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Victoria: Corte Constitucional defiende el derecho a la consulta previa
El 23 de enero de 2008, la Corte Constitucional colombiana declaró inconstitucional la Ley Forestal, aprobada en 2006, por no haberse realizado la consulta previa que ordena el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), el cual fue adoptado por la normatividad nacional y en consecuencia obliga al Estado colombiano a su aplicación y cumplimiento.
Esta decisión es muy importante por varias razones: reitera la obligación del Estado de consultar con las comunidades indígenas, afrocolombianas y tribales las decisiones administrativas y legislativas que puedan afectarlas; brinda herramientas de análisis e interpretación del derecho fundamental a la consulta previa; y crea un precedente que puede ser usado en casos similares a nivel internacional.
Es ya evidente que muchos megaproyectos y decisiones administrativas y normativas (como la Ley Forestal), que son estratégicas para el desarrollo económico del país, son vistas por las comunidades afrodescendientes e indígenas y por los pueblos tribales como una amenaza a su arraigo territorial, a su identidad cultural y a la protección ambiental.
Según la Corte Constitucional, la consulta previa debió realizarse porque la ley en cuestión regula el tema forestal en su conjunto, y contiene normas “susceptibles de afectar las áreas en las que de manera general se encuentran asentadas las comunidades, lo cual a su vez puede repercutir en sus formas de vida y sobre la relación tan estrecha que mantienen con el bosque”.
Asimismo, la Corte reiteró que “No basta con adelantar procesos participativos en la elaboración de los proyectos de Ley sino que se debe realizar procesos de consulta que implican poner en conocimiento de las comunidades el proyecto de ley; ilustrarlas sobre su alcance y sobre la manera como podría afectarlas y darles oportunidades efectivas para que se pronunciaran sobre el mismo”.
A raíz de este pronunciamiento y del llamado por el respeto al derecho fundamental a la consulta previa, el Gobierno colombiano impulsó en 2009 un proyecto de Ley Estatutaria, que aún no se ha convertido en Ley de la República, para regular y garantizar este derecho. Paralelamente, el Ministerio de Agricultura inició la formulación de un nuevo proyecto de Ley Forestal que cumpla con el procedimiento de consulta previa.
Ambas acciones legales fueron presentadas por un grupo de estudiantes y profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes, Bogotá, con el apoyo de AIDA y luego de un trabajo conjunto realizado entre 2006 y 2007. El grupo contó también con el apoyo de organizaciones sociales como el Proceso de Comunidades Negras, la Organización Nacional Indígena (ONIC) y CENSAT Agua Viva.
Este grupo presentó otra acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley Forestal, por violar artículos de la Constitución que protegen el medio ambiente. Sin embargo, la Corte no se pronunció al respecto debido a que ya había determinado la declaración total de inconstitucionalidad (anulación) de la ley demandada por la falta de consulta a las comunidades indígenas y afro-colombianas.
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Por décadas, los océanos nos han protegido de los impactos del cambio climático, absorbiendo el 90% del exceso de calor provocado por el calentamiento global. Son fuente de alimento y de recursos genéticos con los que se producen medicamentos como aquellos que combaten el cáncer. Y, por si eso fuera poco, millones de familias dependen del turismo y otras actividades económicas relacionadas con el mar para subsistir. Pese a su importancia, gran parte de los océanos está desprotegida. Se trata de alta mar, las aguas internacionales que ocupan el 64% de la superficie total del océano, y que no están gobernadas por ningún país. Las medidas de gestión que sí existen por parte de ciertos organismos, dan lugar a un mosaico de protecciones sin ningún mecanismo de coordinación. El mes pasado, participé en la tercera reunión del Comité Preparatorio de Naciones Unidas, un proceso que busca crear un nuevo tratado, bajo la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, para proteger la vida en alta mar. La negociación busca, entre otras cosas, la creación y el manejo adecuado de Áreas Marinas Protegidas en alta mar, regiones que permitirían conservar y rescatar la rica biodiversidad albergada en los océanos. He estado involucrada desde la primera reunión del Comité. AIDA es miembro del High Seas Alliance, una coalición de organizaciones que participa activamente del proceso. También somos la única organización de Latinoamérica con representación en las reuniones. En la tercera reunión, los representantes de gobiernos de la región participaron de forma activa, expresando la necesidad de un acuerdo fuerte. Se espera que la siguiente reunión, prevista del 10 al 21 de julio, dé paso a una Conferencia Intergubernamental, instancia en la que se negociará el contenido del tratado. Protección a un costo muy alto Además de absorber la mayor parte del exceso de calor del planeta, los océanos absorben casi el 30% de todos los gases de efecto invernadero, los cuales son responsables del cambio climático. Esta protección natural les trae graves consecuencias. Al interactuar y absorber agentes contaminantes como el dióxido de carbono, los océanos sufren de acidificación —fenómeno que reduce los niveles de calcio, sustancia necesaria para las conchas de varias especies de fauna marina— y de pérdida de oxígeno, esencial para la vida bajo el mar. Esos impactos afectan, en consecuencia, la provisión de alimentos y la generación de fuentes de empleo en rubros como el pesquero y el turístico. A la luz del nuevo pacto climático, el Acuerdo de París, y de la negociación de este nuevo tratado para alta mar, los gobiernos deben hacer mucho más para proteger a los ecosistemas marinos de los impactos del cambio climático. Áreas Marinas Protegidas El Congreso de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza ha llamado a los gobiernos a proteger el 30% de los océanos mediante la creación de Áreas Marinas Protegidas y otras medidas para asegurar la salud de los mismos. Hace dos años, Palau, uno de los países más pequeños del planeta, dio un gran paso hacia el cumplimiento de la meta global de preservar nuestros mares. La nación isleña del Pacífico Norte, reconociendo los beneficios de una reserva marina totalmente protegida, designó al 80% de su territorio marítimo (el tamaño de España) como reserva en la que no puede haber pesca de arrastre, minería u otra actividad extractiva dañina. De ese modo, Palau protegió a las cerca de 1.300 especies de peces y 700 tipos de coral que viven en las aguas de ese rincón del mundo. En América Latina, países como Chile, Ecuador y Costa Rica han seguido el ejemplo de Palau y han salvaguardado áreas en sus aguas nacionales. Pero esas acciones necesitan incluir también a alta mar. Ese impulso debe seguir creciendo para desarrollar el nuevo tratado de alta mar y asegurar que el mismo incluya un proceso para establecer Áreas Marinas Protegidas, incluyendo reservas. En más de 10 años de trabajo como abogada ambiental, he aprendido una valiosa lección: toda la vida que nos rodea proviene de los océanos. Es hora de cuidarlos como ellos cuidan de nosotros.
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