereñas que por mucho tiempo han llamado hogar a la región. Son personas que han vivido y crecido de la generosidad de la selva y del río Xingú. Para la mayoría, la naturaleza circundante es inseparable de su definición de hogar. Pero este hogar está cambiando rápidamente. A medida que la represa Belo Monte está próxima a operar, abriendo sus compuertas, el mundo se ve y siente muy diferente. Grandes extensiones de selva han sido inundadas. Islas han quedado sumergidas por completo. Los peces están muriendo y la vida silvestre huyó. Familias han sido separadas y comunidades enteras, forzadas a dejar sus tierras. La sombra que Belo Monte proyecta es grande y oscura. El estilo de vida de los habitantes de la cuenca del río Xingú ha cambiado drásticamente sin su consentimiento. Sus derechos humanos han sido violados una y otra vez. El cumplimiento de las condicionantes de la licencia por parte de Norte Energía, empresa a cargo de la represa, ha sido inadecuado. Las fotos a continuación muestran a personas y comunidades que viven realidades volátiles de lo que alguna vez fue un espacio pacífico de selva tropical. Son víctimas de la corrupción, la violencia y el abuso que encubren el proyecto de ingeniería más grande de la historia de Brasil. El río Xingú está muriendo. La vitalidad de la Isla Arapujá, visible desde Altamira, le ha sido completamente arrebatada, causando cambios radicales en las corrientes del río. Islas más pequeñas, donde pescadores vivían rodeados de árboles frutales, quedaron sumergidas por el aumento de los niveles del agua causado por el llenado de los embalses de la represa. Un día de enero, las compuertas de la represa se abrieron sin previo aviso y se dice que el río creció siete metros en una hora. Cantidades masivas de peces han ido muriendo. Las personas del lugar dicen que Norte Energía tiene incluso equipos de limpieza que los entierran para ocultar la magnitud de la devastación que sucede a diario. Aguas abajo de la represa, en la Vuelta Grande, el caudal del río se está reduciendo drásticamente; el agua se está volviendo lodo y quedando sin oxígeno. El Xingú muere y también quienes viven de él: el río ha sido por mucho tiempo su hogar, su fuente de alimento y sustento. La construcción de Belo Monte ha tenido impactos severos en la naturaleza, la principal fuente de alimento para las comunidades de la selva durante mucho tiempo. Las comunidades que tienen un modo de vida de subsistencia encuentran que el río y la selva de los que dependen ya no producen lo suficiente, o están demasiado contaminados, para alimentar a sus familias. Los indígenas han sido empujados a la ciudad más cercana, Altamira, para satisfacer sus necesidades básicas. Algunos van allí a comprar comida o al médico; otros han dejado de luchar y han dejado del todo sus aldeas. Muchos de los que llegan a Altamira para quedarse, lo hacen en la Casa del Indio, construida como refugio para el flujo reciente de indígenas. Allí viven en habitaciones atestadas, carecen de instalaciones sanitarias adecuadas y ponen en peligro su salud. Lejos de sus hogares y despojados de su dignidad, enfrentan la dura realidad de una ciudad sobrepoblada y violenta. Siendo la ciudad más próxima a Belo Monte, Altamira ha experimentado cambios drásticos debido a la construcción de la represa. Desde que el proyecto comenzó, su población ha crecido en cerca del 75%; 170,000 personas viven actualmente en una ciudad diseñada para muchas menos. La violencia se ha disparado y barrios enteros han sido destruidos, sus residentes han sido desplazados y casas habitadas por familias toda una vida, han sido demolidas. Incluso los barrios de Norte Energía, que se afirmaba no serían afectados por la represa, están sufriendo sus impactos. El rápido crecimiento ha causado estragos en el sistema de alcantarillado de la ciudad. Los operadores de Belo Monte no han dado ninguna solución al tratamiento de aguas residuales y la ciudad entera está sufriendo la falta de saneamiento básico. Como resultado, es común ver calles inundadas y llenas de lodo. La población demanda respuestas de la autoridad ambiental de Brasil y de Norte Energía, pero sus preguntas no encuentran eco.  Los impactos de Belo Monte no solo están forzando que las personas dejen sus tierras,  también están desgarrando familias. Con hogares destruidos y aldeas enteras reubicadas, las personas cuyo modo de vida les ha sido arrancado, luchan por adaptarse. Las comunidades están perdiendo contacto con sus tradiciones; hijos están perdiendo contacto son sus padres. Karoline creció en una comunidad rural rodeada de su familia y de una naturaleza abundante que recuerda con mucho cariño. Cuando ella y su familia tuvieron que dejar su tierra, sus opciones eran pocas y se vieron obligados a separarse. Sus padres se quedaron con parientes, y Karoline se fue a Altamira con su hermana. La búsqueda de oportunidades, educación y empleo hizo que también ellas tomaran caminos distintos. Karoline es ahora una adolescente que vive por su cuenta lejos de casa. Como requerimiento para la implementación del proyecto, Norte Energía está obligado a cumplir con ciertas condicionantes en beneficio de las comunidades afectadas. Las condicionantes se han implementado en formas diferentes para situaciones diferentes. Ninguna de ellas podría ser descrita como completa, adecuada o respetuosa culturalmente. Arara da Volta Grande es una de las comunidades que será más afectada por Belo Monte. Sus habitantes viven en la Vuelta Grande del Xingú, donde el caudal del río se ha reducido sustancialmente. Para compensar a la comunidad por los cambios en su modo de vida, Norte Energía les construye “mejores” casas. Aunque están dentro de su territorio, las construcciones están alejadas del río. Son como cajas pequeñas hechas de cemento y con techos que atrapan el calor de la selva en su interior. Están muy lejos de ser las casas de madera, abiertas y con techos de pajas que son tradicionales de la comunidad y cultura de los Arara. En lugar de darles a los Arara un pozo para la provisión de agua limpia, Norte Energía le dio a la comunidad casas en las que sus habitantes no saben cómo vivir; casas que cada día los expulsarán más lejos del lugar donde siempre han estado. Cuando hablamos con miembros de las comunidades indígenas y ribereñas que rodean Belo Monte, escuchamos las mismas respuestas a muchas de nuestras preguntas. La represa está perturbando su forma de vida. Los está aislando de la naturaleza a su alrededor. Está amenazando su cultura, sus conocimientos tradicionales y la estructura misma de sus comunidades. Leoncio Arara, curandero tradicional de los Arara da Volta Grande, dice que ahora vive con miedo. Teme que la represa se rompa, que el agua se desborde e inunde su casa y a su comunidad; teme que los peces mueran, que el agua limpia se seque; teme la disolución de su cultura y la desaparición de su gente, quienes han vivido en y con esta tierra por generaciones. En la selva alguna vez exuberante que rodea a la gran represa Belo Monte, vemos injusticia allí donde miremos. Vemos desplazamiento y devastación ambiental. Lo que no vemos es rendición de cuentas. Por ello hemos llevado el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para hacer que Brasil responda a nivel internacional a las denuncias de violaciones de derechos humanos derivadas de la construcción de la represa Belo Monte. Estamos dedicados a defender a quienes representamos y no descansaremos hasta que ellos y todos quienes han visto sus vidas afectadas por Belo Monte, obtengan justicia.

