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Victoria: Corte Constitucional defiende el derecho a la consulta previa
El 23 de enero de 2008, la Corte Constitucional colombiana declaró inconstitucional la Ley Forestal, aprobada en 2006, por no haberse realizado la consulta previa que ordena el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), el cual fue adoptado por la normatividad nacional y en consecuencia obliga al Estado colombiano a su aplicación y cumplimiento.
Esta decisión es muy importante por varias razones: reitera la obligación del Estado de consultar con las comunidades indígenas, afrocolombianas y tribales las decisiones administrativas y legislativas que puedan afectarlas; brinda herramientas de análisis e interpretación del derecho fundamental a la consulta previa; y crea un precedente que puede ser usado en casos similares a nivel internacional.
Es ya evidente que muchos megaproyectos y decisiones administrativas y normativas (como la Ley Forestal), que son estratégicas para el desarrollo económico del país, son vistas por las comunidades afrodescendientes e indígenas y por los pueblos tribales como una amenaza a su arraigo territorial, a su identidad cultural y a la protección ambiental.
Según la Corte Constitucional, la consulta previa debió realizarse porque la ley en cuestión regula el tema forestal en su conjunto, y contiene normas “susceptibles de afectar las áreas en las que de manera general se encuentran asentadas las comunidades, lo cual a su vez puede repercutir en sus formas de vida y sobre la relación tan estrecha que mantienen con el bosque”.
Asimismo, la Corte reiteró que “No basta con adelantar procesos participativos en la elaboración de los proyectos de Ley sino que se debe realizar procesos de consulta que implican poner en conocimiento de las comunidades el proyecto de ley; ilustrarlas sobre su alcance y sobre la manera como podría afectarlas y darles oportunidades efectivas para que se pronunciaran sobre el mismo”.
A raíz de este pronunciamiento y del llamado por el respeto al derecho fundamental a la consulta previa, el Gobierno colombiano impulsó en 2009 un proyecto de Ley Estatutaria, que aún no se ha convertido en Ley de la República, para regular y garantizar este derecho. Paralelamente, el Ministerio de Agricultura inició la formulación de un nuevo proyecto de Ley Forestal que cumpla con el procedimiento de consulta previa.
Ambas acciones legales fueron presentadas por un grupo de estudiantes y profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes, Bogotá, con el apoyo de AIDA y luego de un trabajo conjunto realizado entre 2006 y 2007. El grupo contó también con el apoyo de organizaciones sociales como el Proceso de Comunidades Negras, la Organización Nacional Indígena (ONIC) y CENSAT Agua Viva.
Este grupo presentó otra acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley Forestal, por violar artículos de la Constitución que protegen el medio ambiente. Sin embargo, la Corte no se pronunció al respecto debido a que ya había determinado la declaración total de inconstitucionalidad (anulación) de la ley demandada por la falta de consulta a las comunidades indígenas y afro-colombianas.
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Cetáceos y salmonicultura: ¿Cómo impacta la industria a nuestros gentiles gigantes marinos?
Chile es por naturaleza un país de cetáceos. De las 94 especies de cetáceos existentes en el mundo, 43 tienen su hábitat en las aguas del país. Y 26 de ellas, un 28% del total mundial, habitan la Patagonia. Pero Chile es también, desde hace poco, un país de salmones, ocupando el segundo lugar en producción mundial, solo superado por Noruega. La superposición de la industria salmonera con el hábitat de estos emblemáticos mamíferos marinos representa una amenaza significativa para los cetáceos en Chile de la cual no se conoce suficiente.Los recientes sucesos de muertes de ballenas en zonas protegidas de los mares australes chilenos nos obligan a preguntarnos por qué están muriendo y cómo les afecta esta creciente industria con la que comparten hábitat.La sociedad civil está reaccionando. A comienzos de noviembre de 2024, Greenpeace —junto con la comunidad Kawésqar Grupos Familiares Nómadas del Mar y con el respaldo de AIDA— presentó dos querellas criminales contra quienes resulten responsables de la muerte de ballenas jorobadas al interior de áreas protegidas.Estas acciones legales, que ya fueron declaradas admisibles, representan un hito inédito en la historia penal del país pues en ellas se utilizan por primera vez las modificaciones introducidas por la Ley 21.595 de Delitos Económicos y Medioambientales al Código Penal para iniciar una querella por posibles infracciones ocurridas al interior de áreas protegidas.En este contexto, AIDA, junto con Greenpeace y ONG FIMA —aliadas históricas en la resistencia a la expansión de la salmonicultura en las aguas de la Patagonia chilena—, encargaron un informe científico —denominado Cetáceos y salmonicultura: Desafíos para la protección de la biodiversidad marina en la Patagonia chilena— para poner sobre la mesa la información disponible sobre los impactos de la salmonicultura en los cetáceos de la Patagonia chilena. Los resultados son alarmantes: se identificaron riesgos graves, además de una