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Victoria: Ecuador ordena el fin de la contaminación por producción de aceite de palma

Las plantaciones de palma aceitera están amenazando la biodiversidad del Chocó, un antiguo bosque en Ecuador. Las empresas a cargo de esos cultivos han causado la destrucción masiva del bosque, poniendo en peligro a especies raras y desplazando a los agricultores locales. En Septiembre de 2007, la Corte Constitucional ordenó la remediación del daño y la rendición de cuentas por el mismo.

El dictamen vino un año después de que AIDA se uniera a ECOLEX, su socio ecuatoriano, para documentar y arrojar luces sobre los impactos negativos del cultivo de palma aceitera en Ecuador. Los desechos provenientes de las plantaciones, incluyendo pesticidas y químicos peligrosos, contaminaban ríos y cursos de agua cercanos. Esto dañaba a peces y plantas, y afectaba significativamente la salud y los medios de subsistencia de las comunidades locales.

La evidencia fue lo suficientemente convincente para llevar a ECOLEX a presentar, en Septiembre de 2006, una demanda constitucional contra el Ministerio del Ambiente y los propietarios de las plantaciones para proteger el derecho humano a un ambiente sano. AIDA apoyó la acción legal de ECOLEX con argumentos de derecho ambiental internacional.

Al año siguiente, la Corte Constitucional (el más alto tribunal de Ecuador) ordenó al Ministerio remediar los daños causados por las plantaciones de palma aceitera y tomar medidas para controlar y mitigar daños futuros y potenciales.

Poco después, el Ministerio presentó una apelación, pero la misma no fue exitosa. La Corte Constitucional reiteró su decisión original.

Esa decisión es una victoria importante para quienes sufrieron por el cultivo irresponsable de palma aceitera en Ecuador. Más importante aún es que el alto tribunal estableció un precedente legal que puede ser utilizado por los tribunales ecuatorianos menores al decidir sobre casos ambientales. Con este triunfo, AIDA buscará más oportunidades para proteger la riqueza natual de Ecuador.


