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Victoria: Corte Constitucional defiende el derecho a la consulta previa
El 23 de enero de 2008, la Corte Constitucional colombiana declaró inconstitucional la Ley Forestal, aprobada en 2006, por no haberse realizado la consulta previa que ordena el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), el cual fue adoptado por la normatividad nacional y en consecuencia obliga al Estado colombiano a su aplicación y cumplimiento.
Esta decisión es muy importante por varias razones: reitera la obligación del Estado de consultar con las comunidades indígenas, afrocolombianas y tribales las decisiones administrativas y legislativas que puedan afectarlas; brinda herramientas de análisis e interpretación del derecho fundamental a la consulta previa; y crea un precedente que puede ser usado en casos similares a nivel internacional.
Es ya evidente que muchos megaproyectos y decisiones administrativas y normativas (como la Ley Forestal), que son estratégicas para el desarrollo económico del país, son vistas por las comunidades afrodescendientes e indígenas y por los pueblos tribales como una amenaza a su arraigo territorial, a su identidad cultural y a la protección ambiental.
Según la Corte Constitucional, la consulta previa debió realizarse porque la ley en cuestión regula el tema forestal en su conjunto, y contiene normas “susceptibles de afectar las áreas en las que de manera general se encuentran asentadas las comunidades, lo cual a su vez puede repercutir en sus formas de vida y sobre la relación tan estrecha que mantienen con el bosque”.
Asimismo, la Corte reiteró que “No basta con adelantar procesos participativos en la elaboración de los proyectos de Ley sino que se debe realizar procesos de consulta que implican poner en conocimiento de las comunidades el proyecto de ley; ilustrarlas sobre su alcance y sobre la manera como podría afectarlas y darles oportunidades efectivas para que se pronunciaran sobre el mismo”.
A raíz de este pronunciamiento y del llamado por el respeto al derecho fundamental a la consulta previa, el Gobierno colombiano impulsó en 2009 un proyecto de Ley Estatutaria, que aún no se ha convertido en Ley de la República, para regular y garantizar este derecho. Paralelamente, el Ministerio de Agricultura inició la formulación de un nuevo proyecto de Ley Forestal que cumpla con el procedimiento de consulta previa.
Ambas acciones legales fueron presentadas por un grupo de estudiantes y profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes, Bogotá, con el apoyo de AIDA y luego de un trabajo conjunto realizado entre 2006 y 2007. El grupo contó también con el apoyo de organizaciones sociales como el Proceso de Comunidades Negras, la Organización Nacional Indígena (ONIC) y CENSAT Agua Viva.
Este grupo presentó otra acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley Forestal, por violar artículos de la Constitución que protegen el medio ambiente. Sin embargo, la Corte no se pronunció al respecto debido a que ya había determinado la declaración total de inconstitucionalidad (anulación) de la ley demandada por la falta de consulta a las comunidades indígenas y afro-colombianas.
