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Foto: Suzanne LivingstoneVictoria: Declaran zona restringida a refugio de tortugas baulas
En mayo del 2008, en dos fallos separados, el Gobierno de Costa Rica adoptó una postura a favor de las tortugas baulas y en contra de los intereses comerciales empeñados en construir dentro del territorio protegido de estas especies en peligro de extinción.
Las tortugas baulas —una especie contemporánea de los dinosaurios— viven en constante peligro en su hábitat costarricense. La mala planificación y la ausencia de un proceso de vigilancia terminaron por destruir las playas de anidamiento en Flamingo y Tamarindo.
Esta vez las empresas constructoras tenían sus mirada puesta en el Parque Nacional Marino las Baulas (PNMB), hábitat protegido de algunas de las playas de anidamiento de tortugas baulas, uno de los más importantes del Océano Pacífico oriental.
Se implementó una reglamentación municipal de zonificación que autorizaría la construcción dentro de una parte del PNMB. No obstante, AIDA y CEDARENA, su socio local, junto con el Leatherback Trust (Fundación de Tortugas Baulas), montaron una exitosa campaña en defensa del parque.
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica anuló la reglamentación municipal de zonificación, dejando a salvo a las tortugas baulas y a sus playas de anidamiento. Este fallo vino luego de otra victoria jurídica por parte de AIDA, CEDARENA y Justicia por la Naturaleza, quienes exigimos al gobierno expropiar los terrenos privados que caían dentro de los límites del PNMB y que, de lo contrario, estarían destinados a ser patios de recreo para turistas.
La tortuga baula aún está bajo amenaza por la urbanización turística, la pesca, la caza furtiva, el robo de huevos de tortuga y la contaminación. No obstante, AIDA y sus socios han demostrado que la ley se puede utilizar para hacer cambios importantes.
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Depois de quatro anos, o órgão da Organização dos Estados Americanos (OEA) decidiu abrir a tramitação do caso e pedir uma resposta ao Estado brasileiro às denúncias de violações de direitos humanos decorrentes do projeto hidrelétrico em construção na Amazônia. Washington D.C., Estados Unidos. No momento em que se inicia o enchimento dos reservatórios da represa de Belo Monte, o Brasil é chamado a responder perante a organismos internacionais sobre as violações de direitos humanos decorrentes do projeto. Em 21 de dezembro de 2015, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) deu início ao caso apresentado contra o Brasil pelas organizações Justiça Global, Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos (SDDH) e Associação Interamericana para a Defesa do Ambiente (AIDA), que representam as pessoas atingidas pela construção da hidrelétrica. A etapa de revisão inicial estendeu-se por quatro anos, com diversas solicitações de tramitação rápida por parte das organizações peticionárias. A decisão pela abertura da tramitação do caso significa que, enfim, o Estado brasileiro será obrigado a responder às denúncias de violações de direitos humanos decorrentes do projeto Belo Monte. “Já está na hora de o Brasil responder integralmente a nossas denúncias a respeito da ausência de consulta e consentimento prévio, livre e informado das comunidades indígenas afetadas; da falta de participação e de estudos de impacto ambiental adequados, dos deslocamentos forçados e das violações aos direitos à vida, integridade, saúde e justiça das comunidades indígenas, ribeirinhas e moradores da cidade de Altamira”, destacou María José Veramendi Villa, advogada da AIDA. “A abertura do caso é antes de tudo uma vitória das populações atingidas e movimentos sociais envolvidos, que resistiram durante todos esses anos e permanecem firmes e determinados na busca por justiça e reparação” observa Raphaela Lopes, advogada da Justiça Global. Em novembro do ano passado, o Instituto Brasileiro do Ambiente e Recursos Naturais (IBAMA) outorgou a licença de operação para a hidrelétrica de Belo Monte. Com isso, permitiu-se o enchimento da represa. Esta licença foi outorgada apesar de a Norte Energia - empresa encarregada do projeto – não ter cumprido com as condicionantes necessárias para garantir a vida, saúde e integridade da população afetada. As comunidades indígenas afetadas pela hidrelétrica estão protegidas por medidas cautelares outorgadas em 2011 pela Comissão, as quais o Estado brasileiro ainda não cumpre. No início de dezembro, o Grupo de Trabalho sobre Empresas e Direitos Humanos das Nações Unidas visitou a cidade de Altamira, a mais próxima da construção da represa e uma das áreas mais afetadas pelo deslocamento e pelos conflitos socioambientais provocados pela construção da hidrelétrica. O GT se reuniu com alguns dos grupos afetados, entre eles membros de comunidades ribeirinhas e povos indígenas, escutando suas denúncias. Após a visita, o Grupo emitiu um pronunciamento no qual exortou ao Governo brasileiro a respeitar os direitos humanos e a não sacrificá-los às custas do desenvolvimento econômico. O Grupo de Trabalho deve apresentar seu informe final a respeito da visita ao Conselho de Direitos Humanos em junho de 2016. A expectativa é que haja um seguimento adequado a sua visita e que o informe seja contundente e explícito sobre as violações de direitos humanos decorrentes de Belo Monte e o acionamento do Estado brasileiro e das empresas envolvidas. As organizações que representam as vítimas continuarão trabalhando para que o Brasil responda pelas violações de direitos humanos causadas pela hidrelétrica.
