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Foto: Suzanne LivingstoneVictoria: Declaran zona restringida a refugio de tortugas baulas
En mayo del 2008, en dos fallos separados, el Gobierno de Costa Rica adoptó una postura a favor de las tortugas baulas y en contra de los intereses comerciales empeñados en construir dentro del territorio protegido de estas especies en peligro de extinción.
Las tortugas baulas —una especie contemporánea de los dinosaurios— viven en constante peligro en su hábitat costarricense. La mala planificación y la ausencia de un proceso de vigilancia terminaron por destruir las playas de anidamiento en Flamingo y Tamarindo.
Esta vez las empresas constructoras tenían sus mirada puesta en el Parque Nacional Marino las Baulas (PNMB), hábitat protegido de algunas de las playas de anidamiento de tortugas baulas, uno de los más importantes del Océano Pacífico oriental.
Se implementó una reglamentación municipal de zonificación que autorizaría la construcción dentro de una parte del PNMB. No obstante, AIDA y CEDARENA, su socio local, junto con el Leatherback Trust (Fundación de Tortugas Baulas), montaron una exitosa campaña en defensa del parque.
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica anuló la reglamentación municipal de zonificación, dejando a salvo a las tortugas baulas y a sus playas de anidamiento. Este fallo vino luego de otra victoria jurídica por parte de AIDA, CEDARENA y Justicia por la Naturaleza, quienes exigimos al gobierno expropiar los terrenos privados que caían dentro de los límites del PNMB y que, de lo contrario, estarían destinados a ser patios de recreo para turistas.
La tortuga baula aún está bajo amenaza por la urbanización turística, la pesca, la caza furtiva, el robo de huevos de tortuga y la contaminación. No obstante, AIDA y sus socios han demostrado que la ley se puede utilizar para hacer cambios importantes.
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El Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe (GFLAC), E3G y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) dieron a conocer hoy varias de las acciones que se realizan en países de la región con miras a financiar la implementación de las contribuciones nacionales tentativamente determinadas —conocidas como INDCs por sus siglas en inglés—, que son los compromisos que los países hicieron este año para combatir el cambio climático. París, Francia. En una rueda de prensa organizada en el marco de la COP21, las organizaciones resaltaron tres pilares clave del financiamiento climático como herramienta para implementar acciones transformacionales en la región: estrategias nacionales de financiamiento para movilizar diferentes recursos financieros públicos y privados, el Fondo Verde del Clima como mecanismo fundamental para financiar acciones climáticas en Latinoamérica; y la importancia de la transparencia, la medición, reporte y verificación del financiamiento climático. Marcela Jaramillo, asesora política de E3G, resaltó la necesidad de identificar prioridades de inversión en el contexto local y en el marco de los procesos nacionales para definir medidas para el apalancamiento de recursos que soporten la implementación de las INDCs. E3G ha venido trabajando con México, Chile y Colombia. “México y Chile vienen adelantando el proceso de planeación estratégica para la movilización de recursos, privados y públicos, nacionales e internacionales, para la implementación de sus INDCs; Chile, por ejemplo, espera tener su estrategia de financiamiento lista para el 2018”, dijo Jaramillo. Señaló además que existen esfuerzos en la región para alinear las agendas nacionales e internacionales. “Colombia está trabajando en una iniciativa que busca unir las agendas de cambio climático y desarrollo sostenible junto con sus prioridades nacionales en la construcción de paz y desarrollo rural”. Aunque cada país tiene un contexto diferente que debe ser entendido y reflejado en su estrategia, “la alineación con las políticas nacionales, así como la generación de un diálogo entre el sector público y privado son elementos fundamentales para la movilización de recursos y el logro de impactos duraderos”, agregó. Andrea Rodríguez, abogada sénior de AIDA, dijo que los países de América Latina necesitarán recursos financieros para implementar los compromisos climáticos establecidos bajo la Convención. Dichos recursos, resaltó, deben ser suficientes