falta de datos que dificulta entender la magnitud y consecuencias de las amenazas.Uno de los impactos más evidentes es la captura incidental de pequeños y grandes cetáceos en los centros de cultivo. Existen casos documentados de enmallamiento y muertes, aunque la falta de registros oficiales dificulta dimensionar la gravedad del problema.El intenso tráfico marítimo en la Patagonia, vinculado en gran parte a la industria salmonera, representa otra amenaza significativa. Aunque en Chile no existen cifras oficiales al respecto, hay evidencia de muertes y lesiones graves resultantes de colisiones entre embarcaciones y cetáceos. Además, el ruido submarino generado por los motores de las embarcaciones afecta la salud y bienestar de los cetáceos, que dependen del sonido para comunicarse y orientarse.A estos se suman otros problemas de la industria, cuyos efectos sobre ballenas y delfines no han sido suficientemente estudiados, pero que debemos considerar mientras se generan los estudios pertinentes. Uno de ellos es la fuga de salmónidos, que compiten con las especies nativas por los recursos alimenticios y posiblemente les transmiten enfermedades que podría afectar sobre todo a los cetáceos más pequeños, por la reducción en la disponibilidad de presas que les sirven de alimento. La contaminación por microplásticos, originada en un 40% por los centros de cultivo de salmones, representa otra preocupación ambiental poco investigada respecto de su impacto en los cetáceos. Y el uso excesivo de antibióticos en la salmonicultura chilena, una de las tasas más altas del mundo, podría estar teniendo efectos indirectos negativos en los ecosistemas que son hábitat de estos mamíferos marinos.Finalmente, uno de los impactos ambientales más significativos de la industria salmonera en los hábitats de la Patagonia chilena es la generación de hipoxia y anoxia, debido al exceso de materia orgánica de los centros de cultivo, proveniente de las fecas de los salmones y de la comida no consumida que cae al lecho marino. La degradación de esta materia consume el oxígeno del agua, generando zonas en el mar donde la vida se dificulta o imposibilita.Esperamos que este informe llene el vacío de información que, ante las recientes muertes de ballenas, se ha vuelto incómodo y hasta insostenible.Con esta evidencia podremos impulsar una respuesta del gobierno hacia la rápida implementación de medidas de protección efectivas para los cetáceos, aún en un escenario de conocimiento limitado.Chile es país de cetáceos, y como sus guardianes, debemos asegurar que nuestras aguas sean un espacio seguro para su desarrollo y bienestar. Lee y descarga el informe completo
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El Cierre y la Salida Responsable
Un requerimiento para la justicia ambiental y climática en América Latina Ningún proyecto de extracción de recursos naturales (materia o energía) dura para siempre. Su vida útil está sujeta a muchas variables, que incluyen factores endógenos —como la cantidad de reservas de los recursos o la tasa de extracción— y factores exógenos —como las decisiones para atender la crisis climática, la disminución en la demanda, los problemas financieros, etc.— que condicionan el momento en que el proyecto debe cerrar o el momento en el cual un actor de su cadena de valor y de suministro debe salir. Sin importar la duración de la vida útil del proyecto o como pueda verse afectada, se debe contemplar un proceso de cierre responsable con el entorno natural y la sociedad, el cual tiene que ser deseado y promovido por todos los actores involucrados.Este asunto es aún más relevante en el contexto de crisis climática que estamos viviendo, que hace urgente la puesta en marcha de medidas para gestionarla en el corto, mediano y largo plazo. Muchas de las acciones requeridas para cumplir con las metas de mitigación de gases de efecto invernadero (GEI) están relacionadas con la transición energética, la cual implica, en términos generales, al menos dos cosas: 1) la sustitución de los proyectos de extracción y uso de combustibles fósiles y 2) la promoción de energías renovables bajas en emisiones, que están asociadas a la extracción de minerales. En ambos escenarios, los temas de cierre y salida cobran una gran importancia.Tanto en los proyectos de extracción como en los de generación, el rol de sus promotores, sean públicos o privados, es esencial. De igual forma, la obligación de supervisión y fiscalización de los Estados tiene mucha importancia para la protección y garantía de los derechos de quienes puedan verse afectados. En ocasiones, la responsabilidad de la salida incluye otros actores clave que hacen parte de las cadenas de valor y suministro de los proyectos: inversionistas, aseguradoras, distribuidores y compradores, entre otros.En América Latina, han existido avances importantes para regular aspectos vinculados con la autorización, el inicio y la puesta en marcha de proyectos minero-energéticos. En estas fases, principios en materia ambiental como el de prevención y el de precaución, además de derechos como la consulta previa y el consentimiento previo libre e informado, y los derechos de acceso, han tenido un rol crucial en la determinación de la viabilidad y el avance de los proyectos, así como en la protección y garantía de los derechos de las comunidades de la región. