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Victoria: Ecuador ordena el fin de la contaminación por producción de aceite de palma
Las plantaciones de palma aceitera están amenazando la biodiversidad del Chocó, un antiguo bosque en Ecuador. Las empresas a cargo de esos cultivos han causado la destrucción masiva del bosque, poniendo en peligro a especies raras y desplazando a los agricultores locales. En Septiembre de 2007, la Corte Constitucional ordenó la remediación del daño y la rendición de cuentas por el mismo.
El dictamen vino un año después de que AIDA se uniera a ECOLEX, su socio ecuatoriano, para documentar y arrojar luces sobre los impactos negativos del cultivo de palma aceitera en Ecuador. Los desechos provenientes de las plantaciones, incluyendo pesticidas y químicos peligrosos, contaminaban ríos y cursos de agua cercanos. Esto dañaba a peces y plantas, y afectaba significativamente la salud y los medios de subsistencia de las comunidades locales.
La evidencia fue lo suficientemente convincente para llevar a ECOLEX a presentar, en Septiembre de 2006, una demanda constitucional contra el Ministerio del Ambiente y los propietarios de las plantaciones para proteger el derecho humano a un ambiente sano. AIDA apoyó la acción legal de ECOLEX con argumentos de derecho ambiental internacional.
Al año siguiente, la Corte Constitucional (el más alto tribunal de Ecuador) ordenó al Ministerio remediar los daños causados por las plantaciones de palma aceitera y tomar medidas para controlar y mitigar daños futuros y potenciales.
Poco después, el Ministerio presentó una apelación, pero la misma no fue exitosa. La Corte Constitucional reiteró su decisión original.
Esa decisión es una victoria importante para quienes sufrieron por el cultivo irresponsable de palma aceitera en Ecuador. Más importante aún es que el alto tribunal estableció un precedente legal que puede ser utilizado por los tribunales ecuatorianos menores al decidir sobre casos ambientales. Con este triunfo, AIDA buscará más oportunidades para proteger la riqueza natual de Ecuador.
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CIDH alerta sobre violaciones a derechos humanos en Guatemala por contaminación en la cuenca del río Motagua
Washington D.C. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió en su informe Situación de los Derechos Humanos en Guatemala que la cuenca del río Motagua enfrenta una severa crisis de contaminación que ha generado impactos profundos en la biodiversidad y vulneraciones sistemáticas a los derechos humanos de comunidades locales, incluido el pueblo maya poqomam.La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) expresa su preocupación y hace un llamado a adoptar acciones urgentes ante las conclusiones del informe de la CIDH, resultado de la visita realizada por el organismo a Guatemala en julio de 2024.Durante su visita, la CIDH constató que los ríos del municipio de Chinautla "pasaron a ser conductos contaminados de residuos y desechos que desembocan en el río Motagua". El organismo señala que dichos vertidos se realizan "sin pasar por una planta de tratamiento", lo que incrementa la presencia de sustancias contaminantes y agrava la crisis ambiental.El informe, presentado esta semana, advierte que la contaminación del agua, la inexistencia de controles ambientales y la operación irregular de empresas extractivas en la zona amenazan derechos fundamentales como el derecho al agua, el derecho a un medio ambiente sano, la salud e integridad de las comunidades, así como los derechos territoriales del pueblo indígena poqomam.Los hallazgos sobre Chinautla se enmarcan en la degradación general de la cuenca del río Motagua, considerada la más importante de Guatemala. Según la CIDH, la cuenca enfrenta contaminación severa por aguas residuales, agroquímicos, deforestación y desechos sólidos. Además, estima que el Motagua vierte cada año unas 20 mil toneladas de plástico al mar Caribe, siendo así en uno de los ríos que más contaminación plástica aporta al océano a nivel mundial.El organismo subraya, asimismo, la urgencia de que Guatemala apruebe una Ley de Aguas que reconozca el agua como un bien común y garantice su gestión "de manera equitativa, sostenible y participativa, desde un enfoque integral de derechos humanos".AIDA se suma a este llamado al considerar que dicha normativa es esencial para garantizar el acceso al recurso hídrico, fortalecer la gestión integral de los desechos sólidos y mejorar el marco legal para el tratamiento de aguas residuales. Estas medidas son clave para avanzar en la restauración de cuencas hidrográficas estratégicas, como la del río Motagua."Las conclusiones de la CIDH deben convertirse en un punto de inflexión que reconozca la necesidad de abordar integralmente la gestión de los recursos hídricos como un bien común y un derecho humano en Guatemala y América Latina", afirma Bryslie Cifuentes, abogada de AIDA. "Esto implica además incorporar medidas de protección ambiental y de adaptación a la crisis climática, así como garantizar la participación efectiva de los pueblos indígenas en las decisiones que afectan sus territorios y fuentes de agua"."Si bien el informe de la CIDH evidencia la profunda crisis institucional que pone en riesgo la gobernabilidad y el Estado de Derecho, es necesario destacar que sus efectos trascienden lo político, pues impactan directamente derechos esenciales como el acceso al agua y saneamiento, la salud y un medio ambiente sano", concluye la abogada.Consulta el informe completo de la CIDH