para permitir estrategias de financiamiento climático a corto, mediano y largo plazo. El Fondo Verde del Clima, indicó Rodríguez, “es una buena opción para acceder a recursos financieros que permitan implementar proyectos y programas en países latinoamericanos, particularmente para aquellos cuyos planes sean ambiciosos y estén enfocados en lograr un desarrollo bajo en carbono y resilientes al clima”. Finalmente, Sandra Guzmán, Coordinadora General del GFLAC, afirmó que una pieza clave que tendría que ser transversal en el Acuerdo de París, particularmente en el tema de financiamiento, es la transparencia. “Este elemento es fundamental para aumentar la confianza entre los países donantes y países receptores. En ese sentido, la construcción de mecanismos de medición, reporte y verificación (MRV) para financiamiento son esenciales, pues de ello depende conocer la cantidad exacta de recursos que se promete, se transfiere, se asigna, y sobre todo la forma en la que este recurso se utiliza; de ese modo es posible garantizar que el financiamiento cumpla con los objetivos de mitigación y adaptación”. Guzmán enfatizó que de 25 países que presentaron sus INDCs en la región sólo dos incluyen MRV y sólo Colombia está en proceso de construcción del mismo. Por ello el GFLAC trabaja en 9 países para apoyar el mejor entendimiento de las necesidades y oportunidades de financiamiento. La combinación de los tres pilares a los que las organizaciones hicieron referencia es fundamental para avanzar en la agenda climática a nivel nacional en Latinoamérica y el Caribe. Un acuerdo ambicioso en París promovería resultados más efectivos en cada una de estas áreas y generaría mayor ambición en la transformación de los modelos de desarrollo.
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El Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe (GFLAC), E3G y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) dieron a conocer hoy varias de las acciones que se realizan en países de la región con miras a financiar la implementación de las contribuciones nacionales tentativamente determinadas —conocidas como INDCs por sus siglas en inglés—, que son los compromisos que los países hicieron este año para combatir el cambio climático. París, Francia. En una rueda de prensa organizada en el marco de la COP21, las organizaciones resaltaron tres pilares clave del financiamiento climático como herramienta para implementar acciones transformacionales en la región: estrategias nacionales de financiamiento para movilizar diferentes recursos financieros públicos y privados, el Fondo Verde del Clima como mecanismo fundamental para financiar acciones climáticas en Latinoamérica; y la importancia de la transparencia, la medición, reporte y verificación del financiamiento climático. Marcela Jaramillo, asesora política de E3G, resaltó la necesidad de identificar prioridades de inversión en el contexto local y en el marco de los procesos nacionales para definir medidas para el apalancamiento de recursos que soporten la implementación de las INDCs. E3G ha venido trabajando con México, Chile y Colombia. “México y Chile vienen adelantando el proceso de planeación estratégica para la movilización de recursos, privados y públicos, nacionales e internacionales, para la implementación de sus INDCs; Chile, por ejemplo, espera tener su estrategia de financiamiento lista para el 2018”, dijo Jaramillo. Señaló además que existen esfuerzos en la región para alinear las agendas nacionales e internacionales. “Colombia está trabajando en una iniciativa que busca unir las agendas de cambio climático y desarrollo sostenible junto con sus prioridades nacionales en la construcción de paz y desarrollo rural”. Aunque cada país tiene un contexto diferente que debe ser entendido y reflejado en su estrategia, “la alineación con las políticas nacionales, así como la generación de un diálogo entre el sector público y privado son elementos fundamentales para la movilización de recursos y el logro de impactos duraderos”, agregó. Andrea Rodríguez, abogada sénior de AIDA, dijo que los países de América Latina necesitarán recursos financieros para implementar los compromisos climáticos establecidos bajo la Convención. Dichos recursos, resaltó, deben ser suficientes para permitir estrategias de financiamiento climático a corto, mediano y largo plazo. El Fondo Verde del Clima, indicó Rodríguez, “es una buena opción para acceder a