Bosque amazónico en Alta Floresta, Brasil

Carta abierta al Grupo BID: Ni un paso atrás con los compromisos climáticos

Las organizaciones de la sociedad civil abajo firmantes nos oponemos firmemente a cualquier medida que implique un retroceso en los compromisos climáticos asumidos por el Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID). Le solicitamos al Grupo BID que mantenga su meta de financiamiento climático. Retroceder ahora dejaría a una de las regiones más vulnerables del mundo con menos apoyo justo cuando más lo necesita.Según información publicada por Devex, el Grupo BID estaría considerando reducir o eliminar su meta de financiamiento climático. Nos preocupa profundamente esta posibilidad. Una decisión así significaría abandonar compromisos climáticos que el propio Grupo BID asumió públicamente, y con los que se consolidó como uno de los bancos líderes en la materia y que han sido centrales para cumplir su mandato como Banco de Desarrollo regional que busca "mejorar vidas".Consideramos que eliminar la meta de financiamiento climático sería contraria a los compromisos asumidos en: a) la EstrategiaBID+ 2024–2030 y su Marco de Impacto, que establecen el cambio climático como uno de los tres objetivos centrales del Grupo BID. Asimismo incluye una meta de financiamiento climático y verde, el apoyo a las cero emisiones netas para 2050, la alineación con el Acuerdo de París y la eliminación de los subsidios regresivos y contaminantes a los combustibles fósiles; b) el Plan de Acción en Materia de Cambio Climático 2021-2025, que fijó el rumbo de la institución en esta materia; c) el anuncio del Grupo BID en la COP29, por el cual se comprometía a un mínimo de 50 por ciento de financiamiento verde y climático en el BID y un 60 por ciento en BID Invest para 2030.Reducir la meta de financiamiento climático también sería inconsistente con los principios de no regresión y de progresividad reconocidos en el Acuerdo de Escazú, y con el principio de progresión del Acuerdo de París, así como con la Opinión Consultiva OC-32/25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre Emergencia Climática y Derechos Humanos. La gran mayoría de los Estados miembros del Grupo BID asumieron estas obligaciones y compromisos, y el Grupo BID debería apoyarlos en su cumplimiento. Esto es especialmente grave porque, en palabras del propio Grupo BID, América Latina y el Caribe "es una de las regiones más vulnerables al cambio climático" del mundo.Una reducción de la meta de financiamiento climático podría debilitar la contribución colectiva de los Bancos Multilaterales de Desarrollo (BMD) a la implementación de la Nueva Meta Colectiva Cuantificada de Financiamiento Climático (NCQG por sus siglas en inglés), adoptada en la COP29. La NCQG establece una meta de al menos USD 300 mil millones anuales para los países en desarrollo para 2035, y otra meta aspiracional de alcanzar USD 1.3 billones integrando todas las fuentes. La decisión reconoce expresamente que los flujos de financiamiento climático movilizados por los BMD pueden contribuir a su cumplimiento, mismo a lo que se comprometieron en acuerdo con sus accionistas. Reducir metas institucionales podría debilitar la movilización de financiamiento que la región necesita, tanto para adaptación, como para la transición energética justa, y sobre todo para las pérdidas y daños que van en incremento. Además, el Grupo BID quedaría, en esta materia, por detrás de otros bancos multilaterales y regionales, como el Nuevo Banco de Desarrollo (con una meta del 40%), el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (con una meta de 50% para 2030); y el Banco Asiático de Desarrollo (75% para 2030).Por otra parte, deseamos expresar nuestros cuestionamientos al recientemente publicado Marco Temático de Energía 2026-2030, el cual carece de la ambición climática necesaria y no está alineado con los compromisos establecidos en la Estrategia