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Fuentes de Agua Dulce, Derechos Humanos, Derechos Indígenas

Belo Monte y cómo no producir energía en el siglo XXI

El 12 de diciembre de 2015, la represa Belo Monte, en Brasil, comenzó a ser llenada. El proyecto más importante del programa energético de la presidenta Dilma Rousseff es también un monumento a cómo no debe producirse energía en el siglo XXI. Además de su alto costo, la represa está asociada con corrupción y grandes impactos socioambientales. Belo Monte sería la tercera represa más grande del mundo. Se construye al noreste de Brasil, en el río Xingú, afluente clave del Amazonas. Produciría en promedio solo la tercera parte de su capacidad máxima. Inundará 516 km2 (el tamaño de la ciudad de Chicago) de bosque amazónico, áreas cultivables y zonas urbanas de Altamira, Pará. “…el gobierno y la sociedad brasileños no toleran y no tolerarán la corrupción. La democracia brasileña se fortalece cuando la autoridad asume el límite de la ley como su propio límite. Muchos de nosotros luchamos para eso justamente cuando las leyes y los derechos fueron vilipendiados durante la dictadura…”, dijo Rousseff ante la Asamblea de Naciones Unidas en septiembre pasado. Habló de incluir las “cuestiones de las comunidades indígenas” en los compromisos climáticos del país. También en septiembre, la casa de doña Antonia Melo en Altamira fue demolida por Norte Energía, consorcio constructor de Belo Monte. Antonia lidera el Movimiento Xingú Vivo para Siempre que defiende los derechos de los habitantes de la cuenca del Xingú. La de Antonia es una de las cerca de 3,000 familias desplazadas por una represa que afectará a 40,000 personas en total, muchas de ellas indígenas. El 24 de noviembre de 2015, la autoridad ambiental autorizó la operación de Belo Monte pese al incumplimiento de condicionantes socioambientales esenciales e ignorando dictámenes técnicos ambientales y de la autoridad de protección de los indígenas. Desde 2011, cuando la construcción comenzó, varias comunidades indígenas han sufrido daños serios a su salud, integridad, territorio y cultura. Éstos han empeorado ante la proximidad de la operación de la represa. Los servicios públicos, incluyendo los de centros de salud y de atención a la niñez —de por sí precarios—, colapsaron. La violencia creció exponencialmente: los asesinatos se duplicaron, los accidentes de tránsito aumentaron 144% y la violencia sexual y prostitución estallaron, afectando a niñas y adolescentes sin que las denuncias al respecto sean atendidas. Aunque se entregaron más de 2,600 viviendas a las familias desplazadas, éstas denuncian defectos estructurales, falta de transporte público y servicios esenciales. Las casas no tienen conexión al alcantarillado, una de las condicionantes de la licencia. El discurso de Rousseff resulta paradójico frente a la realidad. Ella fue víctima de la dictadura, pero ahora usa recursos de ese régimen para implementar Belo Monte. El Ministerio Público Federal presentó más de 20 demandas contra el proyecto y jueces ordenaron la suspensión de sus obras en al menos seis ocasiones. Dichos fallos fueron anuladas por petición del gobierno de Rousseff, aplicando la suspensión de seguridad, intrumento legal irónicamente creado por la dictadura. La última vez fue en enero pasado cuando el Tribunal Federal de Justicia suspendió el llenado de la represa por el incumplimiento de obligaciones referidas a la protección de las comunidades indígenas. El fallo fue anulado día después. La corrupción también salpicó al proyecto. Según confesaron ejecutivos de las empresas Camargo Correa y Andrade Gutiérrez, se pagaron sobornos millonarios para su implementación. El tema es parte de Lava Jato, la mayor investigación contra la corrupción de la historia de Brasil. Los impactos de Belo Monte han sido denunciados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Naciones Unidas. Las respuestas fueron lentas o inexistentes. En abril de 2011, la CIDH urgió a Brasil suspender las obras por la falta de consulta libre, previa e informada con las comunidades indígenas. La reacción de Brasil fue contundente: retiró su candidato a la CIDH, a su embajador ante la OEA, dejó de enviar sus aportes anuales a ese organismo e inició un proceso de “fortalecimiento” del Sistema Interamericano que terminó reformando el reglamento de la Comisión. La CIDH dejó de pedir la suspensión de obras, pero sí acciones urgentes para proteger a las comunidades indígenas afectadas. En 2011, éstas demandaron a Brasil y cuatro años después, en diciembre de 2015, la Comisión inició el trámite del caso. Ese organismo podría priorizar el caso, tomar una decisión pronto y evitar mayores daños. Como dice doña Antonia, la lucha continúa. Rousseff aún puede demostrar que su gobierno no tolera la corrupción y que, a diferencia de la dictadura, no vilipendia las normas. La CIDH y otras autoridades tienen la oportunidad histórica de exigir respetar los derechos humanos y ayudar a que los países alcancen un desarrollo que no sacrifique las personas. Deben hacerlo pronto, pues Belo Monte ya esta llenándose

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Contaminación Tóxica, Cambio Climático

Seminario Virtual sobre Contaminantes Climáticos de Vida Corta

Los contaminantes climáticos de vida corta (CCVC) son agentes atmosféricos que contribuyen al cambio climático y degradan la calidad del aire. Se les llama así porque tienen una vida útil relativamente corta en la atmósfera, de algunos días hasta décadas. Dadas esas características, la mitigación de los CCVC ofrece una oportunidad imperdible para mitigar el cambio climático en el mediano y corto plazo, así como para mejorar la calidad del aire de las ciudades al mismo tiempo. Se consideran CCVC al carbono negro, al metano, al ozono troposférico y a los hidrofluorocarbonos (HFC). En este seminario virtual se presentó un informe que revisa la actual situación institucional y de regulación de los CCVC en Brasil, Chile y México. El documento aborda el marco legal vigente, las fuentes principales de regulación y los instrumentos de política pública en dichos países, concluyendo con recomendaciones para abordar la regulación y mitigación de los CCVC. En el seminario se hizo además un repaso del contexto internacional que influye en la mitigación de estos contaminantes, incluyendo la revisión de las mejores prácticas llevadas a cabo en otros países. Grabación Presentaciones

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Grandes Represas, Derechos Humanos, Derechos Indígenas

