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Foto: Alejandro Balaguer / Fundación Albatros MediaVictoria: La Bahía de Panamá Está Legalmente Protegida
La Bahía de Panamá, uno de lo sitios de anidación y descanso de aves migratorias más importantes del mundo, está ahora permanentemente protegido, en parte gracias a la experiencia de AIDA en derecho internacional.
La bahía es sustento de especies en peligro de extinción, incluyendo jaguares y tortugas caguama, así como de la gran mayoría de la industria pesquera del país. Sus manglares costeros capturan 50 veces más contaminación por carbono que un bosque tropical del mismo tamaño. Los manglares también protegen a comunidades costeras de marejadas que crecen en intensidad a medida que el clima se calienta. Panamá ha perdido ya 75 por ciento de sus manglares.
En 2012, desarrolladores turísticos habían logrado un fallo de la Corte Suprema de Justicia que revocó la decisión de la Autoridad Nacional del Ambiente de proteger la bahía como un refugio de la vida silvestre.
AIDA trabajó con el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), una organización de derecho ambiental panameña, para defender el estatus de protección de la Bahía de Panamá. Presentamos un escrito con argumentos basados en el derecho internacional. Hicimos analogías entre la Bahía de Panamá y el Parque Marino Nacional Las Baulas en Costa Rica. En un caso legal sobre Las Baulas, un análisis equilibrado encontró que el derecho público a un ambiente sano tenía más peso que los intereses de los desarrolladores turísticos.
Luego, el 2 de febrero de 2015, con ocasión del Día Mundial de los Humedales, Panamá promulgó la ley que crea el Refugio de Vida Silvestre Humedal Bahía de Panamá. La ley enfatiza la importancia de un enfoque ecosistémico de manejo y del uso racional de los humedales, conceptos contenidos en la Convención Ramsar.
AIDA y CIAM continuarán trabajando para que la ley sea implementada adecuadamente y para asegurar la protección del Humedal Bahía de Panamá.
Proyectos relacionados
Comunidades indígenas de Guatemala presentan reclamo ante el BID por los daños de dos represas
Solicitan que el mecanismo de rendición de cuentas del Banco Interamericano de Desarrollo recomiende que la entidad financiera retire su inversión de las hidroeléctricas Pojom II y San Andrés porque al financiarlas incumplió sus propias políticas operativas. La planificación y ejecución de los proyectos ha causado daños a fuentes de agua y a los medios de vida de pueblos indígenas y mujeres. Washington D.C. Comunidades afectadas por las represas Pojom II y San Andrés en la microrregión de Ixquisis —representadas por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), la Plataforma Internacional contra la Impunidad y el Gobierno Ancestral Plurinacional Q'anjob’al, Popti, Chuj y Akateko — presentaron una queja ante el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En ella solicitan que se recomiende al BID retirar su inversión debido a que incumplió sus propias políticas operativas al financiar las hidroeléctricas, cuya planeación y construcción ha resultado en daños sociales y ambientales. “Los daños causados por la implementación de ambos proyectos son el resultado del incumplimiento de las políticas operativas del BID, en particular de su política ambiental y de sostenibilidad, la de pueblos indígenas, la de género y la de divulgación de información”, explicó Liliana Ávila, abogada de AIDA. En la queja se detalla que las represas fueron autorizadas sin que las comunidades fueran adecuadamente consultadas y que éstas no han recibido información suficiente sobre los riesgos de los proyectos. Además, ante su resistencia pacífica a los mismos, las personas afectadas han sufrido ataques, amenazas, hostigamiento e incluso se denunció el asesinato aún no esclarecido de una de ellas en 2017. De otro lado, la construcción de las represas ha causado daños ambientales como la escasez de agua y la contaminación de ríos, afectando la pesca, la agricultura y los modos de vida tradicionales de las comunidades de Ixquisis, departamento de Huehuetenango, mayormente indígenas mayas y donde sobresalen las etnias Chuj, Q’anjob’al y Akateko. “Esos daños son sufridos de