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Victoria: Corte Constitucional defiende el derecho a la consulta previa
El 23 de enero de 2008, la Corte Constitucional colombiana declaró inconstitucional la Ley Forestal, aprobada en 2006, por no haberse realizado la consulta previa que ordena el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), el cual fue adoptado por la normatividad nacional y en consecuencia obliga al Estado colombiano a su aplicación y cumplimiento.
Esta decisión es muy importante por varias razones: reitera la obligación del Estado de consultar con las comunidades indígenas, afrocolombianas y tribales las decisiones administrativas y legislativas que puedan afectarlas; brinda herramientas de análisis e interpretación del derecho fundamental a la consulta previa; y crea un precedente que puede ser usado en casos similares a nivel internacional.
Es ya evidente que muchos megaproyectos y decisiones administrativas y normativas (como la Ley Forestal), que son estratégicas para el desarrollo económico del país, son vistas por las comunidades afrodescendientes e indígenas y por los pueblos tribales como una amenaza a su arraigo territorial, a su identidad cultural y a la protección ambiental.
Según la Corte Constitucional, la consulta previa debió realizarse porque la ley en cuestión regula el tema forestal en su conjunto, y contiene normas “susceptibles de afectar las áreas en las que de manera general se encuentran asentadas las comunidades, lo cual a su vez puede repercutir en sus formas de vida y sobre la relación tan estrecha que mantienen con el bosque”.
Asimismo, la Corte reiteró que “No basta con adelantar procesos participativos en la elaboración de los proyectos de Ley sino que se debe realizar procesos de consulta que implican poner en conocimiento de las comunidades el proyecto de ley; ilustrarlas sobre su alcance y sobre la manera como podría afectarlas y darles oportunidades efectivas para que se pronunciaran sobre el mismo”.
A raíz de este pronunciamiento y del llamado por el respeto al derecho fundamental a la consulta previa, el Gobierno colombiano impulsó en 2009 un proyecto de Ley Estatutaria, que aún no se ha convertido en Ley de la República, para regular y garantizar este derecho. Paralelamente, el Ministerio de Agricultura inició la formulación de un nuevo proyecto de Ley Forestal que cumpla con el procedimiento de consulta previa.
Ambas acciones legales fueron presentadas por un grupo de estudiantes y profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes, Bogotá, con el apoyo de AIDA y luego de un trabajo conjunto realizado entre 2006 y 2007. El grupo contó también con el apoyo de organizaciones sociales como el Proceso de Comunidades Negras, la Organización Nacional Indígena (ONIC) y CENSAT Agua Viva.
Este grupo presentó otra acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley Forestal, por violar artículos de la Constitución que protegen el medio ambiente. Sin embargo, la Corte no se pronunció al respecto debido a que ya había determinado la declaración total de inconstitucionalidad (anulación) de la ley demandada por la falta de consulta a las comunidades indígenas y afro-colombianas.
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El Vicepresidente de Países, Roberto Vellutini, mencionó al concluir el evento que el BID apoya a los Estados para fortalecer sus capacidades y que no financia ni financiará ningún proyecto minero. Si así lo hiciera, afirmó, se appcarían los más altos estándares. Estaremos pendientes. Llama la atención que países como Colombia, aún sabiendo que no están muy preparados, impulsen la minería como “locomotora del desarrollo”. ¿No habría que ajustarla antes de echarla a andar? Las perspectivas Volviendo al panel, aproximadamente 300 personas de ONG escucharon a Francesca Castellani del BID compartir información importante como: el precio del oro subió 633% en la última década (de US$300/oz. a US$1900/oz.); Perú y Colombia destinan casi todo el mercurio importado a la minería informal y son dos de los países más contaminados por este metal en el mundo. También oyeron a Bernardo Toro de AVINA, Colombia, referirse a la Mesa de Diálogo entre empresas mineras y organizaciones ambientapstas y de derechos humanos, en la cual AIDA participa recientemente; y a Juan Carlos Guajardo de CESCO resaltar cómo en Chile la minería ha sido esencial para el desarrollo. Ana María Vidal de Perú presentó al Grupo de Diálogo Minería y Desarrollo Sostenible, un espacio participativo en el que se comparte información hace 12 años. Hablé de nuestra experiencia en AIDA trabajando casos de minería regionalmente, resaltando elementos que considero vitales para comenzar cualquier diálogo hacia una minería responsable: Evitar re-inventar el agua tibia: Debemos aprender de las lecciones en América y el mundo para implementar mejores estándares y evitar repetir errores. Existen herramientas útiles como el “Marco Básico de Minería Sostenible”, pubpcado en 2005 por iniciativa de ONG para identificar mejores prácticas. 