Belo Monte: El río se apaga, pero la búsqueda de justicia no muere

“¡El río está muerto!”, exclamó Raimundo mientras navegábamos en su lancha a motor desde Altamira —ciudad ubicada al norte de Brasil (estado de Pará) y la más cercana a la construcción de la represa Belo Monte— hacia la Volta Grande del río Xingú.  Al frente de Altamira, el paisaje es verdaderamente desolador. La gran isla de Arapujá ha sido completamente deforestada, lo que ha cambiado radicalmente las corrientes del río, y varias de las islas habitadas antes por pescadores, ahora están bajo el agua, dejando ver solo las copas de sus árboles. Junto con colegas de Justiça Global, visité Altamira y las comunidades indígenas y ribereñas aledañas para actualizar el caso e informar a las personas afectadas por Belo Monte de una nueva esperanza de justicia: en diciembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos abrió el caso contra Brasil por violaciones de derechos humanos a causa de la represa. Destruyendo vidas A finales de enero, Norte Energía, empresa a cargo de la construcción y operación de Belo Monte, abrió las compuertas del aliviadero (sistema hidráulico que controla el paso del agua) de la represa sin avisar a las comunidades asentadas río abajo. El Xingú creció siete metros en una hora, comentan habitantes de la zona. En algunas de las comunidades, la crecida del caudal inundó las áreas más cercanas a las orillas y se llevó canoas, lanchas y ropa.  La lancha nos llevó hasta una isla grande con una casa al medio. Raimundo Nonato vivía allí, criaba animales y se dedicaba a la pesca. Era un lugar perfecto para bañarse en el río. En 2013, fue ahí donde Antonia Melo, lideresa del Movimiento Xingú Vivo Para Siempre, me bautizó como defensora de esas aguas. Ahora la isla está bajo el agua y lo que queda encima son ramas y algunas copas de árboles frutales. Leoncio Arara, indígena de la comunidad Arara da Volta Grande, cuenta que viven con miedo por el aumento inesperado del caudal, la pérdida de su modo de vida y cultura, y la muerte de 16 toneladas de peces. Han visto grietas en el dique de contención del canal de derivación de la represa y temen que éste se rompa, como ocurrió con la represa de desechos mineros de Fundão en Minas Gerais. En nuestro recorrido vimos parches de otro color en el dique, una señal de alarma sin duda. El miedo no los deja dormir, dice Leoncio. En las tierras indígenas Arara da Volta Grande y Paquiçamba la vida de sus habitantes ha cambiado radicalmente. Ahora deben ir a la ciudad (Altamira) para vender su cosecha y alimentarse pues la pesca y caza se han reducido. Leoncio cuenta que el conocimiento tradicional y la vida en comunidad se están perdiendo. Las viviendas ya no son las mismas, tampoco la conformación de la aldea. Norte Energía ha construido casas que rompen con el entorno cultural por el material utilizado y su ubicación. La comunidad no tiene un pozo para bombear agua potable, condición que debió ser cumplida hace más de cinco años.   Dolor, injusticia y lucha Estuvimos nueve días en la zona. Escuchamos muchas historias de dolor e injusticia, de niños indígenas que murieron debido la mala atención médica en las aldeas sin poder llegar a la ciudad, de indígenas que dejan sus aldeas buscando amparo en la ciudad y que viven hacinados en la Casa del Indio, rodeados de suciedad y en una mezcla de etnias muchas veces sin afinidad entre sí. Revivimos con las víctimas historias de lucha incansable como la de Socorro Arara, indígena ribereña cuya casa fue destruida, igual que la de todos sus familiares vecinos. Todos tuvieron que negociar con la empresa como si sus derechos fueran negociables. Algunos recibieron una indemnización ridícula y otros la opción de una casa en barrios prefabricados lejos del río. Los padres de Socorro viven en uno de esos barrios. Detrás de su vivienda de cemento construyeron un pequeño anexo con la madera de la casa destruida. Ese anexo es donde verdaderamente viven, a la luz de pequeños lamparines que funcionan con queroseno y durmiendo en hamacas. La energía eléctrica no es lo suyo. Vivimos de cerca las ironías de la ciudad más próxima a la que será la tercera represa más grande del mundo. El 28 de febrero, Altamira y varios municipios del estado de Pará se quedaron sin electricidad. El corte, calificado por la recepcionista de nuestro hotel como “de rutina”, se debió a pruebas en una de las turbinas de la represa. Falta poco para que la represa inicie operaciones. Si para los países de la región Belo Monte representa el sueño anhelado de desarrollo, para mí es una pesadilla de la que quiero despertar ya. Es una pesadilla de dolor y violaciones de derechos humanos, en la que un río vivo y hermoso se va apagando y con él las vidas y sueños de quienes viven y dependen de su caudal.  ¡Los derechos no se negocian y las víctimas de Belo Monte necesitan justicia ya! Ojalá que ese sueño sí se haga realidad. -- Escribí estas líneas en honor a todas las personas que han dedicado su vida a defender nuestra vida y nuestros ríos. 

