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Foto: Alejandro Balaguer / Fundación Albatros MediaVictoria: La Bahía de Panamá Está Legalmente Protegida
La Bahía de Panamá, uno de lo sitios de anidación y descanso de aves migratorias más importantes del mundo, está ahora permanentemente protegido, en parte gracias a la experiencia de AIDA en derecho internacional.
La bahía es sustento de especies en peligro de extinción, incluyendo jaguares y tortugas caguama, así como de la gran mayoría de la industria pesquera del país. Sus manglares costeros capturan 50 veces más contaminación por carbono que un bosque tropical del mismo tamaño. Los manglares también protegen a comunidades costeras de marejadas que crecen en intensidad a medida que el clima se calienta. Panamá ha perdido ya 75 por ciento de sus manglares.
En 2012, desarrolladores turísticos habían logrado un fallo de la Corte Suprema de Justicia que revocó la decisión de la Autoridad Nacional del Ambiente de proteger la bahía como un refugio de la vida silvestre.
AIDA trabajó con el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), una organización de derecho ambiental panameña, para defender el estatus de protección de la Bahía de Panamá. Presentamos un escrito con argumentos basados en el derecho internacional. Hicimos analogías entre la Bahía de Panamá y el Parque Marino Nacional Las Baulas en Costa Rica. En un caso legal sobre Las Baulas, un análisis equilibrado encontró que el derecho público a un ambiente sano tenía más peso que los intereses de los desarrolladores turísticos.
Luego, el 2 de febrero de 2015, con ocasión del Día Mundial de los Humedales, Panamá promulgó la ley que crea el Refugio de Vida Silvestre Humedal Bahía de Panamá. La ley enfatiza la importancia de un enfoque ecosistémico de manejo y del uso racional de los humedales, conceptos contenidos en la Convención Ramsar.
AIDA y CIAM continuarán trabajando para que la ley sea implementada adecuadamente y para asegurar la protección del Humedal Bahía de Panamá.
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Este jueves 17 de noviembre, organizaciones ambientalistas, sociales y defensoras de derechos humanos radicarán coadyuvancias (1) en defensa del Complejo Páramo Los Nevados, como parte del proceso en el que se discute su delimitación y para afrontar las pretensiones de la multinacional AngloGold Ashanti de cambiar los límites del páramo para favorecer al proyecto minero La Colosa (Cajamarca, Tolima), cuestionado por comunidades y especialistas por los impactos ambientales que implica. La multinacional demandó el acto administrativo que delimitó el complejo de páramos, expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. AngloGold Ashanti pretende modificar la delimitación en una zona que coincide con la influencia del proyecto minero. La demanda, presentada el 12 de junio de 2017, afirma que las áreas que se pide excluir de la delimitación no integran el ecosistema de páramo y que el rechazo de su petición configuraría un daño especial que deberá ser reparado con el pago de un monto millonario. Según las organizaciones, las pretensiones de la multinacional son una amenaza para la vida pues suponen la reducción de los límites de Los Nevados, un ecosistema fundamental para la provisión y regulación de agua. Las coadyuvancias para apoyar al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible surgen de la articulación de varios actores para la defensa de Cajamarca: el Centro Sociojurídico para la Defensa Territorial Siembra, la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Colectivo Socio-ambiental Juvenil de Cajamarca (Cosajuca), el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), el Semillero en Estudios sobre Minería de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, entre otros. Para la CCJ, "existen en Colombia múltiples disposiciones jurídicas que contradicen y dejan sin piso las pretensiones de AngloGold Ashanti de excluir al Complejo de Páramos Los Nevados de la zona de influencia del proyecto minero La Colosa. Estas pretensiones desconocen que el bioma paramuno se compone de varias franjas que deben ser protegidas en su conjunto para asegurar íntegramente su riqueza natural. Acoger estas prestensiones representaría un retroceso en la protección, conservación y preservación de estos ecosistemas, además de una violación flagrante de la normatividad vigente y de los estándares nacionales e internacionales en la materia". Por su parte, Sara Sofía Moreno, abogada del Centro Sociojurídico para la Defensa Territorial Siembra, indicó que la demanda de AngloGold Ashanti "no solo desconoce la importancia