Institucional.La crisis climática se agrava y sus efectos en América Latina y el Caribe son cada vez más severos, como lo vemos ahora con los impactos de El Niño. En este contexto, el Grupo BID debe reforzar, y no debilitar, su ambición climática. Una transición energética justa y sostenible es aquella que sitúa a las comunidades en el centro y ofrece financiamiento no reembolsable y a tasas concesionales. También es aquella que evita repetir el patrón extractivo: no puede medirse sólo en términos de emisiones, sino también en términos de sus impactos ambientales y sociales.Nos oponemos firmemente a cualquier medida que implique un retroceso en los compromisos climáticos asumidos por el Grupo BID. Pedimos al Presidente y al Directorio Ejecutivo:Mantener la meta de financiamiento climático y verde asumida en la Estrategia BID+ y anunciada en la COP29, para apoyar a los Estados miembros con las obligaciones climáticas, incluidas las establecidas por la Corte IDH en la OC-32/25 así como respetar y garantizar los principios de no regresión y progresividad del Acuerdo de Escazú.Fortalecer la implementación de los compromisos climáticos y establecer la eliminación progresiva del financiamiento al gas fósil.Clarificar las contribuciones que el BID hará a la Nueva Meta Colectiva Cuantificada de Financiamiento Climático, especialmente hacia los 300 mil millones comprometidos de manera anual para 2035, y cómo se contribuirá con la triplicación del financiamiento para la adaptación, acordado en la COP30.Priorizar el financiamiento no reembolsable y concesional, para apoyar a los países miembros que más lo necesitan a cumplir con las metas del Acuerdo de París y adaptarse a los impactos del cambio climático.Promover modelos energéticos que respeten los derechos humanos y prioricen el acceso y asequibilidad de la energía, la sostenibilidad ambiental y social, y el uso de los bienes comunes dentro de los límites planetarios. Descarga la carta Organizaciones firmantesAbibiNsroma Foundation, GhanaAid Life Learn Environment (ALLEN), República Democrática del CongoArgentina 1.5, ArgentinaAsociación Ambiente y Sociedad (AAS), ColombiaAsociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), RegionalAsociación Unión de Talleres 11 de Septiembre, BoliviaBank Climate Advocates, Estados Unidos/InternacionalBank Information Center, Estados UnidosBig Shift Global, GlobalClínica Jurídica Espeletia - Universidad Externado de ColombiaCohesión Comunitaria e Innovación Social, MéxicoColectivo Voces Diversas, El SalvadorConectas Human Rights, BrasilDerecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR), PerúECCO think tank, ItaliaEqual Right, ColombiaFundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), ArgentinaFundación Acue, ChileFundación CAUCE: Cultura Ambiental - Causa Ecologista, ArgentinaFundación para la Conservación y Uso Sustentable de los Humedales, ArgentinaFundación Tierra, BoliviaFundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps), ArgentinaGermanwatch e.V, AlemaniaGlobal Initiative for Economic, Social and Cultural Rights (GI-ESCR), GlobalGlobal Policy Forum Europe, EuropaGrupo de Cambio Climático para América Latina y el Caribe (GFLAC), MéxicoGrupo de Trabajo sobre BID, RegionalGrupo de Trabalho Infraestrutura e Justiça Socioambiental, BrasilInisiasi Masyarakat Adat (IMA), IndonesiaLatinoamérica Sustentable, RegionalMenafem Movement, EgiptoObservatorio Ambiental Ciudadano, AOAC, ColombiaOyu Tolgoi Watch, MongoliaPlataforma Internacional contra la Impunidad, InternacionalPolen Transiciones Justas, ColombiaRecourse, Reino UnidoRed de Comunidades Impactadas por IFIs, RegionalRed Latinoamericana y del Caribe por Justicia Económica, Social y Climática (LATINDADD), RegionalRivers without Boundaries, MongoliaSustentarse, ChileThe Climate Reality Project América Latina, RegionalThe Climate Reality Project, Estados UnidosThe Common Initiative, InternacionalUrgewald, Alemania   