manera diferenciada por las mujeres, aspecto destacado en la queja, pues son ellas las que administran el uso del agua en sus hogares”, dijo Anabella Sibrián, de la Plataforma Internacional contra la Impunidad. “Las mujeres de Ixquisis enfrentan la estigmatización y viven con miedo a represalias hacia ellas o sus familias por su oposición a las represas”. La hidroeléctrica Pojom II es promovida por la empresa Generadora San Mateo S.A., mientras que San Andrés está a cargo de Generadora San Andrés S.A. Ambas empresas son subsidiarias de Promoción y Desarrollos Hídricos S.A., una compañía nacional. En 2013, el BID Invest, brazo privado del Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo, aprobó un préstamo de hasta 9 millones de dólares para la construcción de Pojom II y de hasta de 6 millones para el proyecto San Andrés. “Esperamos que el mecanismo de rendición de cuentas del BID concluya que el banco incumplió sus políticas y recomiende, por tanto, que el BID Invest retire la inversión de los proyectos”, enfatizó Ávila. La lucha de las comunidades de Ixquisis por el agua y el territorio fue recientemente galardonada por la organización internacional Front Line Defenders con el Premio para Defensores/as de Derechos Humanos en Riesgo 2018. Encuentra aquí más información del caso. Contacto de prensa Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +521 5570522107
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Nuestras razones para proteger los derechos humanos en América Latina
Quienes conforman el equipo legal de nuestro Programa de Derechos Humanos y Ambiente trabajan para proteger a personas y comunidades cuyos derechos han sido vulnerados o están en riesgo debido a la degradación de su entorno natural. Tienen claro que el nexo entre derechos humanos y ambiente es innegable. Para ellas y ellos, garantizar el derecho a un ambiente sano en América Latina importa y mucho. Conoce sus razones: “LO HAGO PORQUE LO LLEVO EN LA SANGRE” Astrid Puentes, Codirectora de AIDA “Trabajo en la protección del ambiente y los derechos humanos, dos aspectos esenciales y vinculados. Lo hago porque lo llevo en la sangre: mi papá fue campesino, mis abuelos y bisabuelos también. Parte de mi conexión con la naturaleza viene de familia, es una herencia. Mi esencia ha sido poder contribuir a que las cosas en el mundo estén mejores, sobre todo en Colombia, que tiene tantas riquezas naturales y desafortunadamente tantas diferencias sociales e injusticia. Dediqué mi carrera como abogada a contribuir a que mi país estuviera mejor y luego, al ser mamá, esa motivación creció y ahora siento una responsabilidad gigante por hacer lo mejor posible para que mis hijos tengan un mejor planeta”. Al comienzo de su carrera, Astrid ayudó a frenar una propuesta absurda de los gobiernos de Colombia y Estados Unidos: la fumigación de un hongo transgénico en el Amazonas, que implicaba graves daños a un entorno único y del que dependen muchas personas. Fue el primer caso en el que se involucró directamente y con éxito. “DEFIENDO LOS DERECHOS HUMANOS PORQUE CREO EN LA DIGNIDAD Y EN LA IGUALDAD COMO PRINCIPIOS ESENCIALES” Liliana Ávila, Abogada Sénior “Defiendo los derechos humanos porque creo en la dignidad y en la igualdad como principios esenciales. Creo en el valor de las diferencias y en las luchas de quienes no han conocido sus derechos. Estas convicciones me hacen sentir indignación, rabia y vergüenza ante la vulneración de derechos humanos en Colombia, mi país, en América Latina y en el mundo. Los defiendo porque para mí los derechos humanos son la realización de las aspiraciones de hombres y mujeres de construir un mundo más justo”. En mayo pasado, Liliana quedó conmovida con el relato de una mujer indígena en Guatemala, cuya comunidad se está quedando sin el agua de sus ríos debido a la construcción de una represa. Con esa agua, la mujer riega las flores de su jardín, aquellas que le alegran la vida cuando está triste. Esa historia llena a Liliana de fuerza pues sabe que con su trabajo puede ayudar a que esas flores sigan brotando. “MI MAYOR MOTIVACIÓN NACE DE TOMAR CONCIENCIA DE LAS DESIGUALDADES E INJUSTICIAS” Daniel Iglesias, Becario “Mi mayor motivación para defender los derechos humanos y el