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Victoria: Ecuador ordena el fin de la contaminación por producción de aceite de palma
Las plantaciones de palma aceitera están amenazando la biodiversidad del Chocó, un antiguo bosque en Ecuador. Las empresas a cargo de esos cultivos han causado la destrucción masiva del bosque, poniendo en peligro a especies raras y desplazando a los agricultores locales. En Septiembre de 2007, la Corte Constitucional ordenó la remediación del daño y la rendición de cuentas por el mismo.
El dictamen vino un año después de que AIDA se uniera a ECOLEX, su socio ecuatoriano, para documentar y arrojar luces sobre los impactos negativos del cultivo de palma aceitera en Ecuador. Los desechos provenientes de las plantaciones, incluyendo pesticidas y químicos peligrosos, contaminaban ríos y cursos de agua cercanos. Esto dañaba a peces y plantas, y afectaba significativamente la salud y los medios de subsistencia de las comunidades locales.
La evidencia fue lo suficientemente convincente para llevar a ECOLEX a presentar, en Septiembre de 2006, una demanda constitucional contra el Ministerio del Ambiente y los propietarios de las plantaciones para proteger el derecho humano a un ambiente sano. AIDA apoyó la acción legal de ECOLEX con argumentos de derecho ambiental internacional.
Al año siguiente, la Corte Constitucional (el más alto tribunal de Ecuador) ordenó al Ministerio remediar los daños causados por las plantaciones de palma aceitera y tomar medidas para controlar y mitigar daños futuros y potenciales.
Poco después, el Ministerio presentó una apelación, pero la misma no fue exitosa. La Corte Constitucional reiteró su decisión original.
Esa decisión es una victoria importante para quienes sufrieron por el cultivo irresponsable de palma aceitera en Ecuador. Más importante aún es que el alto tribunal estableció un precedente legal que puede ser utilizado por los tribunales ecuatorianos menores al decidir sobre casos ambientales. Con este triunfo, AIDA buscará más oportunidades para proteger la riqueza natual de Ecuador.
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Comunidad maya guatemalteca obtiene respaldo judicial para frenar contaminación transfronteriza
Un tribunal de amparo ordenó a la municipalidad de Chinautla atender la grave crisis ambiental que afecta a la comunidad maya poqomam. El fallo sienta un precedente para la protección del derecho a un ambiente sano de las comunidades que habitan en la cuenca del río Motagua, cuya contaminación alcanza al Mar Caribe y amenaza al Arrecife Mesoamericano.Ciudad de Guatemala. La comunidad del pueblo maya poqomam de la aldea de Santa Cruz Chinautla obtuvo el respaldo de la justicia guatemalteca con un fallo judicial que ordena a la municipalidad de Chinautla responder de manera efectiva a sus peticiones para frenar la contaminación de sus ríos y suelos, provocada por el manejo inadecuado de desechos sólidos y la proliferación de vertederos ilegales.El fallo representa un paso decisivo para la protección del derecho a un ambiente sano en Guatemala y sienta un precedente que podría beneficiar a las comunidades que habitan en la cuenca del río Motagua, una de las más importantes del país, cuya contaminación llega al Mar Caribe y amenaza al ecosistema marino del Arrecife Mesoamericano.Santa Cruz Chinautla se ubica en las riberas de los ríos Chinautla, Tzaljá y Las Vacas, este último un afluente directo del río Motagua, el más extenso de Guatemala, por lo que tiene un impacto directo en la salud de toda la cuenca y el equilibrio ecológico regional.La sentencia responde a la petición de amparo presentada por la comunidad en octubre de 2024 y en ella el tribunal establece obligaciones que el Concejo Municipal de Chinautla debe cumplir como resultado directo del fallo judicial:Asumir la responsabilidad constitucional y legal de gestionar de forma adecuada los recursos naturales y mitigar la contaminación ambiental, en cumplimiento de las obligaciones de prevención, regulación, prestación de servicios públicos, supervisión y fiscalización, propias de su rol como municipalidad.Resolver las peticiones presentadas a través del representante de las Autoridades Ancestrales de Santa Cruz Chinautla relacionadas con el cierre técnico de vertederos ilegales, la restauración de los ecosistemas, medidas de gestión de los desechos sólidos y acciones para detener la contaminación de los ríos proveniente del área metropolitana en Guatemala. Las respuestas deben ser adecuadas, oportunas y proporcionales, tendientes a resolver la problemática de manera efectiva, las cuales deben ser realizables a corto, mediano y largo plazo.Atender las problemáticas de contaminación denunciadas por la comunidad, a través de un estudio minucioso, consensuado, profesional, técnico, científico y bien fundamentado.Planificar y tomar decisiones para la gestión adecuada de los recursos naturales, garantizando los derechos de acceso a la