recursos financieros que permitan implementar proyectos y programas en países latinoamericanos, particularmente para aquellos cuyos planes sean ambiciosos y estén enfocados en lograr un desarrollo bajo en carbono y resilientes al clima”. Finalmente, Sandra Guzmán, Coordinadora General del GFLAC, afirmó que una pieza clave que tendría que ser transversal en el Acuerdo de París, particularmente en el tema de financiamiento, es la transparencia. “Este elemento es fundamental para aumentar la confianza entre los países donantes y países receptores. En ese sentido, la construcción de mecanismos de medición, reporte y verificación (MRV) para financiamiento son esenciales, pues de ello depende conocer la cantidad exacta de recursos que se promete, se transfiere, se asigna, y sobre todo la forma en la que este recurso se utiliza; de ese modo es posible garantizar que el financiamiento cumpla con los objetivos de mitigación y adaptación”. Guzmán enfatizó que de 25 países que presentaron sus INDCs en la región sólo dos incluyen MRV y sólo Colombia está en proceso de construcción del mismo. Por ello el GFLAC trabaja en 9 países para apoyar el mejor entendimiento de las necesidades y oportunidades de financiamiento. La combinación de los tres pilares a los que las organizaciones hicieron referencia es fundamental para avanzar en la agenda climática a nivel nacional en Latinoamérica y el Caribe. Un acuerdo ambicioso en París promovería resultados más efectivos en cada una de estas áreas y generaría mayor ambición en la transformación de los modelos de desarrollo.
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Un Manifiesto de la Sociedad Civil[i] para el Apoyo de Soluciones Climáticas Reales Los grandes proyectos hidroeléctricos a menudo se propagan como una fuente "limpia y verde" de electricidad por las instituciones financieras internacionales, gobiernos nacionales y otros actores. Éstos se benefician enormemente de los instrumentos destinados a hacer frente al cambio climático, incluidos los créditos de carbono bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), créditos de los Fondos de Inversión Climática del Banco Mundial, y de condiciones financieras especiales de agencias de crédito a la exportación y bonos verdes. La industria de las grandes represas espera que el Fondo Verde Climático incluya dentro de sus proyectos a financiar a las grandes hidroeléctricas, y muchos gobiernos los impulsan como respuesta al cambio climático a través de iniciativas nacionales. Por ejemplo, al menos doce gobiernos con importantes sectores de hidroeléctricas han incluido la expansión de la generación de energía hidroeléctrica en sus informes de contribuciones previstas y determinadas a nivel nacional (INDC, por sus siglas en inglés). El apoyo de iniciativas climáticas es una de las razones por las que más de 3.700 represas hidroeléctricas se encuentran actualmente en construcción y en proyecto. Sin embargo, los grandes proyectos hidroeléctricos son una falsa solución al cambio climático. Deberían mantenerse fuera de las iniciativas climáticas nacionales e internacionales por las siguientes razones: Particularmente en las regiones tropicales, los embalses hidroeléctricos emiten cantidades significativas de gases de efecto invernadero. Según un estudio científico, el metano de los embalses representa más del 4% de todo el cambio climático causado por el hombre - comparable con el impacto climático del sector de la aviación. En algunos casos, los proyectos hidroeléctricos están produciendo más emisiones que las plantas a carbón generando la misma cantidad de electricidad. Los ríos eliminan alrededor de 200 millones de toneladas de carbono de la atmósfera cada año. Además, los sedimentos que los ríos como el Amazonas, el Congo, el Ganges y el Mekong llevan al mar alimenta el plancton que absorbe grandes cantidades de carbono. Los proyectos hidroeléctricos y otras represas interrumpen el transporte de sedimentos y nutrientes y afectan la función de los ríos como sumideros globales de carbono. Las represas hidroeléctricas hacen que los sistemas de agua y energía sean más vulnerables frente al cambio climático. La seguridad de las represas se ve amenazada por inundaciones sin precedentes, que tan solo en los EE.UU. han causado que más de 100 represas fallen desde 2010. La construcción de represas ha exacerbado los desastres causados por las inundaciones en zonas montañosas