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Barco que transporta carga en el mar

El futuro del transporte marítimo está en juego: ¿Qué se negocia en la OMI?

El transporte marítimo mueve buena parte de los productos que usamos a diario. Pero también genera cerca del 3% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero (GEI). Junto con el transporte aéreo, es un sector en donde reducir las emisiones puede resultar difícil pues se requiere un acuerdo global. En una publicación anterior, contamos cómo la Organización Marítima Internacional (OMI), organismo de las Naciones Unidas que regula el transporte marítimo, negociaba medidas para descarbonizar el sector. Desde entonces, hubo avances y obstáculos. Hoy, esa discusión está en un momento decisivo. Un acuerdo histórico sin precedentesEn 2023, los países miembros de la OMI acordaron una estrategia para reducir las emisiones del transporte marítimo y llegar a emisiones netas cero cerca de 2050 con el compromiso de promover una transición equitativa y justa. También fijaron como metas de reducción intermedias, tomando como base las emisiones de 2008, una reducción de al menos un 20% para 2030 y de 70% para 2040.Para convertir esos objetivos en reglas concretas, en abril de 2025, durante la reunión 83 del Comité de Protección del Medio Marino de la OMI (MEPC 83), se aprobó el texto del Marco Cero Neto (Net-Zero Framework, NZF). Su diseño combinaba dos herramientas:Una medida técnica para exigir que los combustibles utilizados por los buques sean progresivamente menos contaminantes, promoviendo el uso de alternativas de cero o casi cero emisiones y estableciendo metas de reducción de emisiones anuales cada vez más estrictas. Una medida económica que dispone pagos para los buques que superen ciertos límites de emisiones. Con esto se propuso la creación del Fondo Cero Neto para que los recursos recaudados sean utilizados en incentivar tecnologías más limpias y apoyar medidas para una transición justa y equitativa. El acuerdo significó un avance sin precedentes que aumentaría el costo de usar combustibles marítimos tradicionales, como el HFO (fuel oil pesado), incentivando el uso de combustibles menos contaminantes, y permitiendo apoyar a los países menos aventajados en la transición con los recursos recaudados.Sin embargo, en octubre de 2025, durante el MEPC 83, cuando correspondía adoptar formalmente el acuerdo, fuertes presiones políticas en torno a la ambición climática del Marco Cero Neto y su implementación aplazaron la discusión por un año. El NZF quedó sin adopción definitiva en medio de diferencias sobre sus costos, su aplicación y su componente económico.¿Qué ha pasado en 2026?En abril de 2026, durante las sesiones del MEPC 84, los Estados acordaron abrir un nuevo espacio para discutir las preocupaciones pendientes y buscar un consenso más amplio. Para ello se programaron dos reuniones del Grupo de Trabajo Intersesiones sobre la Reducción de los Gases de Efecto Invernadero de la OMI, conocido como ISWG-GHG.La primera se celebró del 1 al 4 de septiembre (ISWG-GHG 22) y la segunda será realizada en noviembre, junto con el MEPC 85. Aunque en la primera reunión hubo disposición al diálogo y coincidencias en algunos aspectos técnicos, hubo fuertes diferencias entre los diferentes grupos de países y no se acordó una nueva versión del NZF. Algunos países buscan flexibilizar y hacer menos exigentes las metas de reducción de emisiones, además de limitar o eliminar todo tipo de pagos e incentivos para cumplir con el mecanismo, disminuyendo sensiblemente la posibilidad de una transición justa y equitativa en el transporte marítimo. Lo discutido en el ISWG GHG 22 permite identificar con mediana claridad dos enfoques: uno que busca mantener la estructura del acuerdo del MEPC 83 y garantizar que la regulación logre de forma efectiva acelerar el cambio hacia combustibles con menores emisiones y cumplir las metas climáticas definidas por la OMI; y otro que busca incorporar en la estrategia de descarbonización el ritmo del mercado de los combustibles actuales —en base a su disponibilidad, escalabilidad y precio—, permitiendo extender el uso de combustibles fósiles, como el gas natural licuado, como combustibles de transición del sector marítimo. Dos son los principales debates en las negociaciones: a. Determinar