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Victoria: Corte Constitucional defiende el derecho a la consulta previa
El 23 de enero de 2008, la Corte Constitucional colombiana declaró inconstitucional la Ley Forestal, aprobada en 2006, por no haberse realizado la consulta previa que ordena el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), el cual fue adoptado por la normatividad nacional y en consecuencia obliga al Estado colombiano a su aplicación y cumplimiento.
Esta decisión es muy importante por varias razones: reitera la obligación del Estado de consultar con las comunidades indígenas, afrocolombianas y tribales las decisiones administrativas y legislativas que puedan afectarlas; brinda herramientas de análisis e interpretación del derecho fundamental a la consulta previa; y crea un precedente que puede ser usado en casos similares a nivel internacional.
Es ya evidente que muchos megaproyectos y decisiones administrativas y normativas (como la Ley Forestal), que son estratégicas para el desarrollo económico del país, son vistas por las comunidades afrodescendientes e indígenas y por los pueblos tribales como una amenaza a su arraigo territorial, a su identidad cultural y a la protección ambiental.
Según la Corte Constitucional, la consulta previa debió realizarse porque la ley en cuestión regula el tema forestal en su conjunto, y contiene normas “susceptibles de afectar las áreas en las que de manera general se encuentran asentadas las comunidades, lo cual a su vez puede repercutir en sus formas de vida y sobre la relación tan estrecha que mantienen con el bosque”.
Asimismo, la Corte reiteró que “No basta con adelantar procesos participativos en la elaboración de los proyectos de Ley sino que se debe realizar procesos de consulta que implican poner en conocimiento de las comunidades el proyecto de ley; ilustrarlas sobre su alcance y sobre la manera como podría afectarlas y darles oportunidades efectivas para que se pronunciaran sobre el mismo”.
A raíz de este pronunciamiento y del llamado por el respeto al derecho fundamental a la consulta previa, el Gobierno colombiano impulsó en 2009 un proyecto de Ley Estatutaria, que aún no se ha convertido en Ley de la República, para regular y garantizar este derecho. Paralelamente, el Ministerio de Agricultura inició la formulación de un nuevo proyecto de Ley Forestal que cumpla con el procedimiento de consulta previa.
Ambas acciones legales fueron presentadas por un grupo de estudiantes y profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes, Bogotá, con el apoyo de AIDA y luego de un trabajo conjunto realizado entre 2006 y 2007. El grupo contó también con el apoyo de organizaciones sociales como el Proceso de Comunidades Negras, la Organización Nacional Indígena (ONIC) y CENSAT Agua Viva.
Este grupo presentó otra acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley Forestal, por violar artículos de la Constitución que protegen el medio ambiente. Sin embargo, la Corte no se pronunció al respecto debido a que ya había determinado la declaración total de inconstitucionalidad (anulación) de la ley demandada por la falta de consulta a las comunidades indígenas y afro-colombianas.
