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Foto: Alejandro Balaguer / Fundación Albatros MediaVictoria: La Bahía de Panamá Está Legalmente Protegida
La Bahía de Panamá, uno de lo sitios de anidación y descanso de aves migratorias más importantes del mundo, está ahora permanentemente protegido, en parte gracias a la experiencia de AIDA en derecho internacional.
La bahía es sustento de especies en peligro de extinción, incluyendo jaguares y tortugas caguama, así como de la gran mayoría de la industria pesquera del país. Sus manglares costeros capturan 50 veces más contaminación por carbono que un bosque tropical del mismo tamaño. Los manglares también protegen a comunidades costeras de marejadas que crecen en intensidad a medida que el clima se calienta. Panamá ha perdido ya 75 por ciento de sus manglares.
En 2012, desarrolladores turísticos habían logrado un fallo de la Corte Suprema de Justicia que revocó la decisión de la Autoridad Nacional del Ambiente de proteger la bahía como un refugio de la vida silvestre.
AIDA trabajó con el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), una organización de derecho ambiental panameña, para defender el estatus de protección de la Bahía de Panamá. Presentamos un escrito con argumentos basados en el derecho internacional. Hicimos analogías entre la Bahía de Panamá y el Parque Marino Nacional Las Baulas en Costa Rica. En un caso legal sobre Las Baulas, un análisis equilibrado encontró que el derecho público a un ambiente sano tenía más peso que los intereses de los desarrolladores turísticos.
Luego, el 2 de febrero de 2015, con ocasión del Día Mundial de los Humedales, Panamá promulgó la ley que crea el Refugio de Vida Silvestre Humedal Bahía de Panamá. La ley enfatiza la importancia de un enfoque ecosistémico de manejo y del uso racional de los humedales, conceptos contenidos en la Convención Ramsar.
AIDA y CIAM continuarán trabajando para que la ley sea implementada adecuadamente y para asegurar la protección del Humedal Bahía de Panamá.
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“Partir sin regreso es doloroso”, dice con nostalgia Flower Arias Rivera, de 58 años. No quiere dejar su tierra. Hacerlo significa dejar atrás su identidad y su historia. Flower es de Boquerón, un pueblo de cerca de 900 habitantes del municipio La Jagua de Ibirico, situado al noroeste de Colombia, en el departamento de Cesar. Sus antepasados, afrodescendientes, fueron los primeros habitantes de ese poblado y de otros de la zona. Vivían de la ganadería y del cultivo de arroz. Pero las tierras de Boquerón, alguna vez fértiles, fueron reemplazadas hace más de 30 años por minas de carbón de grandes corporaciones. Desde entonces, el pueblo fue absorbido por el carbón y por los daños que su explotación deja: emisión de partículas contaminantes en el aire en grados altamente peligrosos para la salud, así como el uso excesivo del agua de ríos y otras fuentes naturales. Por ello el gobierno ordenó en 2010 que las empresas trasladen a los habitantes de Boquerón a otro sitio. Eso todavía no pasa. Por el contrario, a Boquerón llegan con frecuencia nuevas familias que buscan recibir dinero como indemnización cuando la reubicación ocurra. “Queremos que mueven las minas, que nos dejen de contaminar”, dice Flower, uno de los líderes más importantes de su comunidad, cuyos miembros resisten pacíficamente el traslado en medio de enfermedades respiratorias y en la piel causadas por el aire contaminado. Flower no es un líder convencional. Habla bajito y sonriendo. Su piel negra contrasta con su cabello blanco. Es dulce y está lleno de calma, pero sobre todo de fe y esperanza. Lo conocí hace dos meses cuando participó, junto con líderes de otras comunidades, en un foro de discusión pública organizado por Tierra Digna, CENSAT Agua Viva, la Universidad del Magdalena, AIDA, la Red por la Justicia Ambiental en Colombia, y la Fundación Rosa Luxemburgo. En el evento se discutieron los factores necesarios para que Colombia deje de basar su economía en la explotación de carbón y opte por alternativas energéticas respetuosas con el clima y con las personas. También se debatió sobre rol de cada uno de los actores involucrados en esa urgente tarea. “El carbón no nos ha dejado nada, solo tristezas”, lamenta Flower. Colombia es el cuarto país que más exporta carbón en el mundo. Por tanto, tiene el compromiso ético y moral de reducir sus emisiones de dióxido de carbono, aquellas responsables de gran parte de la crisis climática que sufrimos actualmente. En AIDA seguiremos apoyando la articulación de esfuerzos hacia una América Latina libre de carbón. Para finalizar, quiero compartir un poema escrito por Flower. En él expresa la añoranza y el amor por su tierra, y su temor por “la maldita