información y la participación de los habitantes locales, respetando la forma de organización propia de la comunidad maya poqomam de Santa Cruz Chinautla.Si bien la sentencia no profundizó en los argumentos de fondo presentados por la comunidad y respaldados por organizaciones nacionales e internacionales, establece de forma clara la responsabilidad de la municipalidad en la atención y resolución de la problemática de contaminación denunciada.AIDA dará seguimiento a la ejecución del fallo para asegurar el cumplimiento del derecho a un ambiente sano y promover condiciones ambientales, sociales y culturales dignas para la comunidad maya poqomam. En caso de que la municipalidad decida apelar la sentencia ante la la Corte de Constitucionalidad, la organización presentará los argumentos legales y científicos necesarios para garantizar la protección efectiva de los derechos de la comunidad.Contacto de prensa:Víctor Quintanilla, [email protected], +52 5570522017
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Alerta: Brasil contradice su liderazgo en la COP30 al entregar la Amazonía a la industria petrolera
Por Sebastián Abad Jara y Florencia Ortúzar* Mientras Brasil se proyecta como anfitrión y líder de la trigésima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), el país avanza de manera acelerada en expandir la industria petrolera en la Amazonía, el corazón verde del planeta.Esto compromete gravemente la credibilidad de las negociaciones climáticas y el objetivo mismo del Acuerdo de París de limitar el calentamiento global a 1,5ºC en comparación con el periodo preindustrial, al cual el gobierno brasileño alineó su meta climática más reciente. Alarmante expansión de la frontera petrolera en la AmazoníaEl 17 de junio pasado —en medio de protestas de grupos ambientales e indígenas—, la Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles de Brasil adjudicó 19 bloques para exploración y explotación petrolera en la región de la Foz del Amazonas, un ecosistema de importancia crítica por su biodiversidad única y su función como sumidero de carbono.De los 172 bloques petrolíferos que estaban en subasta, la mayoría están ubicados en zonas sin producción actual, como 47 bloques costa afuera, cerca de la desembocadura del río Amazonas y dos situados en el interior de la Amazonía, cerca de territorios indígenas. Los 19 bloques adjudicados —que están costa afuera— fueron entregados a las empresas Chevron Brasil Óleo, ExxonMobil Brasil, Petrobras y CNPC Brasil.Esto sucede meses antes de que Brasil acoja la primera COP en celebrarse en la Amazonía, que tendrá lugar del 10 al 21 de noviembre en la ciudad de Belém do Pará.La decisión del gobierno brasileño representa un grave retroceso ambiental, con consecuencias potencialmente irreversibles, además de un impacto ambiental y climático devastador. Según un estudio, la quema del petróleo existente en la Foz del Amazonas podría liberar hasta 4,7 gigatoneladas de CO₂, más que todas las emisiones acumuladas por Brasil en los últimos cinco años.También es un duro golpe a la legitimidad de una COP latinoamericana que aspira a marcar un cambio de rumbo.En esa misma línea, organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo hicieron un llamado a la reforma urgente de las negociaciones climáticas de la ONU. Amenazas para el ambiente y los derechos humanosEn respuesta a la situación, el Ministerio Público Federal presentó una Acción Civil Pública solicitando la suspensión de la expansión petrolera en la Margen Ecuatorial, particularmente en la Foz del Amazonas. La demanda argumenta la falta de evaluación del impacto climático y de consulta con los pueblos afectados, lo que constituye una violación al derecho humano a un clima estable que podría implicar responsabilidad internacional para el Estado brasileño.Para facilitar el inicio de la exploración petrolera en la Amazonía, el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, aprobó el Plan de Protección y Atención para la Fauna Petrolera, presentado por Petrobras para probar en la práctica la capacidad de respuesta en el caso de accidentes de derrames de petróleo.El plan fue aprobado a pesar del cuestionamiento de 29 especialistas de la propia institución, quienes alertaron sobre serias deficiencias ambientales y en relación con los pueblos indígenas. Aunque la autorización es preliminar, abre la puerta a una expansión extractiva sin garantías debidas para la protección del ambiente y los derechos humanos.Pero esta no es la única amenaza. El proyecto de ley 2159/2021, actualmente en trámite, pone en riesgo sustancial los procesos de evaluación de impacto ambiental, limitando su alcance y calidad técnica en todo el país. La ley permitiría el otorgamiento de licencias simplificadas sin análisis técnico previo, exenciones para amplios sectores agrícolas y de infraestructura, así como exclusión de tierras indígenas y quilombolas no tituladas en los procesos de consulta previa.Según una