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La oportunidad de un alto tribunal en Perú para combatir los derrames de petróleo en la Amazonía
En 2014, debido a una fuga en el Oleoducto Norperuano, 2.500 barriles de petróleo fueron vertidos a la Quebrada de Cuninico, provincia de Loreto, en el corazón de la Amazonía. Las consecuencias del derrame persisten hasta hoy, afectando la vida e integridad de las comunidades nativas de San Francisco, Nueva Esperanza, Cuninico y Santa Rosa, cuyos habitantes sufren para encontrar agua limpia y desarrollar sus cultivos. Tras el derrame que cambió drásticamente sus vidas, los pueblos indígenas afectados claman a las autoridades que el desastre no vuelva a ocurrir. Acompañados por el Instituto de Defensa Legal, presentaron en junio de 2018 una demanda de amparo para pedir el mantenimiento del Oleoducto Norperuano y evitar más derrames. Ahora mismo, la demanda está siendo conocida por el Tribunal Constitucional de Perú, que tiene en sus manos una oportunidad magnífica: ordenar a la empresa estatal Petroperú realizar el mantenimiento del oleoducto, una tarea fundamental para frenar los derrames de petróleo en la Amazonía peruana y con ellos la violación sistemática de los derechos humanos fundamentales de los pueblos indígenas que allí habitan. Desde AIDA, en el marco del programa Todos los ojos en la Amazonía, nos sumamos a su lucha con la presentación ante el tribunal de un escrito legal (Amicus Curiae) que recoge argumentos del derecho internacional de los derechos humanos sobre la obligación del Estado peruano de garantizar la adopción de las medidas necesarias —administrativas, jurídicas, políticas y culturales— para proteger los derechos a una vida digna y a un medio ambiente sano. Un problema sistemático con la infraestructura petrolera Lo ocurrido en Cuninico, tristemente, no es un hecho anecdótico, sino más bien sistemático. Los derrames de petróleo en la región amazónica de Perú están causando graves afectaciones socioambientales que ponen en riesgo a familias y comunidades enteras, comprometiendo su seguridad alimentaria, contaminando ecosistemas y afectando las cosmovisiones y formas de vida de los pueblos amazónicos. De acuerdo con La sombra del petróleo, informe de OXFAM publicado en 2020, de los 474 derrames ocurridos en lotes petroleros amazónicos y en el Oleoducto Norperuano entre 2000 y 2019 —que afectaron el territorio de 41 pueblos indígenas— el 65% se debió a corrosión de los ductos y a fallas operativas, mientras que el 28% fue causado por terceros. Ello prueba que la responsabilidad de la gran mayoría de los derrames recae sobre las empresas operadoras. Datos del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental y del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería —ambas entidades públicas— confirman que, en su mayoría, los derrames petroleros no son atentados puntuales de terceros, sino que se derivan principalmente de la falta de supervisión y vigilancia del Estado y de la ausencia de debida diligencia de las empresas. Ello ha generado un escenario estructural de amenazas y violaciones a los derechos humanos y ambientales de estas poblaciones ancestrales. La dependencia de la extracción de los combustibles fósiles, la falta de mantenimiento de las instalaciones, la debilidad institucional y los vacíos respecto a la responsabilidad empresarial son otras de las causas de los continuos derrames petroleros en Perú. Litigio estratégico: un camino a seguir Los tribunales de la región han sido, en muchas ocasiones, actores muy valiosos para la protección del derecho a un ambiente sano y de los derechos humanos en general. En Colombia, han evitado el avance de algunos proyectos que se implementaron sin consulta previa, afectado los derechos de los pueblos indígenas. En México, han reconocido los derechos de comunidades indígenas a participar en la utilización y administración de los minerales que están en el subsuelo de su territorio. Y en Ecuador, la Corte Constitucional (el más alto tribunal del país) ordenó al Ministerio del Ambiente remediar los daños causados por las plantaciones de palma aceitera y tomar medidas para controlar y mitigar daños futuros y potenciales. Ahora, es turno del Tribunal Constitucional de Perú proteger la Amazonía de nuevos derrames de petróleo. Sin duda, la decisión puede ser un precedente regional histórico para la protección de un ecosistema indispensable. La Amazonía es un territorio majestuoso: en sus cerca de 7,4 km2 es el bosque tropical más grande del planeta y alberga por lo menos el 10% de la biodiversidad conocida, mucha de ella endémica. También es la casa de más de 470 pueblos indígenas, quilombolos y campesinos desde tiempos ancestrales; entre sus árboles y ríos se escuchan más de 86 lenguas y 650 dialectos diversos. Además, es un ecosistema vital en tiempos de crisis climática: funciona como un gran sumidero de carbono que almacena entre 90 y 140 mil millones de toneladas métricas de dióxido de carbono (CO2), uno de los gases de efecto invernadero más importantes que, de ser liberado, aceleraría aún más el cambio climático. Lo ocurrido en Perú resalta la importancia del litigio estratégico para preservar la Amazonía como ecosistema clave frente a la crisis climática, y para defender a los pueblos que la llaman hogar.
