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Foto: Alejandro Balaguer / Fundación Albatros Media

Victoria: La Bahía de Panamá Está Legalmente Protegida

La Bahía de Panamá, uno de lo sitios de anidación y descanso de aves migratorias más importantes del mundo, está ahora permanentemente protegido, en parte gracias a la experiencia de AIDA en derecho internacional.

La bahía es sustento de especies en peligro de extinción, incluyendo jaguares y tortugas caguama, así como de la gran mayoría de la industria pesquera del país. Sus manglares costeros capturan 50 veces más contaminación por carbono que un bosque tropical del mismo tamaño. Los manglares también protegen a comunidades costeras de marejadas que crecen en intensidad a medida que el clima se calienta. Panamá ha perdido ya 75 por ciento de sus manglares.

En 2012, desarrolladores turísticos habían logrado un fallo de la Corte Suprema de Justicia que revocó la decisión de la Autoridad Nacional del Ambiente de proteger la bahía como un refugio de la vida silvestre.

AIDA trabajó con el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), una organización de derecho ambiental panameña, para defender el estatus de protección de la Bahía de Panamá. Presentamos un escrito con argumentos basados en el derecho internacional. Hicimos analogías entre la Bahía de Panamá y el Parque Marino Nacional Las Baulas en Costa Rica. En un caso legal sobre Las Baulas, un análisis equilibrado encontró que el derecho público a un ambiente sano tenía más peso que los intereses de los desarrolladores turísticos.

Luego, el 2 de febrero de 2015, con ocasión del Día Mundial de los Humedales, Panamá promulgó la ley que crea el Refugio de Vida Silvestre Humedal Bahía de Panamá. La ley enfatiza la importancia de un enfoque ecosistémico de manejo y del uso racional de los humedales, conceptos contenidos en la Convención Ramsar.

AIDA y CIAM continuarán trabajando para que la ley sea implementada adecuadamente y para asegurar la protección del Humedal Bahía de Panamá.


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Publicación dirigida a coordinadores del GCF Watch, iniciativa de la sociedad civil del Sur global orientada a mejorar el monitoreo de las operaciones del Fondo Verde del Clima (FVC), la principal entidad multilateral de financiamiento climático a nivel mundial.   DESCARGA LA GUÍA COMPLETAAspectos básicos del Fondo Verde del ClimaEl Fondo Verde del Clima (FVC) es la entidad operativa del mecanismo financiero de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Como tal, otorga financiamiento a los países en desarrollo para proyectos y programas de mitigación y adaptación al cambio climático.Lee y descargaAutoridades nacionales designadas y puntos focales del fondo verde del climaLas Autoridades Nacionales Designadas (AND), instituciones gubernamentales, y los Puntos Focales (PF), funcionarios de dichas entidades, son responsables de todos los asuntos relacionados con el Fondo Verde del Clima (FVC) en los países en desarrollo. Representan al FVC y sirven de enlace o punto de contacto entre éste y los países.Lee y descargaLas propuestas de financiamiento ante el Fondo Verde del ClimaLas propuestas de financiamiento de proyectos y programas pueden clasificarse según diversos criterios: modalidad de acceso, públicas o privadas, cantidad de fondos solicitados y categoría de riesgo.Lee y descargaGuía para revisar una propuesta de financiamiento ante el Fondo Verde del ClimaEl GCF Watch sumará los insumos obtenidos a las observaciones que la red de la sociedad civil entregará a la Junta Directiva del FVC. ¡Tus aportes serán parte del mensaje que se entregará a la Junta!Lee y deacargaEl Mecanismo de Reparación Independiente (IRM)El Mecanismo de Reparación Independiente (IRM por sus siglas en inglés) fue creado para responder a las quejas de personas, grupos o comunidades que se sientan afectadas negativamente por proyectos o programas financiados por el FVC, ante el incumplimiento de sus políticas y procedimientos operacionales, incluidas sus salvaguardas ambientales y sociales.Lee y descargaLas Entidades Acreditadas ante el Fondo Verde del ClimaEl financiamiento otorgado por el Fondo Verde del Clima (FVC) es canalizado a través de entidades acreditadas (EA), a cargo de gestionar los recursos y de implementar los programas y proyectos. Las EA deben garantizar que los proyectos o programas cumplan con las salvaguardas del FVC y supervisar dicho cumplimiento cuando la implementación recaiga en entidades ejecutoras.Lee y descargaGCF Watch: Una plataforma de la sociedad civil del Sur GlobalLa plataforma tiene como objetivo mejorar el monitoreo de las operaciones del FVC mediante la colaboración entre las organizaciones trabajando a nivel de la Junta Directiva del FVC y las organizaciones y comunidades de la región que están cerca de los territorios donde se implementan los proyectos apoyados por la entidad.Lee y descargaGlosario de términos útiles para el seguimiento al Fondo Verde del ClimaLee y descarga 