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Reflexiones para la recuperación de los recursos pesqueros de América Latina
Por Juan Fernando Carrascal, Gisselle García y Bryslie Cifuentes* Los recursos pesqueros de América Latina y el Caribe están hoy en un escenario de sobreexplotación y de explotación a niveles máximos sostenibles de numerosas especies de interés comercial y de consumo comunitario.La situación es agravada por la falta de información adecuada para gestionar estos recursos, además de por la alta vulnerabilidad de las pesquerías artesanales a la crisis climática y a la competencia por el espacio con la pesca industrial y los desarrollos costa afuera (offshore).La emergencia climática tiene efectos drásticos y a largo plazo en las pesquerías de la región, afectando la distribución de las especies, los medios de vida de las comunidades pesqueras y la eficacia de las estrategias de manejo.Frente a este panorama, es fundamental gestionar y reducir la presión pesquera, protegiendo y restaurando los ecosistemas marino-costeros. El uso del derecho en general, particularmente el derecho pesquero internacional y nacional, permite el ordenamiento de la actividad pesquera. Brindando las condiciones para el aprovechamiento, manejo y conservación de las pesquerías e incluso para la restauración de especies y ecosistemas. Situación de las pesquerías en América Latina y el CaribeA nivel global, cerca del 36 % de los stocks pesqueros está por encima de los niveles biológicamente sostenibles, algo que se refleja en las estimaciones regionales, donde la tendencia general de las pesquerías se enmarca en los niveles máximos de explotación o sobreexplotación.Los medios de vida de las comunidades costeras y pesqueras artesanales dependen de los recursos locales, lo que incrementa sus niveles de vulnerabilidad frente a la disminución de las capturas y la degradación de los hábitats.Algunos datos, detallados a continuación, evidencian el agotamiento de los recursos pesqueros del continente y/o la falta de información al respecto:En el Pacífico Sudeste, la anchoveta peruana, altamente sensible a eventos climáticos como El Niño, se encuentra explotada en su máximo sostenible o sobreexplotada.Meros y pargos están en su máximo nivel sostenible o sobreexplotados en varias partes de Centroamérica.En México, 735 especies de 83 pesquerías no están evaluadas; el Pacífico Central mexicano, el Golfo de Tehuantepec y el Banco de Campeche son regiones altamente deterioradas donde la mayoría de las pesquerías están sin posibilidad de expansión, totalmente explotadas o agotadas.En Brasil, los registros de la pesca artesanal son escasos e insuficientes. Pero registros más completos muestran que entre el 50 y 60 % del recurso pesquero nacional está sobreexplotado o colapsado con regiones como el sureste y el sur con el 29 y 32 % del recurso totalmente colapsado, respectivamente.En República Dominicana, los estudios de pesquerías han sido descriptivos o ausentes. Sin embargo, especies como el caracol rosado y la langosta espinosa están sobreexplotadas en todo el país; existe además un alarmante crecimiento del 90 % en las capturas por debajo de la talla legal autorizada.En Uruguay, recursos como el mejillón azul se encuentran totalmente explotados o en riesgo inminente de sobreexplotación. Además de la sobreexplotación, la situación crítica de las pesquerías de la región responde a la degradación y contaminación de hábitats marinos y costeros, a los impactos climáticos, así como a deficiencias en la gobernanza y a la falta de información detallada para una gestión sostenible. Impactos de la crisis climática en los recursos pesquerosEl incremento de la variabilidad del clima, las anomalías de la temperatura superficial del océano, el aumento del nivel del mar y la acidificación del océano —entre otros impactos de la crisis climática— afectan las pesquerías a gran escala y en el largo plazo.Eventos cada vez más intensos y duraderos como El Niño en el Pacífico o las tormentas tropicales y huracanes en el Caribe, afectan considerablemente las pesquerías artesanales, aumentando así su vulnerabilidad, reduciendo los días de pesca y los ingresos económicos, generando desempleo y la reubicación de las aldeas pesqueras. Un claro ejemplo de estas afectaciones es el de la anchoveta peruana, uno de los recursos pesqueros más importantes a nivel mundial. Eventos