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Tribual brasileiro atenta contra afetados pela hidroelétrica de Belo Monte ao revocar suspensão de licença ambiental

Brasilia, Brasil. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região (TRF1), suspendeu o efeito da decisão preliminar que suspendia a licença de operação da hidroelétrica de Belo Monte. Em 11 de janeiro desse ano, a Justiça Federal de Altamira decidiu suspender a licença de operação até que a Norte Energia, empresa encarregada da construção da hidroelétrica, e o Governo Federal cumprissem com a obrigação de reestruturar a Fundação Nacional do Índio. Entretanto hoje, um Desembargador Federal estabeleceu que tal decisão foi desproporcional e “afeta o interesse público, repercutindo gravemente a ordem e economia públicas”. Outro argumento foi que a decisão impediria a implementação de diversos planos destinados a beneficiar os povos indígenas. “É um atentado a mais aos direitos das comunidades indígenas afetadas. A decisão manipula os argumentos de interesse, ordem, segurança e economia publicas, bem como utiliza os planos que deveriam ser implementados quando se outorgou a licença, em 2010, para justificar que não é possível suspender a licença de operação. A licença jamais deveria ser outorgada sem o cumprimento desses planos” afirmou María José Veramendi, advogada da AIDA. Para mais informação, consulte os fatos do caso e as últimas noticias sobre o processo na Comissão Interamericana. 

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Tribunal brasileño atenta contra afectados por represa Belo Monte al revocar suspensión de licencia

Brasilia, Brasil. El Tribunal Regional Federal de la Primera Región (TRF1) dejó sin efecto la decisión judicial preliminar que suspendía la licencia de operación de la represa Belo Monte. El 11 de enero de este año, la Justicia Federal de Altamira decidió suspender la licencia hasta que Norte Energía, empresa a cargo de la construcción de la represa, y el Gobierno Federal cumplan con su obligación de reestructurar la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) de Altamira. Sin embargo, un Juez Federal del TRF1 estableció hoy que esa decisión fue desproporcional y “afecta el interés público, repercutiendo gravemente en el orden y la economía públicas”. Otro argumento fue que la suspensión impediría la implementación de diversos planes destinados a beneficiar a los pueblos indígenas."Es un atentado más a los derechos de las comunidades indígenas afectadas. La decisión manipula los argumentos de interés, orden, seguridad y economía públicas y utiliza aquellos planes que debieron ser implementados cuando se otorgó la licencia previa, en 2010, para justificar que no es posible suspender la licencia de operación. La licencia jamás debió ser otorgada sin el cumplimiento de esos planes”, dijo María José Veramendi, abogada de AIDA.Para más información, consulte el expediente de hechos del caso y las últimas noticias sobre el proceso ante la CIDH. 

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Inicia caso contra Brasil en la CIDH por violaciones de derechos humanos relacionadas con la represa Belo Monte