de los ecosistemas de páramo y la conectividad entre las áreas de importancia ambiental, sino que, una vez más, ataca la decisión del pueblo de Cajamarca de prohibir la minería en su territorio. Además, la empresa reclama una cuantiosa indemnización por no poder continuar con el proyecto minero La Colosa, en contravía de la prevalencia de la protección del ambiente frente a los intereses económicos de particulares". Yenny Rodríguez, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), enfatizó: "Los páramos son la fuente del 70% del agua dulce del país. También capturan dióxido de carbono (CO2), elemento que contribuye al efecto invernadero y calienta el planeta, por eso son cruciales para mitigar la crisis climática. Abrir la puerta a la minería de oro a cielo abierto en el páramo Los Nevados puede generar impactos a perpetuidad en el ecosistema, afectar la vocación agrícola de Cajamarca, el agua dulce y la biodiversidad del país". Para integrantes del Semillero en Estudios Sobre Minería de la Universidad de Antioquia, "la demanda no debe prosperar no solo porque está errada en términos técnicos sobre qué es un páramo y cómo debe delimitarse, sino porque es clara la pretensión de esquivar los límites constitucionales y legales establecidos para proteger los páramos de actividades mineras, como uno de los deberes de respeto y protección que tiene el Estado respecto del derecho fundamental al medio ambiente sano". Para el grupo de coadyuvantes, es fundamental contribuir a la defensa de los derechos humanos y ambientales de las comunidades desde la protección de ecosistemas tan sensibles, complejos y fundamentales como los páramos. Con esa convicción, las organizaciones desarrollarán esta y otras acciones conjuntas para garantizar la protección del páramo como ecosistema estratégico y para defender la decisión del pueblo de Cajamarca. Intervención de terceros interesados en un proceso judicial, con el fin de apoyar los argumentos de una de las partes a lo largo del proceso. (1) Intervención de terceros interesados en un proceso judicial, con el fin de apoyar los argumentos de una de las partes a lo largo del proceso. Contactos de prensa Sara Sofía Moreno Gallo, SIEMBRA, [email protected], +57 300 5683 333 Yeny Rodríguez Junco, AIDA, [email protected], +57 310 7787 601 Paola Sánchez Cepeda, CCJ, [email protected], +57 321 8749523 Adriana Sanin, Semillero Estudios sobre Minería U. Antioquia, [email protected], +57 301 7855 033
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Presentaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos 15 escritos legales que apoyan el argumento central del caso: que el Estado peruano es responsable de violar los derechos humanos de residentes de La Oroya por la falta de acciones urgentes y eficaces para abordar la contaminación de un complejo metalúrgico, así como sus graves daños. San José, Costa Rica. Organizaciones, coaliciones, academia y especialistas presentaron 15 escritos legales (Amicus curiae) ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para respaldar la demanda de residentes de La Oroya contra el Estado de Perú por la grave violación de derechos humanos derivada de la contaminación tóxica proveniente de una metalúrgica que ha operado en la ciudad andina por casi 90 años. Los escritos contienen evidencias sólidas que apoyan el argumento central del caso: que el Estado peruano —al no realizar acciones urgentes y eficaces para abordar la contaminación y sus impactos— es responsable de violar los derechos a la vida, la salud, la integridad personal, la niñez y a un ambiente sano de habitantes de La Oroya. Dicho argumento fue expuesto en audiencia pública el 12 y 13 de octubre, ocasión en la que el tribunal internacional escuchó a testigos, peritos, víctimas y a representantes del Estado. Los escritos —enviados a la Corte entre el 11 y el 28 de octubre por actores de diferentes sectores y niveles— demuestran que la importancia del caso supera el contexto peruano y representa una oportunidad histórica para establecer un precedente clave en América Latina y en el mundo para fortalecer la protección del derecho a un ambiente sano y la adecuada supervisión de las actividades empresariales por parte de los Estados. Uno de los escritos fue presentado en conjunto por la Red Universitaria para los Derechos Humanos y por un grupo importante de personas expertas: cinco exautoridades de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Tracy Robinson, James Cavallaro, Paulo de Tarso Vannuchi, Flávia Piovesan y Paulo Abrão) y tres ex Relatores Especiales de la ONU (John Knox, James Anaya y Juan Méndez). Presentaron escritos