frágiles como Uttarakhand/India. Al mismo tiempo, los riesgos económicos de la energía hidroeléctrica aumentan por las seguías extremas, que han afectado enormemente a países desde África hasta Brasil, que dependen de represas para generar la mayor parte de su electricidad. A diferencia de la mayoría de los proyectos eólicos, solares y de micro-hidroeléctricas, las grandes represas causan daños graves y a menudo irreversibles a ecosistemas críticos. Debido a la construcción de represas y otros factores, los ecosistemas de agua dulce han perdido en promedio el 76% de sus poblaciones desde 1970, más que los ecosistemas terrestres y marinos. Construir más represas para proteger a los ecosistemas del cambio climático significa sacrificar las arterias del planeta para proteger sus pulmones. Los grandes proyectos hidroeléctricos causan serios impactos en las comunidades locales y a menudo violan los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras, territorios, recursos, gobernanza, integridad cultural y consentimiento libre, previo e informado. Las represas han desplazado entre 40 y 80 millones de personas y han afectado negativamente a un estimado de 472 millones de personas viviendo río abajo. La resistencia de las comunidades afectadas por represas a menudo se ha topado con graves violaciones a los derechos humanos. Los grandes proyectos hidroeléctricos no siempre son una herramienta eficaz para ampliar el acceso de energía hacia la gente pobre. A diferencia de la energía eólica, solar y las micro-hidroeléctricas, las grandes represas hidroeléctricas dependen de redes eléctricas centralizadas, que no son una herramienta costo-efectiva para llegar a las poblaciones rurales, particularmente en África al sur del Sahara y el Himalaya. Los grandes proyectos hidroeléctricos son a menudo construidos para satisfacer las demandas de proyectos mineros e industriales, a pesar de justificarse por las necesidades de los pobres. Incluso si fueran una buena solución por otras razones, los grandes proyectos hidroeléctricos son costosos y requieren de demasiado tiempo como para hacer frente a la crisis climática. En promedio, las grandes represas terminan costando 96% más de lo presupuestado y tardan 44% más de lo pensado. En comparación, los proyectos eólicos y solares se pueden construir más rápido y experimentan, en promedio, sobre costos de menos de 10%. A diferencia de la energía eólica y solar, la energía hidroeléctrica ya no es una tecnología innovadora, y no ha visto grandes avances técnicos en varias décadas. A diferencia de la energía solar, el financiamiento climático para los grandes proyectos hidroeléctricos no traerá economías de escala, y no fomenta la transferencia de nuevas tecnologías a los países del Sur. La energía solar y eólica ya están disponibles, son económicamente competitivas, y han superado a las grandes hidroeléctricas en la adición de capacidad nueva. Mientras las redes eléctricas se vuelven más inteligentes y el costo de almacenamiento en baterías cae, ya no se necesitan nuevos proyectos hidroeléctricos para equilibrar las fuentes intermitentes de energía renovable. Los proyectos hidroeléctricos actualmente representan el 26% de todos los proyectos registrados en el MDL, y absorben una importante cantidad de apoyo de otras iniciativas climáticas. El financiamiento climático que va para grandes proyectos hidroeléctricos desplaza el apoyo a soluciones reales, como la eólica, la solar y la micro hidroeléctrica, y crea la ilusión de acción real por el clima. La inclusión de las grandes hidroeléctricas en iniciativas climáticas parece anular falsamente la necesidad de soluciones climáticas adicionales reales. Por estas razones, las organizaciones y personas abajo firmantes piden a los gobiernos, financistas y demás instituciones mantener a los grandes proyectos hidroeléctricos fuera de sus iniciativas para abordar el cambio climático. Todas las soluciones climáticas y de energía deben respetar los derechos y medios de vida de las comunidades locales. [i] Amazon Watch, Asia Indigenous Peoples Pact, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, Bianca Jagger Human Rights Foundation, Carbon Market Watch, International Rivers, Jeunes Volontaires pour l'Environnement International, Oxfam International, South Asia Network on Dams, Rivers and People; Urgewald; REDLAR y Movimiento Ríos Vivos.
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