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Foto: Suzanne LivingstoneVictoria: Declaran zona restringida a refugio de tortugas baulas
En mayo del 2008, en dos fallos separados, el Gobierno de Costa Rica adoptó una postura a favor de las tortugas baulas y en contra de los intereses comerciales empeñados en construir dentro del territorio protegido de estas especies en peligro de extinción.
Las tortugas baulas —una especie contemporánea de los dinosaurios— viven en constante peligro en su hábitat costarricense. La mala planificación y la ausencia de un proceso de vigilancia terminaron por destruir las playas de anidamiento en Flamingo y Tamarindo.
Esta vez las empresas constructoras tenían sus mirada puesta en el Parque Nacional Marino las Baulas (PNMB), hábitat protegido de algunas de las playas de anidamiento de tortugas baulas, uno de los más importantes del Océano Pacífico oriental.
Se implementó una reglamentación municipal de zonificación que autorizaría la construcción dentro de una parte del PNMB. No obstante, AIDA y CEDARENA, su socio local, junto con el Leatherback Trust (Fundación de Tortugas Baulas), montaron una exitosa campaña en defensa del parque.
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica anuló la reglamentación municipal de zonificación, dejando a salvo a las tortugas baulas y a sus playas de anidamiento. Este fallo vino luego de otra victoria jurídica por parte de AIDA, CEDARENA y Justicia por la Naturaleza, quienes exigimos al gobierno expropiar los terrenos privados que caían dentro de los límites del PNMB y que, de lo contrario, estarían destinados a ser patios de recreo para turistas.
La tortuga baula aún está bajo amenaza por la urbanización turística, la pesca, la caza furtiva, el robo de huevos de tortuga y la contaminación. No obstante, AIDA y sus socios han demostrado que la ley se puede utilizar para hacer cambios importantes.
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El senador Ernesto Cordero, representante del país ante esa instancia, debe rendir cuentas por su inasistencia a un espacio clave para definir el apoyo financiero contra el cambio climático. Ciudad de México, México. El senador Ernesto Cordero, representante de México ante la Junta Directiva del Fondo Verde Climático (FVC), faltó a la cuarta reunión de esa instancia, realizada entre el 25 y 28 de junio en Songdo, República de Corea. En esa cita se empezaron a delimitar las reglas de operación del Fondo, mecanismo financiero fundamental para que los países en vías de desarrollo obtengan el apoyo económico necesario para combatir el cambio climático. Según el Secretariado del FVC, la inasistencia de Cordero se debió a que éste debía atender sesiones importantes del Congreso del Estado mexicano. A la reunión de la Junta Directiva en Songdo tampoco asistió Chile, país alternado de México, el cual también comunicó al Secretariado su imposibilidad de participar del evento. Lo cierto es que, ante la ausencia de los representantes de ambos países, uno de los asientos que ocupa América Latina en la Junta Directiva del Fondo quedó vacío. La Junta está compuesta por 24 miembros: 12 representantes de países en desarrollo e igual número de delegados de naciones desarrolladas. Cada miembro cuenta con un miembro con quien se alterna, el cual puede participar en las reuniones de la Junta sin derecho a voto a no ser que asuma el rol de miembro titular. Latinoamérica tiene tres asientos en la Junta, los cuales fueron designados por grupos regionales: Colombia va en dupla con Perú, Belice con Cuba, y México con Chile. Cada dupla representa además a otros países. En ese sentido, la falta de participación de México o Chile en la cuarta reunión pone en riesgo los intereses del grupo de países latinoamericanos representados por esa dupla, que incluye a Brasil y Argentina. Contradice también el papel activo que México ha jugado en los últimos años en las negociaciones sobre cambio climático a nivel internacional. Asimismo, con lo ocurrido se dejó pasar una buena oportunidad para incidir en las decisiones tomadas en Corea. Eso debido a que el Fondo planea ser la principal fuente de recursos financieros para combatir el cambio climático. En la cuarta reunión de la Junta Directiva se tomaron decisiones críticas sobre temas relativos al Fondo como su objetivo, los resultados e indicadores de rendimiento a seguir, las modalidades de acceso, la titularidad doméstica, los instrumentos financieros, la estructura y organización, entre otros. La conformación del Fondo Verde Climático debe responder a las necesidades de todas las regiones del mundo, pero en especial a las de América Latina. Esto depende de que México, Chile y el resto de los países con asiento en la Junta, se comprometan a tener una participación activa y eficiente, y a ser congruentes con sus políticas nacionales sobre cambio climático. Es de suma importancia asegurar el involucramiento de los gobiernos latinoamericanos en esferas internacionales como la del FVC pues así se garantizará beneficios efectivos para los habitantes de esta región.