reciente comunicación de Relatores Especiales de la ONU, esta norma podría ocasionar daños irreversibles al ambiente y los derechos humanos, además de vulnerar los compromisos internacionales de Brasil.Abrir nuevos pozos petroleros en zonas sensibles del país y aprobar medidas legislativas regresivas en materia ambiental pueden llevar Brasil a violar las obligaciones asumidas como país bajo el Acuerdo de París, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención Ramsar sobre los Humedales y el Convenio sobre la Diversidad Biológica, entre muchos otros instrumentos internacionales. La necesidad de coherencia para un liderazgo climático realEl panorama descrito evidencia la contradicción de Brasil con el liderazgo real y coherente que se espera del país con miras a la COP30 en Belém.Brasil promete reducir sus emisiones hasta en 67 % para 2035. Pero, de seguir adelante con esta agenda extractiva, traicionará no solo sus compromisos climáticos, sino también la esperanza de millones de personas que confían en que la COP de la Amazonía y de América Latina será un punto de inflexión hacia un futuro justo y sostenible.Es urgente que el gobierno brasileño refuerce su marco jurídico ambiental, cumpla de forma estricta sus obligaciones internacionales y garantice los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales, así como la protección de los ecosistemas amazónicos. Brasil aún está a tiempo de demostrar el liderazgo que tan urgentemente necesitamos, de hacer que la COP30 sea recordada como la COP de la Amazonía y de evitar que el mayor bosque tropical del mundo, además de un ecosistema megadiverso y un estabilizador climático global, sea entregado a la industria petrolera. *Sebastian Abad Jara es abogado del Programa de Ecosistemas de AIDA y Florencia Ortúzar es directora del Programa de Clima.
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Aviso a los medios: Se acerca la decisión de la Corte Interamericana sobre clima y derechos humanos
Fecha estimada de publicación: Inicios de julio de 2025.Se espera que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emita a inicios de julio una histórica Opinión Consultiva que aclarará cómo los Estados deben garantizar los derechos humanos en el contexto de la crisis climática.Este hito jurídico llegará tras audiencias públicas en las que comunidades, líderes/as indígenas y organizaciones de la sociedad civil ofrecieron poderosos testimonios sobre los impactos reales de la emergencia climática y la inacción gubernamental. La decisión de la Corte tendrá amplias repercusiones en las políticas climáticas, la rendición de cuentas de los Estados y la protección de personas defensoras del ambiente en todo el continente americano.Desde el inicio del proceso, AIDA asumió un rol proactivo al promover la participación de comunidades afectadas por la crisis climática en América Latina. Apoyamos una diversa gama de amicus curiae y testimonios de comunidades presentados ante la Corte durante audiencias públicas, y elaboramos nuestro propio amicus curiae argumentando que el derecho a un "clima estable y seguro" debe ser reconocido como parte del derecho universal a un ambiente sano.Voceros/as disponibles para entrevistas con medios:Expertas legales y parte del equipo de liderazgo de AIDAMarcella RibeiroAbogada SéniorIdiomas: Portugués (nativo), español e inglés.Especialidades: Participación comunitaria, transición justa y reparaciones climáticas.Con sede en: Brasil.Disponible para: Entrevistas y reuniones informativas de contexto. Liliana ÁvilaDirectora de ProgramaIdiomas: Español (nativo) e inglés.Especialidades: Derecho de los derechos humanos, litigio climático y mecanismos legales regionales.Con sede en: Colombia.Disponible para: Entrevistas y reuniones informativas de contexto. Voces comunitariasPodemos gestionar entrevistas con varios miembros clave de comunidades que testificaron directamente ante la Corte durante las audiencias públicas del proceso de la Opinión Consultiva 32.Estos voceros y voceras ofrecen una visión humana y territorial esencial para comprender la decisión legal, y están disponibles para entrevistas con medios en español e idiomas locales, con apoyo de interpretación si es necesario.Materiales de contexto:Escrito legal amicus curiae de AIDA sobre el derecho a un clima seguro y estable.Contribuciones de la sociedad civil de América Latina, en la Plataforma de Litigio Climático para América Latina y el Caribe.Testimonios de representantes de comunidades en el marco de las audiencias públicas en Manaos, Brasil.La Declaración de Manaos, firmada por casi 400 personas y organizaciones de todo el continente.Nuestro ABC de la Opinión Consultiva 32 de la Corte Interamericana. Contactos para medios:Víctor QuintanillaCoordinador de medios, AIDA 📧 [email protected]📱 +52 55 7052 2107Lorena ZárateCoordinadora de Posicionamiento, AIDA 📧 [email protected]📱 +52 55 7052 2107
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