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Foto: Suzanne LivingstoneVictoria: Declaran zona restringida a refugio de tortugas baulas
En mayo del 2008, en dos fallos separados, el Gobierno de Costa Rica adoptó una postura a favor de las tortugas baulas y en contra de los intereses comerciales empeñados en construir dentro del territorio protegido de estas especies en peligro de extinción.
Las tortugas baulas —una especie contemporánea de los dinosaurios— viven en constante peligro en su hábitat costarricense. La mala planificación y la ausencia de un proceso de vigilancia terminaron por destruir las playas de anidamiento en Flamingo y Tamarindo.
Esta vez las empresas constructoras tenían sus mirada puesta en el Parque Nacional Marino las Baulas (PNMB), hábitat protegido de algunas de las playas de anidamiento de tortugas baulas, uno de los más importantes del Océano Pacífico oriental.
Se implementó una reglamentación municipal de zonificación que autorizaría la construcción dentro de una parte del PNMB. No obstante, AIDA y CEDARENA, su socio local, junto con el Leatherback Trust (Fundación de Tortugas Baulas), montaron una exitosa campaña en defensa del parque.
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica anuló la reglamentación municipal de zonificación, dejando a salvo a las tortugas baulas y a sus playas de anidamiento. Este fallo vino luego de otra victoria jurídica por parte de AIDA, CEDARENA y Justicia por la Naturaleza, quienes exigimos al gobierno expropiar los terrenos privados que caían dentro de los límites del PNMB y que, de lo contrario, estarían destinados a ser patios de recreo para turistas.
La tortuga baula aún está bajo amenaza por la urbanización turística, la pesca, la caza furtiva, el robo de huevos de tortuga y la contaminación. No obstante, AIDA y sus socios han demostrado que la ley se puede utilizar para hacer cambios importantes.
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Un grupo de organizaciones e individuos solicitó al Secretariado de la Convención Ramsar enviar una misión técnica de asesoramiento e instar al Estado mexicano a cumplir con las obligaciones adquiridas bajo el tratado cuando inscribió al sitio como humedal de relevancia internacional. Ciudad de México, México. Ante los riesgos graves que implica la construcción del Puente Vehicular Periférico Sur para el humedal de Xochimilco, organizaciones e individuos mandaron una alerta urgente al Secretariado de la Convención Ramsar, tratado intergubernamental para la protección de humedales. En ella solicitan el envío de una misión técnica de asesoramiento que recomiende acciones urgentes para la restauración del sitio y que se exhorte al Estado mexicano a cumplir con sus obligaciones bajo el tratado. “En la alerta se documenta cómo el Estado mexicano no está garantizando el mantenimiento de las características ecológicas de este humedal urbano pese a los servicios valiosos e irremplazables que brinda para la biodiversidad y para las comunidades locales”, explicó Sandra Moguel, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). “Si bien el sitio presenta un deterioro grave, su restauración es posible”. Xochimilco es un ecosistema remanente y único de la Cuenca de México. Provee de agua a la Ciudad de México y es hábitat de especies endémicas como el ajolote y la rana de Moctezuma. Además, las chinampas (método de cultivo mesoamericano) y su paisaje constituyen un sistema agrícola único en el mundo. En 2004, el gobierno mexicano inscribió al Sistema Lacustre Ejidos Xochimilco y San Gregorio Atlapulco como humedal de importancia internacional bajo la Convención Ramsar. Además, la zona fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987 y es Área Natural Protegida desde 1992 con un programa de manejo que prohíbe la construcción de cualquier obra de infraestructura. Sin embargo, la construcción de infraestructura urbana, así como la contaminación del agua y la disminución de recarga de ese recurso, han dañado el humedal al punto de poner en riesgo su sobrevivencia. El proyecto del Puente Vehicular Periférico Sur y Canal Nacional en la Alcaldía de Xochimilco fragmenta el flujo hidrológico del humedal Ramsar. Aunque el sitio ya se encontraba dividido, existían canales subterráneos que permitían el intercambio de agua entre ambas partes. Cabe resaltar que el gobierno de la ciudad avanzó con la construcción del puente de seis carriles, que comenzó en febrero de 2020, sin haberse realizado una evaluación de impacto ambiental. Ello ocurrió al amparo del “Acuerdo de Facilidades en materia de Impacto Ambiental para la realización de obras y/o actividades públicas en la Ciudad de México”, una modificación a la normativa local para agilizar el proceso. “La eliminación del procedimiento de evaluación de impacto ambiental no sólo viola la legislación ambiental nacional, sino también la propia Convención Ramsar”, dijo Tamara Vázquez, del Colectivo Xochimilco Vivo. “El tratado obliga a los Estados parte a garantizar que cualquier proyecto susceptible de alterar las características ecológicas de un Sitio Ramsar, o de dañar otro humedal de su territorio, sea sometido a procedimientos rigurosos de