organizaciones de Perú —las agrupadas en la Mesa Técnica de Salud Ambiental y Humana, y en la Plataforma de la Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos—; de otros países de la región —el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (México), Defensoría Ambiental (Chile), Justicia para la Naturaleza (Costa Rica)—; así como organizaciones internacionales: Earthjustice y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. También desde el ámbito internacional, presentaron escritos el Grupo de Trabajo sobre Litigio Estratégico de la Red-DESC y el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas. De parte del sector académico, el respaldo llegó de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos de la Universidad de Ottawa (Canadá), de la Clínica de Derechos Humanos del Programa de Postgrado en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Paraná (Brasil) y de la Clínica Jurídica de Medio Ambiente y Salud Pública de la Universidad de los Andes (Colombia). Lo otros escritos fueron presentados por personas expertas en los asuntos que el caso aborda: David R. Boyd, Relator Especial de la ONU sobre derechos humanos y medio ambiente; la antropóloga médica Susana Ramírez; las abogadas Carla Luzuriaga-Salinas, Macarena Martinic Cristensen y el abogado Ezio Costa Cordella. Tras la audiencia, queda la presentación por escrito de los alegatos finales y una potencial visita de las y los magistrados de la corte a La Oroya. Se prevé que la sentencia, de carácter inapelable, sea dictada en el lapso de seis meses. Contacto de prensa Víctor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +525570522107
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La COP 27 debe alcanzar acuerdos para que el financiamiento sea equitativo, suficiente, sostenible y asegure una transición justa. La vigésimo sexta Conferencia de las Partes (COP26) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) celebrada en Glasgow, Escocia, fue una de las conferencias más importantes para la agenda de financiamiento climático. Aspectos asociados al acceso, el balance y la visión de largo plazo fueron los temas centrales en la agenda de financiamiento. Las ya complejas discusiones se vieron exacerbadas en el contexto de la pandemia del COVID-19, que generó una creciente necesidad de financiamiento en los países en desarrollo, particularmente los más vulnerables. En este sentido, la COP27 debe retomar y acordar discusiones pendientes, para avanzar con pasos firmes hacia la implementación del Acuerdo de París, que ordena "hacer consistentes los flujos financieros en un nivel compatible con una trayectoria que conduzca a un desarrollo resiliente al clima y con bajas emisiones de gases de efecto invernadero". Los aspectos más importantes que los países deben acordar en la COP27, en Sharm el-Sheikh, Egipto, son: 1. Financiamiento para la transición justa, con enfoque de justicia climática y género: El Pacto de Glasgow integra por primera vez el concepto de justicia climática, pero no lo asocia con el tema de financiamiento. Por ello es fundamental que en el marco de la COP27 se reconozca que el financiamiento es un medio de implementación fundamental para alcanzar la transición justa y que debe asignarse con un enfoque de justicia climática y de género para alcanzar una distribución de financiamiento adecuada que no incremente brechas de género y que sea equitativo regional y temáticamente. 2. Cumplimiento de la meta de los $100 mil millones: En la COP26, los países desarrollados presentaron un reporte sobre el avance en la entrega de los 100 mil millones de dólares, que muestra que aún no se cumple con lo prometido. La COP27 debe servir como espacio, no solo para presentar los avances, sino para acordar un plan de entrega que permita conocer los tiempos e instrumentos mediante los cuales se transferirá el financiamiento, que no debiera ser menor a 500 mil millones para el periodo 2020-2024. 3. Balance global y financiamiento: Las conversaciones que se tengan en la COP27 sobre el balance global, deben llevar a mejorar la conexión entre necesidades y flujos de financiamiento, así como los esquemas de acceso al financiamiento, y atender todos los obstáculos que no han permitido una movilización adecuada en los países en desarrollo. 4. Aumento del financiamiento para la adaptación: En la COP 26 los países acordaron duplicar el financiamiento para la adaptación hacia 2025, con base en los niveles de 2019. En la COP27, los países desarrollados deben presentar un plan satisfactorio sobre la forma en que se duplicará el financiamiento para la adaptación, y establecer una meta ambiciosa para alcanzar el balance entre el financiamiento para la adaptación y para la mitigación. Esta meta debe apuntar a incrementar al menos en 10 veces el financiamiento para la adaptación y el plan debe incluir de forma clara el apoyo dirigido al Fondo de Adaptación. 