intensos de El Niño, como el registrado en 1983-1984, tienen un fuerte efecto en sistemas como la corriente de Humboldt, crucial para el surgimiento de las aguas frías y nutritivas que la anchoveta necesita. Esto afecta no solo la distribución espacial del recurso, sino además las dinámicas ecológicas y biológicas de la especie.Asimismo, eventos cálidos de El Niño causaron mortalidades masivas de almeja del surf, especie que se encuentra principalmente en Perú y el norte de Chile. Además, el desplazamiento de la corriente de Brasil hacia el sur debido al calentamiento del océano y al incremento en la intensidad de los vientos ha desplazado especies de interés comercial como la gamba roja argentina.Por otro lado, el aumento de las anomalías de la temperatura superficial del océano ha ocasionado eventos de blanqueamiento masivo de corales a nivel mundial, dañando y matando cientos de kilómetros cuadrados de hábitat esencial para las especies de peces arrecifales y para el acceso al recurso pesquero de comunidades aledañas a estos ecosistemas. Aunque los impactos negativos de la crisis climática son claros, la sobrepesca sigue siendo la amenaza principal para la mayoría de las pesquerías. Y los problemas de gobernanza y gestión pesquera han exacerbado los impactos climáticos, agravando la vulnerabilidad de las comunidades pesqueras artesanales en la región. Estrategias para recuperar las pesquerías del continenteLa recuperación de los recursos pesqueros pasa por la gestión y reducción de la presión pesquera, incluyendo la protección y restauración de los ecosistemas marinos y costeros. Entre las estrategias encaminadas a lograr estos objetivos, muchas de ellas basadas en el uso del derecho, están las siguientes:Crear áreas marinas protegidas y zonas de no captura, restaurar hábitats, proteger fases críticas del ciclo de vida de las especies (como el desove), así como reclutar e identificar áreas de crianza como manglares y praderas de pastos marinos. Un ejemplo en alta mar de zona de no captura que por años se ha implementado bajo el régimen del derecho internacional es “El Corralito”, establecida por la Comisión Interamericana del Atún Tropical para reducir la presión pesquera de túnidos tropicales y las especies acompañantes.Como complemento al punto anterior, realizar evaluaciones de impacto ambiental integrales que consideren aspectos biológicos, sociales y económicos, fortalecerá el monitoreo de capturas, especialmente en el sector de la pesca artesanal.Hacer cumplir las obligaciones de los Estados para proteger el océano, lo que incluye la conservación de los recursos marinos y pesqueros. Los países miembros de la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar deben asegurar los recursos marinos a través de medidas adecuadas de conservación que tomen en cuenta los datos científicos más fidedignos disponibles. Asimismo, los Estados ribereños y las organizaciones internacionales competentes (subregionales, regionales o mundiales), deben cooperar para la conservación y administración de estos recursos. Frenar los incentivos a la sobreexplotación. Otro instrumento que surge a nivel internacional y que implica grandes beneficios para los Estados y su ordenamiento jurídico interno es el Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca de la Organización Mundial del Comercio, vigente desde el pasado 15 de setiembre. Su objetivo es eliminar y prohibir las subvenciones pesqueras nocivas que contribuyen al agotamiento de los recursos marinos. Los países que lo aceptaron formalmente deben garantizar su implementación y no permitir subsidios para actividades de pesca que sean ilegales, no declaradas y no reglamentadas, así como impedir subsidios para pesca en alta mar cuando no haya regulación o gobernanza adecuada. A nivel nacional, promover la gestión adaptativa, la participación de comunidades pesqueras en las decisiones y el uso de enfoques basados en derechos. Esto debe ir acompañado de instituciones sólidas que garanticen equidad, transparencia y sostenibilidad a largo plazo. También es necesario impulsar medios de vida alternativos; favorecer embarcaciones pequeñas y polivalentes; además de masificar el uso de subsidios no perjudiciales a la pesca, la reducción de la presión pesquera, la mejora de los ecosistemas, la optimización de la recopilación de datos y la implementación de marcos de gobernanza y gestión más robustos. Habiendo reconocido el deterioro de las poblaciones de interés pesquero en América Latina y el Caribe, así como la importancia de estos recursos para nuestra seguridad alimentaria y los modos de vida de comunidades costeras, es momento de evaluar la eficacia de las medidas que se han adoptado e implementar las nuevas herramientas que provee el derecho internacional. Conoce más del tema en nuestra más reciente publicación* Juan Fernando Carrascal es científico becario de AIDA, Gisselle García es abogada del Programa de Clima y Bryslie Cifuentes es abogada de Océano.
