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Foto: Suzanne LivingstoneVictoria: Declaran zona restringida a refugio de tortugas baulas
En mayo del 2008, en dos fallos separados, el Gobierno de Costa Rica adoptó una postura a favor de las tortugas baulas y en contra de los intereses comerciales empeñados en construir dentro del territorio protegido de estas especies en peligro de extinción.
Las tortugas baulas —una especie contemporánea de los dinosaurios— viven en constante peligro en su hábitat costarricense. La mala planificación y la ausencia de un proceso de vigilancia terminaron por destruir las playas de anidamiento en Flamingo y Tamarindo.
Esta vez las empresas constructoras tenían sus mirada puesta en el Parque Nacional Marino las Baulas (PNMB), hábitat protegido de algunas de las playas de anidamiento de tortugas baulas, uno de los más importantes del Océano Pacífico oriental.
Se implementó una reglamentación municipal de zonificación que autorizaría la construcción dentro de una parte del PNMB. No obstante, AIDA y CEDARENA, su socio local, junto con el Leatherback Trust (Fundación de Tortugas Baulas), montaron una exitosa campaña en defensa del parque.
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica anuló la reglamentación municipal de zonificación, dejando a salvo a las tortugas baulas y a sus playas de anidamiento. Este fallo vino luego de otra victoria jurídica por parte de AIDA, CEDARENA y Justicia por la Naturaleza, quienes exigimos al gobierno expropiar los terrenos privados que caían dentro de los límites del PNMB y que, de lo contrario, estarían destinados a ser patios de recreo para turistas.
La tortuga baula aún está bajo amenaza por la urbanización turística, la pesca, la caza furtiva, el robo de huevos de tortuga y la contaminación. No obstante, AIDA y sus socios han demostrado que la ley se puede utilizar para hacer cambios importantes.
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¡Las amenazas, la intimidación, los hostigamientos y los asesinatos a defensores y defensoras del ambiente deben cesar ya! Ayer se conoció la noticia lamentable de que Lesbia Yaneth Urquía Urquía, defensora de la naturaleza y de los derechos de los pueblos indígenas frente a la construcción de la represa hidroeléctrica Aurora I en el municipio de La Paz, Honduras, fue asesinada. Similar tragedia ocurrió en Brasil, país en el que se encontró el cuerpo sin vida de Nilce de Souza Magalhães, reconocida lideresa comunitaria del Movimiento de Afectados por Represas (MAB) que trabajaba a favor de los derechos de comunidades asentadas en la selva amazónica afectadas por hidroeléctricas, prácticas de pesca depredadoras y otras amenazas. Ambos hechos refuerzan una tendencia trágica en América Latina, región en la que están siete de los 10 países más peligrosos del mundo para las defensoras y defensores ambientales. Según Global Witness, en 2015, 185 activistas ambientales fueron asesinados en todo el mundo, dos tercios de ellos en la región. Es tiempo, más que nunca, de exigir rendición de cuentas. El trabajo de Lesbia Yaneth estaba vinculado al del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). Su muerte ocurrió 4 meses y 4 días después del asesinato de Berta Cáceres, lideresa del Consejo. Nilce había desaparecido en enero y su cuerpo fue hallado el 21 de junio en el lago formado por la hidroeléctrica Jirau, contra la que se había enfrentado en defensa de los derechos de su comunidad. El que sigue es el pronunciamiento de AIDA en voz de María José Veramendi Villa, abogada sénior del Programa de Derechos Humanos y Ambiente de AIDA, acerca de estas lamentables muertes. “Las crecientes cifras de asesinatos de defensoras y defensores ambientales en América Latina son alarmantes. Los Estados deben garantizar un entorno propicio para que estas personas realicen su labor de protección de la naturaleza. Deben además investigar y sancionar efectivamente estos hechos. Las muertes de las personas que valientemente defienden el ambiente no pueden quedar impunes. ¡Las amenazas, la intimidación, los hostigamientos y los asesinatos a defensores y defensoras del ambiente deben cesar ya!”.