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O que se deve saber sobre o alerta trinacional para salvar o Pantanal dos incêndios
Os incêndios dos últimos anos danificaram seriamente o Pantanal: a maior área úmida de água doce do mundo, que se estende pela Bolívia, Brasil e Paraguai. Diante da urgência da situação, organizações da sociedade civil alertaram a Secretaria da Convenção de Ramsar, tratado intergovernamental para a proteção de áreas úmidas, sobre os danos ao Pantanal e solicitaram seu apoio na busca de soluções. No atual contexto de crise climática, a proteção de ecossistemas chave, como as zonas húmidas, e a contenção das grandes emissões de dióxido de carbono causadas pelos incêndios florestais são tarefas urgentes. Segue aqui o que você precisa saber sobre a crise enfrentada pelas áreas úmidas do Pantanal e os esforços recentes para restaurá-las por meio da cooperação transfronteiriça. UM EPICENTRO DE BIODIVERSIDADE EM RISCO Em seus quase 20 milhões de hectares, o Pantanal abriga pelo menos 3.500 espécies de plantas, cerca de 600 aves, 150 mamíferos, 175 répteis, 40 anfíbios e 300 peixes de água doce. Alguns deles também estão em perigo de extinção em outras regiões. O Pantanal ainda abriga a maior concentração de onças e jacarés. A FORÇA DESTRUTIVA DO FOGO Em 2019 e 2020, o Pantanal queimou a uma taxa sem precedentes. Em 2020, os incêndios devastaram 4,3 milhões de hectares da região, o maior número registrado desde 1998. Nesse mesmo ano, 100% do Parque Nacional do Pantanal Matogrossense no Brasil foi queimado. O fogo tornou-se em um problema transfronteiriço. AUMENTANDO A CRISE CLIMÁTICA GLOBAL Além da perda de florestas, da morte de animais e do impacto direto na saúde e no estilo de vida das comunidades locais, as queimadas no Pantanal agravam a crise climática, um problema global. Um estudo publicado pela Academia Brasileira de Ciências estima que os incêndios de 2020 na região do Pantanal brasileiro lançaram cerca de 115 milhões de toneladas de dióxido de carbono na atmosfera, o que representa mais de 20% das emissões geradas na Colômbia durante o mesmo ano. ALERTA INTERNACIONAL PARA MEDIDAS URGENTES No último dia 2 de fevereiro, no Dia Mundial das Zonas Úmidas, a AIDA —em conjunto com o Centro de Diversidade Biológica e Ecologia e Ação (ECOA)— solicitou ao Secretariado da Convenção de Ramsar o envio de uma missão consultiva às seis zonas úmidas do Pantanal localizadas na Bolívia, Brasil e Paraguai. As organizações também pediram que os locais - considerados de importância internacional pelo tratado - sejam inscritos no Registro de Montreux, a lista mundial de zonas úmidas em sério risco. E incentivaram os três governos a implementar medidas para preservar o bioma como um ecossistema transfronteiriço. APOIO ESPECIALIZADO A RESGATE “A missão consultiva consiste em uma visita de especialistas internacionais que podem dar recomendações especializadas ao Brasil, Bolívia e Paraguai para superar as condições que colocam em risco a conservação e o uso racional do bioma, bem como desenvolver medidas inovadoras de gestão e proteção”, explica Claudia Velarde, advogada da AIDA. A inscrição dos locais no Registro de Montreux permite obter auxílio econômico, além de apoio e assessoria técnica para a recuperação da região nos três países. Em julho de 2021, somente no estado de Mato Grosso, a área queimada do Pantanal foi cinco vezes maior que a de São Paulo. Com ações adequadas e oportunas será possível evitar que a degradação do ecossistema se repita nos meses de junho e julho deste ano, quando geralmente começam os incêndios florestais. O alerta enviado pela sociedade civil representa uma importante oportunidade para que os países que compartilham o Pantanal gerenciem sua riqueza ecológica de forma colaborativa e sustentável, unindo esforços para sua preservação. Versão em espanhol
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Lo que debes saber de la alerta trinacional para salvar al Pantanal de los incendios