Para português, clique aquiA cuatro años de presentada la petición por organizaciones de la sociedad civil, el organismo internacional decidió abrir el caso a trámite y pedir una respuesta del Estado brasileño a las denuncias por violaciones de derechos humanos derivadas del proyecto hidroeléctrico cuya construcción avanza en la Amazonía.Washington D.C., Estados Unidos. Mientras el llenado de los reservorios de la represa Belo Monte en Brasil ha comenzado, ese país está en la mira de organismos internacionales. El 21 de diciembre de 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio inicio al caso presentado contra Brasil por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Justiça Global y la Sociedad Paraense de Defensa de los Derechos Humanos (SDDH), en representación de las personas afectadas por el proyecto hidroeléctrico. Luego de una revisión inicial que duró cuatro años y varias solicitudes de trámite rápido por parte de las organizaciones peticionarias, la Comisión resolvió finalmente que la petición contenía las bases suficientes para abrir el caso a trámite, lo cual implica que Brasil debe dar una respuesta a los reclamos por violaciones de derechos humanos derivadas del proyecto Belo Monte.“Esperamos y consideramos que ya es hora que Brasil responda integralmente a nuestros reclamos sobre la ausencia de consulta y consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas afectadas; la falta de participación y de estudios de impacto ambiental adecuados; y el desplazamiento forzado y violaciones a los derechos a la vida, integridad, salud y justicia de las comunidades indígenas, ribereñas y moradores de la ciudad de Altamira”, señaló María José Veramendi Villa, abogada de AIDA.Con esa respuesta, la Comisión determinará si se cumplen los requisitos para admitir el caso y, de ser así, establecerá luego si se produjeron o no las violaciones de derechos humanos alegadas por los peticionarios. "La apertura del caso es, antes que nada, una victoria de las poblaciones afectadas y los movimientos sociales involucrados, quienes han resistido todos estos años y permanecen firmes y determinados en su búsqueda por justicia y reparación” dijo Raphaela Lopes de Justiça Global.En noviembre del año pasado, el Instituto Brasileño de Ambiente y Recursos Naturales (IBAMA) otorgó la licencia de operación a la represa Belo Monte, con lo cual permitió que su llenado comience. Lo hizo pese a que Norte Energía, empresa cargo del proyecto, no cumplió las condiciones necesarias (agua potable, saneamiento y otras) para garantizar la vida, salud e integridad de la población afectada.Con la apertura del caso a trámite, la CIDH está utilizando todos los mecanismos disponibles para dar seguimiento a la situación de Belo Monte. Las comunidades indígenas afectadas por la represa están protegidas por medidas cautelares otorgadas en 2011 por la Comisión y que el Estado brasileño aún no cumple.A inicios de diciembre del año pasado, el Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas visitó la ciudad de Altamira, la más cercana a la construcción de la represa y una de las zonas más afectadas por el desplazamiento y los conflictos socioambientales provocados por la construcción de la hidroeléctrica. Allí se reunió con algunos de los grupos afectados, entre ellos miembros de comunidades ribereñas y pueblos indígenas, escuchando sus reclamos. Tras su visita, el Grupo emitió un pronunciamiento en el que, entre otras cosas, exhortó al Gobierno de Brasil a respetar los derechos humanos y a no sacrificarlos a expensas del desarrollo económico.El Grupo debe presentar su informe final de la visita al Consejo de Derechos Humanos en junio de 2016. Esperamos que haga un seguimiento adecuado a su visita y que el informe sea contundente y explícito respecto de la violaciones de derechos humanos en torno a Belo Monte y el accionar del Estado brasileño y las empresas involucradas.Las organizaciones que representan a las víctimas continuaremos trabajando para que Brasil responda por las violaciones de derechos humanos ocasionadas por la hidroeléctrica.

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Brasil autoriza a operação da hidrelétrica de Belo Monte, ignorando os direitos da população afetada