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Justicia para los Humedales Andinos y los Pueblos Indígenas en la Acción Climática
La creciente demanda mundial de minerales para la transición —como el litio, el cobre y el níquel— impulsada por el actual modelo de transición energética, pero también por la expansión de la economía digital, la infraestructura de datos y las industrias militar y aeroespacial, está causando daños ecológicos irreversibles y violando derechos humanos fundamentales en los territorios del sur global. América Latina es la región con mayor biodiversidad del planeta y una de las más diversas culturalmente. Es el hogar de numerosos pueblos indígenas que habitan y protegen estos territorios.Al mismo tiempo, la región cuenta con importantes yacimientos minerales, lo que la sitúa en el centro del creciente interés mundial por la extracción de minerales. Esta demanda se superpone a ecosistemas frágiles, una biodiversidad única y los territorios de comunidades tradicionales e indígenas, como la Amazonía y los humedales andinos, que son cruciales para la adaptación al clima debido a su papel en la regulación del agua y en la mitigación, ya que actúan como sumideros de carbono.La minería intensiva en estos ecosistemas exacerba la vulnerabilidad climática y fomenta los conflictos socioambientales, comprometiendo la integridad ecológica y cultural de estos ecosistemas y comunidades. El impulso para expandir la extracción contradice los marcos multilaterales de protección ambiental y los compromisos climáticos y de biodiversidad adoptados por los Estados Partes. Esta tendencia pone en peligro la posibilidad de una transición justa y equitativa, reproduciendo los mismos patrones de desigualdad y daño climático que las políticas actuales pretenden superar.En este contexto, la Alianza para los Humedales Andinos exhorta a los Estados Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) a garantizar lo siguiente: 1. Los derechos humanos y la justicia deben ocupar un lugar central en cualquier transición y en todas las estrategias de adaptación al cambio climático y mitigación de sus efectos, incluidos los derechos de las comunidades que viven en los territorios donde se encuentran los minerales para la transición.Los derechos humanos son esenciales para garantizar un proceso justo, equitativo y centrado en las personas. Los Estados deben garantizar el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, reconocidos mundialmente como guardianes de los sistemas naturales. Esto debe abarcar su derecho a definir sus propias prioridades de desarrollo y a ejercer el consentimiento libre, previo e informado (CLPI), así como la obligación inequívoca de los Estados de respetar sus decisiones, en particular su derecho a decir "no" a los proyectos que amenacen su integridad y la de sus territorios. Los Estados también deben garantizar la protección de las personas defensoras del ambiente y garantizar el acceso público a la información, la participación y la justicia en las decisiones sobre transiciones que puedan afectar el ambiente y los derechos humanos. Estas garantías son cruciales en el caso de los denominados minerales para la transición, como el litio y el cobre, que se encuentran en los humedales andinos, ecosistemas fundamentales para la vida, el equilibrio ecológico y climático, y los medios de subsistencia de las comunidades que los habitan. 2. Respeto de los límites planetarios y protección de la integridad de los ecosistemas, en particular aquellos que desempeñan un papel esencial en la adaptación al cambio climático y la mitigación de sus efectos.Mantener ecosistemas como los humedales andinos, que tienen un alto valor ecosistémico y cultural, libres de actividades de alto impacto es una prioridad para la justicia climática y ecológica. Dado que la extracción de litio es una actividad minera que requiere grandes cantidades de agua, agota las ya escasas fuentes hídricas y afecta gravemente a los ecosistemas circundantes, dejando daños ambientales duraderos.Para preservar los humedales andinos y sus contribuciones, de las que depende la vida en la región y en el planeta, los Estados deben respetar y cumplir plenamente el derecho ambiental internacional; adoptar y reforzar medidas de protección eficaces (incluido el establecimiento de "zonas prohibidas", áreas protegidas e