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que existen importantes desafíos para que los procesos de cierre y salida sean responsables con los ecosistemas y comunidades intervenidas. En efecto, la falta de un proceso de cierre, así como de claridad sobre las obligaciones alrededor de los procesos de transición social y superación de las condiciones de dependencia económica, son obstáculos complejos que pueden agudizar los impactos ambientales y sociales. Este informe surge con la idea de proponer enfoques basados en el derecho y la ciencia para abordar el cierre y la salida responsable de los proyectos. Con ese propósito, en la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), en el período 2022-2024, entrevistamos a diversos actores1 y sistematizamos 12 casos que ejemplifican la problemática situación de múltiples proyectos de extracción de combustibles fósiles, de minerales y de generación de energía, que se encuentran en fase de cierre o en procesos de salida en diferentes países de la región. Estos casos evidencian los actuales desafíos y vacíos legales, técnicos y administrativos sobre el cierre y la salida en contextos específicos.Con la publicación, buscamos dar respuestas a las siguientes preguntas: ¿qué se entiende por cierre y salida de un proyecto?, ¿cuáles son los fundamentos de las obligaciones de cierre y salida desde el derecho internacional?, ¿cómo deben ser el cierre y la salida?, ¿quiénes deben participar en estos procesos? y ¿cómo se deben atender los desafíos e impactos en materia social, ambiental, económica y de derechos humanos que se derivan de ellos? Lee y descarga el informe
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Organizaciones y comunidades alertan a la CIDH sobre los impactos a los derechos humanos de la extracción de minerales para la transición energética
Expondrán en audiencia pública información sobre las afectaciones a territorios y comunidades de América Latina a raíz de la expansión e intensificación de la extracción de litio y otros minerales utilizados para la generación de energías renovables. Washington DC. El 15 de noviembre, en una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), representantes de organizaciones nacionales y regionales, junto con miembros de comunidades y pueblos indígenas, presentarán información actualizada sobre cómo el incremento exponencial en la demanda y extracción de minerales para la transición ha causado graves problemáticas de derechos humanos como parte de un proceso de transición planteado únicamente como cambio de matriz energética, incapaz de superar las inequidades en la producción y el consumo de energía, particularmente en el sur global.Los minerales para la transición (como el litio, cobre, cadmio y cobalto, entre otros) —también llamados minerales “críticos”— han sido propuestos en múltiples espacios de discusión global como una de las principales soluciones a la crisis climática, pues son utilizados en el desarrollo de tecnologías para la generación de energías renovables y, en consecuencia, para reducir o reemplazar el uso de combustibles fósiles. Gran parte de las reservas de estos minerales se encuentran en América Latina, en territorios con gran diversidad biocultural.En la audiencia, las y los participantes expondrán las amenazas principales que la minería para la transición energética implica para los derechos de pueblos indígenas y comunidades locales; el derecho a un ambiente sano; el acceso a la información ambiental, a la participación ciudadana y a la justicia. Además, a través de testimonios, se presentarán casos concretos de vulneración de derechos humanos en el contexto de la extracción de minerales para la transición.Estas afectaciones ocurren ya en países como Argentina, Bolivia y Chile —que concentran cerca del 53% de los yacimientos conocidos de litio a nivel mundial en sus humedales andinos, ecosistemas sumamente frágiles y con escasez hídrica—; en Chile y Perú, donde tiene lugar el 40% de la extracción de cobre; y en la Amazonía colombiana, donde las concesiones, solicitudes de explotación y extracción ilegal de minerales de transición vulneran los derechos de pueblos indígenas.Diferentes organismos internacionales se han pronunciado frente a las violaciones de derechos humanos ligadas a los procesos de respuesta a la crisis climática, particularmente a los de transición energética. En septiembre, el Panel de la ONU sobre Minerales Críticos para la Transición Energética emitió una serie de recomendaciones y principios voluntarios para que gobiernos, industrias y otras partes interesadas garanticen una gestión equitativa, justa y sostenible de estos minerales. Estos lineamientos están orientados a que el paso a las energías renovables esté basado en la justicia y la equidad, y a que promueva el desarrollo sostenible, el respeto a las personas y la protección del ambiente en los países en desarrollo.La audiencia se realizará en el marco del 191º período de sesiones de la CIDH. Fue solicitada por la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), la Fundación Gaia Amazonas y las organizaciones que integran la Alianza por los Humedales Andinos: la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), organización regional; la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Asamblea