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Foto: Alejandro Balaguer / Fundación Albatros MediaVictoria: La Bahía de Panamá Está Legalmente Protegida
La Bahía de Panamá, uno de lo sitios de anidación y descanso de aves migratorias más importantes del mundo, está ahora permanentemente protegido, en parte gracias a la experiencia de AIDA en derecho internacional.
La bahía es sustento de especies en peligro de extinción, incluyendo jaguares y tortugas caguama, así como de la gran mayoría de la industria pesquera del país. Sus manglares costeros capturan 50 veces más contaminación por carbono que un bosque tropical del mismo tamaño. Los manglares también protegen a comunidades costeras de marejadas que crecen en intensidad a medida que el clima se calienta. Panamá ha perdido ya 75 por ciento de sus manglares.
En 2012, desarrolladores turísticos habían logrado un fallo de la Corte Suprema de Justicia que revocó la decisión de la Autoridad Nacional del Ambiente de proteger la bahía como un refugio de la vida silvestre.
AIDA trabajó con el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), una organización de derecho ambiental panameña, para defender el estatus de protección de la Bahía de Panamá. Presentamos un escrito con argumentos basados en el derecho internacional. Hicimos analogías entre la Bahía de Panamá y el Parque Marino Nacional Las Baulas en Costa Rica. En un caso legal sobre Las Baulas, un análisis equilibrado encontró que el derecho público a un ambiente sano tenía más peso que los intereses de los desarrolladores turísticos.
Luego, el 2 de febrero de 2015, con ocasión del Día Mundial de los Humedales, Panamá promulgó la ley que crea el Refugio de Vida Silvestre Humedal Bahía de Panamá. La ley enfatiza la importancia de un enfoque ecosistémico de manejo y del uso racional de los humedales, conceptos contenidos en la Convención Ramsar.
AIDA y CIAM continuarán trabajando para que la ley sea implementada adecuadamente y para asegurar la protección del Humedal Bahía de Panamá.
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Por Javier Dávalos, Liliana Ávila y Verónica Méndez* El contexto en el que se desarrollará la vigésimo séptima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27), que tendrá lugar del 6 al 18 de noviembre en Sharm El-Sheikh, Egipto, no es el más alentador. No será fácil abordar en esta conferencia mundial los anuncios de retorno al uso intensivo de combustibles fósiles en varios países —motivados en gran medida por la crisis económica derivada de la pandemia y el conflicto entre Rusia y Ucrania— y las crecientes noticias de fenómenos extremos cada vez más intensos y frecuentes a causa del cambio climático. Al mismo tiempo, el movimiento por el clima es cada vez más fuerte, así como la necesidad de cambios sistémicos y soluciones visibles. Por tanto, pese al contexto, la COP27 es una nueva oportunidad para que los Estados respondan con acciones a su ciudadanía. En la COP26 de Glasgow, se decidió que los países deben adoptar e implementar medidas más ambiciosas para enfrentar el cambio climático y cumplir con el objetivo del Acuerdo de París: limitar el calentamiento mundial a muy por debajo de los 2°C, preferiblemente a 1,5°C, en comparación con los niveles preindustriales. AIDA participará en la COP27 como organización observadora acreditada junto con aliados de diversas redes para abogar una vez más por avances contundentes en la acción climática. ¿Qué es lo que más nos anima a participar? Te compartimos a continuación los principales avances que esperamos de la COP27. 1. Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) más ambiciosas Las NDC son instrumentos por medio de los cuales los Estados comunican sus metas nacionales de mitigación y adaptación ante la crisis climática. En su primer informe, el Relator Especial de la ONU sobre la promoción y la protección de los derechos humanos en el contexto del cambio climático, Ian Fry, estableció que “la respuesta mundial para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero ha sido totalmente insuficiente”. En el Pacto de Glasgow para el Clima, los Estados reafirmaron su compromiso de limitar el aumento de la temperatura media mundial a 1,5°C y de aumentar la ambición en sus NDC, las cuales además tienen que ser medibles y reales. Es imperioso por tanto que todos los Estados actualicen sus NDC (solo 24 lo han hecho), que garanticen la inclusión de medidas y acciones concretas y ambiciosas, en cumplimiento de los principios de progresividad y de responsabilidades comunes pero diferenciadas establecidos en el Acuerdo de París, y que aseguren su implementación bajo un enfoque de justicia climática. 