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En una carta abierta, organizaciones de la sociedad civil del continente americano exhortamos a las autoridades nicaragüenses a reconocer la labor de quienes defienden los derechos humanos y a respetar sus derechos. También hacemos un llamado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a otros organismos internacionales de protección, para que den seguimiento cercano a la situación en Nicaragua y exijan a ese país que cumpla con sus obligaciones. Desde el pasado sábado 25 y hasta el lunes 27, se desconocía el paradero y estado de seis jóvenes, tras ser detenidos por la policía de Nicaragua en el municipio de Nueva Guinea. Luego de 48 horas de detención, el grupo fue liberado y dirigido a las fronteras de Honduras y Costa Rica. El hecho que originó la detención tuvo lugar en la comunidad La Fonseca del municipio nicaragüense de Nueva Guinea, cuando el pasado sábado 25, Byron Reyes Ortiz (Costa Rica), Daniel Espinoza Jiménez (España-México), Ana Laura Rodríguez (Argentina), Salvador Tenorio Perez (México), Emmanuel de la Luz Ruiz (México) y Eugenio Pancelli Chávez (México) se encontraban impartiendo un taller de nuevas tecnologías para fabricar hornos como parte del programa “Caravana Mesoamericana del Buen Vivir”. En medio de una demostración, un barril que contenía restos de gasolina prendió fuego, de acuerdo a la declaración pública de Francisca Ramírez, lideresa campesina e integrante del Consejo de la Tierra, Lago y Soberanía. Además del grupo de jóvenes extranjeros, Francisca también fue detenida junto a varios nicaragüenses, que quedaron en libertad el mismo día. La dirigente ha sido reconocida por su oposición a la construcción del canal interoceánico en el país. Según los activistas, los policías habían estado vigilando la casa en que se encontraban reunidos, desde antes del accidente. Inicialmente, la policía justificó los arrestos señalando que hubo una manipulación de “sustancias explosivas”. Sin embargo, el lunes 27, el Ministerio Público de Nicaragua informó en una conferencia de prensa que no presentaría cargos contra ninguno de los jóvenes y que los extranjeros serían puestos a la orden de las autoridades migratorias. Esto, después de dos días en los que ni sus familiares ni las autoridades de sus países correspondientes, tuvieron información sobre el lugar donde estaban detenidos no pudiendo, por lo tanto, darles apoyo legal alguno. Las organizaciones firmantes que integran la Coalición de Organizaciones de Derechos Humanos de las Américas, además de otras organizaciones de la sociedad civil, consideran que lo ocurrido en Nicaragua es una detención arbitraria que violenta los derechos humanos de los jóvenes detenidos. Es preocupante que pasaran más de 48 horas incomunicados, sin asistencia consular, ni acceso a un/a abogado/a defensor/a, mientras las solicitudes de información de sus representantes y allegados fueron ignoradas. No es la primera vez que el Estado nicaragüense actúa de manera arbitraria. Desde 2010, al menos 14 personas han sido detenidas y expulsadas del país, entre las que se encuentran destacados defensores y defensoras de derechos humanos del continente. Exhortamos a las autoridades nicaragüenses a reconocer la labor de quienes defienden los derechos humanos y a respetar sus derechos. También hacemos un llamado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a otros órganos internacionales de protección, para que den seguimiento cercano a la situación nicaragüense y exijan a este país que cumpla con sus obligaciones. Organizaciones firmantes Argentina Fundación M'Biguá. Ciudadanía y Justicia Ambiental. Paraná. Entre Ríos Colombia Consultoría para los Derechos humanos y el Desplazamiento (CODHES) Ecuador Centro de Documentación en Derechos Humanos "Segundo Montes Mozo S.J." (CSMM) El Salvador Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES) Guatemala Fundación Myrna Mack Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, Guatemala (UDEFEGUA) Honduras Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús México Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A.C. (CEDEHM) Consultoría Técnica Comunitaria AC Anahi Martinez Encinas Daniel Alejandro Chávez Macedo Marina Ortiz Ondine Rosenthal Sievers Sylvir Guillemin Tamara Ortiz-Avila Nicaragua Movimiento Autónomo de Mujeres Centro de la Mujer "Acción Ya" Colectivo de mujeres ITZA Mujeres por la Democracia Unión Ciudadana por Democracia Carlos Tünnermann Bernheim Marlen Auxiliadora Chow Cruz Perú Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) CooperAcción Paz y Esperanza Venezuela Juventud Alianza Bravo Pueblo Programa Venezolano de Educación (Provea) Organizaciones regionales Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) IPAS Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD Regional)