piedra negra”: A mi Boquerón Boquerón del alma mía Terruño de mis entrañas Estoy perdiendo mi alegría Mis costumbres y mis esperanzas Camino lento y con tristeza Con solo pensar en tu partida Historia mía, historia tuya Es como un llanto en noche buena Quisiera morirme en tus recuerdos Donde viví muchas nostalgias De amores y vivencias de este mundo Cómo te llevo Boquerón en el alma Voces de recuerdos se escuchan a lo lejos De un niño y un viejo Como añorando el pasado De Boquerón y sus hermosos tiempos Partir sin regreso es doloroso Y un diciembre sin ti es morir Como regresar después a pajuil Cuando mis zapatos se han roto Ya inerme camina un boqueronero Y la historia del tucuy, el manantial y la lomita está muriendo Hoy hasta el mismo cielo está llorando En gotas de agua convertidas en desespero Quisiera regresar a las faldas de mi madre Como cuando niño me escondía debajo de ella Escucho a lo lejos la voz del patriarca Rivera Ángel Que desde su tumba como deseando una esperanza Adiós diablito caño, palma y paralú donde di mi grito de libertad y olvidé mi esclavitud de mi raza palenquera y también de chambacú y olvidé por mis ancestros lo juro por ese cielo azul Maldita piedra negra Que hizo cambiar mi historia Un humilde pueblo llora La funesta partida de toda una vida
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● La estrategia: asesinatos múltiples en comunidades, priorizando el beneficio económico sobre la vida. ● Distintos actores estatales y no estatales, presuntos responsables de la violencia contra personas defensoras de derechos humanos. Ciudad de México. Al menos 207 personas fueron asesinadas en el mundo por defender los derechos humanos, su tierra y el medio ambiente en 2017. A menudo, “poderosas fuerzas buscan marginar a las personas defensoras, calificando sus acciones de antidesarrollo”, señala Global Witness en su Informe anual sobre defensores de derechos humanos 2017: ¿A qué precio? Tres de cada cinco personas defensoras asesinadas el año pasado eran latinoamericanas, las cifras del informe están basadas en registros de organizaciones civiles y fuentes de información públicas. En México, la situación empeoró respecto de 2016, pasando de tres a 15 personas defensoras asesinadas durante 2017. De acuerdo con el informe, 13 de estas 15 personas pertenecían a comunidades indígenas que defendían sus territorios ancestrales. Un caso es el de la Sierra Tarahumara, donde la interacción entre una presencia fuerte del crimen organizado, la militarización de la zona y la falta de protección por parte de las autoridades ha generado procesos de reclutamiento forzado y desplazamiento interno. Integrantes de Alianza Sierra Madre A.C. han tenido que salir del territorio, lo que ha impactado de forma negativa en la realización de su labor en defensa de los derechos humanos de las comunidades ahí. Las y los activistas ambientales, en su calidad de personas defensoras de derechos humanos, deben gozar de la protección de los gobiernos que están obligados a asegurarla, tal y como se establece en la Declaración de la ONU sobre las Personas Defensoras de Derechos Humanos; lo mismo que las empresas están obligadas a respetar sus derechos, de conformidad con los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos. Parte del problema es la falta de implementación adecuada del marco de protección internacional de derechos de los pueblos indígenas relativo a consulta y consentimiento previo, libre e informado, así como de las medidas de protección para personas defensoras, en contextos de defensa frente a la actividad empresarial. México es uno de los pocos países con una legislación y un mecanismo específicos para proteger a personas defensoras de derechos humanos, pero en la práctica no funciona. Se necesita una política gubernamental integral para complementar la ley existente que, en lugar de estigmatizar a las personas defensoras, fomente una cultura que reconozca su labor, combata la impunidad y garantice la voluntad política para abordar el problema de forma estructural: El informe de Global Witness insta al Estado Mexicano a implementar las siguientes recomendaciones para atender la preocupante situación en que vive el país: Atacar las causas, combatir la corrupción, asegurar los títulos de propiedad de las tierras, respetar los derechos colectivos y consuetudinarios sobre la tierra y garantizar el derecho de las comunidades afectadas a otorgar o negar su consentimiento libre, previo e informado sobre el uso de sus tierras y recursos naturales. Apoyar y proteger a las personas defensoras, darles las herramientas necesarias para que lleven a cabo eficazmente su activismo eficazmente, y garantizar su seguridad. Garantizar la rendición de cuentas para evitar amenazas futuras; los