O Ibama, órgão ambiental brasileiro, outorgou a licença de operação do projeto, ignorando as evidências de descumprimento das condicionantes para garantir a vida, a saúde e a integridade de indígenas e demais populações afetadas.Altamira, Brasil. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) outorgou nesta terça-feira a licença de operação da hidrelétrica de Belo Monte, que permite que o enchimento do reservatório seja iniciado. A autorização foi dada apesar do descumprimento de condicionantes para garantia da vida, saúde e integridade física das populações afetadas pelo projeto, as mesmas que foram consideradas essenciais pelo órgão em um informe técnico datado do último dia 22 de setembro. A decisão do Ibama sequer faz referência às condicionantes para proteger as comunidades indígenas."Não podemos acreditar. Tudo é um crime e uma grande responsabilidade do Governo e do Ibama ao conferir licença a este monstro. A presidenta do Ibama esteve em Altamira no dia 5 de novembro e recebeu muitas denúncias; todos - ribeirinhos, representantes indígenas, pescadores, integrantes de movimentos - falaram dos impactos que estamos vivendo, e agora dão a licença com ainda mais condicionantes, apenas para que não sejam cumpridos", disse Antonia Melo, liderança do Movimento Xingu Vivo para Sempre, e desalojada pela represa.No último dia 12 de novembro, em um ofício enviado ao Ibama, o presidente da Fundação Nacional do Índio (Funai) concluiu que as condições para a proteção dos povos indígenas afetados pela represa não haviam sido cumpridas plenamente. Ainda assim, ele deixou os caminhos abertos para que o órgão ambiental outorgasse a licença de operação, "caso julgasse pertinente"."A autorização viola claramente os compromissos internacionais do Brasil em matéria de direitos humanos, especialmente quanto aos povos indígenas afetados que vivem na bacia do Rio Xingu, que estão protegidos por medidas cautelares outorgadas em 2011 pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e que o Estado Brasileiro segue sem cumprir", disse María José Veramendi, advogada da Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).A licença permite o preenchimento de duas barragens da represa sobre o Rio Xingu, afluente do Rio Amazonas. Ela é válida por seis anos, e está sujeita ao cumprimento das condicionantes, o que será supervisionado através de informes semestrais. As condicionantes deveriam ter sido cumpridas antes da outorga da última licença a Belo Monte."O licenciamento ambiental é uma forma de mitigar os efeitos, controlar os danos e minimizar os riscos que o empreendimento implica para a população e o meio-ambiente. Ao desrespeitar e flexibilizar os procedimentos de licenciamento, o Estado deixa que os interesses econômicos prevaleçam e nega seu dever de zelar pelo interesse público", salientou Raphaela Lopes, advogada da Justiça Global.AIDA, Justiça Global e a Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos têm argumentado em âmbito nacional e internacional que não existem condições para que a hidrelétrica de Belo Monte obtenha permissão para operar. Ainda é necessário a garantia de aspectos essenciais, como fornecimento e disponibilidade de água potável, saneamento básico, serviços de saúde e outros direitos mínimos à população afetada e removida.A luz verde para Belo Monte não poderia ter chegado em momento pior. Há poucos dias, em 05 de novembro, uma barragem de rejeitos de mineração da Samarco, empresa de propriedade da Vale e da BHP Billiton, se rompeu na cidade de Mariana, Minas Gerais, causando um dos maiores desastres ambientais do país. Uma inundação de lama e outros produtos químicos destruiu um povoado e deixou, até o momento, 12 mortos e 11 desaparecidos, afetando o abastecimento de água da região e destruindo a fauna e flora. O mar de lama chegou ao mar aberto. A licença de operação de uma das barragens da empresa estava vencida há dois anos.Ainda assim, a permissão de operação para Belo Monte acontece a poucos dias do início da 21ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática, em Paris, a mais decisiva até agora. A operação de Belo Monte emitirá gases que causam efeito estufa, como dióxido de carbono e metano, agravando assim a mudança climática. A autorização para o funcionamento de Belo Monte é, portanto, uma péssima mensagem do governo brasileiro, que ignora seus compromissos com os direitos humanos e com a mudança climática, gerando com esse projeto um exemplo de como não se deve produzir energia no Século XXI.