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El año pasado, según Global Witness, 185 activistas ambientales fueron asesinados en todo el mundo, dos tercios de ellos en América Latina. De los 10 países más peligrosos del mundo para defensores ambientales, siete están en la región. Perdimos a estas valientes personas que fueron asesinadas por resistirse a minas, represas y otros proyectos industriales destructivos. Ahora, más que nunca, debemos exigir rendición de cuentas. Debemos hacerlo por las consecuentes pérdidas para el ambiente, para las culturas indígenas y para los derechos humanos. La situación empeoró recientemente. El 23 de mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos anunció una crisis financiera severa que le llevó a la “suspensión de las audiencias [programadas] y al despido inminente de cerca de la mitad de su personal”. Aunque històricamente ha tenido financiamiento reducido, la actual es la peor crisis financiera que ha vivido. La Comisión depende del financiamiento de la Organización de Estados Americanos (OEA), gobiernos en América y Europa, organizaciones y fundaciones. Casi todos los gobiernos han reducido o incumplido sus compromisos financieros. La crisis financiera demuestra que nuestro trabajo, y el de colegas, comunidades y movimientos, está teniendo un impacto. La Comisión ha tomado decisiones que involucran derechos indígenas y de comunidades, protección de tierras y del ambiente y proyectos de desarrollo destructivos. Por unos años, algunos países se han quejado de que la Comisión ha excedido su mandato en casos que involucran proyectos de desarrollo. Pero, por supuesto, cuando esos proyectos violan derechos humanos, encajan claramente en el ámbito de competencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El caso de la represa Belo Monte es un claro ejemplo de que esta crisis es resultado de nuestra efectividad. El 2011, la Comisión otorgó las medidas cautelares que junto con colegas de Brasil solicitamos a nombre de las comunidades indígenas afectadas. Brasil reaccionó retirando inmediatamente a su embajador ante la OEA y reteniendo su financiamiento por el resto de ese año. Solo hasta 2015 envió un nuevo embajador y sus pagos no se han regularizado desde entonces. Además, después que las medidas cautelares fueron emitidas, Brasil comenzó un proceso agresivo de “reforma” de la Comisión que terminó debilitando su poder. En AIDA hemos analizado cómo la crisis afecta nuestros casos ante la Comisión, los casos futuros que necesitan atención internacional, y la protección de los derechos humanos en el continente americano. Los casos actuales sufrirán posiblemente un retraso. Nuestro caso sobre contaminación tóxica en La Oroya, Perú, ya está seriamente dilatado. La Comisión ha prometido emitir un informe de fondo, lo que hará que el caso pase al siguiente nivel: la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nos han dicho que pese a la pérdida del 40% de su personal, la Comisión aprobará este año el informe, el cual al parecer ya fue concluido. Ello aún está por verse. Por supuesto, nosotros hemos contactado a la Comisión y resaltado la importancia de que el caso avance. De manera informal, algunos jueces de la Corte Interamericana han expresado su predisposición a recibir el caso. Después de cuatro años, la Comisión comenzó recién a procesar el caso Belo Monte. Es probable que la fuerte presión política de Brasil demore aún más ese proceso. Pero la Comisión y la presión política sobre Brasil pueden ayudar a que el caso avance más rápido. Al estar Belo Monte ligado al mayor escándalo de corrupción del país, es posible que la Comisión entienda la relevancia de que el caso avance. Continuaremos abogando por un procesamiento prioritario. Los nuevos casos requerirán mayor evaluación. Planeamos llevar pronto al menos un nuevo caso a la Comisión. Si no cumplimos con una fecha límite en unas cuantas semanas, corremos el riesgo de que el caso no sea admitido. Todos los recursos internos han sido agotados; la Comisión representa la última esperanza de justicia. Pese a la incertidumbre de la situación actual, es importante preservar los derechos de nuestros clientes en caso de que el financiamiento de la Comisión retorne a un nivel adecuado. Para otros casos, estamos buscando otras maneras de conseguir justicia. Estamos, por ejemplo, explorando más que nunca la opción de recurrir a tribunales y autoridades nacionales. Estamos buscando además nuevas formas para que instituciones financieras se comprometan a evitar financiar proyectos que dañan el ambiente y los derechos humanos. Estamos trabajando con otras organizaciones para desarrollar estrategias de respuesta. Rodrigo Sales, brasileño y uno de nuestros abogados, representó recientemente a AIDA en la Asamblea General de la OEA. Abogó, entre otras cosas, por soluciones en materia de derechos humanos en la región. Consideramos esencial la cooperación entre las comunidades ambientales y las de derechos humanos. Necesitamos estar unidos, mostrando a los gobiernos y al público que lo derechos humanos y la Comisión son de vital importancia. La crisis financiera de la Comisión —una entidad internacional para escuchar y resolver las preocupaciones del continente en materia de derechos humanos— es un asunto urgente que todos debemos entender, en el que debemos pensar y por cuya solución debemos actuar estratégicamente. AIDA está trabajando para que eso ocurra.
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