responsables de los ataques contra las personas defensoras deben comparecer ante la justicia, y quienes no les apoyen ni les protejan deben enfrentar consecuencias políticas, financieras y judiciales. Una gran parte de las personas defensoras del medio ambiente en el mundo son líderes indígenas o campesinas, que protegen sus tierras ancestrales y sus medios de vida tradicionales de proyectos o megaproyectos mineros, agronegocios a gran escala, proyectos energéticos y hoteles de lujo. Otros, abordan la caza furtiva y la tala ilegal. También son abogadas y abogados, periodistas o integrantes de organizaciones de la sociedad civil, que visibilizan y denuncian el abuso ambiental y el acaparamiento de tierras. Desde el Grupo Focal de Empresas y Derechos Humanos, reiteramos nuestra preocupación por el aumento de los asesinatos de personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente. De igual forma, refrendamos nuestro interés en sostener un diálogo constructivo con el nuevo Gobierno, a fin de aportar al desarrollo de una agenda integral de empresas y derechos humanos en México. La coyuntura actual de alternancia de gobierno representa una oportunidad de integrar, desde el inicio, la agenda de empresas y derechos humanos como parte de la política general de derechos humanos, y desde una perspectiva más incluyente, que también procure la protección de las y los defensores de la tierra, el territorio y el medio ambiente. Consulta el informe en www.globalwitness.org/AQuePrecio Contactos de prensa Ben Leather, Global Witness, [email protected], +447841 337 034 Hannah Matthews, PBI, [email protected], 55 2370 3010 Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +521 5570522107
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¡Lo hicimos! Nos llena de orgullo decir que recientemente presentamos los argumentos finales en nuestro caso contra Brasil ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En ellos, demostramos los daños que Belo Monte ha causado a comunidades indígenas y tradicionales, y a residentes de Altamira, la ciudad más próxima a la represa. Estamos trabajando por ellos: para llevar al gobierno de Brasil ante la justicia. “Las violaciones de derechos humanos son algo cotidiano para quienes somos afectados por la represa”, explicó Antônia Melo, coordinadora del Movimiento Xingú Vivo Para Siempre, colectivo ciudadano creado para enfrentar la implementación de la hidroeléctrica. “Es urgente que nuestra petición ante la Comisión avance para sancionar al gobierno y garantizar nuestros derechos”. Nosotros argumentamos que los daños a comunidades locales resultaron de una falta grave de previsión y de una evaluación adecuada de impactos ambientales, así como del incumplimiento de las condiciones de operación establecidas por el gobierno. Los riesgos denunciados antes de la construcción de la represa se han convertido en daños de largo plazo. Muchos de ellos han afectado de forma distinta a hombres y mujeres, personas jóvenes y ancianas. Nuestro informe documenta el desplazamiento de comunidades indígenas y tradicionales, forzadas a dejar sus territorios sin alternativas adecuadas, poniendo en riesgo su sobrevivencia cultural. Entre las poblaciones afectadas están comunidades dedicadas a la pesca, quienes no han sido compensadas por la pérdida de sus medios de sustento. La represa ha causado la muerte masiva de peces y, aunque las autoridades han impuesto multas millonarias, el informe demuestra que el problema de fondo no ha sido resuelto. Las comunidades locales ahora tienen un uso limitado del río Xingú como fuente de alimento, sustento, transporte y diversión. También identificamos, entre otros daños serios, la pérdida de oficios tradicionales, como los de ladrilleros y carreteros, y de prácticas culturales tradicionales. Las mujeres, por ejemplo, han dejado de dar a luz en sus casas y ahora deben ir a un hospital, una realidad que ha empeorado drásticamente debido a la saturación de los servicios de educación y salud en Altamira a causa del reciente aumento poblacional. Nuestro caso está ahora en manos de la Comisión. La Comisión elaborará su propio informe, concluyendo si hubo o no violaciones de derechos humanos a causa de la represa Belo Monte. De establecer que sí hubo, la Comisión puede emitir recomendaciones para su remediación. Si Brasil no responde a ellas, el caso puede ser remitido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene la facultad de emitir un fallo condenando a Brasil. La presentación de este informe nos acerca —y sobre todo a las comunidades que representamos— a lograr justicia por los muchos errores cometidos en nombre de la represa Belo Monte y del desarrollo energético en la Amazonía.
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