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Brasil autoriza operación de represa Belo Monte desconociendo los derechos de la población afectada

Para português, clique aquiLa autoridad ambiental otorgó la licencia de operación al proyecto ignorando la evidencia del incumplimiento de las condiciones para garantizar la vida, salud e integridad de indígenas y demás población afectada.Altamira, Brasil. El Instituto Brasileño de Ambiente y Recursos Naturales (IBAMA) otorgó hoy la licencia de operación a la represa Belo Monte, con lo cual puede comenzar su llenado. La autorización se hizo pese al incumplimiento de las condiciones para garantizar la vida, salud e integridad de la población afectada por el proyecto, mismas que la propia entidad consideró esenciales en un informe técnico del 22 de septiembre pasado. La decisión del IBAMA ni siquiera hace referencia a las condicionantes para proteger a las comunidades indígenas."No lo podemos creer. Todo es un crimen y una gran responsabilidad del Gobierno e IBAMA por la licencia a ese monstruo. La Presidenta de IBAMA estuvo en Altamira el 5 de noviembre y recibió muchas denuncias; todos —ribereños, representantes indígenas, pescadores, integrantes del movimiento— hablaron de los impactos que estamos viviendo, y ahora dan la licencia con más y más condicionantes, solo para que se incumplan", dijo Antonia Melo, lideresa del Movimiento Xingú Vivo para Siempre y desplazada por la represa.El pasado 12 de noviembre, en un oficio enviado al IBAMA, el presidente de la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) concluyó que las condiciones para la protección de los pueblos indígenas afectados por la represa no se habían cumplido plenamente. No obstante, le dio vía libre a la autoridad ambiental para otorgar la licencia de operación “en caso de que lo estime pertinente”.“La autorización viola claramente los compromisos internacionales de Brasil en materia de derechos humanos, especialmente respecto de los pueblos indígenas de la cuenca del río Xingú afectados por Belo Monte, quienes están protegidos por medidas cautelares otorgadas en 2011 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que el Estado brasileño sigue sin cumplir", dijo María José Veramendi, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).La licencia permite el llenado de los dos embalses de la represa sobre el río Xingú, tributario del Amazonas. Es válida por seis años y está sujeta al cumplimiento de condicionantes cuyo avance será supervisado a través de informes semestrales. Las condicionantes deberían haber sido cumplidas antes de considerar u otorgar la última licencia de Belo Monte.“El licenciamiento ambiental es una forma de mitigar los efectos, controlar los daños y minimizar los riesgos que el emprendimiento implica para la población y el medio ambiente. Al irrespetar y flexibilizar los procedimientos de licenciamiento, el Estado deja que los intereses económicos prevalezcan y niega su deber de velar por el interés público”, señaló Raphaela Lopes, abogada de Justiça Global.AIDA, Justiça Global y la Sociedad Paraense de Defensa de los Derechos Humanos hemos argumentado en los ámbitos nacional e internacional que no existen las condiciones para que la represa Belo Monte obtenga los permisos para operar. Sigue pendiente garantizar aspectos esenciales como el agua potable, el saneamiento, los servicios de salud y otros derechos mínimos a la población afectada y desplazada."La autorización de Belo Monte, proyecto implicado en escándalos de corrupción, contradice lo expresado por la Presidenta Rousseff hace unas semanas ante las Naciones Unidas, cuando aseguró que Brasil no tolerará la corrupción y que quiere un país donde los gobernantes se comporten estrictamente de acuerdo con sus deberes; esperamos que Brasil entre en razón y que sus acciones estén alineadas con sus discursos", sostuvo Astrid Puentes, codirectora de AIDA.La luz verde para Belo Monte no podría haber llegado en peor momento. Hace poco, el 5 de noviembre, dos represas de desechos mineros de Samarco, empresa propiedad de Vale y BHP Billiton, se rompieron en la ciudad de Mariana, Minas Gerais, causando una de las mayores tragedias ambientales del país. Una inundación de lodo y otros productos químicos arrasó con un poblado, dejó 11 muertos y 12 desaparecidos, afectó el abastecimiento de agua de la región, y destruyó fauna y flora. El mar de lodo llegó al mar abierto. Las licencias de operación de la empresa estaban vencidas hace dos años. Asimismo, el permiso de operación para Belo Monte tiene lugar a seis días de que inicie la 21ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático en París, la más decisiva hasta ahora. La operación de Belo Monte emitirá gases de efecto invernadero como dióxido de carbono y metano, agravando así el cambio climático.  Por ende, la autorización de Belo Monte es un pésimo mensaje del gobierno de Brasil que ignora sus compromisos en materia de derechos humanos y cambio climático, generando, con este proyecto, un ejemplo de cómo no debe producirse energía en el siglo XXI. 