cuánto y a qué ritmo deben bajar las emisiones de GEI de los buquesEl NZF propone un estándar global que limita progresivamente la cantidad de GEI generados por cada unidad de energía utilizada por los buques. Para calcularlo, considera las emisiones del combustible durante todo su ciclo de vida, desde su producción hasta su utilización a bordo (well-to-wake). Esto evita presentar como limpia una alternativa que contamina a lo largo de su cadena de valor antes de llegar al barco.Algunas propuestas de países buscan flexibilizar las metas iniciales o vincular su exigencia a la disponibilidad, asequibilidad y escalabilidad de los combustibles. Quienes las defienden advierten que el cambio requiere inversiones, infraestructura y tecnologías que todavía no están disponibles de manera suficiente en todas las regiones. Si bien estas dificultades son reales e inherentes al proceso, debilitar las metas no parece ser la solución más adecuada. Esto sería contraproducente pues retrasará aún más las inversiones en nuevas tecnologías, además de prolongar el uso de combustibles fósiles y hacer más difícil cumplir con los objetivos climáticos. La solución debe permitir una implementación viable sin perder de vista que el objetivo es reducir efectivamente las emisiones de la flota internacional. b. Determinar quiénes pagan por contaminar y quiénes reciben apoyoEl segundo debate gira en torno al mecanismo económico del NZF. En su versión aprobada en 2025, los buques que no alcancen ciertos niveles de desempeño deben realizar contribuciones económicas. Estos recursos alimentarían el Fondo Cero Neto de la OMI, pensado para apoyar el uso de combustibles menos contaminantes y financiar medidas para una transición justa y equitativa en países vulnerables.Específicamente la llamada Regulación 41, establece que parte de los ingresos recaudados financien medidas de apoyo a una transición justa y equitativa, propiciando la protección ambiental y climática, así como la adaptación y resiliencia, con foco en las necesidades de los países en vías de desarrollo.En esta regulación se considera también el financiamiento de investigación y desarrollo de nuevas tecnologías, el desarrollo de infraestructura marítima y portuaria, la transferencia de tecnologías, el desarrollo de capacidades y la cooperación técnica entre países. Además, contempla el apoyo a personas trabajadoras del sector marítimo y a la gente de mar; la implementación de planes de acción nacionales, incluyendo modernización y renovación de flotas; y la atención de los impactos negativos desproporcionados que las nuevas medidas puedan generar, por ejemplo, en la seguridad alimentaria.Aunque muchos países defienden este esquema de recaudación, otros buscan eliminar los pagos obligatorios y el Fondo Cero Neto. Liberia y Panamá proponen reemplazarlos por un sistema de intercambio de créditos de emisiones entre buques, donde las transacciones económicas quedarían principalmente dentro de la industria marítima. Por su parte, Japón propone que las navieras, en lugar de aportar a un fondo común, cumplan sus obligaciones mediante contribuciones directas a proyectos que seleccionen ellas mismas, sujetos a aprobación de la OMI. Brasil plantea una alternativa intermedia: mantener la recaudación y redistribución de recursos mediante una entidad financiera más flexible (Facility). Lo contradictorio es que, sin una fuente de financiamiento estable, predecible y que envíe las señales adecuadas, es mucho más difícil disminuir las emisiones de CO2 y apoyar a los países con menos recursos para adaptarse. Los incentivos para las empresas o una transición más flexible y paulatina no garantizan por sí solos el cumplimiento de las metas de descarbonización ni que los beneficios de la transición lleguen también a los países y comunidades que más los necesitan. Si actualmente se estima que el NZF recaudaría entre 11.000 y 12.000 millones de dólares anuales para incentivar la descarbonización y financiar una transición justa, las alternativas que eliminan la recaudación centralizada concentrarían los beneficios económicos en las propias empresas, sin garantizar recursos para apoyar a los países más vulnerables. Lo que está en juego para los países de América Latina y el CaribePara la región, estas decisiones no son lejanas y requieren pasos decididos