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Hablemos del cierre y salida responsable de proyectos
Ningún proyecto minero, de extracción de combustibles fósiles y de generación de energía dura para siempre. Su vida útil está condicionada a factores internos, como la cantidad de reservas de los recursos, y externos, como la disminución de la demanda o problemas financieros, entre otros.Pero, sin importar la duración del proyecto o cómo esta pueda verse afectada, quienes lo promuevan —sean actores públicos o privados— deben prever un proceso de cierre y salida responsable con el entorno natural y con la sociedad, el cual tiene que ser deseado y promovido por todas las personas involucradas.Este asunto es aún más relevante en el contexto de las acciones necesarias para enfrentar la crisis climática, relacionadas en gran parte con la transición energética, la cual implica en términos generales sustituir los proyectos de extracción y uso de combustibles fósiles; así como promover energías renovables bajas en emisiones, que están asociadas a la extracción de minerales. En ambos escenarios, los temas de cierre y salida cobran gran importancia.En el primero, es necesario incluir en los proyectos vigentes obligaciones concretas y exigibles de cierre y salida responsable. En el segundo, estos requerimientos deben incluirse desde la etapa de planificación y la de prefactibilidad, integrándolos también las evaluaciones de impacto ambiental y en fases posteriores.En todos los proyectos, el rol de sus promotores, sean públicos o privados, es esencial. De igual forma, la obligación de supervisión y fiscalización de los Estados tiene mucha importancia para la protección y garantía de los derechos de quienes puedan verse afectados. En ocasiones, la responsabilidad de la salida incluye otros actores clave que forman parte de las cadenas de valor y suministro de los proyectos: inversionistas, financiadores, aseguradoras, proveedores, distribuidores y compradores, entre otros.Por lo señalado, la conversación en torno al cierre y salida responsable de proyectos es fundamental para abonar a la protección del ambiente y la gestión climática en América Latina.¿Qué entendemos por cierre y por salida de un proyecto?Todos los proyectos minero-energéticos tienen distintas fases a lo largo de su ciclo de vida: inicio, planificación, ejecución, seguimiento y control, cierre y poscierre. A su vez, tienen cadenas de suministro y de valor en las que participan —como dijimos— actores de diversos sectores.En este contexto, el cierre se refiere a la etapa de un proyecto en la cual este deja de operar y se da por finalizado. Por su parte, la salida se refiere a la decisión y posterior proceso en el cual los distintos actores de la cadena de valor y de suministro del proyecto, desde su propio rol, se desvinculan por completo de este. ¿Qué implica que un proceso de cierre y de salida sea responsable?Actualmente no existe un consenso sobre la definición y el alcance de los procesos de salida y de cierre de proyectos para que sean responsables y justos. En ocasiones, estos términos se utilizan de forma indiscriminada, lo que puede generar confusiones acerca de las responsabilidades de los actores involucrados y el alcance de los procesos que deben llevarse a cabo. Sin embargo, hay elementos que permiten explicar estos conceptos con precisión:El cierre responsable y justo de un proyecto es un proceso planificado, realizado con anticipación, que debe contemplarse desde las fases iniciales del proyecto y actualizarse constantemente según su desarrollo. Por medio del cierre responsable se garantiza un cese de actividades y un desmantelamiento planificado, coordinado y participativo, garantizando también el derecho a un ambiente sano. La planificación y el desarrollo de un plan de cierre deben estar enfocados en la gestión de riesgos, así como en la prevención y mitigación de impactos. Ello asegura un cierre responsable en el que las áreas afectadas puedan readecuarse y ser seguras tanto para la naturaleza como para las comunidades, permitiendo además que los ecosistemas recuperen sus funciones.La obligación general del promotor del proyecto es identificar en debida forma los impactos que este puede causar y dar cumplimiento adecuado y oportuno a las medidas aprobadas por el Estado en sus instrumentos de gestión ambiental.La principal obligación del Estado (además de su deber general de regulación) es supervisar y fiscalizar el proyecto para verificar el cumplimiento de las obligaciones del promotor, previniendo que se generen daños ambientales y/o sociales.El rol de los demás actores de la cadena de valor y de suministro es actuar con debida diligencia, utilizando su influencia para incentivar que el promotor del proyecto cumpla con sus obligaciones y, en caso de notar incumplimientos, tomar medidas desde su papel y capacidad de influencia para que se adopten las acciones correctivas necesarias.La salida responsable y justa se refiere al proceso llevado a cabo por los distintos actores de la cadena de valor y de suministro cuando deciden desvincularse por completo de un proyecto, atendiendo las responsabilidades propias de su rol, que implican cumplir sus obligaciones en materia de respeto y debida diligencia en derechos humanos.En América Latina, han existido avances importantes para regular aspectos vinculados con la autorización, el inicio y la puesta en marcha de proyectos minero-energéticos. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que existen importantes desafíos para que los procesos de cierre y salida sean responsables con los ecosistemas y comunidades intervenidas.Para conocer más del tema, consulta el informe El cierre y la salida responsable. Un requerimiento para la justicia ambiental y climática en América Latina
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La búsqueda internacional de justicia de las comunidades mapuches en Mendoza, Argentina
En un contexto de crisis climática mundial que ha profundizado las desigualdades existentes en América Latina, las comunidades del pueblo mapuche en Mendoza, Argentina, enfrentan múltiples amenazas que incrementan su vulnerabilidad climática y lesionan sus derechos.Una de estas actividades es la fractura hidráulica o fracking, un método de extracción de hidrocarburos ampliamente relacionado con impactos socioambientales. En Argentina, es empleado de forma extendida en el megaproyecto Vaca Muerta, emplazado en un territorio de aproximadamente 30,000 km², considerado la segunda reserva mundial de gas y la cuarta de petróleo no convencionales.Una porción significativa de Vaca Muerta se encuentra en territorio mendocino, donde el megaproyecto abarca 8,700 km². En esta provincia, las comunidades mapuches enfrentan además un complejo entorno político que pone en riesgo sus derechos territoriales e incluso su identidad. A esto se suman políticas públicas a nivel nacional que van en detrimento de los derechos indígenas en el país. Lo anterior responde a la intención de despojar a las comunidades de sus tierras para facilitar el avance del fracking y de otras actividades extractivas.Ante este panorama, el pueblo mapuche no está dispuesto a ceder en la defensa de sus derechos, sus modos de vida y su integridad territorial.La Organización Identidad Territorial Malalweche —que representa a más de 20 comunidades del pueblo mapuche en la provincia de Mendoza— ha recurrido a diferentes organismos internacionales para denunciar y visibilizar la crítica situación, así como buscar justicia. Este proceso de denuncia internacional incluye comunicaciones a la Relatoría Especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas y de ambiente y derechos humanos, así como la presentación de un escrito legal (amicus curiae) ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el marco de la opinión consultiva sobre emergencia climática y derechos humanos. Las múltiples afectaciones del frackingLa extracción de petróleo y gas mediante fracking en Vaca Muerta se realiza sobre territorios ancestrales del pueblo mapuche. El fracking es una técnica extrema de extracción que implica mayores impactos al ambiente, incluyendo mayores emisiones de gases de efecto invernadero. En las provincias de Neuquén y Río Negro, donde la explotación de Vaca Muerta se encuentra más extendida, los daños graves al ambiente y la población se están produciendo hace más de 10 años y continúan en aumento.Para las comunidades mapuches, los impactos del fracking van más allá de los daños físicos al entorno. Las actividades extractivas en sus territorios erosionan su capacidad de autodeterminación y afectan profundamente su bienestar psicológico y espiritual porque su relación con la tierra es fundamental para su identidad y cultura.Si bien el fracking en territorio mendocino está en una etapa inicial, con pocos pozos activos, las empresas y la provincia tienen planes de incrementarlo, a lo que se suma el crecimiento sostenido de la actividad en toda Vaca Muerta. Para ello necesitan mayores extensiones de terreno y disponibilidad de grandes cantidades de agua. En el contexto descrito, prácticas tradicionales como la trashumancia —un tipo de migración estacional en la que los pastores trasladan sus animales entre zonas de pastoreo en diferentes épocas del año— están gravemente amenazadas.El crecimiento de estas actividades, en el contexto actual de crisis hídrica y climática que atraviesa la región, aumenta la vulnerabilidad de estas comunidades y compromete su capacidad de seguir viviendo de manera sostenible en su entorno natural. Menores garantías para los derechos humanosComo estrategia para expandir la ocupación de territorios