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Para português, clique aqui A cuatro años de presentada la petición por organizaciones de la sociedad civil, el organismo internacional decidió abrir el caso a trámite y pedir una respuesta del Estado brasileño a las denuncias por violaciones de derechos humanos derivadas del proyecto hidroeléctrico cuya construcción avanza en la Amazonía. Washington D.C., Estados Unidos. Mientras el llenado de los reservorios de la represa Belo Monte en Brasil ha comenzado, ese país está en la mira de organismos internacionales. El 21 de diciembre de 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio inicio al caso presentado contra Brasil por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Justiça Global y la Sociedad Paraense de Defensa de los Derechos Humanos (SDDH), en representación de las personas afectadas por el proyecto hidroeléctrico. Luego de una revisión inicial que duró cuatro años y varias solicitudes de trámite rápido por parte de las organizaciones peticionarias, la Comisión resolvió finalmente que la petición contenía las bases suficientes para abrir el caso a trámite, lo cual implica que Brasil debe dar una respuesta a los reclamos por violaciones de derechos humanos derivadas del proyecto Belo Monte. “Esperamos y consideramos que ya es hora que Brasil responda integralmente a nuestros reclamos sobre la ausencia de consulta y consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas afectadas; la falta de participación y de estudios de impacto ambiental adecuados; y el desplazamiento forzado y violaciones a los derechos a la vida, integridad, salud y justicia de las comunidades indígenas, ribereñas y moradores de la ciudad de Altamira”, señaló María José Veramendi Villa, abogada de AIDA. Con esa respuesta, la Comisión determinará si se cumplen los requisitos para admitir el caso y, de ser así, establecerá luego si se produjeron o no las violaciones de derechos humanos alegadas por los peticionarios. "La apertura del caso es, antes que nada, una victoria de las poblaciones afectadas y los movimientos sociales involucrados, quienes han resistido todos estos años y permanecen firmes y determinados en su búsqueda por justicia y reparación” dijo Raphaela Lopes de Justiça Global. En noviembre del año pasado, el Instituto Brasileño de Ambiente y Recursos Naturales (IBAMA) otorgó la licencia de operación a la represa Belo Monte, con lo cual permitió que su llenado comience. Lo hizo pese a que Norte Energía, empresa cargo del proyecto, no cumplió las condiciones necesarias (agua potable, saneamiento y otras) para garantizar la vida, salud e integridad de la población afectada. Con la apertura del caso a trámite, la CIDH está utilizando todos los mecanismos disponibles para dar seguimiento a la situación de Belo Monte. Las comunidades indígenas afectadas por la represa están protegidas por medidas cautelares otorgadas en 2011 por la Comisión y que el Estado brasileño aún no cumple. A inicios de diciembre del año pasado, el Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas visitó la ciudad de Altamira, la más cercana a la construcción de la represa y una de las zonas más afectadas por el desplazamiento y los conflictos socioambientales provocados por la construcción de la hidroeléctrica. Allí se reunió con algunos de los grupos afectados, entre ellos miembros de comunidades ribereñas y pueblos indígenas, escuchando sus reclamos. Tras su visita, el Grupo emitió un pronunciamiento en el que, entre otras cosas, exhortó al Gobierno de Brasil a respetar los derechos humanos y a no sacrificarlos a expensas del desarrollo económico. El Grupo debe presentar su informe final de la visita al Consejo de Derechos Humanos en junio de 2016. Esperamos que haga un seguimiento adecuado a su visita y que el informe sea contundente y explícito respecto de la violaciones de derechos humanos en torno a Belo Monte y el accionar del Estado brasileño y las empresas involucradas. Las organizaciones que representan a las víctimas continuaremos trabajando para que Brasil responda por las violaciones de derechos humanos ocasionadas por la hidroeléctrica.