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La decisión da la razón a denunciantes que afirman que la Corporación Financiera Internacional no evaluó adecuadamente los impactos ambientales y sociales del proyecto en Colombia. Washington/Bogotá/Ottawa. La Oficina del Asesor en Cumplimiento (CAO, por sus siglas en inglés), mecanismo de rendición de cuentas de la Corporación Financiera Internacional (CFI), realizará una auditoría a la compra de acciones de la CFI en Eco Oro Minerals (antes Greystar Resources Ltd.) por US$18.2 millones. Dicha empresa canadiense pretende ejecutar un proyecto minero de oro llamado Angostura en el páramo de Santurbán, ubicado entre los departamentos colombianos de Santander y Norte de Santander. La decisión responde a la queja presentada en junio de 2012 por el Comité por la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán con apoyo de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Centro para el Derecho Ambiental Internacional (CIEL) y MiningWatch Canadá. Los peticionarios argumentaron que la inversión no cumplió con las políticas de sostenibilidad social y ambiental de la CFI, entidad parte del Grupo del Banco Mundial. “Celebramos la decisión de la CAO de avanzar la queja a una auditoría. Esto se suma a nuestros argumentos sobre la inviabilidad de la mina Angostura en Santurbán”, sostuvo Miguel Ramos, abogado miembro del Comité. “Si la CAO concluye que el proyecto no está cumpliendo y no va a cumplir con sus estándares, la CFI debería vender sus acciones”. Los páramos, humedales de gran altitud, son fuente de agua dulce y refugio para especies endémicas y amenazadas como el oso de anteojos y el cóndor andino. Así lo reconoce incluso la CFI. Además son ecosistemas esenciales para la mitigación del cambio climático. Las normas colombianas e internacionales prohíben la minería en páramos. Por ello, en mayo de 2011, el Ministerio de Ambiente de ese país negó la licencia ambiental al proyecto, propuesto inicialmente como mina a cielo abierto y ahora como mina subterránea. “Consideramos que una mina a cielo abierto o subterránea causaría daños irremediables a un ecosistema esencial para Colombia y para la región por su alta biodiversidad, su importancia para mitigar el cambio climático y por ser fuente de agua dulce para dos millones de personas. Por lo tanto y en cumplimiento de las normas, no debería implementarse”, indicó Astrid Puentes, co-directora ejecutiva de AIDA. La investigación de la CAO se enfocará en conocer si la evaluación de los riesgos sociales y ambientales se realizó de manera adecuada, en especial de aquellos acumulativos y de largo plazo. “La CFI invirtió para impulsar el sector minero en Colombia sin tener la información necesaria de los impactos, tanto del proyecto como del posible desarrollo de un distrito minero en la zona de Santurbán, una región que ha sido afectada por el conflicto armado y donde 70,000 hectáreas han sido concesionadas a varias empresas desde que Eco Oro llegó”, afirmó Jennifer Moore, coordinadora del Programa para América Latina de MiningWatch Canadá. “Esto demuestra que es una política irresponsable e inmanejable". La decisión de la CAO llega dos semanas después de otra similar, la de hacer una auditoría a una mina de cobre en Perú. En ese caso, la CFI compró acciones en un proyecto en etapa preliminar sin evaluar los impactos. “Desde nuestra perspectiva, de continuar aceptando este tipo de inversiones, la CFI podría incumplir con sus estándares. Es un patrón sumamente preocupante”, manifestó Kristen Genovese, abogada de CIEL. Las organizaciones que presentaron la queja esperan que el resultado de la investigación que realizará la CAO sea comprehensivo y que cuestione en profundidad la política actual de la CFI de impulsar la minería a gran escala a través de la compra de acciones en empresas mineras de exploración llamadas "junior". Vea la versión en PDF del informe de la CAO (sólo en inglés). Consulta la traducción no oficial a español del resumen del informe.
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