mapuches con actividades extractivas como el fracking, se han adoptado medidas regresivas que degradan el marco de protección de los derechos indígenas en Mendoza y en todo el país.Una de ellas es la declaración aprobada en marzo de 2023 por la Cámara de Diputados de Mendoza que cuestiona el estatus de los mapuches como pueblos originarios argentinos. Esto ha generado preocupación sobre las posibilidades de reconocimiento de sus derechos territoriales y el aumento de los desalojos que ya sufren.Además, a nivel nacional, se impulsan medidas complementarias que facilitan el desarrollo de actividades extractivistas por encima de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Entre ellas está el cierre por decreto del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, cuya misión era la promoción de políticas y medidas orientadas a una sociedad libre de discriminación. Esta medida implica un debilitamiento de la protección institucional de los derechos humanos.De manera similar, el gobierno anunció el cierre del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, dedicado a la promoción y defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Aunque la medida no se ha concretado, se eliminó su autonomía funcional y se eliminaron las áreas destinadas al reconocimiento de las comunidades y regularización de sus territorios. En la práctica, estas medidas impiden que estos pueblos ejerzan el derecho constitucional a sus tierras ancestrales.Aunado a ello, se derogó la Ley 26160, que suspendía los desalojos de pueblos indígenas mientras tramitaran su regularización territorial. La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, argumentó que no pueden existir leyes perpetuas que impidan los desalojos, pues "no puede haber derecho a usurpar". Los desalojos violentos contra comunidades originarias ya comenzaron. Acciones internacionales de defensaEn respuesta, las comunidades mapuches de Mendoza han mostrado una enorme capacidad de organización y resistencia. Han accedido a instancias internacionales para exponer su situación y exigir medidas concretas de autoridades locales y nacionales. Un ejemplo clave son las comunicaciones enviadas a las Relatorías de la ONU sobre los pueblos indígenas y de ambiente y derechos humanos para denunciar la persecución política y violaciones a sus derechos territoriales, enfatizando la complacencia de las autoridades con los intereses extractivistas. Estas denuncias se han centrado en la defensa de sus derechos frente al avance del fracking y otras actividades extractivas.Adicionalmente, las comunidades fueron parte del proceso de la opinión consultiva mediante la cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos esclarecerá las obligaciones de los Estados del continente para proteger los derechos humanos ante la crisis climática.La Organización Malalweche presentó un escrito legal (amicus curiae) y su representante dio testimonio en una audiencia pública ante el tribunal internacional para evidenciar que la extracción de hidrocarburos mediante fracking y la minería metalífera que se realiza en sus territorios limita sus capacidades de resiliencia frente a la crisis climática y profundiza la grave situación de escasez hídrica en la zona, poniendo en riesgo su supervivencia.Las comunidades Mapuche de Mendoza también dieron propuestas concretas de acción. Demandaron su inclusión en todos los procesos de consulta y toma de decisiones que afecten sus territorios, conforme al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Destacaron la importancia de incorporar su sabiduría tradicional en el desarrollo de políticas públicas para beneficiar a las comunidades indígenas y contribuir a soluciones más efectivas y sostenibles frente a los desafíos ambientales globales.Además, solicitaron la intervención de organismos multilaterales para exigir al Estado argentino garantizar la consulta previa, libre e informada y fortalecer los organismos nacionales encargados de proteger los derechos de los pueblos indígenas. Estas acciones de resistencia, respaldadas por organizaciones que defienden los derechos humanos y el ambiente, buscan garantizar no solo la protección de los territorios ancestrales del pueblo mapuche, sino también su derecho a vivir en paz, con dignidad y en armonía con su entorno natural. Su fin último es asegurar la autodeterminación de los pueblos indígenas, permitiéndoles gestionar sus tierras y recursos según sus cosmovisiones, profundamente conectadas con la conservación.El reconocimiento de los derechos de las comunidades mapuches, que incluye el cese en sus territorios de actividades extractivas como el fracking, es esencial para proteger su cultura, salud y subsistencia. Con su sabiduría ancestral, ofrecen un camino hacia el combate efectivo de la crisis climática, hacia un futuro más justo y sostenible.