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Esta entrada fue elaborada en colaboración con Andrea Rodríguez, abogada sénior del Programa de Cambio Climático de AIDA. Durante las negociaciones climáticas de París, tuve el honor de participar en un panel sobre el clima y el sector financiero. Discutimos la importancia de asegurar que la lucha contra el cambio climático sea integrada de manera consciente en todas las decisiones financieras. El financiamiento es uno de los desafíos principales que ha retrasado, a nivel mundial, un progreso efectivo con relación al cambio climático. Ello se debe a que muchos países no tienen los recursos que necesitan y aquellos que los tienen no han contribuido en la medida que deberían. Actualmente, las instituciones financieras no están otorgando el financiamiento suficiente para combatir el cambio climático. De hecho, la mayoría de los recursos mundiales aún son invertidos en combustible fósiles o en otras actividades que tienen impactos negativos en el clima. AIDA ha estado abogando en los niveles más altos por un financiamiento climático más efectivo y que dure más de cinco años. Nos hemos enfocado en asegurar que la asignación de financiamiento climático sea transparente, participativa, respetuosa de los derechos humanos, y sensible a las necesidades del Sur Global. Hemos abogado por la inclusión y cumplimiento de esos principios ante instituciones financieras nacionales e internacionales, así como ante un nuevo mecanismo global: el Fondo Verde del Clima. Para avanzar en la discusión, AIDA solicitó un evento paralelo en las negociaciones climáticas de París. Resultó que, simultáneamente, una institución financiera regional solicitó un evento paralelo para presentar sus principios voluntarios para integrar el cambio climático dentro del sector financiero. Dado que existen cientos de solicitudes para eventos paralelos y un espacio limitado, el Secretariado de la Convención fusionó los dos eventos. Es así como AIDA coorganizó un evento junto con una coalición de instituciones financieras. Aunque las instituciones no habían planeado incluir comentarios de la sociedad civil en su presentación, estuvieron de acuerdo en colaborar. Este giro del destino creó una gran oportunidad para que las instituciones presenten sus principios, y para que nosotros demos una retroalimentación temprana desde el punto de vista de la sociedad civil. Veinte y seis instituciones han apoyado los principios voluntarios hasta ahora, incluyendo el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), el Banco Europeo de Inversiones, el Grupo del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Los Cinco Principios Voluntarios descritos por las instituciones son: COMPROMETERSE con estrategias climáticas. MANEJAR riesgos climáticos. PROMOVER objetivos climáticos inteligentes. MEJORAR el desempeño climático. DAR CUENTA de tu acción climática. Una evaluación inicial No es mi intención, en este momento, hacer un análisis exhaustivo de los principios. Mi objetivo por ahora es simplemente asegurar que los principios sean conocidos, y compartir un análisis preliminar, incluyendo observaciones iniciales y las cinco recomendaciones que presenté en el panel del evento. Como organización de la sociedad civil, AIDA celebra las iniciativas destinadas a avanzar en la acción climática, la rendición de cuentas y la participación. Por tanto, consideramos que los principios voluntarios son una iniciativa positiva del sector financiero, y un buen lugar desde el cual empezar a buscar formas concretas para que éste integre plenamente el cambio climático en sus actividades. Consideramos que la incorporación del financiamiento climático es un proceso continuo y vemos estos principios como un elemento más del mismo. Desde la perspectiva de AIDA, los principios en realidad beneficiarán al sector y ayudarán a disminuir los riesgos financieros y de otro tipo en las instituciones financieras. De ser implementados efectivamente, los principios pueden ayudar a incrementar las acciones climáticas, protegiendo a comunidades y ecosistemas, y a luchar contra la pobreza y la desigualdad, dos de los retos más importantes que el mundo enfrenta. Dicho esto, mejorar el acceso a la información es fundamental para asegurar que los principios impacten positivamente en el cambio climático. Información esencial debe estar públicamente disponible, incluyendo la cantidad de recursos, los tipos de actividad o sectores, y los proyectos en los cuales las instituciones financieras están invirtiendo. 