para que la descarbonización entregue resultados climáticos y no solo costos económicos. Muchos países dependen del transporte marítimo para importar alimentos, medicamentos y energía o para exportar sus productos. Además, la región es productora de combustibles fósiles y requiere estímulos económicos para adaptar sus sistemas energéticos a las nuevas demandas del transporte marítimo, especialmente en los puertos, así como para que los países se mantengan competitivos y cumplan las regulaciones de la OMI. También se debe considerar la necesidad de adaptación de los puertos regionales a los riesgos asociados a la crisis climática. Debilitar el acuerdo no hará que la región se integre justa y equitativamente al proceso de descarbonización de la OMI. La transición energética y de combustibles ya está ocurriendo, con mayor o menor rapidez, y los países más desarrollados están invirtiendo en infraestructura y capacidades técnicas, al tiempo que pavimentan el camino para asegurar su participación en el futuro del sector y en los beneficios y oportunidades del proceso. Sin embargo, la participación de América Latina y el Caribe en la transición está en juego. Sin un acuerdo que establezca un marco claro para el apoyo a la transición de países en desarrollo y menos desarrollados, como lo determinado en la Regulación 41, existe el riesgo real de que la región quede al margen del proceso y sus Estados enfrenten los costos de la transición. Esto es así porque muchos países tienen limitaciones para emprender inversiones energéticas en el sector marítimo y podría tomar años para que se conviertan en proveedores de combustibles limpios. Lograr un acuerdo robusto, justo y equitativo en la OMI no solo acelerará la reducción de emisiones contaminantes, sino que permitirá que la transición sea posible para todos los países del mundo sin dejar a ninguno atrás. Un acuerdo justo debería responder tanto a los desafíos climáticos como a las necesidades de los países en el proceso de transición. En particular, necesita:Metas claras y ambiciosas que permitan reducir las emisiones contaminantes del sector, con la urgencia requerida y sin postergar indefinidamente el cambio tecnológico.Financiamiento suficiente para que los países con menos recursos puedan enfrentar los impactos desproporcionados de la regulación e invertir en nuevas tecnologías, capacidades técnicas e infraestructura portuaria.Brindar protección a las personas y al ambiente para que la producción de nuevos combustibles y la transformación de los puertos respeten los derechos de personas trabajadoras, comunidades costeras y pueblos indígenas. La región tiene, por tanto, un papel activo que jugar. Sus gobiernos pueden impulsar posiciones que combinen ambición climática, protección ambiental, cooperación internacional y garantías para una transición justa y equitativa, en lugar de aceptar que se tenga que elegir entre proteger la economía y proteger el clima. Un cierre de año decisivoEn los próximos meses, las negociaciones en la OMI tendrán un periodo muy importante que podría definir el futuro del acuerdo y determinar si la discusión se seguirá posponiendo o habrá un texto definitivo. Del 23 al 27 de noviembre, se celebrarán las reuniones del ISWG-GHG 23; del 30 de noviembre al 3 de diciembre, tendrá lugar el MEPC 85; y el 4 de diciembre podría reanudarse la sesión extraordinaria (MEPC ES.2) aplazada en 2025, si el Comité lo confirma. Alcanzar un acuerdo global con reglas comunes permitirá tener mayor claridad sobre el futuro del sector y evitar que cada país o región avance por separado. Pero no basta con aprobar cualquier acuerdo. Su éxito dependerá de que logre efectivamente reducir emisiones contaminantes, acelere la salida de los combustibles fósiles y reúna recursos suficientes para apoyar a los países que enfrentan mayores dificultades.Desde AIDA seguiremos de cerca estas negociaciones, promoviendo que las delegaciones de América Latina y el Caribe tengan una voz activa, basada en sus intereses legítimos y el mejor conocimiento técnico disponible, no en presiones políticas. El desafío es lograr que la transformación del transporte marítimo sea, al mismo tiempo, una respuesta efectiva a la crisis climática y una oportunidad para avanzar hacia un futuro más justo y equitativo para los países de la región. 