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10 buenas noticias legales para la justicia y la lucha climática en 2024
Si algo hemos visto este año en el mundo es el avance de los litigios climáticos y la publicación de nuevas guías y mejores prácticas pensando en las futuras generaciones. Sabemos que la lucha climática muchas veces puede parecer agotadora, pero hoy te invitamos a tomar un respiro y celebrar los avances, las buenas noticias y las victorias que nos acercan a la justicia climática. 1. La emergencia climática llega a la Corte InteramericanaEste año llegó una pregunta muy importante a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH): ¿qué obligaciones tienen los Estados para proteger a las personas, en especial a quienes están en situación de vulnerabilidad, frente a los impactos de la crisis climática?Colombia y Chile solicitaron una opinión consultiva a la Corte para responder esta pregunta. Y, para ello, la Corte llamó a audiencias públicas que tuvo una participación sin precedentes. AIDA participó como expositores y ayudamos con 15 escritos a comunidades, organizaciones y alianzas de la sociedad civil. Esperamos su pronunciamiento en el primer semestre de 2025.Conoce más de las voces del territorio que llegaron a la Corte. 2. El clima, en el fallo histórico por el ambiente sano por la Corte InteramericanaEn marzo, la CorteIDH encontró al Estado peruano culpable de violar los derechos al ambiente sano, la salud, la integridad personal, la vida digna, el acceso a la información, la participación política, las garantías judiciales y a la protección judicial de habitantes de la ciudad de La Oroya, además del derecho a la niñez. Fue una decisión sin precedentes, por no haber actuado oportuna y efectivamente para proteger a las y los habitantes de niveles extremos de contaminación provenientes de un complejo metalúrgico que ha operado en su comunidad por casi 90 años. En el fallo el tribunal resaltó la relación entre la protección de la niñez y las acciones contra la emergencia climática, señalando que proteger a los niños y niñas implica adoptar acciones efectivas para prevenir y mitigar los riesgos a su salud producidos por la emisión de gases contaminantes que contribuyen al cambio climático.Conoce más de los aportes jurídicos. 3. El mayor juicio por impactos climáticos en BrasilEn julio, un ganadero fue condenado a pagar más de 50 millones de dólares por destruir parte de la selva amazónica brasileña, además se le ordenó restaurar la zona afectada. La decisión se considera un hito en la lucha contra la deforestación ilegal en el país y sienta un precedente para futuras acciones legales. Se trata de la mayor demanda presentada hasta la fecha por daños a la selva solicitada por la fiscalía general de Brasil. Fue presentado por el Instituto Brasileño del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (IBAMA) y busca compensar el daño al clima causado por la emisión de gases de efecto invernadero por la quema de vegetación y la pérdida de sumideros de carbono, por la tala. La corte destacó la importancia de hacer responsables a los infractores y restaurar el ecosistema de la Amazonía.Conoce más: The Guardian y Climate Case Chart. 4. Victoria histórica para países insulares en el Tribunal Internacional del Derecho del MarLas pequeñas naciones insulares obtuvieron una contundente victoria en el Tribunal Internacional de Derecho del Mar (ITLOS). El fallo, emitido de forma unánime, establece que las 169 naciones firmantes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar tienen la obligación de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, al considerarlas contaminación marina. Esta decisión fortalece la lucha de los Estados insulares, que, pese a ser los menos responsables de la crisis climática, enfrentan sus peores consecuencias. El fallo marca un precedente global al subrayar que cumplir con el Acuerdo de París no es suficiente, y exige medidas concretas y rendición de cuentas por parte de las grandes potencias.Conoce más: Grist, EuroNews y Alto Comisionado de Derechos Humanos. 5. Un fallo impulsa la regulación de bonos de carbono en territorios indígenasLa Corte Constitucional de Colombia emitió un fallo que resalta la importancia de proteger los derechos de las comunidades indígenas en los proyectos de bonos de carbono, en un caso relacionado con el territorio indígena Pirá Paraná. La sentencia, que defiende la autodeterminación de las comunidades, subraya la necesidad de una regulación más clara y con un enfoque que garantice su participación y el respeto en estos proyectos. La decisión fue recibida como un paso positivo tanto por las comunidades indígenas como por los actores del mercado de carbono, quienes consideran que este fallo proporciona mayor seguridad jurídica y fortalece la sostenibilidad de los proyectos de conservación ambiental.Conoce más: La Silla Vacía y Corte Constitucional. 