5 Recomendaciones para una mejor integración 1. Incluir una perspectiva de derechos humanos e incorporar evaluaciones de riesgo social Las inversiones financieras que no incorporan las perspectivas social y de derechos humanos pueden contribuir a violaciones de derechos humanos y tener impactos severos en comunidades. Además de las consecuencias que tales inversiones tienen en las personas, éstas se convierten en un riesgo financiero para la institución. Incorporar una perspectiva de derechos humanos en las evaluaciones de riesgo puede ayudar también a avanzar en las metas relacionadas con la luchas contra la pobreza y la desigualdad, aplicables particularmente a las entidades financieras públicas. 2. Definir conceptos comunes Conceptos como desarrollo sostenible, cambio climático y financiamiento climático pueden interpretarse muy ampliamente y generar confusión. Asimismo, la falta de consenso sobre el significado de esos conceptos puede llevar, por ejemplo, a que una institución considere una actividad como limpia o sostenible cuando no lo es. La definición de energía renovable es un buen ejemplo. Mientras varias instituciones financieras importantes coinciden en que las grandes represas no pueden considerarse energía renovable, aún existen algunas instituciones que incluyen a proyectos hidroeléctricos, e incluso de energía nuclear, en esa definición. La inclusión de expertos del sector no financiero —actores no estatales particularmente—puede ayudar a un mayor entendimiento sobre cuáles son las necesidades, a dónde debe dirigirse la inversión o en qué casos ésta debe ser mejorada. 3. Crear una hoja de ruta clara, transparente y participativa La forma en la cual los principios voluntarios sean implementados es crucial. Por tanto, es esencial un plan de implementación claro y medible. Está bien que las instituciones financieras resaltaran la necesidad de evitar la duplicación e incorporar las lecciones aprendidas. Sin embargo, para asegurar que los principios sean tan efectivos como sea posible, es importante también incorporar experiencias de mecanismos de rendición de cuentas existentes, así como la aplicación de salvaguardas. La iniciativa actual considera un grupo de planificación que, según entendemos, no ha sido creado, aunque existe la sugerencia de cómo debería estar conformado. En línea con la intención de las instituciones de incluir a otros actores interesados, este grupo de planificación debería involucrar a participantes ajenos al sector financiero para incrementar el impacto de las inversiones. El plan de trabajo debería incluir mecanismos efectivos para medir el avance, y ser lo suficientemente flexible para hacer la mejoras necesarias. Debería ser visto como un proceso dinámico que incorpore las lecciones aprendidas, y no como un mandato rígido. 4. Sumarse a la oportunidad que las economías bajas en carbono representan El sector financiero tiene un rol único que desempeñar en el fomento de acciones climáticas, ayudando a sus clientes a evitar el mismo y anticuado desarrollo de uso intensivo de carbono. Las instituciones financieras tienen el poder de dejar atrás este tipo de desarrollo e implementar soluciones reales y efectivas para el siglo 21. Pueden ser proactivas y fortalecer la capacidad de otros actores interesados en integrar plenamente estrategias climáticas en sus operaciones. El sector financiero se desarrolla naturalmente en la asunción del riesgo y la innovación. Las economías bajas en carbono representan una oportunidad importante de crecimiento. 5. Aumentar la rendición de cuentas En el panel se planteó la cuestión de si los principios deberían o no ser vinculantes. Si hay una voluntad fuerte de implementar los principios y mecanismos adecuados para medir los avances y hacer ajustes, tener un acuerdo vinculante no es el aspecto más importante. La rendición de cuentas es clave en este proceso y de ahí la importancia del Principio Cinco. El cambio climático es la amenaza más importante para la raza humana. Es un asunto urgente que impacta más profundamente en las poblaciones más vulnerables del mundo. No hay más tiempo que perder. Acciones efectivas deben seguir siendo implementadas y el sector financiero tiene una oportunidad importante de contribuir a las soluciones y no al problema. Es tiempo de que las instituciones financieras de todo el mundo pasen de las palabras a los hechos: es hora de que se comprometan seriamente a combatir el cambio climático y que empiecen a mostrar resultados. Para nosotros, como miembros de la sociedad civil, la oportunidad de sentarnos al lado de los representantes cuando presentaron públicamente sus cinco principios, fue un comienzo interesante. Ahora tenemos que dar seguimiento para que las instituciones financieras pongan en práctica estos principios, especialmente el Principio 5: rendir cuentas. Tener como base estos comentarios, y contar con recomendaciones de otros actores interesados en este ámbito, será un importante segundo paso.
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