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Complejo Metalúrgico de La Oroya en Perú

Carta de víctimas de contaminación de La Oroya al papa León XIV

Con un fraterno saludo y deseándole a su vez, una pronta y óptima recuperación en su salud, nos dirigimos cordialmente a usted. Somos hombres y mujeres de La Oroya que hemos sufrido las consecuencias de la contaminación provocada por un complejo metalúrgico que opera desde hace más de cien años. Sus emisiones y la falta de medidas adecuadas de protección por parte del Estado peruano han degradado nuestro aire, agua y suelo causando graves daños a nuestra salud. Formamos parte de un grupo de personas que, después de años de buscar justicia sin obtener respuesta en nuestro país, fuimos reconocidas como víctimas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en una sentencia histórica que declaró la responsabilidad del Estado peruano en el caso Habitantes de La Oroya vs. Perú y le ordenó adoptar medidas de reparación integral. Le escribimos porque, después de más de veinte años de lucha, seguimos esperando que la justicia llegue a nuestras vidas y que el Estado cumpla cabalmente con la sentencia de la Corte. Durante generaciones, nuestras familias han respirado y tocado plomo, cadmio, arsénico y dióxido de azufre. Hemos visto sus efectos en nuestros cuerpos y en los de nuestros hijos e hijas. Algunas personas incluso han tenido que abandonar la ciudad para protegerse de estos daños.Aun así, La Oroya es nuestro hogar. Allí nacimos, crecimos y formamos nuestras familias. Queremos que vivir y trabajar en La Oroya no cueste nuestra salud y que nuestra tierra sea recordada no solo por su contaminación.La Iglesia ha caminado a nuestro lado, hoy necesitamos que esa compañía continúe.Durante muchos años, la Iglesia de Huancayo y la parroquia de La Oroya estuvieron cerca de nuestra comunidad y ayudaron a que el país conociera lo que vivíamos.Recordamos con gratitud al Cardenal Pedro Barreto Jimeno, quien, como Arzobispo de Huancayo, defendió públicamente nuestra salud, nuestra dignidad y nuestro derecho a vivir en un ambiente sano, y acompañó nuestro proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En su testimonio afirmó: "Yo pude ser testigo de familias con graves afectaciones a la salud, derivados de la contaminación ambiental de La Oroya, familias que perdieron seres queridos: víctimas de tumores y víctimas también de cáncer en pulmón".  Para nosotras y nosotros, la Iglesia ha sido una presencia cercana que ha escuchado nuestro dolor y nos ha ayudado a alzar la voz. Hoy le pedimos, Santo Padre, que esa cercanía continúe y nos acompañe en uno de nuestros mayores desafíos: lograr que la justicia se haga realidad.Contamos con una sentencia que reconoce la violación de nuestros derechos, pero que aún no se cumple.La sentencia de la Corte fue una luz después de tantos años de lucha. Pero esa luz todavía no ha llegado a nuestras casas. Entre las medidas ordenadas que siguen sin cumplirse se encuentran brindar una atención integral en salud, contar con un plan de acción para remediar los daños ambientales en La Oroya, o compatibilizar la legislación nacional con los estándares de calidad del aire para la protección del ambiente y la salud de las personas. Mientras tanto, la contaminación y el riesgo continúan. En nuestra búsqueda de justicia, ya han muerto siete personas en espera de una atención médica adecuada y de la reparación esperada. Lo ocurrido en La Oroya es también la historia de muchas comunidades de Perú, de América Latina y del mundo, donde la contaminación amenaza la salud y la vida. Como nos recordó el Papa Francisco en Laudato si', debemos escuchar tanto "el clamor de la tierra y el clamor de los pobres". En la Oroya ambos clamores siguen en busca de justicia. El cuidado de la casa común también ha sido una preocupación para usted : "Parece que aún no se tiene conciencia de que destruir la naturaleza no perjudica a todos del mismo modo: pisotear la justicia y la paz significa afectar sobre todo a los más pobres, a los marginados, a los excluidos.”Santo Padre, usted conoce al pueblo peruano, caminó junto a él como misionero y pastor. Por eso confiamos en que su visita puede ayudar a que nuestra voz no se apague. Le pedimos, con respeto y esperanza, que La Oroya tenga un lugar en su visita, en sus oraciones, en su palabra y en el acompañamiento de la Iglesia, para que el llamado de quienes hemos sufrido durante generaciones la contaminación sea escuchado y nuestros derechos por fin sean garantizados.Por eso, Santo Padre, le pedimos con humildad:Que La Oroya esté presente en su palabra durante su visita a Perú, como signo de cercanía con las comunidades que sufren la contaminación y de esperanza en que sus derechos sean garantizados.Que escuche nuestros testimonios, recibiendo, si su agenda lo permite, a una pequeña delegación de víctimas durante su visita a Lima, o acogiendo nuestros testimonios por medio de un representante de la Iglesia o a través del Cardenal Barreto.Que la Iglesia siga acompañándonos después de su visita, con el apoyo de la Conferencia Episcopal Peruana y del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, para que el cuidado de la vida y la salud de nuestra comunidad sea, por fin, una realidad. Creemos que su voz puede ayudar a que nuestra historia no se olvide y a que todos, autoridades, empresas y sociedad, recordemos que cuidar la vida de las personas más vulnerables y la salud de nuestro planeta es un deber que no puede esperar.Agradecemos de corazón la atención que Su Santidad pueda brindar a nuestra petición. Esperamos que su visita a nuestra tierra sea también una oportunidad para escuchar a quienes más han sufrido y renovar nuestra esperanza de que la justicia llegue, por fin, a nuestras vidas.  Lee y descarga la carta 

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