6. México reconoce primeros desplazados climáticos y ordena reubicación En un hecho sin precedentes en México, las primeras familias desplazadas por el cambio climático han sido realojadas en nuevas viviendas en Tabasco. Los habitantes de El Bosque, una comunidad pesquera afectada por la erosión marina, recibieron 51 casas del Gobierno federal, marcando el inicio de un reconocimiento oficial al impacto climático en la región. Tras años de incertidumbre, estas familias, que vieron cómo el mar engullía su hogar, describen su reubicación como “un sueño cumplido”. Aunque queda trabajo por hacer para censar a todos los afectados, este paso representa un avance crucial hacia la justicia climática y la protección de las comunidades vulnerables.Fuentes: Nuestro Futuro, Greenpeace y El País. 7. Un compromiso global para alejarse de los combustibles fósilesLa Asamblea General de la ONU aprobó el Pacto para el Futuro, un acuerdo que reafirma el compromiso de miembros para avanzar en la transición hacia energías renovables. Este pacto, resultado de años de negociación, establece objetivos claros como triplicar la capacidad global de energía renovable y duplicar la eficiencia energética antes de 2030. Además, se compromete a un “desmantelamiento justo” de los combustibles fósiles, reconociendo la necesidad de un cambio global hacia un sistema energético más limpio y sostenible. Aunque aún queda por ver cómo se implementarán estos objetivos, el acuerdo marca un avance significativo para reducir el uso de combustible fósiles.Conoce más: Pacto por el Futuro y EuroNews. 8. Corea del Sur reconoce la crisis climática una cuestión constitucional En una sentencia histórica, el Tribunal Constitucional de Corea declaró inconstitucionales algunas partes de la Ley de Neutralidad de Carbono debido a que la norma no establece objetivos de reducción de gases de efecto invernadero más allá de 2030, trasladando así el peso de la acción climática a las generaciones futuras. Se trata de un avance significativo para el litigio climático a nivel mundial porque es la primera vez que la crisis climática es reconocida como una cuestión de derechos constitucionales en el país y que se reconocen los derechos de las generaciones futuras.Conoce más en la Plataforma de Litigio Climático. 9. ONU lanza principios para priorizar la justicia en la transición energética El Panel de las Naciones Unidas sobre Minerales Críticos para la Transición Energética emitió recomendaciones clave para garantizar una gestión justa, equitativa y sostenible de estos minerales esenciales para la transición hacia energías renovables. En su informe, subraya la importancia de priorizar los derechos humanos y la justicia social, especialmente en regiones como América Latina, donde se encuentran grandes reservas de estos minerales. La propuesta incluye siete principios rectores, que abarcan desde la protección ambiental hasta la cooperación internacional, con el objetivo de promover el desarrollo sostenible y la equidad en los países en desarrollo.Conoce más: AIDA y Principios de la ONU. 10. La crisis climática llega a la Corte Internacional Cerramos el año con audiencias en la Corte Internacional acerca de las obligaciones legales de los gobiernos para proteger el ambiente y frenar el cambio climático. Impulsado por un grupo de estudiantes de derecho de Vanuatu, este caso podría establecer precedentes legales clave para la acción global contra el cambio climático. Se espera que la CIJ emita una opinión consultiva en 2025, la cual podría fortalecer la cooperación internacional y la asistencia a países vulnerables, promoviendo un enfoque más efectivo para enfrentar los desafíos climáticos y proteger los derechos humanos.Fuente: The Conversation. BONUS: La Plataforma de Litigio Climático sigue creciendo Con tantos avances en el mundo que pueden servir de inspiración y ejemplo, la Plataforma de Litigio Climático para América Latina y el Caribe sigue creciendo en información, integrantes y buscando más casos. Este proyecto, fruto de trabajo colaborativo de organizaciones y especialistas, es un esfuerzo para seguir impulsando el litigio climático y apoyar a quien lo necesite conocer más y trabajar por la justicia ambiental.
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