estudios de impacto”. En la alerta se evidencian otras vulneraciones del Estado mexicano a la Convención Ramsar, entre ellas la falta de integración de los humedales en la planificación, la omisión del concepto de uso racional y de la restauración como parte integral del manejo adecuado de estos ecosistemas, y la no prevención de actividades que tienen impactos adversos en los humedales urbanos y periurbanos. El puente está en operación desde julio pasado, pero hay zonas inundadas o sumergidas en charcos debido a la falta de filtración natural de agua en el humedal. Esto conlleva riesgos de desgaste, inestabilidad e incluso de colapso de la obra. Aunque el objetivo de levantar el puente fue la disminución del tráfico vehicular en el sur de la ciudad, existe un “tráfico inducido” derivado de su construcción. Contactos de prensa: Victor Quintanilla (AIDA), [email protected], 5570522107 Ricardo Ruiz (CEMDA), [email protected], 5559644162
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En todo el mundo se observan movimientos impulsados desde la sociedad civil que son cada vez más fuertes y cuyas voces se escuchan en los espacios de toma de decisiones. Así, cada una de estas acciones que nacen en lo local se unen hacia una meta común que traspasa fronteras: la protección del ambiente y de las personas. Las exigencias llegan hasta las altas instancias donde las decisiones adoptadas no solo afectan al movimiento que las originó, sino que generan precedentes para el resto. Por eso, hacemos un recuento de cinco logros obtenidos este año en el mundo por el movimiento ambiental del que somos parte, los cuales están abriendo camino para la rendición de cuentas, la protección de los derechos humanos y la dotación de nuevas herramientas jurídicas y de otro tipo para fortalecer la lucha conjunta. 1. El Acuerdo de Escazú entra en vigor Celebramos el Día de la Tierra (22 de abril) con la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú, el primer tratado sobre derechos ambientales de América Latina y el Caribe y el único en el mundo que consagra la protección de las personas defensoras ambientales. Escazú es el primer acuerdo regional que busca garantizar el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales, necesario para facilitar el trabajo y proteger la vida de las personas defensoras. Además, reconoce la necesidad de medidas de protección para comunidades en situación vulnerable. Con la ratificación de Argentina y México, se consiguieron las adhesiones necesarias para este gran avance. El acuerdo es también resultado de muchos años de trabajo desde la sociedad civil, sector que impulsó el desarrollo del Principio 10 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, que es clave para garantizar el derecho humano a un ambiente sano y sostenible. Ahora que ya entró en vigor, necesitamos que los países integren las responsabilidades que Escazú establece en sus sistemas internos para que las personas defensoras y las comunidades puedan usar el acuerdo a su favor y, entonces, sea realmente efectivo. 2. Corte ordena a Shell reducir sus emisiones a casi la mitad En un fallo histórico y de gran importancia en la lucha ciudadana por la justicia climática, el Tribunal del Distrito de La Haya ordenó que la empresa angloholandesa Shell reduzca sus emisiones en 45% para 2030. En el veredicto se dispone, por primera vez, que una empresa y sus subsidiarias deben alinear sus políticas con las metas globales de reducción de emisiones, como las estipuladas en el Acuerdo de París. Esta decisión es un precedente mundial al que se llegó gracias a la demanda presentada por varias organizaciones de la sociedad civil y por más de 17 mil ciudadanas y ciudadanos holandeses. El objetivo central de la demanda no era obtener una compensación financiera por los daños, sino obligar a la petrolera a reducir sus emisiones. Este caso abrió la discusión acerca de la responsabilidad de las empresas en el cambio climático y, además, fue pionero en utilizar los principios rectores de la ONU acerca de las empresas y los derechos humanos. Niels Hazekam, Asesor Principal de Políticas en Both Ends, una de las organizaciones que participó en la demanda, nos contó los detalles del litigio contra Shell en este webinar. Esta victoria representa un gran paso hacia el uso de los sistemas judiciales como herramientas para avanzar en la justicia climática, con grandes posibilidades de ser replicado en otras partes del mundo, incluyendo América Latina. 3. Tribunal internacional reafirma protección ambiental en Costa Rica Es legítimo que un país se declare libre de minería a cielo abierto como objetivo para proteger el ambiente. Así lo declaró el tribunal arbitral del CIADI, del Banco Mundial. El caso tiene su origen en el arbitraje que la minera Infinito Gold interpuso en contra de Costa Rica. La minera exigía el pago de 400 millones de dólares como indemnización por las ganancias no percibidas cuando el país anuló su concesión de explotación de minerales. AIDA advirtió al gobierno costarricense de las amenazas que el proyecto propuesto por Infinito Gold, Crucitas, tendría en el ambiente y los derechos humanos. En 2008, el gobierno emitió un decreto declarando el proyecto de interés. Y, en 2011, la Corte Suprema confirmó la decisión de declarar al proyecto Crucitas ilegal. La minera, inconforme con esa decisión, pidió el arbitraje internacional y la indemnización. Este año, el CIADI concluyó que Costa Rica no tendrá que pagar dicho monto y aclaró que el país no negó a la empresa el acceso a la justicia local. La decisión es un avance importante ante la creciente intención de las empresas por demandar a los países que deciden proteger sus ecosistemas. 