5. Financiamiento para pérdidas y daños: La COP27 debe ser un hito para el financiamiento en materia de pérdidas y daños, logrando el acuerdo de mecanismos para la transferencia de recursos a los países que más lo requieren. Por un lado, es necesario acordar la creación de una facilidad que permita establecer metas de mediano y largo plazo en la materia. Por otro lado, es necesario establecer un esquema programático en el cual los países se comprometan a integrar en sus asignaciones anuales un porcentaje de financiamiento para pérdidas y daños. Este financiamiento debe ser adicional al destinado para la mitigación y la adaptación. 6. Una nueva meta colectiva cuantificada de financiamiento basada en necesidades: Las deliberaciones técnicas y de alto nivel sobre la nueva meta colectiva cuantificada de financiamiento climático deben basarse en el reconocimiento de las actuales necesidades financieras de los países en desarrollo, y acordar esquemas de apoyo para aquellos que no han cuantificado sus necesidades, para que esa información sea incorporada en los próximos 12 meses, de cara a las negociaciones de 2024. 7. Mejoras en el acceso al financiamiento climático: En la COP27 se deben establecer mandatos para que los mecanismos financieros multilaterales hagan más eficiente, fácil y rápido el acceso a recursos por parte de actores locales, creando ventanas de emergencia ante crisis, como la de la pandemia del COVID-19. Mecanismos de financiamiento, como el Fondo Verde del Clima, deben innovar en sus esquemas de acceso, particularmente para las poblaciones más vulnerables. 8. Descarbonización de las finanzas públicas: En la COP27 se debe reconocer que alcanzar la transición justa y el cumplimiento del artículo 2.1.c del Acuerdo de París, implica descarbonizar las finanzas públicas, tanto de los países desarrollados, como de los países en desarrollo. Para los países en desarrollo esto significa que se debe acelerar la reducción de su dependencia en ingresos intensivos en carbono, como los provenientes de las concesiones mineras, petroleras y la venta de gasolinas, diésel y gas natural. Un paso fundamental es acabar con los subsidios a los combustibles fósiles y diversificar los ingresos, promoviendo inversiones nacionales que apoyen una transición económica justa que genere nuevos empleos y, por tanto, nuevos ingresos para invertir en las necesidades nacionales y locales. 9. Reestructuración y canje de deuda por protección: En la COP 27 se debe reconocer la importancia de esquemas como el cambio de deuda por naturaleza y clima como una vía para movilizar más financiamiento climático. La fuerte presión de la deuda externa está impidiendo a muchos países invertir recursos nacionales para hacer frente al problema. Las instituciones financieras internacionales y los países desarrollados deben facilitar la reestructuración de las deudas, incluyendo esquemas de canje de deuda por acción climática y mecanismos de garantía que permitan a los países en desarrollo invertir dichos recursos en la reducción de emisiones y en el incremento de la resiliencia, protegiendo la biodiversidad, los ecosistemas y todos los medios de vida para beneficio mundial. 10. Hacia un financiamiento transformacional: La COP 27 debe marcar un hito en el entendimiento y movilización del financiamiento climático, partiendo por asumir que los esquemas actuales no ayudarán a cambiar las dinámicas condescendientes que han existido en el marco de la cooperación internacional. Combatir el cambio climático requiere de la transformación de los sistemas económicos, de una colaboración real y solidaria, en la que no solo importa la cantidad de financiamiento movilizado, sino también la calidad del mismo; asegurando que llegue a quien tiene que llegar sin generar más cargas adicionales a mujeres y grupos vulnerables. Es momento de transformar el paradigma de financiamiento para hacer de él uno más efectivo, justo y verdaderamente sostenible. Adhieren: AIDA Barranquilla +20 CEMDA Chile Sustentable Defensoría Ambiental Fernando Aguilera Fundación Hábitat Verde Fundación Plurales GFLAC Hub’s de Finanzas Sostenibles de GFLAC Instituto de Derecho Ambiental y Desarrollo Sustentable (IDEADS) Instituto Talanoa La Corporación La Caleta OLAC Plataforma CIPÓ Red Mundial de Jóvenes Políticos - Santa Cruz Bolivia
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