2. Financiamiento para pérdidas y daños: ¡Ahora! Las medidas de mitigación y adaptación están llegando tarde para afrontar las pérdidas y daños, así como la consecuente crisis de derechos humanos, que el cambio climático está generando. Los Estados deben abordar esta situación de forma comprometida. El Relator Especial Ian Fry señala que es necesario crear un mecanismo de financiación para ayudar a las personas a recuperarse de los impactos del cambio climático que van más allá de su capacidad de adaptación. En la COP26 no hubo consenso acerca de la creación de un mecanismo de ese tipo. La demanda para la COP27 es incluir el tema en la agenda de discusión y avanzar en la adopción de un mecanismo de financiamiento que contemple criterios estrictos de políticas operativas, enfoque de derechos humanos y mecanismos de rendición de cuentas. Es vital además tener resultados medibles del funcionamiento de la Red de Santiago sobre Pérdidas y Daños creada en la COP25. Las reflexiones en torno a las pérdidas y daños han llegado para quedarse y serán un asunto que cobre cada vez mayor relevancia. Un fuerte movimiento climático, impulsado sobre todo por los países del sur, llega a Egipto con ese propósito. 3. Promoción de una transición energética justa El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), en su sexto informe sobre mitigación, indicó que la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero requiere transiciones importantes y urgentes, incluida una reducción sustancial del uso general de combustibles fósiles. Este será quizás uno de los asuntos más debatidos en la conferencia pues, luego de la invasión rusa a Ucrania, países que habían avanzado en la descarbonización del sector energético han aumentado la producción de combustibles fósiles ante los altos precios de los energéticos. A ello se suma una mayor presión para que América Latina siga exportando combustibles fósiles. Sin embargo, la transición energética no solo es una necesidad urgente, sino también la mejor oportunidad que tenemos de promover justicia y equidad para las personas y especies que habitamos el planeta. Debemos movernos hacia la descarbonización de nuestras matrices energéticas y economías. Pero debemos hacerlo promoviendo la justicia, con un proceso de transformación integral, democrático y plural. Se espera que en la COP27 los Estados sean evaluados respecto del avance de sus compromisos de eliminación gradual de la generación de energía a partir del carbón y de los subsidios a los combustibles fósiles, así como de reducción global de las emisiones derivadas del metano. 4. Una conferencia libre de captura corporativa y que escuche a todas las voces El camino hacia la justicia climática y muchos de los temas que se abordan en las COP necesitan diversidad de voces, muchas de las cuales enfrentan grandes barreras para ser escuchadas. A ello se suma una presencia desproporcional de industrias y corporaciones con agendas orientadas directamente a defender intereses empresariales por encima del bien común y del planeta. Esto ha creado un fuerte obstáculo para lograr avances más ambiciosos en las conferencias. El Relator Ian Fry señaló acertadamente que los lugares donde se celebran las COP “son cada vez más caros y a los pueblos indígenas y organizaciones de la sociedad civil les resulta difícil asistir”. La sociedad civil ha manifestado su firme oposición a que los actores que más contaminan sean jueces y parte en el asunto. La demanda específica apunta a revisar los lineamientos de patrocinadores para que las COP prescindan de los aportes de grandes contaminadores y para que, a partir de la COP27, exista una verdadera inclusión equitativa de todos los actores, especialmente de quienes están en la primera línea de la crisis climática y sufren directamente sus consecuencias. La lucha por el clima llegó para quedarse. 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No hay plazo que no se cumpla. Así, luego de 20 años, la búsqueda de justicia de habitantes de la ciudad andina de La Oroya, Perú, llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El 12 y 13 de octubre, los jueces y las juezas del alto tribunal internacional escucharon en audiencia pública la presentación de su demanda contra el gobierno de Perú por la grave violación de derechos humanos derivada de la contaminación tóxica proveniente de una metalúrgica que ha operado en La Oroya por casi 90 años. La ciudad ha sido catalogada como uno de los lugares más contaminados del planeta. “La contaminación del Complejo Metalúrgico de La Oroya ha permeado todos los componentes del ambiente de sus habitantes: el agua que beben, el suelo que pisan, el aire que respiran, los patios de los colegios y las montañas que enmarcan su entorno vital”, afirmó Liliana Ávila, abogada de AIDA, al exponer los alegatos finales del caso. TESTIMONIOS VALIENTES En la audiencia —celebrada en Montevideo, Uruguay— dieron su testimonio tres de las 80 valientes personas que presentaron la demanda, aquellas dispuestas a defender su derecho a vivir en un ambiente sano pese al contexto de hostigamiento que han enfrentado. “El tiempo de desarrollo de la metalúrgica ha sido desastroso. La neblina de los gases tóxicos que emanaban del complejo se transformaba en caspa y se quedaba impregnada en los rostros de los niños”, dijo Rosa Amaro, una madre de 74 años que presidió el Movimiento por la Salud en La Oroya y que vivió en esa localidad hasta 2017. “Hemos tratado de sobrevivir, pero el Estado fue como un padre