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La junta directiva y el equipo de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) anuncian una transición en su liderazgo. Después de 18 años de dedicación, Astrid Puentes Riaño decidió retirarse de la codirección ejecutiva de AIDA a partir del 31 de agosto del año en curso. AIDA es hoy una organización sólida con una Junta Directiva comprometida, un fuerte liderazgo interno y presencia regional. Por ello, es el momento adecuado para encontrar una nueva dirección ejecutiva que pueda fortalecer aún más la organización en beneficio de las personas, las comunidades y el ambiente en América Latina. Anna Cederstav, actual codirectora ejecutiva, continuará en un rol de liderazgo y en las próximas semanas comenzaremos el proceso de reclutamiento de una nueva dirección ejecutiva. Por medio de este comunicado, queremos expresar nuestro profundo reconocimiento y gratitud a Astrid en esta transición. Durante casi dos décadas, Astrid, de la mano de la codirectora ejecutiva Anna Cederstav, ha dirigido AIDA y a su equipo de profesionales del derecho y de la ciencia, quienes trabajan con cientos de organizaciones aliadas en más de diez países de la región. Gracias a ello, AIDA es hoy una de las organizaciones de derecho ambiental más eficaces de América Latina. Astrid ha aportado visión, liderazgo estratégico y un poderoso dominio de diversos temas, jurisdicciones, leyes nacionales y regionales, contribución que hoy día sigue fortaleciendo la organización y su impacto en la región. Al mismo tiempo, Astrid se ha convertido en una de las litigantes más hábiles y dedicadas a los derechos ambientales en América Latina. Ha ayudado a establecer el vínculo entre los derechos humanos y el ambiente, y ha encabezado los esfuerzos sobre el cambio climático y la justicia climática en América Latina y el mundo. Astrid ha sido y seguirá siendo una mentora para sus colegas. Todos y todas hemos crecido gracias a su liderazgo. Echaremos de menos su guía, pero sabemos que continuará aportando su pasión, dedicación y experiencia a la defensa del ambiente y de los derechos humanos en América Latina y en todo el mundo. La junta directiva y el equipo de AIDA felicitan a Astrid por todo lo alcanzado con la organización y esperamos que nuestra colaboración continúe en el futuro. Estamos profundamente agradecidos por todos sus aportes y le deseamos lo mejor en su nueva etapa. Agradecemos el apoyo de cada uno de nuestros aliados y reiteramos nuestro compromiso como organización para seguir fortaleciendo nuestro trabajo para alcanzar la justicia ambiental, la justicia climática y la gobernanza ambiental en nuestra querida región.  