PUCARÁ de Argentina; el Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) y el Colectivo de Derechos Humanos Empodérate de Bolivia; ONG FIMA, Defensa Ambiental y Fundación Tantí de Chile.La audiencia se realizará de 9:00 a 10:30 horas (tiempo de Washington DC) y será transmitida vía Zoom, lo cual requiere un registro previo en el siguiente enlace: https://www.zoomgov.com/webinar/register/WN_dsEZdrDqSyOA8-i7ikveJQ#/registration Citas de representantes de organizaciones y comunidades Verónica Chávez, referente de las comunidades de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, Argentina:"Todos los que integramos la cuenca de Salinas Grande estamos viviendo una situación de afectación de nuestro derecho. Esperamos que la CIDH pueda resolver esta situación porque es gravísimo, porque están dañando a nuestros territorios, a los seres vivos y a la misma naturaleza". Liliana Ávila, directora del Programa de Derechos Humanos y Ambiente en la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA):"La transición energética en nuestros países debe ser una oportunidad para avanzar hacia procesos de producción y distribución de energía más justos y equitativos. El marco de los derechos humanos y el rol del sistema internacional de protección es fundamental para ese propósito. Es muy importante que la Comisión Interamericana siga de cerca este proceso y promueva la protección de los derechos humanos". Verónica Gostissa, abogada de la Asamblea Pucará de Catamarca, Argentina:“Vivimos una grave afectación de derechos en nuestro territorio, la provincia de Catamarca, Argentina, que se refleja, en primer lugar, en el visible impacto ambiental. Desde 1997, el extractivismo de litio ha provocado daños ambientales significativos, incluyendo la desecación de un brazo de la vega del río Trapiche, un daño que persiste hasta hoy. De ese río dañado, siguen extrayendo agua, pese al reconocimiento del daño por parte de la empresa y las autoridades gubernamentales. También se observan afectaciones en el acceso a la información pública, la participación y la consulta y el acceso a la justicia. Durante años, se aprobaron proyectos extractivos sin procedimientos adecuados y, aunque la acción judicial impulsada por la comunidad indígena Atacameños del Altiplano impulsó una regulación, esta no cumple con los estándares de consulta indígena efectiva. Además, en un mismo territorio, el Salar del Hombre Muerto, se desarrollan más de 10 proyectos de litio, sin ninguna evaluación de impacto acumulativo e integral hasta la fecha”. Vivian Lagrava Flores, coordinadora del Colectivo de Derechos Humanos EMPODÉRATE, Bolivia:"Las comunidades indígenas rechazan los proyectos mineros, pueden incluso emitir sus resoluciones y decirlo alto en el proceso de consulta minera, pero sus decisiones no son vinculantes para los gobiernos. Se incumplen estándares internacionales y se legitiman el avasallamiento de los territorios y la imposición de derechos mineros con discursos de progreso y desarrollo; sin embargo, no es desarrollo desde la visión de los pueblos indígenas, ni desde la nuestra". Lady Sandón, representante de la Unidad de Medio Ambiente del Consejo de Pueblos Atacameños, Chile:"Existe mucho desconocimiento del derecho para el pueblo originario/indígena, eso le favorece al Estado y es por eso que los habitantes del pueblo, al desconocer, no hacen valer sus garantías. Las instituciones estatales vulneran los aspectos sociales, medioambientales, culturales; a veces ocupan a la propia gente indígena para ocasionar división y tener adeptos u operadores políticos y operadores mineros que fomentan el cambiar el pensamiento de la memoria genética que tenemos como pueblo originario. Espero que podamos revisar la situación de la justicia indígena ancestral como mecanismo que antiguamente establecía correcciones para que se respetaran valores y principios del BUEN VIVIR". Daniel Cerqueira, director de programa de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF):"Esta audiencia es una oportunidad para que la Comisión Interamericana aclare los parámetros de actuación tanto de los Estados como de las empresas, aplicables a la gestión de los minerales de transición. Es imperativo contar con obligaciones específicas en la materia, pues las violaciones de derechos humanos derivadas de la extracción de estos minerales es una realidad que tiende a agravarse en varios países de la región". Juan Sebastian Anaya, asesor de incidencia de la Fundación Gaia Amazonas (Colombia):"Los gobiernos indígenas de la Amazonía ejercen su autoridad territorial y ambiental de acuerdo con la Ley de Origen, que orienta sus sistemas de conocimiento y los principios de relacionamiento con los elementos del territorio, como los minerales. La descarbonización de la matriz energética para mantener estándares de consumo en el norte global no debe hacerse a costa de territorios indígenas y de comunidades que los protegen, gobiernan y hacen que florezcan con sus prácticas cotidianas".Contactos de prensaVíctor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +52 5570522107Rocío Wischñevsky (Argentina), FARN, [email protected], +54 91159518538 Karen Arita (México), DPLF, [email protected], +52 442 471 9626
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