Los incendios de los últimos años han dañado y puesto en riesgo grave al Pantanal, el humedal de agua dulce más grande del mundo, que se extiende por Bolivia, Brasil y Paraguay. Ante la urgencia de la situación, organizaciones de la sociedad civil alertaron al Secretariado de la Convención Ramsar, tratado intergubernamental para la protección de humedales, acerca de los daños al Pantanal y solicitaron su apoyo en la búsqueda de soluciones. En un contexto de crisis climática como el actual, la protección de ecosistemas clave como los humedales y el freno a las grandes emisiones de dióxido de carbono provocadas por los incendios forestales es una tarea apremiante. A continuación, lo que debes saber de la crisis que los humedales del Pantanal enfrentan y de los esfuerzos recientes para lograr su recuperación mediante cooperación transfronteriza. Un epicentro de biodiversidad en riesgo En sus casi 20 millones de hectáreas, el Pantanal es hogar de al menos 3.500 especies de plantas, cerca de 600 de aves, 150 de mamíferos, 175 de reptiles, 40 de anfibios y 300 de peces de agua dulce. Algunas de ellas están en peligro de extinción en otras regiones. En el Pantanal está la mayor concentración de jaguares y caimanes. La fuerza destructora del fuego En 2019 y 2020, el Pantanal ardió a un ritmo sin precedentes. En 2020, los incendios devastaron 4 millones 300 mil hectáreas de la región del Pantanal, la mayor cifra registrada desde 1998. Ese mismo año, se quemó el 100 por ciento del Parque Nacional Pantanal Matogrossense, en Brasil. El fuego se ha convertido en un problema transfronterizo. Agravando la crisis climática mundial Además de la pérdida de bosques, la muerte de animales y la afectación directa a la salud y modos de vida de comunidades locales, los incendios en el Pantanal agravan la crisis climática, una problemática mundial. Un estudio publicado por la Academia Brasileña de Ciencias estima que los incendios de 2020 en la región del Pantanal de ese país liberaron a la atmósfera alrededor de 115 millones de toneladas de dióxido de carbono, más de 20% de las emisiones de dióxido de carbono generadas en Colombia durante ese mismo año. Alerta internacional por medidas urgentes El pasado 2 de febrero, en el Día Mundial de los Humedales, AIDA —junto al Centro para la Diversidad Biológica y a Ecologia e Ação (ECOA)— solicitó al Secretariado de la Convención Ramsar el envío de una misión de asesoramiento a seis humedales del Pantanal ubicados en Bolivia, Brasil y Paraguay. Las organizaciones pidieron además que los sitios, considerados de importancia internacional bajo el tratado, sean inscritos en el Registro de Montreux, la lista mundial de humedales en riesgo grave. Exhortaron a los tres gobiernos a implementar medidas para preservar el Pantanal como ecosistema transfronterizo. Apoyo especializado para el rescate “La misión de asesoramiento consiste en una visita de expertos internacionales que darían recomendaciones altamente especializadas a Brasil, Bolivia y Paraguay para superar las condiciones que generan riesgo para la conservación y el uso racional del Pantanal, así como para desarrollar medidas innovadoras de manejo y protección”, explica Claudia Velarde, abogada de AIDA. La inscripción de los sitios en el Registro de Montreux implica ayuda económica, así como apoyo y asesoramiento técnico para la recuperación del Pantanal en los tres países. En julio de 2021, solo en el estado brasileño de Mato Grosso, la superficie del Pantanal incendiada fue cinco veces mayor que la de São Paulo. Con acciones adecuadas y oportunas será posible evitar que la degradación del ecosistema se repita en los meses de junio y julio de este año, cuando los incendios forestales suelen comenzar. La alerta enviada por la sociedad civil representa una oportunidad importante para que los países que comparten el Pantanal gestionen su riqueza ecológica de forma colaborativa y sostenible, sumando esfuerzos para su preservación. VERSIÓN EN PORTUGUÉS
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