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Suena absurdo recordarlo, pero es necesario ante los múltiples casos que hemos visto en los que las normas se debiptan, modifican o se ignoran. Ejemplos hay varios. En Colombia se epminó en 2002 la exigencia de pcencias ambientales para la exploración; en Panamá se reemplazaron los estudios de impacto ambiental por la appcación de “mejores estándares” (medida anulada posteriormente); en Brasil el proyecto de Belo Sun, a desarrollarse a orillas del río Xingu, impactará directamente tierras indígenas, algo que el estudio de impacto ambiental no menciona. Ver más allá de nuestras narices: No todo es, ni puede ser minería. Primero, los ecosistemas amenazados por la minería, como los páramos y el Amazonas, son vitales para las comunidades que los habitan: garantizan su vivienda, apmentación y cultura, así como la biopersidad. Éstas regiones y los glaciares son esenciales para controlar el cambio cpmático. Segundo, hay que anapzar qué otras actividades se reapzan en estas áreas y qué alternativas de desarrollo existen; balancear los costos y beneficios sociales, ambientales y económicos, y tomar mejores decisiones. Tercero, las minas no son eternas, duran 12, 20 o 50 años…. Se debe prever que después del cierre existan garantías financieras suficientes para implementar medidas que, entre otras cosas, mitiguen los daños que los residuos podrían ocasionar. Es mi opinión y algo en lo que hemos insistido sistemáticamente en AIDA y en lo que continuaremos trabajando. Esperamos que el BID, otros bancos, los gobiernos y las organizaciones sigamos atentos, aprendamos y trabajemos juntos para evitar mayores daños que podrían y deberían evitarse. 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Leer másLa defensa de la tierra y el agua, causa del doble asesinato en Chihuahua
By Alejandro Cardenas, communications advisor AIDA, @cardenaslopeza A few days before his death, the environmental Ismael Solorio Urrutia had warned the Secretary of Government of Chihuahua, Raymundo Romero, the problems caused by the smear campaign against him and the Barzón, peasant organization to which he belonged, would grow. "If you do not put in the matter and do not give protection measures, could have deaths , " he said then. He had already received anonymous threats in this regard. The complaint lodged with the second most important man in the state did not resonate and, on October 22, Solorio Urrutia and his wife Manuela Solis Contreras were found dead in a nearby farm to a Mennonite camp north of Mexico, in the State Chihuahua. The main criticisms of the barzonistas are for the Federal Government, by the way allows the promotion of the field in a desert area, the irregular water use and permissions granted to mining companies in different parts of the country and in that state. Also they accused the local government of allowing employees to participate in the smear campaign against barzonistas and having orchestrated through a newspaper belonging to the Organización Editorial Mexicana (OEM) . The actions Solorio, one of the leaders barzonistas, and his wife performed were linked to the defense of the ecosystem. The couple questioned the theft of water in the catchment area of the river El Carmen and installation of the mining project "May 5" by the Canadian firm Mag Silver. The Barzón emerged after the crisis of 1995, triggered by the former president of Mexico Carlos Salinas de Gortari, and following which millions of Mexicans lost their land, homes and any type of credit by the devaluation of the currency. In the case of Chihuahua, your mobile is the defense of the land, because the organization has advocated for years. According to a text published on social networks and the Internet by Victor Quintana , another human rights activist and social leader of Chihuahua, Solorio "made three or four times the path of pisión North, covering three quarters of the Republic to sue the rescue field or renegotiation of NAFTA, or state that in agriculture there are also outraged or to report suffering hunger drought rarámuri brothers. " His fight The barzonistas defend the catchment area of the river El Carmen , a closed area decreed in 1957, in which hundreds of irregular uses and few results of federal actions are recorded. This is an area where "there can be superficial and underground exploitations" they say. Joaquín Solorio, brother of activist, told media persos few months before the double murder, the Barzón had placed each of the illegal logging in the watershed. They found for example in the river infrastructure developed mostly by Mennonites , through which retain water and do not allow to reach the dam Las Lajas. In a cross-checking, they found 154 in the public register of rights, which was denounced illegal wells to Conagua and Semarnat. The implementation in the area of the mining project called "May 5", which Solorio and his wife opposed, is the removal of lead, gold, silver, zinc and molybdenum. In fact, the vein in question is listed as a of the most important molybdenum in the country. A week before his murder, Serrano was hit by alleged employees of the Canadian mining company Mag Silver, which constantly identified by its operations , which do not have preventive report or an environmental impact. "They began to create a front against opponents of the project , there was prestige campaigns against him and his wife , " he complained a few days ago the brother of Ismael. He also stated that it was the newspaper the Heraldo de Chihuahua, OEM who participated in the campaign against Solorio, his family and the Barzón. According to the peasants, these actions were orchestrated by the media office. (With information from El Economista , Aristegui News and Process )
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