que no nos dio la cara”. Vestida con ropa abrigada y un gorro de lana, Rosa llevaba en la cara, en el cuerpo y en la voz las huellas imborrables del paso de los años, de una salud deteriorada y del miedo que la obligó a dejar su ciudad natal. “Nos llaman enemigos de La Oroya”. Entre lágrimas, Rosa expresó a la corte su deseo de volver a casa y de ver su nombre limpio de todo estigma. “Nuestra lucha no es para uno, es para toda una población”. El caso representa a muchas más personas de La Oroya que, por miedo a represalias, no figuran en la demanda. Tras declarar, Rosa se sintió liberada de un gran peso y con la fuerza suficiente para seguir. La población de La Oroya ha respirado múltiples sustancias tóxicas que, según evidencia científica, generan riesgos graves para la salud humana. La contaminación con plomo y otros metales pesados ha irrumpido en su sistema respiratorio, recorrido su torrente sanguíneo y se ha depositado de forma imperceptible en varios de sus órganos vitales. “No he tenido infancia porque la pasaba encerrada en cuatro paredes, no porque no me dejaran salir, sino por los malestares, porque nos picaba la garganta. Cuando íbamos al colegio mi mamá nos protegía con un sombrero”, declaró ante la corte Maricruz Aliaga, de 28 años. La contaminación redujo su nivel de retención y es la causa de que, aún hoy, su cuerpo se paralice varias veces al año. “En Huancayo podía respirar”. Sus vacaciones en esa ciudad vecina cuando era niña le hicieron ver que lo normal no era reemplazar varias veces las plantas que llevaba a la escuela porque morían luego de 15 días. Maricruz vive ahora en otra ciudad vecina y las afectaciones a la salud de toda su familia fueron su principal motivación para estudiar enfermería. Los elementos tóxicos de la metalúrgica de La Oroya siguen en los cuerpos de sus habitantes. Su presencia ha generado afectaciones a su salud, muchas de ellas irreversibles, y puede generar nuevas enfermedades a futuro. “Lo único que queremos, porque nosotros ya no vamos a gozar de buena salud —eso ya está hecho, mi salud ya está destruida—, es que las futuras generaciones gocen de buena salud,” agregó Yolanda Zurita en su testimonio ante la corte. “Eso va a ser nuestra recompensa, esto va a ser nuestra satisfacción, eso es lo que buscamos”. El camino a la justicia Llegar a este momento no ha sido fácil. En representación de las víctimas, AIDA, con el apoyo de la Asociación Pro Derechos Humanos, presentó en 2006 la denuncia internacional contra el gobierno peruano y en octubre de 2021 —15 años después de iniciado el proceso— la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció la responsabilidad del gobierno en el caso y lo presentó ante la Corte Interamericana. La preparación de la audiencia comenzó en ese momento y se intensificó en las semanas previas. Las largas horas de trabajo valieron la pena y se plasmaron en la solidez con la que demostramos que el gobierno es responsable de violar los derechos a la vida, a la salud, a la integridad personal, a la niñez y a un ambiente sano de habitantes de La Oroya. En la audiencia evidenciamos cuatro argumentos principales: La existencia de un grave cuadro de contaminación ambiental, El riesgo y el nexo causal con los daños derivados de esa contaminación, El conocimiento que el Estado tenía de esa situación y La ausencia de medidas urgentes y eficaces para responder a la misma. Además, convocamos a personas expertas cuyo peritaje respaldó ampliamente nuestros alegatos. Dos de ellas expusieron sus hallazgos en la audiencia. “El deber de cuidado no surge con el daño clínico, sino con el riesgo de daño”, enfatizó Marcos Orellana, Relator Especial de la ONU sobre las consecuencias para los derechos humanos de la gestión y eliminación ambientalmente racionales de las sustancias y desechos peligrosos. De su lado, Marisol Yañez de la Cruz, perito psicosocial, demostró —con base en 61 entrevistas en profundidad, cuatro grupos focales y pruebas psicométricas— la existencia en La Oroya de un “sufrimiento ambiental” agravado por impunidad y estigmatización. Tras la audiencia, queda la presentación escrita de los alegatos y una potencial visita de las y los magistrados de la corte a La Oroya. Se prevé que la sentencia, inapelable, sea dictada en el lapso de seis meses. La importancia del caso supera el contexto peruano y representa una oportunidad histórica para establecer un precedente clave para toda América Latina. “Este es el primer caso que conocerá este tribunal donde podría desarrollar con profundidad violaciones al derecho al medio ambiente sano como el resultado de la acción estatal frente empresas públicas y privadas,” explicó en la audiencia Jorge Meza Flores, secretario ejecutivo adjunto del Sistema de Peticiones y Casos de la CIDH. Tener en cuenta lo que está en juego es sin duda fundamental cuando el debate nacional en torno a La Oroya ha priorizado, aún en estos días, la posible reactivación de la metalúrgica por encima de la protección de los derechos fundamentales de una población entera.
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