4. La ONU reconoce el derecho humano a un ambiente sano El 8 de octubre, en un día histórico y crucial para el futuro del planeta, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas reconoció que todas las personas tenemos el derecho humano a un ambiente seguro, sano, limpio y sostenible. Costa Rica, Eslovenia, Maldivas, Marruecos y Suiza lideraron los esfuerzos al interior del Consejo en la última etapa de una larga lucha, junto con miles de organizaciones, movimientos, empresas y personas defensoras que se unieron a #HealthyEnvironmentForAll. Compartiendo cartas e invitando a la sociedad civil de todo el mundo, lograron mostrar el interés legítimo por reconocer este derecho. Cabe decir que este hito en la historia del derecho ambiental internacional es resultado de casi 50 años de trabajo de miles de personas que, desde la Declaración de Estocolmo en 1972, han sentado las bases para este día. También el 8 de octubre, el Consejo estableció la creación de una nueva Relatoría Especial para promover los derechos humanos en el contexto de cambio climático. Fue la respuesta a una demanda de la sociedad civil en la que AIDA fue punto de encuentro y coordinación a nivel de América Latina para movilizar esta decisión. 5. Caso de contaminación llega a la Corte Interamericana Después de más de 15 años, el caso de violaciones a derechos humanos por contaminación ambiental en La Oroya, Perú, llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es la primera vez que un caso de contaminación del aire causada por actividades empresariales en un contexto urbano llega a la Corte. La Comisión Interamericana presentó el caso ante la Corte tras establecer la responsabilidad internacional del Estado y como respuesta a la petición de un grupo de personas expuestas crónicamente a metales pesados provenientes del complejo metalúrgico de la empresa Doe Run Perú, representadas por AIDA y sus aliados. Las personas afectadas recurrieron al Sistema Interamericano de Derechos Humanos porque a pesar de que el Tribunal Constitucional peruano dispuso en 2006 medidas urgentes para la protección de sus derechos, el Estado no las acató. La presentación del caso ante la Corte representa también una gran oportunidad para restablecer los derechos de las personas afectadas. ¡Conoce más y lee sobre las principales victorias de AIDA en nuestro Informe Anual 2021!
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Frente a los desafíos cada vez más grandes a los que nos enfrentamos debido a la degradación del ambiente y la crisis climática, la fuerza de la lucha conjunta demuestra que es posible garantizar un ambiente sano y un futuro sostenible para todas las personas. Este año, AIDA consiguió avances importantes en ese camino, de la mano de comunidades y de aliados en la región. Las historias a continuación hablan de logros que nos acercan a la justicia ambiental y climática que necesitamos con urgencia y por la que trabajamos cada día. Son historias de éxito y de esperanza que nos inspiran a seguir avanzando con más fuerza. 1. Mujeres mayas empujan al BID a la rendición de cuentas En Guatemala, bajo nuestro asesoramiento y con el apoyo de aliados locales e internacionales, la lucha de mujeres mayas por defender su agua y su territorio hizo historia. Lograron que la oficina de rendición de cuentas del Grupo del BID reconozca los daños ocasionados por dos represas financiadas por el BID Invest y abra la posibilidad de que el banco retire su inversión de manera responsable. Conoce Más 2. Un fallo afianza la preservación de las áreas naturales protegidas La intención de grandes desarrolladores inmobiliarios de desmantelar el área de protección de flora y fauna Yum Balam, en el Caribe mexicano, se topó con la pared. La Suprema Corte de México sentó un precedente legal clave al determinar que el programa de manejo, fundamental para el aprovechamiento sostenible del sitio, es legal. AIDA contribuyó a defender a Yum Balam en los tribunales, así como a construir el programa de manejo. Conoce Más 3. La ayuda internacional llega a dos lagos altoandinos Junto con comunidades y organizaciones locales, AIDA impulsó la solicitud de apoyo técnico internacional para la recuperación de los lagos Poopó y Uru Uru en el altiplano boliviano, la cual fue finalmente formalizada por el gobierno. Ese apoyo, previsto para el próximo año, es vital para el rescate de estos ecosistemas, verdaderos sistemas de vida para la biodiversidad y para las comunidades indígenas y campesinas de la zona. Conoce Más ¡Encuentra estas historias y mucho más sobre el camino recorrido este año en nuestro Informe Anual 2021!
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