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Belo Monte incumple condiciones para operar: concluye autoridad ambiental

Altamira, Brazil. El Instituto Brasileño de Ambiente y Recursos Naturales (IBAMA) publicó ayer el análisis técnico de la represa de Belo Monte concluyendo que las condiciones para otorgar la Licencia de Operación no se han cumplido.  Diez de las doce condiciones identificadas por IBAMA son consideradas esenciales para otorgar la licencia.  Hasta que el consorcio Norte Energia cumpla esas condiciones la continuidad del proyecto será interrumpida y el embalse no podrá comenzar a llenarse. "Recibimos positivamente la evaluación detallada de IBAMA para Belo Monte, una represa que ya ha causado graves impactos a los derechos humanos y al ambiente" dijo Astrid Puentes Riaño, codirectora de AIDA.  "En el futuro es crucial que todas las condiciones se cumplan integralmente y que existan medidas efectivas para proteger a las personas del Xingú y al ambiente, antes de otorgar la licencia".   Por más de cinco años, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) ha ayudado a organizaciones y a comunidades indígenas y locales en la dura lucha para denunciar las irregularidades del proyecto Belo Monte.  Las conclusiones de IBAMA reafirman los argumentos de quienes por años se han opuesto a la represa debido a los impactos socioambientales negativos.   "Si el gobierno de Brasil aprueba la licencia de operación sin antes garantizar la protección del ambiente y de los derechos humanos, estará violando sus compromisos internacionales", dijo María José Veramendi, abogada de AIDA.   AIDA y organizaciones aliadas hemos argumentado que no existen condiciones para la aprobación de las licencias de Belo Monte.  Siguen pendientes aspectos esenciales como agua potable, saneamiento y servicios de salud y la garantía de los derechos mínimos a la población desplazada.   En 2011 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares en favor de comunidades indígenas afectadas en la cuenca del río Xingú.  La gravedad de las violaciones a los derechos humanos se evidencia en un informe del Instituto Socioambiental (ISA) de Brasil, al que AIDA contribuyó, así como en información de autoridades gubernamentales de protección de pueblos indígenas, de salud y por el Ministerio Público Federal.   AIDA espera que el informe técnico de IBAMA sea seriamente atendido en la decisión final con respecto a la licencia de operación.  La negación de la licencia podría finalmente servir como un cambio positivo hacia futuros proyectos planeados en la Amazonía de Brasil y en toda la región, enviando un mensaje positivo que proyectos de desarrollo económico no pueden implicar violaciones a derechos humanos.

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