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Si buscas reducir los niveles de polución del aire en tu ciudad o tratas de impedir el avance de un proyecto que implica riesgos para el ambiente y para las personas de tu comunidad, eres un defensor o una defensora ambiental, aunque probablemente no lo hayas visto de esa manera. Las personas defensoras están en la primera línea de batalla en la protección del ambiente y los derechos humanos, desafiando intereses públicos y privados. Sin embargo, muchas de ellas enfrentan grandes dificultades para hacerlo, sufriendo violaciones graves a sus derechos, como persecuciones, amenazas, uso de la fuerza pública, sanciones legales e incluso asesinatos. Según el informe más reciente de la organización Global Witness, en el año 2019 se registraron 212 asesinatos de personas defensoras del ambiente y el territorio. La región más afectada fue América Latina, siendo Colombia el país que lidera la lista con 64 asesinatos. Pese a que los Estados tienen la obligación de proteger, respetar y garantizar los derechos de quienes defienden el ambiente, la violencia en su contra se agudiza. El pasado 22 de abril —en el Día de la Tierra— entró en vigor el Acuerdo de Escazú: el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe que pone en valor el trabajo de las personas defensoras del ambiente y obliga a los Estados a protegerlas y a castigar las acciones que vulneren sus derechos. En una entrevista con Marcella Ribeiro, abogada brasileña del Programa de Derechos Humanos y Ambiente de AIDA, hablamos sobre la realidad que viven quienes defienden el ambiente en América Latina y el rol preponderante que los Estados deben tener para su protección. ¿Cuál es la situación actual de las personas defensoras ambientales a nivel mundial y particularmente en América Latina? Estamos pasando por un momento de vulnerabilidad extra. Al iniciar la pandemia —y principalmente en los países que albergan a la Amazonía— los medios de comunicación se enfocaron solo en cubrir noticias relacionadas a la COVID-19. En ese contexto, las personas defensoras fueron cada vez más amenazadas y algunas incluso asesinadas sin que hubiera repercusión pública. ¿En qué sentido exacerbó la pandemia su vulnerabilidad? Voy a hablar desde la perspectiva de Brasil, donde estoy. Las y los defensores de derechos humanos ambientales —con quienes trabajamos en AIDA— tienen que defenderse tanto del Estado como de las empresas, que buscan entrar a sus territorios e implementar una visión de desarrollo que no está en consonancia con la de las comunidades. ¿Por qué es importante proteger a las personas que defienden el ambiente? Porque son la primera fuerza que hay para la defensa del territorio, de la naturaleza y de los derechos humanos, no desde una perspectiva individual, sino colectiva. Lo que hacen es protegernos a todos y a todas, nuestros derechos, nuestro aire y nuestra agua, incluso nuestra seguridad alimentaria. Las personas defensoras evitan que entremos en situaciones de no retorno: una vez que la selva esté demasiado deforestada o una vez que el río esté contaminado, no habrá forma de recuperar esos ecosistemas. Con la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú, ¿cómo cambia la situación de estas personas y cómo pueden tener garantizado el acceso a la justicia?   El Acuerdo de Escazú es el primer marco jurídico internacional centrado completamente en las personas defensoras y busca que la justicia garantice sus derechos, pero no todos los países de América Latina lo han ratificado. Este acuerdo complementa y apoya, pero para que sea efectivo necesitamos que los países integren realmente esas responsabilidades dentro de sus sistemas internos para que las y los defensores puedan usarlo a su favor. La voluntad política es vital para proteger a quienes defienden el ambiente, ¿cómo evalúas los avances en ese sentido? Es cada vez más evidente que las personas defensoras de América Latina son las que han sido más amenazadas, incluso asesinadas. Los informes sobre este tema han ganado visibilidad y creo que ahí vemos un cambio y una preocupación de los Estados, aunque no sea totalmente genuina. Es difícil creer en la voluntad política, autónoma y altruista de los países latinoamericanos, pero creo que la visibilidad que han logrado el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Naciones Unidas y las ONG que trabajan en documentar y vincular las lógicas específicas detrás de estos asesinatos, nos da cada vez más fuerza. Los megaproyectos deben ser pensados bajo un enfoque de desarrollo basado en los derechos humanos, pero ¿qué ocurre cuando un Estado se opone a la voluntad de rechazo de personas o comunidades? Desafortunadamente, en América Latina los Estados llegan con la decisión de que un proyecto va a ser implementado sin importar la resistencia ni los riesgos en relación al ambiente. Y eso no está conectado con el desarrollo, sino con la corrupción. Insistir con proyectos que sabes que van a poner en riesgo miles de vidas tiene una conexión directa con acuerdos de corrupción. Necesitamos que quienes trabajan con personas defensoras y en temas de derechos humanos y ambiente estén muy conectados con quienes investigan la corrupción para intentar quebrar esas lógicas antes de que sean implementadas.   Teniendo en cuenta que su labor es fundamental para el cuidado del bien común de toda la humanidad y la violencia creciente que enfrentan, en AIDA elaboramos una guía que recopila y explica las obligaciones de los Estados relativas a la protección de las personas defensoras del ambiente. ¡Consúltala aquí!  

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