ICCA); y aplicar instrumentos de planificación ambiental sólidos y basados en la ciencia que busquen prevenir el daño ambiental (es decir, evaluación estratégica y acumulativa del impacto ambiental, evaluación del impacto ambiental).Una protección ambiental adecuada también requiere conocimientos actualizados sobre la estructura, el funcionamiento y las contribuciones de los ecosistemas, desarrollados a través de procesos colectivos y democráticos, que integren los conocimientos y prácticas tradicionales de los pueblos indígenas y las comunidades locales. Los Estados Partes deben incorporar sistemáticamente los avances científicos y los conocimientos tradicionales en las decisiones relacionadas con el clima, incluido el diseño y la implementación de sus contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC) y las hojas de ruta relacionadas, para garantizar que los compromisos reflejen las realidades de los territorios que pretenden proteger. 3. Apoyo a las transiciones socioecológicas del sur global.Los países del sur global necesitan suficiente margen fiscal y político para diseñar vías de salida de los combustibles fósiles que no reproduzcan las asimetrías y desigualdades existentes, ni fomenten el extractivismo. Esto exige transiciones socioecológicas que protejan las economías locales y, al mismo tiempo, garanticen la diversificación económica, el acceso a la energía y la suficiencia energética, el respeto a la biodiversidad y los derechos humanos.Estas vías de transición deben planificarse, implementarse y supervisarse de manera participativa, garantizando la participación interseccional, intercultural e intergeneracional. El Programa de Trabajo para una Transición Justa (JTWP) de la CMNUCC ofrece un espacio crucial para integrar estas preocupaciones en la gobernanza climática mundial. Debe garantizar que la transición hacia la descarbonización también aborde la demanda de materiales, la justicia territorial y los derechos de las comunidades afectadas. Incorporar las realidades de la extracción minera y las transiciones socioecológicas del sur global en este programa es esencial para lograr una transición verdaderamente justa. 4. Trazabilidad de las proyecciones y usos de la demanda de minerales y compromiso de los países del norte global para adoptar rápidamente políticas destinadas a reducir el consumo de minerales primarios y energía.El actual modelo de producción y consumo de los países industrializados afecta de manera desproporcionada a los territorios del sur global, ya que agrava la degradación ambiental y la violación de los derechos humanos, profundizando las desigualdades entre el norte y el sur. Para hacer frente a la triple crisis planetaria, es necesario abordar la demanda insostenible de materias primas y energía mediante objetivos vinculantes de reducción de la demanda que tengan en cuenta los límites planetarios. Las partes tienen la oportunidad de incluirlos en instrumentos políticos como las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC) y las estrategias a largo plazo (LTS).Estas medidas deben aplicarse mediante medidas de suficiencia y eficiencia, así como políticas globales y justas de economía circular. Para ello, se deben considerar alternativas a la movilidad más allá de los vehículos eléctricos individuales. 5. Apoyo financiero y técnico adecuado, de calidad, accesible y adicional, basado en las necesidades y prioridades, para que las transiciones energéticas y socioecológicas del sur global sean verdaderamente justas y equitativas.Dicho financiamiento debe ser sostenible en el tiempo y de calidad, es decir, no generar deuda y estar alineado con las prioridades de los países, además de ser accesible para permitir una acción climática progresiva y sostenida. También debe abordar las oportunidades y condiciones para instrumentos que fomenten transiciones justas, incluidos los mecanismos de alivio de la deuda y los canjes de deuda. Además, sigue siendo importante desalentar el uso de los regímenes comerciales (incluidos los mecanismos ISDS) como herramientas de presión contra los países del sur global cuando estos tratan de regular sus recursos minerales y establecer zonas prohibidas y otras salvaguardas para proteger los derechos humanos y la integridad ambiental. Descarga el documento (en inglés)
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