ambiente nace de tomar conciencia de las desigualdades e injusticias que caracterizan al mundo contemporáneo, dominado por los efectos de la globalización capitalista. Es nuestra responsabilidad luchar por eliminar estas desigualdades. Y la defensa de los derechos humanos es una herramienta fundamental para lograrlo, basada en la solidaridad y en la indignación ante las injusticias”. Como abogado en materia de derechos humanos, Daniel ha visto de cerca situaciones injustas como la que sufren pueblos indígenas despojados de sus tierras, la de personas privadas de su libertad de expresión y la de aquellas afectadas por los daños ambientales causados por industrias extractivas. Esa experiencia la vuelca en su trabajo con AIDA desde México y lo alienta a seguir aprendiendo y aportando a lograr justicia social y ambiental en la región. “YO CRECÍ PENSANDO QUE TENÍA DERECHOS” Marcella Ribeiro, Asesora Legal “Yo crecí pensando que tenía derechos, que nunca me debía faltar agua ni comida y que la playa frente a mi casa, en Brasil, no podría ser contaminada porque tenía derecho a la salud. Pero cuando entendí que las personas que viven en favelas o aquellas afectadas por sequías no creían, como yo, que tenían derechos y no se organizaban para reclamarlos, decidí unirme a quienes luchan para que la voz de esas personas sea escuchada, para que su humanidad sea reconocida”. Marcela trabajó en proyectos de educación sobre derechos humanos en favelas de Brasil. Desde entonces tiene claro que la justicia social es posible siempre y cuando las personas gocen de sus derechos humanos de carácter social, cultural, ambiental y económico.
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Pronunciamiento ante denuncia de violencia contra comunidades en Guatemala
Comunidades de la microrregión de Ixquisis, Guatemala, denunciaron públicamente represión e intimidaciones debido a sus manifestaciones pacíficas en rechazo a la presencia en su territorio de fuerzas de la Policía Nacional Civil y del Ejército Nacional. Actualmente, existe un gran temor por un uso indebido del derecho penal contra las personas que han expresado su oposición al desarrollo de los proyectos hidroeléctricos Pojom I, Pojom II y San Andrés en Ixquisis, municipio de San Mateo Ixatán. AIDA, junto a varias organizaciones, ha denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un grave escenario de criminalización de personas defensoras de derechos humanos que se oponen a proyectos hidroeléctricos en Guatemala. Por todo lo anterior, AIDA, como organización que trabaja en la defensa y protección de los derechos humanos y del ambiente en América Latina, expresa lo siguiente: Resulta sumamente preocupante la represión a la libertad de asociación y expresión, así como el riesgo al que se enfrentan los miembros de las comunidades en Ixquisis. Es también alarmante el incremento de hechos de violencia en su contra. Rechazamos cualquier acto de violencia o intimidación física o verbal por parte de fuerzas de seguridad privadas y públicas contra personas que ejercen sus derechos individuales y colectivos. Asimismo, condenamos cualquier campaña de desinformación, deslegitimación y estigmatización que pueda surgir de las manifestaciones pacíficas de las comunidades. Los actos denunciados no solo vulneran las garantías de las personas, sino que afectan la estabilidad social y el modo de vida tradicional de las comunidades. AIDA manifiesta su solidaridad, apoyo y respaldo a la Resistencia Pacífica de la Microrregión de Ixquisis y a su lucha por defender su derecho al territorio y conseguir justicia ambiental. Exhortamos a que el Estado de Guatemala garantice el disfrute de los derechos humanos de los miembros de las comunidades de Ixquisis, proteja a quienes los defienden, lleve a cabo acciones diligentes para investigar los recientes actos de violencia contra las comunidades, asegure el debido proceso para las personas que defienden sus derechos ante el avance de los mencionados proyectos hidroeléctricos, y evalúe las formas de actuación de la fuerza pública denunciadas por las comunidades. Contacto de prensa Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +52 5570522107
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